Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00715-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00715-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00715-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
Demandados: Municipio de Pereira
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
Asunto
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Carlos Alberto Díaz Guzmán presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 26632 del 31 de mayo de 2019, por medio del
cual el secretario de educación del municipio de Pereira le negó la existencia de
una relación laboral por sus servicios como vigilante y/o conserje entre el 15 de
junio de 2013 y 31 de diciembre de 2018 y el pago de las prestaciones laborales
que se derivaban de ella.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que: i) se declarara la existencia de la relación laboral entre las partes por el
período reclamado; ii) se concedieran las prestaciones sociales de ley que
devengaba un empleado de planta que desempeñaba sus funciones, tales como
cesantías y sus intereses, primas de servicios, navidad y vacaciones, auxilio de
transporte, subsidio de alimentación, compensación de vacaciones, bonificación
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
por recreación, dotación de calzado y vestido de labor, horas extras, dominicales,
festivos y recargos; iii) se pagaran los aportes efectuados a seguridad social (salud,
pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar); iv) se reconociera el
tiempo laborado para efectos pensionales, así como la indemnización moratoria
por el no pago de salarios y prestaciones; v) se indexaran y actualizaran las sumas
que resultaren; y vi) se condenara en costas a la parte vencida.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Carlos Alberto Díaz Guzmán laboró de manera ininterrumpida como vigilante
y/conserje al servicio de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira del
15 de junio de 2013 al 31 de diciembre de 2018 a través contratos de prestación
de servicios y de una empresa de servicios temporales (entre 2010 y 2011),
período en el que realizó sus funciones de manera personal, bajo la continua
dependencia y subordinación de los rectores de los colegios en los que prestó sus
servicios (Manos Unidas, Las Brisas, Lestonac, Kennedy, Gimnasio Risaralda y
Centenario), dentro de unos horarios en los turnos impuestos de 12 horas (6:00
am a 6:00 pm o viceversa), incluso en dominicales y festivos, y con una
remuneración pactada.
• Dentro de las actividades que desempeñó se encontraban las de custodiar y
cuidar el área o zona de la institución que se le había designado, controlar la
entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel educativo y velar por
el mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes del establecimiento,
entre otras.
• Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por
ley, propias de los empleados que ejercían sus funciones, no le fueron reconocidas
y tuvo que pagar por cuenta propia la seguridad social.
• A través del Oficio 26632 del 31 de mayo de 2019, el secretario de educación del
municipio de Pereira le negó la existencia de una relación laboral por sus servicios
como vigilante y/o conserje entre el 15 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2018
y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53, 90, 209, 229, 300,
numeral 7, de la Constitución Política; 1, 2 y 20 del Decreto 2127 de 1945; 1, 5, 6
y 8 del Decreto 3135 de 1968; y 23, 35 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; las
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Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
leyes 21 de 1982; 50 de 1990; y 100 de 1983; y los decretos 1848 de 1969; y 1295
de 1994.
En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:
• Con la negativa del municipio de Pereira se quebrantó el principio constitucional
de la primacía de la realidad sobre las formalidades, no obstante haberse
configurado los elementos propios de una relación laboral; además, vulneró el
artículo 53 de la Constitución Política, toda vez que se acreditó la existencia de un
trabajo desarrollado de manera personal como vigilante y/o conserje, permanente
y subordinado o dependiente respecto de los rectores de los colegios en los que
laboró, consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartirle órdenes en relación con la labor contratada, bajo la fijación de un horario
de trabajo por turnos para la prestación de sus servicios y con una remuneración
mensual como retribución por las labores que realizaba.
• El trato que se le dio vulneró el principio de igualdad, el derecho al trabajo y demás
garantías laborales, toda vez que desempeñó idénticas funciones que un
empleado de planta, pero no recibió las prestaciones económicas que estos
percibían.
• El contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se
demuestre la subordinación o dependencia respecto del empleador, evento en el
cual surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la prevalencia de la realidad sobre las formas en las
relaciones de trabajo.
• Bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios se pretendió desdibujar
el vínculo laboral que rigió la relación con el municipio demandado y así evitar la
carga prestacional a la cual tenía derecho el demandante.
• Así entonces, entre Carlos Alberto Díaz Guzmán y el municipio de Pereira existió
una relación laboral por el período en que trabajó como vigilante y/o conserje, esto
es del 15 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2018, lo que le generó el derecho al
pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que procedían de
ella.
1.2. Contestación de la demanda
2 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 21, actuación «Expediente Digital», documento
«1_001CUADERNO1(.PDF) NroActua 21».
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Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
El municipio de Pereira contestó la demanda de manera extemporánea3.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia del
17 de marzo de 2022 accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.
Al efecto dispuso lo siguiente4:
«1. Declárase no probada la excepción de prescripción trienal de los derechos
laborales, de conformidad con lo argumentado en la parte motiva de esta sentencia.
2. Se declara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio número 26632
del 31 de mayo de 2019, por medio del cual el Municipio de Pereira niega el
reconocimiento de la relación laboral reclamada por el actor, y el pago de prestaciones
sociales correspondientes, conforme los argumentos expuestos en la parte
considerativa de la presente providencia.
3. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se condena al Municipio de Pereira, a pagar en favor del demandante las
prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, tomando como base
los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios
correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación
laboral, es decir, entre el 15 de junio de 2013 al 29 de octubre de 2013, del 1 de
noviembre de 2013 al 30 de diciembre de 2013, del 2 de enero de 2014 al 30 de julio
de 2014, del 1 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2014, del 2 de enero de 2015
al 30 de enero de 2016, del 1 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 2 de
enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017, del 3 de enero de 2018 al 30 de diciembre
de 2018, dentro del marco de las consideraciones del presente proveído.
4. Igualmente, se condena a la entidad demandada al pago compensatorio en dinero,
en favor del demandante, de las dotaciones de vestido y calzado de labor causadas
entre 15 de junio de 2013 al 29 de octubre de 2013, del 1 de noviembre de 2013 al 30
de diciembre de 2013, del 2 de enero de 2014 al 30 de julio de 2014, del 1 de agosto
de 2014 al 31 de diciembre de 2014, del 2 de enero de 2015 al 30 de enero de 2016,
del 1 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 2 de enero de 2017 al 30 de
diciembre de 2017, del 3 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018 , por las razones
expresadas en la parte considerativa de esta providencia.
5. La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los
contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional del actor,
mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquel
como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, se ordena cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo
en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos, la
parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los
3 Según constancia de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda del 12 de marzo de
2021. Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 21, actuación «Expediente Digital»,
documento «4_004INGRESODESPACHO(.PDF) NroActua 21».
4 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 27, actuación «Sentencia Primera Instancia»,
documento «17_017SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 27».
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vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el
porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de
esta providencia.
6. El tiempo laborado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, se
debe computar para efectos pensionales.
7. Se condena a las demandadas a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor del demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará lo
señalado en la parte motiva de este fallo.
8. La entidad demandada darán cumplimiento al presente fallo en los términos referidos
en el artículo 192 del CPACA.
9. Niéganse las demás súplicas de la demanda, por las razones expresadas en este
proveído.
10. Sin costas en esta instancia, por las razones vertidas en esta providencia.
(…)». (Sic).
Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:
• En atención a los testimonios, contratos de prestación de servicios y las demás
pruebas documentales, es posible declarar la relación laboral entre las partes por
los periodos comprendidos entre el 15 de junio de 2013 al 30 de diciembre de 2018,
salvo sus interrupciones, toda vez que se acreditaron los elementos para su
configuración, esto es la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación o dependencia.
• Lo anterior, toda vez que Carlos Alberto Díaz Guzmán i) realizó sus actividades
de forma personal en las instituciones educativas en las cuales fue asignado por
el municipio de Pereira; ii) en los contratos de prestación de servicios suscritos
entre las partes se pactó una remuneración por las labores desarrolladas; iii) no
tenía libertad para realizar las funciones encomendadas, las que fueron prestadas
en un horario por turnos de 12 horas, el cual era impuesto, permanente y continuo;
y iv) las tareas que desempeñó fueron conforme con las órdenes y directrices
impartidas por los rectores de los colegios en las que prestó los servicios, las que
no podían ser ejecutadas de manera autónoma e independiente.
• Así entonces, el actor tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones legales
generadas con ocasión de sus servicios, las que se liquidarán con base en los
honorarios derivados de los contratos de prestación de servicios. Asimismo, al
cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales.
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Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
• No operó el fenómeno jurídico de la prescripción, toda vez que reclamación de
los períodos contractuales tuvo lugar dentro del término de 3 años siguientes a la
culminación de las relaciones respectivas, en los que no se presentaron
interrupciones superiores a 30 días hábiles.
• Hay lugar al reconocimiento de la dotación de vestido y calzado de labor causadas
del 15 de junio de 2013 al 29 de octubre de 2013, del 1 de noviembre de 2013 al
30 de diciembre de 2013, del 2 de enero de 2014 al 30 de julio de 2014, del 1 de
agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2014, del 2 de enero de 2015 al 30 de enero
de 2016, del 1 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 2 de enero de
2017 al 30 de diciembre de 2017, del 3 de enero de 2018 al 30 de diciembre de
2018, pues en estos lapsos la remuneración del actor fue inferior a 2 veces el
salario mínimo legal mensual vigente.
• Es improcedente el reconocimiento: i) de la devolución de los aportes al sistema
de seguridad social, en tanto su contribución es obligatoria con una destinación
específica y con carácter parafiscal; ii) de las cotizaciones efectuadas a la caja de
compensación familiar, toda vez que no se demostró que el actor era beneficiario
de los planes con los que cuentan dichas entidades por este concepto; iii) del
trabajo suplementario, pues no se observó en el expediente material probatorio
que acreditara su configuración; iv) del auxilio de transporte, en consideración a
que no están demostrados los presupuestos que exige la norma para ser su
acreedor; v) de la prima de servicios y el auxilio de alimentación, puesto que su
aplicación es exclusiva para los empleados del orden nacional y el actor prestó sus
servicios para una entidad territorial; y vi) de la sanción e indemnización moratoria
por falta de pago de salarios y prestaciones, por cuanto el derecho surge a partir
de la ejecutoria de la sentencia y que se radica a cargo del verdadero empleador
la obligación de pago de tales emolumentos.
• No hay lugar a la condena en costas, en la medida en que no se encontraron
acreditadas y no existió conducta alguna que ameritara su imposición, en
consideración a las previsiones de los artículos 188 del CPACA y 365 del Código
General del Proceso5.
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. Carlos Alberto Díaz Guzmán6 apeló la sentencia de primera instancia al
5 En adelante CGP.
6 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 21, actuación «Expediente Digital», documento
«1_001CUADERNO1(.PDF) NroActua 21».
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Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
considerar que tiene derecho a la devolución a su favor de los aportes efectuados
a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación
familiar), al auxilio de transporte y al reconocimiento de la indemnización moratoria.
Por su parte, se encuentra inconforme con la decisión de no condenar en costas a
la entidad demandada.
1.4.2. El municipio demandado interpuso recurso de apelación con fundamento en
los siguientes argumentos7:
• La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, normativa que autorizó a las entidades públicas para celebrar
contratos de prestación de servicios con el objeto de realizar actividades no
solamente de carácter permanente, sino las que de manera excepcional se
requieran para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y estas no puedan realizarse con el personal de
planta o requieran conocimientos especializados; no obstante, estos no generan
un vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.
• Existió una indebida valoración de las pruebas, pues no se demostró la
acreditación de los elementos para la declaratoria de la relación laboral entre las
partes.
• El hecho de que la entidad demanda tuviera injerencia y hubiese regulado el
cumplimiento de las labores desempeñadas por el actor, no es un aspecto que
permitiera la configuración de una relación de subordinación entre las partes, toda
vez que se trató de una relación coordinada entre el contratista y el contratante con
el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
7 Ibidem.
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Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
2.1. Los problemas jurídicos
Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a
determinar ¿si existió una relación laboral entre Carlos Alberto Díaz Guzmán y el
municipio de Pereira? y ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones derivadas de esa relación laboral y al reajuste salarial?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
Por su parte, el Decreto 2209 de 19988 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de
planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
8 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
8
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Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral,
entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la
norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)9 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización10, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
9 Aprobada el 11 de abril de 1919.
10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»11 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del CST señala los elementos esenciales
del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos
o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
11 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación12 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales13». (Resalta la Sala).
Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación
y dependencia del trabajador respecto del empleador.
Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
13 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
11
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202114 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
12
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Lo probado dentro del proceso
Al expediente se aportaron los siguientes documentos15:
• Constancias del 25 de abril de 2019 y 21 de diciembre de 2016, expedidas por la
directora administrativa de prestación del servicio educativo y administración de
plazas docentes del municipio de Pereira, certificación del 23 de abril de 2019,
suscrita por el profesional especializado de la Secretaría de Educación de ese
municipio, y contratos de prestación de servicios, junto con sus actas de inicio,
según los cuales entre el demandante y la entidad se suscribieron los siguientes:
Contrato de
Valor Interrupción
prestación de Duración Objeto
mensual días hábiles
servicios
15-06-2013
1110696 $1.134.640 a -
14-08-2013
15-08-2013
11101440 $1.134.640 a -
14-09-2013
15-09-2013
11102102 $1.134.640 a -
14-10-2013
15-10-2013
11102423 $567.320 a -
29-10-2013
01-11-2013
11102722 $1.134.640 a 2
30-12-2013
02-01-2014
11100063 y
$1.134.640 a 1
adición
30-06-2014
01-07-2014
11100742 a «Prestación de servicios para -
$1.134.640 realizar actividades de apoyo
30-07-2014
operativo y asistencial en uno de
01-08-2014
los Establecimientos Educativos
11101411 $1.134.640 a 1
Oficiales del Municipio de Pereira
31-10-2014
o donde la Secretaría de
11101918 $1.134.640 01-11-2014 -
15 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 21, actuación «Expediente Digital»,
documento «1_001CUADERNO1(.PDF) NroActua 21».
13
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
a Educación Municipal lo requiera».
31-12-2014 (Sic).
02-01-2015
11100079 $1.168.679 a -
01-04-2015
02-04-2015
11100877 $1.168.679 a -
15-06-2015
16-16-2015
11101362 $1.168.679 a -
31-12-2015
01-01-2016
000061 a -
$1.168.679
30-01-2016
01-02-2016
11100629 $1.168.679 a -
31-12-2016
02-01-2017
4 $1.168.679 a -
01-03-2017
02-03-2017
1912 $1.168.779 a -
30-12-2017
03-01-2018
32 y adición $1.218.698 a 1
30-12-2018
En los contratos de prestación de servicios se pactaron, entre otras, las siguientes
obligaciones:
«1. Controlar el ingreso del personal autorizado. 2. Comunicar al supervisor en forma
oportuna sobre las inconsistencias y anomalías relacionadas con los asuntos
elementos o situaciones operativas que se presenten en desarrollo de sus actividades.
3. Realizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo
las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo». (sic).
«1. Orientar y atender el cliente interno y externo. 2. Prestar apoyo logístico dentro del
Establecimiento Educativo previo conocimiento del supervisor según la necesidad. 3.
Comunicar al supervisor en forma oportuna sobre las inconsistencias y anomalías
relacionadas con los asuntos, elementos o situaciones operativas que se presenten en
desarrollo de sus actividades. 4. Realizar las actividades objeto del contrato a suscribir
en forma proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo
respectivo». (Sic).
• En los contratos se estableció que «la supervisión del presente contrato será ejercida
por el Municipio de Pereira, a través del supervisor que para el efecto designe el Secretario
de Educación Municipal, quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento».
(Sic).
• Desprendibles de liquidación de nómina expedidos por el municipio de Pereira a
favor Carlos Alberto Díaz Guzmán para los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Así
como las órdenes de pago firmadas por la secretaria de hacienda y finanzas
14
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
públicas de ese municipio, a nombre de aquel, por los contratos de prestación de
servicios de los años 2017 y 2018.
• Oficios del 14 de junio de 2013, 1º de febrero de 2016, 25 de mayo de 2016, 2 de
marzo de 2107, 17 de mayo de 2017, suscritos por el secretario de educación del
municipio de Pereira y dirigidos a los rectores y/o directores rurales de los
establecimientos educativos Manos Unidas, Jesús de la Buena Esperanza,
Centenario y Gimnasio Risaralda, respectivamente, a través de los cuales se les
asignó de la supervisión de los contratos de prestación de servicios suscritos por
el actor.
• A través de escrito radicado el 14 de mayo de 2019, Carlos Alberto Díaz Guzmán
solicitó al municipio de Pereira que se reconociera la existencia de una relación
laboral entre las partes por el período comprendido entre el 15 de junio de 2013 y
el 31 de diciembre de 2018 y el pago de las prestaciones laborales que se
derivaban de ella. Esta petición fue negada a través del Oficio 26632 del 31 de
mayo de 2019, suscrito por el secretario de educación del municipio, toda vez que
«el tipo de vinculación que el señor Díaz Guzmán identificado con CC. 10.084.724, tuvo
con la Alcaldía Municipal, no cumple con los requisitos establecidos para que se le
reconozcan las prestaciones sociales solicitadas, esto es cesantías, vacaciones, primas,
horas extras, recargos nocturnos y todo aquello que constituya factor salarial pues se le
reitera que en ningún caso los contratos de prestación de servicios generan relación
laboral alguna».
• En la audiencia de pruebas celebrada el 8 de septiembre de 2021, se recibió el
testimonio de Marco Emilio Buitrago Galvis, solicitado por el demandante, del cual
se extrae lo siguiente:
Marco Emilio Buitrago Galvis bachiller académico y ha trabajado hace más de
20 años como vigilante y/o conserje para unos colegios del municipio de Pereira a
través de contratos de prestación de servicios. No tenía relación de parentesco con
el demandante.
Fue compañero de trabajo del actor entre el 2013 y el 2015, aproximadamente, en
la Institución Educativa Manos Unidas del municipio de Pereira. Ambos eran
vigilantes y/o conserjes.
Dentro de las funciones que desarrollaba el demandante se encontraban las de
vigilancia del colegio, abrir y cerrar la puerta, estar pendiente de quienes entraban
o salían y de los bienes de la institución, entre otras. Lo anterior, en los turnos de
trabajo que le asignaba el rector, los cuales eran de 12 horas (6:00 am a 6:00 pm
15
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
y viceversa), ya fuera de día o de noche, de lunes a viernes, sábados, domingos y
festivos.
El demandante se desempeñó través de contratos de prestación de servicios y
tenía como jefe inmediato el rector del colegio, el que le daba órdenes directas
para la prestación de sus labores y a quien debía pedirle permiso para ausentarse
de su sitio de trabajo para asistir a citas médicas o realizar diligencias de índole
personal.
El actor debía llenar una minuta con el reporte de las novedades y de las fechas y
horas de entrada y salida, quien nunca recibió dotación ni pago de horas extras y
no tenía la posibilidad de enviar a alguien para reemplazarlo en sus actividades.
Dentro de la planta del municipio de Pereira existían vigilantes y/o conserjes a los
que se les pagaban prestaciones laborales, a las que no tenían derecho los
contratistas, pese a que desempeñaban iguales funciones.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Carlos Alberto Díaz Guzmán
y el municipio de Pereira.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
De las pruebas relacionadas, se tiene que el demandante prestó servicios como
vigilante y/o conserje de las instituciones educativas Manos Unidas, Jesús de la
Buena Esperanza, Centenario y Gimnasio Risaralda del municipio de Pereira a
través de contratos de prestación de servicios ejecutados entre el 15 de junio de
2013 al 29 de octubre de 2013, del 1 de noviembre de 2013 al 30 de diciembre de
2013, del 2 de enero de 2014 al 30 de julio de 2014, del 1 de agosto de 2014 al 31
de diciembre de 2014, del 2 de enero de 2015 al 30 de enero de 2016, del 1 de
febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 2 de enero de 2017 al 30 de
diciembre de 2017, del 3 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018.
En consecuencia, del testimonio, las copias de los contratos de prestación de
servicios, las constancias, certificación y demás pruebas documentales, se
advierte que el demandante en efecto fue contratado para desarrollar funciones de
vigilante y/o conserje al servicio de instituciones educativas del municipio de
Pereira entre el 15 de junio de 2013 y el 30 de diciembre de 2018, con algunas
16
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
interrupciones que no superan más de 2 días hábiles.
2.4.1.2. Remuneración
Ahora bien, Carlos Alberto Díaz Guzmán percibió una remuneración16 por el trabajo
realizado, tal y como se evidencia en las constancias, certificaciones,
desprendibles de liquidación de nómina, órdenes de pago y los contratos de
prestación de servicios que suscribió, en los que se advierte que se estipuló el valor
y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el
servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios
o salario).
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y el
testimonio, se tiene que las funciones desempeñadas por el demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que este estuvo sujeto a
horarios por turnos, instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada
pues atienden al control de un superior (rector) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción de él hacia el municipio demandado
y, en tal sentido, este contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de
su servicio, y aquel, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad.
El testimonio de Marco Emilio Buitrago Galvis da cuenta de las condiciones bajo
las cuales el actor prestaba sus servicios al municipio demandado en la Institución
Educativa Manos Unidas, de las que se resalta que en ejercicio de sus funciones
cumplía un horario por turnos y seguía órdenes e instrucciones del rector.
En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar para que
el trabajador desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de
independencia.
Esto se advierte luego de contrastado el objeto y las obligaciones que se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, del testimonio recibido en el proceso y demás pruebas
documentales aportadas como las constancias y certificaciones de servicios. En
ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia
y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la
sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación
16 $567.320, $1.134.640, $1.168.679 y $1.218.698.
17
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de
emplear de modo permanente y continuo los servicios del demandante.
En efecto, Carlos Alberto Díaz Guzmán prestó sus servicios como vigilante en los
colegios Manos Unidas, Jesús de la Buena Esperanza, Centenario y Gimnasio
Risaralda del municipio de Pereira y cumplió, entre otras funciones, las de:
«(o)rientar y atender el cliente interno y externo», «(c)ontrolar el ingreso del personal
autorizado» y «(r)ealizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva,
atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo».
Lo anterior denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de vigilante
y/o conserje al servicio de colegios del municipio de Pereira, al tiempo que
corrobora que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de
su objeto contractual para desempeñar esa labor, la cual no puede considerarse
prestada de forma autónoma pues el celador no puede decidir en qué lugares
presta el servicio ni en qué horario. Es más ni siquiera puede ausentarse del trabajo
sin causa previa y debidamente justificada pues pondría en riesgo los bienes
confiados a su cuidado.
Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»17.
Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»18.
Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes del municipio de Pereira, a saber: la imposición de un horario
y/o el cumplimiento de unos turnos y la sujeción a directrices de los rectores de las
instituciones educativas de ese municipio de las que se resalta debía «(c)ontrolar el
ingreso del personal autorizado»«(p)restar apoyo logístico dentro del Establecimiento
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18 Ibidem.
18
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
Educativo previo conocimiento del supervisor según la necesidad» y «(c)omunicar al
supervisor en forma oportuna sobre las inconsistencias y anomalías relacionadas con los
asuntos, elementos o situaciones operativas que se presenten en desarrollo de sus
actividades», lo que demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora,
contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del actor, y denota la existencia
de una indiscutible subordinación.
Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas temporales que
atiendan la oferta y la demanda en la prestación del servicio de seguridad y/o
conserjería para las instituciones educativas a su cargo. Por lo tanto, la ausencia
de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue contratado
el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones expuestas en
esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad y
desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la
entidad.
Así las cosas, para los periodos comprendidos entre el 15 de junio de 2013 y el 30
de diciembre de 2018, salvo sus interrupciones, se encuentra demostrada la
existencia de los elementos de la relación laboral.
2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones laborales a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación19 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
19Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: sentencia de unificación de jurisprudencia
conforme al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del
derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz
Manco Quiroz.
19
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse».
Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del
9 de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:
«(…)
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios.
20
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
Demandante: Carlos Alberto Díaz Guzmán
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).
Así las cosas, esta Sala reitera lo expuesto en precedencia, según lo cual «(q)uien
pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres
años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»20.
En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 14 de mayo de
201921, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues
no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de las prestaciones
laborales, toda vez que la relación culminó el 30 de diciembre de 2018 y que entre
una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30 días
hábiles que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio y le
exigieran presentar la reclamación administrativa.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
Por lo dicho, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que
por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, en consideración al salario de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones, correspondiente al periodo comprendido entre el
15 de junio de 2013 y el 30 de diciembre de 2018, salvo sus interrupciones.
Sin embargo, el municipio de Pereira deberá calcular el ingreso base de cotización
(IBC) pensional de Carlos Alberto Díaz Guzmán, que corresponde a los salarios
de un empleado de planta que desarrollara funciones de vigilante y/o conserje para
el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2013 y el 30 de diciembre de 2018,
salvo sus interrupciones, y solo en caso de no existir se tendrá como base los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios en ese periodo. La
entidad territorial deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que
20 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
21 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 21, actuación «Expediente Digital»,
documento «1_001CUADERNO1(.PDF) NroActua 21».
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le correspondía como empleador.
Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales22 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas
cuando se trata de hipótesis distintas23.
En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que
la labor desempeñada por Carlos Alberto Díaz Guzmán debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas.
Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga
de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.
En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta en el periodo
comprendido entre el 15 de junio de 2013 y el 30 de junio de 2018, salvo sus
interrupciones, y el consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de
esta.
22 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
23 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia24 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que
no impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
En consideración a esto, al actor le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta de
la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como
vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.
Ahora, si bien el demandante no solicitó expresamente que se reajustaran los
salarios percibidos, esto es las diferencias entre lo recibido por concepto de
honorarios y lo devengado por un empleado de planta, la Sala encuentra necesario
exponer las siguientes consideraciones al advertir que es un aspecto que se
encuentra íntimamente ligado con el consecuente restablecimiento del derecho
cuando se reconoce la existencia de una relación laboral pues de las pretensiones
no puede escindirse el reconocimiento del reajuste salarial al estar este
relacionado con el de las prestaciones, en tanto que estas se componen entre otros
de la asignación básica.
Si bien en oportunidades anteriores esta Subsección ha señalado que por el
reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales»25; esta Sala modifica su postura para señalar que en
estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta, además, el
reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo devengado por
los empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron pagados a los
contratistas.
Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales26, en virtud de los cuales le corresponde al
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26 Artículo 53 de la Constitución Política.
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juez proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en
sus condiciones laborales.
En efecto situaciones como las descritas en el sub judice plantean un dilema que
debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que
evite vaciar el contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que
los de los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe
existir proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una
lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»27.
Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones similares a las de los empleados de planta, los contratistas
no reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública,
pues la retribución por los servicios prestados es denominado honorarios, los
cuales son consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se
desnaturalizó, lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y
la especial protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada
con la dignidad humana y la justicia material.
Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una
verdadera relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al
que se ha aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así
eliminar las diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una
laboral.
De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en material laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil a los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.
Sobre el particular, valga señalar que la Corte Constitucional ha indicado que en
«tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a
efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma
constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente»28,
esto efectiviza y asegura la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido,
la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales impone un
cambio en el papel del juez que se sustenta entre otras en la «aplicación preferente
27 Sentencia T-102 de 1995.
28 Sentencia C-197 de 1999.
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de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador
que debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento
jurídico (…) La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), más
aún cuando este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la
vigencia de los derechos fundamentales»29.
Así las cosas, la negativa a reconocer el reajuste salarial constituye no solo una
vulneración a la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino
también a los tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor
del artículo 93 de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.
De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió el demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones del cargo de la entidad
demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas. En este sentido, se
adicionará la sentencia de primera instancia para así ordenarlo.
Por lo hasta aquí analizado, se ordenará que el municipio demandado calcule las
prestaciones de orden legal, para lo cual tomará como referente los salarios de un
empleado de planta que desarrollara funciones de vigilante y/o conserje en el
periodo comprendido entre el 15 de junio de 2013 y el 30 de diciembre de 2018 y
solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios celebrados en dicho tiempo.
En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta en el periodo
comprendido entre el 15 de junio de 2013 y el 30 de diciembre de 2018, salvo sus
interrupciones y el consecuente pago de las prestaciones y las diferencias
salariales que surjan de esta.
En relación con la pretensión del actor en el sentido de devolverle los aportes a
seguridad social, debe decirse que esta es improcedente, toda vez que, tal como
lo ha venido señalado esta corporación30, a pesar de que se haya declarado a su
favor la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, en función de
su naturaleza parafiscal31, estos recursos son de obligatorio pago y recaudo para
29 Sentencia SU-039 de 1997.
30 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288
01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación
76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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un fin específico y por tanto no constituyen un crédito a favor del interesado, «lo
que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer»32.
En lo relacionado con el reconocimiento a los aportes a caja de compensación
familiar, debe decirse que la Ley 21 de 1982 estableció la regulación de las cajas
de compensación familiar para cumplir las funciones propias de la seguridad social,
sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma prevista en la ley.
Según el artículo 39 de la Ley 21 de 1989, «las Cajas de Compensación Familiar son
personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como
corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad
social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por
la ley».
Por su parte, el artículo 41 ibidem, estableció como sus funciones las siguientes:
«ARTÍCULO 41. Adicionado por el Artículo 16 de la Ley 789 de 2002. Las Cajas de
Compensación Familiar tendrán entre otras, las siguientes funciones:
1. Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de Administración Pública (ESAP),
las escuelas industriales y os Institutos Técnicos en los Términos y con las modalidades
de la ley.
2. Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del
subsidio familiar en especie o servicios, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 62 de
la presente Ley.
3. Ejecutar, con otras Cajas o mediante vinculación con organismos y entidades
públicas o privadas que desarrollen actividades de seguridad social, programas de
servicios, dentro del orden de prioridades señalado por la ley. 4. Cumplir con las demás
funciones que señale la ley».
Así las cosas, la entidad encargada de recaudar y administrar los recursos que los
empleadores descritos en el artículo 7 de la Ley 21 de 198233 deben efectuar es la
caja de compensación familiar.
32 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288
01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
33 «Artículo 7º. Están obligados a pagar el subsidio familiar y a efectuar aportes para el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA):
1º. La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y
Superintendencias.
2º. Los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios.
3º. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de
economía mixta de las órdenes nacional, departamental, Intendencias, distrital y municipal.
4º. Los empleados que ocupen uno o más trabajadores permanentes».
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La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación ha sostenido que la
naturaleza de los aportes realizados a dichas entidades de derecho privado es de
carácter parafiscal34, y en esa medida se han identificado las siguientes
características:
«Respecto de los aportes administrados por las mencionadas Cajas, la jurisprudencia
nacional ha identificado las siguientes características:
i) Están destinados a pagar una prestación social.
ii) Tienen la calidad de recursos públicos.
iii) Buscan proteger integralmente a la familia.
iv) Constituyen una herramienta para la consecución de los objetivos de la política social
y laboral del gobierno.
v) Tienen la triple condición de prestación legal de carácter laboral, mecanismo de
redistribución del ingreso y función pública desde la óptica de la prestación del servicio.
vi) El subsidio familiar no constituye salario, y
vii)Pretenden aliviar las cargas económicas del trabajador.
En lo que respecta a la naturaleza de los aportes que reciben las Cajas de
Compensación en su calidad de administradores del subsidio familiar, la legislación
colombiana y la jurisprudencia le han otorgado la calidad de recursos parafiscales. Así,
el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, señaló en
su artículo 2.2.7.5.3.2:
"Los recursos que administran las Cajas de Compensación Familiar están destinados
a la atención de las prestaciones y servicios de la seguridad social y demás finalidades
que prevea la ley y no podrán comprometerse para fines diferentes.
Los que provengan de los aportes obligatorios pagados por los empleadores y por las
cooperativas de trabajo asociado tienen la condición de recursos parafiscales y como
tales, su administración se rige por las disposiciones legales correspondientes.
En la misma dirección se ha pronunciado la jurisprudencia nacional, la cual ha indicado
que los recursos administrados por las Cajas de Compensación Familiar son resultado
de la potestad tributaria del Estado. Así, se ha señalado:
"Siendo los recursos de seguridad social que manejan las Cajas de Compensación
Familiar, el resultado de la potestad tributaria del Estado ejercida a través del Congreso
de la República (Artículos 150-12 y 338 Superiores), es importante traer a colación, lo
dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cuanto a las contribuciones de
carácter parafiscal:
(…)
En este orden de ideas, resulta claro que los recursos de carácter parafiscal que
administran las Cajas de Compensación Familiar son de naturaleza pública, en tanto
constituyen una fuente de financiación que el Estado consagra en beneficio de un
sector, aunque desde la perspectiva presupuestal no entren a engrosar las arcas del
34 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 2 de diciembre de 2015, radicado 11001-
03-06-000- 2015- 00144-00(2267), C.P. William Zambrano Cetina.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00715-01 (3574-2022)
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Presupuesto General de la Nación, no sean ingresos corrientes y no tengan que
reflejarse para ningún propósito en dicho presupuesto".
Igualmente, la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-337 de 2011 calificó
los mencionados aportes como recursos parafiscales atípicos indicando:
"En lo que respecta a la financiación del subsidio, éste ha sido clasificado por la
jurisprudencia como una contribución parafiscal atípica. En efecto, al mismo tiempo que
la Corte ha puesto de presente el carácter de prestación social que tiene el subsidio
familiar, ha indicado también que la manera como han sido regulados los recursos que
manejan las cajas de compensación familiar permite concluir que son recursos
provenientes de una exacción parafiscal de naturaleza atípica. Ello significa que la
administración y destinación de esos recursos debe ceñirse exclusivamente a lo
determinado en la ley".
Lo anterior, ha permitido concluir a la jurisprudencia nacional que los recursos
administrados por las Cajas de Compensación Familiar corresponden a un asunto de
naturaleza tributaria».
Así entonces, considera la Sala que es improcedente el reconocimiento en dichos
términos, en tanto la naturaleza de las mencionadas cotizaciones es de carácter
parafiscal, y no están destinados a engrosar el patrimonio del actor como
consecuencia de la prestación de sus servicios, sino que representan un recurso
público cuyo uso abarca diferentes funciones estatales dentro de las que se
encuentra la atención de las prestaciones y servicios de la seguridad social.
Valga precisar que no hay cuestionamiento alguno en lo que respecta al subsidio
familiar, de forma que no hay lugar a revisar si de conformidad con las
disposiciones del artículo 18 de la Ley 21 de 1982 se cumplieron por parte de
Carlos Alberto Díaz Guzmán, los requisitos para obtener su reconocimiento y pago.
Frente a la sanción moratoria deprecada por el actor, no hay lugar esta, pues la
obligación de pago surge con este proveído a través del cual se efectúa el
reconocimiento de la relación laboral existente entre el actor y el municipio de
Pereira, toda vez que esta tiene el carácter de sentencia constitutiva, motivo por el
cual a partir de su ejecutoria empiezan a correr los términos para reclamar los
derechos que esta genera.
Ahora, el auxilio de transporte se encuentra previsto en el artículo 42 del Decreto
1042 de 1978 como factor salarial. A partir de la expedición de esta norma se sujetó
el reconocimiento y pago del mencionado subsidio para aquellos empleados que
tuvieran una asignación básica determinada en la ley, que en ningún caso ha
superado la suma de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Año a año, el presidente de la República, en desarrollo de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las dispuestas en la Ley 4ª de 1992,
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expide el decreto por el cual se define el monto del auxilio de transporte para
determinar aquellos servidores que, en atención a su salario, se beneficiarán de tal
emolumento.
En consideración a ello, la Sala encuentra que entre 2013 y 2018, período frente
al cual se reconocerán las prestaciones laborales al demandante al haber sido
acreditada la relación laboral encubierta o subyacente, se expidieron los siguientes
decretos:
Año Decreto Monto salario X2 Honorarios
mínimo pactados
2013 3069 $589.700 $1.179.400 $1.134.640
2014 2732 $616.000 $1.232.000 $1.344.640
2015 2553 $644.350 $1.288.700 $1.168.679
2016 2210 $689.455 $1378.910 $1.168.679
2017 2209 $737.717 $1.475.434 $1.168.679
2018 2269 $781.242 $1.562.484 $1.218.698
Así entonces, de la anterior tabla se puede establecer que el demandante devengó
una asignación mensual inferior a dos salarios mínimos, por lo que acreditó el
presupuesto exigido para acceder al reconocimiento del auxilio de transporte.
Por lo tanto, se adicionará la sentencia de primera instancia para ordenar al
municipio de Pereira, en aplicación del principio de primacía de la realidad, incluir
en la liquidación de las prestaciones laborales el auxilio de transporte.
En este estado de la providencia, se advierte que acuerdo con el artículo 328 del
CGP, la competencia del juez de segunda instancia está enmarcada por los
argumentos expuestos en el recurso de apelación; no obstante, cuando ambas
partes recurran la providencia, el superior resolverá sin limitaciones, tal y como
ocurrió en el presente asunto.
Por lo analizado a lo largo de la providencia, la Sala confirmará parcialmente la
sentencia apelada, pues se modificarán las órdenes contenidas en los ordinales 3
y 5, en cuanto a la forma de reconocer las prestaciones laborales de orden legal y
el calculó el ingreso base de cotización (IBC) pensional del actor, respectivamente.
Además, se adicionará la providencia para ordenar el reconocimiento y pago de
las diferencias que resulten entre lo que recibió el demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones del cargo de la entidad
demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, y el auxilio de
transporte en la liquidación de las prestaciones laborales.
2.5. Costas
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La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Carlos Alberto Díaz Guzmán y el municipio de Pereira del 15 de junio de 2013
al 30 de diciembre de 2018, salvo sus interrupciones, tiempo que se tendrá en
cuenta para efectos pensionales.
En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones laborales
de orden legal y a la diferencia salarial, para lo cual tomará como referente los
salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las
35 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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ejecutadas por la demandante en ese periodo. La entidad demandada deberá
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional del actor como se indicó con
anterioridad.
El actor tiene derecho al reconocimiento y pago y del valor que corresponda por
concepto del auxilio de transporte dentro de la liquidación de prestaciones
laborales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar los ordinales 3 y 5 de la sentencia proferida el 17 de marzo de
2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, que
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Carlos
Alberto Díaz Guzmán en contra del municipio de Pereira, los cuales quedarán así:
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
condenar al municipio de Pereira a reconocer a Carlos Alberto Díaz Guzmán las
prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene derecho y la diferencia
salarial, para lo cual tomará como referente los salarios de un empleado de
planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó por el tiempo en el
cual se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 15 junio
de 2013 y el 30 de diciembre de 2018, salvo sus interrupciones.
5. El municipio de Pereira deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de Carlos Alberto Díaz Guzmán que corresponde a los salarios de un
empleado de planta que desarrollara sus funciones para el periodo comprendido
entre el 15 junio de 2013 y el 30 de diciembre de 2018, salvo sus interrupciones.
La entidad territorial deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el
porcentaje que le correspondía como empleador.
Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la
carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
Segundo. Adicionar la sentencia del 17 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, en el sentido de ordenar lo
siguiente:
Ordenar al municipio de Pereira a reconocer a Carlos Alberto Díaz Guzmán las
diferencias que resulten entre lo que recibió por concepto de honorarios y lo que
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debió recibir, en igualdad de condiciones respecto del cargo que desarrollaba sus
mismas funciones.
Ordenar al municipio de Pereira a reconocer y pagar a Carlos Alberto Díaz Guzmán
el valor que corresponda por concepto del auxilio de transporte dentro de la
liquidación de prestaciones laborales. El período sobre el cual tendrá que hacer
dicho reconocimiento es el comprendido entre el 15 de junio de 2013 y el 30 de
diciembre de 2018.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo
expuesto en esta decisión.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM.
32
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