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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00322-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00322-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 31 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María Rafaela Quesada González contra la nación, Ministerio de Defensa Nacional, Hospital Regional del Occidente, por las razones expuestas en esta decisión. Segundo. Revocar el ordinal 6 de la sentencia de primera instancia sobre la condena en costas allí impuesta. En su lugar, no se condena. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. 38En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 28 Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023) Demandante: María Rafaela Quesada González Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Aclaración de voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 29

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-00322-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Hospital Militar
Regional Occidente

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 31 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Rafaela Quesada González presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 003144 003144 /IMDN-CGFM-CE-
DIV3-BR3-HOMRO-DIR-ASJ-1.10 del 28 de julio de 2015 expedido por el director
del Hospital Regional del Occidente, Batallón Pichincha de Cali que le negó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre el 1° de septiembre
de 2011 y el 30 de junio de 2014, y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el pago de las prestaciones sociales tales como, cesantías, intereses de

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

cesantías, vacaciones, prima de servicios y demás emolumentos a los que tenga
derecho por el periodo reclamado; y ii) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. María Rafaela Quesada González prestó sus servicios como trabajadora social
en el área de atención al usuario en el Hospital Regional del Occidente, a través de
contratos de prestación de servicios de manera continua e ininterrumpida desde el
1° de septiembre de 2011 hasta el 30 de junio de 2014.

3.2. Durante el tiempo contratado prestó sus servicios de manera subordinada, acató
las orientaciones respecto de la forma en que desempeñaría sus funciones y
cumplió con un horario de trabajo.

3.3. Por lo anterior, el 23 de junio de 2015 solicitó el reconocimiento de la existencia
de la relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones sociales; no
obstante, el director del Hospital Regional del Occidente, mediante Oficio 003144
/IMDN-CGFM-CE-DIV3-BR3-HOMRO-DIR-ASJ-1.10 del 28 de julio de 2015, negó
lo pretendido. En aquel acto no se previó la posibilidad de interponer recursos en su
contra.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 25 y 53 de la Constitución Política.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que el acto acusado incurrió en falsa
motivación al negar los derechos reclamados bajo el argumento de la inexistencia
de una relación laboral, toda vez que la realidad de la vinculación demostraba lo
contrario pues, los contratos de prestación de servicios fueron celebrados de
manera sucesiva, sin autonomía ni independencia en la ejecución de las
actividades, circunstancia que se desprendía de la imposición de horarios y del
cumplimiento de una jornada de trabajo.

5.1. La entidad demandada actuó de forma arbitraria al haber celebrado contratos de
prestación de servicios pese a que no existía autonomía técnica ni administrativa,
ni una necesidad temporal del servicio y, posteriormente, desconoció la naturaleza
del vínculo al concluir que no se configuró una relación laboral entre las partes, pese
a las condiciones en las que desarrolló la prestación del servicio.

5.2. En todo caso, no le era dable al nominador definir de manera autónoma y
caprichosa la modalidad de vinculación que desnaturalice la realidad de la relación

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Demandante: María Rafaela Quesada González

existente1.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la
demanda con fundamento en los siguientes argumentos2:

6.1. Los actos acusados fueron expedidos por la autoridad competente y de acuerdo
con la Ley 80 de 1993 y normas complementarias, en los que la actora ostentó la
calidad de contratista. Tal modalidad se regula por normas civiles y no laborales,
por lo que no genera una relación laboral ni el reconocimiento de prestaciones
sociales.

6.2. En los contratos de prestación de servicios la obligación es de hacer, sin que
exista subordinación permanente ni el cumplimiento de horarios propios de una
relación laboral y se celebran por el término estrictamente necesario, tal y como se
expuso en la sentencia C-154 de 1997 de la Corte Constitucional, según la cual en
este tipo de contratos no concurre el elemento de la subordinación.

6.3. Igualmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que el contrato
de prestación de servicios corresponde a una modalidad de naturaleza temporal,
orientada al desarrollo de actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad, sin que ello implique la existencia de subordinación.

6.4. En todo caso, el cumplimiento de horarios, el impartir instrucciones o la
presentación de informes constituyeron manifestaciones de coordinación propia de
la ejecución contractual y no eran elementos suficientes para acreditar la relación
laboral encubierta. Por lo tanto, no le asistía derecho para reclamar el
reconocimiento de una relación laboral ni el pago de prestaciones sociales.

1.3. La sentencia apelada

7. En sentencia del 31 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca accedió a las pretensiones de la demanda. Al efecto dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad del oficio No. 003144/IMDN-CGFM-CE-DIV3-
BR3-HOMRO-DIR-ASJ-1.10 expedido por el Director del Hospital Militar Regional de
Occidente.

SEGUNDO: DECLÁRASE la existencia de la relación laboral entre la señora María

1 Índice 13 de Samai, actuación EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO

01 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 13», páginas 6 a 18.
2 Índice 13 de Samai, actuación EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO

01 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 13», páginas 140 a 149.

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

Rafaela Quesada González y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional - Hospital Militar Regional de Occidente, dentro del periodo comprendido entre
el 1 de septiembre de 2011 a 30 de junio de 2014.

TERCERO: ORDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional
• Hospital Militar Regional de Occidente a lo siguiente:

i) Pagar el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes que devengan los
empleados de planta del Hospital Militar Regional de Occidente, liquidadas conforme a
los honorarios pactados en los contratos, por el tiempo comprendido entre el 1 de
septiembre de 2011 a 30 de junio de 2014, debidamente indexados, conforme a lo
expuesto en párrafos anteriores y el tiempo laborado se computará para efectos
pensionales.

ii) La entidad demandada deberá tomar el ingreso base de cotización pensional y de
salud a efectos de determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se
debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de
pensiones y a la entidad promotora de salud, la suma faltante por concepto de aportes
a pensión y salud solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para
efectos de lo anterior, la demandante deberá cancelar o completar, según el caso, el
porcentaje que le incumbía como trabajadora.

CUARTO: La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Hospital
Militar Regional de Occidente hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en
cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
Índice inicial

QUINTO: DÉSE cumplimiento a la sentencia en la forma y términos previstos en los
artículos 192 y 195 del CACA.

SEXTO: CONDENAR en costas en esta instancia a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Hospital Militar Regional de Occidente, se fijan agencias
en derecho en el equivalente al 1% del valor de las pretensiones concedidas. Por
secretaria liquídense las costas (…)» (sic).

8. Lo anterior tuvo fundamento en las siguientes consideraciones 3:

8.1. Se acreditó que María Rafaela Quesada González, en el periodo comprendido
entre el 1° de septiembre de 2011 hasta el 30 de junio de 2014, prestó sus servicios
de forma permanente y continua como trabajadora social en el Hospital Militar
Regional de Occidente, sin gozar de autonomía técnica y científica en la ejecución
de la labor. Las actividades que desempeñó fueron desplegadas con la logística, en
el espacio y en el horario señalado por las directivas de la institución hospitalaria,
en cumplimiento de los parámetros y estándares establecidos por esta, y de acuerdo

3 Índice 13 de Samai, actuación EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO

01 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 13», páginas 195 a 221.

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Demandante: María Rafaela Quesada González

con los turnos o agendas que le eran definidos, y a cambio recibió una
contraprestación económica.

8.2. Las labores desempeñadas como trabajadora social hacían parte de las
funciones ordinarias y permanentes del hospital, dedicado a la prestación de
servicios de salud dentro del sistema de sanidad de las Fuerzas Militares, por lo que
no correspondían a actividades ocasionales o ajenas a su objeto misional.
Asimismo, la vinculación se mantuvo de manera sucesiva, lo que desvirtuaba el
carácter temporal de los contratos de prestación de servicios.

8.3. Las cláusulas contractuales evidenciaban la ausencia de autonomía, en tanto los
servicios debían prestarse en las instalaciones del hospital o en los lugares de la
jurisdicción de la respectiva unidad operativa, según lo requiriera la Dirección de
sanidad; así como bajo los parámetros y turnos dispuestos por la entidad y debía
rendir informes y atender las directrices impartidas.

8.4. Entre los contratos celebrados desde el 1° de septiembre de 2011 hasta el 30
de junio de 2014 existió una interrupción de la prestación de la labor entre el 1° de
octubre de 2012 al 14 de marzo de 2013; sin embargo, comoquiera que la
reclamación administrativa fue radicada «el 23 de junio de 2015 y la fecha de finalización
del contrato no existe un lapso de interrupción superior a tres años», procedía el
reconocimiento de los derechos prestacionales reclamados por todo el periodo de
la relación laboral declarada.

8.5. Aunque dentro de las pretensiones de la demanda no se hizo alusión a los
aportes al sistema de seguridad social integral, comoquiera que el derecho a la
pensión es irrenunciable, procedía ordenar a la entidad el pago de la diferencia, si
existiere, entre los aportes que se debieron efectuar y aquellos realizados por la
contratista.

8.6. Procedía la condena en costas, toda vez que se accedió a las pretensiones de
la demanda, de conformidad con el numeral 1 del artículo 365 del Código General
del Proceso.

1.4. El recurso de apelación

9. La parte demandada interpuso recurso de apelación con el propósito de que se
revocara la sentencia recurrida. Al respecto, manifestó lo siguiente4:

9.1. Para demostrar la existencia de la relación laboral encubierta bajo contratos de
prestación de servicios, correspondía a la parte demandante acreditar los elementos

4 Índice 13 de Samai, actuación EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO

01 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 13», páginas 231 a 235.

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Demandante: María Rafaela Quesada González

esenciales del vínculo laboral, esto es la prestación personal del servicio, la
remuneración y, esencialmente, la subordinación; así como la permanencia de las
funciones y su similitud con las desarrolladas por empleados de planta, con el fin de
desvirtuar la naturaleza contractual prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

9.2. En esa medida, los contratos de prestación de servicios no generaron una
relación laboral ni el pago de prestaciones sociales y, a diferencia de lo previsto en
el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo para las relaciones laborales de los
particulares, en materia de contratación estatal no existe la presunción del vínculo
laboral, por lo que la carga de la prueba recae en el contratista.

9.3. El acto administrativo demandado fue expedido con observancia de las normas
y está amparado por la presunción de legalidad, sin que se hubiesen aportado
pruebas suficientes para desvirtuarla ni para acreditar la relación laboral.

1.5. Alegatos de conclusión

10. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional presentó alegatos de conclusión5 en
esta instancia, en el cual reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación6.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto7.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. Consisten en determinar ¿si entre María Rafaela Quesada González y el Hospital
Regional del Occidente se desarrolló una relación laboral encubierta en la
celebración de contratos de prestación de servicios?, de ser así, ¿si tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de esa relación laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

5 Toda vez que el recurso de apelación se interpuso el 8 de julio de 2020 su trámite se surtió por lo

dispuesto en la Ley 1437 de 2011, pues las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 entraron en
vigencia el 25 de enero de esa anualidad, tal y como se advierte del auto admisorio del 23 de enero
de 2024 visible a índice 17 de Samai.
6 Índice 27 de Samai.
7 Índice 8 de Samai.

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Demandante: María Rafaela Quesada González

13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

14. Por su parte, el Decreto 2209 de 19988 precisó que «[l]os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

8 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Demandante: María Rafaela Quesada González

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Se resalta].

18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)9 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En
igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 10, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

19. Ahora bien, el «[p]rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»11 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

20. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala

9 Aprobada el 11 de abril de 1919.
10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
11 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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Demandante: María Rafaela Quesada González

los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación12 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado ‹contrato realidad› aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: María Rafaela Quesada González

instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales13». [Se resalta].

23. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202114 estableció las siguientes reglas de

13 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

10

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demanda tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Caso en concreto

30. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

30.1. María Rafaela Quesada González celebró los siguientes contratos de
prestación de servicios con el Hospital Regional del Occidente, tal y como consta
en los diferentes instrumentos jurídicos aportados, tales como actas de inicio y

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

contratos de prestación de servicios15:

Interrupción
Fecha
Contrato Objeto Fecha inicio en días
terminación
hábiles
Prestar sus servicios
profesionales como
235 del 1° de trabajadora social, en el área 1° de 31 de
septiembre de de atención al usuario del septiembre de diciembre de
2011 Hospital Militar Regional de 2011 2011
Occidente y donde y cuando
así lo requiera el hospital.
Prestar sus servicios
profesionales como
30 de
S/N del 1°de trabajadora social en el 1° de enero de
septiembre de -
enero de 2012 establecimiento de Sanidad 2012
2012
Militar, Hospital Militar
Regional de Occidente

057 del 11 de Prestar sus servicios 15 de marzo de
enero de 2013 profesionales como 2013
trabajadora social en el 17 de enero de
72
establecimiento de Sanidad 2013
Otro sí 001 al Militar, Hospital Militar 15 de abril de
contrato 057 de Regional de Occidente. 2013
2013

171 del 16 de 31 de octubre
abril de 2013 de 2013

Prestar sus servicios
profesionales como
trabajadora social en el 16 de abril de
-
establecimiento de Sanidad 2013
Militar, Hospital Militar
Regional de Occidente.

Otro sí 001 al 31 de
contrato 171 de diciembre de
2013 2013

15 Índice 13 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «ED_C02_01 ANEXOS-CUADERNO 02

PRUEBAS Y ANEXOS-RESERVADO.(.pdf) NroActua 13»

12

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

Prestar sus servicios
profesionales como
053 del 18 de trabajadora social en el 18 de enero de 30 de junio de
11
enero de 2014 establecimiento de Sanidad 2014 2014
Militar, Hospital Militar
Regional de Occidente.

30.2. Se aportó el expediente administrativo de la demandante en el que consta su
hoja de vida, las propuestas de prestación de servicios, los exámenes de trabajo
social practicados por el Hospital Militar Regional de Occidente, certificados de
disponibilidad presupuestal, solicitudes suscritas por la directora científica de
HOMRO para contratar a una trabajadora social con el fin de dar cumplimiento a los
servicios médicos y hospitalarios, certificados de falta de personal suficiente «para
el cumplimiento de la gestión misional del Ejército en el Hospital Militar Regional de
Occidente», estudios y documentos previos de contratación, pólizas de seguro de
cumplimiento y su aprobación, designaciones de supervisión, informes de
supervisión, interventoría y pagos y resúmenes de pagos de aportes AFP, ARP y
EPS16.

30.3. El 23 de junio de 2015, solicitó el reconocimiento de la existencia de la relación
laboral y el consecuente pago de las prestaciones sociales17; no obstante, el director
del Hospital Regional del Occidente, mediante Oficio 003144 /IMDN-CGFM-CE-
DIV3-BR3-HOMRO-DIR-ASJ-1.10 del 28 de julio de 2015, negó lo pretendido18.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

31. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si en el sub judice se
acreditaron los elementos que permiten configurar una relación laboral entre María
Rafaela Quesada Gonzálezy el Hospital Regional del Occidente.

16 Ibidem.
17 Índice 13 de Samai, actuación EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «ED_C01_01 OTROS-
CUADERNO 01 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 13», páginas 98 y 99.
18 Índice 13 de Samai, actuación EXPEDIENTE DIGITAL, archivo «ED_C01_01 OTROS-

CUADERNO 01 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 13», páginas 95 a 97.

13

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

2.3.3.1. Prestación personal del servicio

32. De las pruebas relacionadas se tiene que la demandante prestó sus servicios al
Hospital Regional del Occidente, vinculada a través de contratos de prestación de
servicios entre el 1° de septiembre de 2011 y el 30 de junio de 2014, con una
interrupción. Los contratos los ejecutó de manera personal, de acuerdo con su
profesión, calidades, idoneidad, capacidad y experiencia laboral, así como de las
obligaciones contractuales realizadas que eran afines a sus competencias, tal y
como se desprende de los exámenes de trabajo social que le fueron practicados,
de los estudios y documentos previos y del clausulado de los contratos en los que
se incluyó además una prohibición expresa de ceder el contrato sin el
consentimiento previo, expreso y escrito expedido por el hospital, lo que indica que
la labor la desarrolló María Rafaela Quesada González y no otra persona.

2.3.1.2. Remuneración

33. Ahora bien, aquella percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidencia de los informes de supervisión, interventoría y pagos y el clausulado
de cada uno de los contratos, en los que se advierte que se señaló el valor y la
forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o
el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario).

2.3.1.3. Continuada subordinación o dependencia

34. Este elemento, propio de las relaciones laborales, se caracteriza por el vínculo
de dependencia del trabajador hacia el empleador; en tal sentido aquel se ve
sometido al acatamiento de órdenes, reglamentos y supervisión directa de su labor,
lo que descarta el ejercicio de actividades en forma autónoma e independiente, esto
último entendido como la característica esencial del contrato de prestación de
servicios.

35. Así las cosas, a efectos de lograr el reconocimiento de una relación laboral
encubierta en la celebración de instrumentos jurídicos distintos de aquellos que
permiten el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales como, en este caso,
el contrato de prestación de servicios resulta esencial la demostración de que las
condiciones materiales en que se realizó la labor implicaron el ejercicio del referido
elemento de la subordinación por parte del empleador.

36. Lo anterior impone al juez la labor de analizar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que se desarrolló el objeto contractual, a efectos de definir si con
fundamento en su ejecución, la entidad contratante desbordó el alcance de sus
atribuciones y ejerció el poder subordinante sobre el contratista.

14

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

37. Así las cosas, corresponde analizar los elementos materiales probatorios que
obran en el expediente a efectos de abordar el análisis del problema jurídico
planteado en esta instancia, de cara a las afirmaciones de la entidad demandada
que insistió en que la ejecución de los contratos celebrados se dio en forma
autónoma e independiente.

38. Al respecto, la sala encuentra que María Rafaela Quesada González prestó sus
servicios como trabajadora social en el Hospital Regional del Occidente y cumplió,
entre otras funciones, las siguientes:

Contrato Obligaciones destacadas Particularidades del contrato

Se pactó que «[desarrollar todas y cada una
de las actividades que comprometen y
requieren del servicio del TRABAJO SOCIAL
en todos y cada uno en los lugares donde se
«EL CONTRATISTA deberá cumplir con designe por parte del Contratante, siempre en
las siguientes obligaciones: (…) beneficio de los usuarios del Hospital.
Diligenciar en forma completa y oportuna Asimismo, deberá rendir los respectivos
los formatos establecidos para el control informes que la Dirección requiera todo en
médico asistencial. Hacer seguimiento a bien de la atención al usuario y formando parte
las patologías atendidas. Formular. de equipos interdisciplinarios que trabajan por
acorde a las políticas establecidas por el el mejoramiento de la calidad de vida de la
Sistema de Salud par a las Fuerzas población a través de procesos
Militares y la Policía Nacional. Diligenciar socioeducativos de promoción y prevención.
Apoyo en los diferentes servicios donde y
la historia clínica acorde a las normas cuando se requiera. El HOSPITAL MILITAR
establecidas para tal fin. Ejercer el REGIONAL DE OCCIDENTE por su parte
principio de la reserva médica. (…)- EL pagara AL CONTRATISTA, como retribución
CONTRATISTA se obliga a presentar por los servicios prestados, una
mensualmente informe de productividad contraprestación económica según las tarifas
al supervisor del contrato. / guardar y y formas de pago acordada en virtud del
permanecer la debida reserva frente a presente contrato PARAGRAFO: EL
ternas y asuntos tratados y conocidos CONTRATANTE ESTABLECERA LA
235 del 1° dentro del desarrollo y ejecución del PROGRAMACIÓN EN LA CUAL EL
de CONTRATISTA
septiembre
presente contrato, reserva que se hará PRESTARA SUS SERVICIOS
de 2011 extensiva a los derechos de autor que los PROFESIONALES DE ACUERDO A LA
mismos se deriven. - abstenerse de DEMANDA DEL SERVICIO CONTRATADO,
divulgar por cualquier medio el contenido SI SE LLEGAREN A ASIGNAR
parcial o total de la información que le sea VALORACIONES QUE COINCIDAN CON
encomendada o que llegue a su poder en DIAS FESTIVOS, LA ENTIDAD PODRA
el desarrollo del objeto del presente REPROGRAMAR LAS VALORACIONES EN
contrato, salvo autorización escrita de DIAS HABILES, Y EL CONTRATISTA SE
HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA NUEVA FECHA
OCCIDENTE (…). - las demás que se ASIGNADA. CLAUSULA SEGUNDA -
deriven del normal desarrollo del objeto VALOR Y FORMA DE PAGO» (sic) (resaltado
del presente contrato. (…). EL HOSPITAL del original).
MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE,
en virtud del desarrollo de presente Además, se estableció «LUGAR DE
contrato se compromete: (…) c. Ejercer el CUMPLIMIENTO -: Para el cumplimiento de
control de la ejecución del contrato por las obligaciones derivadas de este contrato,
Intermedio del Supervisor. d. Verificar las las partes acuerdan como lugar principal e
funciones ejercidas por el supervisor del inicial de ejecución del mismo, en HOSPITAL
MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE,
presente contrato» (sic). ubicada en la Ciudad de Santiago de Cali
(Valle del Cauca). No obstante, lo anterior y
ante las necesidades del servicio, las partes
de común acuerdo, expresado en forma libre y

15

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

voluntaria, aceptan que la prestación de los
servicios objeto del presente contrato podrán
ser ejecutados en Ciudades y/o sitios,
diferentes al lugar principal de ejecución, sin
que ello constituya modificación alguna a las
condiciones inicialmente pactadas» (sic)

S/N del «De acuerdo al objeto del presente contrato y
1°de enero la profesión o especialidad según sea el caso
de 2012 o la competencia que le corresponda,
diagnosticar pacientes y/o evolucionarlos,
057 del 11 realizar actividades de consulta
de enero de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y
2013 los procedimientos e intervenciones
quirúrgicas derivados del proceso de atención,
171 del 16
señalados para el manejo de patologías
de abril de
establecidas dentro del plan integral del
2013
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares,
conforme a las buenas prácticas
profesionales, dando cumplimiento a las guías,
protocolos de manejo manuales, instructivos e
instrumentos metodológicos de manejo y
atención de pacientes, en las áreas de
atención, promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación de pacientes, y
participar en las actividades encaminadas a
optimizar los servicios que presta dentro del
campo de su conocimiento o especialidad en
las instalaciones del ESTABLECIMIENTO DE
SANIDAD MILITAR HOSPITAL MILITAR
REGIONAL DE OCCIDENTE, observando las PARÁGRAFO PRIMERO: Tales actividades
normas propias de su profesión actividad u deberán ser desarrolladas principalmente en
oficio, en todo caso brindando la atención de el ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD
acuerdo con los estándares mínimos, normas MILITAR DEL HOSPITAL MlLITAR
e instructivos establecidos por la DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE en la ciudad de
DE SANIDAD EJERCITO, con el fin de Santiago de Cali. No obstante, en caso de
garantizar la calidad en la prestación de los requerir sus servicios, EL CONTRATISTA se
servicios, así como la aplicación de los obliga a prestarlos en los lugares de la
diferentes programas de salud de acuerdo con jurisdicción de la respectiva Unidad Operativa
053 del 18 sus competencias contractuales según sea el Menor y/o donde así lo requiera LA
de enero de caso. DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
2014 Conocer las normas, Leyes, Decretos,
Acuerdos, Directivas, y demás regulaciones
que rigen al Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares y dar correcta aplicación a las
mismas, dentro del ámbito de su competencia.
(…)
Obrar con seriedad, diligencia y cuidado en la
atención a los pacientes que sean atendidos
en las instalaciones y con los equipos del
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR
HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE
OCCIDENTE
(…)
Diligenciar, suscribir y llevar el debido registro
de las Historias clínicas de los pacientes
conforme a lo dispuesto en la Resolución 1995
de 1999 y Resolución 1715 de 2005, cada vez
que inicie, evolucione y termine el tratamiento
de un paciente, como deber ético profesional.
Colaborar y propender por el buen uso y
cuidado de los recursos de la entidad (Físicos,
Técnicos y Económicos) incluida la propiedad
intelectual y derechos de autor, y elementos

16

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

entregados para la debida ejecución de las
actividades convenidas y a no utilizarlos para
fines y en lugares diferentes a los contratados
y a devolverlos a la Institución a la terminación
del presente contrato.
Guardar la reserva y confidencialidad frente a
temas y asuntos tratados y conocidos dentro
del desarrollo y ejecución del presente
contrato, así como la información que le sea
entregada y que se encuentre bajo su custodia
o que por cualquier otra circunstancia deba
conocer o manipular en desarrollo del presente
contrato
(…).
Cumplir con las políticas de seguridad
informática con el fin de evitar la fuga de
información y proteger la integración de la red
nacional de datos así mismo cumplir con las
políticas de uso aceptable de los activos
informáticos, diligenciando los formatos
correspondientes para su adecuado uso
Contribuir con el desarrollo del
Establecimiento de Sanidad Militar donde
preste sus servicios, revisando y mejorando
los procesos de atención a fin de ofrecer un
servicio eficiente y de calidad a los usuarios.
En representación del ESM HOSPITAL
MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE, hacer
parte de los comités técnicos estructuradores
y de evaluación de las contrataciones
administrativas que lleve a cabo la
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO ESM
HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE
OCCIDENTE, para los cuales sea designado,
asumiendo las obligaciones establecidas en el
acto de designación sin perjuicio del
cumplimiento de sus demás obligaciones
contractuales.
Participar en las Brigadas de Salud
programadas por la DIRECCION DE
SANIDAD EJC - ESM HOSPITAL MILITAR
REGIONAL DE OCCIDENTE para los afiliados
y beneficiarios del Subsistema, en aquellos
sitios de la respectiva jurisdicción, donde la
entidad lo requiera.
Presentar al supervisor del contrato dentro de
los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha
de terminación del contrato, un informe
consolidado sobre todas las actividades
desarrolladas durante el término de su
ejecución. Para aquellos usuarios que
requieran de servicios de una complejidad
mayor o menor a la que el ESM HOSPITAL
MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE posee,
EL CONTRATISTA debe cumplir en forma
estricta y obligatoria el Sistema de Referencia
y Contra Referencia establecido en el
Subsistema, diligenciando los formatos
correspondientes, para la ubicación y
autorización por parte del ESM dentro de la red
de atención destinada para tal fin.
Cumplir con los parámetros de productividad
establecidos por LA DIRECCIÓN DE
SANIDAD EJÉRCITO- ESM HOSPITAL
MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE y

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

presentar mensualmente informe de
productividad al Supervisor del contrato,
indicando el detalle de los tratamientos,
consultas, procedimientos o actividades a su
cargo, terminados o ejecutados durante el mes
anterior». Las demás que se deriven del
normal desarrollo del objeto del presente
contrato. (sic) (subrayado)

Dentro de las obligaciones de la Dirección de
Sanidad del Ejército se pactó: «c) Ejercer
control de la ejecución del contrato por
intermedio del supervisor» (sic).

39. De acuerdo con lo anterior, a María Rafaela Quesada González sí se le
impusieron las condiciones en las que debía prestar el servicio para lo cual tenía
que seguir las guías, manuales y protocolos existentes en el hospital, efectuar el
reporte de sus actividades, e incluso, estaba obligada a aceptar los traslados de
lugar de trabajo.

40. Esto es así, pues de acuerdo con las obligaciones reseñadas debía i) realizar las
actividades en cumplimiento «a las guías, protocolos de manejo manuales, instructivos
e instrumentos metodológicos de manejo y atención de pacientes», «brindando la atención
de acuerdo con los estándares mínimos, normas e instructivos establecidos por la
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO» y «cumplir con las políticas de seguridad
informática»; ii) «diligenciar, suscribir y llevar el debido registro de las Historias clínicas de
los pacientes conforme a lo dispuesto en la Resolución 1995 de 1999 y Resolución 1715
de 2005»; y iii) «participar en las Brigadas de Salud programadas por la DIRECCION DE
SANIDAD EJC - ESM HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE para los afiliados
y beneficiarios del Subsistema, en aquellos sitios de la respectiva jurisdicción, donde la
entidad lo requiera»; y iv) cumplir con parámetros de productividad con indicación
expresa de los tratamientos, consultas, procedimientos o actividades a su cargo.

41. De lo anterior se desprende que no gozaba de autonomía e independencia en la
ejecución de sus labores pues sus actividades se encontraban sometidas a
directrices permanentes, programación institucional y control por parte de la
Dirección de Sanidad del Ejército- Hospital Militar Regional de Occidente.

42. En efecto, fue el empleador el que determinó las condiciones en las que la
demandante debía prestar los servicios contratados. Así, se estableció que el
contratista fijaría la programación de acuerdo con la demanda del servicio, lo que
implicaba que la contratista no tenía libertad para organizar de forma autónoma su
agenda ni definir los horarios de atención a los pacientes. Incluso, se pactó que, si
las valoraciones coincidían con días festivos, la entidad podía reprogramarlas y la
contratista quedaba obligada a atenderlas en las nuevas fechas asignadas, lo que
demuestra el ejercicio del ius variandi por parte del empleador y la subordinación de
la contratista a las decisiones de aquel.

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

43. De igual forma, tampoco existía autonomía respecto del lugar de prestación del
servicio. Aunque inicialmente se señalaba como sitio principal de ejecución del
contrato el hospital, también se dispuso que la contratista debía prestarlo en
cualquier lugar de la jurisdicción o donde la dirección de sanidad lo requiriera. Esta
facultad de la entidad para trasladar unilateralmente el lugar de ejecución,
igualmente, evidencia el ejercicio del ius variandi de la entidad.

44. Todo lo anterior, también se corrobora de los informes de supervisión,
interventoría y pagos se advierte que la demandante cumplía con «reuniones con los
pacientes del Programa mis Mejores Anos, visitas diarias a pacientes hospitalizados,
reuniones los días viernes con el comité de programa niños con capacidades diversas.
Visita domiciliaria y valoración psicosocial. Llamadas diarias a pacientes que no asisten a
las citas médicas, apoyo los programas de promoción y prevención. Consultoría diaria en
servicio profesional de Trabajo Social» (sic)

45. En efecto, lo expuesto demuestra i) la inserción en el círculo organizacional del
hospital, pues debía ajustar su labor a las normas y procedimientos internos; ii) la
prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona; iii) el poder
de dirección por parte de la entidad que le indicó bajo qué estándares debía realizar
la labor, por ejemplo, de productividad y la participación de comités y brigadas de
salud; iv) el suministro de herramientas y material de trabajo; y v) la realización del
trabajo en el lugar definido por el beneficiario del servicio y la disponibilidad que
debía tener ante el cambio de sede de lugar de trabajo por razones del servicio, lo
cual muestra también el ejercicio del ius variandi, que le permite al empleador
modificar las condiciones en que se desarrollaría la labor.

46. Además, se advierte que la Dirección General de Sanidad Militar es la encargada
de «asegurar la prestación de los servicios integrales de salud y los servicios de Salud
Operacional, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios afiliados
al SSFM» (sic)19, función de carácter permanente que cumple en desarrollo de su
actividad, y que guarda similitud con las actividades desempeñadas por la
demandante, esto es que ejecutaba las labores que permitían el desarrollo del
objeto misional de la entidad.

47. En consecuencia, la naturaleza de las funciones desarrolladas no permiten
advertir autonomía, toda vez que las actividades hacían parte del giro ordinario y
permanente de la entidad, pues comprendía la atención de pacientes, participación
en programas institucionales de promoción y prevención, cumplimiento de metas de
productividad y apoyo a diferentes servicios cuando se requiriera.

19 https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/direccion-sanidad-naval/institucional-1/entidad/vision-
mision.

19

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

48. Todo lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
trabajadora social al servicio del hospital demandado, al tiempo que corrobora que
no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto
contractual para desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que
atañen a la esencia y finalidad de la entidad.

49. Se advierte entonces que la situación descrita en el sub judice no corresponde a
la que es propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de
las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para
la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»20.

50. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»21.

51. De tal manera que, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación,
puesto que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba
sujeto a medidas u órdenes del hospital, toda vez que la entidad, en su calidad de
empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de la actora, lo que
denota, a su vez, la existencia de una indiscutible subordinación.

52. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por tanto,
la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratado la demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de
la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.

53. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, la demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los
contratos, y que se acudiera a su celebración ante la insuficiencia de personal de
planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente en una situación como la
expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Ibidem.

20

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»22,
tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

54. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden
los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza
contractual con la cual se revistió la vinculación de la demandante el Hospital
Regional del Occidente se desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni
independencia, las cuales se constituyen en las características propias de la referida
relación contractual.

55. Lo anterior dejó en evidencia que aun cuando desempeñó una profesión libre,
sus actividades estaban delimitadas de conformidad con el ejercicio del poder
subordinante del hospital, al tener que atender instrucciones sobre el ejercicio de la
labor; de manera que se le impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, para
que desarrollara sus funciones, sin que le hubiere asistido ningún tipo de
independencia y, en ese sentido, se rompió la relación de coordinación contractual
y subyació la realidad de una laboral.

56. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos por la
demandante y el hospital. En ellos se aprecian actividades que exigen para su
ejecución necesaria dependencia y subordinación. En efecto, i) ejecutar la labor en
las instalaciones del Hospital Militar de Occidente o en los lugares de la jurisdicción
de la respectiva Unidad Operativa Menor y/o donde así lo requiera la entidad; ii)
realizar las actividades en cumplimiento «a las guías, protocolos de manejo
manuales, instructivos e instrumentos metodológicos de manejo y atención de
pacientes», «brindando la atención de acuerdo con los estándares mínimos, normas
e instructivos establecidos por la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO»; iii)
participar en comités y brigadas de salud; y iv) cumplir con las funciones según
parámetros de rendimiento y productividad, son actividades que debían realizarse
en línea con las instrucciones que le impartiera al efecto un superior; de manera que
no podría concebirse su ejecución sin una necesaria dependencia y subordinación
por parte del empleador.

57. Por lo anterior la Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica,
encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral
subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear
de modo permanente y continuo los servicios del demandante.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

21

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

58. Esto es así pues, contrario a lo señalado por la entidad en el recurso de
apelación, sí obra en el expediente material probatorio suficiente, cuya valoración
corresponde al juez, quien no tiene más límites que los previstos por el principio de
la sana crítica, y el respeto de los derechos de defensa y contradicción de las partes
como garantía del debido proceso. En tal sentido, es posible encontrar acreditado
el elemento de la subordinación con fundamento en el contenido de los contratos
de prestación de servicios y los documentos aportados, tales como los informes
suscritos por el supervisor, pues es de ellos en los que con más claridad se puede
establecer las condiciones en que se desarrollaría la labor, aun cuando así fuera
pactado por las partes pues se insiste en que ni siquiera el consentimiento puede
considerarse como argumento válido para que el trabajador renuncie a los
beneficios que la ley prevé en su favor23.

59. Bajo tal perspectiva, debe advertirse que si bien el contrato estatal de prestación
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer
las necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado24, de su contenido sí se puede analizar el efecto jurídico que persiguen las
partes en un proceso judicial. Lo contrario implicaría abandonar la tutela judicial
efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle vigencia a los derechos
que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través de otros medios de
prueba.

60. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme su propio
convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la conducta de las
partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia y materializa
los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá exponer
razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

61. Esto permite otorgarle vigencia al principio de la primacía de la realidad sobre las
formas a que alude el artículo 53 de la Constitución Política y descarta la exigencia
de un medio probatorio con un valor previamente establecido, con el fin de
determinar la realidad que se evidencia de la relación contractual.

62. De manera que, para esta Subsección, las pruebas documentales aportadas
tienen el valor suficiente para demostrar el referido elemento de la subordinación y,
otorgaron la certeza necesaria para considerar que la vinculación contractual
encubría una relación laboral.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de

2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.

22

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

63. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 1° de septiembre de 2011 y el 30 de junio de 2014, tal y como lo consideró el a
quo.

2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

64. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

65. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación25 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto

25Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

23

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

66. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

67. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 26, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

68. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»27.

69. En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 23 de junio de 2015,
se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues no
transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 30 de junio de 2014.

70. Si bien entre los contratos S/N de 2011 y 057 de 2013 hubo una interrupción
superior a 30 días hábiles que implicaría la solución de continuidad en la prestación

26 SUJ2-005-16.
27 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

24

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

del servicio pues, el primero finalizó el 30 de septiembre de 2012 y el segundo inició
el 17 de enero de 2013, lo cierto es que tenía hasta el 30 de septiembre de 2015
para presentar la reclamación administrativa. En consecuencia, como se advierte
esta se presentó en oportunidad y, por lo tanto, no acaeció el fenómeno jurídico de
la prescripción respecto del periodo reclamado.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

71. En primer lugar, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la
condena con base en los honorarios contractuales; sin embargo, se resalta que, tal
y como se expuso en la sentencia del 4 de febrero de 201628, los honorarios son el
criterio imperante únicamente cuando el cargo desempeñado por el contratista no
exista en la planta de personal, pues en razón a la inexistencia del cargo, dichos
emolumentos son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de
perjuicios. Esto se señaló en aquella oportunidad.

«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son
la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra
forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la
identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el
riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.

No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como
criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de
la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por
el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad
de condiciones que los servidores públicos de planta29, o cuando los honorarios pactados
son inferiores al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las
mismas funciones desarrolladas30.

En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio
imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado

81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
29 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas

Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4 de
junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,

Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.

25

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.

En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios». [Se resalta].

31
72. Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 , la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse
las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales
se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica
remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén32», esto es, por la
imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.

73. Así entonces, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
reconocida deberían liquidarse con fundamento en los salarios devengados por
tales empleados, pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un
trabajo de igual valor» que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales33 frente al cual la Corte Constitucional
ha señalado que la remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde
con los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes
se encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad
de reglas cuando se trata de hipótesis distintas34.

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-

33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
32 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,

artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
33 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
34 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

26

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

74. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
la labor desempeñada por María Rafaela Quesada González debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas, e incluso el reajuste de los salarios percibidos, esto es las
diferencias entre lo recibido por concepto de honorarios y lo devengado por un
empleado de planta35, con el fin de proteger los principios de igualdad de
oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; y la primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales36, ante la
necesaria proporcionalidad que debe existir entre el servicio y su remuneración,
«puesto que ello es una lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa
de la relación laboral»37.

75. No obstante, una decisión en tal sentido podría desconocer la situación del
apelante único, que en este caso es la entidad demandada, razón por la cual se
confirmará, sin modificación alguna, la sentencia apelada.

2.5. Costas

76. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

77. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

78. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024, radicado

81001-23-39-000-2017-00008-01 (1824-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
36 Artículo 53 de la Constitución Política.
37 Sentencia T-102 de 1995.

27

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

aplicación razonable de la norma38.

79. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

80. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia, actuación temeraria
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y revocará la condena
impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el análisis aquí expuesto.

3. Conclusión

81. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encontró demostrado que entre María
Rafaela Quesada González y el Hospital Regional del Occidente se desarrolló una
relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios celebrados y
ejecutados entre el 1 de septiembre de 2011 y el 30 de junio de 2014, lo que le
generó el derecho a aquella de beneficiarse de las prestaciones sociales ordenadas
por el a quo. Además, el derecho reconocido no está afectado por el fenómeno de
la prescripción. Razones por las cuales se confirmará la sentencia apelada en su
integridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 31 de enero de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por María Rafaela Quesada González contra la nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Hospital Regional del Occidente, por las razones expuestas en
esta decisión.

Segundo. Revocar el ordinal 6 de la sentencia de primera instancia sobre la
condena en costas allí impuesta. En su lugar, no se condena.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

38En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

28

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00322-01 (4961-2023)
Demandante: María Rafaela Quesada González

Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

29

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