República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01231-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)1
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: profesional en contratación. Subtema
2. elementos de la relación laboral. Subtema 3: reconocimiento de prestaciones
sociales y aportes a pensión. Subtema 4: petición de reintegro y devolución de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social. Improcedencia. Subtema 5: sanción
moratoria por la falta de pago de prestaciones. Improcedencia. Subtema 6:
Improcedencia de la devolución de los aportes a la caja de compensación familiar.
Subtema 7: recomendación núm. 198 de 2006 de la OIT como parámetro
interpretativo para la identificación de relaciones laborales encubiertas
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el
4 de mayo de 2023, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La accionante prestó sus servicios a la Secretaría Distrital de Integración Social
mediante contratos de prestación de servicios entre el 22 de enero de 2014 y el 6 de
octubre de 2016. Durante ese periodo desarrolló actividades de apoyo administrativo
relacionadas, principalmente, con las etapas precontractual, contractual y
poscontractual de los procesos adelantados por la Subdirección Local para la
Integración Social de Suba. Solicitó la nulidad del acto administrativo que negó la
existencia de una relación laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales
derivadas de la señalada vinculación.
1
Expediente electrónico.
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
El Tribunal negó las pretensiones porque, aunque encontró acreditadas la prestación
personal del servicio y la remuneración, consideró que no se demostró la
subordinación. La demandante interpuso recurso de apelación al estimar que se
valoraron de manera deficiente las pruebas documentales y testimoniales que daban
cuenta del cumplimiento de horario, la recepción de instrucciones, el control de sus
actividades y la continuidad y permanencia de las funciones desarrolladas.
Se revocará la sentencia de primera instancia, porque se acreditaron la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación. En particular, se demostró
que la accionante desarrolló labores permanentes relacionadas con la gestión
administrativa y contractual de la entidad, cumplió la jornada fijada por sus superiores,
recibió instrucciones y estuvo sometida al seguimiento de los subdirectores y
referentes administrativos, además de prestar sus servicios en las instalaciones de la
Secretaría con los equipos y sistemas institucionales. Asimismo, se declarará la
nulidad del oficio 12330 del 1 de agosto de 2018 y se ordenará el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales causadas entre el 22 de enero de 2014 y el 6 de
octubre de 2016, salvo las interrupciones, pues la reclamación administrativa se
presentó oportunamente y no operó la prescripción.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Flor Lilia Meneses Meneses, mediante apoderado judicial, presentó demanda
el 27 de junio de 20192, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra el Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social, con las
siguientes pretensiones:
2. Declarar la nulidad de los actos administrativos, expedidos por la Secretaría
Distrital de Integración Social, mediante los cuales se negó a Flor Lilia Meneses
Meneses el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, indexaciones e
indemnizaciones reclamadas con ocasión de la prestación de sus servicios, a saber:
(a) del 1 de agosto de 2018, que dio respuesta al requerimiento 1841582018 del 31 de
julio de 2018; (b) del 22 de agosto de 2018, relacionado con el requerimiento 1-2018-
18324; (c) del 28 de marzo de 2019; (d) del 1 de abril de 2019; (e) del 3 de abril de
2019, que dio respuesta a los requerimientos 2019-7344 y 2019-10613; y (f) del 5 de
abril de 2019.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare la existencia de
una relación laboral entre Flor Lilia Meneses Meneses y el Distrito Capital de Bogotá
– Secretaría Distrital de Integración Social, durante el periodo comprendido entre el 22
2
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «03ActaReparto».
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
de enero de 2014 y el 6 de octubre de 2016, o por el tiempo que se logre acreditar
dentro del proceso. Como consecuencia de ello, solicitó el reconocimiento y pago, a
título de reparación del daño, del equivalente a las prestaciones sociales percibidas
por los empleados de planta de la entidad durante dicho periodo, tomando como
referencia el valor pactado en los contratos de prestación de servicios.
4. También pidió el reconocimiento y pago de las cesantías y sus intereses; las
primas de navidad, semestral, de vacaciones y de antigüedad; las vacaciones; el
subsidio de alimentación; las bonificaciones por servicios prestados y especial de
recreación. Asimismo, reclamó las indemnizaciones derivadas de la falta de
consignación de las cesantías en un fondo y del despido que calificó como injusto.
5. De igual manera, solicitó el reconocimiento y pago de las cuotas
correspondientes a los aportes a salud y pensión que afirmó haber asumido en un 100
%, así como una indemnización por los aportes parafiscales dejados de efectuar por
los subsidios y derechos recreacionales derivados de la falta de aportes a la caja de
compensación familiar. Finalmente, pidió la indexación de las sumas reconocidas, el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y la condena
en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
2.1.1. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
7. Flor Lilia Meneses Meneses prestó sus servicios a la Secretaría Distrital de
Integración Social mediante los contratos de prestación de servicios 4959 de 20 de
enero de 2014, 5448 de 12 de febrero de 2015 y 6222 de 4 de marzo de 2016, junto
con sus respectivas adiciones, durante el periodo comprendido entre el 22 de enero
de 2014 y el 6 de octubre de 2016. Afirmó que, entre el 1 y el 15 de febrero de 2015,
continuó prestando sus servicios por autorización verbal de la entidad, periodo que no
le fue reconocido ni pagado. Por la ejecución de los contratos recibió honorarios
mensuales de $1.781.200 y, posteriormente, de $3.565.000.
8. Señaló que se desempeñó como profesional para la elaboración, seguimiento y
control de los procesos administrativos y contractuales relacionados con el
cumplimiento de las metas de la entidad, en sus etapas precontractual, contractual y
poscontractual. Entre otras actividades, apoyó procesos operativos y administrativos,
efectuó seguimiento a solicitudes y correspondencia, elaboró informes y documentos,
participó en reuniones técnicas y administrativas, atendió requerimientos y realizó el
cargue y actualización de información en el sistema SIRBE. Según indicó, se trataba
de funciones permanentes y misionales, equivalentes a las desarrolladas por
empleados de planta.
9. Relató que cumplía una jornada de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y
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Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., en la Subdirección Local para la Integración Social de Suba;
prestaba personalmente el servicio y desarrollaba sus actividades bajo la dependencia,
supervisión y control del subdirector local. Asimismo, afirmó que utilizaba los
elementos, herramientas y equipos suministrados por la entidad y que asumió el 100
% de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión.
10. El 16 de julio de 2018, por conducto de apoderado, presentó reclamación
administrativa ante la Secretaría Distrital de Integración Social con el propósito de
obtener el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales,
aportes e indemnizaciones que consideraba causados durante la prestación de sus
servicios. La entidad respondió negativamente mediante acto administrativo del 1 de
agosto de 2018, expedido con ocasión del requerimiento 1841582018 del 31 de julio
de 2018.
11. Posteriormente, la demandante solicitó en varias oportunidades que aquella
decisión le fuera notificada personalmente y que se expidiera la correspondiente
constancia. En desarrollo de esas solicitudes se profirieron distintas comunicaciones
entre agosto de 2018 y abril de 2019 y, finalmente, el 5 de abril de 2019 manifestó
entenderse notificada por conducta concluyente de la decisión que había negado sus
reclamaciones.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
12. La demanda invocó como vulnerados los artículos 13, 25, 53, 121, 122 y 124 de
la Constitución Política. Asimismo, citó el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993;
el artículo 48, numeral 29, de la Ley 734 de 2002; las leyes 50 de 1990 y 995 de 2005;
los decretos 1919 de 2002, 1582 de 1998, 1045 de 1978, 3135 de 1968, 1848 de 1969,
853 de 2012, 1950 de 1973 y 2400 de 1968, este último modificado por el Decreto
3074 del mismo año; así como los acuerdos distritales 025 de 1990 y 092 de 2003; el
Decreto ley 451 de 1984 y el Decreto 660 de 2002.
13. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que los actos
administrativos acusados desconocieron los derechos a la igualdad y al trabajo, así
como el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Afirmó que, pese
a haber sido vinculada mediante contratos de prestación de servicios, entre Flor Lilia
Meneses Meneses y la Secretaría Distrital de Integración Social existió una verdadera
relación laboral, pues concurrieron la prestación personal del servicio, la remuneración
y la subordinación.
14. Explicó que la demandante desarrolló funciones permanentes relacionadas con
la elaboración, seguimiento y control de procesos administrativos y contractuales de la
Subdirección Local para la Integración Social de Suba. Señaló que cumplía un horario
de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; recibía órdenes
e instrucciones de sus superiores; su actividad era supervisada y controlada; utilizaba
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Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
los elementos suministrados por la entidad y debía asistir a reuniones y
capacitaciones. Por ello, consideró acreditada la subordinación y sostuvo que las
labores desempeñadas no eran transitorias, ocasionales o excepcionales, sino
permanentes y propias del giro ordinario de la entidad.
15. Agregó que la contratación se prolongó durante dos años, ocho meses y catorce
días y que las funciones asignadas podían desarrollarse por personal de planta. En
ese sentido, sostuvo que se desconoció el artículo 32, numeral 3.º, de la Ley 80 de
1993, porque la contratación no respondió a una necesidad temporal ni a actividades
que requirieran conocimientos especializados y, por el contrario, se utilizó para atender
de manera continua necesidades administrativas de carácter permanente. También
señaló que en la planta de personal existía el cargo de profesional especializado 222-
21, cuyas funciones, a su juicio, guardaban correspondencia con las actividades que
desarrolló.
16. Con fundamento en los artículos 53 de la Constitución, 7.º del Decreto 1950 de
1973 y 2.º del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto 3074 del mismo año,
así como en jurisprudencia de la Corte Constitucional, sostuvo que no era
jurídicamente admisible acudir a contratos de prestación de servicios para el ejercicio
de funciones públicas permanentes. En particular, mencionó las sentencias C-614 de
2009, C-171 de 2012 y C-154 de 1997 para sustentar que la denominación contractual
no impide reconocer una relación laboral cuando se demuestra la prestación personal,
la remuneración y la subordinación.
17. Finalmente, formuló los cargos de violación directa de la ley y desviación de
poder. Adujo que la Secretaría Distrital de Integración Social empleó de manera
irregular y simulada la contratación por prestación de servicios para atender funciones
permanentes y sustraerse del reconocimiento de las prestaciones sociales
correspondientes. A su juicio, esa actuación desconoció las normas constitucionales,
legales y reglamentarias invocadas y desnaturalizó la finalidad propia de esa
modalidad contractual, razón por la cual solicitó la nulidad de los actos que negaron el
reconocimiento de sus derechos laborales.
2.2. Contestación de la demanda
18. La Secretaría Distrital de Integración Social se opuso a las pretensiones.
Sostuvo que Flor Lilia Meneses Meneses estuvo vinculada mediante contratos de
prestación de servicios celebrados conforme al numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, los cuales ejecutó con autonomía e independencia. Señaló que las
actividades contratadas correspondían a labores de apoyo a la gestión, vinculadas al
proyecto 735, y no hacían parte de la misionalidad de la entidad prevista en el Decreto
607 de 2007. Por ello, afirmó que no se configuró una relación laboral ni había lugar al
reconocimiento de prestaciones sociales, indemnizaciones o al reintegro solicitado.
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Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
19. Explicó que la supervisión contractual, la presentación de informes, el
cumplimiento de actividades dentro del horario de atención al público y las
instrucciones necesarias para desarrollar el objeto pactado constituían mecanismos
de coordinación y seguimiento propios de los contratos estatales, sin que demostraran
subordinación laboral. Agregó que la prestación personal del servicio también era
compatible con esta modalidad contractual y que los contratos terminaron por
vencimiento del plazo convenido. Asimismo, sostuvo que la demandante recibió los
honorarios pactados y que la entidad no tenía obligaciones pendientes por concepto
de salarios, prestaciones sociales o aportes propios de una relación laboral.
20. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de «legalidad del
contrato de prestación de servicios», «inexistencia del contrato realidad», «inexistencia
de las obligaciones reclamadas», «cobro de lo no debido», «prescripción», «no
configuración del derecho al pago de ninguna suma de dinero ni indemnización»,
«buena fe de la demandada», «enriquecimiento sin causa», «compensación» y la
genérica. Particularmente, respecto de la prescripción, sostuvo que debía tenerse en
cuenta el transcurso del tiempo sin reclamación y los intervalos existentes entre los
distintos contratos para efectos de su contabilización. Finalmente, pidió mantener
incólumes los actos administrativos demandados y negar íntegramente las
pretensiones3.
2.3. Sentencia de primera instancia
21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 4 de mayo de 2023, negó las pretensiones de la demanda y
no condenó en costas.
22. Como fundamento de la decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
consideró que Flor Lilia Meneses Meneses no demostró la existencia de una relación
laboral encubierta con la Secretaría Distrital de Integración Social, porque, aunque
acreditó la prestación personal del servicio y la remuneración, el material probatorio no
permitió establecer de manera suficiente el elemento determinante de la
subordinación. En particular, estimó que los testimonios que aludieron al cumplimiento
de horario, a la existencia de jefes y a la recepción de instrucciones no estuvieron
respaldados por documentos u otros elementos objetivos que demostraran el ejercicio
permanente del poder de dirección de la entidad. Por esta razón, negó las pretensiones
de la demanda.
23. Para llegar a la anterior conclusión, la controversia se circunscribió a establecer
si los contratos de prestación de servicios celebrados entre la demandante y la
Secretaría, durante el periodo comprendido entre el 22 de enero de 2014 y el 6 de
octubre de 2016, encubrieron una verdadera relación laboral y, por consiguiente,
3
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «10.MemorialContestaciónDemanda19-04-2021 (1)».
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Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
daban lugar al reconocimiento de prestaciones sociales y demás acreencias
reclamadas. El Tribunal recordó que, para desvirtuar la naturaleza contractual de esa
vinculación, correspondía acreditar la prestación personal del servicio, la remuneración
y, especialmente, la subordinación continuada, elemento que permitía diferenciar el
contrato de prestación de servicios de una relación de trabajo.
24. Para resolver el asunto, la Sala acudió al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80
de 1993 y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre
el principio de primacía de la realidad. Explicó que las entidades públicas podían
contratar personas naturales para desarrollar actividades relacionadas con su
administración o funcionamiento cuando el personal de planta fuera insuficiente o se
requirieran conocimientos especializados. Asimismo, precisó que el cumplimiento de
ciertas pautas de coordinación, horarios compatibles con el funcionamiento de la
entidad, entrega de informes y seguimiento de las obligaciones contractuales no
constituían, por sí solos, manifestaciones de subordinación. Esta última exigía
demostrar que la Administración había ejercido un poder permanente de dirección
sobre la forma en que debía prestarse el servicio.
25. En cuanto a los hechos probados, el Tribunal estableció que la demandante
estuvo vinculada mediante tres contratos de prestación de servicios y desarrolló
actividades de apoyo administrativo y logístico relacionadas, principalmente, con las
etapas precontractual, contractual y poscontractual, la elaboración y revisión de
documentos, el seguimiento de informes, el manejo de información y la organización
de archivos. También tuvo por acreditado que recibió una remuneración mensual,
previa certificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y del pago de
sus aportes al Sistema de Seguridad Social. Aunque la vinculación se prolongó durante
más de dos años, con algunas interrupciones, y esa circunstancia constituía un indicio
contrario a la temporalidad propia de la contratación estatal, la Sala consideró que no
bastaba para acreditar una relación laboral.
26. Respecto de la subordinación, los testimonios de Luis Daniel Navarro
Hernández y James Alfonso Vallejo Beltrán indicaron que la demandante cumplía
horarios, desarrollaba sus funciones de manera continua y recibía instrucciones de
quienes identificaron como sus jefes inmediatos. Sin embargo, el Tribunal les restó
suficiencia demostrativa porque no precisaron cuáles órdenes concretas recibía la
actora, cómo se impartían ni cuáles eran las consecuencias de su incumplimiento.
Además, uno de los declarantes únicamente había coincidido con ella durante un
periodo reducido y reconoció que no le constaban llamados de atención, solicitudes de
permiso ni registros formales de ingreso y salida. A ello se sumó que no se aportaron
memorandos, circulares, órdenes escritas, llamados de atención, planillas de turnos,
solicitudes o autorizaciones de permisos, reglamentos internos u otros documentos
que permitieran corroborar el ejercicio del poder subordinante.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
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27. El a quo4 también valoró los contratos, los informes mensuales de actividades,
las certificaciones de la entidad y los documentos relativos a los aportes a seguridad
social. Consideró que la presentación de informes al supervisor correspondía al control
propio de la contratación estatal y no revelaba dependencia laboral. Además, advirtió
que no se demostró que existiera en la planta de personal un empleo cuyas funciones
fueran equivalentes a las que desarrolló la demandante y resaltó que en los propios
contratos se había certificado la insuficiencia del personal de planta para atender esas
actividades. En consecuencia, concluyó que las labores podían ejecutarse con
sujeción a lineamientos generales y mecanismos de coordinación sin que ello implicara
subordinación, por lo que la demandante no desvirtuó la naturaleza de los contratos
de prestación de servicios.
28. Aunque la entidad había propuesto, entre otras, las excepciones de prescripción,
legalidad de los contratos, inexistencia del contrato realidad, cobro de lo no debido y
buena fe, el Tribunal no desarrolló un estudio autónomo de la prescripción, pues la
ausencia de prueba sobre la subordinación bastó para negar el derecho sustancial
reclamado. A partir de esa conclusión, señaló de manera general que los argumentos
que sustentaban las excepciones propuestas por la Secretaría tenían respaldo fáctico
y jurídico. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.
2.4. Recurso de apelación
29. La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca valoró, de manera deficiente, el material probatorio al
concluir que no se había demostrado la subordinación de Flor Lilia Meneses Meneses
durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios celebrados con la
Secretaría Distrital de Integración Social.
30. Señaló que, aunque el Tribunal reconoció que los testimonios rendidos en el
proceso fueron coherentes y coincidentes, consideró que no estaban respaldados por
otros medios de prueba. Frente a ello, afirmó que los contratos, los informes de
actividades y las certificaciones laborales sí corroboraban las declaraciones de Luis
Daniel Navarro Hernández y James Alfonso Vallejo Beltrán. En particular, indicó que
los contratos exigían la prestación personal del servicio y estaban sujetos a
supervisión; que la demandante debía rendir informes de actividades; y que las
certificaciones identificaban como jefes inmediatos a Víctor Hugo Valenzuela, Alberto
Mora y Saúl Cortés Salamanca.
31. Agregó que la demandante prestó sus servicios durante aproximadamente tres
años, con interrupciones de apenas diez y seis días entre algunos contratos, y
desarrolló actividades administrativas vinculadas con el objeto de la entidad. A su
4
Según el diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es/), significa: «Dicho del juez o tribunal
autor de la resolución: Que se recurre ante otro tribunal superior o ad quem».
8
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Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
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juicio, la continuidad de la vinculación y el carácter permanente de las funciones
desvirtuaban la temporalidad propia del contrato de prestación de servicios y
constituían indicios de la existencia de una relación laboral subordinada.
32. También cuestionó que el Tribunal hubiera considerado relevante la falta de
acreditación de un cargo equivalente en la planta de personal de la entidad. Sostuvo
que esa conclusión desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, pues la inexistencia
formal de un empleo en la planta no impedía reconocer una relación laboral cuando
las funciones efectivamente desempeñadas y las demás pruebas demostraban sus
elementos.
33. Como fundamento jurisprudencial, alegó que la subordinación debía
establecerse a partir de la valoración conjunta del material probatorio y no únicamente
mediante documentos que acreditaran órdenes, llamados de atención, sanciones o
investigaciones disciplinarias. Invocó jurisprudencia del Consejo de Estado5 sobre la
apreciación integral de los testimonios, documentos y funciones desarrolladas por el
contratista, así como las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la Corte
Constitucional, relativas a la improcedencia de acudir a contratos de prestación de
servicios para el desempeño de funciones permanentes de la administración.
34. Por otra parte, afirmó que se vulneró el derecho al debido proceso porque la
sentencia indicó que la parte demandante no había presentado alegatos de conclusión.
Explicó que estos fueron remitidos oportunamente, el 18 de agosto de 2022, al correo
electrónico de la Secretaría de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Consideró que la falta de valoración de dicho
memorial privó al juzgador de conocer la exposición final sobre las pruebas y los
fundamentos jurídicos de la demanda.
35. Finalmente, reiteró que la sentencia desconoció las pruebas que, en su criterio,
acreditaban la subordinación y la permanencia de las funciones desarrolladas por Flor
Lilia Meneses Meneses, así como el principio de primacía de la realidad. Por estas
razones, solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y se accediera a la
totalidad de las pretensiones de la demanda6.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
36. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto el
12 de octubre de 20237, en el que admitió el recurso de apelación de la demandante y
prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5
5
Providencia que identificó como: «Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 25000232500020080065301
(26962011), 07/02/2013. C.P. Bertha Lucía Ramírez».
6
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «54RecursoApelacionParteDemandante».
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Samai, índice 4.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
37. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, corresponde a la
Sala definir si:
¿La valoración conjunta de las pruebas documentales y testimoniales permite
concluir que la parte actora acreditó la prestación personal del servicio, la
remuneración y, en especial, la subordinación para declarar la existencia de una
relación laboral con la entidad?
¿Operó el fenómeno jurídico de la prescripción del derecho respecto del
reconocimiento de las prestaciones sociales?
¿La falta de valoración de los alegatos de conclusión presentados oportunamente
por la demandante en la sentencia primera instancia vulneró su derecho al debido
proceso y qué incidencia tiene esa omisión en la presente decisión?
39. Para resolver los problemas jurídicos se abordarán los siguientes aspectos:
relación laboral encubierta; coordinación y subordinación; de la carga de la prueba y
los indicios frente al elemento de subordinación; hechos probados relevantes; y caso
concreto.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
40.La jurisprudencia unificada de esta corporación 8 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.
41. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
42. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
43. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: a) la actividad personal del trabajador; b) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, c) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».
44. Dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la existencia de una
relación laboral encubierta, los cuales al ser valorados en conjunto bajo los principios
de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación continuada y, en
consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal del contrato
de prestación de servicios.
45. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de
personal.
46. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
11
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empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario»9.
47. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas
de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»10.
48. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no
cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes
de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».11
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».12
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.13
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
9
Idem.
10
Idem.
11
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
12
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
12
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ánimo o vocación de permanencia.
49. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes de
la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse, de
manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades, pues su
ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal suerte,
cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.
50. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
51. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
52. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
13
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de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La
Sala consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de
hasta 30 días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo
que permite mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la
prescripción en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30
días hábiles es el que más protege los derechos del trabajador, y por eso se
considera el más adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa.
iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo
contrato: En la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente
«para determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una
prórroga de otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha
encontrado que existe la relación laboral encubierta o subyacente, se ha
advertido que se presentan tales interrupciones, superiores, incluso, a un mes».
53. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción entre
los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, para efectos
explicativos, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de junio de
202514, frente a un instructor del SENA, determinó que no existió solución de continuidad
en una interrupción de 34 días, con fundamento en que coincidió con el tiempo
vacacional de los aprendices.
3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba
54. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»15.
55. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202116, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-01
(5263-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
15
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
14
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ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados17».
56. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario.
La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral
encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan
los empleados de planta.
57. La jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada
caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,18 la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o
no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante
es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó
a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
18
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
15
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configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las
que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la
facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus
servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación
58. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe demostrar
para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia ha expuesto
una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato de
prestación de servicios.
59. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que la pruebas se practiquen
o se aporten»19, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta
norma se lee en consonancia con el artículo 164 idem que regula el principio de
necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».
60. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación laboral,
la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la remuneración
y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de unificación, la
sentencia de 2021 identificó los indicios construidos jurisprudencialmente que llevan a
su demostración.
61. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»20, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del
mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»21.
19
López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edición 2017. Edit. Dupre, pág. 45.
20
López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edición 2017. Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
21
Idem.
16
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62. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y
su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la
obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica
(art. 176 CGP).
63. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
64. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral, se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares».
65. La Sala considera pertinente precisar que los anteriores criterios jurisprudenciales
armonizan con la Recomendación núm. 198 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) 22 , sobre la relación de trabajo, la cual, si bien no constituye un
instrumento internacional vinculante, sí representa un importante parámetro
interpretativo en materia de protección del trabajo y de identificación de las relaciones
laborales encubiertas. En particular, dicha recomendación exhorta a los Estados y a
sus autoridades judiciales a privilegiar la realidad de la prestación del servicio sobre
las formas jurídicas adoptadas por las partes y a acudir a los hechos que rodean la
ejecución de la actividad para determinar la verdadera naturaleza del vínculo, cuando
exista incertidumbre sobre su calificación.
66. En ese sentido, la Recomendación destaca que la existencia de una relación de
trabajo debe establecerse a partir de los hechos relativos a la ejecución efectiva de la
labor y a la remuneración del trabajador, con independencia de la denominación
otorgada por las partes al vínculo jurídico. Asimismo, propone valorar de manera
conjunta los distintos indicios que puedan revelar el ejercicio del poder de dirección, la
integración del prestador dentro de la organización del beneficiario del servicio y las
demás circunstancias relevantes del caso concreto, sin conferir carácter decisivo a un
único elemento aislado23.
67. Los indicios mencionados por la OIT son los siguientes:
22
Adoptada en la 95a Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2006).
23
En la sentencia T-171 de 2024, la Corte Constitucional resaltó que en dicha recomendación, la OIT resaltó
algunos eventos que conllevan a configurar indicios de subordinación e indicó que, si de estos se configura uno o
más, se puede presumir la existencia legal de una relación laboral.
17
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«(a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de
otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de
la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que
debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado,
o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta
duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que
implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona
que requiere el trabajo, y (b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al
trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de
ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación,
vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal
y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha
de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos
financieros para el trabajador».
68. En ese contexto, la Recomendación 198 de 2006 de la OIT constituye un referente
jurídico relevante para el análisis de las relaciones laborales encubiertas,
particularmente a partir de la valoración indiciaria de las condiciones en que
materialmente se ejecuta el servicio.
69. En consonancia con ese instrumento, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia ha desarrollado la denominada técnica del «haz de indicios»,
conforme a la cual la subordinación puede establecerse mediante la valoración
conjunta y ponderada de diversos datos fácticos que revelen el ejercicio de facultades
de organización, dirección y control, tales como la supervisión, la disponibilidad, el
cumplimiento de horarios, la continuidad del servicio, el lugar de trabajo, el suministro
de herramientas y la integración del trabajador en la estructura organizacional, entre
otros; metodología cuya relevancia para identificar relaciones laborales encubiertas
fue destacada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-132 de 2025.
70. Tales orientaciones resultan plenamente compatibles con la jurisprudencia de
unificación de esta corporación, según la cual la determinación de la existencia de una
relación laboral encubierta exige un examen integral del material probatorio, bajo las
reglas de la sana crítica, orientado a establecer si, pese a la apariencia formal de un
contrato de prestación de servicios, en la realidad concurrieron los elementos previstos
en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, particularmente la subordinación
continuada.
71. En esa perspectiva, la Recomendación 198 de 2006 de la OIT ofrece un criterio
interpretativo que contribuye a hacer efectivo, en cada caso concreto, el principio
constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo
53 de la Constitución Política. En efecto, dicho instrumento parte de reconocer que
existe una relación de trabajo encubierta cuando se atribuye al trabajador una
condición jurídica distinta de la que corresponde a la realidad en que presta sus
servicios, de manera que el ropaje contractual empleado oculta la verdadera
naturaleza del vínculo y puede privarlo de la protección laboral a la que tendría
derecho. De ahí que la labor del juez no pueda agotarse en la denominación o forma
18
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
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jurídica escogida por las partes, sino que deba dirigirse a establecer, a partir de las
circunstancias materiales acreditadas, si bajo esa apariencia contractual subyace una
auténtica relación de trabajo.
72. En consecuencia, la Sala tendrá en cuenta dichos criterios interpretativos como
referente complementario para valorar las pruebas obrantes en el expediente y
resolver la controversia planteada.
3.4. Hechos probados relevantes
A. Prueba documental
73. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:
74. Mediante certificación del 18 de marzo de 202224, expedida por la subdirectora de
Contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social, se hizo constar que Flor
Lilia Meneses Meneses suscribió con esa entidad los contratos de prestación de
servicios 4959 de 2014, 5448 de 2015 y 6222 de 2016, con indicación de su objeto,
plazo, valor, fechas de ejecución, modificaciones y obligaciones.
Modificación
Fecha
Contrato Tipo Plazo Fecha final Valor inicial registrada en la
inicial
certificación
Prestación de servicios
para el apoyo
administrativo y
logístico […] en
procesos de las etapas Prórroga de 71
4959 de 9
precontractual, 22/01/2014 «31/12/2014» $16.030.800 días y adición de
2014 meses
contractual y $4.215.507
postcontractual
del recurso humano y
servicios sociales de
Infancia.
Prestación de servicios
profesionales para la
elaboración,
seguimiento y control
de los procesos Prórroga de 44
5448 de 11
administrativos y 16/02/2015 28/02/2016 $39.215.000 días y adición de
2015 meses
contractuales […] $5.228.667
de los servicios que
presta la
subdirección para la
infancia.
6222 de prestación de servicios 7
07/03/2016 06/10/2016 $24.955.000 No registra
2016 profesionales para la meses
24
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020190123100, índice 29, actuación
«RECIBE MEMORIALES», documento «38_RECIBEMEMORIALES_AREQUERIM_REQUERIMIENTOS(.zip)
NroActua 29», carpeta «REQUERIMIENTOS», archivo «CERTIFICACIÃON CONTRACTUAL FLOR LILIA
MENESES MENESES.Firmado (1)».
19
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
elaboración,
seguimiento y control
de los
procesos
administrativos y
contractuales […] de
los servicios que presta
la
subdirección para la
infancia.
Tabla 1. Relación de contratos de prestación de servicios según certificación del 18 de marzo de 2022.
75. En la misma certificación se indicó que el contrato 4959 de 2014 tuvo por objeto la
«[p]restación de servicios para el apoyo administrativo y logístico, que adelante la
subdirección local para su correcto funcionamiento, y el cumplimiento de las metas,
especialmente en procesos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual
del recurso humano y servicios sociales de Infancia.» Entre sus obligaciones se
encontraban apoyar los procesos operativos, administrativos y logísticos; elaborar
reportes; atender los requerimientos formulados a través del supervisor; mantener
actualizado el archivo conforme a lo establecido por la coordinación del equipo;
sistematizar información; servir de enlace entre las distintas dependencias y apoyar
las labores administrativas relacionadas con solicitudes y modificaciones
contractuales.
76. Se allegó copia del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 4959
del 20 de enero de 201425, celebrado entre la Secretaría Distrital de Integración Social
y Flor Lilia Meneses Meneses. En este se pactó un valor de $16.030.800 y un plazo
inicial de 9 meses. El acta de inicio26 registró como fecha inicial el 22 de enero de 2014
y como terminación inicialmente prevista el 21 de octubre del mismo año.
77. También obra la modificación 1 del contrato 4959 de 201427, mediante la cual se
prorrogó su plazo en 71 días calendario y se adicionó su valor en $4.215.507. Como
justificación de la modificación se señaló la necesidad de dar continuidad a las
actividades desarrolladas por la contratista y a los servicios relacionados con la
atención integral de niños, niñas y adolescentes.
78. Igualmente, se aportó una segunda modificación del contrato 495928, por medio de
la cual se prorrogó su ejecución en 31 días calendario y se adicionaron $1.840.573. La
Sala precisa que esta modificación no fue incluida en la certificación contractual, dado
que únicamente registró la prórroga inicial de 71 días.
25
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 1.
26
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 19.
27
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 9.
28
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 16.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
79. Al expediente se allegaron los informes de ejecución y supervisión del contrato
4959 de 2014 29 . En ellos se registró que Flor Lilia Meneses Meneses desarrolló
actividades relacionadas con la prestación de servicios para el apoyo administrativo y
logístico que adelante la Subdirección para su correcto funcionamiento, y el
cumplimiento de las metas, especialmente en procesos de las etapas precontractual,
contractual y postcontractual del recurso humano y servicios sociales de infancia.
Adicionalmente constan los antecedentes administrativos del mencionado contrato
4959, como estudios previos, informes de supervisión, pagos a la seguridad social,
entre otros.
80. Asimismo, el formato de informe de supervisión correspondiente al 31 de enero de
201530 indicó una ejecución física del 100 % y relacionó las prórrogas de 71 y 31 días.
Por su parte, el informe final de supervisión registró adiciones por un total de
$6.056.080, un valor contractual de $22.086.880 y un saldo de $1.840.573 a favor de
Flor Lilia Meneses Meneses por «servicios prestados y no cancelados». En el apartado
de observaciones se consignó que «la contratista tiene continuidad».
81. Se allegó copia del contrato de prestación de servicios profesionales 5448 del 12
de febrero de 201531, celebrado entre la Secretaría Distrital de Integración Social y Flor
Lilia Meneses Meneses, cuyo objeto «prestación de servicios profesionales para la
elaboración, seguimiento y control de los procesos administrativos y contractuales para
el cumplimiento de las metas, en las etapas precontractual, contractual y post-
contractual de los servicios que presta la subdirección para la infancia». Se pactó un
valor inicial de $39.215.000, un plazo de 11 meses y como fecha de inicio el 16 de
febrero de 201532.
82. Entre las obligaciones del contrato 5448 se establecieron el seguimiento y revisión
de solicitudes de información y correspondencia; la participación en la elaboración de
documentos e informes; el apoyo a la planeación, ejecución, seguimiento y supervisión
de procesos de contratación de talento humano y servicios; la realización de los
procesos relacionados con el plan de adquisiciones; la atención de las labores
precontractuales, contractuales y poscontractuales; la participación en reuniones
técnicas, administrativas, jurídicas y de contratación definidas por el supervisor; y la
elaboración periódica de informes conforme a los requerimientos de la Subdirección.
29
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020190123100, índice 39, actuación
«RECIBE MEMORIALES», documento «52_RECIBEMEMORIALES_AREQUERIM_ONEDRIVE_20220628(.zip)
NroActua 39», carpeta «RAD. 25000234200020190123100-INFORMES DE EJECUCIÓN», archivo «INF DE
EJECUCIÓN FLOR LILIA MENESES 4959-2014».
30
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020190123100, índice 39, actuación
«RECIBE MEMORIALES», documento «52_RECIBEMEMORIALES_AREQUERIM_ONEDRIVE_20220628(.zip)
NroActua 39», carpeta «RAD. 25000234200020190123100-INFORMES DE EJECUCIÓN», archivo «INF DE
EJECUCIÓN FLOR LILIA MENESES 4959-2014», imagen 173.
31
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 24.
32
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 37.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
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83. Mediante modificación del contrato 5448 33 se prorrogó su plazo en 44 días
calendario, hasta el 28 de febrero de 2016, y se adicionó su valor en $5.228.667.
84. En los informes de supervisión correspondientes al contrato 544834 se consignó
que Flor Lilia Meneses Meneses desarrollaba actividades relacionadas con los
procesos de contratación. En el informe correspondiente al 30 de julio de 201535 se
indicó, en el acápite de «recomendaciones o sugerencias», que se solicitó «revisar las
tareas a cargo de cada uno de los funcionarios de manera que se pueda reorganizar
las actividades y no haya sobre cargo de tareas». También se señaló como resultado
esperado que las labores realizadas por cada funcionario de la dependencia de
contratación se efectuaran conforme a los parámetros establecidos por el nivel central.
Asimismo, en el apartado de información cualitativa se indicó que «[a] diario se viene
reflexionando sobre las diferentes aptitudes y compromiso de las contratistas de
manera que se observa hasta dónde los contratistas asumen sus responsabilidades
para poder cumplir con las metas propuestas».
85. Por otro lado, en ese informe de supervisión se señaló que «[l]a contratista viene
revisando las tareas asignadas a las personas a su cargo con el fin de mejorar las
cargas laborales». Igualmente, la información cualitativa de junio de 201536 contempló
que «[s]e revisó que las actividades que se vienen ejecutado van acorde con las metas
propuestas en la prestación de los servicios, dentro de la propuesta de mejorar las
condiciones de los beneficiarios de la Bogotá Humana. Se detecta una mejor
comunicación y relacionamiento del personal contratado en las actividades que se
vienen realizando para su buen funcionamiento y cumplimiento de las metas
propuestas».
86. En el informe correspondiente a noviembre de 201537 se solicitó a la contratista
mantener informado al coordinador administrativo y se dejó constancia de que las
actividades que surgían diariamente se desarrollaban conforme a lo solicitado desde
el nivel central. El supervisor agregó en el acápite de «observaciones» que debía ser
informado sobre todas las actividades realizadas en el área de contratación y
manifestó que no recibía oportunamente información acerca de los problemas de la
33
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 31.
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Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020190123100, índice 39, actuación
«RECIBE MEMORIALES», documento «52_RECIBEMEMORIALES_AREQUERIM_ONEDRIVE_20220628(.zip)
NroActua 39», carpeta «RAD. 25000234200020190123100-INFORMES DE EJECUCIÓN», archivo «INF DE
EJECUCIÓN FLOR LILIA MENESES 5448-2015».
35
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020190123100, índice 39, actuación
«RECIBE MEMORIALES», documento «52_RECIBEMEMORIALES_AREQUERIM_ONEDRIVE_20220628(.zip)
NroActua 39», carpeta «RAD. 25000234200020190123100-INFORMES DE EJECUCIÓN», archivo «INF DE
EJECUCIÓN FLOR LILIA MENESES 5448-2015», imagen 2.
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Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020190123100, índice 39, actuación
«RECIBE MEMORIALES», documento «52_RECIBEMEMORIALES_AREQUERIM_ONEDRIVE_20220628(.zip)
NroActua 39», carpeta «RAD. 25000234200020190123100-INFORMES DE EJECUCIÓN», archivo «INF DE
EJECUCIÓN FLOR LILIA MENESES 5448-2015», imagen 9.
37
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020190123100, índice 39, actuación
«RECIBE MEMORIALES», documento «52_RECIBEMEMORIALES_AREQUERIM_ONEDRIVE_20220628(.zip)
NroActua 39», carpeta «RAD. 25000234200020190123100-INFORMES DE EJECUCIÓN», archivo «INF DE
EJECUCIÓN FLOR LILIA MENESES 5448-2015», imagen 44.
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Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
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dependencia, los correos y las reuniones, así: «no se me informa a tiempo los
problemas del área», «no copian correos», «no me informan de las reuniones».
87. Igualmente, en un informe de supervisión presentado el 28 de diciembre de 201538
se consignó que «los tiempos y la dedicación en esta área son más de los establecidos
para poder cumplir en los tiempos solicitados por las contingencias dando
cumplimiento a lo solicitado por Nivel Central».
88. Se aportó copia del contrato de prestación de servicios profesionales 6222 del 4
de marzo de 2016 39 , celebrado entre las mismas partes. Se pactó un valor de
$24.955.000 y un plazo de 7 meses, comprendido entre el 7 de marzo y el 6 de octubre
de 201640. Su objeto consistió, nuevamente, en la elaboración, seguimiento y control
de los procesos administrativos y contractuales en las etapas precontractual,
contractual y poscontractual de los servicios prestados por la Subdirección para la
Infancia.
89. Entre las obligaciones de este último contrato se encontraban el seguimiento de
información y correspondencia; la planeación, ejecución y seguimiento de la
contratación de talento humano y servicios; el apoyo a la supervisión de contratos de
prestación de servicios; la realización de procesos vinculados al plan de adquisiciones;
la atención directa de las labores precontractuales, contractuales y poscontractuales;
la articulación con otras dependencias de la Secretaría; la participación en reuniones
definidas por el supervisor y la elaboración de informes periódicos.
90. Los informes de ejecución del contrato 6222 41 dan cuenta de que Flor Lilia
Meneses Meneses participó en reuniones técnicas, administrativas, jurídicas y de
contratación informadas por el supervisor; recibió matrices autorizadas por el nivel
central para continuar los procesos requeridos; atendió solicitudes formuladas por ese
nivel y desarrolló actividades que le eran designadas por el supervisor dentro del objeto
contractual.
91. En este informe de ejecución se registraron las obligaciones específicas, entre
ellas: «[e]laborar informes, con la periodicidad determinada y de acuerdo con los
requerimientos de la Subdirección, sobre los diferentes procesos que tiene a su cargo.
38
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020190123100, índice 39, actuación
«RECIBE MEMORIALES», documento «52_RECIBEMEMORIALES_AREQUERIM_ONEDRIVE_20220628(.zip)
NroActua 39», carpeta «RAD. 25000234200020190123100-INFORMES DE EJECUCIÓN», archivo «INF DE
EJECUCIÓN FLOR LILIA MENESES 5448-2015», imagen 38.
39
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 39.
40
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020190123100, índice 39, actuación
«RECIBE MEMORIALES», documento «52_RECIBEMEMORIALES_AREQUERIM_ONEDRIVE_20220628(.zip)
NroActua 39», carpeta «RAD. 25000234200020190123100-INFORMES DE EJECUCIÓN», archivo «INF DE
EJECUCION FLOR LILIA MENESES 6222-2016», imagen 1.
41
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020190123100, índice 39, actuación
«RECIBE MEMORIALES», documento «52_RECIBEMEMORIALES_AREQUERIM_ONEDRIVE_20220628(.zip)
NroActua 39», carpeta «RAD. 25000234200020190123100-INFORMES DE EJECUCIÓN», archivo «INF DE
EJECUCION FLOR LILIA MENESES 6222-2016».
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Colaborar en el ajuste y adaptación de todos los procesos, formatos y herramientas a
su cargo, de acuerdo a los criterios definidos en los procesos de calidad que
implemente la Subdirección y la Secretaría en general»; y «[r]evisar, verificar y
garantizar que toda la información que le sea utilizada en razón a su objeto contractual
sea veraz y esté presentada de forma oportuna y actualizada»
92. Concretamente en los acápites de las actividades desarrolladas se señala que
«[e]ntrego informe, de acuerdo con los requerimientos de la Subdirección, sobre los
diferentes procesos que tengo a cargo. Colaboro en la adaptación de todos los
procesos, formatos y herramientas a su cargo, de acuerdo a los criterios definidos en
los procesos de calidad que implemente la Subdirección y la Secretaría en general»;
«Di respuesta a las tareas y directrices trazadas desde Nivel Central en el
cumplimiento de las actividades bajo mi responsabilidad, de acuerdo a los criterios
definidos en los procesos de calidad que implemente la Subdirección y la secretaría
en general»; «[r]ealicé el seguimiento a los procesos de contratación del talento
humano tanto de pagos a contratistas como a las modificaciones contractuales que
maneja la Subdirección local»; «[s]e elaboraran los informes requeridos mostrando los
avances en cada una de las tareas programadas ,de acuerdo a los procesos definidos
por la Subdirección local de Suba y los parámetros definidos por Nivel central».
93. Obra apartados del manual específico de funciones y competencias laborales42 de
la Secretaría Distrital de Integración Social, en los que se describen, entre otros,
empleos profesionales de la Dirección de Gestión Corporativa —Subdirección de
Contratación— con funciones relacionadas con la revisión y control de procesos
contractuales, la elaboración y revisión de documentos, el seguimiento de
procedimientos de contratación y la orientación a otras dependencias en esa materia.
94. El 16 de julio de 201843, Flor Lilia Meneses Meneses, por conducto de apoderado,
presentó reclamación administrativa ante la Secretaría Distrital de Integración Social,
mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y demás
derechos derivados de los servicios prestados entre 2014 y 2016. En esa actuación
afirmó, entre otros aspectos, que había prestado sus servicios de manera personal,
continua y bajo dependencia de la entidad.
95. Mediante oficio [12330]44 del 1 de agosto de 201845, la Subdirección Local para la
Integración Social de Suba respondió la reclamación y señaló que Flor Lilia Meneses
Meneses había suscrito los contratos 4959 de 2014, 5448 de 2015 y 6222 de 2016. La
entidad negó el reconocimiento de las prestaciones sociales reclamadas, al considerar
42
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 67.
43
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 96.
44
El acto demandado fue relacionado en las pretensiones de la demanda como expedido el 1.º de agosto de 2018,
sin alusión a un número de radicado o referencia. Sin embargo, dicho acto se identifica con el código «12330», dato
que se incorporará para efectos de la presente decisión.
45
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 103.
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Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
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que las vinculaciones correspondieron a contratos de prestación de servicios regidos
por el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y que, por esa razón, no
generaban relación laboral ni prestaciones sociales.
96. Finalmente, las actuaciones posteriores no contienen una nueva decisión de
fondo, sino que estuvieron dirigidas a comunicar y acreditar la notificación de la
respuesta previamente emitida. Por tanto, estas actuaciones no constituyeron actos
administrativos definitivos autónomos, sino gestiones posteriores relacionadas con la
comunicación de la decisión adoptada, de modo que el acto relevante para efectos de
su control judicial es aquel que resolvió de fondo la solicitud —1 de agosto de 2018—
97. Lo anterior, comoquiera que con ocasión a la petición presentada el 14 de agosto
de 2018 46 (1-2018-18324) que tenía como finalidad la diligencia de notificación
personal del acto administrativo, la demandada (a) expidió oficio del 22 de agosto de
201847 donde se emitió respuesta al requerimiento, en el que le solicitó al apoderado
de la demandante que suministrara los datos del acto administrativo para adelantar la
constancia de notificación; (b) a través del acto del 28 de marzo de 2019 se efectuó el
traslado por competencia de la petición del 27 de marzo de 201948 (1-2019-7344) —
en la que se insistió en la notificación personal del acto administrativo—; (c) el 1 de
abril de 201949 y 3 de abril de 201950 se informó a la interesada acerca del traslado por
competencia de dicha solicitud con destino a la Secretaría de Integración Social; y (d)
mediante comunicación del 5 de abril de 201951, la Subdirección Local de Suba indicó
que la respuesta del 1.º de agosto de 2018 había sido recibida el 13 de agosto de ese
año, según la trazabilidad del operador postal; por lo que, respecto al acto de
notificación, indicaron que se había configurado una notificación personal por la
modalidad de conducta concluyente.
98. Asimismo, para sustentar su afirmación de que las actividades de la demandante
se desarrollaron en el marco de un proyecto de carácter temporal, la demandada
aportó el memorando I2022008937 del 10 de marzo de 2022 52 , suscrito por el
subdirector para la infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, donde
informó que el proyecto de inversión 735, denominado «Desarrollo Integral de la
Primera Infancia», tuvo por objeto potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas
de primera infancia en Bogotá, a través de un modelo inclusivo y diferencial de calidad
46
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 106.
47
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 107.
48
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 108.
49
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 112.
50
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 110.
51
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «02Anexos», imagen 113.
52
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 25000234200020190123100, índice 29, actuación
«RECIBE MEMORIALES», documento «38_RECIBEMEMORIALES_AREQUERIM_REQUERIMIENTOS(.zip)
NroActua 29», carpeta «REQUERIMIENTOS», archivo «VIGENCIA PROYECTO 735 I2022008937.Firmado».
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
y de acciones orientadas, entre otros aspectos, al cuidado calificado, las experiencias
pedagógicas, el arte, la cultura, el juego, la actividad física, la alimentación saludable
y la generación de ambientes adecuados y seguros. Así, certificó que dicho proyecto
ya no se encontraba vigente y que fue formulado durante la administración distrital
«Bogotá Humana», para el periodo comprendido entre 2012 y 2016.
99. De acuerdo con los medios de prueba previamente reseñados, se efectuará la
siguiente relación de contratos de prestación de servicios entre la demandante y la
entidad accionada, según las pruebas allegadas al proceso:
Fecha Valor del
Contrato Objeto Plazo Fecha final
inicial contrato
«Prestación de servicios para el apoyo administrativo y 9 meses
logístico, que adelante la subdirección local para su correcto (prórroga
funcionamiento, y el cumplimiento de las metas, de 71 y 31
4959 22/01/2014 31/01/2015 $22.086.880
especialmente en procesos de las etapas precontractual, días,
contractual y post-contractual del recurso humano y servicios respectiva
sociales de Infancia.» mente)
Interrupción de 10 días hábiles
«Prestación de servicios profesionales para la elaboración,
11 meses
seguimiento y control de los procesos administrativos y
(prórroga
5448 contractuales para el cumplimiento de las metas, en las 16/02/2015 28/02/2016 $44.443.667
de 44
etapas precontractual, contractual y post-contractual de los
días)
servicios que presta la Subdirección para la Infancia.»
Interrupción de 5 días hábiles
«Prestación de servicios profesionales para la elaboración,
seguimiento y control de los procesos administrativos y
6222 contractuales para el cumplimiento de las metas, en las 7 meses 07/03/2016 06/10/2016 $24.955.000
etapas precontractual, contractual y post-contractual de los
servicios que presta la Subdirección para la Infancia.»
Tabla 2. Relación de contratos de prestación de servicios celebrados por la demandante con el Distrito Capital, según la totalidad de las pruebas.
B. Prueba testimonial
100. En la audiencia de pruebas53 rindieron declaración los señores Luis Daniel Navarro
Hernández y James Alfonso Vallejo Beltrán54.
101. El señor Luis Daniel Navarro Hernández55 manifestó que prestó sus servicios en
la Secretaría Distrital de Integración Social mediante contrato de prestación de
servicios, durante el periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2014 y el 24 de
enero de 2015. Precisó que, durante ese tiempo, fue compañero de trabajo de la
señora Flor Lilia Meneses Meneses en la respectiva dependencia de la Integración
Social de Suba y que tuvo conocimiento directo de las actividades que ella
desarrollaba, pues intervino en los trámites correspondientes a su vinculación
53
Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_20190123100(.zip)
NroActua 2», archivo «33. ActaAudienciaPruebas (1)».
54
Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Cundinamarca», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el
número del proceso en primera instancia «25000234200020190123100» sin guiones, y luego seleccionar
«Buscar». Después de esto seleccione el identificado con fecha «2022/03/25».
55
Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Cundinamarca», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el
número del proceso en primera instancia «25000234200020190123100» sin guiones, y luego seleccionar
«Buscar». Después de esto seleccione el identificado con fecha «2022/03/25», minuto 00:21:49.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
contractual —la demandante adelantó su procedimiento precontractual y elaboración
del contrato—.
102. Destacó que tuvo contacto con la demandante porque debía presentarle los
informes mensuales de actividades. Señaló que ambos cumplían un horario de lunes
a viernes y algunos sábados, que la demandante hacía seguimiento al pago de la
seguridad social de los demás contratistas, y que asistían juntos a las reuniones
generales. Agregó que, al finalizar el contrato, debía entregarle a la señora Flor Lilia
un informe estructurado sobre su cumplimiento, con el fin de obtener el visto bueno del
trabajo realizado.
103. Al referirse a las funciones de la demandante, señaló que la señora Meneses
Meneses recibía la documentación aportada por las personas que serían contratadas
y verificaba que estuviera completa. Explicó que ella insistía en que debían reunirse
todos los requisitos exigidos antes de continuar con el trámite contractual. Indicó que,
una vez cumplidos, elaboraba el contrato y el acta de inicio. Agregó que, durante la
ejecución contractual, los contratistas debían presentarle mensualmente a Flor Lilia los
informes sobre el desarrollo de sus actividades, así como acreditar los pagos al
sistema de seguridad social. Finalmente, reiteró que, al terminar el contrato, también
debían entregarle el informe final para su revisión.
104. Respecto del lugar donde la demandante desempeñaba sus funciones, indicó que
trabajaba en el edificio de la Secretaría Distrital de Integración Social ubicado en la
localidad de Suba. Señaló que contaba con escritorio, computador y silla, así como
con un espacio físico amplio, debido al considerable volumen de trabajo que manejaba.
Agregó que utilizaba el software56 institucional en el que se encontraba registrada la
información correspondiente a los contratistas. Precisó que todos los elementos eran
de la referida Secretaría.
105. Posteriormente, al ser interrogado sobre la persona que ejercía funciones de
dirección o control, manifestó que la señora Gloria Isabel Quintero era considerada la
jefe de los contratistas porque verificaba el cumplimiento del horario y de las funciones
asignadas. Explicó que debían laborar de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00
p.m., horario que expresó, tenían que cumplir y «ella estaba permanentemente como
al tanto de que todos cumpliéramos el horario y estuviéramos cumpliendo las funciones
que nos designaba cada contrato, ella estaba permanentemente pasando revista,
mirando, estaba muy pendiente de todos los funcionarios cumplieran con el horario y
requisitos de trabajo»57.
56
https://dle.rae.es/software: m. Inform. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar
ciertas tareas en una computadora.
57
Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Cundinamarca», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el
número del proceso en primera instancia «25000234200020190123100» sin guiones, y luego seleccionar
«Buscar». Después de esto seleccione el identificado con fecha «2022/03/25», minuto 00:31:56.
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Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
106. Frente a la pregunta formulada en la audiencia58 acerca de si la señora Gloria
Isabel Quintero ostentaba la calidad de jefe o supervisora, el declarante manifestó que,
en su criterio, ejercía funciones de jefe, pues permanecía al tanto del cumplimiento de
todas las labores asignadas. Al preguntársele si la señora Flor Lilia Meneses Meneses
había recibido llamados de atención, respondió que no le constaba.
107. En cuanto a la posibilidad de realizar las funciones de manera remota, afirmó que
la demandante siempre prestaba sus servicios en las instalaciones de la entidad.
Explicó que ello obedecía al volumen de trabajo y a la necesidad de utilizar el software
institucional. A modo de ejemplo, señaló que, en su caso, debía manejar un aplicativo
relacionado con la atención a los adultos mayores y que no podía desarrollar esa labor
desde su casa porque requería acceder al sistema disponible en la oficina. Indicó que
Flor Lilia se encontraba en una situación similar, pues debía alimentar el aplicativo con
la información y documentación de los contratos. Precisó que «siempre la veía uno en
la oficina, con mucha carga de trabajo»59.
108. Respecto carácter personal de las labores —posibilidad de enviar a otra persona—
, afirmó que la demandante siempre estuvo al frente de las actividades que le
correspondían. Explicó que manejaba documentación de todos los contratistas y que,
a su juicio, se trataba de información de carácter confidencial, circunstancia por la cual
era ella quien atendía directamente esos asuntos. Manifestó que no le constaba si la
demandante para ausentarse tenía que pedir permiso. Destacó la participación de la
accionante en reuniones y capacitaciones.
109. Expresó que, debido al volumen de trabajo, consideraba que la señora Flor Lilia
Meneses Meneses no podía desempeñar funciones en otra entidad, máxime cuando
debía cumplir el horario establecido e, incluso, asistir algunos sábados. Agregó que,
por la carga laboral, en ocasiones su jornada se extendía más allá del horario ordinario.
110. Finalmente, indicó que no existía un sistema electrónico para registrar el ingreso y
la salida del personal. No obstante, sostuvo que la señora Gloria Isabel Quintero
verificaba personalmente quiénes se encontraban trabajando —concretamente en la
mañana—. Aclaró, sin embargo, que no le constaba que ese control quedara
consignado en una planilla o en algún otro registro escrito. Precisó que la demandante
portaba un carné.
111. Expresó que en la entidad no había otro empleado que desempeñara funciones
similares a las asignadas contractualmente a la señora Flor Lilia Meneses Meneses,
58
Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Cundinamarca», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el
número del proceso en primera instancia «25000234200020190123100» sin guiones, y luego seleccionar
«Buscar». Después de esto seleccione el identificado con fecha «2022/03/25», minuto 00:32:21.
59
Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Cundinamarca», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el
número del proceso en primera instancia «25000234200020190123100» sin guiones, y luego seleccionar
«Buscar». Después de esto seleccione el identificado con fecha «2022/03/25», minuto 00:34:16.
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pues ella era la encargada de esas labores y no podía recurrir a otras personas para
su ejecución.
112. Indicó que era indispensable cumplir el horario establecido por la entidad,
instrucción que se impartía desde el inicio de la vinculación y que, en ocasiones, era
modificada. Precisó que, en el caso de Flor Lilia, la jornada podía extenderse hasta
altas horas, especialmente al final de cada mes o de los periodos de contratación,
debido al número de personas que tenía a su cargo. Aclaró que no le constaba si ese
horario se encontraba fijado por escrito, pero sí que era dispuesto por la jefe, y no
había distinción entre contratistas y funcionarios. Agregó que consideraba a la señora
Gloria Isabel Quintero como jefe y no como supervisora, pues estaba pendiente de los
funcionarios, quienes se encontraban subordinados a ella; verificaba la forma en que
desempeñaban sus funciones y determinaba las labores que debían adelantarse
según su importancia y premura.
113. Explicó que la señora Gloria Isabel Quintero impartía lineamientos generales de la
institución y explicaba el desarrollo de actividades cuando eran diferentes o «extra» al
contrato, esto es, que si bien no estaba específicamente en este, se encontraban
ligadas a la naturaleza de entidad. Agregó que «la jefe estaba pendiente que nosotros
colaborábamos con esas políticas que eran de carácter social»60 .
114. Por su parte, el señor James Alfonso Vallejo Beltrán61 manifestó que inició la
prestación de sus servicios en la Secretaría Distrital de Integración Social el 20 de
marzo de 2013 y que su contrato finalizó el 2 de febrero de 2017. Indicó que la señora
Flor Lilia Meneses Meneses comenzó a prestar sus servicios a inicios de 2014. Precisó
que ambos laboraban en la Subdirección Local para la Integración Social de Suba,
lugar en el que conoció a la demandante.
115. Al describir las funciones de la accionante, el declarante aclaró inicialmente que
prestaba sus servicios en el área de sistemas, mientras que la actora laboraba en las
áreas administrativa y contractual, en una oficina ubicada dos espacios después de la
suya. Señaló que aquella se encargaba de los procesos precontractuales,
contractuales y poscontractuales. Añadió que también atendía otros asuntos
administrativos, por cuanto hacía parte del equipo encargado de esa área.
116. Respecto de la pregunta formulada en audiencia acerca de si la señora Flor Lilia
Meneses Meneses contaba con un jefe inmediato, el declarante respondió
afirmativamente. Precisó que, al igual que los demás integrantes de la Subdirección,
60
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«Administrativo», en Distrito «Cundinamarca», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el
número del proceso en primera instancia «25000234200020190123100» sin guiones, y luego seleccionar
«Buscar». Después de esto seleccione el identificado con fecha «2022/03/25», minuto 01:00:42.
61
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«Buscar». Después de esto seleccione el identificado con fecha «2022/03/25», minuto 01:05:00.
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«teníamos como jefes inmediatos a los subdirectores»62. Al preguntársele sobre el
nombre de estos, relacionó a «Gloria Quintero», «Saul Cortéz» y «Hugo».
117. Afirmó que la demandante recibía órdenes de los subdirectores, al igual que los
demás contratistas. Explicó que esas instrucciones se manifestaban en la exigencia
de cumplir las obligaciones establecidas en los contratos, atender los horarios, asistir
a las reuniones y ejecutar los objetivos que les eran asignados.
118. En relación con la jornada, indicó que quienes prestaban sus servicios en la
Subdirección Local debían permanecer allí, de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y
las 6:00 p.m. Añadió que, en algunas ocasiones, también les solicitaban asistir durante
los fines de semana.
119. Frente al control de los horarios, indicó que los jefes inmediatos, consistente en
los subdirectores y los referentes de área, eran los que monitoreaban los
procedimientos, si llegaban temprano, si cumplían las obligaciones, el diligenciamiento
de informes y los calificaban. Destacó que cuando no se cumplía el horario les
efectuaban llamados de atención, ya que les decían que «si uno no estaba en el puesto
afectaba todas las actividades de los demás, entonces siempre nos llamaban como la
atención»63.
120. En lo relativo a los elementos de trabajo, destacó que eran proporcionados por la
Subdirección Local, entre ellos, computador, impresora —que quedaban
«inventariados como a uno»—, papelería y demás insumos necesarios para el
desarrollo de las labores. En cuanto a las formas de vinculación, estaban a través de
los contratos de prestación de servicios, planta provisional y planta.
121. Explicó los términos de los contratos y que entre la suscripción de uno y otro
debían continuar asistiendo, «para no perder el trabajo». Destacó a modo de ejemplo,
que en su caso, al ser del área de sistemas, si no asistía no se realizaba la actividad
contratada, y que lo mismo ocurría frente a la señora Flor Lilia, que estaba en el área
de contratación, «si ella no iba, pues no hacían nada, entonces habían contratos que
se quedaban»64.
122. Adujo que la señora Flor Lilia Meneses Meneses asistía a capacitaciones de
diversa índole, entre ellas, sobre amenazas ambientales, asuntos administrativos y
62
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número del proceso en primera instancia «25000234200020190123100» sin guiones, y luego seleccionar
«Buscar». Después de esto seleccione el identificado con fecha «2022/03/25», minuto 01:08:42.
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«Buscar». Después de esto seleccione el identificado con fecha «2022/03/25», minuto 01:12:12.
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número del proceso en primera instancia «25000234200020190123100» sin guiones, y luego seleccionar
«Buscar». Después de esto seleccione el identificado con fecha «2022/03/25», minuto 01:15:40.
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manejo de plataformas. Indicó que le constaba esa circunstancia porque coincidió con
ella en la mayoría de esas jornadas y agregó que también recibía capacitaciones
impartidas desde el nivel central. Añadió que, al igual que los demás, debía cumplir las
reglas establecidas en la entidad, verbigracia, observar los estándares exigidos, llegar
temprano, entregar informes, asistir a reuniones y suscribir las actas correspondientes.
123. Con el fin de precisar la naturaleza de las funciones de dirección o supervisión
mencionadas por el declarante y establecer si se trataba de una relación jerárquica o
de una simple coordinación de actividades, en la audiencia se le preguntó por qué
calificaba a determinadas personas como sus jefes. Al respecto, explicó que las
identificaba de esa manera por su nivel jerárquico, pues le impartían instrucciones,
convocaban reuniones, requerían documentos e informes, evaluaban sus actividades
y efectuaban las correspondientes calificaciones. Agregó que, en ocasiones, debía
atender obligaciones que no estaban expresamente previstas en el contrato y que
cumplía las instrucciones impartidas por dichas personas en consideración a la
jerarquía que ostentaban.
124. Destacó que cuando no se cumplía el horario, se llamaba la atención e inclusive
se levantaban actas. Concretamente, indicó que «una vez llegamos los dos, una vez
tarde y nos hicieron un llamado mutuo a la atención (...), lo tengo presente porque fue
al tiempo, como yo llegué tarde con ella, el llamado de atención lo hicieron a ambos»65.
Indicó que por esos casos se realizaban actas entre el subdirector local, el referente
administrativo y las personas que llegaran tarde.
125. Manifestó que otros funcionarios desempeñaban funciones similares a las de la
señora Flor Lilia Meneses Meneses, entre ellos, Andrea Pulido, Patricia Monsalve —
quien era la referente administrativa— y «Ángelo». Explicó que le constaba esa
circunstancia porque dichas personas se encargaban de tramitar los pagos de quienes
prestaban sus servicios en Suba y, para tal efecto, recibían los informes y demás
documentos requeridos. Precisó que su entrega era indispensable para el pago de los
honorarios, pues, según expresó, «si uno no pagaba salud, ni pensión, ni ARL, no se
pagaba nómina». Agregó que la referente administrativa también reportaba al área de
contratación las novedades relacionadas con la terminación de los contratos, los
estados de gestación y las incapacidades.
126. En cuanto a la forma de vinculación de las personas antes mencionadas, quienes
integraban las áreas administrativa y de contratación, indicó que era diversa. Precisó
que algunas estaban vinculadas mediante contratos de prestación de servicios; otras,
en provisionalidad, como Andrea Pulido; y otras pertenecían a la planta de personal,
como Patricia Monsalve.
65
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«Administrativo», en Distrito «Cundinamarca», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el
número del proceso en primera instancia «25000234200020190123100» sin guiones, y luego seleccionar
«Buscar». Después de esto seleccione el identificado con fecha «2022/03/25», minuto 01:27:17.
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127. En relación con las obligaciones que no estaban previstas expresamente en los
contratos, precisó que el cumplimiento de un horario no se encontraba estipulado,
aunque constituía un estándar exigido en la entidad. También explicó que el referente
administrativo ejercía una función semejante a la de un supervisor, pues verificaba que
las personas cumplieran sus labores, llegaran oportunamente, remitieran los informes
y, en algunos casos, permanecieran en sus puestos de trabajo. Sobre esta dinámica,
expresó que «era muy colegial». La referente administrativa de la señora Flor Lilia era
Patricia Monsalve.
128. Declaró que la señora Flor Lilia Meneses Meneses asistía a las capacitaciones
impartidas en la entidad y que, a su vez, capacitaba a varias personas. Aclaró que el
horario de trabajo se comunicaba verbalmente. Asimismo, indicó que la accionante
desempeñaba funciones similares a las de Andrea Pulido, quien estaba vinculada en
provisionalidad a la planta de personal, aunque no recordó la denominación del cargo
que aquella ocupaba.
3.5. Caso concreto
129. En el asunto bajo análisis, la accionante celebró contratos de prestación de
servicios que ejecutó desde el 22 de enero de 2014 hasta el 6 de octubre de 2016,
desempeñando funciones en la Secretaría Distrital de Integración Social, y solicitó la
nulidad del acto administrativo que negó la existencia de la relación laboral y el pago
de los emolumentos laborales.
130. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la señora Flor
Lilia Meneses Meneses no demostró la existencia de una relación laboral encubierta
con la Secretaría Distrital de Integración Social, pues, aunque acreditó la prestación
personal del servicio y la remuneración durante los contratos celebrados entre el 22
de enero de 2014 y el 6 de octubre de 2016, no probó suficientemente el elemento de
la subordinación. Señaló que las referencias testimoniales al cumplimiento de horario,
la recepción de instrucciones y la existencia de jefes no estuvieron respaldadas por
otros elementos objetivos que evidenciaran el ejercicio permanente del poder de
dirección de la entidad. Asimismo, estimó que la entrega de informes y el seguimiento
de las obligaciones correspondían a mecanismos propios de coordinación contractual
y que tampoco se acreditó la existencia de un empleo de planta con funciones
equivalentes. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, al no demostrarse su
causación.
131. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y solicitó que se revocara la sentencia y se accediera a las pretensiones.
Sostuvo que el Tribunal valoró deficientemente las pruebas sobre la subordinación,
pues los testimonios de Luis Daniel Navarro Hernández y James Alfonso Vallejo
Beltrán estaban respaldados por los contratos, los informes de actividades y las
certificaciones que daban cuenta de la prestación personal del servicio, la supervisión
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
y la existencia de jefes inmediatos. Añadió que la continuidad de la vinculación durante
aproximadamente tres años, con breves interrupciones, y el carácter permanente de
las funciones administrativas constituían indicios de una verdadera relación laboral.
Cuestionó, además, que se exigiera acreditar un cargo equivalente en la planta de
personal, por considerar que ello desconocía el principio de primacía de la realidad.
Finalmente, alegó la vulneración del debido proceso porque el Tribunal afirmó que no
presentó alegatos de conclusión, pese a que estos fueron remitidos oportunamente.
132. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación se estudiarán los
elementos de la relación laboral y la prescripción.
• Elementos de la relación laboral
133. Como se señaló en el marco normativo y jurisprudencial, para que proceda la
declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta, la parte demandante
debe acreditar que se materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo: (a) la prestación personal del servicio, (b) la
subordinación continua y (c) la remuneración como contraprestación del servicio.
134. Respecto a la prestación personal del servicio, se encuentra acreditada con la
certificación y los contratos de prestación de servicios descritos en el acápite de
hechos probados, celebrados desde el 22 de enero de 2014 hasta el 6 de octubre de
2016 (salvo interrupciones), así como los informes de actividades de ejecución y
supervisión. Además, los testimonios rendidos confirman la manera personal en la que
la peticionaria ejecutó aquellos.
135. En lo que se refiere a la remuneración, igualmente del contenido de los
contratos de prestación de servicios celebrados entre la parte actora y el Distrito
Capital dan cuenta que acordaron el pago de honorarios a favor del contratista.
136. En cuanto a la subordinación, la parte interesada debe demostrarla de manera
fehaciente. Esta se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de una
relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.
137. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
138. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o indicios que permiten inferir la existencia de una relación
laboral subordinada encubierta.
139. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente probado
y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
140. Ahora bien, la Subsección destaca que la demandante desarrolló actividades
administrativas y contractuales para la Secretaría Distrital de Integración Social.
Inicialmente prestó servicios de apoyo administrativo y logístico y, posteriormente,
servicios profesionales relacionados con la elaboración, seguimiento y control de los
procesos administrativos y contractuales, donde prestaba el servicio en los horarios
establecidos unilateralmente por la entidad —a través del subdirector, local o la
referente administrativa—, tal y como lo acreditan las pruebas testimoniales.
141. Así, se acredita en el clausulado de los contratos, la naturaleza del servicio y las
obligaciones a cargo de la contratista. En efecto, aquellos contemplaron como objeto
común la prestación de servicios de apoyo administrativo y logístico a la Subdirección
Local, orientados a su adecuado funcionamiento y al cumplimiento de sus metas,
especialmente en las etapas precontractual, contractual y poscontractual, relacionadas
con el recurso humano y los servicios sociales de infancia.
142. Si bien los contratos incluían obligaciones generales propias de la contratación con
la Administración Distrital, las obligaciones específicas permiten identificar con mayor
precisión la naturaleza de las funciones desempeñadas por la accionante, la forma en
que estas se ejecutaban y su inserción en la estructura funcional de la entidad. A modo
ilustrativo, se reseñan los siguientes cuadros explicativos:
Contrato 4959 de 2014
Objeto: Prestación de servicios para el apoyo administrativo y logístico, que adelante la subdirección local para su correcto
funcionamiento, y el cumplimiento de las metas, especialmente en procesos de las etapas precontractual, contractual y post-contractual
del recurso humano y servicios sociales de Infancia.
Obligaciones específicas del contratista
1. Apoyar los procesos operativos, administrativos y logísticos derivados de la definición de acciones que permitan garantizar el estricto
cumplimiento de los compromisos, especialmente los que tienen que ver con recurso humano y servicios sociales, en los tiempos,
condiciones y criterios definidos por la SDIS para tal fin.
2. Generar reportes permanentes y confiables de información relacionada de los procesos y temas a su cargo.
3. Brindar atención telefónica que responda a las necesidades del desarrollo del trabajo del equipo.
4. Atender con plena disponibilidad y de forma oportuna a las personas y requerimientos que se le soliciten a través de su supervisor.
5. Mantener el archivo actualizado y organizado conforme lo establezca la coordinación del equipo al que pertenece.
34
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
6. Revisar, verificar y garantizar que toda la información que le sea utilizada en razón a su objeto contractual sea veraz y esté
presentada de forma oportuna y actualizada.
7. Participar en la realización e implementación de procedimientos, herramientas y controles que garanticen el flujo de información
necesaria para el desarrollo del trabajo en el equipo.
8. Realizar el cargue, la digitación y la actualización de la información de la ficha SIRBE de todos los niños y niñas, garantizando la
calidad, oportunidad y veracidad de la información reportada por las unidades operativas de la localidad.
9. Dar cumplimiento a los procesos y procedimientos establecidos en el sistema integrado de gestión en el marco del proceso de
gestión documental, especialmente en lo relacionado con el manejo de correspondencia, atención ciudadana y tramite de actividades
administrativas.
10. Servir de enlace y favorecer la comunicación correcta y oportuna entre los miembros del equipo, de la Subdirección Local y las
otras instancias de la SDIS que así lo requieran, de igual modo con entidades externas a la SDIS.
11. Sistematizar la información generada y relacionada con la ejecución de los procesos desarrollados por el equipo de que le sea
asignado.
12. Apoyar a la Subdirección para la infancia desde la subdirección local, en las labores administrativas en las etapas precontractual,
contractual y post-contractual, respecto a solicitudes de contratación y modificaciones de contratos a cargo de la Subdirección para la
Infancia, que permitan garantizar el estricto cumplimiento de los compromisos en los tiempos, condiciones y criterios definidos por la
SDIS.
13. Generar las soluciones que se requieran con las demás dependencias de la SDIS con el fin de garantizar el buen funcionamiento
del mismo.
14. Participar activamente en los procesos de atención a población en emergencias de origen natural y antrópicos, aplicando protocolos
y procedimientos adoptados dentro del Sistema de Prevención y Atención de Emergencias en la ciudad.
15. Presentar al cierre del contrato informe final con soporte de documentos físicos y magnéticos relacionados con las obligaciones
realizadas.
16. Las demás obligaciones que el supervisor del contrato le designe en el marco de las actividades propias del proyecto y del objeto
de contrato.
Tabla 3. Relación de obligaciones específicas del contrato 4959.
Contrato 5448 de 2015
Objeto: prestación de servicios profesionales para la elaboración, seguimiento y control de los procesos administrativos y contractuales
para el cumplimiento de las metas, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual de los servicios que presta la
subdirección para la infancia.
Obligaciones específicas del contratista
1. Durante la vigencia del contrato no podrá asesorar o adelantar procesos judiciales contra el Distrito Capital, en cumplimiento de lo
establecido en la circular No. 011 de 2004, expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
2. Hacer el seguimiento y revisión de las solicitudes de información y correspondencia que se maneja en la Subdirección local,
observando oportunidad, pertinencia y calidad. Así mismo apoyar la respuesta de los mismos y participar en la elaboración de
documentos, conceptos, textos o informes solicitados por entes de control y organizaciones externas, relacionados con los avances,
proyectos, acciones que el distrito, principalmente la Secretaría de Integración Social ha desarrollado en materia de Infancia y
Adolescencia.
3. Aportar a la planeación, ejecución, seguimiento y apoyo a la supervisión de todos los procesos de contratación de talento humano
y de servicios que maneja la subdirección para la infancia.
4. Realizar los procesos contractuales y acciones necesarias relacionadas con la ejecución del plan de adquisiciones que tiene definido
la SDIS a través de la Subdirección para la desde la subdirección local.
5. Atender de manera directa a la Subdirección para la Infancia en las labores precontractuales, contractuales y pos contractuales que
permitan garantizar el estricto cumplimiento de los compromisos de la Subdirección local, en los tiempos, condiciones y criterios
definidos por la SDIS para tal fin.
6. Apoyar los mecanismos de articulación y comunicación que debe mantener la Subdirección para la Infancia con todas las
dependencias de la subdirección local derivados de procesos contractuales, de talento humano y de servicios.
7. Participar en las reuniones técnicas, administrativas, jurídicas y de contratación, que defina el supervisor-a del contrato.
8. Elaborar informes, con la periodicidad determinada y de acuerdo con los requerimientos de la Subdirección, sobre los diferentes
procesos que tiene a su cargo. Colaborar en el ajuste y adaptación de todos los procesos, formatos y herramientas a su cargo, de
acuerdo a los criterios definidos en los procesos de calidad que implemente la Subdirección y la Secretaría en general.
9. Revisar, verificar y garantizar que toda la información que le sea utilizada en razón a su objeto contractual sea veraz y esté
presentada de forma oportuna y actualizada.
35
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
10. Cumplir con los mecanismos y estrategias de auto evaluación y evaluación de los procesos a cargo, acorde con las directrices
dadas por la entidad.
11. Participar activamente en los procesos de atención a población en emergencias de origen natural y antrópicos, aplicando protocolos
y procedimientos adoptados dentro del Sistema de Prevención y Atención de Emergencias en la ciudad.
12. Las demás obligaciones que el supervisor del contrato le designe en el marco de las actividades propias del proyecto y del objeto
del contrato.
Tabla 4. Relación de obligaciones específicas del contrato 5448.
Contrato 6222 de 2016
Objeto: prestación de servicios profesionales para la elaboración, seguimiento y control de los procesos administrativos y
contractuales para el cumplimiento de las metas, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual de los servicios que
presta la subdirección para la infancia.
Obligaciones específicas del contratista
1. Hacer el seguimiento y revisión de las solicitudes de información y correspondencia que se maneja en la Subdirección local,
observando oportunidad, pertinencia y calidad. Así mismo apoyar la respuesta de los mismos y participar en la elaboración de
documentos, conceptos, textos o informes solicitados por entes de control y organizaciones externas, relacionados con los avances,
proyectos, acciones que el distrito, principalmente la Secretaría de Integración Social ha desarrollado en materia de la Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia.
2. Aportar a la planeación, ejecución y seguimiento de los procesos de contratación del talento humano y de los servicios que maneja
la Subdirección local.
3. Realizar el apoyo a la supervisión de los contratos de prestación de servicios, que le sean asignados.
4. Realizar los procesos contractuales y acciones necesarias relacionadas con la ejecución del plan de adquisiciones que tiene definido
la SDIS a través de la Subdirección para la Infancia desde la subdirección local.
5. Atender de manera directa a la Subdirección para la Infancia en las labores precontractuales, contractuales y pos contractuales que
permitan garantizar el estricto cumplimiento de los compromisos de la Subdirección local, en los tiempos, condiciones y criterios
definidos por la SDIS para tal fin.
6. Apoyar los mecanismos de articulación y comunicación que debe mantener la Subdirección Local con todas las dependencias de
la Secretaría Distrital de Integración Social, derivados de procesos contractuales, de talento humano y de servicios.
7. Participar en las reuniones técnicas, administrativas y de contratación, que defina el supervisor-a del contrato.
8. Elaborar informes, con la periodicidad determinada y de acuerdo con los requerimientos de la Subdirección, sobre los diferentes
procesos que tiene a su cargo. Colaborar en el ajuste y adaptación de todos los procesos, formatos y herramientas a su cargo, de
acuerdo a los criterios definidos en los procesos de calidad que implemente la Subdirección y la Secretaría en general.
9. Revisar, verificar y garantizar que toda la información que le sea utilizada en razón a su objeto contractual sea veraz y esté
presentada de forma oportuna y actualizada.
10. Cumplir con los mecanismos y estrategias de auto evaluación y evaluación de los procesos a cargo, acorde con las directrices
dadas por la entidad.
11. Participar activamente en los procesos de atención a población en emergencias de origen natural y antrópicos, aplicando protocolos
y procedimientos adoptados dentro del Sistema de Prevención y Atención de Emergencias en la ciudad.
12. Presentar al cierre del contrato informe final con soporte de documentos físicos y magnéticos relacionados con las obligaciones
realizadas.
13. Las demás obligaciones que el supervisor del contrato le designe en el marco de las actividades propias del proyecto y del objeto
del contrato.
Tabla 5. Relación de obligaciones específicas del contrato 6222.
143. El anterior clausulado, en particular las obligaciones específicas, evidencia que la
accionante se encontraba inserta en la estructura organizacional de la entidad. Así se
desprende, entre otros aspectos, de la obligación de desarrollar directamente las
actividades precontractuales, contractuales y poscontractuales necesarias para el
cumplimiento de los compromisos de la Subdirección Local, conforme con los criterios
de oportunidad y calidad fijados por la demandada; participar en procesos de
evaluación y de atención a la población; presentar informes y reportes permanentes
cuando fueran requeridos por el supervisor; utilizar la plataforma SIRBE de la
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Integración Social; hacer seguimiento a las solicitudes de
información y correspondencia, apoyar su respuesta y elaborar documentos e informes
relacionados con asuntos de infancia y adolescencia; asistir a las reuniones técnicas,
administrativas, jurídicas y de contratación que definiera la supervisora del contrato. A
ello se sumaba la prohibición de asesorar o adelantar actuaciones en contra del
Distrito, circunstancias que, valoradas en conjunto, revelan su integración funcional a
la entidad.
144. En consonancia con la anterior conclusión, los señores Luis Daniel Navarro
Hernández y James Alfonso Vallejo Beltrán relataron las condiciones en las que Flor
Lilia Meneses Meneses prestó sus servicios en la Subdirección Local para la
Integración Social de Suba. Al respecto, señalaron que desarrollaba actividades
propias de las etapas precontractual, contractual y poscontractual, entre ellas, la
recepción y verificación de documentos, la elaboración de contratos y actas de inicio,
la revisión de informes mensuales y finales, y el seguimiento a los aportes al Sistema
de Seguridad Social. Asimismo, indicaron que debía asistir a reuniones y
capacitaciones —como discente y capacitadora—, utilizar los aplicativos
institucionales y cumplir una jornada previamente establecida, que podía extenderse
más allá del horario ordinario e incluir algunos sábados.
145. Añadieron que los subdirectores y referentes de área impartían instrucciones,
verificaban el cumplimiento de las funciones y del horario en las instalaciones de la
entidad e inclusive le llamaban la atención —como lo percibió personalmente uno de
los declarantes—; requerían informes, evaluaban las actividades y efectuaban
llamados de atención cuando se presentaban incumplimientos. También indicaron que
la Secretaría suministraba los elementos necesarios para ejecutar las labores. Incluso,
uno de los testigos señaló que desempeñaba labores similares a las de personas
vinculadas en provisionalidad o pertenecientes a la planta de personal.
146. Así, en relación con la dirección y el control efectivo de las actividades
administrativas y contractuales, particularmente en lo atinente al modo de prestación
del servicio, los horarios y la inserción en la estructura organizacional de la entidad, la
Sala destaca que la demandante, como profesional en el área administrativa y
contractual recibía órdenes e instrucciones, y el Subdirector local asignaba los horarios
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, al interior de las oficinas de la
Secretaría Distrital de Integración Social, así como el seguimiento de que esta
permanecieran en su puesto de trabajo; tal como lo indicaron los testigos.
147. La prueba testimonial también permite advertir la inserción de la demandante en
la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Integración Social del área
administrativa y contractual, así como la existencia de subordinación o dependencia.
En efecto, debía cumplir el horario fijado verbal y unilateralmente por el subdirector,
cuya observancia y permanencia en el puesto de trabajo eran verificadas por el
referente administrativo; acompañar los trámites contractuales de los demás
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
contratistas; manejar los sistemas de información mediante el software de la entidad;
elaborar los respectivos informes; controlar aspectos relacionados con la ejecución
contractual, como el pago de aportes a seguridad social y la presentación de informes;
y asistir a reuniones y capacitaciones, tanto en calidad de asistente como de
capacitadora. Se trataba, en suma, de actividades administrativas y contractuales
integradas al funcionamiento ordinario de la entidad.
148. Adicionalmente, ejecutaba personalmente sus labores en las instalaciones de la
entidad y utilizaba los equipos suministrados por la Secretaría. Estas funciones, de
carácter permanente y directamente relacionadas con la gestión administrativa y
contractual, eran desarrolladas bajo la dirección y supervisión constante del
subdirector local y del referente administrativo.
149. Así, dadas las funciones desempeñadas por la demandante, relacionadas
principalmente con la gestión contractual de la Subdirección, se advierte que no
contaba con autonomía para determinar la forma en que debía ejecutar sus
obligaciones, tal como lo señalaron los testigos, pues el carácter documental y
confidencial de la información, así como el uso del software institucional, y el volumen
de trabajo, exigían que las labores se desarrollaran en las instalaciones de la entidad
y conforme a las directrices impartidas por sus funcionarios. Además, debía cumplir
los horarios fijados por el subdirector local y estaba sujeta a la supervisión de otros
empleados de la Secretaría.
150. A ello se suma que las actividades descritas tanto en los testimonios como en las
obligaciones específicas de los contratos se encontraban integradas al funcionamiento
ordinario de la Secretaría Distrital de Integración Social y guardaban relación directa
con su objeto misional, consistente en ser la «encargada de formular e implementar
políticas públicas poblacionales para garantizar el ejercicio de derechos, mediante una
oferta de servicios sociales de calidad y la gestión de alianzas estratégicas con el
sector privado y la cooperación internacional en pro de la inclusión social y productiva,
el desarrollo de capacidades y la mejora de la calidad de vida de las personas en
situación de mayor vulnerabilidad, con un enfoque territorial e intersectorial»66.
151. Asimismo, la naturaleza de las funciones y actividades previamente descritas
exigía que la demandante permaneciera en las instalaciones de la entidad —en su
puesto de trabajo— y cumpliera el horario establecido por el subdirector. Esta
circunstancia no solo fue corroborada por los testigos, sino que también se desprende
de las obligaciones contractuales asumidas, las cuales evidencian que el desarrollo de
sus actividades requería una presencia permanente en la organización institucional de
la demandada.
152. Lo anterior se explica porque la demandante debía efectuar el acompañamiento,
seguimiento y control de los procesos contractuales de la Subdirección local de Suba,
66
Ver enlace https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/entidad/plataforma-estrategica/mision-y-vision
38
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
incluso respecto de personas vinculadas también mediante contratos de prestación de
servicios, así como utilizar los elementos y sistemas de información de la entidad y
observar los deberes de confidencialidad asociados a estos. Tales actividades, por su
naturaleza, debían desarrollarse, en las instalaciones de la demandada y mediante los
recursos institucionales dispuestos para su ejecución, previamente referenciados. A
ello se suman los informes de supervisión y ejecución, que dan cuenta del seguimiento
constante a las labores desarrolladas y de la carga de trabajo asignada, como se
explicará a continuación.
153. Como se anticipó, adicionalmente existen otros elementos demostrativos que
dan cuenta de la inserción de la demandante en la estructura organizacional de la
entidad y constituyen indicios relevantes de subordinación, como lo fueron los informes
de ejecución y supervisión elaborados con ocasión de la labor desempeñada por la
señora Flor Lilia Meneses Meneses. En efecto, dichos documentos no se limitaron a
certificar el cumplimiento formal de los objetos contractuales, sino que registraron la
manera concreta en que aquella desarrollaba sus actividades, su articulación
permanente con las dependencias de la Secretaría y el seguimiento efectuado por sus
superiores —a modo evaluación— respecto de las labores, y la administración del
trabajo debido al aumento de la carga laboral debido a contingencias presentadas en
la entidad.
154. Así, en los informes correspondientes al contrato 5448 de 2015 se consignó que
la demandante desarrollaba actividades propias de los procesos de contratación y que
debía ejecutar sus tareas conforme a los parámetros establecidos por el nivel central.
Incluso, en julio de ese año se recomendó «revisar las tareas a cargo de cada uno de
los funcionarios de manera que se pueda reorganizar las actividades y no haya sobre
cargo de tareas», mientras que en otro informe se dejó constancia de que la contratista
revisaba «las tareas asignadas a las personas a su cargo». A ello se suma que, en
noviembre de 2015, se le requirió mantener informado al coordinador administrativo
sobre las actividades del área y el supervisor manifestó que debía conocer
oportunamente los problemas, correos y reuniones, al señalar: «no se me informa a
tiempo los problemas del área», «no copian correos» y «no me informan de las
reuniones».
155. De igual manera, en diciembre de 2015 se dejó registrado que «los tiempos y la
dedicación en esta área son más de los establecidos para poder cumplir en los tiempos
solicitados por las contingencias», circunstancia que evidencia que la prestación
estaba sometida a exigencias temporales derivadas de las necesidades de la entidad.
Esta dinámica se mantuvo durante la ejecución del contrato 6222 de 2016, pues los
respectivos informes señalaron que la señora Meneses Meneses asistía a reuniones
técnicas, administrativas, jurídicas y de contratación informadas por el supervisor,
recibía matrices autorizadas por el nivel central, atendía solicitudes provenientes de
este y desarrollaba actividades que le eran designadas por el supervisor. Asimismo, la
propia contratista dejó consignado que daba respuesta a «las tareas y directrices
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
trazadas desde Nivel Central» y elaboraba informes de avance «de acuerdo a los
procesos definidos por la Subdirección local de Suba y los parámetros definidos por
Nivel central».
156. Estos elementos, apreciados en conjunto, muestran que la actividad de la
demandante se encontraba integrada al funcionamiento ordinario del área de
contratación, pues no solo debía atender requerimientos periódicos y participar en
reuniones determinadas por la entidad, sino también sujetarse a directrices
provenientes del nivel central y del supervisor, informar de manera continua sobre el
desarrollo de sus labores y responder a exigencias relacionadas con la distribución y
ejecución de las tareas. Tales circunstancias, valoradas en conjunto con las
testimoniales, más allá de la coordinación inherente a un contrato de prestación de
servicios, constituyen elementos indicativos del ejercicio continuado de dirección y
control sobre la forma en que aquella desarrollaba sus funciones.
157. En suma, de los medios de convicción aportados al proceso, en especial de los
testimonios y de los informes de supervisión, no se advierte que la demandante gozara
de la autonomía propia de quien ejecuta un contrato de prestación de servicios. Por el
contrario, el desarrollo de sus actividades estaba sujeto a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar definidas por la entidad, pues debía cumplir el horario establecido, prestar
sus servicios en las instalaciones de aquella —incluso en un puesto de trabajo
asignado— y atender las instrucciones impartidas por sus superiores. Además, recibía
llamados de atención cuando se apartaba de los parámetros previamente
establecidos. De este modo, su margen de autodeterminación para definir la forma en
que debía ejecutar las obligaciones contratadas se encontraba sustancialmente
limitado, circunstancia que constituye un elemento adicional indicativo de
subordinación.
158. Todas estas consideraciones se sustentan en la valoración conjunta de las
cláusulas contractuales, los informes de supervisión y ejecución y, en particular, las
declaraciones testimoniales. Respecto de este último medio de convicción, conviene
precisar que, aunque el Tribunal transcribió extensamente los relatos de los señores
Luis Daniel Navarro Hernández y James Alfonso Vallejo Beltrán y reconoció que
ambos dieron cuenta del cumplimiento de un horario por parte de la demandante y de
la asignación de funciones, finalmente valoró tales declaraciones en los siguientes
términos:
En ese orden de ideas, los testimonios rendidos fueron coincidentes en afirmar, que
las labores que desarrolló la demandante, eran las de auxiliar administrativa en la
Secretaría Distrital de Integración Social, en horarios que incluían de lunes a viernes
de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., cuyas labores eran el manejo de los procesos
precontractuales, contractuales y postcontractuales, informes de ejecución, verificación
de informes mensuales de actividades junto con los soportes de pago a la seguridad
social, labores que se desarrollaban de manera continua y bajo las instrucciones dadas
por su jefe inmediato.
40
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
Sin embargo, para la Sala no son claras las presuntas órdenes impartidas, máxime si
se tiene en cuenta que uno de los testigos, tan solo prestó sus servicios por tres meses
como contratista, no estaban en la misma oficina, nunca fue testigo de un llamado de
atención, y que él sólo le brindaba soporte en la información mensual que debía
entregársele a ella en materia contractual, porque era un tema que manejaban ellos
dos. El cumplimiento de horario obedeció a que debía permanecer allí para brindar la
información requerida, entre otras actividades.
159. Así, se advierte que la valoración probatoria partió de una circunstancia
particular —que Luis Daniel Navarro Hernández laboró en la entidad durante tres
meses— para extraer de ella una conclusión general acerca de la falta de claridad de
las órdenes impartidas y, a partir de ese solo hecho, restar mérito a su declaración, sin
contrastar su contenido con los demás elementos fácticos y probatorios obrantes en el
expediente.
160. A ello se suma que el Tribunal extendió esa conclusión al conjunto de la prueba
testimonial, sin examinar de manera individual la declaración de James Alfonso Vallejo
Beltrán, quien también prestó sus servicios en la entidad y expuso circunstancias que
constituían indicios de subordinación. En otras palabras, el fallador desestimó varias
manifestaciones de los declarantes con fundamento, principalmente, en el breve
periodo durante el cual uno de ellos permaneció vinculado a la entidad omitir el relato
de Vallejo Beltrán, sin efectuar una valoración integral de sus dichos, y la prueba
documental allegada al proceso.
161. Luego de hacer suyo el ejercicio de valoración probatoria efectuado en una
sentencia de esta corporación67 y presentar las consideraciones allí expuestas a una
regla general de apreciación de la prueba testimonial, concluyó que:
En este caso, no existen documentos tales como órdenes o instrucciones, llamados de
atención, invitación u órdenes de asistir a capacitaciones, o circulares, indicando la
forma de realizar las labores; tampoco memorandos, comunicaciones, solicitud y
concesión de permisos, planillas de turnos, entre otros, como ocurre con frecuencia en
las relaciones laborales subordinadas, pues las únicas documentales aportadas al
expediente fueron los contratos de prestación de servicios, los informes de
cumplimiento de actividades mensuales que realizaba la parte actora mes a mes,
planillas del pago a la seguridad social, la petición con la cual se reclamó la existencia
de la relación laboral y el acto administrativo acusado.
162. Sin embargo, la Sala no comparte las consideraciones expuestas por el a quo,
por las siguientes razones:
(a) el ejercicio de valoración probatoria acogido por el Tribunal respondió a las
particularidades fácticas del asunto decidido en aquella oportunidad, las cuales
67
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de mayo de 2020, rad. 050001-23-31-000-
2011-00400-01 (2220-18), M.P. César Palomino Cortés.
41
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
no resultan equiparables a las del presente caso; dado que allí el demandante
ejercía como médico y la prueba testimonial daba cuenta de condiciones
específicas en la prestación del servicio, en particular, de un margen de
autonomía distinto al acreditado en este proceso. A partir de esas circunstancias,
en esa oportunidad se consideró que ese medio de prueba —la sola
declaración— era «insuficiente para la formación del convencimiento sobre la
verificación de la exigida subordinación».
(b) al trasladar ese razonamiento a esta controversia, interpretó de manera
inadecuada dicho precedente, pues lo convirtió en una regla general de
valoración probatoria que, en la práctica, supeditó la acreditación de la
subordinación a la existencia de pruebas documentales, aunque no existe una
norma de la que se desprenda la tarifa probatoria que finalmente predicó;
(c) como se explicó en el marco jurídico de esta decisión, no existe tarifa legal
para demostrar ese elemento de la relación laboral, ni las pruebas documentales
tienen prevalencia o exclusividad frente a los demás medios de convicción, por
lo que su acreditación exige una valoración conjunta y razonada del material
probatorio;
(d) en todo caso, en el expediente obran elementos documentales —entre ellos,
los contratos y los informes de ejecución y supervisión— que, apreciados con las
declaraciones testimoniales, respaldan la existencia de indicios de subordinación;
y
(e) la valoración de los testimonios también fue insuficiente, pues el Tribunal
redujo la fuerza demostrativa de una de las declaraciones por el solo hecho de
que el testigo hubiera prestado sus servicios durante tres meses en la entidad y,
además, omitió estudiar integralmente el otro testimonio, en el que se hizo
referencia expresa a la imposición de un horario, la asistencia obligatoria a las
instalaciones de la entidad y la ausencia de autonomía en la ejecución de las
labores.
163. Finalmente, respecto del argumento expuesto en la contestación de la
demanda, consistente en que el hecho de que el objeto contractual se hubiera
ejecutado en el marco del proyecto de inversión 735, denominado «Desarrollo Integral
de la Primera Infancia», de naturaleza temporal, no desvirtúa la existencia de
subordinación durante el periodo de prestación de los servicios. El carácter transitorio
del proyecto explica el contexto administrativo en el que se celebraron los contratos,
pero no determina, por sí solo, la forma en que estos fueron ejecutados. Por ello, esa
circunstancia no excluye que, durante su desarrollo, la administración hubiera ejercido
actos propios del poder subordinante, como la fijación y control de horarios, la
asignación de tareas y prioridades, la exigencia de asistencia a las instalaciones de la
entidad, el seguimiento permanente de las labores y la sujeción a instrucciones
impartidas por superiores, aspectos que, como se analizó previamente, encuentran
respaldo en el material probatorio. En consecuencia, la temporalidad del proyecto de
inversión no resulta incompatible con la configuración de una relación laboral
encubierta durante el lapso en que se ejecutaron los contratos.
42
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
164. Así, por las razones expuestas a lo largo de la presente decisión, es forzoso
concluir que no se trató del desarrollo de actividades bajo la coordinación de la entidad,
comoquiera que las funciones de la accionante se ejecutaron según las órdenes del
subdirector local —e incluso del referente administrativo—, se reitera, con la
imposición de un horario y la sujeción a las instrucciones para adelantar las
actuaciones administrativas de apoyo a la contratación de personas, para cumplir el
objeto misional de la Secretaría Distrital de Integración Social.
165. En consecuencia, contrario a lo dicho por el Tribunal, la parte actora no era
autónoma en la prestación del servicio, sino que el contrato ocultó una relación laboral,
de modo que debe aplicarse el principio constitucional de primacía de la realidad sobre
las formalidades, previsto en el artículo 53 de la Carta Política. Además, la demandante
estuvo vinculada aproximadamente por 3 años mediante contrato, de modo que la
prestación del servicio no fue temporal, lo que desconoce el numeral 3 del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, puesto que el instrumento contractual debe suplir una necesidad
temporal, tal como lo estableció el fallo de unificación del 9 de septiembre de 202168.
166. Debe decirse que la temporalidad y excepcionalidad son la esencia de los
contratos de prestación de servicios. Con ellos no pueden suplirse, de manera
definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades. Así pues, el
contrato de prestación de servicios debe celebrarse solo por el término estrictamente
indispensable para cumplir su objeto, lo que excluye su uso prolongado, encadenado
o sucesivo para cubrir funciones permanentes dentro de la entidad 69 . En caso
contrario, se trata de una relación laboral subordinada.
167. Finalmente, frente al argumento de la demandante según el cual se vulneró su
derecho al debido proceso porque la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta
los alegatos de conclusión, la Sala advierte que le asiste razón en cuanto a que dicho
escrito sí fue presentado oportunamente. En efecto, contrario a lo señalado por el
Tribunal, la parte demandante remitió sus alegatos el 18 de agosto de 202270. No
obstante, esta circunstancia no conduce, por sí sola, a concluir que se configuró la
vulneración alegada, toda vez que los planteamientos expuestos en dicho memorial
fueron considerados por esta Sala al efectuar el estudio integral del recurso de
apelación y de los medios de prueba obrantes en el expediente, valoración que,
precisamente, condujo a acceder a las pretensiones de la demanda en esta instancia.
En consecuencia, la omisión advertida en la sentencia apelada fue objeto de
consideración en segunda instancia al resolver de fondo la controversia.
168. En síntesis, se desprende que del 22 de enero de 2014 hasta el 6 de octubre
68
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
69
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
70
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, índice 50.
43
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
de 2016 (salvo interrupciones), la parte interesada demostró la existencia de la relación
laboral con las pruebas documentales y testimoniales.
• De la prescripción
169. En atención a que la Sala estableció la configuración de los tres elementos de
la relación laboral, procede el estudio de la prescripción, como resultado del
reconocimiento de la relación laboral encubierta. Sobre el particular, el fallo de
unificación del 9 de septiembre de 202171 dispuso el término de 30 días hábiles «como
indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios» y solo para la prescripción de los derechos laborales.
170. A su vez, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201672 estableció que
el interesado en el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales debe reclamar en los tres años siguientes a la terminación del vínculo
contractual.
171. De conformidad con las reglas jurisprudenciales expuestas, corresponde
identificar los periodos durante los cuales la prestación del servicio se desarrolló sin
solución de continuidad y aquellos en los que se presentaron interrupciones superiores
a 30 días hábiles. Una vez delimitados esos lapsos, deberá verificarse si la
demandante formuló su reclamación dentro de los tres años siguientes a la finalización
de cada vínculo continuo.
172. En el presente asunto, las pruebas analizadas al resolver el primer problema
jurídico permitieron establecer los siguientes periodos durante los cuales se acreditó
la existencia de una relación laboral encubierta, así como las interrupciones existentes
entre uno y otro vínculo:
Contrato Plazo Fecha inicial Fecha final
9 meses (prórroga de
4959 71 y 31 días, 22/01/2014 31/01/2015
respectivamente)
Interrupción de 10 días hábiles
11 meses (prórroga
5448 16/02/2015 28/02/2016
de 44 días)
Interrupción de 5 días hábiles
6222 7 meses 07/03/2016 06/10/2016
Tabla 6. Relación de contratos de prestación de servicios con interrupciones.
173. Del análisis de los contratos de prestación de servicios, bajo el parámetro
71
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
72
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, proceso con radicado 23001-23-000-
2013-00260-01 (0088-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
44
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
establecido por la jurisprudencia para determinar la continuidad de la vinculación, la
Sala no identificó interrupciones superiores a treinta días hábiles.
174. En el caso objeto de estudio, la demandante presentó la reclamación
administrativa el 16 de julio de 2018. Para esa fecha no habían transcurrido tres años
desde la terminación del contrato, como tampoco existían lapsos superiores a 30 días.
En consecuencia, la petición interrumpió oportunamente la prescripción respecto de
las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta durante el periodo
reclamado.
175. Por tanto, procede el pago de las prestaciones sociales causadas entre el 22 de
enero de 2014 hasta el 6 de octubre de 2016 (salvo interrupciones). Igualmente, se
hace la salvedad que los aportes a pensión son imprescriptibles.
• Del restablecimiento del derecho – reconocimiento salario y prestaciones
sociales
176. La accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que,
por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral, debieron
liquidarle como: vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías; entre otras. Para ello,
debe tenerse como base el salario de un empleado de planta que desarrollara sus
mismas funciones o fuera de similar categoría, para el período de vinculación del 22
de enero de 2014 hasta el 6 de octubre de 2016 (salvo interrupciones).
177. Ciertamente, para poder concluir que existió una relación laboral, uno de los
indicios a evaluar consiste en estudiar si las actividades contractuales también son
realizadas por los servidores de planta. Por ello, el fallo de unificación73 explicó que
«el hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la
entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente». Así entonces, este análisis materializa el principio de «a trabajo igual,
salario igual»74. Por consiguiente, en sana lógica lo razonable es que se acuda al
salario del cargo en planta respecto del cual se hace la comparación.
178. Salario como base de liquidación. La Subsección precisa que no se acude a
los honorarios, en tanto, son fijados a través de un acuerdo de voluntades en el marco
de una relación contractual, que también dependen de los estudios previos75 de la
73
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016).
74
Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 143. 1. «A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones
de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que
se refiere el artículo 127».
75
En el fallo de unificación del 9 de septiembre de 2021 se acudió a los estudios previos para que debían justificar
la necesidad temporal para celebrar el contrato de prestación de servicios. Por ello, en la primera regla de
45
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
entidad para celebrar el contrato. Aspectos que, a juicio de la Sala, son diferentes a
los criterios especializados que se tienen en cuenta para fijar los salarios en el sector
público. Ciertamente, en materia salarial existe una competencia compartida entre el
legislador que dicta las leyes marco y el Gobierno nacional, como lo señala el literal e)
del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política.
179. En efecto, esta Sala ha venido considerando que, como consecuencia de la
declaratoria de la existencia de la relación laboral, en virtud del mencionado principio,
la base para calcular las prestaciones debe corresponder al salario del cargo en la
planta de personal, así76:
Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual, salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de
los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad,
cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones,
sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis
distintas.
En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Carlos Alberto Díaz Guzmán debía ser remunerada conforme
con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas.
Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.
180. Sin embargo, de forma residual, solamente cuando en la planta de personal no
haya un cargo con funciones iguales o equivalentes, la base de liquidación de las
prestaciones sociales será el valor de los honorarios.
Descendiendo al caso concreto, no es posible acceder a la pretensión del demandante
de liquidar las prestaciones sociales dejadas de percibir durante la relación contractual
con base en los honorarios pactados en los contratos. En su lugar, de acuerdo con lo
anterior, se ordenará a la demandada el pago de dichas prestaciones laborales con
base en el salario de un funcionario de planta equivalente, con la salvedad de que si
no existe un cargo con funciones comparables, utilizará los honorarios pactados en los
unificación se determinó que «el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de
acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia».
Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
76
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
respectivos contratos.
181. Indemnización por despido injustificado: como se indicó en renglones
anteriores y de conformidad con el precedente de esta Sección, la aplicación del
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades no confiere, por sí sola, la
calidad de empleado público a quien prestó sus servicios mediante contratos de
prestación de servicios. En consecuencia, no resulta procedente reconocer la
indemnización por despido injustificado solicitada, pues la terminación del vínculo
obedeció al vencimiento de los plazos contractualmente pactados y no a una decisión
unilateral de la administración que pueda asimilarse a un despido.
182. Aportes a pensión: La parte demandada debe calcular el ingreso base de
cotización (IBC) pensional, que corresponde a los salarios de un empleado de planta
que haya desarrollado sus funciones iguales o equivalentes en todo el periodo de
vinculación, entre el 22 de enero de 2014 hasta el 6 de octubre de 2016 (salvo
interrupciones) cuya equivalencia se determinará con base en el salario
correspondiente al empleo cuyas funciones resulten equiparables a las desarrolladas
en cada fase de los contratos suscritos —profesionales o de apoyo logístico—.La
entidad deberá cotizar al respectivo fondo pensional el porcentaje que le correspondía
como empleador. Si no existe un cargo de planta con funciones iguales o equivalentes,
la base debe corresponder a los honorarios.
183. Con fundamento en ello, deberá calcular, mes a mes, el ingreso base de
cotización (IBC) pensional de la demandante y establecer si existe alguna diferencia
entre los aportes efectuados por esta en calidad de contratista y aquellos que debieron
realizarse. De existir un saldo, la entidad deberá cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante. Para tal efecto, la demandante deberá acreditar las
cotizaciones efectuadas al sistema durante la vigencia de los vínculos contractuales y,
si no las realizó o existe una diferencia a su cargo, deberá pagar o completar, según
corresponda, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta providencia.
184. Lo anterior, como lo ha precisado esta Subsección, «a pesar de que se haya
declarado a su favor la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, en
función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son de obligatorio pago y recaudo
para un fin específico y por tanto no constituyen un crédito a favor del interesado»77.
Por ello, no es posible reconocerle titularidad alguna sobre esos recursos78.
185. Aportes a caja de compensación: En la demanda se solicitó el reconocimiento
de los aportes a caja de compensación familiar. Sobre este particular, la Sala advierte
que su reconocimiento directo en favor de la demandante resulta improcedente. Ello
77
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
78
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2016, rad. 76001-23-
33-000-2012-00288-01 (3681-2013), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
47
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
es así porque, conforme a la Ley 21 de 1982, dichos aportes son recursos parafiscales
destinados al financiamiento del subsidio familiar y a la prestación de servicios de
seguridad social, administrados por las cajas de compensación familiar bajo la
vigilancia del Estado.
186. Por tanto, tales aportes no constituyen salario ni acreencias laborales
susceptibles de incorporarse al patrimonio del trabajador. Su naturaleza pública y
destinación legal específica excluyen la posibilidad de ordenar el pago directo a la
actora, pues no remuneran la prestación personal del servicio, sino que atienden
finalidades propias del Sistema de Seguridad Social.
187. Así entonces, considera la Sala que es improcedente el reconocimiento en
dichos términos, en tanto, la naturaleza de las mencionadas cotizaciones es de
carácter parafiscal, y no están destinados a incrementar el patrimonio de la accionante
como consecuencia de la prestación de sus servicios, sino que representan un recurso
público cuyo uso abarca diferentes funciones dentro de las que se encuentra la
atención de las prestaciones y servicios de la seguridad social79.
188. Aportes en salud y riesgos laborales: Así, en lo relativo al reconocimiento de
estos aportes, la Sala advierte que dicha pretensión de la apelación no tiene vocación
de prosperidad. Si bien la declaratoria de una relación laboral encubierta permite
reconocer, a título de restablecimiento del derecho, las prestaciones sociales de orden
legal que habría percibido quien desempeñó funciones en condiciones similares a las
de un empleado público, ello no implica que puedan ordenarse pagos directos al
demandante por conceptos propios del Sistema de Seguridad Social Integral.
189. En efecto, los riesgos laborales corresponden a una prestación cuya cobertura
está a cargo del respectivo sistema y exige, para su asunción, la afiliación y cotización
correspondiente. Además, conforme con la regla establecida en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, los aportes a salud y riesgos laborales tienen
naturaleza parafiscal, son de recaudo obligatorio y destinación específica, por lo que
no constituyen un crédito a favor del contratista. En consecuencia, no hay lugar a
ordenar su devolución ni su pago directo a la actora.
190. Así, la Sala precisa que la declaratoria de una relación laboral encubierta no
autoriza la devolución de los aportes que la accionante efectuó al Sistema de
Seguridad Social en calidad de contratista. El restablecimiento del derecho, en esta
materia, se contrae a que la entidad demandada asuma los porcentajes que le
correspondían como empleadora durante los periodos en los que se acreditó el vínculo
laboral.
191. En ese sentido, la orden judicial no ampara el reintegro de los dineros ya
79
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
pagados por el trabajador, sino el reconocimiento de las cotizaciones adeudadas que
puedan incidir en la consolidación de su historia laboral y en la liquidación de su
eventual derecho pensional. Lo relevante, entonces, no es devolver a la demandante
los aportes que legalmente debía realizar como afiliada, sino garantizar que el
empleador asuma la carga contributiva que omitió por la relación de trabajo
comprobada.
192. Por ello, la administración deberá verificar, mes a mes, si existe diferencia entre
los aportes realizados por la demandante y aquellos que debieron efectuarse con
ocasión del vínculo laboral declarado. En caso afirmativo, deberá cotizar al respectivo
fondo o administradora únicamente la suma faltante, en el porcentaje que le
correspondía como empleadora.
193. Esta conclusión se explica por la naturaleza parafiscal de los aportes al Sistema
de Seguridad Social. Tales recursos son de pago obligatorio, tienen una destinación
específica y no constituyen un crédito a favor del interesado. Por tanto, no pueden
convertirse en un beneficio económico directo, aun cuando se haya declarado la
existencia de una relación laboral subyacente. Así lo ha determinado la presente
Sección, en un caso similar al caso bajo estudio80:
[...]en todo caso, no resulta procedente la devolución de los aportes a salud que efectuó
como contratista, comoquiera que estos fueron debidamente cotizados al sistema general
de Seguridad Social, al existir una obligación legal de realizar dicha contribución y ante su
carácter parafiscal.
[…]
Teniendo en cuenta ello, la orden contenida en el numeral cuarto de la sentencia de
primera instancia, en la que se dispuso que el municipio debía «reconocer y pagar en favor
de la demandante los porcentajes de cotización correspondientes a salud y pensión que
debió trasladar a los fondos respectivos» resulta desproporcionada y contraría las reglas
jurisprudenciales sentadas por esta Corporación.
Las anteriores consideraciones se hacen extensivas a las cotizaciones que hubiese
realizado la señora Peña Sánchez a título de riesgos laborales, pues estos también
ostentan naturaleza parafiscal, es decir pública, y por tanto su destinación es específica
debiendo ser invertidos en las obligaciones previstas en la ley.
Resta precisar que según lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.2.2 del Decreto 1072 de 2015,
para todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de
servicios con una duración superior a un (1) mes la afiliación a una ARL es obligatoria,
luego el pago de los aportes constituye un deber legal para la suscripción y
perfeccionamiento del contrato sin la cual no hubiera podido ejecutarse.
80
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de octubre de 2022, rad. 66001-23-33-
000-2018-00121-01 (2999-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
194. En consecuencia, no hay lugar a ordenar en favor de la demandante la
devolución de los aportes efectuados, ni pagarle directamente las cotizaciones por
riesgos laborales.
195. Respecto de la sanción moratoria solicitada debido al pago tardío de las
prestaciones, la Sala estima que no hay lugar a su reconocimiento, toda vez que la
obligación de pago surge con esta sentencia, en la cual se efectúa el reconocimiento
de la relación laboral existente entre las partes. Sobre el particular, se resalta que esta
providencia tiene el carácter de constitutiva, razón por la que a partir de su ejecutoria
es que comienzan a contabilizarse los términos para reclamar los derechos que ella
genera81.
196. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, que negó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará únicamente la nulidad del
oficio [12330] del 1 de agosto de 2018. Lo anterior, por cuanto los demás actos
demandados —esto es, los del 22 de agosto de 2018, 28 de marzo de 2019, 1.º y 3 de
abril de 2019 y 5 de abril de 2019— son actos de trámite expedidos con posterioridad
a aquella decisión, encaminados a procurar su notificación, sin contener una
determinación definitiva susceptible de control judicial autónomo. Como consecuencia
de la nulidad declarada y a título de restablecimiento del derecho, se ordenará el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales en los términos previamente
expuestos.
4. Conclusión
197. La señora Flor Lilia Meneses Meneses acreditó la existencia de una relación
laboral con el Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social, durante el
periodo comprendido entre el 22 de enero de 2014 y el 6 de octubre de 2016, salvo
sus interrupciones. En efecto, demostró la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación, esta última reflejada en el cumplimiento de una
jornada, la sujeción a instrucciones y controles de sus superiores, la inserción en la
estructura organizacional de la entidad y el desarrollo permanente de actividades
relacionadas con los procesos administrativos y contractuales de la Subdirección Local
para la Integración Social de Suba.
198. Por consiguiente, procede el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales legales causadas durante dicho periodo, liquidadas con fundamento en el
salario de un empleado de planta que desempeñe funciones iguales o equivalentes o,
en su defecto, con base en los honorarios pactados.
199. No operó la prescripción, dado que la reclamación administrativa fue presentada
dentro de los tres años siguientes a la terminación del vínculo y las interrupciones entre
81
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de agosto de 2026, rad. 25000-23-42-
000-2020-00789-01 (2016-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo
50
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
los contratos no superaron los treinta días hábiles.
5. Costas
200. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 82 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 4 de mayo de 2023, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. En su lugar, declarar la nulidad del oficio [12330] del 1 de agosto de 2018,
por las razones expuestas en esta decisión.
Tercero. Ordenar al Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social, a título
de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar a la demandante las prestaciones
sociales de orden legal a las que tiene derecho un empleado, causadas entre el 22 de
enero de 2014 y el 6 de octubre de 2016, salvo las interrupciones acreditadas. Para su
liquidación, deberá tomar como referente el salario de un empleado de planta que
desempeñara funciones iguales o equivalentes a las ejecutadas por la demandante
durante dicho período. Si no existe un cargo de planta con tales funciones, la
82
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
51
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
liquidación se efectuará con base en los honorarios pactados.
La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial.
Cuarto. El Distrito Capital – Secretaría Distrital de Integración Social deberá efectuar
las cotizaciones al Sistema General de Pensiones correspondientes a todo el periodo
en que se acreditó la existencia de la relación laboral, con exclusión de los lapsos de
interrupción establecidos en esta providencia. Para ello, tomará como base los salarios
devengados por un empleado de planta que desempeñe funciones iguales o
equivalentes a las desarrolladas por la demandante y, si no existe un cargo con
funciones comparables, utilizará los honorarios pactados en los respectivos contratos.
Con fundamento en lo anterior, la entidad calculará, mes a mes, el ingreso base de
cotización (IBC) pensional y establecerá la diferencia entre los aportes efectuados por
la demandante como contratista y aquellos que correspondía realizar durante la
relación laboral reconocida. Si existe un saldo, deberá cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante. A su vez, la demandante deberá acreditar las cotizaciones
realizadas al Sistema durante la vigencia de los vínculos contractuales y, si no las
efectuó o existe una diferencia a su cargo, deberá pagar o completar, según
corresponda, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.
Quinto. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
52
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01231-01 (4721-2023)
Demandante: Flor Lilia Meneses Meneses
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Integración Social
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
53
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