Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03765-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03765-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03765-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
Demandados: ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 10 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Martha Yaneth Fajardo Gallego presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que se
declarara la nulidad del Oficio 229 (1498) del 21 de marzo de 2017, por medio del
cual la jefe de la oficina jurídica de la ESE demandada le negó el reconocimiento de
una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella
por sus servicios como bacterióloga entre el 11 de julio de 2010 y el 30 de julio de
2015.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que: i) se declarara la existencia de una relación laboral entre las partes por el periodo
reclamado y su calidad de empleada pública; ii) se concedieran las prestaciones
laborales y sociales que devengaban los empleados de planta de la ESE demandada
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
que desarrollaban sus funciones, tales como la diferencia salarial, las cesantías y sus
intereses, las primas de servicios, vacaciones, técnica y navidad, las bonificaciones
y los recargos nocturnos, dominicales y festivos; ii) se devolvieran las sumas pagadas
por concepto de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y retenciones;
iii) se reconociera la sanción e indemnización moratoria por el no pago de
prestaciones y salarios; iv) se indexaran las sumas que resultaren; v) se concedieran
los perjuicios morales equivalentes a 500 salarios mínimos mensuales vigentes; y vi)
se diera cumplimiento al fallo según lo dispuesto en los artículos 192 y 195 CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Martha Yaneth Fajardo Gallego laboró como bacterióloga en la ESE Hospital
Occidente de Kennedy III Nivel, hoy ESE Subred Integrada de Salud Sur Occidente,
entre el 11 de julio de 2010 y el 30 de julio de 2015 a través contratos de prestación
de servicios suscritos con la entidad, periodo en el que realizó sus funciones de
manera personal en las instalaciones del hospital, bajo la continua dependencia y
subordinación de su jefe inmediato, dentro de unos horarios por turnos impuestos de
lunes a viernes de 1:00 a 7:00 pm, de 1:00 a 8:00 pm y de 7:00 pm a 7:00 am, incluso
los fines de semana de 7:00 am a 7:00 pm, y con una remuneración pactada como
retribución por el trabajo desempeñado.
• No contaba con ninguna clase de autonomía, toda vez que para poder retirarse de
sus labores durante el cumplimiento de las jornadas establecidas por el hospital
debía pedir permiso a su jefe inmediato.
• Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por ley,
propias de los empleados que ejercían sus funciones, no le fueron reconocidas y tuvo
que pagar por cuenta propia los aportes a seguridad social.
• El 1º de marzo de 2017, solicitó a la ESE demandada el reconocimiento de la
relación laboral por sus servicios como bacterióloga entre el 10 de julio de 2010 y el
30 de julio de 2015 y el pago de las prestaciones laborales y sociales que se
derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada por la jefe de la oficina
jurídica de la entidad a través del Oficio 229 (1498) del 21 de marzo de 2017.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 43, 53, 95, 125, 127,
209 y 277 de la Constitución Política; 2 de la Ley 197 de 1938; 8 de la Ley 4 de 1990;
2, 3, 44 y 138 de la Ley 1437 de 201; 26, inciso 2, 40, 46 y 61 del Decreto 2400 de
2
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Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
1968; 21 del Decreto 3135 de 1968; 5 y 72 del Decreto 1250 de 1970; y 108, 180,
2515, 240, 241 y 242 del Decreto 1950 de 1973; las leyes 65 de 1946; 50 de 1990;
10 de 1990; y 100 de 1993; y los decretos 1333 de 1986; 1582 de 1998; y 1453 de
1998.
En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:
• La ESE demandada inaplicó el principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, no obstante haberse configurado los elementos propios de una
relación laboral; además, vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, toda vez
que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal en las
instalaciones de la ESE Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, de forma
permanente y subordinado o dependiente; esto último consistente en la actitud por
parte de la administración contratante de impartirle órdenes a través de la
coordinadora del laboratorio en relación con la labor contratada, bajo la fijación de un
horario de trabajo por turnos para la prestación de sus servicios y con una
remuneración mensual como retribución por las labores que realizaba.
• El trato que se le dio vulneró el principio de igualdad y el derecho al trabajo y demás
garantías laborales, toda vez que por desarrollar idénticas funciones que el personal
vinculado de forma legal y reglamentaria debió recibir un trato igual al que reciben
los bacteriólogos de planta de la entidad; sin embargo, no fue así.
• Al configurarse la relación laboral entre las partes, obtuvo la connotación de una
servidora pública.
• Las actividades que desplegó eran del giro ordinario de la ESE demandada, esto
es, la prestación permanente del servicio de salud.
• Así entonces, entre Martha Yaneth Fajardo Gallego y la entidad demandada existió
una relación laboral por el período en que trabajó como bacterióloga, esto es entre
el 10 de julio de 2010 y el 30 de julio de 2015.
1.2. Contestación de la demanda
La ESE demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento
en las siguientes consideraciones3:
2 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_25000234200020170376(.zip) NroActua 2», carpeta «25000234200020170376500», archivo
«02DemandayAnexos.pdf».
3 Ibidem, archivo «06ContestacionDemanda.pdf».
3
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Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
• Es inexistente la relación legal y reglamentaria entre las partes, lo que se presentó
fue una vinculación contractual, que en ningún caso genera una relación laboral ni el
derecho a percibir prestaciones sociales.
• Entre la entidad contratante y la contratista lo que se dio fue una relación de
coordinación, de manera que la segunda se sometió a las condiciones necesarias
para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el
cumplimiento de un horario, recibir una serie de instrucciones de sus superiores y
tener que reportar informes sobre sus resultados, sin que ello signifique
necesariamente la configuración del elemento de la subordinación.
• Los contratos suscritos por la demandante fueron de manera libre, consciente y
voluntaria, con lo que aceptó las condiciones contractuales, dentro de las que se
pactó la «exclusión de relación laboral» entre las partes.
• Conforme con lo establecido en la Constitución Política y en la Ley 909 de 2004,
hacen parte de la función pública los empleos de carrera, libre nombramiento y
remoción, periodo fijo y los temporales, a los cuales se accede a través de concurso
de méritos convocados por las entidades estatales, lo que no se presentó en el sub
judice, por lo tanto, no es posible declarar una relación laboral de derecho público
entre las partes.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
sentencia del 10 de junio de 2021 negó las pretensiones de la demanda. Como
fundamento de su decisión señaló lo siguiente4:
• No se encuentran reunidos los elementos requeridos para reconocer una relación
laboral entre las partes, pues si bien se acreditó la prestación personal del servicio
de la actora como bacterióloga en la ESE Hospital Occidente de Kennedy III Nivel,
ahora ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, entre los años
2010 a 2015, y la remuneración que recibió como contraprestación por su labores, lo
cierto es que, en consideración a la escasez probatoria, no se demostró la
subordinación o dependencia.
• En atención a las pruebas testimoniales y documentales, ella estuvo vinculada con
la ESE a través de contratos de prestación de servicios por más de 5 años, cumplió
con un horario y presuntamente tenía un jefe; y si bien es cierto, estas circunstancias
parecieran indicar que existió una subordinación, también lo es que no se encuentra
4 Ibidem, archivo «22Sentencia.pdf».
4
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Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
demostrada, porque es necesario, según la jurisprudencia del Consejo de Estado,
que existan pruebas adicionales que la demuestren, y en este caso, los documentos
allegados no ayudan a soportar esa tesis, aunado a que no se acreditó que las
actividades que realizaba fueran iguales a las ejecutadas por un empleado de planta
de la entidad.
• La ESE la contrató al no existir en su planta el personal suficiente para prestar los
servicios de salud, lo que permite establecer que lo que se presentó entre las partes
fue una relación contractual regulada específicamente por el artículo 32 de la Ley 80
de 1993, más no una laboral.
• No hay lugar a la condena en costas, en la medida en que la demanda no fue
presentada con manifiesta carencia de fundamento legal y que no se observó una
actitud dilatoria o temeraria por la parte vencida, en atención a lo previsto en los
artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso5.
1.4. El recurso de apelación
La demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos6:
• El a quo desconoció que se encuentra plenamente demostrada la relación laboral
que existió entre la actora y le ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente por el tiempo en que laboró allí como bacterióloga del laboratorio, en
atención a los testimonios, la declaración de parte y los documentos aportados, toda
vez que se reúnen todos los elementos para ello, esto es la prestación personal del
servicio, la remuneración como contraprestación por las actividades que desarrolló y
la subordinación o dependencia, esto último entendido como aquella facultad para
exigir del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos; todo lo cual
debe mantenerse durante todo el tiempo de duración del vínculo.
• El a quo desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades,
no obstante haberse configurado los elementos propios de una relación laboral.
• Las labores para las que fue contratada fueron de carácter permanente y podían
ser desarrolladas por bacteriólogas de planta de la entidad demandada, por lo tanto,
se incumplió con los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
5 En lo sucesivo CGP.
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_25000234200020170376(.zip) NroActua 2», carpeta «25000234200020170376500», archivo
«25.CorreoRecursoApelacionDemandante.pdf».
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la cual autorizó a las entidades estatales para celebrar contratos de prestación de
servicios como un instrumento de colaboración para cumplir actividades transitorias
y cuando estas no puedan realizarse con personal de planta.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo
traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
Los problemas jurídicos se contraen a determinar ¿si existió una relación laboral
entre Martha Yaneth Fajardo Gallego y la ESE Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente? y ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones laborales derivadas de esa relación laboral?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de contratos
de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
Por su parte, el Decreto 2209 de 19987 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de
planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la
norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar
labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De allí que la
consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación laboral y con
ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la constitucionalidad
de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
(...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el citado numeral 3
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio de tal potestad es
ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para
ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada y dependiente.
De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política que
dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y
el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
7 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
7
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La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)8 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En
igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 9, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de
trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a
este respecto».
Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»10 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala los
elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que
faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse
por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad
y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
8 Aprobada el 11 de abril de 1919.
9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
10 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece en
la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria,
ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto
ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares
frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar
una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.
Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación11 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados
en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales12». (Resalta la Sala).
Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
12 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se
excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de
reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los
derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios».
Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que solo
es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la labor
contratada.
Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 202113 estableció las siguientes reglas de unificación
frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como son: i) el
sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable» (temporalidad)
contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la delimitación del
término de solución de continuidad en los contratos estatales de prestación de
servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se declara, a efectos
de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia de la devolución de
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados por el contratista. Al
efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo
de permanencia.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
10
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de
continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos
de naturaleza parafiscal».
En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público
a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de
la Carta Política».
En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Lo probado dentro del proceso
Al expediente se aportaron los siguientes documentos14:
• Certificación del 25 de julio de 2017, expedida por la directora de contratación de la
ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en la que se hace
constar que entre la demandante y la entidad se suscribieron los siguientes contratos
y órdenes de prestación de servicios:
Contrato u Unidad de
orden de Valor servicio de Interrupción
Duración Objeto
prestación de mensual Salud días hábiles
servicios
19-07-2010
3508 de 2010 y
$1.936.000 a -
adición
31-08-2010
01-09-2010
4137 de 2010 $1.936.000 a -
31-10-2010
01-11-2010
5005 de 2010 $1.452.000 -
a
14 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_25000234200020170376(.zip) NroActua 2», carpeta «25000234200020170376500», archivos
«02.DemandaYAnexos.pdf» y «06.ContestacionDemanda.pdf».
11
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
31-12-2010
01-01-2011
336 de 2011 $1.452.000 a -
28-02-2011
01-03-2011
1448 de 2011 $1.452.000 a -
30-04-2011
01-05-2011
2081 de 2011 $1.936.000 a -
30-06-2011
01-07-2011
3103 de 2011 $1.936.000 a -
31-08-2011
01-09-2011
3927 de 2011 $1.452.000 a -
30-09-2011
01-10-2011
4191 de 2011 $968.000 a -
31-10-2011
01-11-2011
4622 de 2011 y
$1.452.000 a -
adición
31-12-2011
01-01-2012
314 de 2011 $1.452.000 a -
31-01-2012
01-02-2012
1005 de 2012 $1.452.000 a -
29-02-2012
01-03-2012
1800 de 2012 $1.452.000 a -
30-04-2012
01-05-2012
2650 de 2012 $1.452.000 a -
30-06-2012
01-07-2012
3474 de 2012 $1.452.600 a -
31-08-2012
01-09-2012
4314 de 2012 $1.452.000 a -
31-10-2012
01-11-2012 Prestar de servicios
5355 de 2012 y
$1.936.000 a como bacterióloga en -
adición
31-12-2012 el área de laboratorio Kennedy
01-01-2013 clínico de la empresa.
684 de 2013 $1.936.000 a -
31-03-2013
01-04-2012
1513 de 2012 $1936.000 a
30-04-2013
01-05-2013
2171 de 2013 $1.936.000 a -
30-06-2013
01-07-2013
3170 de 2013 $1.936.000 a -
31-08-2013
01-09-2013
3789 de 2013 $1.936.000 a -
31-10-2013
01-11-2013
5245 de 2013 $1.936.000 a -
31-12-2013
12
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
01-01-2014
224 de 2014 $2.100.000 a -
30-04-2014
01-05-2014
1922 de 2014 $2.100.000 a -
30-06-2014
01-07-2014
3219 de 2014 $2.100.000 a -
31-07-2014
01-08-2014
4051 de 2012 $2.1000.000 a -
31-08-2014
01-09-2014
4832 de 2014 $2.1000.000 a -
31-10-2014
01-11-2014
7010 de 2014 $2.100.000 a -
31-12-2014
01-01-2015
506 de 2015 $2.100.000 a -
28-02-2015
01-03-2015
2256 de 2015 $2.100.000 a -
30-04-2015
01-05-2015
3146 de 2015 $2.310.000 a -
30-06-2016
01-07-2015
4818 de 2015 $2.310.000 a -
31-08-2015
En los contratos y órdenes de prestación de servicios se pactaron, entre otras, las
siguientes obligaciones:
«a) Cumplir lo previsto con los objetivos, las obligaciones y demás disposiciones
contemplados en el requerimiento así como en lo pactado en el presente contrato, el cual
prevalece en caso de discrepancia; b) obrar con lealtad y buena fe; c) dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato, deberá constituir las
garantías pactadas y realizar los pagos correspondientes y demás erogaciones de orden
legal si hay lugar a ellos y presentar dichos documentos a la Oficina Jurídica y de
Contratación; d) Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema general de seguridad
social en salud – pensión y riesgos laborales; e) Presentar mensualmente al supervisor
informes de ejecución de las obligaciones contractuales y periódicamente cuando el
supervisor lo exija; f) Responder cuando haya lugar a ello, por los elementos devolutivos
y de consumo que le sean asignados para el desarrollo de sus actividades y hacer entrega
de los mismos al momento de la terminación del contrato al supervisor, en coordinación
con el área de activos fijos (Si a ello hay lugar); g) Velar por el cumplimiento de la
normatividad y política ambiental establecida por la Entidad a través del PIGA y demás
normas ambientales a que haya lugar; i) Indemnidad: Indemnizar a la ESE con ocasión
a la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta
por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El
contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las Obligaciones laborales
que el contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
13
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
ejecución de obligaciones derivadas del presente contrato; j) Cumplir con las demás
instrucciones que le sean impartidas por el Supervisor del contrato que se deriven y
tengan relación con la naturaleza del mismo y las establecidas por las acuerdo 06 del
2014, Resolución 255 del 2014 por el cual se adopta el manual interno de contratación,
en lo pertinente a este contrato; h) Código de ética, normas del Buen Servicio relacionada
con la atención ciudadana con herramientas de la Humanización de los servicios,
protocolos de servicios asistencial y políticas de calidad; i) Participar activamente de las
acciones que determine la Empresa para la implementación y mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestión, Respecto al Sistema Integrado de Gestión el contratista deberá dar
cumplimiento al proceso, procedimientos, instructivos, protocolos, entre otros, del cual
hace parte la dependencia en que desarrollará sus actividades contractuales; j) Participar
y colaborar en las actividades que se requieran desarrollar para el proceso de acreditación
de la ESE, en coordinación con el supervisor del contrato; k) Dar cumplimiento al decreto
723 de 2013 respecto de la práctica del examen preocupacional; l) Participar activamente
de los procesos de inducción y reinducción institucionales; y m) No usar celulares,
beepers, radios, audífonos o cualquier otro dispositivo que pueda afectar la correcta
prestación del servicio» (sic).
• Planillas de turnos elaboradas por la jefe o coordinadora del laboratorio clínico de
la ESE Hospital Occidente Kennedy III Nivel relacionadas con las bacteriólogas de
esa área, entre las que se encuentra la actora, para agosto, septiembre, noviembre
y diciembre de 2010, enero a junio de 2011, mayo y octubre de 2012 y enero de
2013.
• Certificaciones de cumplimiento de las actividades desarrolladas por la actora en
virtud de los contratos celebrados, para marzo de 2011, agosto y diciembre de 2014.
Entre estas se encuentran las siguientes:
«1. Realizar el análisis de exámenes de procedimientos de Hematología, Coagulación,
Química, Inmunología, Puro Análisis, Microbiología, Parasitología, Pruebas Especiales y
Servicio Transfusional.
2. Tomar las muestras de los pacientes que se requieren, acorde a los procedimientos
establecidos.
3. Realizar y analizar los controles de calidad analítico de las diferentes pruebas y
establecer los correctivos correspondientes para asegurar la confiabilidad de los
resultados emitidos.
4. Realizar el mantenimiento y alistamiento de equipos tecnológicos, según los
procedimientos establecidos.
5. Aplicar las Normas de Bioseguridad establecidas así como realizar la correcta
eliminación de los desechos producidos.
6. Elaborar las estadísticas diarias de los exámenes realizados.
7. Ingresar los resultados que se requieran en el Sistema de Información utilizado en el
laboratorio clínico.
8. Participar en las actividades de capacitación y de docencia desarrolladas tanto en el
servicio como en la institución.
9. Tomar decisiones cuando la situación así lo amerite.
10. Ingresar en el Sistema de información de facturación utilizado por la institución los
procedimientos realizados y realizar el ingreso de las órdenes médicas de los exámenes
14
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
solicitados por Urgencias, Hospitalización y Consulta Externa en el sistema de
información de Laboratorio Clínico.
11. Participar en la huelo elaboración de los Manuales de Procedimientos propios del
servicio y adherirse a los procedimientos o políticas establecidas.
12. Respetar los derechos del paciente, cumplir el código de ética y todas las
disposiciones legales como servidores en el área de la salud.
13. Realizar un uso correcto y racional utilización de los recursos del hospital que sean
destinados para el cumplimiento de las actividades contractuales.
14. Portar el carnet de la Institución durante la prestación del Servicio.
15. Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo y/o riesgo en
el desarrollo de ls Prestación del Servicio.
16. El contratista deberá enmarcar dentro de los principios de transparencia, eficiencia,
economía, eficacia y equidad consagrados en la Constitución y en la ley, el manejo de los
bienes de propiedad a cargo del Hospital y en todos los casos será responsable por los
bienes utilizados para la educación del contrato.
17. Cumplir con el diligenciamiento de los registros de control establecidos acorde a las
actividades desarrolladas y de acuerdo a los procedimientos establecidos.
18. Realizar actividades de información a usuarios (as), respecto a temas inherentes al
procedimiento de toma de muestras y requisitos de índole administrativo que forman parte
del proceso de atención del servicio.
19. Realizar las actividades objeto del contrato en los diferentes turnos de trabajo
establecidos y según las necesidades del servicio.
20. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad
requerida y conforme con las metodologías establecidas.
21. Participar y desarrollar actividades que forman parte de los planes de gestión del
servicio y/o de la institución.
22. Participar y desarrollar actividades que forman parte de los procesos de docencia en
la institución.
23. Aplicar correctamente las técnicas, métodos analíticos y procedimientos de forma que
se asegure la calidad, integridad y confiabilidad de los resultados.
24. Ejercer las demás actividades que sean afines con la naturaleza del contrato» (sic).
• Certificación 411-2015 del 15 de mayo de 2015, suscrita por el profesional
especializado de la ESE Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, actualmente ESE
Hospital Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en la que se informó
que la demandante «presta sus Servicios como Bacterióloga, en la Área de Laboratorio
Clínico, desde el 2010/20/19, a la fecha, con unos honorarios mensuales de Dos Millones
Cien Mil Pesos ($2.100.000), mediante la modalidad de Prestación de Servicios» (sic).
• El 1º de marzo de 2017, Martha Yaneth Fajardo Gallego solicitó a la ESE Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente que se reconociera la existencia de
una relación laboral por el periodo en el que se desempeñó como bacterióloga, esto
es entre el 10 de julio de 2010 y el 30 de julio de 2015, así como el de las prestaciones
laborales y sociales que se derivaban de ella. Esta petición fue negada por la jefe de
la oficina jurídica de la entidad a través del Oficio 229 (1498) del 21 de marzo de
2017, toda vez «que en los contratos de prestación de servicios suscritos por usted se
encuentra claramente estipulada la exclusión de la relación laboral, en el entendido que los
mismos no serían considerados como contratos de trabajo, ni existirá relación laboral durante
15
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
la ejecución de los mismos, circunstancia esta que la contratista no desconocía al momento
de la firma del contrato para la realización de las actividades inherentes a su profesión» (sic).
• En la audiencia de pruebas celebrada el 5 de abril y 13 de diciembre de 201915, se
recibió el testimonio de Adriana Patricia Cerón Bolívar, Marisol Cuellar Campos y
Liliana Marcela Romero López, solicitados por la demandante, de los cuales se
extrae lo siguiente:
Adriana Patricia Cerón Bolívar profesional en bacteriología y laboratorio clínico de
la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con especialización en gerencia de
laboratorio clínico, no era familiar de la demandante y al momento de su testimonio
trabajaba en la IPS Dinámica. Laboró en el Hospital Occidente de Kennedy entre
marzo de 2009 y abril de 2013 en el laboratorio clínico.
Conoció a la actora en julio de 2010 en el laboratorio clínico del Hospital Occidente
de Kennedy, en ese entonces ella llegó a desempeñar el cargo de bacterióloga para
el turno de la tarde, esto es de 1:00 a 7:00 pm. Ambas estaban vinculadas por
contrato de prestación de servicios.
Las funciones que desarrolló la demandante consistieron en el procesamiento de
muestras clínicas, sangre, suero, orina, materia fecal, secreciones, entre otras,
manejo de los equipos de laboratorio clínico, manualizador, analizador de química y
coagulación, entre otros, así como del software del laboratorio; respondía por los
resultados emitidos por los analizadores, los que una vez se validaban se reportaban
a los médicos tratantes de los diferentes pacientes, también desarrollaba control de
calidad analítico, esto es calibración de equipos, control de calidad interno y externo,
eventualmente tomaba muestras de laboratorio clínico a consulta externa; tenía a su
cargo y bajo su responsabilidad los auxiliares de laboratorio clínico y administrativos
y la supervisión, enseñanza y evaluación del desempeño de los estudiantes de la
Universidad Mayor de Cundinamarca que estaban realizando su pasantía en el
hospital.
La actora cumplía con un horario por turnos, el cual era publicado mensualmente en
un cuadro y era controlado por su jefe inmediato, la coordinadora de laboratorio, la
doctora Blanca Arango, quien a su vez le daba órdenes en el desarrollo de sus
funciones.
En el hospital había personal de planta que desempeñaba idénticas funciones a las
de la demandante, como lo eran Luz Elena Bolívar, Sonia Mayerly de quien no
recordaba el apellido y Harlem Zapata, con quienes compartía y cumplía igual turno.
15 Ibidem, subcarpeta «01ContenidoCds»
16
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
En cuanto a responsabilidades, funciones y horario entre los contratistas y los
empleados de planta no había ninguna diferencia, lo único era en cuanto a las
prestaciones sociales y la forma de contratación.
El trabajo de la demandante siempre fue permanente, sin interrupción alguna, en la
medida en que estaba obligada a cumplir con un horario, no podía ausentarse
autónomamente y, en caso necesitarse, debía solicitar permiso a la coordinadora del
laboratorio, la que los autorizaba o negaba, y en caso afirmativo debía reponer el
tiempo.
Tanto las bacteriólogas de planta como las vinculadas por contratos de prestación
de servicios recibían capacitación y formación por parte del hospital para el desarrollo
de sus labores. La actora participó en charlas que daba el Distrito, a las que era
enviada por la institución y por las que recibió certificaciones por su asistencia.
Los equipos que utilizaba la actora eran suministrados por el hospital, por mencionar,
los analizadores de química y hematología, tubos, guantes, pipetas, tapa boca,
batas, el software del laboratorio y reactivos.
Mensualmente las bacteriólogas debían realizar una estadística, la cual se
alimentaba de lo que procesaban de forma diaria, en el turno y en la sección. Este
se hacía en el software del laboratorio.
La testigo presentó demanda en contra de la ESE demandada con iguales
pretensiones a las del presente asunto.
Marisol Cuellar Campos profesional en bacteriología y laboratorio clínico, no es
familiar de la demandante y prestó sus servicios en el Hospital de Kennedy entre
agosto de 2005 y diciembre de 2015.
Laboró junto con la actora en el laboratorio clínico del Hospital de Kennedy entre los
años 2010 y 2015 de forma ininterrumpida, las dos por medio de contratos de
prestación de servicios. Debían cumplir un horario por turnos que les era asignado
de acuerdo con las necesidades del servicio del hospital, para el caso de la
demandante casi siempre era en la tarde, pues en algunas ocasiones debió cubrir el
de la noche, los fines de semana y festivos.
En el Hospital de Kennedy existían bacteriólogas de planta y vinculadas por contratos
de prestación de servicios; no obstante, ambas realizaban idénticas funciones y
debían asistir a las capacitaciones ofrecidas por la entidad.
17
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
Las actividades que desarrollaba normalmente una bacterióloga del hospital eran,
entre otras, la toma de muestras y su procesamiento, toda la parte de hematología,
química, clínica, bacteriología y pruebas especiales, controlar, validar y presentar los
resultados de los exámenes y asistir a las reuniones cuando la jefe así lo solicitaba,
inclusive había ocasiones en que las reuniones eran fuera de los horarios de trabajo
que tenían establecidos. A parte de eso, debían hacer actividades de docencia con
los muchachos que realizaban las prácticas de bacteriología, porque el hospital tenía
convenios con universidades, en ese entonces con la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca.
Tenían una jefe de laboratorio, la que les daba órdenes en el ejercicio de sus labores,
programaba y controlaba los turnos y certificaba el cumplimiento de las actividades
para el pago de sus honorarios. En el tiempo en que trabajaron juntas en un principio
fue Blanca Arango y después Nubia Forero.
Los elementos y equipos que utilizaba la demandante eran suministrados por el
hospital y si necesitaban algún permiso para ausentarse del trabajo debían solicitarlo
a la jefe de laboratorio y conseguir un reemplazo con las bacteriólogas de la entidad,
en caso de su aprobación. No le consta que a la actora se le hayan hecho llamados
de atención en el desarrollo de sus labores.
Los contratistas debían cubrir los pagos por concepto de seguridad social en pensión
y riesgos laborales.
Las bacteriólogas no contaban con autonomía para la toma de exámenes, estas
debían realizarse de conformidad con las órdenes que les daban los médicos para
ello.
La testigo también presentó demanda en contra de la ESE demandada con iguales
súplicas a las de este asunto.
Liliana Marcela Romero López profesional en bacteriología, con especialización en
investigación criminal, no era familiar de la demandante y a la fecha del testimonio
era bacterióloga en el Hospital Méderi bajo contrato de Compensar.
Fue compañera de trabajo de la demandante en el Hospital Kennedy entre el 2014 y
2015, quien era bacterióloga de las áreas, en un principio de hematología, luego de
química y finalmente de microbiología. Ambas se desempeñaron como bacteriólogas
en el laboratorio clínico a través de contratos de prestación de servicios y su horario
de trabajo era por turnos programados por la jefe del laboratorio y normalmente era
en el horario de la tarde, en algunas ocasiones el de actora fue en la mañana.
18
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
En el hospital había bacteriólogas de planta y por contratos de prestación de servicios
que desempeñaban iguales funciones; sin embargo, las primeras siempre laboraban
menos que las segundas y recibían una remuneración mayor.
El trabajo que realizaban lo vigilaba y controlaba la jefe del laboratorio, en el tiempo
en que estuvieron juntas lo hacía la doctora Nubia Forero, quien además les daba
órdenes para su desarrollo. Los insumos y equipos para el ejercicio de las actividades
de la actora eran suministrados por el hospital.
La actora tomaba, procesaba, validaba y guardaba muestras, realizaba el
mantenimiento, calibración y limpieza de los equipos de química y hematología y
procesos de calidad, entre otras.
Las vacaciones de las bacteriólogas de planta debían ser cubiertas por las vinculadas
por prestación de servicios.
Para el pago de los honorarios, en virtud del desarrollo de los contratos de prestación
de servicios, debían suministrar al hospital una cuenta bancaria.
La testigo no tiene ningún tipo de demanda en contra de la ESE Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente.
• Interrogatorio de la demandante, el cual se adelantó en la audiencia de pruebas
celebrada el 5 de abril de 201916, del cual se extrae lo siguiente:
Martha Yaneth Fajardo Gallego es profesional en bacteriología y laboratorio clínico
de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con especialización en gerencia
de la Universidad Sergio Arboleda y un diplomado en calidad analítica y banco de
sangre, este último para poder emitir los resultados del laboratorio. Al momento de
su declaración no tenía contratos de prestación de servicios con la Subred Integrada
de Salud.
Ingresó a la ESE Hospital de Kennedy III Nivel en julio de 2010 y estuvo de manera
ininterrumpida hasta julio de 2015, bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios. Fue contratada para ejercer la labor de bacterióloga y laboratorista clínico,
la cual es su profesión. Dentro de las funciones que desempeñó en su jornada
laboral, que le fuera impuesta, se encontraban las de procesar, analizar y emitir los
resultados para que fueran evaluados por los médicos del hospital.
16 Ibidem.
19
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
Sus funciones las desarrolló en diferentes áreas del laboratorio, pues rotaba por
todas sus secciones para poder emitir los resultados, las cuales desempeñó casi
siempre en el turno de la tarde, pues en algunas ocasiones cubrió el de la noche y el
de los fines de semana, dos en el mes, ello según la programación que realizaba la
coordinadora del laboratorio.
En el hospital existían bacteriólogas de planta de personal y otras vinculadas por
contratos de prestación de servicios, ambas cumplían iguales funciones para cubrir
con las necesidades del laboratorio.
Los elementos e insumos que utilizaba para desarrollar su trabajo se los suministraba
la institución hospitalaria.
Tenía superiores jerárquicos, como lo era la coordinadora de laboratorio, en un
principio Blanca Arango y luego Nubia Forero, de quienes recibió órdenes para el
desarrollo de sus labores.
No podía ausentarse de su sitio de trabajo sin pedir permiso; sin embargo, jamás lo
solicitó. Además, nunca recibió llamados de atención.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Martha Yaneth Fajardo Gallego
y la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
De las pruebas relacionadas, se tiene que la demandante prestó sus servicios como
bacterióloga del laboratorio de la ESE Hospital de Occidente Kennedy III Nivel, hoy
ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, a través de contratos y
órdenes de prestación de servicios, suscritos directamente con la entidad, ejecutados
entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015.
En consecuencia, de los testimonios, las copias de los contratos y órdenes de
prestación de servicios, las certificaciones y demás pruebas documentales, se
advierte que efectivamente fue contratada para desarrollar funciones de bacterióloga
al servicio de la ESE Hospital de Occidente Kennedy III Nivel ininterrumpidamente
del 19 de julio de 2010 al 31 de agosto de 2015.
20
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
2.4.1.2. Remuneración
Ahora bien, Martha Yaneth Fajardo Gallego percibió una remuneración17 por el
trabajo realizado, tal y como se evidencia en las certificaciones, los testimonios y los
contratos y órdenes de prestación de servicios que suscribió, en los que se indica
que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración
pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su
denominación (honorarios o salario).
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por la demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que esta estuvo sujeta a
horarios, instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden
al control de un superior (coordinadoras y/o jefes de laboratorio) para ejecutar las
obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de ella hacia la entidad
demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de
disponer de su servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de
obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad
prestadora de servicios de salud.
Los testimonios de Adriana Patricia Cerón Bolívar, Marisol Cuellar Campos y Liliana
Marcela Romero López dan buena cuenta de las condiciones bajo las cuales la actora
prestaba sus servicios a la entidad demandada, de las que se resalta que en ejercicio
de sus funciones cumplía con un horario y seguía órdenes e instrucciones de los
coordinadores y/o jefes de laboratorio.
En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive
con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora desarrollara sus
labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
Esto se concluye luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones que
se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, de los testimonios recibidos en el proceso y las demás pruebas
documentales aportadas, como las certificaciones. En ellos se aprecian actividades
que exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la
Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es
posible determinar la existencia de una relación laboral subordinada, siendo
incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente y
17 $968.000, $1.452.000, $1.936.000, $2.100.000 y $2.310.000.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
continuo los servicios de la demandante.
En efecto, Martha Yaneth Fajardo Gallego prestó sus servicios como bacterióloga en
la ESE Hospital Occidente Kennedy III Nivel, hoy ESE Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente, y cumplió, entre otras funciones, las de: «(r)ealizar el análisis
de exámenes de procedimientos de Hematología, Coagulación, Química, Inmunología, Puro
Análisis, Microbiología, Parasitología, Pruebas Especiales y Servicio Transfusional»,
«(t)omar las muestras de los pacientes que se requieren, acorde a los procedimientos
establecidos», «(p)articipar y desarrollar actividades que forman parte de los planes de
gestión del servicio y/o de la institución», «(p)articipar y desarrollar actividades que forman
parte de los procesos de docencia en la institución» y «(r)ealizar las actividades objeto del
contrato en los diferentes turnos de trabajo establecidos y según las necesidades del
servicio».
Asimismo, se advierte que la misión de la ESE Hospital Occidente de Keneddy III
Nivel, hoy ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, es la de
«(b)rindar servicios de salud con altos estándares de calidad, a través del Modelo de
Atención Integral basado en Atención Primaria en Salud, gestión asistencial excelente,
segura, humanizada, eficiente, promoción de la docencia, investigación e innovación con
talento humano íntegro para contribuir al bienestar y calidad de vida de la población»18,
función de carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que
guarda similitud con las actividades desempeñadas por la demandante, es decir, la
ejecución de las labores que permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad.
Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
bacterióloga al servicio de la ESE demandada, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual para
desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y
finalidad de la entidad.
Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es propia
del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las actividades que
ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente
y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación contractual,
en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en armonía con las condiciones
necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control,
seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»19.
Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su
empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer del
18 https://www.subredsur.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mision-vision/
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
22
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el
empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»20.
Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto que
el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a medidas
u órdenes de la ESE demandada, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de turnos y la sujeción a directrices de los coordinadores y/o jefes de
laboratorio, lo que demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba
con la posibilidad de disponer del trabajo de la actora, lo que denota la existencia de
una indiscutible subordinación.
Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por lo tanto,
la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratada la demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de
la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.
Así las cosas, para los periodos comprendidos entre 19 de julio de 2010 y el 31 de
agosto de 2015 se encuentra demostrada la existencia de los elementos de la
relación laboral entre las partes.
2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta corporación
en sentencia de unificación21 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección Segunda
aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe computarse
la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales consecutivas hace
20 Ibidem.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: sentencia de unificación de jurisprudencia conforme
al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho,
Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
23
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer si se presentó o no la
solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese sentido, la Sala considera
adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal
de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro
del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa
laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.(Subrayado
fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no hay
solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:
«(…)
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado
y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de
ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que
uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación
de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si
24
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los
trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una
relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los
hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).
Así las cosas, esta Sala reitera lo expuesto en precedencia, según lo cual «(q)uien
pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago
de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»22.
En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad demandada el
1º de marzo de 201723, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la
prescripción, pues no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía
administrativa el reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los
salarios y prestaciones, toda vez que la relación culminó el 31 de agosto de 2015 y
que entre una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30
días hábiles que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio y
le exigieran presentar la reclamación administrativa.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del derecho
Por lo dicho, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que por
concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral debieron
liquidarle, en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba
iguales funciones a las que ejecutó y, en caso de no existir, con base en los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondiente al
periodo comprendido entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015.
Con fundamento en iguales consideraciones, la ESE demandada deberá calcular el
ingreso base de cotización (IBC) pensional de Martha Yaneth Fajardo Gallego. A la
entidad le corresponderá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que
le correspondía como empleador.
22 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
23 Folio 22.
25
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se deriva
del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales24 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas25.
En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Martha Yaneth Fajardo Gallego debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas.
Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.
En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los elementos
constitutivos de una relación laboral encubierta en el periodo comprendido entre el
19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015 y el consecuente pago de las
prestaciones laborales que surjan de esta.
Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán
ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia26 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
24 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
25 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
26
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
En consideración a esto, a la actora le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta de la
entidad demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como
vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.
Ahora, como la demandante solicitó que se reajustaran los salarios percibidos, esto
es las diferencias entre lo recibido por concepto de honorarios y lo devengado por un
empleado de planta, la Sala encuentra necesario exponer las siguientes
consideraciones al advertir que es un aspecto que se encuentra relacionado con el
consecuente restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de una
relación laboral pues de las pretensiones no puede escindirse el reconocimiento del
reajuste salarial al estar este íntimamente ligado con el de las prestaciones, en tanto
que estas se componen entre otros de la asignación básica.
Si bien en oportunidades anteriores esta Subsección ha señalado que por el
reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al reconocimiento y
pago de las diferencias salariales»27 esta Sala modifica su postura para señalar que
en estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta, además, el
reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo devengado por los
empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron pagados a los
contratistas.
Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales28 en virtud de los cuales le corresponde al juez proteger
a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus condiciones
laborales.
En efecto situaciones como las expuestas en el sub judice plantean un dilema que
debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la Constitución
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28 Artículo 53 de la Constitución Política.
27
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite vaciar el
contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que los de los
trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe existir
proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una lógica
consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»29.
Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones similares a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominado honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.
Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas que
acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las
diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.
De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en materia laboral, al advertir
que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en forma
disímil a los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos necesarios
para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad salarial.
Sobre el particular, valga señalar que la Corte Constitucional ha indicado que en
«tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a
efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma
constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente»30,
esto efectiviza y asegura la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido,
la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales impone un
cambio en el papel del juez que se sustenta entre otras en la «aplicación preferente de
la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador que
debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento jurídico
(…) La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), más aún cuando
este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la vigencia de los
derechos fundamentales»31.
29 Sentencia T-102 de 1995.
30 Sentencia C-197 de 1999.
31 Sentencia SU-039 de 1997.
28
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Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las diferencias
que resulten entre lo que recibió la demandante por concepto de honorarios y lo que
debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho cargo de la entidad.
En relación con la solicitud de devolución de los aportes en salud, pensión y ARL al
contratista, debe decirse que esta es improcedente, toda vez que, tal como lo ha
venido señalado esta corporación32, a pesar de que se haya declarado a su favor la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, en función de su
naturaleza parafiscal33, estos recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin
específico y, por tanto, independientemente de que se haya prestado o no el servicio
de salud, no constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era
garantizar la prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que
integran el sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos
pretenda el actor ejercer»34.
Igualmente se negará la devolución de las retenciones efectuadas, en consideración
a lo dicho por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 13 de
mayo de 201535, según la cual «(…) no hay lugar a ordenar la devolución de los
descuentos realizados al actor por concepto de retención de la fuente, pues si bien es cierto
se desnaturalizó la vinculación de origen contractual, también lo es que la declaración de la
existencia de dicha relación no implica per se la devolución de sumas de dinero que se
generaron en virtud de la celebración contractual, pues la finalidad del restablecimiento de
derecho es el reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales dejados de
percibir con la relación laboral oculta más no la devolución de sumas pagadas con ocasión
del contrato.36».
Tampoco hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria y la indemnización por
el no pago de prestaciones y salarios, pues la obligación de pago surge con este
proveído a través del cual se efectúa el reconocimiento de la relación laboral
existente entre la demandante y la ESE, toda vez que esta tiene el carácter de
sentencia constitutiva, motivo por el cual a partir de su ejecutoria empiezan a correr
los términos para reclamar los derechos que esta genera. Asimismo, de los perjuicios
32 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001
23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
34 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 13 de
mayo de 2015. Expediente: 68001233100020090063601 (1224-2014). M.P.: Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
36 «Ver Sentencia de 17 de noviembre de 2011 proferida por esta Subsección, Consejero Ponente:
DR. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Expediente N. 25000232500020080065501 (1422-2011)».
29
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
morales, en la medida en que no se probó su causación, respecto de los cuales no
es dable efectuar presunciones.
Ahora, si bien se aportó al plenario cuadros de turnos, lo cierto es que estos no
permiten establecer de manera cierta la causación del trabajo suplementario, pues
de estos no es viable determinar con exactitud las horas extraordinarias o fuera del
horario habitual ordinario, ni el número cierto de dominicales y/o festivos y los
horarios en que se le asignaron. Por ende, era necesario que la interesada
demostrara que trabajó tiempo extra, si fue ordinario o festivo o dominical, si existió
compensación o no y si se le autorizó para tal efecto, pero no lo hizo.
En consecuencia, no hay lugar a la solicitud de la actora en cuanto al reconocimiento
de los recargos nocturnos, dominicales y festivos.
Ahora, no por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad de
empleado público, dadas las condiciones especiales que se predican de dicha
vinculación establecidas en la Constitución y la Ley. Por lo tanto, a la actora no se le
puede dar dicha connotación.
Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los elementos
constitutivos de una relación laboral encubierta entre las partes en los periodos
comprendido entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015 y el consecuente
pago de las prestaciones laborales que surjan de esta.
Así entonces, la Sala revocará la sentencia proferida el 10 de junio de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que
negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
30
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable
de la norma37.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Martha Yaneth Fajardo Gallego y la ESE demandada entre el 19 de julio de
2010 y el 31 de agosto de 2015, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos
pensionales. En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones
de orden legal y a la diferencia salarial, para lo cual tomará como referente los
salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las
ejecutadas por la demandante en dicho periodo, y solo en caso de no existir, se
tendrá como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios.
La ESE demandada deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional
de la actora como se indicó con anterioridad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
37 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
31
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 10 de junio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda incoada por Martha Yaneth Fajardo Gallego contra la
ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 229 (1498) del 21 de marzo de 2017, por
medio del cual la jefe de la oficina jurídica de la ESE Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente, le negó la existencia de una relación laboral y el
reconocimiento de las prestaciones laborales y sociales que se derivaban de ella.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
declarar la existencia de una relación laboral entre Martha Yaneth Fajardo Gallego y
la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente durante el periodo
comprendido entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015, tiempo que se
tendrá en cuenta para efectos pensionales.
Cuarto. Condenar a la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
a reconocer a Martha Yaneth Fajardo Gallego las prestaciones sociales de orden
legal a las cuales tiene derecho, para lo cual tomará como referente los salarios de
un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó en el
periodo reclamado y, en caso de no existir, se tendrá como base los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, por el tiempo en el cual se
demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 19 de julio de 2010 y
el 31 de agosto de 2015, conforme con lo explicado en la parte motiva.
Como consecuencia la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de Martha Yaneth
Fajardo Gallego que corresponde a los salarios de un empleado de planta que
desarrollara sus funciones y, en caso de no existir, se tendrá como base los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, para el periodo
comprendido entre el 19 julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015. La entidad deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como
empleador.
Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
32
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03765-01 (3678-2022)
Demandante: Martha Yaneth Fajardo Gallego
Quinto. Ordenar a la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
reconocer a Martha Yaneth Fajardo Gallego las diferencias que resulten entre lo que
recibió por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones
respecto del cargo que desempeñaba sus funciones.
Sexto. La ESE Hospital Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente hará
la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en
el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al
consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por
el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Séptimo: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Noveno. No condenar en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
33
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