Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01521-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01521-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01521-00
Consejero ponente: María Adriana Marín
28 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
RADICADO: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)
DEMANDANTE: E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE
DEMANDADO: MARTHA YANETH FAJARDO GALLEGO
REFERENCIA: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Las causales de revisión son
taxativas y restrictivas / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN –CPACA- Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación /
NULIDAD DE LA SENTENCIA - FALTA DE CONGRUENCIA - La congruencia interna se refiere
a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia,
mientras que la congruencia externa se relaciona con la coherencia entre la parte resolutiva y
la demanda, su contestación o el recurso interpuesto.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la E.S.E. Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente contra la sentencia de 25 de abril de
2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2017-
03765-00, en la cual se revocó el fallo de primera instancia que negó las súplicas de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte recurrente asegura que la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación vulneró su derecho fundamental al debido proceso, debido a la falta de
congruencia entre lo solicitado en la demanda, y lo debatido y probado durante el
proceso, por cuanto la demanda tenía por objeto la declaratoria de nulidad de un acto
administrativo y, la sentencia de segunda instancia prescindió del estudio de las
causales de nulidad consagradas en el artículo 137 de CPACA.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)
Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente
II. ANTECEDENTES
A. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1
1. El 4 de agosto de 2017, la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se dejara sin
efectos el oficio de 21 de marzo de 2017, suscrito por la jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, que negó
la existencia de un contrato realidad y, en su lugar, se declarara el reconocimiento de
una relación laboral por los servicios que prestó en forma personal y subordinada a esa
entidad, y se ordenara el consecuente reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales dejadas de recibir.
2. Como sustento de las pretensiones indicó que prestó sus servicios para la E.S.E.
Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, de manera continua e ininterrumpida, desde
el 11 de julio de 2010, hasta el 30 de julio de 2015, a través de «contratos de prestación
de servicios» y el cumplimiento de «un horario de trabajo que se le asignaba por medio
de su jefe inmediato». Añadió que «no tenía ninguna clase de autonomía, pues si
necesitaba retirarse de sus labores durante el cumplimiento de las jornadas
establecidas por el Hospital, tenía que pedirle permiso a su jefe inmediato»; además,
los contratos de prestación de servicios «a. Eran elaborados por la demandada en
forma unilateral; b. A aquel no le era permitido hacer ninguna clase de sugerencia sobre
su contenido». Agregó que, hasta su renuncia voluntaria, asumió la totalidad de aportes
por concepto de prestaciones sociales, no le fue consignado el auxilio de cesantías y
le realizaban descuentos a su salario.
3. Señaló que el 1º de marzo de 2017 presentó una petición ante la gerente de la
E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en la que le solicitó
reconocer la existencia de un contrato realidad, en virtud de la relación laboral que
sostuvo con esa entidad. Además, pidió que se reconocieran, liquidaran y pagaran las
prestaciones sociales, bonificaciones, indemnizaciones, sanciones y demás
acreencias derivadas de la relación laboral.
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Los antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentran en formato
digital, en el índice 22 de SAMAI.
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Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente
4. La Oficina Jurídica de la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente, en respuesta otorgada el 21 de marzo de 2017, argumentó que en el caso
de la accionante resultaban aplicables las normas de la relación contractual en la
modalidad de prestación de servicios, la cual no le generaba vinculación laboral y
como, consecuencia, no daba derecho al reconocimiento y pago de prestaciones
sociales, acreencias laborales o indemnizaciones a su cargo.
5. El 17 de abril de 2017, la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego presentó solicitud
de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Décima Judicial II Administrativa, en
la que convocó a la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.
6. El 8 de mayo de 2017, ante la Procuraduría 153 Judicial II para asuntos
administrativos, se llevó a cabo audiencia de conciliación prejudicial entre las partes,
la cual fue declarada fallida, previa solicitud de aplazamiento formulada por la parte
convocada. La parte convocante manifestó su negativa a continuar con el trámite
conciliatorio y solicitó de manera expresa que se diera por terminado el mismo.
7. El 10 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda.
8. Como sustento de la decisión, señaló que las formas de vinculación con entidades
públicas corresponden a: «(i) la de empleados públicos cuya relación es legal y
reglamentaria; (ii) la de trabajadores oficiales, que es una relación contractual laboral
y (iii) la de los contratistas de prestación de servicios que es una relación contractual
estatal». Advirtió que esta última se encuentra regulada en el numeral 3 del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, y es permitida cuando no se dispone del personal suficiente para
realizar el servicio o se carece del conocimiento especializado requerido, sin que ello
implique la existencia de una relación laboral.
9. Explicó que el contrato de prestación de servicios se desvirtúa cuando se constata
la concurrencia de los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo
necesario que dichos elementos queden plenamente acreditados.
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Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente
10. Al abordar el caso concreto evidenció que:
Se encuentra probado que la demandante fue vinculada al Hospital Occidente de
Kennedy III Nivel ESE, ahora Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente ESE, entre los años 2010 a 2015, a través de contratos de prestación
de servicios, cuyo objeto fue la prestación de servicios como BACTERIOLOGA en
el área de laboratorio clínico, como dan cuenta los diferentes contratos que obra
en el expediente.
En los diferentes contratos de prestación de servicios, ya relacionados, consta que
la entidad le fijó a la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego una retribución por
sus servicios, que recibía en mensualidades previa certificación sobre el
cumplimiento de las actividades por parte del supervisor.
Si bien es cierto la demandante estuvo vinculada con la entidad demandada a
través de contratos de prestación de servicios por más de cinco años, es decir,
que atendió el aspecto temporal y de la prueba testimonial y el interrogatorio de
parte se hace alusión al cumplimiento de horario y la presunta existencia de un
jefe, circunstancias que parecieran indicar que existió la pretendida subordinación,
también lo es que no se encuentra demostrada, porque es necesario, conforme a
la jurisprudencia del Consejo de Estado, que haya pruebas adicionales que
demuestren ese elemento, y en este caso, los documentos allegados no ayudan
a soportar esa tesis, sumado a que no se acreditó que las actividades que
realizaba la accionante fueran las mismas que ejecutara un empleado de planta
de la entidad.
De manera que la entidad accionada contrató a la demandante, en razón a que
en la planta de personal de la entidad no existía el personal suficiente para prestar
los servicios de salud, lo que significa que se trató de una relación contractual
regulada específicamente por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, más no una
relación laboral, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, se pasa a desarrollar esos temas.
Se encuentra probado que la demandante suscribió varios contratos de prestación
de servicios, de forma continua e ininterrumpida con la entidad demandada, 19 de
julio de 2010 al 31 de agosto de 2015, es decir, que desempeñó sus labores por
más de cinco años, circunstancia que evidencia que no se trató de un vínculo
ocasional o temporal, característica propia del contrato de prestación de servicios,
sino que por el contrario, el tiempo de vinculación prolongado, constituye un
“indicio claro de que bajo la figura del Contrato de Prestación de Servicios se dio
en realidad una relación de tipo laboral.
(…)
Sin embargo, no es suficiente la prueba testimonial y el interrogatorio de parte,
para probar la subordinación, en casos como el que se analiza.
(…)
Por lo anterior, es necesario concluir, que no existen pruebas contundentes que
lleven al convencimiento de que en efecto realmente hubiera desarrollado una
relación subordinada y dependiente, pues la prueba testimonial y la aseveración
de la actora en ese sentido no resulta suficiente, y además, las pruebas
documentales que reposan en el plenario no dan cuenta de ello, como se explicó
con anterioridad.
No hay similitud de funciones con un empleado de planta.
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Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
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Entonces, si bien es cierto que las testigos indican que esas labores eran las
mismas funciones que realizaba un personal de planta, también lo es que no obra
en el plenario copia del manual de funciones para el cargo contemplado en la
planta global del ente hospitalario, con el fin de corroborar la existencia del cargo
de bacterióloga de planta, y con ello efectuar un análisis entre las funciones
propias del cargo y las actividades desempeñadas por la señora Fajardo Gallego.
11. Concluyó que los medios probatorios aportados por la accionante resultaban
insuficientes para demostrar la concurrencia de los tres elementos que configuran una
relación laboral, correspondiendo a ella la carga de acreditarlos. Señaló que fue
vinculada mediante contrato de prestación de servicios, por la insuficiencia de personal
en la entidad demandada, debiendo cumplir con las coordinaciones, jornadas y
condiciones necesarias para el desarrollo del objeto contractual, sin que ello implicara
subordinación laboral.
12. Contra esa decisión, la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, en sentencia de 25 de abril de 2024, en el siguiente sentido:
Primero. Revocar la sentencia del 10 de junio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda incoada por Martha Yaneth Fajardo Gallego contra
la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 229 (1498) del 21 de marzo de 2017, por
medio del cual la jefe de la oficina jurídica de la ESE Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente, le negó la existencia de una relación laboral y el
reconocimiento de las prestaciones laborales y sociales que se derivaban de ella.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Martha Yaneth
Fajardo Gallego y la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
durante el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de
2015, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.
Cuarto. Condenar a la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
a reconocer a Martha Yaneth Fajardo Gallego las prestaciones sociales de orden
legal a las cuales tiene derecho, para lo cual tomará como referente los salarios
de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó en
el periodo reclamado y, en caso de no existir, se tendrá como base los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, por el tiempo en el cual se
demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 19 de julio de 2010
y el 31 de agosto de 2015, conforme con lo explicado en la parte motiva.
Como consecuencia la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de Martha
Yaneth Fajardo Gallego que corresponde a los salarios de un empleado de planta
que desarrollara sus funciones y, en caso de no existir, se tendrá como base los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, para el periodo
comprendido entre el 19 julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015. La entidad deberá
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cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como
empleador.
Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la
carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
Quinto. Ordenar a la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
reconocer a Martha Yaneth Fajardo Gallego las diferencias que resulten entre lo
que recibió por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de
condiciones respecto del cargo que desempeñaba sus funciones.
Sexto. La ESE Hospital Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los
índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh x índice final
índice inicial
Séptimo: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.
Noveno. No condenar en costas en esta instancia.
13. Para arribar a esa decisión, el Consejo de Estado valoró los documentos
aportados que acreditaban las condiciones contractuales de la vinculación de la
demandante, así como el interrogatorio de parte y los testimonios rendidos en
audiencia de pruebas por las profesionales Adriana Patricia Cerón Bolívar, Marisol
Cuellar Campos y Liliana Marcela Romero López, quienes laboraron junto a la
demandante.
14. Sostuvo que las pruebas aportadas al proceso evidenciaban la existencia de un
contrato de trabajo ejecutado entre el 19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015,
en virtud del cual la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego prestó sus servicios
profesionales como bacterióloga del laboratorio de la ESE Hospital de Occidente
Kennedy III Nivel, hoy ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente,
mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, de manera directa con la
entidad.
15. Agregó que el elemento de la remuneración estaba debidamente acreditado
mediante las certificaciones aportadas al proceso, los testimonios rendidos y los
contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos por la señora Martha Yaneth
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Fajardo Gallego, en los cuales se estipularon expresamente: (i) el valor total de los
contratos, y (ii) la modalidad de pago en montos mensuales, constituyéndose estos
como la contraprestación económica pactada por la prestación del servicio profesional.
16. Manifestó que la valoración probatoria integral permitía establecer que las
funciones desempeñadas por la demandante no fueron ejercidas de manera autónoma,
sino con sujeción a condiciones de tiempo, modo y lugar (horarios, instrucciones y
órdenes) impuestas por la entidad demandada, generándose así una subordinación
efectiva a la autoridad de esta última. En consecuencia, concluyó que la prestación de
los servicios por parte de la demandante revestía la vocación de permanencia y
continuidad, y configuraba la existencia de una relación laboral de carácter
subordinado.
17. Señaló que no se configuró la prescripción, dado que la relación laboral concluyó
el 31 de agosto de 2015 y la solicitud de reconocimiento fue presentada el 1º de marzo
de 2017, sin que transcurriera un plazo superior a tres (3) años para ejercer la acción
administrativa correspondiente. Asimismo, precisó que no se registraron interrupciones
superiores a treinta (30) días hábiles entre las vinculaciones que pudieran generar
solución de continuidad, conforme a lo dispuesto en la sentencia de unificación SUJ2-
005-16 del 25 de agosto de 2016.
18. De conformidad con los razonamientos precedentes, consideró que la señora
Martha Yaneth Fajardo Gallego tenía derecho al reconocimiento y pago de los
emolumentos prestacionales correspondientes a cesantías, intereses sobre cesantías,
vacaciones, primas y demás prestaciones laborales de carácter legal que le habrían
correspondido como empleada de planta de la entidad, por el desempeño de funciones
equivalentes a las suyas, durante el período comprendido entre el 19 de julio de 2010
y el 31 de agosto de 2015. No accedió a las pretensiones relacionadas con la
devolución de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y retenciones en
la fuente, ni al reconocimiento de la sanción moratoria, la indemnización por el no pago
de prestaciones y salarios, ni los recargos nocturnos, dominicales y festivos.
B. El recurso extraordinario de revisión
19. El 14 de marzo de 2025, la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente, a través de apoderada judicial, instauró recurso extraordinario de revisión
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contra la sentencia de 25 de abril de 2024, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con radicado 25000-23-42-000-2017-03765-00. Formuló las siguientes
pretensiones:
PRIMERO: Se tenga por presentado en tiempo y forma, el RECURSO DE
REVISIÓN interpuesto en contra de la sentencia con radicado N°25000-23-42-000-
2017-03765-01 (3678-2022) del 25 de abril de 2024 proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, conforme los argumentos
expuestos.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia con radicado N°25000-23-
42-000-2017-03765-01 (3678-2022) del 25 de abril de 2024 proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado debido a la falta de congruencia
entre lo solicitado en la demanda, lo debatido y lo probado durante el proceso, por
cuanto, en ningún momento se invocó causal alguna de nulidad y mucho menos se
analizó la procedencia de alguna de las contempladas en el norma.
20. Propuso la causal quinta de revisión, relacionada con la existencia de nulidad
originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación. En concreto,
adujo que no existe congruencia entre la demanda y la sentencia de segunda instancia.
21. Explicó que la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego, en calidad de apelante
única, no invocó ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
a pesar de que ese requisito era exigido por el artículo 138 del mismo cuerpo normativo
para solicitar la nulidad de un acto administrativo. A su juicio, no se le atribuyó al acto
administrativo cuestionado vicio o ilegalidad alguna; en consecuencia, mantiene su
validez. Asimismo, advirtió que el perjuicio alegado por la apelante no se fundamenta
en la presunta nulidad del acto administrativo, sino en la pretensión de obtener, a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral.
22. Consideró que en la decisión contenida en la sentencia objeto de revisión «se
dio una nulidad que afecta el debido proceso», debido a «la falta de congruencia entre
lo solicitado en la demanda, lo debatido y lo probado durante el proceso, por cuanto, en
ningún momento se invocó causal alguna de nulidad y mucho menos se analizó la
procedencia de alguna de las contempladas en el norma».
23. Afirmó que se cumplen los requisitos para la configuración de la causal quinta
de revisión, en la medida en que: «1) el vicio que configura la nulidad alegada acaeció
al momento de proferir la sentencia objeto de revisión, ya que en primera instancia se
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emitió sentencia favorable a la Entidad; y 2) la nulidad alegada se fundamenta en la
falta de congruencia entre lo solicitado en la demanda, lo debatido y lo probado durante
el proceso».
C. Trámite impartido e intervenciones
24. Mediante auto de 11 de abril de 2025 se inadmitió la demanda con el fin de que
la parte demandante diera cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 7° y 8º del
artículo 162 del CPACA (índice 8 SAMAI).
25. Cumplido el requerimiento, en proveído de 3 de junio de 2025 se admitió el
recurso extraordinario de revisión. Se ordenó notificar la decisión a la señora Martha
Yaneth Fajardo Gallego y al Ministerio Público (índice 15 SAMAI). Las notificaciones
se efectuaron en debida forma (índice 18, 19, 23 y 26 SAMAI).
26. Durante el término de traslado no se pronunció la señora Martha Yaneth Fajardo
Gallego, pese a que fue notificada del auto admisorio.
27. En la demanda no se elevaron solicitudes probatorias; sin embargo, el
Despacho, en el auto admisorio, solicitó requerir al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que enviara copia digital del proceso ordinario, el cual es necesario
para proferir decisión de fondo.
III. CONSIDERACIONES
D. Caducidad
28. De acuerdo con el primer inciso del artículo 251 del CPACA, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta de revisión es de
un año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia cuestionada.
29. En el presente caso, la sentencia que es materia de revisión fue proferida el 25
de abril de 2024 y se notificó por medios electrónicos el 19 de junio de 2024, por tanto,
quedó ejecutoriada el 26 de junio siguiente, según lo dispuesto en el artículo 302 del
CGP.
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Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
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30. El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión, por la causal quinta
de revisión vencía, así, el 27 de junio de 2025. Como la demanda se radicó el 14 de
marzo de 2025, se concluye que fue oportuna.
E. Competencia
31. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 25 de abril de 2024, proferida por la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado, en atención a lo dispuesto en los artículos
1072 y 2493 del CPACA, en concordancia con la distribución de negocios al interior del
Consejo de Estado establecida en el artículo 294 del Acuerdo No. 80 de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
F. Recurso extraordinario de revisión –marco normativo y jurisprudencial
32. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de revisión se
encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
33. Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por resultar
contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión,
ajustada a la ley.
34. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
2
Artículo 107. Integración y composición. «El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta y
un (31) Magistrados. (…)
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
3
Artículo 249. Competencia. «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)».
4
Artículo 29. «Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado. (…)».
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Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
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probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales
taxativamente establecidas por el legislador. Por consiguiente, no puede ser empleado
como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o interpretativo.
35. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión
cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y exacta
de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden a ser
analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado5.
G. Alcance de la causal quinta de revisión
36. La causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA ha
sido objeto de múltiples pronunciamientos al interior de esta Corporación, en la medida
en la que su redacción no permite conocer cuáles situaciones dan lugar a la nulidad de
la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia se ha ocupado de establecer los
supuestos que pueden configurar esa causal y le ha encomendado al juez la función
de establecer su alcance.
37. Se ha sostenido, así, que la sentencia es nula por las causales de nulidad
procesal establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Al respecto, la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha identificado ciertos vicios 6 que
afectan la validez de la sentencia, los cuales fueron sintetizados en la sentencia de 31
de mayo de 20117, como pasa a exponerse:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia8, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
5
Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de 8 de
mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
6
Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, rad.
2000-00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de
diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-
00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
8
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de
1997, Rad. REV-080”.
11
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Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
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en ésta9, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o
cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera
de las causas legales de interrupción o de suspensión10 o, en estos casos, antes de
la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en
la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación11”.
38. Se ha aceptado, además, que la violación del derecho al debido proceso
estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política12 genera la nulidad de la sentencia,
conforme al razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte Constitucional13 y, en
los específicos casos que ha identificado esta Corporación.
39. Por vía jurisprudencial, se han reconocido los siguientes supuestos
transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio; ii) ausencia de
motivación; iii) transgresión del principio de la non reformatio in pejus; iv) condena
contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de
competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por
desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de votos
requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra, ultra o infra
petita.
40. El principio de congruencia se encuentra consagrado en el artículo 281 del
Código General del Proceso. Su finalidad es delimitar el contenido de las decisiones
judiciales, para que éstas se profieran de acuerdo con los argumentos y alcance de las
peticiones y excepciones formuladas por las partes, de modo que exista identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente aducidas,
salvo que la ley otorgue facultades o competencias oficiosas al juzgador.
41. Esta Corporación ha considerado que la congruencia se divide en interna y
externa. La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva
y resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda propende porque la decisión
contenida en la parte resolutiva de la providencia se encuentre en concordancia con lo
9
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998,
Rad. REV-093”.
10
“Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-
1998-00170”.
11
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005,
Rad. REV-062”.
12
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencias
de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad. 2017-00811-00(REV);
y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019, rad. 2014-01303-00(REV).
13
Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
12
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pedido en la demanda, en su contestación o en el recurso interpuesto. Se ha indicado,
así, que:
El petitum, entonces, deberá expresar claramente la modificación o reforma que se
pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del juzgador
del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto interna como
externa. La externa, se traduce en la concordancia debida entre el pedido de las
partes en la demanda y su corrección, junto con las excepciones, con lo decidido
en la sentencia y encuentra su fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de
1996 y 170 del C.C.A., en concordancia con el 305 del C.P.C., que señala que el
juez en la sentencia debe analizar ‘los hechos en que se funda la controversia, las
pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con el objeto de resolver todas las
peticiones’. No debe olvidarse, además, que conforme al artículo 304 del C.P.C. la
parte resolutiva ‘deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las
pretensiones de la demanda...’. La congruencia interna, está referida a la armonía
y concordancia que debe existir entre las conclusiones judiciales derivadas de las
valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas contenidas en la parte considerativa,
con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la sentencia14.
42. La Corte Constitucional, por su parte, se ha referido a este principio procesal,
para precisar lo siguiente:
[E]l juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por consiguiente, es
su obligación explicar las razones por las cuales no se ocupará del análisis de fondo
de alguna de las pretensiones. Adicionalmente, el juez tiene a su cargo el deber de
fallar con fundamento en la realidad fáctica demostrada, por cuanto, su decisión, de
ninguna manera, puede fundamentarse en lo que dicho funcionario considera que
pudo ser, pero que las partes ni él de oficio, lograron establecer en el curso de la
actuación procesal15.
43. En tal virtud, la sentencia debe ser objeto de revisión extraordinaria cuando falta
al principio de congruencia, es decir, cuando carece de coherencia externa y/o interna,
razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su
competencia, la que, se insiste, está determinada por las pretensiones y fundamentos
de la demanda, o los argumentos del recurso.
44. En cualquier caso, le corresponde al juez definir si la situación analizada
quebranta un mandato constitucional, al punto de desvirtuar el efecto de cosa juzgada
de la decisión.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de 2002,
M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, exp. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Segunda–
Subsección B, M.P. Cesar Palomino Cortés, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00.
15
Corte Constitucional, sentencia T-961 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en la sentencia
T-079 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
13
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H. Caso concreto
45. Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 25 de abril de 2024,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B resulta
incongruente en lo solicitado, lo debatido y lo probado en el proceso, en contravía del
derecho fundamental al debido proceso.
46. En la demanda se afirmó que la sentencia de segunda instancia se limitó a
examinar la existencia de una relación laboral entre las partes, omitiendo el estudio de
la causal de nulidad del acto administrativo demandado, a pesar de que el medio de
control ejercido correspondía al de nulidad y restablecimiento del derecho. Sostuvo que
tal decisión excedió el marco del debate procesal y se torna incongruente.
47. La Sala considera que no le asiste razón a la accionante, toda vez que la
sentencia cuestionada se ocupó de resolver los aspectos que fueron materia de
apelación y los que resultaban necesarios para proferir decisión de fondo.
48. En efecto, en ese proceso se perseguía la declaración de nulidad del acto que
negó el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de los rubros
dejados de percibir, en virtud de la labor que prestó la señora Martha Yaneth Fajardo
Gallego en la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, entre el
19 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2015. Se pretendía, así, la declaración de la
existencia de un contrato realidad y el reconocimiento y pago de las sumas adeudadas,
por los conceptos de cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, primas y demás
prestaciones laborales de carácter legal que le habrían correspondido como empleada
de planta de la entidad.
49. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de primera
instancia proferida el 10 de junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda. Si
bien reconoció que la demandante prestó sus servicios personales a la E.S.E. Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, durante el período comprendido entre
el 19 de julio de 2010 al 31 de agosto de 2015, concluyó que las pruebas aportadas
resultaban insuficientes para acreditar la existencia del elemento de subordinación o
dependencia propio de una relación laboral. En consecuencia, consideró que el vínculo
entre las partes era de naturaleza contractual y estaba regido por las disposiciones del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)
Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
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50. En relación con los períodos de contratación y la naturaleza de las labores
desempeñadas refirió, puntualmente:
i) Prestación personal del servicio. Se encuentra probado que la demandante fue
vinculada al Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, ahora Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, entre los años 2010 a 2015,
a través de contratos de prestación de servicios, cuyo objeto fue la prestación de
servicios como BACTERIOLOGA en el área de laboratorio clínico, como dan
cuenta los diferentes contratos que obra en el expediente, visible a folios 13 a 121
y 328 a 330 (…).
En síntesis, se puede establecer claramente, que la actora prestó sus servicios
para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE por el periodo
comprendido entre el 19 de julio de 2010 hasta el 31 de agosto de 2015, lo que
demuestra el primer elemento de la relación laboral.
(ii) Remuneración. En los diferentes contratos de prestación de servicios, ya
relacionados, consta que la entidad le fijó a la señora Martha Yaneth Fajardo
Gallego una retribución por sus servicios, que recibía en mensualidades previa
certificación sobre el cumplimiento de las actividades por parte del supervisor,
como se lee en los contratos de prestación de servicios visible a folios 13 a 121,
328 y 330.
(iii) Subordinación. Si bien es cierto la demandante estuvo vinculada con la
entidad demandada a través de contratos de prestación de servicios por más de
cinco años, es decir, que atendió el aspecto temporal y de la prueba testimonial
y el interrogatorio de parte se hace alusión al cumplimiento de horario y la
presunta existencia de un jefe, circunstancias que parecieran indicar que existió
la pretendida subordinación, también lo es que no se encuentra demostrada,
porque es necesario, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, que
hayan pruebas adicionales que demuestren ese elemento, y en este caso, los
documentos allegados no ayudan a soportar esa tesis, sumado a que no se
acreditó que las actividades que realizaba la accionante fueran las mismas que
ejecutara un empleado de planta de la entidad.
De manera que la entidad accionada contrató a la demandante, en razón a que
en la planta de personal de la entidad no existía el personal suficiente para prestar
los servicios de salud, lo que significa que se trató de una relación contractual
regulada específicamente por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, más no una
relación laboral, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda
(…).
51. Contra esa decisión, la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego interpuso recurso
de apelación, en el que controvirtió los siguientes aspectos:
(i) Entre la demandante y la entidad demandada se configuró una relación de carácter
laboral, toda vez que «se dieron todos los elementos que la ley consagra para ello, y
la jurisprudencia vertical es abundante, como para que ahora pretenda desconocerse».
(ii) Se incurrió en un yerro de interpretación y aplicación de la ley al desconocer la
15
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)
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presunción legal de existencia del contrato de trabajo prevista en el artículo 20 del
Decreto 2127 de 1945, según la cual, se presume la existencia de una relación laboral
entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe o aprovecha, correspondiendo
a este último desvirtuarla. En efecto, dicha presunción «se vulneró completamente en
la impugnada, incurriendo en violación del derecho constitucional fundamental al
debido proceso, pues se le trasladó a la demandante, la carga de la prueba, de algo
que no solo no tenía que probar, y que además lo probó, pero el A quo lo ignoró
flagrantemente, y fue el fundamento para denegar las pretensiones». En ese orden,
«en estricto derecho, tenía que haber dejado constancia, como primera medida, que la
demandada, no logró desvirtuar la presunción legal en favor de la demandante, de la
existencia de la relación laboral, y por ese solo hecho, con fundamento en la ley,
fulminar una sentencia condenatoria».
(iii) El debate procesal se centró en la naturaleza del vínculo existente entre las
partes, pues mientras la entidad demandada sostuvo que se trataba de una relación
contractual amparada en contratos de prestación de servicios, la actora alegó la
existencia de un vínculo laboral. De acuerdo con el artículo 2° del Decreto 2127 de
1945, se encontraban acreditados los elementos de la prestación personal del servicio,
la remuneración, y debía aplicarse la presunción legal de subordinación, la cual no fue
desvirtuada por la demandada. Sin embargo, «el A quo no les dio la validez legal, y los
consideró insuficientes, omitiendo el más mínimo análisis, pues de haberlo hecho,
indudablemente su conclusión habría sido en sentido contrario». Asimismo, la
demandante, en su calidad de bacterióloga, desarrolló funciones misionales propias de
la entidad demandada, bajo condiciones de subordinación y dependencia evidenciadas
en el cumplimiento de horario, la sujeción a órdenes y reglamentos internos y la
ausencia de autonomía. La vinculación se extendió por más de cinco años y
correspondió a un cargo de planta desempeñado también por otras bacteriólogas bajo
régimen laboral, lo que, en conjunto, refuerza la configuración de los elementos
esenciales de una relación de trabajo.
(iv) Los contratos de prestación de servicios evidencian únicamente una formalidad
de vinculación, sin que ello desvirtúe la presencia de elementos esenciales propios de
una relación laboral, los cuales resultan plenamente acreditados y, por ende, revelan
su desnaturalización. En efecto, la existencia de un cargo previamente estructurado y
la contratación de la demandante para suplir la insuficiencia de bacteriólogas de planta
permiten concluir que la prestación personal del servicio se integró de manera directa
a las funciones ordinarias y misionales de la entidad. Así, «recordando lo preceptuado
16
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)
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en el artículo 2 de la famosa Ley 80 de 1993, no se percibe de ninguna manera, que
los servicios personales prestados por la bacterióloga MARTHA JANETH FAJARDO
GALLEGO para la hoy SUBRED DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE,
no sean de aquellos que no pueda realizar el personal de planta, pues así aparece
probado en el plenario, que simultáneamente con la demandante laboraban varias
Bacteriólogas DE PLANTA, que realizaban idénticas funciones a las de aquella, y la
misma Ley prohíbe la vinculación por intermedio de Contratos de Prestación de
Servicios de personas que deben cumplir labores misionales».
52. Con base en las consideraciones anotadas solicitó revocar la decisión apelada,
declarar la nulidad del acto administrativo demandado y, como consecuencia, condenar
a la demandada a pagar las acreencias laborales correspondientes.
53. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de 25 de abril de 2024, se ocupó de resolver los siguientes problemas jurídicos:
1. ¿si existió una relación laboral entre Martha Yaneth Fajardo Gallego y la ESE
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente?
En caso afirmativo,
2. ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones laborales
derivadas de esa relación laboral?
54. Luego de exponer ciertas generalidades sobre la existencia de las relaciones
laborales encubiertas y algunas particularidades del contrato de prestación de
servicios, los elementos esenciales que configuran el contrato de trabajo a la luz de la
legislación vigente y la jurisprudencia de esta Corporación, se centró en analizar la
relación contractual aducida por la demandante, con el fin de resolver el primer
problema jurídico, esto es, si dicho vínculo contractual ocultó una verdadera relación
laboral.
55. Valoró las siguientes pruebas: certificación del 25 de julio de 2017 expedida por
la directora de contratación de la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente, en la cual consta que la demandante y la entidad suscribieron los contratos
de prestación de servicios 3508 de 2010 y adición, 4137 de 2010, 5005 de 2010, 336
de 2011, 1448 de 2011, 2081 de 2011, 3103 de 2011, 3927 de 2011, 4191 de 2011,
4622 de 2011 y adición, 314 de 2011, 1005 de 2012, 1800 de 2012, 2650 de 2012,
3474 de 2012, 4314 de 2012, 5355 de 2012 y adición, 684 de 2013, 1513 de 2012,
17
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)
Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente
2171 de 2013, 3170 de 2013, 3789 de 2013, 5245 de 2013, 224 de 2014, 1922 de
2014, 3219 de 2014, 4051 de 2012, 4832 de 2014, 7010 de 2014, 506 de 2015, 2256
de 2015, 3146 de 2015 y 4818 de 2015; las planillas de turnos elaboradas por la jefe o
coordinadora del laboratorio clínico de la ESE Hospital Occidente Kennedy III Nivel de
los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2010, enero a junio de
2011, mayo y octubre de 2012 y enero de 2013; las certificaciones de cumplimiento de
las actividades desarrolladas en virtud de los contratos celebrados, para marzo de
2011, agosto y diciembre de 2014; la Certificación 411-2015 del 15 de mayo de 2015,
suscrita por el profesional especializado de la ESE Hospital Occidente de Kennedy III
Nivel, actualmente ESE Hospital Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente; Oficio 229 (1498) del 21 de marzo de 2017; los testimonios de las
profesionales Adriana Patricia Cerón Bolívar, Marisol Cuellar Campos y Liliana Marcela
Romero López recibidos en la audiencia de pruebas celebrada el 5 de abril y 13 de
diciembre de 2019 y, el interrogatorio de la demandante ,
56. Con base en el análisis de ese material acreditativo advirtió que la demandante,
«efectivamente fue contratada para desarrollar funciones de bacterióloga al servicio de
la ESE Hospital de Occidente Kennedy III Nivel ininterrumpidamente del 19 de julio de
2010 al 31 de agosto de 2015 (…). , Martha Yaneth Fajardo Gallego percibió una
remuneración por el trabajo realizado (…). En efecto, el empleador impuso las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos, para que la trabajadora desarrollara sus labores, sin que le hubiere
asistido ningún tipo de independencia (…). Lo anterior, denota una sujeción y
dependencia de quien ejerce el cargo de bacterióloga al servicio de la ESE
demandada, al tiempo que corrobora que no puede dejar de existir imposición de
órdenes en la ejecución de su objeto contractual para desempeñar esa labor, puesto
que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad».
57. Aclaró, sin embargo, que la situación analizada no corresponde a un simple
deber de coordinación, el cual supone que el contratista actúa con independencia y
sólo armoniza sus actividades con las directrices generales del contratante. Por el
contrario, encontró que existió subordinación plena, dado que la trabajadora estaba
sometida a órdenes directas, horarios, turnos y a las instrucciones de coordinadores y
jefes, lo que permitía a la entidad disponer permanentemente de su trabajo; realidad
que reveló la existencia de una verdadera relación laboral. Además, reprochó que,
pese a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, la entidad no hubiera adoptado plantas
18
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)
Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente
temporales para suplir la demanda del servicio, por lo que la falta de personal no
excusaba la indebida planeación ni desvirtuaba que las funciones se prestaron bajo
subordinación.
58. Por lo anterior, declaró la existencia de una relación laboral entre la señora
Martha Yaneth Fajardo Gallego y la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente.
59. De lo expuesto, concluye la Sala, sin mayor esfuerzo, que la decisión recurrida
no está incursa en nulidad, como señala la accionante, en tanto no excedió el marco
de competencia asignado al juzgador de segunda instancia ni se incurrió en alguna
extralimitación o yerro que hubiera conllevado a adoptar conclusiones ilegales,
contraevidentes, irrazonables o arbitrarias.
60. En efecto, el principal reproche que elevó la parte demandante contra el fallo de
primera instancia versó sobre la existencia de una relación laboral con la demandada,
por la configuración de los elementos constitutivos de la misma, en especial, el de
subordinación, en los contratos de prestación de servicios analizados. Dicha censura
inexorablemente imponía la necesidad de examinar todos los contratos celebrados,
con el fin de establecer si a partir de ellos era posible establecer la existencia de
verdaderas relaciones laborales con la entidad demandada. Dicho estudio
naturalmente incluía la verificación de los elementos propios de una relación laboral.
61. Ahora bien, esta Corporación16 ha precisado que el restablecimiento del derecho
de un servidor vinculado de manera irregular «implica restituir la situación, devolverla
al estado existente con anterioridad a la lesión inferida». Esto se materializa a través
de una declaración judicial que reconoce la existencia de la relación laboral de
naturaleza legal y reglamentaria, junto con todas las consecuencias derivadas de dicha
determinación.
16
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016, rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15)CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter. En esa providencia se citó lo expuesto por la Corte Constitucional, en sentencia C-197 de 1999,
M.P. Antonio Barrera Carbonell, en punto a que «cuando el juez administrativo advierta la violación de
un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun
cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, por lo cual lo anotado no implica la adopción de una decisión extra petita, sino
una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador a favor de quien
se ha declarado la existencia de una relación laboral con la Administración». Esto para recalcar que el
reconocimiento de las prestaciones sociales dejadas de percibir y la orden para que se efectúen los
respectivos aportes a pensiones procede cuando se declara la existencia de un contrato realidad, a título
de restablecimiento del derecho.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)
Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente
62. No es cierto, entonces, que la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego hubiera
acudido al sistema judicial a través de un medio de control inadecuado o que la decisión
sea incongruente porque no se fundó en alguna de las causales de nulidad de que trata
el artículo 137 del CPACA. Por el contrario, se empleó la vía procedente para solicitar
el reconocimiento de una relación laboral encubierta, finalidad plenamente compatible
con la naturaleza y alcances propios del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho17.
63. En ese sentido, es claro que al ad quem le correspondía examinar la existencia
o no de una relación laboral entre las partes, sin que ello implique desviación del objeto
procesal ni afectación alguna al principio de congruencia.
64. Con todo, el reproche de la parte recurrente que alude a la inexistencia de las
causales que habilitan el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho debió ser formulado en las oportunidades procesales previstas para ello,
particularmente, a través de los recursos procedentes contra el auto admisorio y en la
contestación de la demanda dentro del proceso ordinario, lo que no ocurrió.
65. Con todo, revisada la demanda se observa que esta contiene el concepto de la
violación; concretamente, se alegó la violación de normas superiores y se propuso la
causal de anulación de falsa motivación. Además, según el acta de la audiencia inicial,
la parte demandada no propuso excepciones para cuestionar el yerro que ahora le
enrostra a la demanda y tampoco presentó objeción alguno frente a la fijación del litigio.
66. El proceso desde su inició versó sobre la existencia de un contrato realidad y en
esa forma se trabó la litis, de modo que la parte demandada estructuró su defensa
sobre esa base. Tanto en la sentencia de primera instancia como en la de segunda,
los operadores judiciales se ocuparon de dilucidar si estaban dados los elementos de
la relación laboral, lo que en últimas implicaba estudiar la infracción de las normas
jurídicas que regulan dicho vínculo de trabajo, a las que acudieron los fallos proferidos,
en especial, el que se cuestiona.
67. No es viable, entonces, que ahora se emplee el recurso extraordinario de
revisión como una tercera instancia para plantear discusiones en torno a la
procedibilidad o no del medio de control en el que se profirió la sentencia cuestionada,
17
CPACA. Artículo 138. «Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una
norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. (…)».
20
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)
Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
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o frente a la facultad de dictar la decisión adoptada en el medio de control ejercido, ni
para corregir omisiones o descuidos procesales de las partes.
68. La Sala advierte que la sentencia que se revisa fue proferida con pleno respeto
del debido proceso y dentro de los límites propios del debate judicial que le
correspondía resolver, por lo que no está incursa en falta de congruencia.
69. Adicionalmente, no se observa que las conclusiones de la sentencia resulten
caprichosas, arbitrarias o inconexas con la controversia que se planteó en la demanda.
Por el contrario, son consonantes con el análisis probatorio y jurídico que efectuó el
juez de la causa; además, encontraron sustento en posturas jurisprudenciales
aplicables al asunto.
70. En ese orden de ideas, como la providencia revisada se muestra congruente, la
Sala se abstendrá de infirmarla.
I. Condena en costas
71. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que «si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios
al recurrente».
72. El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho. El numeral 8º del artículo 365 del CGP dispone, por su parte, que sólo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación.
73. En el presente asunto, la señora Martha Yaneth Fajardo Gallego no intervino en
el proceso para defender sus intereses. Por consiguiente, aun cuando se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión, no hay lugar a imponer condena en
costas por cuanto no existe prueba de que se hubieran causado gastos procesales o
agencias en derecho.
74. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
21
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01521-00 (2359)
Demandante: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente contra la sentencia
del 25 de abril de 2024, proferida la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación, en atención a las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
VF
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