República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01542-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
—Hospital Santa Clara—
Tema: relación laboral encubierta - auxiliar administrativo - orientador. Subtema 1.
Reconocimiento de diferencias salariales, prestaciones sociales —auxilio de
transporte y auxilio de alimentación— y aportes a pensión. Subtema 2.
Improcedencia del subsidio familiar; la devolución de los aportes a la caja de
compensación familiar, a salud, y retenciones; los perjuicios morales, y la
indemnización y sanción moratoria.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, el 23 de junio de 2022, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La accionante celebró contratos de prestación de servicios con la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital Santa Clara—, como apoyo
orientador, apoyo técnico a la gestión en procesos de atención al usuario-PQRS1 y
call center2, cuya duración se extendió por más de cuatro años. Solicitó la nulidad
del oficio que negó el reconocimiento de una relación laboral con la anterior entidad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
al considerar que no se acreditaron los elementos propios de la relación de trabajo.
La Subsección revocará el fallo apelado. La parte demandante acreditó la existencia
de una relación laboral entre el 11 de marzo de 2013 y el 31 de julio de 2017, en la
1
Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
2 Centro de atención telefónica.
1
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
prestación del servicio como apoyo orientador, apoyo técnico a la gestión en
procesos de atención al usuario-PQRS y call center, en la entidad accionada. En
efecto, demostró la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación continua.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 29 de octubre de 20193, la señora Sandra Patricia
Luna Pérez, por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital Santa Clara—,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan4.
2. Solicitó que se declare la nulidad del Oficio 20191100110531 del 4 de abril
de 2019, suscrito por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Subred
demandada, por medio del cual se negó a la accionante el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales, las prestaciones sociales, los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud y Pensiones y las demás acreencias derivadas de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las
partes del 11 de marzo de 2013 al 31 de julio de 2017.
3. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se declare que entre la
demandante y la entidad accionada existió una relación laboral durante el periodo
en mención, en aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad
sobre las formalidades.
4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el pago de las
diferencias salariales entre lo percibido por concepto de honorarios y la asignación
legal del cargo de auxiliar administrativo; de las cesantías y sus intereses; de las
primas semestrales, de navidad y de vacaciones; de la compensación en dinero de
las vacaciones y de las bonificaciones por recreación; del subsidio de alimentación,
el auxilio de transporte y el subsidio familiar; de los aportes retroactivos a la Caja de
Compensación Familiar; y de los porcentajes de cotización a pensión y salud que
debió asumir la entidad, así como la devolución de las sumas pagadas en exceso
por la demandante por dichos conceptos y de los descontados por retención en la
fuente y de ICA.
3 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento
03ActaReparto.
4 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento 01Demanda,
págs. 4 a 57.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
5. Requirió también, el reconocimiento de las indemnizaciones previstas en el
artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 789 de
2002 y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por el pago inoportuno de las
prestaciones sociales, la seguridad social y las cesantías, respectivamente.
Además, la sanción moratoria por el pago tardío de los intereses a las cesantías.
6. Pidió que se condene a la entidad demandada al pago de una indemnización
por daños morales, en la cuantía que se estime pertinente conforme a los
lineamientos del Consejo de Estado; que se declare que el tiempo laborado por la
demandante a través de los contratos de prestación de servicios debe tenerse en
cuenta para efectos pensionales, con la consecuente orden de expedir la
certificación laboral correspondiente, y que se condene en costas y agencias en
derecho a la parte accionada.
2.1.1. Hechos
7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
8. La señora Sandra Patricia Luna Pérez laboró para el Hospital Santa Clara
E.S.E., hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., como
auxiliar administrativo, desde el 11 de marzo de 2013 hasta el 31 de julio de 2017,
de manera ininterrumpida, mediante más de veinte contratos de prestación de
servicios sucesivos, prórrogas y adiciones, a cambio de una retribución mensual
que en su último valor ascendió a $1.350.000.
9. Sostuvo que la entidad le impuso el cumplimiento de un horario de trabajo de
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., que en ocasiones se extendía hasta las
9:00 p.m. o incluía los sábados por el volumen de trabajo. A su vez, que en los días
de apertura de agenda para citas con especialistas debía llegar a las 4:00 a.m.
10. Afirmó que dentro de sus funciones se encontraban la digitación y
actualización del aplicativo Dinámica Gerencial, la orientación y asignación de citas
a los usuarios, la atención de PQRS, la elaboración de informes a la Secretaría
Distrital de Salud y el cumplimiento de las demás actividades administrativas propias
del objeto contractual, funciones que —según adujo— eran similares o equivalentes
a las asignadas al personal de planta de la entidad en el cargo, por ejemplo, de
auxiliar administrativo código 407, grado 14.
11. Manifestó que no le era permitido ejecutar su labor por fuera de las
instalaciones de la entidad demandada ni delegarla a un tercero; debía solicitar
autorización de su jefe inmediato para ausentarse; se encontraba sujeta al
cumplimiento de reglamentos, protocolos e instrucciones. Indicó que sus jefes
inmediatas fueron Karen Torres, María Angélica Palomino y Marta Castellanos,
quienes ocuparon el cargo de jefe de Oficina de Atención al Usuario.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
12. Adujo que siempre utilizó los equipos y elementos de trabajo suministrados
por la entidad, que debía portar un carné que la identificaba como empleada del
Hospital Santa Clara E.S.E., y que nunca le fueron otorgadas vacaciones ni
compensación en dinero por dicho concepto.
13. Señaló que, aunque se observa una interrupción de 19 días en la certificación
de contratos —allegada al expediente— entre el 31 de octubre y el 20 de noviembre
de 2013, y una anotación según la cual el contrato de diciembre de 2014 solo cubrió
un día, en realidad prestó sus servicios de manera continua durante dichos lapsos,
en tanto la interrupción certificada obedeció a la espera de disponibilidad
presupuestal para la renovación del vínculo.
14. Afirmó que los contratos fueron elaborados por la entidad accionada
conforme a los formatos preestablecidos que incluían cláusulas de exclusión de la
relación laboral, cuya aceptación era condición para la renovación del contrato, y
que debía afiliarse y cotizar por su cuenta al Sistema de Seguridad Social Integral,
asumiendo la totalidad de la carga prestacional, además de los descuentos por
retención en la fuente e ICA.
15. Informó que el 12 de marzo de 2019 presentó reclamación administrativa
para el pago de las prestaciones sociales, diferencias salariales y vacaciones
causadas durante todo el tiempo laborado, la cual fue resuelta negativamente
mediante el Oficio 20191100110531 del 4 de abril de 2019, sin que a la fecha de la
demanda le hubiesen sido reconocidas las sumas reclamadas.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
16. En la demanda se citaron las siguientes normas como vulneradas:
• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48, 53 y 54.
• Ley 50 de 1990, artículo 99.
• Ley 4 de 1990, artículo 8.
• Ley 4 de 1992.
• Ley 80 de 1993, artículo 32.
• De la Ley 100 de 1993, los artículos 15, 17, 18, 20, 22, 23, 128, 157, 161, 195 y
204.
• Ley 244 de 1995.
• Ley 332 de 1996.
• Ley 443 de 1998.
• Ley 909 de 2004.
• Ley 1437 de 2011.
• Ley 1564 de 2012.
• Decreto 1045 de 1968, artículo 25.
• Decreto 1848 de 1968, artículo 51.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
• Del Decreto 2400 de 1968, los artículos 26, 40, 46 y 61.
• Decreto 3074 de 1968.
• Decreto 3135 de 1968, el artículo 8.
• Del Decreto 1250 de 1970, los artículos 5 y 71.
• Del Decreto 1950 de 1973, los artículos 108, 180, 215, 240, 241 y 242.
• Decreto 01 de 1984.
• Decreto 1335 de 1990.
• Decreto 1919 de 2002.
17. La parte demandante manifestó que el acto administrativo acusado
desconoció los artículos 13 y 25 de la Constitución Política, en tanto la vinculación
de la accionante mediante contratos de prestación de servicios para el ejercicio de
funciones propias del giro ordinario de la entidad generó una desigualdad
injustificada frente a los servidores vinculados legal y reglamentariamente que
ejercían las mismas funciones, y vulneró el derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.
18. Adujo que el artículo 53 de la Constitución Política reconoció el principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales, y que el artículo 122 ibidem prohíbe proveer empleos
remunerados que no estén contemplados en la planta de personal, regla que —
según señaló— impide efectuar vinculaciones mediante contratos de prestación de
servicios para el desempeño de funciones permanentes de la administración.
19. Sobre este punto, citó la sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional,
que declaró exequible la prohibición contenida en el artículo 2 del Decreto 2400 de
1968 —modificado por el Decreto 3074 del mismo año— de celebrar contratos de
prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente, por
constituir una medida de protección de la relación laboral frente a la desviación de
poder en la contratación pública.
20. Sostuvo que los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo prevén
los elementos que configuran el contrato de trabajo —actividad personal,
subordinación continuada y remuneración— y establecen la presunción de que toda
relación de trabajo personal se encuentra regida por un contrato de trabajo;
presunción que, a su juicio, se hizo exigible en el caso concreto al haberse
acreditado los referidos elementos.
21. Señaló que el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993 solo autoriza la
celebración de contratos de prestación de servicios cuando las actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados, circunstancia que, en su criterio, no se cumple en el asunto
particular.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
22. Indicó, con fundamento en la sentencia de unificación SUJ2-005-16 del 25 de
agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado, que el contrato realidad se
configura cuando se constata la prestación continua de servicios personales
remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, ejecutados
en sus instalaciones, con sus elementos de trabajo y bajo sujeción de órdenes que
desbordan la simple coordinación propia de un contratista autónomo. Señaló que,
conforme a dicha sentencia de unificación, el reconocimiento de la relación laboral
no otorga la calidad de empleado público, pero sí genera el derecho a las
prestaciones sociales que hubiese percibido un servidor de planta en condiciones
similares, a título de restablecimiento del derecho, sin que sea exigible el
agotamiento de la vía gubernativa ni resulte procedente declarar la prescripción de
los derechos pensionales.
23. Concluyó que el acto administrativo demandado incurrió en falsa motivación,
se expidió con desconocimiento de las normas en que debía fundarse y desconoció
el precedente jurisprudencial, por cuanto la demandante prestó personalmente el
servicio, utilizó los elementos de trabajo suministrados por la entidad, se encontraba
sujeta a las órdenes de sus superiores y a los reglamentos institucionales, prestó
sus servicios de manera ininterrumpida por más de cuatro años y percibió una
retribución mensual fija; circunstancias que, a su juicio, configuraron los tres
elementos del contrato de trabajo y desvirtuaron la presunción de legalidad de la
modalidad contractual pactada.
2.2. Contestación de la demanda
24. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
que se negaran. Como excepciones propuso las de «cobro de lo no debido,
inexistencia del derecho y de la obligación, legalidad de los contratos suscritos y
prescripción»5.
25. Adujo que, dada la importancia del servicio de salud prestado por las
empresas sociales del Estado y la insuficiencia del personal de planta para atender
la demanda variable del servicio, la entidad, en ejercicio de su autonomía
administrativa, presupuestal y financiera, podía suplir dichas necesidades mediante
contratos de prestación de servicios, sin que ello implicara desconocer prerrogativa
alguna de los empleados de carrera.
26. Sostuvo que la demandante prestó sus servicios en virtud de contratos
celebrados con fundamento en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los que se
pactó el término de duración, de modo que conocía el inicio y la terminación de cada
vínculo. Así las cosas, la accionante tuvo pleno conocimiento de que existió un
vínculo contractual y no laboral, siendo «parcialmente coautora» de la situación, en
5 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento
06.ContestaciónDemanda.
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Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
tanto guardó silencio durante la relación contractual sin manifestar inconformidad
alguna sobre esta.
27. Precisó que el cumplimiento de un horario no constituye por sí solo el
elemento de la subordinación, sino una relación de coordinación propia de la
ejecución del contrato de prestación de servicios, en tanto la naturaleza de las
actividades de apoyo en atención al usuario exige su desarrollo dentro de las
instalaciones y en los horarios de atención de la entidad. Añadió que la demandante
no tuvo jefes inmediatos, sino un supervisor del contrato cuya función se limitaba a
coordinar las actividades pactadas conforme al objeto contractual, y que el
suministro de elementos de trabajo y del carné de identificación obedecía a razones
de seguridad y de identificación del personal en los puntos de atención, sin que se
desvirtuara la naturaleza contractual del vínculo.
28. Indicó que, si bien existían empleados con funciones similares a las de la
contratista en la planta de personal, ello no impedía la celebración de contratos de
prestación de servicios, en tanto tal modalidad se encuentra autorizada por el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
29. Alegó que operó el fenómeno de la prescripción, puesto que para el momento
en el que se presentó la reclamación administrativa, habían transcurrido más de tres
años desde el vencimiento del plazo de duración de algunos de los contratos.
2.3. Sentencia de primera instancia
30. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 23 de junio de 2022, negó las pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas6.
31. Señaló que, para determinar la existencia de una relación laboral, debían
acreditarse los elementos de la prestación personal del servicio, la remuneración y
la subordinación, siendo este último el elemento definitivo frente al contrato de
prestación de servicios, conforme a la jurisprudencia constitucional y del Consejo
de Estado.
32. Indicó que los dos primeros elementos se acreditaron en el plenario. En cuanto
a la prestación personal del servicio, adujo que la demandante fue vinculada
mediante contratos de prestación de servicios sucesivos entre el 11 de marzo de
2013 y el 31 de julio de 2017 para desempeñarse como apoyo orientador. En
relación con la remuneración, señaló se le fijó una retribución mensual, previa
certificación de cumplimiento del supervisor y del pago de aportes a seguridad
social.
6 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento
43.Sentenciaprimerainstancia.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
33. Afirmó, respecto a la subordinación, que el interrogatorio de parte y los
testimonios de Nadia Eliana Ferro Góngora, Sandra Yinet Celis Guevara y Juan
David Rojas López, coincidieron en que la demandante ejerció labores de
orientadora en horarios que incluían turnos rotativos de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. o
desde las 4:00 a.m., bajo instrucciones de su jefe inmediato. Sin embargo, precisó
que en el expediente no obraba prueba documental —como llamados de atención
escritos, memorandos, circulares o planillas de control de horario— que respaldara
la existencia de la subordinación y que, la sola prueba testimonial resultaba
insuficiente para acreditar dicho elemento. Lo anterior, de conformidad con lo
expuesto por esta corporación en la sentencia del 15 de mayo de 20207.
34. Manifestó que las labores desarrolladas por la demandante eran actividades
operativas propias del funcionamiento de la entidad, que solo requerían de
lineamientos generales y la rendición de informes de baja complejidad, sin que los
testigos ni la propia accionante hubiesen precisado órdenes concretas más allá de
las obligaciones pactadas en los contratos, lo cual, según lo sostuvo, obedece a una
simple coordinación de actividades propia de la ejecución contractual, conforme al
precedente de la Sala Plena del Consejo de Estado del 18 de noviembre de 2003,
radicado IJ-0039.
35. Adujo que la parte demandante no logró demostrar que el cargo de apoyo
orientador desempeñado por la accionante existiera en la planta de personal de la
entidad. Indicó que el manual de funciones aportado al plenario correspondía a un
cargo distinto —auxiliar administrativo, código 407, grado 14 del Área Financiera,
Unidad Funcional de Facturación— al desempeñado por la demandante, cuyas
funciones eran diferentes a las que ella ejercía. Tampoco encontró similitud con el
cargo de auxiliar administrativo en el Área de vacunación del «Hospital Rafael Uribe
Uribe», de acuerdo con el manual de funciones allegado al proceso.
36. Concluyó que la prueba testimonial y el interrogatorio de parte, junto con los
contratos y demás documentales, no resultaban suficientes para acreditar el
elemento de la subordinación; por lo que la parte demandante no cumplió con la
carga probatoria que le corresponde, conforme al artículo 167 del Código General
del Proceso. En consecuencia, negó la totalidad de las pretensiones de la demanda,
absteniéndose de condenar en costas al no encontrarlas causadas ni demostradas.
7 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de mayo de 2020, exp. 50001-
23-31-000-2011- 00400-01 (2220-18), M.P. César Palomino Cortés.
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Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
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Santa Clara—
2.4. Recurso de apelación
37. La parte demandante interpuso recurso de apelación con el propósito de que
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda8.
38. Cuestionó que el Tribunal hubiera considerado no acreditada la subordinación
bajo el entendido de que la demandante recibía instrucciones que no evidenciaban
una verdadera subordinación, pues no requería que alguien le indicara día a día las
actividades a realizar, ya que ella conocía de antemano las labores que debía
cumplir. Sobre el punto, sostuvo que la subordinación no exige que se impartan
órdenes diariamente ni a cada hora, sino que se configura por la continuada
dependencia respecto de condiciones de modo, tiempo y lugar, por lo que era
suficiente con acreditar que la trabajadora no era autónoma en la forma o el modo
de ejecutar su labor.
39. Afirmó que la accionante no tenía libertad para decidir cómo y cuándo cumplir
sus funciones, pues debía sujetarse a los lineamientos del contrato y a las
instrucciones de su jefe inmediato —responsable del área a la que estaba
asignada—, sin poder omitir obligaciones ni decidir cuáles cumplía. Señaló que la
cantidad de trabajo también era fijada por la entidad, de conformidad con el contrato
que exigía un número determinado de horas mensuales, y que debía prestar sus
servicios de manera personal y presencial en las instalaciones de la entidad, dentro
del horario de oficina establecido.
40. Manifestó que los testimonios practicados fueron coherentes y precisos en las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se prestó el servicio, por provenir de
testigos presenciales y no de oídas, rendidas por quienes fueron compañeras de
trabajo de la demandante durante el período laborado. Añadió que los testigos
dieron cuenta de personas vinculadas directamente con la entidad que cumplían
funciones similares, y que presenciaron órdenes impartidas por los superiores de la
accionante —como entrega de informes o asistencia a reuniones externas—, así
como llamados de atención por errores en informes o llegadas tarde.
41. Solicitó que se desestime la tacha de sospecha expresada por la entidad
demandada contra los testigos, al no haberse demostrado el interés directo ni el
beneficio concreto que estos pudieran obtener de la sentencia. Se ratificó en los
fundamentos jurídicos de la demanda, a los que agregó una extensa cita de
pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre los
elementos del «contrato realidad», la primacía de la realidad sobre las formas, la
imprescriptibilidad derivada del carácter constitutivo de la sentencia, y los criterios
8 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento
45RecursoApelacionParteDemandante.
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Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
funcional, de igualdad, temporal, de excepcionalidad y de continuidad para
determinar cuándo una función reviste carácter permanente.
42. Solicitó que se efectúe una valoración integral del acervo probatorio y de los
fundamentos de la demanda y, en consecuencia, se revoque la sentencia apelada
y se acceda a todas las pretensiones, condenando en costas a la entidad accionada.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
43. Mediante auto del 8 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante, y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia9.
2.6. Ministerio Público
44. La Procuraduría Segunda Delegada10 ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
45. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
46. De acuerdo con los antecedentes, la Sala procede a resolver los siguientes
problemas jurídicos:
47. ¿Existió una relación laboral entre la entidad accionada y la demandante,
quien ejerció como apoyo orientador, apoyo técnico a la gestión en procesos de
atención al usuario-PQRS y call center, a partir de los contratos de prestación de
servicios celebrados con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E.?
48. En caso afirmativo, ¿la accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de
las diferencias salariales, las prestaciones sociales y los aportes que reclama? A su
vez, ¿operó la prescripción respecto de los derechos laborales causados?
9 Samai, índice 04, auto que admite recurso de apelación, archivo
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx).
10 Samai, índice 07, envío de notificación, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
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Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
49. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) relación laboral encubierta; (2) distinción entre coordinación y
subordinación, y (3) la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación.
50. A partir de las anteriores consideraciones: (4) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (5) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos propuestos.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
51. La jurisprudencia unificada de esta corporación11 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.
52. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
53. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
54. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-
23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
11
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
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Santa Clara—
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»12.
55. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.
56. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.
57. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»13.
58. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»14.
59. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurretes de esta.
12 Ibídem.
13 Idem.
14 Idem.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
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88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».15
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la
labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».16
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.17
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
60. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos
contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.
61. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
15 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
16 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
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(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
62. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».
63. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa-administrativa.
(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
14
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
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otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».
3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación
64. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»18.
65. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202119, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados20».
66. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.
67. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.
18 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-23-33-000-2013-
01143-01 (1317-2016).
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
15
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b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,21 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad.
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación
68. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
21 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54
y 55.
16
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ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.
69. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»22, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 167
idem que regula el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».
70. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.
71. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»23, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»24.
72. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 17 CGP)
73. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
74. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
22 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
23 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
24 Idem.
17
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distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.4. Hechos probados relevantes
75. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:
76. La señora Sandra Patricia Luna Pérez suscribió entre los años 2013 y 2017
contratos de prestación de servicios; primero, del 11 de marzo de 2013 al 31 de
agosto de 2016 con el Hospital Santa Clara E.S.E., que hoy hace parte de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.25, y luego, del 1 de
septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017 con la Subred en mención. Esto, conforme
consta en la copia de los contratos y en la de las actas de liquidación, así como en
la certificación expedida por la misma entidad, allegadas por las partes, conforme
se muestra a continuación26:
Interrupción
Contrato Objeto contractual Desde Hasta (días
hábiles)
AS 970- 11 de marzo de 31 de marzo de
Apoyo orientador 0
2013 2013 2013
AS 1008- 30 de abril de
Apoyo orientador 1 de abril de 2013 0
2013 2013
AS 1128- 1 de mayo de 31 de mayo de
Apoyo orientador 0
2013 2013 2013
AS 1485- 7 de junio de 30 de junio de
Apoyo orientador 3
2013 2013 2013
AS 1512- 31 de julio de
Apoyo orientador 1 de julio de 2013 0
2013 2013
AS 2331- 1 de agosto de 31 de agosto de
Apoyo orientador 0
2013 2013 2013
30 de
AS 2760- 3 de septiembre
Apoyo orientador septiembre de 1
2013 de 2013
2013
25 Conforme lo mencionó la misma entidad accionada en la contestación de la demanda. Ver: Samai, índice 02,
expediente digital, archivo ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip),
documento 06.ContestaciónDemanda, pág. 8.
26 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documentos 02Anexos,
págs. 38 a 39; 06.ContestaciónDemanda, págs. 23 a 66.
18
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
Interrupción
Contrato Objeto contractual Desde Hasta (días
hábiles)
AS 3537- 7 de octubre de 31 de octubre
Apoyo orientador 4
2013 2013 de 2013
AS 4331- 20 de noviembre 31 de diciembre
Apoyo orientador 11
2013 de 2013 de 2013
AS 0691- 1 de enero de 31 de mayo de
Apoyo orientador 0
2014 2014 2014
AS 1854- 3 de junio de 31 de agosto de
Apoyo orientador 0
2014 2014 2014
AS 3256- 1 de septiembre 31 de octubre
Apoyo orientador 0
2014 de 2014 de 2014
30 de
AS 4340- 1 de noviembre
Apoyo orientador noviembre de 0
2014 de 2014
2014
AS 5239- 30 de diciembre 31 de diciembre
Apoyo orientador 19
2014 de 201427 de 2014
Apoyo a la gestión de
AS 0415- actividades 2 de enero de 31 de agosto de
0
2015 asistenciales como 2015 2015
orientador
Apoyo a la gestión de
30 de
AS 2307- actividades 7 de septiembre
noviembre de 4
2015 asistenciales como de 2015
2015
orientador
Apoyo a la gestión de
AS 4068- actividades 1 de diciembre de 31 de diciembre
0
2015 asistenciales como 2015 de 2015
orientador
Apoyo a la gestión de
AS 0432- actividades 1 de enero de 31 de agosto de
0
2016 asistenciales como 2016 2016
orientador
Apoyo técnico a la
02-PS- gestión del proceso 1 de septiembre 09 de enero de
0
0568-2016 de atención al de 201628 2017
usuario-PQRS
27 Ver contrato que obra en Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento
06.ContestaciónDemanda, pág. 33.
28 Ver contrato visible en Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento
06.ContestaciónDemanda, págs. 42 a 45.
19
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
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Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
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Interrupción
Contrato Objeto contractual Desde Hasta (días
hábiles)
Apoyo a la gestión del
PS 2404- 10 de enero de 31 de julio de
proceso de atención 0
2017 2017 2017
al usuario. Call center.
Tabla 1: contratos de prestación de servicios suscritos entre la accionante y la entidad demandada.
77. Según el manual específico de funciones y competencias laborales del
Hospital Santa Clara —Acuerdo 086 de la junta directiva de septiembre de 2005—,
que reposa en el expediente, las funciones del cargo auxiliar administrativo código
407, grado 14, del nivel asistencial, son las siguientes29:
1. Informar a los usuarios sobre los procesos generales administrativos y
documentación para acceder a los servicios ofertados en el portafolio.
2. Recepcionar los documentos del usuario verificando la integridad del contenido de
acuerdo con la contratación suscrita por la entidad y asegurador con el propósito de
determinar si hay cobertura para la prestación del servicio.
3. Registrar en el sistema de información los datos necesarios del usuario con el fin de
generar los empleos y facturar de acuerdo con lo solicitado teniendo en cuenta el
proceso establecido institucionalmente.
4. Realizar el censo diario de la Unidad Funcional con el fin de determinar los pacientes
del servicio, su seguridad social y procedimientos realizados manteniendo actualizado
el sistema de información.
5. Notificar diariamente a los aseguradores de los pacientes las novedades en la
prestación del servicio con el fin de obtener la autorización correspondiente.
6. Relacionar detalladamente las autorizaciones especificando los datos requeridos en
el libro correspondiente, con el fin de garantizar el recobro correspondiente.
7. Generar la factura en el sistema de información por la totalidad de los servicios
prestados e informar a los familiares del paciente egresado la obligación de cancelar
la cuota de recuperación y los pasos a seguir para el recobro de los servicios.
8. Entregar las facturas generadas a la oficina de facturación central con el fin de iniciar
el proceso de montaje y cobro de cuenta.
9. Manejar con discreción la información y la correspondencia del área de trabajo.
10. Aplicar el sistema de gestión documental en la organización y archivo de
documentación del área de trabajo.
11. Velar por el seguimiento de las normas de bioseguridad, salud ocupacional, gestión
ambiental y calidad con el fin de disminuir los riesgos tanto para los funcionarios como
para la comunidad y el medio ambiente.
12. Promover en el servicio la cultura de los valores y principios éticos para garantizar
transparencia en todos los actos del servicio.
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el área de desempeño del empleo.
29 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento 02Anexos,
págs. 29 a 32.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
78. Obra en el plenario documento del 14 de enero de 2022, suscrito por el director
financiero de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., en
el que se relacionan los pagos efectuados por esa entidad a la accionante a partir
del 5 de noviembre de 2014 hasta el 8 de agosto de 2017. Dichas sumas oscilaron
entre $993.058 y $1.338.99030.
79. Reposa en el expediente certificado del 29 de julio de 2021, expedido por el
director operativo de la Dirección de Talento Humano (E) de la entidad accionada
en el que constan los valores de los factores salariales y prestacionales que
devengaba, entre el 2013 y el 2017, el empleado público con el cargo de auxiliar
administrativo, código 407, «grado 05». Además, se indicó el número de cargos
existentes con dicha denominación y la asignación percibida durante esos mismos
periodos31.
80. Se evidencia en el plenario el Oficio 20223300000583 del 31 de enero de 2022,
en el que el director operativo de la Dirección de Talento Humano de la Subred
demandada informó que revisados los archivos de carnetización, la señora Sandra
Patricia Luna Pérez, se registró en la lista de colaboradores de OPS —al momento
de entrar en vigor el Acuerdo 641 de 2016, mediante el cual el Concejo de Bogotá
fusionó a seis hospitales a la hoy llamada Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.—; pero no se recibió de su parte, el correo electrónico con la
información necesaria con la cual se preparaba, imprimía y entregaba el respectivo
carné. En sustento, allegó un listado de soporte de entrega de carné a trabajadores
vinculados a través de OPS en el año 2016, en el que, si bien figura relacionado el
nombre de la demandante, no se advierte su firma de recibo32.
81. El 12 de marzo de 2019, la señora Sandra Patricia Luna Pérez presentó
petición a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —
Hospital Santa Clara—, en la que solicitó que se reconociera la existencia de una
relación laboral, entre el mes de marzo de 2013 y julio de 2017, y se le pagaran las
diferencias salariales y las prestaciones causadas durante el periodo en el que
prestó sus servicios a la entidad33.
82. A través del Oficio 20191100110531 del 4 de abril de 2019, la jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
30 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documentos
31AlleganCertificacionDePagosSubred y 36RespuestaRequerimientoSubred.
31 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento
34RespuestaRequerimientoParteDemandada, págs. 2 a 3.
32 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento
35RespuestaRequerimientoSubred.
33 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento 02Anexos,
págs. 24 a 28.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
E.S.E. negó la petición anterior. En este acto administrativo no se indicó la
procedencia de recurso alguno en su contra34.
83. Obran en el plenario las planillas integradas de autoliquidación y pago de
aportes a salud y pensión, por parte de la demandante, en Porvenir, SaludCoop y
Compensar35.
84. En audiencia de pruebas celebrada el 15 de octubre de 2021, se recibieron los
testimonios de los señores Nadia Eliana Ferro Góngora, Sandra Yinet Celis Guevara
y Juan David Rojas López, solicitados por la parte demandante; y el interrogatorio
de parte de la señora Sandra Patricia Luna Pérez, solicitado por la entidad
accionada36.
• Testimonio de la señora Nadia Eliana Ferro Góngora
85. Manifestó no tener ningún grado de parentesco con la demandante Sandra
Patricia Luna Pérez y precisó que la conoció trabajando en la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente, en el Hospital San Cristóbal, con ocasión de la
unificación del call center que se produjo al conformarse las subredes en el año
2016. Señaló que la demandante venía remitida del Hospital Santa Clara, donde ya
laboraba desde años atrás, y que compartió con ella oficina, actividades y turnos de
trabajo durante un período aproximado de año y medio, hasta el momento en que
ella —la testigo— renunció.
86. En cuanto a las funciones desempeñadas por la demandante, indicó que
consistían en la recepción de llamadas, asignación de citas, atención al usuario de
manera presencial y telefónica, manejo del chat de la central de citas, y elaboración
de reportes semanales, quincenales, mensuales o diarios, según lo solicitado por la
jefe inmediata.
87. Sobre la autonomía en el ejercicio de dichas funciones, afirmó que, si bien la
demandante tenía claras las labores que debía realizar diariamente,
permanentemente estaban bajo la supervisión de la jefe inmediata, señora Karen
Torres, quien permanecía en la oficina impartiendo órdenes diarias, exigiendo el
diligenciamiento de una «planilla de ingreso y regreso», y disponiendo la asistencia
a reuniones y capacitaciones. Indicó que el horario inicial era de 8:00 a.m. a 5:00
p.m., el cual posteriormente fue modificado a turnos rotativos de 6:00 a.m. a 2:00
34 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento 02Anexos,
págs. 24 a 28.
35 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documento
06.ContestaciónDemanda, págs. 76 a 119.
36 Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), carpeta
29AudienciaDePruebas.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
p.m., de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., asignados mediante un
tablero de programación.
88. En relación con los mecanismos de control y vigilancia, la testigo señaló que
debían firmar planillas de ingreso y regreso que eran revisadas y firmadas por la
jefe Karen Torres, que existían cámaras dentro del hospital, y que los informes
generados registraban el nombre de la persona, el usuario atendido y las horas de
gestión. Indicó que, para ausentarse del lugar de trabajo, debían solicitar permiso
con antelación y presentar constancia del motivo, permisos que, según refirió, rara
vez eran concedidos con ocasión de una situación de persecución laboral por parte
de la jefe inmediata, en la cual afirmó que la demandante también se vio afectada,
junto con otras compañeras.
89. Respecto a la continuidad en la prestación del servicio, indicó que nunca se
presentaron interrupciones en el trabajo, pues el call center no podía suspender su
funcionamiento, de manera que, aun cuando el contrato tuviera fecha de
terminación, continuaban laborando hasta que eran citadas a firmar la siguiente
adición. Señaló, así mismo, que en los hospitales de la red incluido el Hospital Santa
Clara, existía personal de planta que desarrollaba actividades similares o iguales a
las realizadas por la demandante en el call center.
90. En el interrogatorio formulado por la parte demandada, señaló no tener
conocimiento certero del monto de los honorarios de la demandante por razones de
confidencialidad, ni si esta presentó queja ante el Ministerio del Trabajo. Adujo que
las obligaciones de la accionante correspondían a la asignación de citas, atención
al usuario y cumplimiento de metas, además de cualquier otra actividad que la jefe
ordenara, estuviera o no prevista en el contrato. Indicó que la peticionaria
presentaba cuenta de cobro para el pago de sus honorarios, que su supervisora era
la señora Marcela, jefe de atención al usuario, con la jefe inmediata Karen Torres, y
que desempeñaba sus funciones en el área de atención al usuario, dentro del call
center.
91. En el interrogatorio de la parte demandante, la testigo afirmó que la accionante
trabajó siempre y únicamente para la Subred Centro Oriente, sin simultaneidad con
otros empleadores, y que asistió de manera obligatoria a las capacitaciones
programadas por la entidad, mencionando como ejemplos la relativa al nuevo
sistema de asignación de citas por call center y otra sobre donación de órganos,
realizada en el salón de reuniones del Hospital San Cristóbal. Indicó, además, que
presenció llamados de atención verbales e inadecuados hacia la demandante por
parte de la jefe inmediata, en las mismas condiciones que a otras compañeras de
trabajo.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
• Testimonio de la señora Sandra Yinet Celis Guevara
92. Afirmó que no tenía ningún grado de parentesco con la demandante Sandra
Patricia Luna Pérez. Señaló que inició labores en el año 2013 en el Hospital Santa
Clara, precisando que la accionante se encontraba vinculada con anterioridad a su
ingreso, y que ambas se desempeñaron en la oficina de atención al usuario como
informadoras, encargadas de recepcionar a los usuarios en ventanilla y de organizar
las filas cuando se abrían las agendas para especialistas, labor para la cual, en días
de agenda, debían presentarse desde las 4:00 a.m. Indicó que en los días ordinarios
el horario era de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y que, de presentarse alguna dificultad con
un usuario, debían permanecer el tiempo adicional necesario hasta resolver la
situación.
93. Precisó que trabajó en el Hospital Santa Clara desde el año 2013 hasta el año
2016, es decir, durante tres años, tiempo en el cual compartió puesto de trabajo y
oficina con la señora Sandra Luna.
94. En cuanto a la autonomía en el desarrollo de las funciones, adujo que existía
un jefe inmediato encargado de vigilar el cumplimiento del horario y de las
actividades, cargo que ocuparon sucesivamente la jefe Karen Argumedo,
posteriormente la jefe Smith Torres Monrath y, ya en el tránsito hacia la Subred, las
doctoras Angélica Palomino y Marta Castellanos. Precisó que dicha supervisión se
ejercía de manera constante, pues la jefe permanecía en la oficina durante la
atención al usuario, verificaba la realización de las encuestas de satisfacción en
horas de la tarde y controlaba la puntualidad en la llegada, procediendo a realizar el
llamado de atención correspondiente en caso de tardanza.
95. Respecto de los elementos de trabajo, la testigo señaló que los equipos como
computadores e impresoras eran suministrados por el hospital, aunque en
ocasiones de escasez de insumos como esferos, lápices o borradores debían
adquirirlos por su propia cuenta.
96. En relación con la naturaleza de las actividades, indicó que estas se realizaban
de manera permanente y no esporádica, pues correspondían al funcionamiento
diario del hospital, precisando que dichas labores eran fijas y no obedecían a un
proyecto especial, de manera que su ausencia habría afectado directamente la
atención al usuario. Manifestó, así mismo, que durante el tiempo en que compartió
actividades con la accionante en el Hospital Santa Clara, esta recibió felicitaciones
de los propios usuarios por la atención prestada, sin que le constaran llamados de
atención, y que no tuvo conocimiento de interrupciones prolongadas en la prestación
de su servicio.
97. En el interrogatorio de la parte demandada, la testigo indicó que la
demandante se encontraba vinculada mediante contrato de prestación de servicios,
con una duración inicial de tres meses, tras la cual se suscribían las respectivas
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
OPS y contratos subsiguientes. Señaló que las obligaciones de la accionante en el
área de atención al usuario consistían en organizar filas y turnos en días de apertura
de agenda, diligenciar el anexo 3 para la solicitud de autorizaciones ante la EPS,
realizar encuestas de satisfacción y, posteriormente, agendar citas de especialistas.
98. Indicó que todos los contratistas debían acreditar el pago de salud, pensión y
ARL como requisito para el pago mensual, y que, si bien no se exigía un informe
formal de actividades, el jefe advertía que el pago podría demorarse si no se
cumplían cabalmente las funciones, situación que se presentó en algunas
ocasiones. Precisó nuevamente los nombres de las personas que ejercieron la
supervisión y señaló que no le constaba que a la demandante se le hubiera hecho
llamado de atención por escrito.
• Testimonio del señor Juan David Rojas López
99. Sostuvo que no tenía ningún grado de parentesco con la demandante Sandra
Patricia Luna Pérez. Precisó que laboró en el hospital desde el año 2010 hasta
septiembre de 2016, y que compartió relación laboral estrecha con la demandante
entre el año 2013 y mediados de 2014, período tras el cual cambió de área, aunque
mantuvo algún contacto con ella. Indicó que, durante ese lapso, fue testigo directo
del cumplimiento de horario y de órdenes por parte de la demandante, quien se
desempeñó en el proceso de atención al usuario, realizando encuestas de
satisfacción y asignación de citas, mientras que el testigo cumplía funciones de tipo
administrativo, sirviendo de apoyo a la atención al usuario cuando se requería.
100. Sobre la subordinación en el ejercicio de las funciones, afirmó que, durante el
tiempo que compartió con la accionante, tuvieron dos jefes que impartían las
instrucciones y verificaban el cumplimiento de las actividades: inicialmente la jefe
Karen Argumedo y, posteriormente, la jefe Smith Torres, ambas encargadas de la
oficina de atención al usuario.
101. En cuanto a las condiciones de tiempo y lugar de la prestación del servicio,
indicó que la demandante debía cumplir sus labores de manera presencial dentro
del hospital, sin posibilidad de desarrollarlas en un sitio distinto, con un horario
ordinario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., el cual en ocasiones se extendía desde las 4:00
a.m. hasta la finalización de la atención al público, dependiendo de la demanda de
usuarios para la asignación de citas.
102. Interrogado sobre la existencia de personal de planta con funciones similares,
indicó que una compañera de nombre Marly, quien continuaba vinculada como
empleada de planta del hospital, desempeñaba exactamente las mismas funciones
de orientación al público, asignación de citas y atención telefónica que realizaba la
demandante.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
103. En relación con los elementos de trabajo, señaló que todos los insumos,
incluyendo carné, papelería, equipos de cómputo y teléfonos, eran suministrados
por el hospital, sin que el personal debiera aportar herramientas propias para el
desarrollo de sus actividades.
104. Sobre los llamados de atención, indicó que, si bien no le constaba la existencia
de llamados de atención escritos, sí se hacían de manera verbal por incumplimiento
de horario o ausencias no justificadas. Respecto de las capacitaciones, señaló que
se impartían tanto en temas generales, como humanización y talento humano, como
en aspectos específicos de atención al usuario y normatividad vigente en salud,
siendo estas de carácter obligatorio para el cumplimiento adecuado de las
funciones.
105. En el interrogatorio de la parte demandada, adujo que la accionante se
encontraba vinculada mediante contrato de prestación de servicios, cuyo
cumplimiento mensual era objeto de revisión por parte del jefe inmediato para la
generación del pago correspondiente, y que sus obligaciones incluían el
cumplimiento de horario, respetar el tiempo de almuerzo y de identificación
mediante carné como empleado de la entidad. Señaló que la demandante debía
acreditar el pago de salud y pensión para que se generara el pago mensual, indicó
un rango aproximado de honorarios comprendido entre $300.000 y $1.500.000, y
precisó que la jornada era de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., coincidente
con la del personal de planta.
106. Manifestó que el cargo de personal de planta con funciones similares
correspondía a auxiliar administrativo, indicando que era reducido y contaba con
antigüedad prolongada, sin que se exigieran requisitos específicos de estudios o
experiencia comparables a los solicitados a los contratistas.
107. En el interrogatorio de la parte demandante, calificó el trato recibido por la
demandante como de subordinación frente a sus jefes inmediatos, indicando que,
pese a tener funciones claras y detalladas, debía sujetarse a las órdenes de cambio
de actividad u horario impartidas por estos, sin que le constara algún maltrato
laboral.
• Interrogatorio de parte de la demandante, señora Sandra Patricia Luna Pérez
108. Manifestó no recordar con precisión el tipo de contrato suscrito con el hospital,
indicando que se trataba de contratos firmados por períodos consecutivos de
tiempo. Señaló que pagaba salud, pensión y ARL, que dichos contratos tenían fecha
de inicio y de terminación, y que presentaba cuenta de cobro para el pago de sus
honorarios, previa verificación de las funciones realizadas.
109. En cuanto a sus jefes inmediatos, indicó que, dado que laboró durante varios
años, tuvo distintos supervisores en el tiempo: al ingresar al Hospital Santa Clara,
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
en marzo de 2013, su jefe fue la jefe Karen Argumedo, posteriormente la jefe Smith
Torres, luego la jefe Angélica Palomino, y finalmente, en el Hospital San Cristóbal,
la jefe Karen Torres, precisando que estos cambios obedecieron a la unificación de
la Subred Centro Oriente.
110. Sobre sus obligaciones contractuales, señaló que inicialmente se desempeñó
como apoyo orientador en las filas, atendiendo al público y verificando la vigencia
de las órdenes de la EPS Capital Salud, identificándose mediante chaleco de la
Secretaría de Salud y del hospital, y que posteriormente atendió en ventanilla. Indicó
que trabajó inicialmente de lunes a viernes en el Hospital Santa Clara, y que, al
trasladarse a San Cristóbal, se le asignaron horarios rotativos por turnos,
distribuidos en jornadas de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y turnos
nocturnos de 10:00 p.m. hasta las 8:00 o 9:00 a.m.
111. Preguntada sobre una situación de acoso laboral, manifestó haber hecho parte
de un grupo de mujeres en San Cristóbal que presentaron varias quejas ante la
doctora Marcela Castellanos, así como ante la Secretaría de Salud y la Oficina del
Trabajo.
112. Interrogada sobre si era consciente de que el contrato suscrito no correspondía
a un contrato laboral y no le otorgaba derecho a primas, vacaciones ni cesantías,
respondió afirmativamente, señalando que las condiciones eran las que se le
ofrecían al momento de cada renovación.
113. Señaló que su vinculación fue continua, sin interrupciones, desde el año 2013
hasta julio de 2017, y que los contratos subsiguientes se firmaban antes de que
venciera el anterior, sin que le constara haber trabajado en algún período sin
contrato vigente.
114. En cuanto al horario, precisó que durante los períodos de apertura de agenda
ingresaba a las 4:00 a.m. o 5:00 a.m., según la especialidad médica ofertada, y que
en los demás casos el horario era de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Manifestó no haber
trabajado simultáneamente en ningún otro sitio durante su vinculación con dichas
entidades de salud.
115. Sobre capacitaciones, señaló que el SENA les impartió una capacitación en
atención al usuario con la correspondiente certificación, y que, con ocasión del
cambio de sistema para la asignación de citas -del aplicativo Clinical Suite a
Dinámica Gerencial- recibieron múltiples capacitaciones adicionales, así como
formación en humanización para la atención al público.
116. Cuestionada sobre la existencia de personal de planta con funciones similares,
indicó que, junto con la señora Sandra Celis, recibió inducción por parte de la señora
Marly Álvarez, empleada de planta, con quien realizaban las mismas funciones, sin
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
que le constaran los requisitos exigidos a esta para acceder a dicho cargo, dado
que ya llevaba muchos años vinculada al hospital.
117. Respecto de los permisos, manifestó que debía solicitarlos a su jefe inmediato,
ya fuera la jefe Karen Torres o la jefe Smith, señalando como ejemplo haber pedido
permiso para viajar a Medellín a visitar a sus hijos, sin que dicho tiempo debiera ser
recuperado posteriormente, y precisando que el medio utilizado para solicitar los
permisos era verbal, directamente con la jefe de turno.
118. En relación con la subordinación, afirmó que su jefe le indicaba el lugar
específico del hospital donde debía ubicarse -ventanilla, filas u otras áreas-,
debiendo reportar su ubicación, y mencionó que en cierta ocasión el gerente del
hospital, doctor Hugo Méndez, dispuso que se les entregaran chalecos por no
visualizar a las orientadoras en las filas durante la madrugada. Indicó que no podía
contradecir dichas órdenes y que debía acatarlas.
119. Sobre el trato recibido, calificó a sus jefes, en términos generales, como
buenos, aunque señaló inconvenientes relacionados con la falta de idoneidad de los
implementos de trabajo -como el teléfono celular asignado para la asignación de
citas-, los cuales fueron posteriormente mejorados con la provisión de sillas,
computadores e internet. Manifestó que las quejas presentadas por el grupo de
trabajo obedecieron a presuntos favoritismos en la distribución de turnos nocturnos,
y que, como resultado, quienes suscribieron dichas quejas fueron retirados uno a
uno de sus labores, sin que las entidades ante las cuales se presentaron las quejas
hubieran adelantado una indagación directa sobre lo ocurrido.
120. Finalmente, relató las circunstancias de su desvinculación, indicando que, con
ocasión de una reclamación de un paciente, relacionada con la asignación de una
cita mediante WhatsApp, el señor Fernando Beltrán se presentó en la oficina de San
Cristóbal y le indicó que recogiera sus pertenencias, dando por terminado su
contrato, para lo cual le hicieron firmar un inventario de los elementos de su puesto
de trabajo, entregados a la jefe Karen Torres.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
3.5.1. Sobre la existencia de la relación laboral encubierta
121. La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia
y se acceda a las pretensiones de la demanda, toda vez que, a su juicio, entre las
partes existió una relación laboral encubierta del 11 de marzo de 2013 al 31 de julio
de 2017, en tanto se configuraron los tres elementos propios de esta, es decir, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación, lo cual se logra
probar con las pruebas que obran en el expediente.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
122. En consecuencia, la Sala analizará si en el presente asunto se acreditan los
elementos que permitirían la configuración de una relación laboral entre la señora
Sandra Patricia Luna Pérez y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente E.S.E.
123. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.
3.5.1.1. Prestación personal del servicio
124. De acuerdo con las pruebas practicadas en el proceso, esto es, la documental
y las testimoniales, se acredita que la señora Sandra Patricia Luna Pérez prestó
servicios en el Hospital Santa Clara E.S.E., que hoy hace parte de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., vinculada a través de
contratos de prestación de servicios, del 11 de marzo de 2013 al 31 de julio de 2017.
125. Al respecto, se destaca que, del 11 de marzo de 2013 al 31 de agosto de 2016,
los contratos los suscribió con el Hospital Santa Clara E.S.E.; mientras que del 1 de
septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017 los celebró con la referida Subred, y de
acuerdo con el testimonio de Nadia Eliana Ferro Góngora y la declaración de la
accionante, en el último periodo en mención, los servicios los prestó en el Hospital
San Cristóbal.
126. Según el objeto los contratos celebrados y lo mencionado por los testigos, la
demandante efectuó la labor como apoyo a la gestión de actividades asistenciales,
apoyo orientador, apoyo técnico a la gestión en procesos de atención al usuario-
PQRS37 y call center38. Frente a las actividades desarrolladas como orientador se
destacan las de atender a los usuarios en ventanilla, organizar las filas cuando se
abrían las agendas para especialistas y verificar la realización de encuestas de
satisfacción; mientras que en PQRS y call center, se encargaba de recibir llamadas,
asignar citas, atender al usuario de manera presencial y telefónica, y manejar el chat
de citas.
127. Ahora bien, de acuerdo con los testimonios de los señores Sandra Yinet Celis
Guevara y Juan David Rojas López, quienes trabajaron con la demandante mientras
desarrolló labores de apoyo orientador, la señora Sandra Patricia Luna Pérez ejercía
sus actividades en las instalaciones del Hospital Santa Clara, concretamente en la
oficina de atención al usuario.
37 Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
38 Centro de atención telefónica.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
128. Por su parte, la testigo, señora Nadia Eliana Ferro Góngora, quien laboró con
la demandante, a partir del año 2016, luego de la integración del Hospital Santa
Clara a la Subred, manifestó que las funciones se desempeñaban en el área de
atención al usuario del Hospital San Cristóbal, dentro del call center y para
ausentarse del lugar de trabajo, debía solicitar permiso con antelación y presentar
constancia del motivo.
129. En este orden de ideas, se considera que la demandante, durante todo el
tiempo en el que prestó sus servicios a la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E., debió ejercer de manera personal las obligaciones y
funciones para las cuales fue contratada.
3.5.1.2. Remuneración
130. En los contratos de prestación de servicios celebrados entre la accionante y el
Hospital Santa Clara E.S.E., y luego con la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E., las partes acordaron el pago de honorarios a favor de la
contratista, lo cual se evidencia en la copia de estos, que reposan en el plenario, en
donde se advierte que se fijó un valor por la prestación de los servicios.
131. A su vez, en el expediente reposan el certificado del 14 de enero de 2022,
suscrito por el director financiero de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E., en el que se relacionan los pagos efectuados por esa entidad
a la demandante entre 2013 y 2017, y las actas de liquidación de los contratos.
Documental que da cuenta de los pagos efectuados por la entidad accionada dada
la prestación de los servicios.
3.5.1.3. Continuada subordinación o dependencia
132. Sobre el particular se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, el tiempo y el lugar de la ejecución del trabajo, aplica
reglamentos internos y puede imponer sanciones por incumplimiento,
características propias de una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma
del contrato de prestación de servicios.
133. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En
tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan
asumir un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional
de la entidad.
134. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
30
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
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genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la
existencia de una relación laboral subordinada encubierta.
135. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.
136. Descendiendo al caso concreto, en primer lugar, se señala que, de
conformidad con el Decreto 1876 de 199439, las Empresas Sociales del Estado
constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Y según lo prevé
tal norma, tienen como objetivo, entre otros, prestar los servicios de salud de
manera eficiente y efectiva, de acuerdo con las normas de calidad establecidas,
garantizando mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y
financiera de la entidad. Tales objetivos hacen parte de la misión de cada E.S.E.
137. Ahora bien, conforme con las pruebas practicadas, se tiene que la señora
Sandra Patricia Luna Pérez ejecutó las labores de apoyo orientador, apoyo técnico
en PQRS y call center en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E. En dichas calidades desempeñó funciones dirigidas a cumplir el objeto
misional de la entidad, comoquiera que la orientación al usuario, la asignación de
citas y la atención de peticiones, quejas y reclamos son actividades propias de la
adecuada prestación del servicio de salud.
138. Lo anterior tiene fundamento en que, de acuerdo con los contratos suscritos
entre el 11 de marzo de 2013 y el 31 de agosto de 2016, la accionante pactó con el
Hospital Santa Clara E.S.E., que hoy integra con la Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E., en su condición de apoyo orientador, ejecutar las
siguientes actividades:
1. Realizar actividades como orientador en fila de usuarios y revisar
documentos.
2. Asignar fichas para turno de citas.
3. Seleccionar y ubicar usuarios prioritarios.
4. Apoyar y/o acompañar a usuarios invidentes, adulto mayor o
discapacitados si lo requieren en trámites dentro de la institución.
5. Ordenar las filas dentro de la sala e informar a los usuarios sobre los
procesos generales administrativos y documentación para acceder a los
servicios ofertados en el portafolio.
39 «Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las
Empresas Sociales del Estado».
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Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
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6. Asignar los digiturnos a los usuarios que solicitan citas.
7. Recepcionar los documentos del usuario verificando la integridad del
contenido de acuerdo con la contratación suscrita con la entidad y
asegurador para determinar si hay cobertura para la prestación del servicio.
8. Archivar la correspondencia interna y externa.
9. Información y orientación personalizada y telefónica al usuario cuando este
lo requiera.
10. Orientación y atención al público en las diferentes ventanillas de
información.
11. Promover en el servicio la cultura de los valores y principios éticos.
12. Asistir a reuniones del área con el fin de mejorar los procesos.
139. A su vez, con ocasión de la integración del Hospital Santa Clara a la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., la señora Sandra Patricia
Luna Pérez suscribió el contrato 02-PS-0568-2016 —apoyo técnico a la gestión del
proceso de atención al usuario, PQRS— y, posteriormente, el contrato PS-2404-
2017 —apoyo a la gestión del proceso de atención al usuario, call center—, en los
que asumió, entre otras, las obligaciones que se detallan a continuación:
1. Utilizar el aplicativo de captura y registro de los ciudadanos que ingresan al
PQRS.
2. Registrar los datos de quienes requieren información sobre el SGSSS.
3. Operar el sistema de correspondencia general; organizar la agenda de
reuniones y actividades que disponga quien ejerza la dirección administrativa
del área.
4. Realizar seguimiento y respuesta a las peticiones, quejas, solicitudes y
reclamos
5. En la etapa de call center, digitar e ingresar usuarios al sistema Dinámica
Gerencial, atender al usuario para orientación, asignación y cancelación de
citas, y organizar a los usuarios en salas de espera conforme a la
normatividad vigente y la priorización de poblaciones.
140. Advertido lo anterior, se estima que las obligaciones que debía cumplir la
accionante eran actividades operativas, respecto de las cuales no se advierte la
existencia de un grado de autonomía o independencia para su ejecución. Por el
contrario, lo que se evidencia es que el desarrollo de las actividades debía
adecuarse al normal funcionamiento de la E.S.E., relacionadas con la atención al
usuario, particularmente en cuanto a la asignación de citas, autorizaciones,
organización de filas, entre otras.
141. Ahora bien, la testigo Sandra Yinet Celis Guevara, quien compartió con la
demandante en la oficina de atención al usuario del Hospital Santa Clara entre 2013
y 2016, relató que dentro de esa oficina existió un jefe inmediato encargado de
vigilar el cumplimiento del horario y de las actividades, cargo que ocuparon, en su
orden, la jefe Karen Argumedo, la jefe Smith Torres Monrath y, ya en el tránsito
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Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
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hacia la Subred, las doctoras Angélica Palomino y Marta Castellanos. Sostuvo que
la jefe permanecía en la oficina durante la atención al público, verificaba la
realización de las encuestas de satisfacción en horas de la tarde y procedía a hacer
el llamado de atención correspondiente en caso de tardanza.
142. Por su parte, el testigo Juan David Rojas López, quien coincidió con la
accionante en el trabajo durante el periodo comprendido del año 2013 a mediados
de 2014, corroboró lo anterior al señalar que durante ese lapso fueron dos las jefes
que impartían las instrucciones y verificaban el cumplimiento de las actividades,
Karen Argumedo y Smith Torres. A su turno, la testigo Nadia Eliana Ferro Góngora,
quien solo conoció a la demandante a partir de 2016 en el Hospital San Cristóbal,
con ocasión de la unificación del call center, refirió que la accionante tenía como
jefe inmediata a Karen Torres, quien permanecía en la oficina impartiendo órdenes
diariamente.
143. En el interrogatorio de parte, la accionante relató, de manera cronológica, que
al ingresar al Hospital Santa Clara en marzo de 2013 su jefe fue Karen Argumedo,
luego Smith Torres, después Angélica Palomino y, finalmente, ya en el Hospital San
Cristóbal, Karen Torres, cambios que —según explicó— obedecieron a la
unificación de la Subred Centro Oriente. Dicho relato coincide y con lo manifestado
por los tres testigos —cada uno de los cuales solo pudo dar cuenta del tramo de la
relación que le constaba por haber coincidido con la accionante en distintos
períodos—.
144. En cuanto al horario, la testigo Sandra Yinet Celis Guevara señaló que, en los
días ordinarios de la etapa de apoyo orientador, este era de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.,
y que en los días de apertura de agenda para especialistas debían presentarse
desde las 4:00 a.m., extendiéndose la jornada, ante cualquier dificultad con un
usuario, el tiempo adicional necesario para resolverla. El testigo Juan David Rojas
López coincidió en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y en su extensión ocasional
desde las 4:00 a.m., según la demanda de usuarios. La propia demandante confirmó
estas jornadas y precisó que, luego del traslado al Hospital San Cristóbal, dicho
horario fue reemplazado por turnos rotativos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., de 2:00 p.m.
a 10:00 p.m. y nocturnos de 10:00 p.m. a las 8:00 o 9:00 a.m., información que
coincide con lo señalado por la testigo Nadia Eliana Ferro Góngora.
145. Sobre el tema, la testigo Nadia Eliana Ferro Góngora declaró que la
demandante debía firmar planillas de ingreso y regreso, revisadas y suscritas por la
jefe inmediata; que existían cámaras dentro de las instalaciones del hospital, y que
los informes generados registraban el nombre de la persona, el usuario atendido y
las horas de gestión. Añadió que, para ausentarse del lugar de trabajo, debía
solicitarse permiso con antelación y presentar constancia del motivo. La
demandante, por su parte, manifestó en el interrogatorio que dichos permisos
debían pedirse de manera verbal y directamente a la jefe de turno —Karen Torres
o Smith—.
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146. Ahora bien, en el interrogatorio de parte, la demandante relató que su jefe
inmediata le indicaba el lugar específico del hospital donde debía ubicarse —
ventanilla, filas u otras áreas—, debiendo reportar dicha ubicación, sin que le fuera
dado contradecir tales órdenes. En tal sentido trajo a colación un episodio en que el
gerente del hospital, doctor Hugo Méndez Arévalo, dispuso la entrega de chalecos
institucionales a las orientadoras ante la dificultad de ubicarlas visualmente durante
los turnos de la madrugada.
147. Lo anterior, si bien concierne a un relato de la parte interesada en la litis, que
en principio debe apreciarse con discreción, lo cierto es que al valorarse con lo
expuesto por los testigos —la existencia constante de un jefe inmediato en el sitio
de trabajo, el control mediante planillas y cámaras, y la exigencia de autorización
previa para cualquier ausencia, todos ellos acreditados por los testigos—, la Sala
no lo desestima como elemento adicional de convicción.
148. Lo expuesto evidencia que la dirección de las actividades desarrolladas por la
demandante no se limitó al señalamiento de pautas generales de coordinación, sino
que se materializó en órdenes sobre el modo, el lugar y las condiciones específicas
de ejecución de la labor, impartidas por las jefas inmediatas, lo cual constituye un
indicio de subordinación.
149. Adicionalmente, se advierte que en los contratos de PQRS y call center las
obligaciones contractuales eran susceptibles de modificarse unilateralmente por
decisión de la entidad. Por ejemplo, el contrato 02-PS-0568-2016 dispuso, en
algunas de sus obligaciones específicas, que diversas tareas de archivo, agenda,
respuesta a peticiones e indicadores de gestión se ejecutarían respecto de la
Unidad de Servicios de Salud «que disponga el supervisor»; mientras que el
contrato PS-2404-2017 estableció la obligación de cumplir «las demás funciones
que sean asignadas en la realización del objeto contractual». Dichas circunstancias,
se considera que evidencian el ejercicio del ius variandi, propio de una relación
laboral caracterizada por el sometimiento a lineamientos dispuestos unilateralmente
por la entidad.
150. Por otra parte, en cuanto a que el servicio personal contratado corresponda a
las funciones permanentes de los empleados de planta, se destaca que en el
plenario obra el manual específico de funciones y competencias laborales del
Hospital Santa Clara —Acuerdo 086 de 2005—, correspondiente al cargo de auxiliar
administrativo, código 407, grado 14, del nivel asistencial, cuyas funciones
consisten, entre otras, en informar a los usuarios sobre los procesos generales
administrativos y documentación para acceder a los servicios del portafolio, y en
recepcionar los documentos del usuario verificando la integridad del contenido de
acuerdo con la contratación suscrita, con el propósito de determinar si existe
cobertura para la prestación del servicio. Al confrontar dichas funciones con las
obligaciones contractuales de apoyo orientador transcritas en el párrafo 138 —en
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particular los numerales 5 y 7—, la Sala advierte una correspondencia funcional que
constituye un indicio adicional de la relación laboral encubierta.
151. A lo anterior se suma que el testigo Juan David Rojas López y la propia
demandante coincidieron en señalar que la señora Marly Álvarez, empleada de
planta del hospital, desempeñaba exactamente las mismas funciones de orientación
al público, asignación de citas y atención telefónica que ejecutaba la accionante —
quien, según relató, recibió inducción de la señora Álvarez al ingresar—, sin que la
parte demandada hubiese controvertido dicha afirmación. La testigo Nadia Eliana
Ferro Góngora, por su parte, aunque no identificó a una persona en particular,
declaró en términos generales que en los hospitales de la red incluido el Hospital
Santa Clara, existía personal de planta que desarrollaba actividades similares o
iguales a las realizadas por la demandante.
152. En lo referente a los elementos de trabajo, la testigo Sandra Yinet Celis
Guevara manifestó que los computadores e impresoras eran suministrados por el
hospital, aunque en ocasiones de escasez de insumos menores —esferos, lápices
o borradores— debían adquirirlos por cuenta propia. El testigo Juan David Rojas
López afirmó, además, que el carné, la papelería, los equipos de cómputo y los
teléfonos también eran suministrados por la entidad, sin que el personal debiera
aportar herramientas propias. La accionante añadió, en el interrogatorio, que debía
identificarse mediante chaleco institucional de la Secretaría de Salud y del hospital,
y posteriormente mediante carné; dato que guarda correspondencia con el listado
de soporte de entrega de carnés a colaboradores vinculados mediante OPS en el
año 2016 que obra en el expediente, en el que bien no aparece la firma de recibo,
si figura relacionado el nombre de la demandante.
153. Asimismo, la testigo Nadia Eliana Ferro Góngora relató que la accionante
asistió de manera obligatoria a capacitaciones programadas por la entidad,
mencionando como ejemplos la relativa al nuevo sistema de asignación de citas por
call center y otra sobre donación de órganos. El testigo Juan David Rojas López se
refirió, en cambio, a capacitaciones de contenido más general, en humanización y
talento humano, así como en atención al usuario y normatividad vigente en salud,
calificándolas igualmente de obligatorias. La demandante, por su parte, mencionó
una capacitación impartida por el Sena en atención al usuario, con certificación, y
las capacitaciones adicionales recibidas con ocasión del cambio del aplicativo de
asignación de citas de Clinical Suite a Dinámica Gerencial. Aunque cada declarante
se refirió a capacitaciones distintas según la época en que coincidió con la
accionante, la exigencia de asistencia obligatoria a estas, sumada a la de
comparecer a las reuniones dispuestas por los jefes inmediatos, constituye un
indicio adicional del sometimiento de la demandante al poder de organización de la
entidad.
154. Así las cosas, teniendo en cuenta la valoración conjunta y razonada de las
pruebas documentales y testimoniales señaladas, se considera probado el
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elemento de la subordinación, contrario a lo concluido por el Tribunal de primera
instancia. Lo anterior, en la medida en que la accionante, al desempeñar las
funciones de apoyo orientador, apoyo técnico en PQRS y call center, ejecutó labores
que permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad, esto es, la prestación
eficiente y efectiva del servicio de salud, bajo un horario o turnos determinados
unilateralmente, recibiendo directrices a través de jefes inmediatas, y en el lugar de
trabajo dispuesto por esta —las instalaciones del Hospital Santa Clara y,
posteriormente, del Hospital San Cristóbal—, valiéndose de los elementos e
insumos que la entidad le asignaba. Además, no se advierte, por la naturaleza de
índole operativo de las funciones desempeñadas, que la accionante tuviese algún
grado de autonomía para ejercerlas, sino que debía actuar bajo las directrices del
normal funcionamiento de la entidad.
155. También se estima que la labor desarrollada fue de carácter permanente, pues
se extendió por más de cuatro años. En consecuencia, al encontrarse acreditados
los elementos de prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, la
Sala considera que del 11 de marzo de 2013 al 31 de julio de 2017 existió una
relación laboral encubierta entre la señora Sandra Patricia Luna Pérez y la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
3.5.2. Prescripción trienal
156. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada
caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo
contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado
fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. (Se
destaca)
157. Ahora en relación con el término de la no solución de continuidad en asuntos
en los que se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección
en sentencia del 9 de septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo
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y jurisprudencial precedente, estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Término que debe
entenderse como un marco de referencia para la administración, el contratista y el
juez de la controversia.
158. Por lo expuesto, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Estado, y el pago de las prestaciones que de esta se deriven,
deberá reclamarlo dentro del término de tres años contados a partir de la finalización
del vínculo contractual40.
159. Descendiendo al caso particular, como no existió solución de continuidad,
debido a que no se evidencia entre los distintos contratos periodo mayores a 30 días
hábiles41, la prescripción comenzó a contabilizarse a partir de la terminación del
vínculo contractual. Así, se precisa que como entre la terminación de la vinculación
—31 de julio de 2017— y la reclamación administrativa —12 de marzo de 2019—
no transcurrieron más de tres años, el término de prescripción se interrumpió por un
plazo igual —artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado en el Decreto
1848 de 1969—. Esto quiere decir que como la demanda se presentó el 29 de
octubre de 2019, no operó el fenómeno de prescripción frente a los derechos
pretendidos.
160. Por consiguiente, a la demandante le asiste el derecho al pago de las
prestaciones laborales por los periodos ocurridos entre el 11 de marzo de 2013 y el
31 de julio de 2017, salvo interrupciones.
3.5.3. El reconocimiento y pago de diferencias salariales, prestaciones
sociales y aportes a título de restablecimiento del derecho
161. Esta corporación en su jurisprudencia, frente al reconocimiento de las
prestaciones que deberán ser reconocidas a la accionante, ha señalado que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a
la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de
prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado
público», lo que no impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud
del aludido principio de «a trabajo igual salario igual»42.
162. Sobre el particular, en cuanto al pago de las diferencias salariales, que
pretende la parte accionante, si bien en oportunidades anteriores esta Subsección
sostuvo que por el reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales»43, la Sala modificó su postura
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con
referencia SUJ2-005-16.
41 Ver Tabla 1.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, proceso con
radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, exp. 66001-23-33-
000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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para señalar que en estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta
además, el reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo
devengado por los empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron
pagados a los contratistas44, cuando así lo reclame la parte demandante y estas
diferencias existan.
163. Así, se considera que es procedente el reconocimiento y pago de las diferencias
que resulten entre lo que recibió la accionante por concepto de honorarios –en
ejercicio de las funciones como apoyo orientador, apoyo técnico a la gestión en
procesos de atención al usuario-PQRS y call center, – y lo que debió recibir, en
igualdad de condiciones a un empleado de planta que haya desarrollado funciones
iguales o equivalentes a las que ella desarrolló, por el periodo comprendido del 11
de marzo de 2013 hasta el 31 de julio de 2017, salvo interrupciones. Esto, en
atención a que tal aspecto fue solicitado en la demanda.
164. Ahora bien, la accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la
relación laboral debieron liquidarle, como vacaciones, primas, bonificaciones y
cesantías, entre otras. Para ello, se debe tomar como base el salario de un
empleado de planta que cumpliera funciones equivalentes, para el período de
vinculación entre el 11 de marzo de 2013 y el 31 de julio de 2017, salvo
interrupciones.
165. Al respecto, se advierte que en el expediente obra el manual específico de
funciones y competencias laborales del Hospital Santa Clara —Acuerdo 086 de
2005—, correspondiente al cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 14,
del nivel asistencial, con algunas funciones similares a las obligaciones pactadas
mientras la accionante desarrolló labores como apoyo orientador. A su vez, se
destaca que en los contratos suscritos la entidad contratante señaló que el capital
humano para ejecutar sus actividades misionales era insuficiente en la planta de
personal. Por consiguiente, aun cuando no se logró acreditar la existencia de un
empleo con la denominación específica de los objetos de los contratos a través de
los cuales la demandante prestó sus servicios a la entidad accionada, la Sala no
descarta que en la planta de personal de la Subred existieran otros cargos con
funciones equivalentes a las desempeñadas por la accionante.
166. Así las cosas, en cuanto a la base para la liquidación de las prestaciones
sociales cuyo pago se ordena, como consecuencia de la declaratoria de la
existencia de la relación laboral, se señala que por regla general y en virtud del
principio a trabajo igual salario igual, debe corresponder al salario del cargo que
exista en la planta de personal con funciones iguales o equivalentes. En caso
contrario, cuando no exista el cargo en la planta, la base para calcular las
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de enero de 2024, exp. 81001-23-
39-000-2017-00008-01 (1824-2022) y 85001-23-33-000-2019-00168-01 (3781-2021); sentencia del 22 de mayo
de 2026, exp. 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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prestaciones debe ser los honorarios.
167. En consecuencia, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales legales, y demás acreencias laborales de carácter legal
que habría devengado un empleado de planta de la entidad demandada que
ejerciera funciones equivalentes, incluidas vacaciones, primas, bonificaciones,
cesantías, entre otras. Si bien la primacía de la realidad sobre las formalidades no
le confiere la calidad de empleado público, ello no impide ordenar el pago de las
prestaciones reclamadas, conforme al principio de «a trabajo igual, salario igual»,
como se indicó previamente.
168. Por otra parte, en lo que respecta a los aportes a pensión, la parte
demandada debe calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional, que
corresponde a los salarios de un empleado de planta que haya ejercido funciones
iguales o equivalentes a las de la accionante, del 11 de marzo de 2013 al 31 de julio
de 2017, salvo interrupciones. La entidad deberá cotizar al respectivo fondo
pensional el porcentaje que le correspondía como empleador, teniendo en cuenta,
además, su carácter imprescriptible45. En punto, se aclara que, si no existe un cargo
de planta con funciones iguales o equivalentes, la base debe corresponder a los
honorarios.
169. A su vez, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones durante el tiempo que duró su
vinculación y, en el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su contra,
tendrá que pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía
como empleada.
170. Ahora bien, en lo que concierne a los aportes a la caja de compensación
familiar solicitados por la parte accionante en el escrito de la demanda, se estima
que su reconocimiento directo en favor de la señora Sandra Patricia Luna Pérez
resulta improcedente. Ello es así porque, conforme a la Ley 21 de 1982, dichos
aportes son recursos parafiscales destinados al financiamiento del subsidio familiar
y a la prestación de servicios de seguridad social, administrados por las cajas de
compensación familiar bajo la vigilancia del Estado46.
171. Por ende, tales aportes no constituyen salario ni acreencias laborales
susceptibles de incorporarse al patrimonio del trabajador. Su naturaleza pública y
destinación legal específica excluyen la posibilidad de ordenar el pago directo a la
accionante, pues no remuneran la prestación personal del servicio, sino que
atienden finalidades propias del sistema de seguridad social.
172. Así las cosas, la Sala considera que es improcedente el reconocimiento
45 Sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, exp. 23001233300020130026001 (0088-
2015).
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de junio de 2026, exp. 05001-23-33-
000-2021-01763-01 (0636-2026), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
39
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—
reclamado, en tanto, la naturaleza de los aportes en mención es de carácter
parafiscal, y no están destinados a incrementar el patrimonio de la demandante
como consecuencia de la prestación de sus servicios, sino que representan un
recurso público cuyo uso abarca diferentes funciones dentro de las que se
encuentra la atención de las prestaciones y servicios de la seguridad social47.
173. De otra parte, en lo referente a los auxilios de transporte y de
alimentación48, pretendidos en la demanda, se tiene que el artículo 42 del Decreto
1042 de 1978 incluyó el auxilio de transporte y el de alimentación entre los factores
salariales de los empleados públicos. Su reconocimiento procede respecto de
quienes perciban una asignación básica mensual que no exceda el límite fijado por
el Gobierno nacional, el cual ha correspondido a dos salarios mínimos legales
mensuales vigentes, conforme a los artículos 50 y 51 del Decreto 1042 de 1978.
174. Sobre el particular se señala que, en desarrollo de la Ley 4 de 1992, el
Gobierno nacional determina anualmente el valor del SMLMV y precisa el nivel de
remuneración hasta el cual puede reconocerse. Para el periodo comprendido entre
2013 y 2017, respecto del cual se declarará la existencia de la relación laboral
encubierta, rigieron los siguientes decretos:
Vigencia Decreto salario Valor del Valor Valor del pago
mínimo salario mínimo correspondiente mensual según
legal mensual a dos SMLMV los honorarios
vigente pactados a la
demandante49
2013 2738 de 2012 $589.500 $1.179.000 $1.097.671
2014 3068 de 2013 $616.000 $1.232.000 $1.120.979
2015 2731 de 2014 $644.350 $1.288.700 $1.172.545
2016 2552 de 2015 $689.455 $1.378.910 $1.338.857
2017 2209 de 2016 $737.717 $1.475.434 $1.338.990
Tabla 2: comparativo entre el valor del SMLMV y los honorarios percibidos por la accionante durante
la existencia de la relación laboral con la demandada.
175. Así, del comparativo entre los honorarios mensuales recibidos por la
demandante y el límite salarial establecido para cada anualidad, se concluye que
su remuneración fue inferior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En
consecuencia, cumplió el requisito económico previsto para acceder al auxilio de
transporte y de alimentación durante todo el tiempo comprendido del 2013 al 2017.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, exp. 66001-23-33-
000-2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, exp. 66001-23-33-
000-2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; sentencia del 9 de julio de 2026, exp.
66001-23-33-000-2021-00092-01 (6245-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
49 Si bien hubo meses en los que la accionante devengó honorarios distintos en algunos meses, en la tabla se
relaciona el mayor valor pagado en cada uno de los años relacionados. Esto, según el certificado emitido el 14
de enero de 2022 por el director financiero de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.,
visto en Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_EXP:5_250002342000201901542012EXPEDIENTEDIGI20221014151053(.zip), documentos
31AlleganCertificacionDePagosSubred y 36RespuestaRequerimientoSubred.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
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176. Por esta razón, se ordenará a la entidad accionada reconocer y, pagar a favor
de la demandante el auxilio de transporte y auxilio de alimentación frente a los
periodos laborados del 11 de marzo de 2013 al 31 de julio de 2017, salvo
interrupciones; siempre que, previa verificación de la existencia de un cargo de
planta con funciones iguales o equivalentes al ejercido por la accionante, se
establezca que la base salarial correspondiente no supera el monto máximo previsto
en la norma para ser beneficiario de referidos auxilios50.
177. Por otro lado, en relación al subsidio familiar, se tiene que, según lo
establece la Ley 21 de 1982, es una prestación social pagadera en dinero, especie
y servicio a los trabajadores de carácter permanente51 cuya remuneración mensual
fija o variable no sobrepase el límite de treinta y cuatro mil doscientos pesos ($
34.200) o la suma que equivalga a cuatro veces el salario mínimo legal 52, laboren
diariamente más de la mitad de la jornada máxima legal o totalicen 96 horas de labor
durante el respectivo mes53 y tengan personas a cargo54. Al respecto, comoquiera
que la demandante no acreditó tener personas a cargo, no es posible acceder al
reconocimiento pretendido55.
178. Ahora, en cuanto a la devolución de aportes por concepto de salud que
pretende la accionante, la Sala señala que tal condena es improcedente, toda vez
que según se definió en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 56,
pese a que se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta, en
función de su naturaleza parafiscal, dichos recursos son de obligatorio pago y
recaudo para un fin específico «y no constituyen un crédito en favor del interesado».
Al respecto, en dicha providencia se determinó que «frente al hecho consumado
de la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales por parte
de la Administración, es improcedente el reembolso de los aportes que el
contratista hubiese realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios
de naturaleza parafiscal» (destacado original). En punto, se destaca que, bajo este
mismo argumento, la corporación ha considerado que la devolución de los aportes
a pensión tampoco procede57.
179. Tampoco se estima procedente la devolución de las retenciones
efectuadas, en consideración a lo dicho por la Sección Segunda del Consejo de
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2026, exp. 66001-23-33-
000-2021-00092-01 (6245-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
51 Artículo 18 de la Ley 21 de 1982.
52 Artículo 20 de la Ley 21 de 1982.
53 Artículo 23 de la Ley 21 de 1982.
54 Artículo 27 de la Ley 21 de 1982.
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de junio de 2026, exp. 25000-23-42-
000-2017-02957-01 (4925-2023), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-23-33-000-2013-
01143-01 (1317-2016).
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de abril de 2024, exp. 25000-23-42-
000-2017-03765-01 (3678-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Estado en sentencia del 13 de mayo de 201558, según la cual «no hay lugar a
ordenar la devolución de los descuentos realizados al actor por concepto de
retención de la fuente, pues si bien es cierto se desnaturalizó la vinculación de origen
contractual, también lo es que la declaración de la existencia de dicha relación no
implica per se la devolución de sumas de dinero que se generaron en virtud de la
celebración contractual, pues la finalidad del restablecimiento de derecho es el
reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir con
la relación laboral oculta más no la devolución de sumas pagadas con ocasión del
contrato59».
180. Igual sucede con los perjuicios morales60, los cuales no proceden, toda vez
que dentro del plenario no se acreditó de manera suficiente la existencia real y cierta
de la afectación inmaterial alegada. En punto, se destaca que corresponde a quien
pretende el reconocimiento de un perjuicio demostrar los hechos que lo
fundamentan y aportar elementos de convicción que permitan al juez establecer la
existencia, intensidad y consecuencias de la afectación alegada.
181. En el presente caso, no obran pruebas testimoniales, documentales o de
cualquier otra naturaleza que permitan inferir razonablemente una afectación moral
cierta. Por ende, al no encontrarse acreditado el presupuesto necesario para
acceder a dicha pretensión indemnizatoria, no se accede a esta.
182. Para finalizar, en lo concerniente a la indemnización y sanción moratoria
por el pago tardío de las prestaciones, se destaca que no hay lugar a su
reconocimiento, toda vez que la obligación de pago surge con esta sentencia, en la
cual se efectúa el reconocimiento de la relación laboral existente entre las partes.
Sobre el particular, se resalta que esta providencia tiene el carácter de constitutiva,
razón por la que a partir de su ejecutoria es que comienzan a contabilizarse los
términos para reclamar los derechos que ella genera.
3.6. Conclusión de la decisión
183. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la demandante acreditó
la existencia de una relación laboral entre el 11 de marzo de 2013 y el 31 de julio de
2017, en la prestación del servicio como apoyo orientador y apoyo técnico a la
gestión en procesos de atención al usuario-PQRS y call center, en la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.—Hospitales Santa Clara y
San Cristóbal—. En efecto, demostró la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación continua.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 13 de mayo de
2015, exp. 68001233100020090063601 (1230-2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
59 «Ver Sentencia de 17 de noviembre de 2011 proferida por esta Subsección, Consejero Ponente: DR. Víctor
Hernando Alvarado Ardila, Expediente N. 25000232500020080065501 (1422-2011)».
60 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2026, exp. 17001-23-33-
000-00347-01 (4716-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
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184. Por ende, se revocará la sentencia impugnada, para en su lugar, acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, se declarará la
nulidad del acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará el
pago de las diferencias salariales, de las prestaciones sociales —incluidos los
auxilios de transporte y de alimentación, previa verificación—, y que se realice a la
administradora de pensiones el pago de aportes a pensión, en condición de
empleador, por el periodo comprendido del 11 de marzo de 2013 al 31 de julio de
2017, salvo interrupciones. Para el efecto, calculará el ingreso base de cotización
pensional, que corresponde a los salarios de un empleado de planta que haya
ejercido funciones iguales o equivalentes a las de la accionante, del 11 de marzo de
2013 al 31 de julio de 2017, salvo interrupciones. En caso de no existir un cargo de
planta con funciones iguales o equivalentes, la base debe corresponder a los
honorarios.
4. Costas
185. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 61 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 23 de junio de 2022, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este
proveído. En su lugar:
61 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo-valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
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Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 20191100110531 del 4 de abril de 2019,
expedido por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., que negó la existencia de la relación
laboral.
Tercero. Declarar, a título de restablecimiento del derecho, la existencia de una
relación laboral entre la señora Sandra Patricia Luna Pérez y la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. durante el periodo comprendido
entre el 11 de marzo de 2013 y el 31 de julio de 2017, tiempo que se tendrá en
cuenta para efectos pensionales, salvo interrupciones, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.
Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. a reconocer y pagar a favor de la
señora Sandra Patricia Luna Pérez:
(a) Las diferencias que resulten —en caso de existir— entre lo que recibió por
concepto de honorarios –en ejercicio de las funciones como apoyo orientador,
apoyo técnico a la gestión en procesos de atención al usuario-PQRS y call center,
– y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones a un empleado de planta que
haya desarrollado funciones iguales o equivalentes a las que ella desarrolló, por el
periodo comprendido del 11 de marzo de 2013 hasta el 31 de julio de 2017, salvo
interrupciones.
(b) Las prestaciones de orden legal a las cuales tiene derecho la demandante desde
el 11 de marzo de 2013 hasta el 31 de julio de 2017, salvo interrupciones, tomando
como base para la liquidación el salario de un empleado de planta que haya
desarrollado funciones iguales o equivalentes a las que ejecutó la demandante. En
caso contrario, cuando no exista el cargo en la planta, la base para calcular las
prestaciones debe ser los honorarios. Todo ello, de conformidad con lo expuesto en
esta sentencia.
Se determina que el reconocimiento del auxilio de transporte y el auxilio de
alimentación será procedente siempre que, previa verificación de la existencia de
un cargo de planta con funciones iguales o equivalentes al ejercido por la
accionante, se establezca que la base salarial correspondiente no supera el monto
máximo previsto en la norma para ser beneficiario de esos auxilios.
(c) De igual manera, también a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la
entidad demandada, en caso de existir diferencias entre los aportes realizados por
la demandante como contratista y los que efectivamente se debieron cumplir debido
a la relación laboral, que efectúe las cotizaciones al respectivo fondo de pensiones
en el porcentaje que le incumbía como empleador, por el periodo comprendido en
que se acreditó la relación laboral. Por su parte, la accionante para el mismo
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01542-01 (5444-2022)
Demandante: Sandra Patricia Luna Pérez
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periodo deberá acreditar las cotizaciones realizadas al mencionado Sistema durante
el vínculo contractual y si no las hubiese hecho, o si se verificara algún faltante,
tendrá la obligación de completar o pagar según corresponda, el porcentaje que le
concernía como empleada, según lo analizado en los acápites pertinentes de esta
sentencia.
Las sumas adeudadas que deberá pagar la entidad condenada se actualizarán de
acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará
multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la
sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la causación). La fórmula que
debe aplicar es la siguiente:
R = Rh. índice final
índice inicial
Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo en los términos del artículo
192 del CPACA.
Sexto. Negar las demás pretensiones.
Séptimo. Sin condena en costas.
Octavo. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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