RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2019-01190-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01190-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01190-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)1
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —
Hospital Occidente de Kennedy—

Tema: relación laboral encubierta - bacterióloga. Subtema 1. Reconocimiento de
prestaciones sociales y de aportes a seguridad social en pensión sobre la base de
lo devengado por el servidor de planta – principio a trabajo igual salario igual.
Subtema 2. Solicitud de reconocimiento de prima técnica con ocasión de una
relación laboral encubierta – improcedencia. Subtema 3. Petición de devolución de
aportes al Sistema General de Seguridad Social y por concepto de retención en la
fuente– improcedencia.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, el 3 de mayo de 2022, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La accionante celebró contratos de prestación de servicios con la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital Occidente de Kennedy E.S.E.—
como bacterióloga, cuya duración se extendió por más de nueve años. Solicitó la
nulidad del acto administrativo ficto que negó el reconocimiento de una relación
laboral con la anterior entidad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al considerar que se acreditaron los elementos propios
de la relación de trabajo.

1 Expediente híbrido.

1

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

La Subsección confirmará parcialmente el fallo apelado. En tal sentido, se
modificará para señalar que, para la liquidación de las prestaciones ordenadas,
deberá tomarse el salario de un empleado de planta que haya desarrollado
funciones iguales a las que ejecutó la demandante. A su vez, se adicionará, para
aclarar que el ingreso base de cotización (en adelante IBC) de los aportes a pensión
se realizará teniendo en cuenta el referido salario, salvo las interrupciones y que la
demandante tendrá que acreditar las cotizaciones realizadas al Sistema, y en caso
de no haberlas hecho o que estas sean menores a las que concernían, pague el
excedente.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 12 de agosto de 20192, la señora Marisol Cuellar
Campos, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital Occidente de Kennedy E.S.E.—,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan3.

2. Solicitó que se declare la nulidad del acto ficto que se configuró ante la no
respuesta de la entidad accionada a la petición radicada el 1 de marzo de 2017, por
medio del cual se negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales y acreencias laborales, derivadas de ella por los servicios
prestados como bacterióloga entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de diciembre de
2014.

3. Pidió que se declare que existió una relación laboral entre ella y la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital de Kennedy E.S.E.—,
durante la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios en el periodo
antes señalado, de carácter indefinido y sin fecha de retiro, y que aquella terminó
por despido sin causal legal alguna.

4. A título de restablecimiento, solicitó que se ordene a la parte demandada a
reintegrarla al cargo que desempeñaba al momento del retiro o a uno de igual o
superior categoría; reconocer y pagar las prestaciones laborales y sociales
conforme a las funciones del cargo que ejercía —salarios, auxilio de cesantías,
intereses de cesantías, prima de servicios, prima de navidad, prima técnica, prima
de vacaciones, bonificaciones, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y
festivos—; la devolución de las sumas pagadas por concepto de seguridad social
—salud, pensión y riesgos laborales— y retenciones; el pago de la diferencia salarial

2 Expediente físico, cuaderno 3, fol. 435.
3 Expediente físico, cuaderno 1, fols. 1 a 28.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

entre lo percibido en calidad de contratista y lo que recibe mensualmente una
bacterióloga de planta.

5. Requirió que las sumas reconocidas sean indexadas; se condene al pago de
la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; de la indemnización
moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949 y de los perjuicios morales. Asimismo,
que se dé cumplimiento al fallo según los artículos 192 y 195 del CPACA.

2.1.1. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

7. La señora Marisol Cuellar Campos celebró con el Hospital Occidental de
Kennedy III nivel — hoy ESE Subred Integrada de Salud Sur Occidente—, contratos
de prestación de servicios desde el 1 de agosto de 2005 hasta el 31 de diciembre
de 2014, en el Área de Laboratorio, como bacterióloga. Durante la relación
contractual se le exigió la prestación personal del servicio, de forma continua, con
un horario establecido de 180 horas mensuales; no tenía ningún tipo de autonomía,
toda vez que para poder retirarse de sus labores debía pedir permiso a su jefe
inmediato.

8. Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho,
propias de los empleados que ejercían el cargo de bacteriólogas de planta, no le
fueron reconocidas y tuvo que pagar por cuenta propia los aportes a seguridad
social.

9. El 1 de marzo de 2017, solicitó a la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales y acreencias laborales, derivados de esta. Tal petición, según
se narró, no había sido contestada al momento de presentación de la demanda.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

10. En la demanda se citaron las siguientes normas como vulneradas:

• Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 43, 53, 95, 125, 127, 209
y 277.
• Ley 197 de 1938, artículo 2.
• Ley 65 de 1946.
• Ley 4 de 1990, artículo 8.
• Ley 10 de 1990.
• Ley 50 de 1990.
• Ley 100 de 1993.
• Ley 1437 de 2011, artículos 2, 3, 44 y 138.
• Decreto 2400 de 1968, artículos 26 —inciso 2—, 40, 46 y 61.
3

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

• Decreto 3135 de 1968, artículo 21.
• Decreto 1250 de 1970, artículos 5 y 72.
• Decreto 1950 de 1973, artículos 108, 180, 215, 240, 241 y 242.
• Decreto 1333 de 1986.
• Decreto 1453 de 1998.
• Decreto 1582 de 1998.

11. La parte demandante adujo que la entidad accionada desconoció el principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades, pese a que en el caso concreto
se configuraron todos los elementos propios de una relación laboral. Con ello,
vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, en tanto quedó demostrado que la
accionante prestó sus servicios de manera personal en las instalaciones de la ESE
Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, con carácter permanente y en condiciones
de subordinación y dependencia. Esta última se evidenció en que la administración
contratante le impartía órdenes a través de la coordinadora del laboratorio respecto
de las labores encomendadas, le fijaba un horario de trabajo por turnos para la
prestación de sus servicios y le reconocía una remuneración mensual como
contraprestación por las actividades realizadas.

12. Manifestó que el trato dado a la demandante desconoció el principio de
igualdad y el derecho al trabajo, así como las demás garantías laborales que le eran
aplicables, habida cuenta de que, al ejercer funciones idénticas a las del personal
vinculado de forma legal y reglamentaria, debió recibir un trato equivalente al
otorgado a los bacteriólogos de planta de la entidad, lo cual no ocurrió en el presente
caso.

13. Sostuvo que al quedar acreditada la existencia de la relación laboral entre las
partes, la accionante adquirió la condición de servidora pública. Además, las
actividades que desempeñó correspondían al giro ordinario de la demandada, esto
es, la prestación permanente del servicio de salud.

14. Concluyó que entre la señora Marisol Cuellar Campos y la entidad accionada
existió una relación laboral durante el período en que aquella se desempeñó como
bacterióloga, comprendido entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de diciembre de
2014.

2.2. Contestación de la demanda

15. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
que se negaran. Como excepciones propuso la de caducidad, prescripción y cobro
de lo no debido 4.

4 Expediente físico, cuaderno 3, fols. 454 a 464.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

16. Afirmó que entre las partes no existió relación legal y reglamentaria alguna;
lo que tuvo lugar fue una vinculación de naturaleza contractual que, en ningún caso,
genera una relación laboral ni da lugar al reconocimiento de prestaciones sociales.

17. Indicó que el vínculo que surgió entre la entidad contratante y la contratista
fue de coordinación, en virtud del cual esta última se sujetó a las condiciones
requeridas para el desarrollo eficiente de las actividades encomendadas. Dicha
sujeción comprendía el cumplimiento de un horario, la atención de instrucciones
impartidas por sus superiores, circunstancias que por sí solas no son suficientes
para tener por configurado el elemento de la subordinación.

18. Precisó que los contratos suscritos por la demandante fueron celebrados de
manera libre y espontánea, lo que implica que esta aceptó plenamente las
condiciones allí estipuladas, entre las cuales no se pactó exclusividad ni la
prestación del servicio tiempo completo.

19. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 909
de 2004, la vinculación del personal de planta se origina mediante el concurso de
mérito en el que se garantiza la transparencia y la objetividad sin discriminación
alguna. Así, dado que tal requisito no se cumplió en el caso sub judice5, no resulta
jurídicamente viable declarar la existencia de una relación laboral de derecho
público entre las partes.

2.3. Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia del 3 de mayo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas6.

21. Señaló que la señora Marisol Cuellar Campos prestó sus servicios en la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. como bacterióloga,
mediante la suscripción sucesiva de órdenes de prestación de servicios, en dos
periodos diferenciados: el primero, del 1 al 31 de agosto de 2005; y el segundo, del
21 de octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2014. La separación entre ambos
periodos obedeció a una interrupción superior a 30 días hábiles, de conformidad
con el criterio fijado en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del Consejo
de Estado. Para acreditar los periodos en que no obraban contratos en el
expediente, admitió las certificaciones laborales como prueba idónea, bajo el
principio de libertad probatoria y la obligación constitucional de dar prevalencia al
derecho sustancial.

5 Es decir, pendiente de una resolución judicial.
6 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020190119000, índice 45, expediente digital,

archivo 38_SENTENCIA(.pdf).
5

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

22. Expresó, en cuanto a los elementos de la relación laboral, que se acreditó la
prestación personal del servicio, en tanto la demandante ejecutó las labores de
bacterióloga de manera directa y sin posibilidad de delegación en un tercero ajeno
a la entidad. Igualmente, tuvo por demostrada la remuneración, dado que en cada
orden de prestación de servicios se pactaron honorarios mensuales a su favor.
Respecto del elemento de subordinación, el Tribunal lo encontró plenamente
configurado a partir del acervo testimonial y documental.

23. Aseveró que las declaraciones de las testigos coincidieron en señalar que la
accionante no prestó sus servicios de forma autónoma, en tanto debía acatar las
órdenes asignadas por su coordinadora y cumplía un horario impuesto por la
entidad. Adujo que según se probó, la demandante tenía a su cargo la supervisión
de estudiantes universitarios en prácticas del Colegio Mayor de Cundinamarca y
dictaba charlas a enfermeras, lo cual constituían indicios que acreditan el
presupuesto de la subordinación.

24. El Tribunal valoró el testimonio de la señora Franceleny López Piranique, pese
a la tacha de sospecha formulada por la entidad demandada —derivada del hecho
de que la declarante tenía un proceso judicial contra la Subred por hechos
similares—, al constatar que sus afirmaciones resultaban coherentes con los demás
testimonios no objetados y con las planillas de turnos que obraban en el expediente.
Señaló que el parentesco o el interés personal no constituyen, por sí solos, causa
suficiente para desechar un testimonio, el cual debe valorarse en conjunto con los
demás medios probatorios, conforme a las reglas de la sana crítica.

25. Concluyó, que las funciones desempeñadas por la demandante correspondían
al objeto misional de la entidad, en la medida en que las actividades propias de un
laboratorio clínico hospitalario son permanentes y esenciales para la prestación del
servicio de salud. Esta conclusión se vio reforzada por la justificación que la propia
entidad señaló en la apertura del proceso de selección del contrato 1459 de 2006
—suscrito entre las partes—, en la que reconoció que los cargos de bacterióloga
existían en la planta de personal, pero resultaban insuficientes para cubrir la
demanda del servicio.

26. En consecuencia, declaró la existencia de una relación laboral encubierta, en
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas previsto en el
artículo 53 de la Constitución Política.

27. En punto al restablecimiento del derecho, el Tribunal negó el reintegro
solicitado, por cuanto la declaratoria de la relación laboral encubierta no otorga la
condición de empleada pública, la cual requiere acto administrativo de
nombramiento, posesión y disponibilidad presupuestal. Igualmente negó el pago de
salarios causados con posterioridad al retiro, las diferencias salariales frente a las
bacteriólogas de planta —al considerar que no se otorga la calidad de empleado
público a la accionante—, la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad

6

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

Social —por su naturaleza parafiscal—, la prima técnica —por exigir desempeño en
propiedad del cargo—, las horas extras —al no haberse superado la jornada
mensual de 190 horas—, la retención en la fuente —por ser materia tributaria ajena
al medio de control—, los perjuicios morales —por ausencia de prueba—, y las
sanciones moratorias de las leyes 244 de 1995 y 50 de 1990 —por tratarse de
derechos reconocidos judicialmente y no exigibles con anterioridad a la
sentencia—.

28. En cambio, ordenó el reconocimiento y pago de las cesantías, intereses sobre
cesantías, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones,
indemnización por vacaciones, bonificación por servicios, recargos nocturnos y
recargos por trabajo en días dominicales y festivos, liquidados con base en los
honorarios pactados en cada contrato, debidamente indexados. Asimismo, ordenó
la realización de los aportes al fondo de pensiones correspondientes a ambos
periodos de vinculación.

29. En materia de prescripción, la declaró parcialmente probada respecto de las
acreencias derivadas del primer periodo laboral —1 al 31 de agosto de 2005—, con
excepción de los aportes pensionales, los cuales, por su carácter periódico e
irrenunciable, quedaron a salvo de dicho fenómeno.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Parte demandante. Interpuso recurso de apelación con el propósito de que
acceda a aquellas pretensiones que se negaron, según los siguientes argumentos7:

30. Sostuvo que, al haberse establecido que la vinculación de la accionante
mediante contratos de prestación de servicios constituía una relación laboral
encubierta, debió accederse al reconocimiento de la prima técnica, con primacía de
la realidad sobre las formas, conforme al artículo 53 de la Constitución Política.

31. Adujo que, dado que la demandante sufragó la totalidad de las cotizaciones a
pensión y salud —siendo que al empleador le correspondía asumir el aporte
mayoritario—, procedía la devolución de la diferencia a su cargo. En consecuencia,
solicitó que se ordenara a la entidad accionada pagar a la accionante, con sus
propios recursos, la suma que esta consignó al Sistema y que, en realidad, era
obligación de aquella.

32. Añadió que la demandante tiene derecho a la devolución de lo pagado por
concepto de retención en la fuente, toda vez que, si bien dicho descuento es
inherente a los contratos de prestación de servicios, lo cierto es que la presunción
de legalidad de tales contratos fue desvirtuada en primera instancia.

7 Expediente físico, cuaderno 3, fols. 560 a 573.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

33. Manifestó que a la accionante le asistía el derecho a percibir la diferencia entre
lo recibido y lo devengado por el personal de planta, en salvaguarda de sus
derechos a la igualdad y a la no discriminación, habida cuenta de que se demostró
que cumplió labores idénticas a las de estos.

34. Indicó que el período de interrupción en la prestación de los servicios por parte
de la demandante «no fue más que una suspensión por decisión unilateral de la
demandada», razón por la cual no puede incidir en el término prescriptivo, conforme
a lo declarado por el Tribunal.

35. Señaló que, de acuerdo con la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016 —radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01—, proferida por el Consejo de
Estado, la regla general es que las prestaciones sociales reconocidas en virtud de
la declaración de una relación laboral encubierta se liquidan con base en el salario
percibido por un empleado de planta, en aquellos casos en que se acredite que el
cargo ejercido por el contratista existe en la planta de personal y que la actividad
fue desarrollada en las mismas condiciones; lo mismo aplica cuando los honorarios
sean inferiores a dicho salario. Por el contrario, se toma como base el valor de los
honorarios cuando el cargo del contratista no exista en la planta de personal.

36. Enfatizó que el juez de primera instancia debió justificar la razón por la cual se
apartó del precedente jurisprudencial. En tal sentido, solicitó que las prestaciones
sociales reconocidas se liquidaran con base en el salario devengado por una
bacterióloga de planta.

2.4.2. Parte accionada. Apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoquen los numerales primero —en cuanto denegó la totalidad de las excepciones
propuestas—, segundo y tercero de la parte resolutiva y que, en su lugar, se nieguen
las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos8:

37. Alegó que dentro del proceso no se probó, con certeza ni con el material
documental ni testimonial, que la Subred hubiera ejercido poder subordinante sobre
la contratista. Afirmó que la demandante se vinculó de manera libre y voluntaria, con
pleno conocimiento de que su condición era la de contratista, y que en ningún
momento se acreditó que hubiese sido objeto de coacción para suscribir los
contratos de prestación de servicios.

38. Argumentó que el cumplimiento de horarios y turnos no configura por sí solo
el elemento de subordinación propio del contrato de trabajo. Señaló que, tratándose
de una entidad prestadora de servicios de salud que opera las 24 horas del día,
resultaba lógico y necesario coordinar turnos con los contratistas a fin de garantizar
la continuidad del servicio, sin que ello pueda equipararse a una orden emanada del
poder de dirección del empleador. En ese mismo sentido, indicó que el acatamiento

8 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020190119000, índice 49, expediente digital,

archivo 40_RECIBEMEMORIALES_RECIBEMEM_RECURSODEAPELACI(.pdf).
8

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

de protocolos propios de un laboratorio clínico hospitalario responde a exigencias
técnicas y científicas inherentes al ejercicio de la bacteriología, y no a instrucciones
impartidas por un superior jerárquico.

39. Destacó, en cuanto a la autonomía de la contratista, que no se probó en el
expediente que se le hubiese prohibido el cambio de turnos con otros contratistas,
práctica habitual entre el personal de las entidades prestadoras de servicios de
salud que evidencia, a su juicio, la independencia con que actuaba la señora Marisol
Cuellar Campos. Añadió que en ningún momento se demostró que la entidad
hubiera ejercido poder disciplinario sobre la demandante, pues no obraron en el
plenario sanciones, memorandos, llamados de atención ni comunicación alguna que
evidenciara tal potestad, la cual constituye un indicio determinante de la dirección
propia del contrato laboral.

40. Cuestionó la prueba testimonial al señalar que los testigos se limitaron a referir
que la demandante recibía órdenes, sin precisar en ningún momento de qué clase,
lo que a su juicio no permitía distinguir entre una simple instrucción sobre las
actividades contratadas y una orden propia de la subordinación laboral.
Adicionalmente, sostuvo que no se acreditó que las personas identificadas como
«jefes» en los testimonios fueran empleados de planta con capacidad de ejercer
subordinación, pues no puede predicarse tal condición de un contratista respecto
de otro contratista.

41. Por último, la entidad señaló que no se probó la identidad de funciones entre
la demandante y el personal de planta de la entidad, pues no se aportó evidencia
de que bacteriólogas vinculadas laboralmente cumplieran las mismas actividades,
en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar que la accionante. Concluyó
que, al no estar acreditados todos los elementos configurativos del contrato realidad,
la sentencia apelada incurrió en una indebida valoración probatoria y desconoció el
debido proceso.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

42. Mediante auto del 24 de agosto de 2023 se admitieron los recursos de
apelación presentados por las partes demandante y demandada, y se prescindió
del traslado para alegar de conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda
vez que no se solicitaron pruebas en segunda instancia9.

2.6. Ministerio Público

43. La Procuraduría Segunda Delegada10 ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.

9 Samai, índice 16, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.doc).
10 Samai, índice 19, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

9

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

3. Consideraciones

3.1. Competencia

44. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

45. De acuerdo con los antecedentes, la Sala procede a resolver los siguientes
problemas jurídicos:

46. ¿Existió una relación laboral entre la entidad accionada y la demandante,
quien ejerció como bacterióloga a partir de los contratos de prestación de servicios
celebrados con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital
Occidente de Kennedy E.S.E.—?

47. En caso afirmativo, ¿la accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de
la prima técnica; la diferencia entre lo percibido por ella y por un empleado de planta;
las diferencias adeudadas por concepto de aportes a seguridad social y de la
retención en la fuente? A su vez, ¿operó la prescripción respecto de los derechos
laborales causados entre el 1 y el 31 de agosto de 2005?

48. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) relación laboral encubierta; (2) distinción entre coordinación y
subordinación; (3) la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación.

49. A partir de las anteriores consideraciones: (4) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (5) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos propuestos.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

50. La jurisprudencia unificada de esta corporación11 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-

23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
10

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.

51. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

52. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

53. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»12.

54. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.

55. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.

56. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
12 Ibidem.

11

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»13.

57. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»14.

58. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».15

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la
labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».16

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.17

13 Idem.
14 Idem.
15 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
16 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

exp. IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
12

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

59. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos
contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.

60. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

61. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,

13

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».

62. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».

3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación

63. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»18.

64. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202119, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de

18 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-23-33-000-2013-

01143-01 (1317-2016).
14

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados20».

65. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.

66. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.

b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,21 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

exp. IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
21 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54

y 55.
15

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad.

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación

67. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

68. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»22, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
idem que regula el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».

69. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.

22 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.

16

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

70. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»23, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»24.

71. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP)

72. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

73. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.4. Hechos probados relevantes

74. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:

75. La señora Marisol Cuellar Campos suscribió entre los años 2005 y 2014
contratos de prestación de servicios con el Hospital Occidente de Kennedy E.S.E.,
que hoy integra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente25, con el
objeto de prestar servicios como bacterióloga en el Área de Laboratorio Clínico.
Esto, según consta en la copia de dichos contratos y en las de los certificados de
actividades allegadas por la parte accionante y demandada, conforme se muestra
a continuación26:

23 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
24 Idem.
25 Conforme lo mencionó la misma entidad accionada en la contestación de la demanda. Ver: Expediente físico,

fol. 454.
26 Expediente físico, cuadernos 1 y 2, fols. 36 a 253, y cuaderno 3, fols. 466 a 467, 514 a 517.

17

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

Contrato Desde Hasta Interrupciones
(días hábiles)
1387 01/08/2005 31/08/2005 -
2698 21/10/2005 30/11/2005 36
2874 01/12/2005 31/12/2005 0
148 02/01/2006 30/04/2006 0
748 01/05/2006 31/08/2006 0
1459 01/09/2006 30/11/2006 0
2223 01/12/2006 31/12/2006 0
298 02/01/2007 28/02/2007 0
298 (prórroga) 01/03/2007 30/04/2007 0
1358 01/05/2007 31/05/2007 0
1989 01/06/2007 31/07/2007 0
2347 01/08/2007 30/09/2007 0
2856 01/10/2007 31/10/2007 0
3575 01/11/2007 30/11/2007 0
3575 (prórroga 3575 A) 01/12/2007 31/12/2007 0
364 02/01/2008 29/02/2008 0
364(prórroga) 01/03/2008 30/04/2008 0
1532 01/05/2008 30/06/2008 0
2264 01/07/2008 31/07/2008 0
2811 01/08/2008 30/09/2008 0
3568 01/10/2008 31/10/2008 0
4002 05/11/2008 30/11/2008 2
4490 01/12/2008 31/12/2008 0
307 02/01/2009 28/02/2009 0
1107 02/03/2009 30/04/2009 0
1893 01/05/2009 30/06/2009 0
3035 01/07/2009 31/08/2009 0
4010 01/09/2009 31/10/2009 0
4010 (prórroga) 01/11/2009 30/11/2009 0
4886 01/12/2009 31/12/2009 0
444 01/01/2010 28/02/2010 0
1326 01/03/2010 30/04/2010 0
2307 01/05/2010 31/05/2010 0
2307 (prórroga) 01/06/2010 30/06/2010 0
3268 01/07/2010 31/08/2010 0
4136 01/09/2010 31/10/2010 0
5004 01/11/2010 31/12/2010 0
335 01/01/2011 28/02/2011 0
1247 01/03/2011 30/04/2011 0
2080 01/05/2011 30/06/2011 0
3102 01/07/2011 31/08/2011 0
3926 01/09/2011 30/09/2011 0
4185 01/10/2011 31/10/2011 0
4621 (prórroga) 01/11/2011 31/12/2011 0
313 01/01/2012 31/01/2012 0

18

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

1004 01/02/2012 29/02/2012 0
1799 01/03/2012 30/04/2012 0
2649 01/05/2012 30/06/2012 0
3473 01/07/2012 31/08/2012 0
4313 01/09/2012 31/10/2012 0
5354 01/11/2012 31/12/2012 0
683 01/01/2013 31/03/2013 0
1512 01/04/2013 30/04/2013 0
2170 01/05/2013 30/06/2013 0
3169 01/07/2013 31/08/2013 0
3788 01/09/2013 31/10/2013 0
5244 01/11/2013 31/12/2013 0
223 01/01/2014 30/04/2014 0
1921 01/05/2014 30/06/2014 0
3218 01/07/2014 31/07/2014 0
4050 01/08/2014 31/08/2014 0
4831 01/09/2014 31/10/2014 0
7009 01/11/2014 31/12/2014 0
Tabla 1: contratos de prestación de servicios suscritos entre la accionante y la entidad demandada,
y los periodos de interrupción entre uno y otro.

76. Reposan en el expediente las planillas de turnos elaboradas por la jefe o
coordinadora del laboratorio clínico de la ESE Hospital Occidente de Kennedy III
nivel relacionadas con las bacteriólogas de esa área, entre quienes se encuentra la
accionante, de enero de 2006 a diciembre de 2011; mayo de 2012 a febrero, junio
y julio de 2013; enero a marzo, junio, agosto, octubre a diciembre de 201427.

77. Obran en el plenario las certificaciones de cumplimiento de actividades
desarrolladas por la accionante con ocasión a los contratos suscritos de septiembre
a diciembre de 2007; julio a agosto y diciembre de 2008; febrero, marzo, mayo a
octubre y diciembre de 2009; febrero, abril, julio a septiembre de 201028.

78. Se allegaron al expediente copias de los formularios de pago de aportes a
salud y pensión entre los años 2005 y 201429.

79. Obra en el plenario una certificación expedida el 12 de abril de 2013 por el
profesional universitario de la Oficina Asesora Jurídica, Área de Contratación de la
ESE Hospital Occidente de Kennedy III nivel, en la que consta que la demandante
«presta sus servicios como bacterióloga, en el Área de Laboratorio Clínico,
mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios desde el 1 de agosto
de 2005, (…) con unos honorarios mensuales a la fecha, de un millón novecientos
treinta y seis mil pesos M/CTE ($1.936.000)»30.

27 Expediente físico, cuaderno 2, fols. 254 a 309.
28 Expediente físico, cuaderno 2, fols. 310 a 337.
29 Expediente físico, cuadernos 2 y 3, fols. 338 a 404.
30 Expediente físico, cuaderno 3, fols. 405 a 406.

19

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

80. Reposan en el expediente certificados de retención en la fuente (años 2006 a
2011) y de ICA (de 2006 a 2013), a nombre de la accionante, emitidos por la ESE
Hospital Occidente de Kennedy III nivel31.

81. El 1 de marzo de 2017, la señora Marisol Cuellar Campos presentó petición a
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital Occidente de
Kennedy E.S.E.—, en la que solicitó que se reconociera la existencia de una
relación laboral, entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de diciembre de 2014, y se le
pagaran los emolumentos salariales, prestacionales y de seguridad social,
causados durante el periodo en el que prestó sus servicios a la entidad 32. No
obstante, según se manifestó en la demanda, no hubo respuesta alguna33.

82. En audiencia de pruebas celebrada el 14 de enero de 2022, se recibieron los
testimonios de las señoras Adriana Patricia Cerón Bolívar, Carmen Lucía Saavedra
Torres y Franceleny López Piranique, y la declaración de parte de la señora Marisol
Cuellar Campos34.

• Testimonio de la señora Adriana Patricia Cerón Bolívar

83. Manifestó que trabajó en el Hospital de Kennedy como bacterióloga en el turno
nocturno, desde el año 2008 hasta su retiro en el año 2012. Durante ese período,
desempeñó las mismas funciones que la demandante, en el mismo turno, las cuales
consistían en el procesamiento de muestras clínicas generadas en el hospital, el
mantenimiento de equipos y la realización de controles de calidad. También señaló
que dentro de sus funciones se encontraba el cumplimiento del convenio de
docencia suscrito entre el Hospital y la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, en virtud del cual debían orientar a estudiantes del programa de
bacteriología.

84. Al respecto, explicó que dichos estudiantes contaban con formación teórica,
pero realizaban sus prácticas profesionales en distintos escenarios, entre ellos el
Hospital de Kennedy. En ese contexto, las bacteriólogas les instruían sobre el
funcionamiento del laboratorio clínico, el procesamiento de muestras, los casos
clínicos, la correlación y morfología celular, la identificación de parámetros normales
y anormales, el control de calidad interno y externo, y el mantenimiento de equipos,
entre otras funciones propias del ejercicio de la bacteriología en laboratorios de esa
naturaleza.

85. Precisó que las funciones docentes eran asignadas por la coordinadora del
laboratorio, la doctora Blanca Arango, sin que las bacteriólogas —y en particular la

31 Expediente físico, cuaderno 3, fols. 407 a 417.
32 Expediente físico, cuaderno 1, fols. 31 a 33.
33 No obra en el expediente documento alguno que acredite que la entidad accionada hubiese dado respuesta

a la petición de la demandante y en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera
instancia no se discutió la existencia del acto ficto.
34 Expediente físico, cuaderno 3, fols. 521 a 523; video y audio en CD, fol. 524.

20

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

señora Marisol Cuellar Campos— tuvieran ninguna injerencia sobre si aceptaban o
no dicha responsabilidad, ni sobre el horario, los contenidos a impartir o los
estudiantes asignados. Los horarios de rotación de los estudiantes eran igualmente
establecidos por la coordinación, y la bacterióloga a cargo asumía la
responsabilidad directa sobre las actuaciones de aquellos, quienes aún no contaban
con tarjeta profesional.

86. En cuanto a la organización de los turnos, indicó que la doctora Blanca Arango
publicaba periódicamente el cuadro de turnos tanto para las bacteriólogas de planta
como para las contratistas, especificando el día, las horas de inicio y finalización de
cada turno. La coordinadora ejercía control presencial sobre la puntualidad en la
entrada y salida, y el incumplimiento del horario daba lugar a amonestaciones
verbales. Si bien la distribución de los turnos era facultad de la coordinadora, la
intensidad horaria —equivalente a un mínimo de 180 horas mensuales— se
encontraba estipulada en el contrato y era de obligatorio cumplimiento.

87. Frente a la pregunta de si las actividades podían realizarse en el horario que
la bacterióloga libremente determinara, respondió negativamente. Explicó que los
manuales de procedimientos del laboratorio clínico del Hospital de Kennedy
establecían un tiempo máximo de dos horas para el procesamiento de muestras y
la entrega del reporte correspondiente, con el fin de no comprometer la condición
clínica del paciente. En consecuencia, existía una exigencia de oportunidad que no
se limitaba únicamente al cumplimiento del turno, sino que imponía tiempos
específicos de respuesta dentro de este.

88. Respecto a la naturaleza del contrato, manifestó que era elaborado
íntegramente por el hospital, sin que existiera posibilidad alguna de discutir o
negociar sus cláusulas. Señaló que los contratos estaban redactados con
terminología jurídica especializada, y que la única opción que se les ofrecía era
suscribirlos tal como habían sido elaborados, sin explicación de su contenido.

89. Indicó que aproximadamente la mitad del personal del laboratorio era de planta
y la otra mitad contratista, y que ambos grupos desempeñaban exactamente las
mismas funciones. No obstante, destacó que las bacteriólogas contratistas asumían
una mayor carga, pues eran ellas quienes cubrían los turnos nocturnos, mientras
que las de planta laboraban exclusivamente en jornada diurna.

90. Agregó que el incumplimiento de la intensidad horaria por parte de las
contratistas implicaba la no remuneración de ese período, y que, en caso de
incapacidad, debían asumir personalmente la gestión del reemplazo mediante el
intercambio de turnos con otras bacteriólogas —contratistas o de planta— dado que
estaba expresamente prohibido el ingreso de personal externo al laboratorio.
Justificó esta restricción señalando que cada laboratorio cuenta con protocolos,
equipos, manuales e infraestructura propios, cuyo manejo no puede ser asumido
por cualquier profesional ajeno a la institución.

21

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

91. Señaló que todos los elementos utilizados por la señora Marisol Cuellar
Campos en el ejercicio de sus funciones —incluyendo las muestras clínicas, los
equipos, los reactivos, el personal auxiliar a su cargo y la infraestructura física—
eran de propiedad del Hospital.

92. En lo concerniente a las condiciones laborales, precisó que la modalidad
contractual bajo la cual se vinculó la demandante no reconocía vacaciones,
incapacidades ni prestaciones sociales. Ante cualquier eventualidad que le
impidiera asistir a su turno, la trabajadora estaba obligada a conseguir por sus
propios medios un reemplazo dentro del personal del laboratorio, sin que la
coordinación asumiera dicha gestión.

• Testimonio de la señora Franceleny López Piranique

93. Informó que es bacterióloga y que trabajó en el Hospital de Kennedy desde el
año 2009 hasta el año 2014, período durante el cual conoció a la accionante, quien
tenía un contrato con el Hospital y desempeñaba sus funciones en el turno nocturno.
Precisó que ella también trabajaba en el turno de la noche, específicamente en el
Área del Banco de Sangre.

94. Describió que la demandante ingresaba a las 7:00 p.m., destacándose por su
puntualidad, y que al inicio del turno debía recibir la jornada y continuar con el
procesamiento de muestras, atendiendo los tiempos de oportunidad según se
tratara de urgencias u hospitalización, dado que cada área contaba con protocolos
diferenciados. Entre sus funciones se encontraban el control de calidad de los
equipos, el registro de temperaturas, el procesamiento, validación, análisis y
notificación de exámenes críticos. Asimismo, era responsable de los estudiantes
que rotaban en el hospital en el marco del convenio de docencia suscrito con el
Colegio Mayor de Cundinamarca, y dictaba charlas al personal de enfermería sobre
temas relacionados con el laboratorio y la toma de muestras. Señaló además que
en ocasiones el personal debía asistir a capacitaciones externas convocadas por
casas comerciales como «Rochi», encargadas del mantenimiento y actualización
tecnológica de los equipos, en horarios distintos al turno habitual.

95. En relación con la jornada laboral, indicó que la jefa inmediata, la doctora
Blanca Arango, era quien publicaba los turnos, y que a la accionante le correspondía
el turno de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Sin embargo, en la práctica la jornada se extendía
hasta las 7:30 u 8:00 a.m., debido al volumen de trabajo, ya que no era posible
abandonar el puesto hasta tanto llegara la persona encargada de recibir el turno,
quien debía recibirlo de manera personal. Explicó que durante ese tiempo la
demandante debía responder por la totalidad de las muestras recibidas, dejar el
trabajo completamente procesado y cumplir con los tiempos estipulados para el
reporte de resultados, que en promedio era de dos horas. Aclaró que cada

22

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

bacterióloga organizaba su trabajo de manera autónoma durante el turno, sin la
presencia de la jefa en ese horario.

96. Respecto a la asignación de funciones, señaló que era la doctora Blanca
Arango quien determinaba las tareas a realizar. Indicó también que mensualmente
se realizaban comités de carácter obligatorio a la 01:00 p.m., a los cuales debía
asistir al menos una persona del turno nocturno. Precisó que la señora Marisol
Cuellar Campos desempeñaba exactamente las mismas funciones que el personal
de planta, sin distinción alguna entre bacteriólogas; entre ellas mencionó a Nubia
Sonia Forero, Luz Helena Bolívar y Martha García.

97. En cuanto a las ausencias, manifestó que cuando la accionante requería tomar
días libres o se encontraba incapacitada, debía avisar a la doctora Blanca Arango y
coordinar personalmente con una compañera —de planta o contratista— para que
la cubriera durante ese período, sin que la institución asumiera dicha gestión.

98. Finalmente, señaló que la totalidad de los elementos utilizados en el ejercicio
de las funciones —equipos, reactivos, muestras, jeringas e insumos en general—
eran de propiedad del Hospital, pues en un laboratorio clínico se trabaja
exclusivamente con los recursos de la institución.

• Testimonio de la señora Carmen Lucía Saavedra Torres

99. Indicó que es pensionada y prestó sus servicios al Hospital Occidente de
Kennedy como Auxiliar de Enfermería y como secretaria en el laboratorio clínico.
Manifestó que fue empleada de planta de la institución y que conoció a la
demandante por cuanto trabajó directamente con ella entre los años 2007 y 2010;
período durante el cual fue asignada al laboratorio en el turno nocturno. Señaló que
la accionante tenía la calidad de contratista y que sus contratos se renovaban
aproximadamente cada dos meses.

100. Refirió que la señora Marisol Cuellar Campos desempeñaba las mismas
funciones que cualquier bacterióloga de planta, que se caracterizaba por el
cumplimiento del horario y que, en múltiples ocasiones, la jornada se extendía hasta
las 8:00 a.m., por la necesidad de dejar concluidas todas las actividades del turno.
Sus funciones comprendían las áreas de hematología, química y procesamiento de
muestras, así como actividades de docencia con estudiantes de bacteriología del
Colegio Mayor de Cundinamarca. Agregó que en algunas ocasiones las
bacteriólogas debían asistir a capacitaciones fuera del hospital, convocadas por
proveedores como el laboratorio «Rochi», con ocasión de la llegada de nuevos
equipos o reactivos, siendo su asistencia obligatoria como mecanismo de
actualización.

101. En cuanto a la estructura organizacional del laboratorio, adujo que todas las
áreas del Hospital contaban con coordinadores, y que en el laboratorio clínico dicha

23

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

función era ejercida por la doctora Blanca Inés Arango, quien manejaba
cronogramas y programas de trabajo. Indicó que todas las actividades quedaban
debidamente registradas en los cuadernos de turnos, que se elaboraban los
protocolos correspondientes y que en ocasiones la coordinadora también realizaba
capacitaciones al personal. Precisó que era la doctora Blanca Inés quien ejercía el
control y seguimiento sobre el cumplimiento de los horarios.

102. Manifestó que el personal contratista tenía una mayor carga laboral que el
personal de planta, en la medida en que debía cumplir una intensidad horaria de
180 horas mensuales y además era el único que cubría los turnos nocturnos. En
contraste, el personal de planta no laboraba en horario nocturno y gozaba de
compensatorios y vacaciones, beneficios de los que carecía el personal contratista.

103. Por último, agregó que, en algunas ocasiones, al vencerse el término del
contrato, las bacteriólogas contratistas continuaban laborando durante dos o tres
turnos con normalidad, hasta que se comunicaba la disponibilidad de los nuevos
contratos para su firma.

• Interrogatorio de parte de la señora Marisol Cuellar Campos

104. Indicó que prestó sus servicios al Hospital de Kennedy desde agosto de 2005
hasta diciembre de 2014. Señaló que las actividades que desempeñaba
correspondían a las propias de una bacterióloga en un laboratorio clínico, a saber:
procesamiento de muestras, emisión de resultados, asistencia y realización de
capacitaciones. Indicó igualmente que desarrollaba labores de docencia con
estudiantes del Colegio Mayor de Cundinamarca.

105. Manifestó que la única forma de acceder al empleo era mediante la suscripción
del contrato, y que, si bien no siempre los leía en su totalidad por desconocimiento
de los términos jurídicos empleados, la necesidad de trabajar la llevaba a firmarlo.
Agregó que durante el desarrollo de la relación laboral pudo advertir que existía una
marcada diferencia entre lo estipulado contractualmente y lo que ocurría en la
práctica.

106. Narró que desempeñaba las mismas funciones que las bacteriólogas de
planta, con las siguientes diferencias: las contratistas percibían una remuneración
inferior; debían efectuar directamente los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Salud y Pensión; las empleadas de planta no laboraban en turno nocturno; y
mientras las contratistas cumplían una intensidad horaria de 180 horas mensuales,
las de planta solo debían cumplir 164 horas.

107. Afirmó que estaba obligada a cumplir el horario publicado por la jefe del
laboratorio, quien elaboraba las planillas de turnos para todo el personal. Existían
tres turnos, y la asistencia dentro del horario asignado era exigida so pena de
llamado de atención. Precisó además que los resultados debían ser entregados

24

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

dentro de los tiempos establecidos, dado que de ello dependía la vida de los
pacientes, y que tampoco era posible abandonar el puesto antes de que llegara la
bacterióloga del turno siguiente, en razón de la continuidad del servicio.

108. Manifestó que la entidad accionada ejercía subordinación sobre el personal
contratista, en tanto existía una jefe de laboratorio —la doctora Blanca Arango—
quien elaboraba los turnos de toda la planta de personal, efectuaba los llamados de
atención y lideraba reuniones que se realizaban aproximadamente al mediodía, en
las que se impartían indicaciones de carácter general. Indicó asimismo que existían
manuales de funciones de obligatorio cumplimiento, dado que cada institución
cuenta con sus propios protocolos.

109. Agregó que la mencionada jefe realizaba llamados de atención ante las
irregularidades presentadas. Relató que en una ocasión, ante una confusión en el
nombre de un paciente que derivó en la entrega de un resultado equivocado, fue
citada a la oficina de la coordinadora para el respectivo llamado de atención. En otro
momento, cuando se sometió a una cirugía de mano, se vio en la necesidad de
realizar cambios de turno, lo que generó una dificultad, pues la persona que la
reemplazó llegó tras haber cumplido un turno de 18 horas; por esa razón, la
coordinadora intentó imponerle un memorando, el cual no fue aceptado por la
declarante.

110. Refirió que recibía capacitaciones con ocasión de cambios de equipos, temas
de calibración y control de calidad, así como en materias relacionadas con su
formación profesional.

111. Sostuvo que, dado el convenio del Hospital con el Colegio Mayor de
Cundinamarca, debía supervisar e instruir a las practicantes. Las indicaciones sobre
el particular, las daba Blanca Arango.

112. Por último, precisó que, en el último año de servicios, su jefe de laboratorio fue
Nubia Forero.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

3.5.1. Sobre la existencia de la relación laboral encubierta

113. La entidad accionada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia
y se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que, a su juicio, entre las
partes no existió una relación laboral encubierta, en tanto no se configuró el
elemento de la subordinación.

114. Por su parte, la demandante, solicita que se acceda a título de restablecimiento
al pago de la prima técnica, la devolución de aportes al Sistema de Seguridad
Social, la retención en la fuente y las diferencias entre lo percibido y lo que

25

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

devengaba el personal de planta con sus mismas funciones. A su vez, sostiene que
no operó la prescripción de los derechos laborales anteriores al 31 de agosto de
2015.

115. En consecuencia, la Sala analizará si en el presente asunto se acreditan los
elementos que permitirían la configuración de una relación laboral entre la señora
Marisol Cuellar Campos y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
—Hospital Occidente de Kennedy E.S.E.—.

116. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.

3.5.1.1. Prestación personal del servicio

117. De acuerdo con la documental allegada por las partes al plenario, esto es, la
copia de los contratos de prestación de servicios que se relacionaron en el acápite
de hechos probados de la presente providencia, se acredita que la señora Marisol
Cuellar Campos prestó servicios en el Hospital Occidente de Kennedy E.S.E., que
hoy integra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, vinculado a
través de contratos de prestación de servicios, entre el 1 de agosto de 2005 y el 31
de diciembre de 2014.

118. Según el objeto de los contratos celebrados y lo señalado por todas las
testigos, la accionante efectuó la labor como bacterióloga en el Área de Laboratorio
Clínico, con el propósito de realizar el análisis de los exámenes de hematología,
coagulación, química, inmunología, uroanálisis, microbiología, parasitología,
pruebas especiales y servicio transfusional; tomar las muestras de los pacientes
que se requieran; y realizar los controles de calidad establecidos para garantizar la
confiabilidad de los resultados emitidos.

119. Las testigos coincidieron en señalar que la labor de la demandante exigía su
presencia física en las instalaciones de la entidad y cuando necesitaba ausentarse,
debía conseguir un remplazo dentro de la misma institución hospitalaria, que
efectuara sus turnos.

120. En este orden, se considera que la accionante debía ejercer de manera
personal las obligaciones y funciones para las cuales fue contratada.

3.5.1.2. Remuneración

121.En los contratos de prestación de servicios celebrados entre la demandante y
el Hospital Occidente de Kennedy E.S.E., las partes acordaron el pago de
26

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

honorarios a favor de la contratista, lo cual se evidencia en la copia de estos, que
reposan en el plenario, en donde se advierte que se fijó un valor por la prestación
de los servicios.

122. A su vez, en el expediente reposan las copias de los certificados de
disponibilidad presupuestal y de los certificados de registro presupuestal, en los que
se observa que la E.S.E. realizaba la programación del pago de cada contrato35.

3.5.1.3. Continuada subordinación o dependencia

123. Sobre el particular se considera importante señalar, que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, el tiempo y el lugar de la ejecución del trabajo, aplica
reglamentos internos y puede imponer sanciones por incumplimiento,
características propias de una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma
del contrato de prestación de servicios.

124. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En
tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan
asumir un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional
de la entidad.

125. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, se explica a la entidad
demandada, en observancia al recurso de apelación, que esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la
existencia de una relación laboral subordinada encubierta.

126. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.

127. Descendiendo al caso concreto, se señala que, de conformidad con el Decreto
1876 de 199436, las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría
especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa. Y según lo prevé tal norma, tienen como objetivo,

35 Expediente físico, fol. 465, CD antecedentes administrativos.
36 «Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las

Empresas Sociales del Estado».
27

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

entre otros, prestar los servicios de salud de manera eficiente y efectiva, de acuerdo
con las normas de calidad establecidas, garantizando mediante un manejo gerencial
adecuado, la rentabilidad social y financiera de la entidad. Tales objetivos hacen
parte de la misión de cada E.S.E.

128. Ahora bien, conforme con las pruebas practicadas, se tiene que la señora
Marisol Cuellar Campos ejecutó la labor de bacterióloga en el Área de Laboratorio
Clínico. Ello quiere decir que, en dicha calidad, en consonancia con lo antes
mencionado, desempeñó funciones para cumplir con el objeto misional del Hospital
Occidente de Kennedy, comoquiera que las actividades de bacteriología, que
inmiscuyen tomas de muestras de sangre y análisis de exámenes, hacen parte de
la adecuada prestación del servicio de salud.

129.Lo anterior, se fundamenta en que, de acuerdo con las certificaciones de
cumplimiento de actividades de la accionante, las labores desarrolladas por la
demandante fueron las siguientes:

1. Realizar el análisis de exámenes de hematología, coagulación, química,
inmunología, uroanálisis, microbiología, parasitología, pruebas especiales y servicio
transfusional.
2. Tomar las muestras de los pacientes que se requieran.
3. Aplicar y analizar los controles de calidad establecidos para garantizar la
confiabilidad de los resultados emitidos.
4. Aplicar las normas de bioseguridad establecidas, así como realizar la correcta
eliminación de los desechos producidos.
5. Elaborar las estadísticas diarias de las pruebas realizadas.
6. Ingresar los reportes emitidos en el sistema de información utilizado en el
laboratorio clínico.
7. Participar en las actividades de capacitación desarrolladas tanto en el área como
en la institución.
8. Aplicar los procedimientos exigidos de acuerdo con requisitos establecidos.
9. Ingresar en el sistema de información utilizado para la facturación de los
procedimientos, los exámenes solicitados por urgencias y hospitalización.
10. Realizar toma de decisiones cuando la situación así lo amerita.
11. Aplicar los procedimientos de acuerdo con las situaciones establecidas por el
servicio.
12. Respetar los derechos del paciente y cumplir el código de ética y las disposiciones
legales pertinentes como servidores en el área de la salud.
13. Realizar un adecuado y racional manejo de los recursos utilizados.
14. Portar el carné institucional.
15. Dar aviso oportuno a los obstáculos que puedan generar inconvenientes en la
prestación del servicio.
16. Propender por el manejo y cuidado de los bienes de la institución.
17. Presentar mensualmente al supervisor de la orden de prestación de servicios los
originales y las copias de los recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud y pensión) y afiliación a riesgos profesionales.
18. Realizar las demás actividades asignadas, relacionadas con el objeto del contrato.

28

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

130. Advertido lo anterior, se evidencia que la accionante no realizó sus actividades
de forma autónoma e independiente, en tanto las obligaciones y labores
desarrolladas tienen correspondencia con el poder subordinante del empleador.
Ello, toda vez que debía cumplir el código de ética, aplicar los procedimientos que
se le exigieran, ingresar los reportes al sistema de información y elaborar
estadísticas diarias. Además, según lo manifestaron todas las testigos y la misma
demandante en la declaración de parte, estaba obligada a cumplir horarios y seguir
las órdenes e instrucciones de la jefe del Área de Laboratorio, aunado a que debía
orientar a las estudiantes del programa de bacteriología de la Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca, con quien la entidad accionada tenía convenio.

131. Adicionalmente, se advierte que conforme con las certificaciones de
cumplimiento de actividades, referidas antes, las obligaciones eran susceptibles de
ser modificadas, por cuanto se le instaba a la demandante a ejercer todas aquellas
que pudiesen ser afines al objeto contratado. Circunstancia que evidencia el
ejercicio del ius variandi, propio de una relación laboral caracterizada por el
sometimiento a controles y lineamientos jerárquicos dispuestos por la entidad.

132. Sobre el particular, se destaca que las testigos de manera coincidente
sostuvieron que la accionante recibía órdenes de la jefe del Área de Laboratorio
Clínico; misma que establecía el cronograma del horario a través de planillas de
turnos, hacía llamados de atención, la citaba a reuniones de capacitación y a quien
se le debía avisar en caso de ausentarse de la entidad, previo a gestionar por cuenta
propia su reemplazo.

133. Sumado a lo expuesto, se advierte que, según las planillas de turnos
elaboradas por la jefe del laboratorio clínico de la ESE Hospital Occidente de
Kennedy y las declaraciones de las testigos, la demandante laboraba en un horario
de 7:00 p.m. a 7:00 a.m., con una intensidad horaria de 180 horas mensuales. Se
señaló que, en caso de no cumplir con el referido horario, podía ser objeto de
llamados de atención por parte de la jefa del laboratorio. Además, en el evento en
que no pudiera asistir al trabajo, debía coordinar con otra compañera bacterióloga
para que la cubriera en el respectivo turno.

134. También, según lo mencionaron en sus declaraciones las testigos y la misma
demandante, debía asistir tanto a las reuniones convocadas por proveedores con el
fin de recibir capacitaciones sobre el manejo de los equipos, como a aquellas
propias del hospital, en donde se daban indicaciones acerca de las actividades
desarrolladas.

135. Por otra parte, en lo referente a que el servicio personal contratado
corresponda a las funciones permanentes de los empleados de planta, se destaca
que, si bien en el plenario no obra manual de funciones alguno que permita acreditar
si las labores desempeñadas por la accionante se asemejan a aquellas ejercidas
por el personal de planta, lo cierto es que todas las testigos coincidieron en

29

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

manifestar que las actividades que realizaba eran desarrolladas también por
personal vinculado directamente con la entidad.

136. En punto, se tiene que la señora Adriana Patricia Cerón Bolívar afirmó que las
bacteriólogas contratistas asumían una mayor carga por cuanto eran quienes
cubrían los turnos nocturnos; mientras que las de planta laboraban solamente en la
jornada diurna. Por su parte, la testigo Carmen Lucía Saavedra Torres adujo que
las contratistas tenían una mayor carga horaria que el personal de planta;
información que fue corroborada por la accionante, quien en su declaración indicó
que este último solo debía cumplir con 164 horas mensuales.

137. En este orden de ideas, se concluye que, contrario a lo aducido por la entidad
recurrente, no existió un desarrollo de actividades bajo la simple coordinación de la
entidad, toda vez que las funciones de la accionante se ejecutaron según las
órdenes de la E.S.E., como se demostró, con la imposición de un horario; la sujeción
a las directrices de la jefe de área; y la correspondencia de las actividades a
desarrollar con las de los empleados de planta.

138. Al respecto, se precisa que aun cuando en la ejecución de un contrato de
prestación de servicios, por su propia naturaleza, se requiere supervisión, con
ocasión a la coordinación de actividades entre las partes contratantes, lo cierto es
que en caso de que tal coordinación desborde los límites, sin que quede duda
acerca de que las funciones se realizaron sin autonomía e independencia, se
encuentra acreditada la subordinación como elemento diferenciador de la verdadera
relación laboral encubierta, como ocurrió en esta oportunidad.

139. Asimismo, se destaca que el presente caso no se enmarca dentro del principio
de coordinación, que «consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente
y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en armonía
con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales
esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»37.

140. En tanto, la subordinación es aquella «en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación
correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que
el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este respecto le asista ningún tipo de
independencia»38.

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022, exp. 63001-23-

33-000-2020-00365-01 (2181-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
38 Ibidem.

30

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

141. Así las cosas, en el caso en estudio, teniendo en cuenta la valoración
probatoria, se estima probado el elemento de la subordinación, contrario a lo
afirmado por la entidad accionada. Lo anterior, en la medida que la accionante al
desempeñar las funciones de bacterióloga en el Área de Laboratorio Clínico, ejecutó
labores que permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad, esto es, la
prestación de manera eficiente y efectiva del servicio de salud.

142. A su vez, las funciones las ejercía en un horario fijo con una carga de 180
horas mensuales; su lugar de trabajo eran las instalaciones del hospital y, para
cumplir el objeto contractual, la entidad le asignaba los elementos que requería,
equipos, muestras clínicas, reactivos, jeringas e insumos en general, de acuerdo
con las declaraciones de las señoras Adriana Patricia Cerón Bolívar y Franceleny
López Piranique.

143. También, se tiene que la labor desempeñada fue con carácter permanente,
pues la ejerció por más de nueve años, propia del personal de planta. Asimismo, la
accionante era supervisada, más allá de la coordinación, en tanto recibía órdenes
por parte de la entidad y le era obligatorio asistir a reuniones en las que se le daban
instrucciones y capacitación, conforme se expuso en precedencia.

144. En consecuencia, al encontrarse acreditados en el caso concreto, los
elementos de prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, la
Sala considera que del 1 de agosto de 2005 al 31 de diciembre de 2014, como bien
lo definió el Tribunal, la parte demandante demostró la existencia de la relación
laboral con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital
Occidente de Kennedy E.S.E.—, lo que se evidenció con las pruebas documentales,
testimoniales y la declaración de parte, practicadas en el proceso.

3.5.2. El reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y los
aportes a título de restablecimiento del derecho

145. La accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que
por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías,
entre otras. Para ello, se debe tomar como base el salario de un empleado de
planta, para el período de vinculación entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de
diciembre de 2014, salvo las interrupciones.

146.Al respecto, en lo que concierne a la prima técnica reclamada por la parte
demandante en la apelación, no se encuentra probado en el expediente que los
empleados de planta con sus mismas funciones la percibieran.

147. Adicional a ello, se señala que la prima técnica fue concebida como un
reconocimiento de carácter económico, orientado a atraer o retener en el servicio
del Estado a servidores públicos altamente calificados, cuya vinculación resulte

31

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

necesaria para el ejercicio de cargos cuyas funciones exijan la aplicación de
conocimientos técnicos o científicos de naturaleza especializada, o bien para el
desarrollo de labores de dirección y de especial responsabilidad, todo ello en
atención a las necesidades particulares de cada entidad u organismo.

148. Mediante la Ley 60 de 199039 se otorgaron facultades extraordinarias al
presidente de la República para modificar, entre otros aspectos, el régimen de prima
técnica aplicable a las distintas ramas y organismos del sector público. Así, se
expidió el Decreto Ley 1661 de 199140, mediante el cual se introdujeron
modificaciones al régimen de prima técnica entonces vigente y se delimitó el campo
de aplicación de dicho beneficio económico. En tal normativa se establecieron como
factores determinantes para su reconocimiento la formación avanzada y la
experiencia altamente calificada, de una parte, y la evaluación del desempeño, de
otra.

149. Los referidos criterios fueron reglamentados por el Decreto 2164 de 1991 41, y
se predicaban solo de los funcionarios o empleados de la Rama Ejecutiva del Poder
Público, lo que impedía la extensión de sus beneficios a los demás empleados
públicos del Estado. En el artículo 4 se dispuso que tendrían derecho los empleados
que desempeñaran en propiedad cargos susceptibles de dicha asignación en los
niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo siempre que acreditaran título de
estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio
profesional o en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las
funciones propias del cargo, durante un término no menor de tres (3) años.

150. Luego, el presidente de la República expidió el Decreto 1724 de 1997, por
medio del cual se unificó el régimen de prima técnica aplicable a todos los
empleados públicos del Estado. En este, si bien se restringió los niveles jerárquicos
habilitados para acceder a la prima técnica al directivo, asesor y ejecutivo o
equivalentes, mantuvo inalterados los criterios de asignación existentes y extendió
dicho beneficio a los distintos órganos y ramas del poder público.

151. Tal norma fue derogada por el Decreto 1336 de 200342, que conservó los dos
criterios previamente establecidos para el otorgamiento de la prima técnica; no
obstante, limitó los niveles susceptibles de su asignación al personal nombrado con
carácter permanente (artículo 143) que desempeñara cargos en el nivel directivo,
jefes de Oficina Asesora o el cargo de asesor, con lo cual quedó excluido el nivel
ejecutivo.

39 «Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la
nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación, y tomar
otras medidas en relación con los empleos del sector público del orden nacional y se dictan otras disposiciones».
40 «Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos

especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones».
41 «Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 1661 de 1991».
42 «Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado».
43 Modificado por el Decreto 2177 de 2006, artículo 2.

32

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

152. Sobre la prima especial se ha pronunciado esta Subsección, que en sentencia
del 20 de febrero de 202044 señaló que para su reconocimiento «no es suficiente
acreditar la antigüedad en el cargo, por lo que se hace necesario demostrar la
permanencia en él, esto es, acreditar que se encuentra desempeñando el cargo en
propiedad e inscrito en la carrera administrativa». En tal sentido, decidió en ese
proceso negar el referido emolumento, al establecer que la accionante no era
acreedora de este, en tanto se trataba de una empleada en provisionalidad que, por
ende, no estaba nombrada en propiedad ni inscrita en carrera administrativa.

153. Descendiendo al caso particular, en consonancia con lo expuesto, se
considera que la señora Marisol Cuellar Campos no tiene derecho al reconocimiento
de prima técnica que reclama, toda vez que su vinculación con la entidad accionada
fue a través de contratos de prestación de servicios. En punto, al no tener la calidad
empleada pública vinculada en propiedad, ni estar inscrita en carrera administrativa,
no procede el reconocimiento de la prima técnica en el presente asunto.

154. Ahora bien, en cuanto a la base para la liquidación de las prestaciones sociales
cuyo pago se ordena como consecuencia de la declaratoria la existencia de la
relación laboral, se señala que por regla general y en virtud del principio a trabajo
igual salario igual, contrario a lo definido por el Tribunal, debe corresponder al
salario de un empleado de planta que desarrollara sus mismas funciones por todos
los periodos laborados.

155. La parte demandada debe calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional, que corresponde a los salarios de un empleado de planta que haya
desarrollado las mismas funciones de la accionante en todo el periodo de
vinculación, del 1 de agosto de 2005 al 31 de diciembre de 2014, salvo
interrupciones. La entidad deberá cotizar al respectivo fondo pensional el porcentaje
que le correspondía como empleador, teniendo en cuenta, además, su carácter
imprescriptible45.

156. A su vez, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones durante el tiempo que duró su
vinculación y, en el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su contra,
tendrá que pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía
como empleada.

157. En punto, se aclara que esta corporación en su jurisprudencia ha
señalado que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las
formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral
subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede otorgar al accionante
la calidad de empleado público», lo que no impide que se reconozcan las
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 25000-23-

42-000-2014-01002-01 (2377-2018), M.P. César Palomino Cortés.
45 Sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, exp. 23001233300020130026001 (0088-

2015).
33

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

prestaciones reclamadas en virtud del aludido principio de «a trabajo igual salario
igual»46.

158. Sobre el particular, si bien en oportunidades anteriores esta Subsección
sostuvo que por el reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales»47; esta Sala modificó su
postura para señalar que en estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta
además, el reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo
devengado por los empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron
pagados a los contratistas, como lo reclama la parte demandante48.

159. Así, se estima que es procedente el reconocimiento y pago de las diferencias
que resulten entre lo que recibió la accionante por concepto de honorarios –en
ejercicio de las funciones como bacterióloga– y lo que debió recibir, en igualdad de
condiciones de dicho cargo de la entidad. Esto, en atención a que tal aspecto fue
objeto del recurso de apelación.

160. Por otra parte, en cuanto a la devolución de aportes por concepto de salud y
riesgos laborales que pretende la demandante, la Sala señala que tal condena es
improcedente, toda vez que según se definió en la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202149, pese a que se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta, en función de su naturaleza parafiscal, dichos recursos son de
obligatorio pago y recaudo para un fin específico «y no constituyen un crédito en
favor del interesado». Al respecto, en dicha providencia se determinó que «frente
al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos
laborales por parte de la Administración, es improcedente el reembolso de los
aportes que el contratista hubiese realizado de más, por constituir estos
aportes obligatorios de naturaleza parafiscal» (destacado original). En punto, se
destaca que bajo este mismo argumento, la Corporación ha considerado que la
devolución de los aportes a pensión tampoco procede50.

161. Igualmente se estima que no es procedente la devolución de las retenciones
efectuadas, en consideración a lo dicho por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia del 13 de mayo de 201551, según la cual «no hay lugar a
ordenar la devolución de los descuentos realizados al actor por concepto de
retención de la fuente, pues si bien es cierto se desnaturalizó la vinculación de origen

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, exp. 66001-23-
33-000-2013-00091-01 (0237 2014).
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, exp. 66001-23-33-

000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de enero de 2024, exp. 81001-23-

39-000-2017-00008-01 (1824-2022) y 85001-23-33-000-2019-00168-01 (3781-2021); sentencia del 22 de mayo
de 2026, exp. 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-23-33-000-2013-

01143-01 (1317-2016).
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de abril de 2024, exp. 25000-23-42-

000-2017-03765-01 (3678-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 13 de mayo de

2015, exp. 68001233100020090063601 (1230-2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
34

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

contractual, también lo es que la declaración de la existencia de dicha relación no
implica per se la devolución de sumas de dinero que se generaron en virtud de la
celebración contractual, pues la finalidad del restablecimiento de derecho es el
reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir con
la relación laboral oculta más no la devolución de sumas pagadas con ocasión del
contrato52».

162. De conformidad con lo expuesto, hay lugar a modificar el numeral tercero de
la sentencia de primera instancia, en tanto la parte demandada deberá tomar como
referencia para la liquidación de las prestaciones ordenadas, el salario de un
empleado de planta que haya desarrollado funciones iguales a las que ejecutó la
demandante del 21 de octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2014, salvo las
interrupciones. Esto, dada la prescripción trienal que se explicará más adelante.

163. Asimismo, se adicionará la orden de los aportes al respectivo fondo pensional
en calidad de empleador en cuanto a que se tomará como referente el salario de un
empleado de planta que haya desarrollado las mismas funciones; además, en lo
referente a que la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones durante el tiempo que duró su
vinculación y, en el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su
contra, tendrá que pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le
correspondía como empleada.

3.5.3. Prescripción trienal

164. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada
caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo
contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado

52 «Ver Sentencia de 17 de noviembre de 2011 proferida por esta Subsección, Consejero Ponente: DR. Víctor

Hernando Alvarado Ardila, Expediente N. 25000232500020080065501 (1422-2011)».
35

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. (Se
destaca)

165. Ahora en relación con el término de la no solución de continuidad en asuntos
en los que se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección
en sentencia del 9 de septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo
y jurisprudencial precedente, estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Término que debe
entenderse como un marco de referencia para la administración, el contratista y el
juez de la controversia.

166. Por lo expuesto, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Estado, y el pago de las prestaciones que de esta se deriven,
deberá reclamarlo dentro del término de tres años contados a partir de la finalización
del vínculo contractual53.

167. En el caso particular, se advierte que existió solución de continuidad, entre los
contratos 1387 y el 2698 de 2005, toda vez que hubo una interrupción de 36 días.

168. Con posterioridad, desde el contrato 2698 de 2005, que se comenzó a ejecutar
el 21 de octubre de 2005, hasta la finalización de la vinculación, el 31 de diciembre
de 2014, no se evidencia interrupciones superiores a 30 días hábiles.

169. Esclarecido esto, como la reclamación administrativa se presentó el 1 de
marzo de 2017 –y la demanda el 12 de agosto de 2019–, se tiene que no
transcurrieron más de tres años —artículo 41 del Decreto 3135 de
1968, reglamentado en el Decreto 1848 de 1969— desde la finalización de la
relación laboral —31 de diciembre de 2014—, por lo que dicha petición tuvo la
virtualidad de interrumpir la prescripción frente a lo causado durante el periodo en
que no existió solución de continuidad, es decir del 21 de octubre de 2005 en
adelante.

170. Por la misma razón, el fenómeno de la prescripción operó frente a lo causado
con antelación a la fecha antes señalada, 21 de octubre de 2005 (fecha de inicio del
contrato 2698), como bien lo determinó el Tribunal.

171. En punto, se precisa que dicha prescripción no opera frente a los aportes
pensionales, por tratarse de derechos imprescriptibles e irrenunciables. Criterio que
coincide con lo definido por el juez de primera instancia.

53 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con

referencia SUJ2-005-16.
36

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

3.6. Conclusión de la decisión

172. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la demandante acreditó
la existencia de una relación laboral entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de
diciembre de 2014 en la prestación del servicio como bacterióloga del Área de
Laboratorio Clínico en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —
Hospital Occidente de Kennedy E.S.E.—. En efecto, demostró la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación continua. Sin embargo,
se demostró que operó la prescripción de las pretensiones de pago de salarios y
prestaciones sociales, causadas antes del 21 de octubre de 2005.

173. Adicionalmente, se estima que la demandante tiene derecho al reconocimiento
y pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió por concepto de
honorarios –en ejercicio de las funciones como bacterióloga– y lo que debió recibir,
en igualdad de condiciones de dicho cargo de la entidad.

174. La sentencia de primera instancia deberá modificarse en el numeral tercero,
en cuanto a ordenar el reconocimiento y pago de las diferencias antes aludidas y
señalar que corresponde tener en cuenta para la liquidación de las prestaciones
ordenadas, el salario de un empleado de planta que haya desarrollado
funciones iguales a las que ejecutó la demandante. A su vez, debe adicionarse para
aclarar que el IBC de los aportes a pensión se realizará teniendo en cuenta el
referido salario, salvo las interrupciones y que la demandante tendrá que acreditar
las cotizaciones realizadas al sistema, y en caso de no haberlas hecho o que estas
sean menores a las que concernían, pague el excedente.

4. Costas

175. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 54 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a

54 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
37

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, el 3 de mayo de 2022, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en este proveído.

Segundo. Modificar y adicionar el numeral tercero de la sentencia impugnada, el
cual quedará así:

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E. S. E., a:

1. Reconocer y pagar a favor de la señora Marisol Cuellar Campos (…): A) las
diferencias que resulten entre lo que recibió por concepto de honorarios –en ejercicio
de las funciones como bacterióloga– y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones
de dicho cargo de la entidad. B) Las prestaciones que devenga un empleado de planta
que desempeñe el cargo de bacteriólogo, tales como: cesantías, intereses a las
cesantías, indemnización por vacaciones, las primas de navidad, de servicios y de
vacaciones; así como la bonificación por servicios, los recargos nocturnos y los
recargos en días dominicales y festivos, por el periodo comprendido entre el 21 de
octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2014, salvo las interrupciones, tomando como
base para la liquidación el salario de un empleado de planta que haya desarrollado
funciones iguales a las que ejecutó la demandante. Todo ello, de conformidad con lo
expuesto en esta sentencia.

2. Realizar los aportes de seguridad social al respectivo Fondo de Pensiones, con
base en los honorarios pactados que se hayan omitido aportar, durante los períodos
en que estuvo vinculada la demandante, por las relaciones laborales que existieron
entre las partes, así: (a) 1 al 31 de agosto de 2005 y (b) 21 de octubre de 2005 al 31
de diciembre de 2014, salvo las interrupciones. Para el efecto, se tomará como
referente el salario de un empleado de planta que haya desarrollado funciones iguales
a las que ejecutó la demandante.

Por su parte, la demandante para el mismo periodo deberá acreditar las cotizaciones
realizadas al Sistema General de Pensiones durante el vínculo contractual y si no las
hubiese hecho, o si se verificara algún faltante, tendrá la obligación de completar o
pagar según corresponda, el porcentaje que le concernía como empleada, según lo
analizado en los acápites pertinentes de esta sentencia

Tercero. Sin condena en costas.

38

Radicación: 25000-23-42-000-2019-01190-01 (3401-2022)
Demandante: Marisol Cuellar Campos
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital
Occidente de Kennedy—

Cuarto. Reconocer personería al abogado Ernesto Daniel Benavídes Cáceres
identificado con la cédula de ciudadanía 79.609.530 y portador de la tarjeta
profesional 125.629 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado sustituto de la parte demandante, en los términos del poder que le fue
conferido, que obra a índice 29 de Samai.

Quinto. Reconocer personería a la abogada Diana Raquel Hurtado Cuellar
identificada con la cédula de ciudadanía 1.033.705 y portadora de la tarjeta
profesional 208.860 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada de la parte demandada, en los términos del poder que le fue conferido,
que obra a índice 26 de Samai.

Sexto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

39

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.