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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00049-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00049-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio –
Cundinamarca E.S.E

Tema: Relación laboral encubierta Subtema 1: médica general de consulta externa
Subtema 2: subordinación en la prestación del servicio Subtema 3: valoración de
testimonios. Subtema 4: autonomía científica del profesional de la salud y subordinación
jurídica; la autonomía científica para diagnosticar, prescribir o definir tratamientos no
excluye la subordinación jurídica cuando la entidad determina las condiciones
organizativas de prestación del servicio, como pacientes, agenda, lugar, turnos y tiempos
de atención.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia
proferida el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Síntesis del caso

Sonia Elena Rincón Riveros demandó la nulidad del Oficio sin número consecutivo del
20 de agosto de 2019, expedido por el gerente del Hospital Nuestra Señora del Carmen
de Tabio Cundinamarca E.S.E., mediante el cual se negó el reconocimiento de la relación
laboral y el pago de las prestaciones sociales, aportes a seguridad social y demás
acreencias reclamadas. Sostuvo que estuvo vinculada mediante sucesivos contratos de
prestación de servicios entre el 3 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017,
durante los cuales se desempeñó como médica general de consulta externa. Como
indicios de subordinación, afirmó que debía prestar personalmente el servicio en las
instalaciones del Hospital, cumplir la programación y los turnos establecidos para la
atención de pacientes, desarrollar las actividades propias del servicio asistencial bajo la
coordinación de la Subgerencia Científica y utilizar los elementos suministrados por la
entidad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «A»,
mediante sentencia del 31 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones.
Consideró acreditadas la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación, con fundamento en los contratos de prestación de servicios, las
certificaciones contractuales, los cuadros de turnos, los testimonios de Juan de Jesús
González Rubiano y Olga Janneth Molano Gavilán y el interrogatorio de Sonia Elena
Rincón Riveros. Declaró la existencia de la relación laboral durante los periodos
contractuales comprendidos entre el 3 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017,
con exclusión de las interrupciones, y concluyó que no operó la prescripción. En
consecuencia, ordenó reconocer las prestaciones sociales y demás emolumentos
legales correspondientes a un médico general de planta con funciones equivalentes o

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

similares, tomando como base de liquidación los honorarios pactados, y dispuso efectuar
los aportes pensionales necesarios para recomponer el ingreso base de liquidación.
Negó, entre otros conceptos, los aportes en salud, la dotación, la devolución de la
retención en la fuente, la indemnización por despido sin justa causa y las sanciones
moratorias.

El Consejo de Estado confirma la decisión de primera instancia, con la modificación
necesaria para precisar que la relación laboral encubierta se extendió hasta el 31 de
diciembre de 2017, y no hasta el 31 de diciembre de 2018 como se consignó por error
en el numeral segundo de la parte resolutiva. La Sala concluye que no prospera el
recurso de apelación del Hospital, porque la valoración conjunta de las pruebas
demuestra que las condiciones en que Sonia Elena Rincón Riveros desarrolló sus
actividades excedieron la mera coordinación contractual y acreditaron subordinación, en
particular por su incorporación a la programación institucional de pacientes, el
cumplimiento de los turnos una vez definidos, la prestación del servicio en las
instalaciones de la entidad y la inserción de su actividad en la organización asistencial
dirigida por la Subgerencia Científica. Asimismo, aunque la regla vigente prevé que las
prestaciones deben liquidarse con el salario del empleo de planta cuyas funciones sean
iguales, similares o equivalentes y solo residualmente con los honorarios, se mantiene la
base fijada por el tribunal porque el Hospital es apelante único y la demandante no
controvirtió ese aspecto, de manera que modificarlo en su beneficio desconocería la
prohibición de reforma en perjuicio del recurrente único.

II. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El 5 de diciembre de 2019, Sonia Elena Rincón Riveros presentó demanda1 de
nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se exponen.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declarara la nulidad del oficio sin número consecutivo del 20 de
agosto de 2019, suscrito por el gerente ordenador del gasto del Hospital Nuestra Señora
del Carmen de Tabio, mediante el cual se negó la reclamación que presentó para obtener
el reconocimiento y pago de las acreencias laborales derivadas de los servicios que
prestó a esa entidad.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declarara la existencia de
una relación laboral encubierta entre ella y el Hospital Nuestra Señora del Carmen de
Tabio, desde el 3 de agosto de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017, sin solución de
continuidad, y que durante ese periodo tuvo la calidad de trabajadora oficial. Asimismo,
solicitó que se reconociera que prestó personalmente sus servicios de manera
subordinada y remunerada.

4. Como consecuencia de lo anterior, solicitó el reconocimiento y pago de los salarios
y prestaciones sociales que, a su juicio, le correspondían durante el periodo reclamado,
entre ellas vacaciones, subsidio de transporte, dotaciones, prima de navidad, prima de
vacaciones, bonificación por servicios, cesantías y demás derechos laborales derivados
de la vinculación. También pidió el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones
que la entidad dejó de efectuar y la devolución de las sumas descontadas por concepto
de retención en la fuente.

1 Visible a índice 50 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo pdf
«58ED_202000049(.pdf) NroActua 50», folios 3 a 22.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

5. Igualmente, solicitó el reconocimiento de la indemnización por terminación
unilateral y sin justa causa, las sanciones moratorias previstas en el Decreto 797 de 1949
y en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, los intereses sobre las sumas reconocidas y,
subsidiariamente, su indexación. Finalmente, pidió la condena en costas y agencias en
derecho.

2.1.2. Hechos

6. Según la demanda, Sonia Elena Rincón Riveros estuvo vinculada al Hospital
Nuestra Señora del Carmen de Tabio mediante sucesivos contratos de prestación de
servicios celebrados entre el 3 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.

7. Indicó que durante 2015 suscribió los contratos núm. 101, 135 y 152; en 2016, los
contratos núm. 06, 104 y 203, junto con sus respectivas adiciones y prórrogas; y en 2017,
los contratos núm. 23, 173, 262 y 316. La demandante sostuvo que, a través de esas
vinculaciones, prestó sus servicios de manera sucesiva en la entidad.

8. Manifestó que fue contratada para desempeñarse como médico general de
consulta externa y que las funciones asignadas comprendían, entre otras, realizar
interconsultas y remisiones a diferentes especialidades; determinar medicamentos,
procedimientos y tratamientos; efectuar revista médica; verificar el cumplimiento de
instrucciones impartidas al personal de apoyo; diligenciar las historias clínicas; prestar el
servicio con oportunidad y calidad; responder a los turnos de fines de semana; presentar
informes mensuales al supervisor del contrato y atender las demás obligaciones
relacionadas con la prestación del servicio médico.

9. Afirmó que las labores desarrolladas eran permanentes e indispensables para el
cumplimiento del objeto del Hospital y que la entidad continuó requiriendo el cargo y las
funciones que desempeñaba.

10. Sostuvo que el Hospital le imponía la obligación de ejecutar personalmente las
actividades contratadas y que no podía delegarlas en un tercero. Agregó que debía
prestar sus servicios dentro de las instalaciones de la entidad, atender a sus pacientes y
cumplir los horarios y turnos fijados por aquella.

11. Señaló que la entidad le prohibía ausentarse durante el horario de trabajo y que
debía solicitar autorización para hacerlo. También afirmó que, por la naturaleza de sus
funciones, se le impedía prestar sus servicios personales a otro empleador.

12. Indicó que el Hospital suministraba los elementos necesarios para la ejecución de
las funciones y que la trataba en condiciones similares a las del personal de planta.
Asimismo, sostuvo que nunca disfrutó de un periodo de vacaciones durante la
vinculación.

13. Afirmó que recibió pagos periódicos por sus servicios y que su última
remuneración mensual ascendió a $5.629.400. También señaló que sobre los honorarios
recibidos la entidad efectuó descuentos por concepto de retención en la fuente.

14. Manifestó que el Hospital no la afilió al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y Pensiones durante la vinculación y que tuvo que asumir directamente el pago de
sus aportes al sistema de seguridad social.

15. Según la demanda, la relación contractual terminó el 31 de diciembre de 2017, de
manera unilateral y sin justa causa por parte del Hospital.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

16. El 31 de julio de 2019, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda, la
accionante presentó reclamación de acreencias laborales ante el Hospital Nuestra
Señora del Carmen de Tabio. La entidad respondió mediante el oficio sin número
consecutivo del 20 de agosto de 2019, en el que negó lo solicitado.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

17. Sonia Elena Rincón Riveros citó como normas violadas el preámbulo y los
artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53, 83 y 209 de la Constitución Política; artículos 3 y 4
del Decreto 1919 de 2002, artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, artículo 5 del Decreto
1045 de 1978, Decreto 1042 de 1978, artículos 1 y 2 del Decreto 1252 de 2000, artículos
40, 43 y 51 del Decreto 2127 de 1945 y artículo 1 del Decreto 797 de 1949; artículo 99
numeral 3 de la Ley 50 de 1990; la Ley 6 de 1945.

18. En el concepto de violación sostuvo, en primer lugar, que el acto acusado
desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, pues, pese a
la denominación formal de los contratos de prestación de servicios, en la ejecución de la
relación concurrieron los elementos propios de una vinculación laboral: prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación.

19. Alegó que desarrolló una actividad permanente y necesaria para el
funcionamiento del Hospital, durante más de 2 años, mediante contratos sucesivos y
continuados, circunstancia que, a su juicio, evidenciaba que la contratación de prestación
de servicios fue utilizada para encubrir una verdadera relación laboral.

20. En cuanto a la subordinación, argumentó que debía cumplir horarios y turnos,
atender personalmente a los pacientes de la entidad, prestar el servicio en las
instalaciones del Hospital, acatar las instrucciones relacionadas con la atención médica,
presentar informes al supervisor, solicitar permisos para ausentarse y ejecutar
personalmente las funciones sin posibilidad de delegarlas.

21. Sostuvo que el acto administrativo acusado incurrió en infracción de las normas
en que debía fundarse, porque, una vez reconocida la existencia de la relación laboral,
correspondía aplicar el régimen de derechos laborales y prestacionales que invocó en la
demanda, en lugar de limitarse a considerar la existencia formal de contratos de
prestación de servicios.

22. Asimismo, alegó falsa motivación. Señaló que el Hospital negó los derechos
reclamados con fundamento en la existencia de los contratos de prestación de servicios,
sin valorar las condiciones materiales en que se ejecutaron ni ofrecer, según afirmó, una
justificación suficiente para descartar la existencia de una relación laboral.

23. Finalmente, sostuvo que la conducta de la entidad estuvo orientada a ocultar la
verdadera naturaleza de la vinculación y a evitar el reconocimiento de las obligaciones
laborales y prestacionales derivadas de ella. Con fundamento en esa circunstancia, pidió
que, además de las prestaciones reclamadas, se reconocieran las indemnizaciones y
sanciones moratorias solicitadas en la demanda.

2.2. Contestación de la demanda

24. La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio contestó la demanda para
oponerse a la prosperidad de las pretensiones2.

2 Visible a índice 49 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo pdf
«20ED_02Contestacion(.pdf) NroActua 49».

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

25. Sostuvo que los contratos suscritos con Sonia Elena Rincón Riveros se ejecutaron
bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales, con plena autonomía técnica
y administrativa, sin subordinación ni dependencia. Indicó que en cada contrato se pactó
expresamente la exclusión de una relación laboral y que la demandante conoció y aceptó
esas condiciones al momento de suscribirlos.

26. En relación con la forma de ejecución de los servicios, manifestó que la
elaboración de cuadros de turnos no constituía una manifestación de subordinación,
pues obedecía a la naturaleza de la actividad asistencial y a la necesidad de prestar el
servicio médico en determinadas condiciones de tiempo y espacio. Explicó que los
profesionales revisaban previamente los cuadros y escogían libremente los horarios que
más les convenían, por lo que esa circunstancia no desvirtuaba la independencia propia
de la contratación por prestación de servicios.

27. Señaló que la entidad no impartió órdenes respecto del conocimiento
especializado ni de la labor profesional de la demandante, sino que únicamente exigió el
cumplimiento de las obligaciones asumidas en cada contrato. Asimismo, negó que se le
hubiera exigido solicitar permisos para ausentarse, que se le prohibiera prestar servicios
a terceros o que estuviera sometida a restricciones propias de una relación laboral.

28. Afirmó que la demandante no ocupó un cargo dentro de la planta de personal.
Precisó que algunos contratos tuvieron por objeto la prestación de servicios como médico
general de consulta externa, otros comprendieron servicios en los procesos y
subprocesos del área asistencial y otros únicamente se refirieron a servicios como
médico general. Por ello, sostuvo que no era correcto equiparar el objeto contractual con
la ocupación de un empleo dentro de la entidad.

29. Respecto de la remuneración, indicó que las sumas percibidas correspondieron a
honorarios pactados contractualmente y no a salarios. Añadió que su valor presentó
variaciones durante la vinculación y que los pagos se efectuaron conforme a la forma
prevista en cada contrato y previo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la
contratista. En consecuencia, negó que pudiera hablarse de un último salario diario o
mensual.

30. También negó que existiera continuidad laboral entre las partes. Explicó que cada
contrato tenía fechas determinadas de inicio y terminación y que existieron interrupciones
temporales entre algunos de ellos. En particular, respecto de la finalización de la
vinculación el 31 de diciembre de 2017, sostuvo que no ocurrió una terminación unilateral
ni un despido, sino simplemente el vencimiento del plazo de ejecución del contrato
correspondiente.

31. Frente a la seguridad social, manifestó que no existía obligación de afiliar a la
demandante como trabajadora, precisamente porque su vinculación fue contractual y no
laboral. Por la misma razón, se opuso al reconocimiento de prestaciones sociales,
vacaciones, cesantías, primas, dotaciones, indemnización por despido sin justa causa,
sanciones moratorias y demás derechos reclamados.

32. En cuanto a los hechos relativos a la celebración de los contratos, reconoció en
términos generales su existencia y duración, aunque precisó que el contrato referido por
la demandante como núm. 173 de 2017 correspondía, según la contestación, al núm.
176. También aceptó la mayoría de los pagos relacionados en la demanda, salvo uno
por $2.000.000 que, de acuerdo con la revisión realizada con el área financiera, no
aparecía registrado.

33. Finalmente, propuso como excepciones «inexistencia de la obligación», «inepta
demanda por indebido agotamiento de la vía gubernativa» y «prescripción».

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

2.3. Sentencia de primera instancia

34. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 31 de marzo
de 20223, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas, en los siguientes términos:

35. A partir del material probatorio, la sentencia de primera instancia tuvo por
acreditado que la demandante estuvo vinculada mediante múltiples contratos de
prestación de servicios entre el 3 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, con
interrupciones inferiores a 30 días hábiles. Señaló que el objeto contractual consistió
principalmente en la prestación de servicios como médica general de consulta externa y,
posteriormente, en actividades de apoyo a los procesos y subprocesos del área
asistencial como médica general.

36. Respecto de la tacha de los testimonios de Juan de Jesús González Rubiano y
Olga Janneth Molano Gavilán, concluyó que no debían ser desestimados de plano. Indicó
que la circunstancia de que el primero continuara vinculado al Hospital y que la segunda
hubiera conocido previamente el cuadro de turnos, no bastaban para restarles
credibilidad, por lo que sus declaraciones debían valorarse conjuntamente con los demás
medios de prueba y conforme a las reglas de la sana crítica.

37. En cuanto a la prestación personal del servicio, consideró probado que Sonia
Elena Rincón Riveros debía ejecutar directamente las actividades contratadas como
médica general de consulta externa dentro de las instalaciones del Hospital y de manera
continua, en los horarios previamente acordados con la Subgerencia Científica.

38. Sobre la remuneración, encontró acreditado que la demandante recibió honorarios
como contraprestación por los servicios prestados, de acuerdo con lo pactado en los
distintos contratos.

39. Frente a la subordinación, el tribunal consideró demostrado que, aunque los
horarios eran concertados, una vez fijados debían ser cumplidos obligatoriamente.
Destacó que la demandante prestaba sus servicios de lunes a viernes desde las 7:00 a.
m. hasta la 1:00 p. m. o, según la necesidad del servicio, hasta las 5:00 p. m.; que la
Subgerente Científica elaboraba los cuadros de turnos, asignaba las citas de los
pacientes y verificaba el cumplimiento de las actividades; y que la demandante debía
permanecer durante el turno en el lugar de trabajo.

40. Asimismo, tuvo en cuenta que en la planta de personal existía otro médico, de
apellido Bernal, que desarrollaba funciones similares, aunque con una carga horaria
distinta. También señaló que los propios contratos justificaban la contratación externa en
la insuficiencia de personal de planta para atender las necesidades asistenciales del
Hospital.

41. Con fundamento en lo anterior, concluyó que las actividades desempeñadas por
la demandante eran inherentes al objeto misional del Hospital, tenían vocación de
permanencia y fueron desarrolladas durante más de 2 años, por lo cual no podían
considerarse ocasionales o temporales. En consecuencia, estimó acreditados la
prestación personal, la remuneración y la subordinación, y declaró la existencia de una
relación laboral.

42. En cuanto a la prescripción, estableció que los contratos celebrados entre el 3 de
agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 presentaron interrupciones inferiores a 30

3 Visible a índice 35 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo pdf
«13_SENTENCIA(.pdf) NroActua 35».

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
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días hábiles, por lo que no existió solución de continuidad. Como la reclamación
administrativa fue presentada el 31 de julio de 2019, concluyó que se formuló dentro de
los 3 años siguientes a la terminación de la última vinculación y, por tanto, no había lugar
a declarar prescritas las acreencias reconocidas.

43. Respecto de las consecuencias patrimoniales de la declaratoria de la relación
laboral, la Sala consideró que el reconocimiento debía efectuarse a título de
indemnización y no como restablecimiento del derecho. Fundamentó esa postura en que
la declaración judicial de la relación laboral encubierta no confiere a la contratista la
calidad de empleada pública, pues para adquirirla se requieren el nombramiento y la
posesión. El magistrado ponente dejó constancia de su desacuerdo, al considerar que
debía aplicarse la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, conforme con la
cual las prestaciones sociales se reconocen como restablecimiento consecuencial a la
nulidad del acto administrativo, sin que ello implique otorgar el estatus de empleado
público. En todo caso, ordenó pagar, a título indemnizatorio, el equivalente a las
prestaciones sociales y demás emolumentos correspondientes a un médico general de
planta con funciones iguales o similares, con fundamento en los honorarios pactados.

44. En materia pensional, ordenó al Hospital girar al fondo correspondiente la
diferencia entre lo efectivamente cotizado y lo que debió aportar como empleador durante
los periodos reconocidos, con el fin de recomponer el ingreso base de liquidación. Para
ello, dispuso que la demandante debía acreditar las cotizaciones efectuadas y asumir,
en caso de ser necesario, la parte que le correspondía como trabajadora.

45. Por el contrario, negó el reconocimiento de aportes en salud, al acoger la postura
de la Sala según la cual ese concepto no tenía incidencia hacia futuro. También negó la
dotación porque los honorarios percibidos superaban 2 salarios mínimos legales
mensuales vigentes; la devolución de las retenciones en la fuente, porque estas se
originaron válidamente en los contratos celebrados; y la indemnización por despido sin
justa causa y las sanciones moratorias, al considerar que el derecho a las prestaciones
surgía con la sentencia.

46. En conclusión, resolvió lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio del 20 de agosto de 2019 proferido por el
Gerente del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio Cundinamarca E.S.E., por
cuanto negó a la demandante Sonia Elena Rincón Riveros el reconocimiento de una
relación laboral.

SEGUNDO: DECLARAR que, en efecto, existió un vínculo laboral entre el Hospital
Nuestra Señora del Carmen de Tabio Cundinamarca E.S.E. y la señora Sonia Elena
Rincón Riveros, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.686.344, por el periodo
comprendido del 3 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2018, excluyendo las
interrupciones, conforme a lo aquí expuesto.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de
indemnización, CONDENAR al Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
Cundinamarca E.S.E. a reconocer y pagar a favor de la señora Sonia Elena Rincón
Riveros, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.686.344, el equivalente a todas las
prestaciones sociales y demás emolumentos legales a las que tiene derecho un médico
general de la planta de la entidad con equivalentes o similares funciones a las de
la demandante, tomando como base para la liquidación los honorarios pactados en
los contratos, por los periodos del 3 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2017,
excluyendo los días de interrupción menores a 30 días hábiles.

De igual manera, el Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio Cundinamarca E.S.E.
deberá girar al respectivo Fondo de Pensiones, al que se encontraba afiliada la
demandante, lo correspondiente, luego de hacer la liquidación de lo efectivamente

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
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– Cundinamarca E.S.E

cotizado y lo que debió cotizar como empleador, a fin de recomponer el IBL en los
periodos que estuvo vinculado, es decir, del 3 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de
2017, tiempos que se deben computar para efectos pensionales y deberán excluirse los
días de interrupción menores a 30 días hábiles.

Para ello la parte demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no
las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, según lo antes expuesto.

QUINTO: CONDENAR a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas
que resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor, de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará lo
señalado en la parte motiva de este fallo.

SEXTO: DÉSE cumplimiento a esta sentencia en los términos establecidos en los
artículos 192 y 195 del CPACA.

SÉPTIMO: Sin condena en costas, por lo antes expuesto.[…]».

2.4. Recurso de apelación

47. El Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio E.S.E interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda4.

48. En primer lugar, alegó que el tribunal incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración del material probatorio. Sostuvo que, aunque en la sentencia se mencionaron
los alegatos presentados por la entidad, sus argumentos no fueron realmente
considerados al momento de adoptar la decisión. Afirmó que en el expediente no existía
prueba suficiente para demostrar el elemento de subordinación y que, por el contrario,
del interrogatorio de la demandante y de los testimonios se desprendía que los turnos
eran concertados y no impuestos unilateralmente por el Hospital.

49. Señaló que la existencia de cuadros de turnos, instrucciones o mecanismos de
coordinación no era suficiente para configurar subordinación, pues tales condiciones
podían ser compatibles con un contrato de prestación de servicios. En ese sentido,
sostuvo que la prestación del servicio médico exigía necesariamente coordinación en
aspectos de tiempo, disponibilidad, atención de pacientes y organización institucional,
sin que ello implicara el ejercicio del poder subordinante propio de una relación laboral.

50. Asimismo, indicó que la demandante conservaba autonomía para escoger los
turnos que le convenían y que los cuadros eran elaborados de común acuerdo entre las
partes. Agregó que no se acreditó la existencia de órdenes escritas, correos electrónicos,
reglamentos, comunicaciones o cualquier otro documento que permitiera demostrar que
el Hospital impartía instrucciones propias de una relación de dependencia.

51. En relación con la programación de los turnos, precisó que las observaciones
consignadas en los cuadros respecto de disponibilidad y tiempos de respuesta estaban
dirigidas exclusivamente a los médicos de servicio social obligatorio y no a la
demandante, quien prestaba sus servicios en consulta externa. A su juicio, el tribunal
otorgó a ese documento un alcance que no correspondía con su contenido.

4 Visible a índice 40 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo pdf
«16_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 40».

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

52. Adicionalmente, sostuvo que no se demostró que la demandante estuviera
obligada a prestar personalmente el servicio en todos los casos ni que tuviera prohibido
designar a otro profesional para reemplazarla. Consideró que la ausencia de prueba
sobre una restricción de esa naturaleza impedía tener por acreditado el carácter intuitu
personae5 propio de una relación laboral.

53. Por otra parte, cuestionó la conclusión del tribunal acerca de la continuidad de la
prestación del servicio. Señaló que las cuentas de cobro y certificaciones de honorarios
evidenciaban interrupciones, variaciones en el número de días laborados y diferencias
en los montos pagados mensualmente, lo que, a su juicio, demostraba que los servicios
se prestaban de acuerdo con la disponibilidad de la contratista y no bajo una jornada fija
o permanente.

54. También manifestó su inconformidad con la valoración del testimonio de Juan de
Jesús González Rubiano. Sostuvo que el tribunal no corroboró suficientemente sus
afirmaciones y que no tuvo en cuenta que el testigo desempeñaba un cargo distinto
dentro de la entidad, por lo que sus condiciones de tiempo, modo y lugar no podían
considerarse similares a las de la demandante. Añadió que el testigo afirmó que existían
turnos impuestos, pese a que la propia demandante manifestó en el interrogatorio que
eran concertados.

55. En ese mismo sentido, alegó que las actividades desarrolladas por Sonia Elena
Rincón Riveros, aunque fueran propias del objeto misional del Hospital, no demostraban
por sí solas la existencia de subordinación. Afirmó que la entidad debía ejercer controles
mínimos sobre la calidad y oportunidad del servicio médico, así como supervisar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin que esas actuaciones transformaran
automáticamente el vínculo contractual en uno laboral.

56. Finalmente, sostuvo que el tribunal erró al concluir que se configuraron los
elementos esenciales de una relación laboral. Reiteró que no se demostró subordinación,
que los honorarios variaban de acuerdo con los días y horas efectivamente trabajados y
que ni el Hospital ni la supervisora impusieron obligaciones diferentes de las pactadas
contractualmente. Por ello, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda, declarar probadas las excepciones
propuestas y condenar en costas a la parte actora.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

57. Como no hubo pruebas que decretar, no se corrió traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión.

2.6. Concepto del Ministerio Público

58. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

III. Consideraciones

3.1. Competencia

59. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

5
Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es/lema/intuitu-personae) significa «En
consideración a las cualidades de la persona».

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

60. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico:

61. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acertó al declarar la existencia de
una relación laboral encubierta entre la demandante y el Hospital Nuestra Señora del
Carmen de Tabio durante los periodos en que estuvo vinculada mediante contratos de
prestación de servicios, al considerar acreditado, en particular, el elemento de
subordinación; o, como lo sostiene la entidad apelante, las pruebas demuestran que la
demandante ejecutó sus actividades con autonomía e independencia, bajo una relación
de coordinación propia de la contratación estatal?

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

62. La jurisprudencia unificada de esta corporación6 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no constituyen una
fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones
sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han reconocido que
dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos esenciales de un vínculo laboral.

63. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre las
formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato de
prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos laborales
derivados de dicha relación.

64. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público a
quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

65. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral,
los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o
dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia
del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los
principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los
derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado»7.

66. Ahora bien, dicha sentencia de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en conjunto
bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado

05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
7 Ibídem.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal
del contrato de prestación de servicios.

67. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad, con
la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa en las
órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de personal.

68. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario»8.

69. De igual modo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una relación
laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño de carreras
profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son requeridas
frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»9.

70. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

«Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe
su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

(ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos,
la entidad deberá justificar, en los estudios previos, por qué las actividades «no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».

(iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es
una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a
las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados.

En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún ánimo
o vocación de permanencia».

71. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la sentencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de prestación

8 Ibídem.
9 Ibídem.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las funciones
permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades
temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden
suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades,
pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal
suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.

72. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al
que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios
previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene
que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la
Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de
permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización
de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad,
el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales
circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social
en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los valores que
el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de
naturaleza parafiscal».

73. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia, de
cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que en
cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».

74. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

«(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala consideró que
si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30 días hábiles, no se
rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite mantener la unidad del
vínculo laboral para efectos legales.

(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral encubierta: La
jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en casos de
relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que más protege
los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para cumplir el fin
de la jurisdicción contenciosa–administrativa.

(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la práctica,
30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar si lo que se
pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior, puesto que en
muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral encubierta o

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
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subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones, superiores, incluso, a
un mes».

3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación

75. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia, siempre
que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación en la
subordinación propia del contrato de trabajo»10.

76. Asimismo, esta corporación consideró, en la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202111, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las condiciones
necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser el
cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados»12.

77. En cuanto a la subordinación, la sentencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario. La
presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral encubierta,
sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan los empleados
de planta.

78. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes de la sentencia de unificación:

«a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.

b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio

10 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-33-

000-2013-01143-01 (1317-2016).
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, proceso

con radicado IJ-0039.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
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del poder de disciplina o del ius variandi,13 la dirección y control efectivo de las
actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas
los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos
de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el
cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o
equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados
de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan
todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo
23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia,
en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe,
ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria
observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la
permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la subordinación

79. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia ha
expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de prestación
de servicios.

80. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que las pruebas se practiquen
o se aporten»14, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta norma
se lee en consonancia con el artículo 164 idem que regula el principio de necesidad de
la prueba, al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso».

81. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la sentencia de 2021 identificó los indicios construidos jurisprudencialmente
que llevan a su demostración.

82. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”» 15, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe

13 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y 55.
14 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, 2017, pág. 45.
15 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, 2017, págs. 415 a 416.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
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estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir del mismo
pueda el juez arribar al hecho desconocido»16.

83. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su
relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la obligación
de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica (art. 176
CGP).

84. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro hecho
desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las inferencias
sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

85. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica de
la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al empleador.
En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir la carga de
la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes de fallar, por
la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, […] o
por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre
otras circunstancias similares».

86. La Sala considera pertinente precisar que los anteriores criterios jurisprudenciales
armonizan con la Recomendación núm. 198 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT)17, sobre la relación de trabajo, la cual, si bien no constituye un instrumento
internacional vinculante, sí representa un importante parámetro interpretativo en materia
de protección del trabajo y de identificación de las relaciones laborales encubiertas. En
particular, dicha recomendación exhorta a los Estados y a sus autoridades judiciales a
privilegiar la realidad de la prestación del servicio sobre las formas jurídicas adoptadas
por las partes y a acudir a los hechos que rodean la ejecución de la actividad para
determinar la verdadera naturaleza del vínculo, cuando exista incertidumbre sobre su
calificación.

87. En ese sentido, la Recomendación destaca que la existencia de una relación de
trabajo debe establecerse a partir de los hechos relativos a la ejecución efectiva de la
labor y a la remuneración del trabajador, con independencia de la denominación otorgada
por las partes al vínculo jurídico. Asimismo, propone valorar de manera conjunta los
distintos indicios que puedan revelar el ejercicio del poder de dirección, la integración del
prestador dentro de la organización del beneficiario del servicio y las demás
circunstancias relevantes del caso concreto, sin conferir carácter decisivo a un único
elemento aislado18.

88. Los indicios mencionados por la OIT son los siguientes:

«(a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra
persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la
empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe
ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el
lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración
y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el
suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que

16 Ibídem.
17 Adoptada en la 95a Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2006).
18 En la sentencia T-171 de 2024, la Corte Constitucional resaltó que en dicha recomendación, la OIT resaltó algunos

eventos que conllevan a configurar indicios de subordinación e indicó que, si de estos se configura uno o más, se
puede presumir la existencia legal de una relación laboral.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
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requiere el trabajo, y (b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al
trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos
del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda,
transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las
vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de
emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos
financieros para el trabajador».

89. En ese contexto, la Recomendación 198 de 2006 de la OIT constituye un referente
jurídico relevante para el análisis de las relaciones laborales encubiertas, particularmente
a partir de la valoración indiciaria de las condiciones en que materialmente se ejecuta el
servicio. En consonancia con ese instrumento, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia ha desarrollado la denominada técnica del «haz de indicios»,
conforme a la cual la subordinación puede establecerse mediante la valoración conjunta
y ponderada de diversos datos fácticos que revelen el ejercicio de facultades de
organización, dirección y control, tales como la supervisión, la disponibilidad, el
cumplimiento de horarios, la continuidad del servicio, el lugar de trabajo, el suministro de
herramientas y la integración del trabajador en la estructura organizacional, entre otros;
metodología cuya relevancia para identificar relaciones laborales encubiertas fue
destacada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-132 de 2025.

90. Tales orientaciones resultan plenamente compatibles con la jurisprudencia de
unificación de esta corporación, según la cual la determinación de la existencia de una
relación laboral encubierta exige un examen integral del material probatorio, bajo las
reglas de la sana crítica, orientado a establecer si, pese a la apariencia formal de un
contrato de prestación de servicios, en la realidad concurrieron los elementos previstos
en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, particularmente la subordinación
continuada.

91. En esa perspectiva, la Recomendación 198 de 2006 de la OIT ofrece un criterio
interpretativo que contribuye a hacer efectivo, en cada caso concreto, el principio
constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53
de la Constitución Política. En efecto, dicho instrumento parte de reconocer que existe
una relación de trabajo encubierta cuando se atribuye al trabajador una condición jurídica
distinta de la que corresponde a la realidad en que presta sus servicios, de manera que
el ropaje contractual empleado oculta la verdadera naturaleza del vínculo y puede
privarlo de la protección laboral a la que tendría derecho. De ahí que la labor del juez no
pueda agotarse en la denominación o forma jurídica escogida por las partes, sino que
deba dirigirse a establecer, a partir de las circunstancias materiales acreditadas, si bajo
esa apariencia contractual subyace una auténtica relación de trabajo.

92. En consecuencia, la Sala tendrá en cuenta dichos criterios interpretativos como
referente complementario para valorar las pruebas obrantes en el expediente y resolver
la controversia planteada.

3.4. Hechos probados

93. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:

94. Sonia Elena Rincón Riveros estuvo vinculada al Hospital Nuestra Señora del
Carmen de Tabio mediante contratos de prestación de servicios celebrados entre el 3 de
agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, para desarrollar actividades como médica

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
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general de consulta externa y, posteriormente, prestar servicios de apoyo a la gestión en
los procesos y subprocesos del área asistencial como médica general19.

95. Las certificaciones expedidas por el Hospital el 11 de enero de 2018, respecto de
la vigencia 2015, y el 2 de enero de 2018, respecto de las vigencias 2016 y 2017, así
como los contratos, adiciones y prórrogas aportados al expediente, dan cuenta de la
siguiente vinculación:

Contrato Objeto Fecha inicial Fecha final Interrupción en
días hábiles
101 de Prestación de servicios médico 3 de agosto 30 de —
2015 general consulta externa de 2015 septiembre de
2015
135 de Prestación de servicios médico 21 de octubre 31 de octubre 13
2015 general consulta externa de 2015 de 2015
152 de Prestación de servicios médico 1 de 31 de 0
2015 general consulta externa noviembre de diciembre de
2015 2015
06 de Prestación de servicios en los 5 de enero de 30 de abril de 1
2016 procesos y subprocesos del área 2016 2016
asistencial a saber: médico general
consulta externa
104 de Prestación de servicios en los 2 de mayo de 10 de 0
2016 procesos y subprocesos del área 2016 septiembre de
asistencial a saber: médico general 2016
consulta externa
203 de Prestación de servicios en los 11 de 31 de 0
2016 procesos y subprocesos del área septiembre de diciembre de
asistencial a saber: médico general 2016 2016
consulta externa
23 de Prestación de servicios de apoyo a 2 de enero de 1 de julio de 0
2017 la gestión en los procesos y 2017 2017
subprocesos del área asistencial
como médico general
176 de Prestación de servicios de apoyo a 2 de julio de 1 de octubre 0
2017 la gestión en los procesos y 2017 de 2017
subprocesos del área asistencial
como médico general
262 de Prestar servicios de apoyo a la 23 de octubre 14 de 14
2017 gestión de procesos y subprocesos de 2017 diciembre de
del área asistencial como médico 2017
general
316 de Prestación de servicios de apoyo a 15 de 31 de 0
2017 la gestión en los procesos y diciembre de diciembre de
subprocesos del área asistencial 2017 2017
como médico general

96. En la demanda se identificó como «173 de 2017» el contrato iniciado el 2 de julio
de 2017. Sin embargo, la certificación expedida por el Hospital identifica ese negocio
jurídico como contrato 176 de 2017.

97. En la certificación correspondiente a 2015 consta que el contrato 101 de 2015 tuvo
como objeto la «prestación de servicios médico general consulta externa», inició el 3 de
agosto de 2015 y terminó el 30 de septiembre del mismo año. El contrato 135 de 2015
tuvo el mismo objeto, se ejecutó entre el 21 y el 31 de octubre de 2015; y el contrato 152
de 2015 se desarrolló entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de ese año.

98. En los contratos celebrados posteriormente se indicó que el Hospital requería
servicios profesionales en medicina general para atender los procesos y subprocesos

19 Visible a índice 50 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo pdf
«58ED_202000049(.pdf) NroActua 50».

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

del área asistencial, debido a que en la planta de personal «no existe el recurso humano
suficiente y capacitado para cubrir esta necesidad».

99. Los contratos establecieron, entre otras obligaciones, realizar interconsultas y
remitir a los pacientes a las diferentes especialidades; determinar medicamentos,
procedimientos y tratamientos; impartir instrucciones al personal de apoyo; realizar
revista médica; verificar el cumplimiento de las instrucciones dadas al personal de apoyo;
cumplir las normas relacionadas con el diligenciamiento de la historia clínica; prestar el
servicio con oportunidad y calidad; cumplir las normas propias de la profesión; responder
por los elementos entregados por el Hospital; atender turnos de fines de semana según
el cuadro correspondiente y presentar mensualmente al supervisor un informe sobre el
cumplimiento de las actividades20.

100. En los contratos también se consignó que la contratista debía ejecutar las
actividades con autonomía técnica y administrativa y que la vinculación no generaba
relación laboral con el Hospital.

101. En el expediente obra un cuadro de turnos correspondiente al periodo
comprendido entre agosto de 2015 y diciembre de 2017. En el documento se consignó,
entre otras observaciones, que «cualquier cambio de turno debe ser notificado a la
Subgerencia Científica». Asimismo, se incluyó una anotación relacionada con la
disponibilidad de los médicos de servicio social obligatorio21.

102. La demandante aportó extractos bancarios de su cuenta de ahorros
correspondientes al periodo comprendido entre julio de 2015 y diciembre de 2017 22.

103. En los anexos de la demanda también obran planillas de pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social correspondientes al periodo comprendido entre agosto de
2015 y diciembre de 201723.

104. El 31 de julio de 2019, Sonia Elena Rincón Riveros presentó ante el Hospital
Nuestra Señora del Carmen de Tabio una petición mediante la cual solicitó el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de los derechos y prestaciones sociales
derivados de los contratos de prestación de servicios celebrados con la entidad24.

105. Mediante Oficio del 20 de agosto de 2019, el gerente del Hospital Nuestra Señora
del Carmen de Tabio negó la anterior solicitud25.

106. En audiencia de pruebas celebrada el 26 de noviembre de 2021, se recibieron los
testimonios de Juan de Jesús González Rubiano y Olga Janneth Molano Gavilán, así
como el interrogatorio de parte de Sonia Elena Rincón Rivero, las cuales se detallan a
continuación26:

• Interrogatorio de parte Sonia Elena Rincón Riveros

20 Visible a índice 50 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo pdf
«58ED_202000049(.pdf) NroActua 50».
21 Visible a índice 49 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo car

«30ED_013CuadrodeTurnosSon(.rar) NroActua 49».
22 Visible a índice 50 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo pdf

«58ED_202000049(.pdf) NroActua 50».
23 Visible a índice 50 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo pdf

«58ED_202000049(.pdf) NroActua 50».
24 Visible a índice 50 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo pdf

«58ED_202000049(.pdf) NroActua 50».
25 Visible a índice 50 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo pdf

«58ED_202000049(.pdf) NroActua 50».
26 Visible a índice 49 de Samai Tribunales, expediente 25000-23-42-000-2020-00049-00, archivo mp4

«57ED_02425000234200020200(.mp4) NroActua 49».

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

107. Manifestó que prestó sus servicios al Hospital Nuestra Señora del Carmen de
Tabio desde el 3 de agosto de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 y que suscribió
conscientemente los contratos de prestación de servicios celebrados con la entidad.

108. Indicó que, al inicio de su vinculación, prestaba el servicio desde las 7:00 a. m.
hasta la 1:00 p. m., atendiendo aproximadamente un paciente cada 20 minutos, y que
posteriormente la extensión de la jornada aumentó de acuerdo con las necesidades del
servicio.

109. Señaló que los horarios o tiempos de prestación eran acordados, pero que, una
vez realizada la programación mensual, debía cumplirla. Agregó que, hacia el final de su
vinculación, algunos días llegó a prestar sus servicios durante aproximadamente 10
horas.

110. Manifestó que, por su condición de profesional de la salud, conocía las actividades
que debía ejecutar y que no recibía instrucciones permanentes sobre la forma de
desarrollar su profesión. No obstante, indicó que debía presentarse a las 7:00 a. m.
cuando tenía pacientes citados para consulta.

• Testimonio de Juan de Jesús González Rubiano

111. Manifestó que conoció a Sonia Elena Rincón Riveros en el Hospital Nuestra
Señora del Carmen de Tabio, entidad en la que se encontraba vinculado de planta como
auxiliar de enfermería desde hacía más de 35 años. Indicó que la demandante prestó
sus servicios aproximadamente durante 2 años y medio, entre 2015 y 2017, mediante
contratos de prestación de servicios, como médica general en el área de consulta
externa.

112. Señaló que la demandante atendía consulta externa de lunes a viernes, desde las
7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. o 5:00 p. m., según los cuadros de rotación elaborados
por la Subgerencia Científica. Explicó que dichos cuadros eran fijados en una cartelera
y que la Subgerente Científica, Olga Janneth Molano Gavilán, era quien asignaba la
rotación y las actividades que debían desarrollarse.

113. Afirmó que la demandante tenía asignado un consultorio en el servicio de consulta
externa, dotado con escritorio, silla, báscula y demás elementos necesarios para la
atención de pacientes. Indicó que atendía, entre otros, pacientes con enfermedades
crónicas, como diabetes e hipertensión, así como usuarios de las EPS que tenían
contrato con el Hospital. Agregó que las citas eran asignadas previamente y que los
pacientes eran atendidos aproximadamente cada 20 minutos.

114. Expuso que en la planta de personal existía otro médico, de apellido Bernal, quien
cumplía un horario diferente. También manifestó que veía a la demandante durante la
jornada laboral, en la entrada, en su lugar de trabajo, durante la hora de almuerzo y en
actividades institucionales, y que recibía mensualmente una suma de dinero por los
servicios prestados.

• Testimonio de Olga Janneth Molano Gavilán

115. Manifestó que trabajó en el Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio entre
2012 y 2016 y, posteriormente, entre 2018 y 2020, y que durante parte de ese periodo
se desempeñó como Subgerente Científica. Señaló que conoció y trabajó con Sonia
Elena Rincón Riveros, quien estuvo vinculada mediante contratos de prestación de
servicios para prestar horas médicas en consulta externa.

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Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
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116. Indicó que la demandante suscribió varios contratos cuya duración dependía de
la disponibilidad presupuestal y que, entre la terminación de uno y el inicio del siguiente,
la nueva vinculación se producía casi de manera inmediata.

117. Afirmó que la demandante no tenía un horario laboral, sino que se fijaban turnos
de acuerdo con las necesidades del servicio y con la agenda disponible. Señaló que los
turnos eran acordados con la demandante y que podían corresponder aproximadamente
a 10 o 18 horas semanales.

118. Explicó que en la planta existía un médico y que la diferencia entre este y los
contratistas radicaba en que el primero debía cumplir la jornada legalmente establecida,
mientras que los médicos vinculados mediante contratos de prestación de servicios
atendían los turnos u horas requeridos según la necesidad del servicio.

119. Manifestó que no impartía órdenes a la demandante diferentes de aquellas
relacionadas con el objeto contractual y que tampoco se le exigía exclusividad con el
Hospital. Agregó que la entidad acudía a la contratación por prestación de servicios
debido a restricciones presupuestales para vincular más personal de planta.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

120. La Sala debe establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acertó al
declarar la existencia de una relación laboral encubierta entre Sonia Elena Rincón
Riveros y el Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio, o si, como lo sostiene la
entidad apelante, la prestación de los servicios se ejecutó con autonomía e
independencia y las condiciones advertidas por el tribunal correspondieron únicamente
a mecanismos de coordinación propios de los contratos de prestación de servicios.

121. Para resolver este planteamiento debe tenerse en cuenta que el numeral 3 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone que «Son contratos de prestación de servicios
los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de
planta o requieran conocimientos especializados» y agrega que «En ningún caso estos
contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».

122. Esa disposición debe armonizarse con el principio previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política de «primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales». Por ello, la denominación asignada al vínculo y las
cláusulas mediante las cuales se estipule autonomía o ausencia de relación laboral no
son suficientes para definir su verdadera naturaleza, pues corresponde verificar las
condiciones materiales en las que fue ejecutado el servicio.

123. En el presente asunto, la prestación personal y la remuneración se encuentran
acreditadas. Los contratos y las certificaciones expedidas por el Hospital dan cuenta de
que Sonia Elena Rincón Riveros fue contratada para prestar servicios como médica
general de consulta externa y, posteriormente, para apoyar los procesos y subprocesos
del área asistencial como médica general. Asimismo, los contratos y las certificaciones
registran los valores pactados como contraprestación de esos servicios.

124. Aunque la entidad apelante cuestionó que estuviera demostrada la obligación de
ejecución personal y sostuvo que no existe prueba de que la demandante estuviera
impedida para designar otro profesional que la reemplazara, este argumento no desvirtúa
lo acreditado en el expediente. Los contratos fueron celebrados directamente con Sonia
Elena Rincón Riveros para desarrollar actividades correspondientes a su profesión de

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Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
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médica; Juan de Jesús González Rubiano declaró que la veía atender personalmente a
los pacientes en consulta externa, y la propia demandante explicó en su interrogatorio la
forma en que desarrollaba las consultas y cumplía la programación asignada. No obra
prueba de que durante los periodos discutidos los servicios hubieran sido ejecutados por
otra persona en su lugar.

125. En todo caso, el aspecto central de la controversia en segunda instancia es la
subordinación. La entidad sostiene que el tribunal confundió las condiciones necesarias
para coordinar la prestación del servicio médico con el ejercicio de un poder
subordinante, especialmente porque los turnos eran concertados y no impuestos.

126. La Sala comparte con la apelante que el solo establecimiento de turnos, la
presentación de informes o la existencia de instrucciones relacionadas con el objeto
contractual no permiten, considerados aisladamente, declarar una relación laboral. La
coordinación entre contratante y contratista puede exigir la definición de condiciones de
tiempo y lugar para garantizar la adecuada prestación del servicio. Precisamente, la
jurisprudencia aplicada por el propio tribunal señaló que el cumplimiento de un horario,
la recepción de instrucciones o la rendición de informes no constituyen necesariamente
subordinación.

127. Sin embargo, la valoración del caso no puede limitarse a determinar si la
programación mensual fue inicialmente acordada con la demandante. Debe establecerse
cuál era el margen real de autonomía que conservaba una vez incorporada a la
organización ordinaria del servicio de consulta externa del Hospital.

128. Sobre este punto, Sonia Elena Rincón Riveros manifestó en su interrogatorio que
inicialmente prestaba el servicio de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., atendiendo un paciente cada
20 minutos, y que posteriormente el tiempo de prestación aumentó debido a las
necesidades del servicio. También reconoció que los horarios eran acordados, pero
precisó que, una vez realizada la programación mensual, debía cumplirla y que, hacia el
final de su vinculación, algunos días llegó a prestar el servicio durante aproximadamente
10 horas.

129. Esta declaración resulta relevante porque permite diferenciar la concertación
previa del turno de la libertad para ejecutar el objeto contractual. Que el profesional
pudiera intervenir en la definición inicial de su disponibilidad no significa, por sí solo, que
conservara plena autonomía durante la ejecución del servicio. Según el interrogatorio,
una vez efectuada la programación mensual debía acudir en los horarios establecidos
para atender a los pacientes previamente citados.

130. Lo anterior coincide, en sus aspectos esenciales, con la declaración de Juan de
Jesús González Rubiano, quien indicó que la demandante prestaba los servicios de
consulta externa de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. y que la jornada podía
extenderse hasta las 3:00 p.m. o 5:00 p.m.; que existían cuadros de rotación elaborados
por la Subgerencia Científica y que Sonia Elena Rincón Riveros tenía asignado un
consultorio en el cual atendía los pacientes programados por la institución.

131. La declaración de Olga Janneth Molano Gavilán no conduce a una conclusión
distinta. Si bien afirmó que no impartía órdenes a la demandante y que los turnos eran
acordados de acuerdo con las necesidades del servicio y la agenda disponible, también
explicó que se desempeñó como Subgerente Científica, que participaba en la
organización de esos turnos y que los médicos contratistas prestaban las horas que
fueran requeridas conforme a las necesidades del Hospital. Además, reconoció que en
la planta existía un médico y que la diferencia frente a los contratistas radicaba,
esencialmente, en la carga horaria: el primero cumplía la jornada legal y aquellos
atendían las horas requeridas según la necesidad del servicio.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
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132. De esta manera, las declaraciones coinciden en que los turnos no eran impuestos
unilateralmente desde el comienzo, sino concertados con la demandante de acuerdo con
su disponibilidad y las necesidades del servicio. También permiten establecer que la
actora no cumplía la jornada legal correspondiente al médico de planta, pues su
dedicación podía corresponder aproximadamente a 10 o 18 horas semanales. Estas
circunstancias constituyen elementos relevantes para determinar el margen de
autonomía de la contratista y, por consiguiente, deben ser ponderadas al definir si la
programación correspondía a una medida de coordinación o si, una vez establecida, se
traducía en una condición de dependencia organizacional.

133. Ahora bien, la concertación inicial de los turnos no determina, por sí sola, la
naturaleza autónoma de la relación. La demandante manifestó que, una vez realizada la
programación mensual, debía cumplirla para atender a los pacientes previamente
citados; y Olga Janneth Molano Gavilán explicó que, en su condición de subgerente
científica, participaba en la organización de los turnos de acuerdo con la agenda
disponible y las necesidades del Hospital. En consecuencia, aunque la prueba no
demuestra la imposición unilateral de una jornada laboral idéntica a la del personal de
planta, sí permite establecer que, definida la disponibilidad de la contratista, la prestación
se incorporaba a una programación institucional organizada por la entidad.

134. Por tanto, la subordinación no puede inferirse exclusivamente de la existencia del
cuadro de turnos ni del deber de atender la programación previamente concertada, pues
tales condiciones también pueden ser necesarias para coordinar un servicio de consulta
externa. Su alcance debe determinarse mediante la valoración conjunta de las restantes
circunstancias de ejecución, particularmente la asignación institucional de pacientes, la
fijación de la agenda y del lugar de atención, la integración de la actividad al
funcionamiento ordinario del servicio y el grado de dirección ejercido por la Subgerencia
Científica.

135. Los documentos contractuales corroboran esa integración de la demandante a la
organización asistencial del Hospital. Entre las obligaciones pactadas se encontraban
realizar interconsultas, determinar medicamentos y tratamientos, realizar revista médica,
verificar el cumplimiento de instrucciones impartidas al personal de apoyo, diligenciar las
historias clínicas conforme a las normas aplicables, responder a los turnos de fines de
semana según el cuadro correspondiente y presentar mensualmente al supervisor un
informe sobre el cumplimiento de las actividades.

136. Además, en el contrato 203 de 2016 se identificó como supervisor a la
Subgerencia Científica y se señaló que el objeto consistía en la prestación de servicios
en los procesos y subprocesos del área asistencial como médica general de consulta
externa. En el acta de prórroga de ese contrato se justificó la continuidad de la vinculación
porque la contratista desarrollaba «actividades inherentes a la prestación de servicios en
salud a la comunidad que no se pueden suspender».

137. Esta última circunstancia no demuestra, por sí misma, subordinación, pero sí
resulta relevante para establecer la naturaleza de la necesidad que atendía la
contratación. No se trataba de una actividad aislada, extraordinaria o separada del
funcionamiento ordinario de la entidad, sino de la atención médica de consulta externa
integrada al servicio asistencial del Hospital y requerida para garantizar su continuidad.

138. Asimismo, el cuadro de turnos incorporado al expediente estableció que
«cualquier cambio de turno debe ser notificado a la Subgerencia Científica». La Sala
precisa, frente al argumento de la apelación, que la anotación relativa a la disponibilidad
y al tiempo máximo de respuesta estaba expresamente referida a los médicos de servicio
social obligatorio, por lo que no puede ser utilizada para afirmar que Sonia Elena Rincón

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Riveros estaba sometida a esa obligación específica de disponibilidad. Sin embargo, esta
delimitación no priva al documento de todo valor probatorio respecto de la demandante,
pues el cuadro también da cuenta de la programación institucional de los servicios
médicos y de la intervención de la Subgerencia Científica en los cambios de turno. Su
alcance, en todo caso, debe apreciarse conjuntamente con las declaraciones y los
restantes elementos de prueba, y no como demostración autónoma de la imposición de
una jornada laboral.

139. La Sala tampoco encuentra fundada la censura relacionada con la valoración del
testimonio de Juan de Jesús González Rubiano. La sentencia no podía atribuirle
credibilidad únicamente porque el testigo continuara vinculado al Hospital, pero tampoco
procedía descartarlo por esa circunstancia. Su declaración debe examinarse con
especial rigor y confrontarse con los demás medios de prueba.

140. Realizado ese ejercicio, los aspectos centrales de su dicho encuentran respaldo
en otros elementos del expediente. La existencia de turnos fue reconocida por Olga
Janneth Molano Gavilán y por la propia demandante; que Sonia Elena Rincón Riveros
prestaba los servicios en consulta externa se desprende de los objetos contractuales; y
la existencia de un médico de planta también fue reconocida por Olga Janneth Molano
Gavilán. Por ello, la conclusión sobre las condiciones materiales de prestación del
servicio no depende exclusivamente del testimonio cuestionado por la entidad apelante.

141. En particular, la existencia de otro médico vinculado a la planta que desarrollaba
actividades médicas resulta pertinente como elemento de comparación. Juan de Jesús
González Rubiano se refirió a un médico de apellido Bernal y Olga Janneth Molano
Gavilán confirmó la existencia de un médico de planta, aunque explicó que este cumplía
una carga horaria diferente. La prueba, por tanto, permite establecer la concurrencia de
personal de planta y personal contratado para satisfacer la prestación médica, sin que
pueda afirmarse, más allá de lo declarado, una identidad absoluta entre sus condiciones
de vinculación.

142. Tampoco prospera el argumento según el cual la variación de los honorarios y la
existencia de interrupciones contractuales demostrarían necesariamente autonomía. Las
certificaciones y contratos muestran que la vinculación se produjo mediante varios
negocios jurídicos sucesivos entre el 3 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017,
con algunas interrupciones. La propia sentencia reconoció la relación laboral únicamente
por los periodos efectivamente contratados y dispuso excluir las interrupciones.

143. Que la remuneración variara según las condiciones económicas de cada contrato
tampoco desvirtúa los elementos materiales acreditados durante su ejecución. La forma
de cuantificar la contraprestación es una circunstancia distinta de la manera en que se
desarrolló el servicio y, en este asunto, no elimina la programación institucional de
pacientes, el cumplimiento de los turnos una vez establecidos, la prestación dentro del
servicio de consulta externa ni la supervisión ejercida por la Subgerencia Científica.

144. De igual manera, la Sala no sustenta la existencia de la relación laboral
únicamente en que las funciones médicas fueran inherentes al objeto misional del
Hospital. La naturaleza permanente o misional de la actividad constituye un elemento
indicativo que debe ser apreciado junto con las restantes condiciones de ejecución. En
este caso, ese factor concurre con la prestación personal, la programación institucional
de la atención, el cumplimiento de los turnos, la atención de pacientes asignados por el
Hospital, la utilización de un consultorio para desarrollar consulta externa, la supervisión
a cargo de la Subgerencia Científica y la sucesiva contratación para atender una
necesidad asistencial que la propia entidad calificó como no susceptible de suspensión.

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145. Tampoco resulta decisiva la cláusula contractual según la cual Sonia Elena Rincón
Riveros ejecutaría el objeto con autonomía técnica y administrativa y sin vínculo laboral.
Tal estipulación describe la forma jurídica escogida por las partes, pero no sustituye el
examen de la ejecución material de los contratos. La aplicación del principio de «primacía
de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales» exige atender a las condiciones efectivas de prestación del servicio.

146. En este punto es necesario distinguir la autonomía científica propia de la profesión
médica de la autonomía jurídica característica del contratista independiente. Que la
demandante, por su formación profesional, adoptara diagnósticos, prescribiera
tratamientos y definiera procedimientos sin recibir instrucciones sobre el criterio clínico
aplicable demuestra que conservaba independencia en el desarrollo del acto médico. Sin
embargo, esa circunstancia no excluye, por sí sola, la subordinación jurídica, pues esta
puede manifestarse en aspectos distintos del contenido técnico de la profesión, como la
inserción del médico en la organización institucional del servicio, la asignación de
pacientes, la conformación de la agenda, la determinación del lugar y de los tiempos de
atención y la sujeción funcional a las necesidades asistenciales de la entidad. La
independencia clínica es, por tanto, compatible con una eventual dependencia
organizacional, cuya existencia debe establecerse a partir de la valoración conjunta de
las condiciones materiales en las que se prestó el servicio.

147. En consecuencia, valorados conjuntamente los contratos y sus prórrogas, las
certificaciones, el cuadro de turnos, las declaraciones de Juan de Jesús González
Rubiano y Olga Janneth Molano Gavilán y el interrogatorio de Sonia Elena Rincón
Riveros, la Sala encuentra que la concertación inicial de la disponibilidad horaria y la
autonomía científica de la demandante no agotan el análisis sobre la naturaleza del
vínculo. Una vez incorporada a la programación institucional, la actora atendía en las
instalaciones del Hospital a los pacientes asignados mediante una agenda organizada
conforme con las necesidades del servicio y bajo la intervención de la Subgerencia
Científica. Estas circunstancias, apreciadas junto con la prestación personal, la sucesiva
contratación y la integración de la actividad al funcionamiento ordinario de consulta
externa, permiten concluir que la ejecución excedió la coordinación estrictamente
necesaria del contrato y reveló dependencia organizacional.

148. Ahora bien, la Sala advierte que la denominación del objeto contractual no
permaneció invariable durante toda la vinculación. Los contratos celebrados en 2015
tuvieron por objeto la prestación de servicios como médica general de consulta externa.
En 2016, los contratos 06, 104 y 203 incorporaron la expresión «procesos y subprocesos
del área asistencial», pero mantuvieron expresamente la actividad de médica general de
consulta externa. Posteriormente, los contratos celebrados en 2017 definieron el objeto
como la prestación de servicios de apoyo a la gestión en los procesos y subprocesos del
área asistencial como médica general. Además, en el acta de adición y/o prórroga del
contrato 203, suscrita el 23 de noviembre de 2016, se consignó como objeto la prestación
de servicios de médico general de urgencias y hospitalización.

149. Por tanto, no puede afirmarse que el objeto de los sucesivos contratos hubiera
permanecido literalmente inalterado. No obstante, las distintas denominaciones
conservaron como elemento común la prestación profesional de servicios de medicina
general dentro del componente asistencial del Hospital. A su vez, en el clausulado
contractual examinado se mantuvo un núcleo de obligaciones relacionadas con la
atención médica, entre ellas la realización de interconsultas y remisiones, la
determinación de medicamentos, procedimientos y tratamientos, el diligenciamiento de
historias clínicas, la prestación oportuna y adecuada del servicio, el manejo de los
elementos suministrados por la entidad, la atención de turnos conforme a la
programación y la presentación de informes al supervisor.

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150. Esa evolución contractual no acredita, por sí misma, la existencia de
subordinación ni permite descartarla. Su relevancia radica en que las actividades de la
demandante permanecieron vinculadas a la prestación del servicio asistencial de
medicina general, mientras que la existencia del elemento subordinante debe
establecerse a partir de las condiciones materiales en que tales actividades fueron
ejecutadas. Por ello, la Sala valorará conjuntamente esa circunstancia con la
programación institucional de los pacientes, el cumplimiento de los turnos una vez
definidos, la prestación del servicio en las instalaciones del Hospital y la intervención de
la Subgerencia Científica en la organización y supervisión del servicio.

151. Así las cosas, no prospera el recurso de apelación del Hospital Nuestra Señora
del Carmen de Tabio en cuanto cuestionó la existencia de la relación laboral encubierta,
pues el material probatorio permite tener acreditados la prestación personal del servicio,
la remuneración y, particularmente, la subordinación que desnaturalizó los contratos de
prestación de servicios.

152. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en cuanto declaró la nulidad del Oficio del 20 de agosto de 2019 y
reconoció la existencia de la relación laboral durante los periodos contractuales
comprendidos entre el 3 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, con exclusión
de las interrupciones correspondientes. La referencia al 31 de diciembre de 2018
contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia no corresponde al periodo analizado y reconocido en su parte motiva ni al
consignado en el numeral tercero de esa misma decisión, ambos referidos al 31 de
diciembre de 2017, aspecto que deberá armonizarse en la parte resolutiva de esta
providencia.

3.6. El restablecimiento del derecho en el caso en concreto

153. La Sala considera necesario precisar el título jurídico bajo el cual procede el
reconocimiento de las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta.
Sobre esta materia, la Sección Segunda, en sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016, estableció que el reconocimiento de las prestaciones sociales y del tiempo de
servicios con fines pensionales se efectúa a título de restablecimiento del derecho. Esta
regla fue reafirmada en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, en la
que se explicó que, una vez ejecutoriada la sentencia que declara la nulidad del acto
administrativo, los derechos y situaciones afectados deben volver a su estado inicial y,
por tanto, procede conceder el restablecimiento correspondiente27.

154. Esta línea tiene como antecedente la rectificación jurisprudencial efectuada por la
Sala Plena de la Sección Segunda en sentencia del 19 de febrero de 2009, en la cual se
precisó que los derechos derivados de la relación laboral encubierta no se reconocen a
título de indemnización, sino como las prestaciones generadas con ocasión de la
prestación material del servicio, junto con el cómputo del tiempo laborado para efectos
pensionales y las cotizaciones correspondientes28.

155. La circunstancia de la declaratoria de la relación laboral encubierta no transforma
el reconocimiento prestacional en una indemnización. En efecto, la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016 señaló expresamente que la aplicación del principio
de primacía de la realidad exige restablecer los derechos prestacionales desconocidos
durante la ejecución materialmente laboral del vínculo.

27 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicación 23001-23-33-000-2013-00260-

01 (0088-2015), CE-SUJ2-005-16. // Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021, radicación 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), SUJ-025-CE-S2-2021.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2009, radicación 73001-23-31-000-2000-

03449-01.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

156. Por tanto, la Sala no comparte la posición del tribunal, en la medida en que el
restablecimiento ordenado consiste en reconocer las prestaciones derivadas de la
relación laboral encubierta como consecuencia de la nulidad del acto que las negó.

157. En consecuencia, el pago ordenado en este asunto no tiene por objeto reparar
autónomamente un daño antijurídico ni se encuentra condicionado a la demostración de
una lesión patrimonial distinta del desconocimiento de los derechos laborales. Constituye
el restablecimiento consecuencial a la nulidad del acto mediante el cual el Hospital negó
la existencia de la relación laboral encubierta. Por consiguiente, se modificará la
sentencia de primera instancia en cuanto dispuso que el reconocimiento se efectuara «a
título de indemnización», para precisar que las prestaciones y demás emolumentos se
reconocen a título de restablecimiento del derecho.

158. Como consecuencia de la declaratoria de existencia de la relación laboral, la
accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
legalmente previstas. Para la Subsección, la base de liquidación de dichas prestaciones
debe corresponder al salario asignado al empleo de la planta de personal cuyas
funciones sean iguales o equivalentes a las desempeñadas por la demandante.

159. En efecto, los contratos de prestación de servicios determinan las actividades que
debe desarrollar el contratista. Por consiguiente, cuando en la planta de personal exista
un empleo con funciones iguales o equivalentes a las pactadas contractualmente, deberá
tomarse como parámetro el salario asignado a dicho cargo. La equivalencia a la que se
alude es de carácter funcional, de manera que, aun cuando no exista en la planta un
empleo idéntico, deberá establecerse si alguno de los cargos existentes comprende
funciones similares o equivalentes a las desempeñadas por la contratista.

160. La Subsección precisa que no se acude a los honorarios, en tanto, son fijados a
través de un acuerdo de voluntades en el marco de una relación contractual, que también
dependen de los estudios previos29 de la entidad para celebrar el contrato. Aspectos que,
a juicio de la Sala, son diferentes a los criterios especializados que se tienen en cuenta
para fijar los salarios en el sector público. Ciertamente, en materia salarial existe una
competencia compartida entre el legislador que dicta las leyes marco y el Gobierno
nacional, como lo señala el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política.

161. Nótese que cuando se declara la existencia de la relación laboral, a la luz del
principio de supremacía de la realidad sobre las formas (artículo 53 de la Constitución
Política), justamente se está indicando que el contrato de prestación de servicios
desconoció el orden superior, lo cual conlleva a que se deba preferir el salario del cargo,
en lugar de acudir a los honorarios.

162. De donde se colige que lo pactado por las partes, o lo fijado internamente por la
entidad como pago para los contratistas, no puede, en principio, constituir la base para
determinar el valor de las prestaciones sociales cuando se demuestra la existencia de
una relación laboral con una entidad pública. Ello en modo alguno equivale a que la
declaración de la existencia de la relación laboral otorgue la calidad de empleado público,
sino que propende por acudir a un parámetro de equidad y proporcionalidad, por haberse
utilizado el contrato de prestación de servicios para ocultar una relación laboral.

29 En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 se acudió a los estudios previos que debían justificar la

necesidad temporal para celebrar el contrato de prestación de servicios. Por ello, en la primera regla de unificación se
determinó que «el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio
de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de
forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia». Consejo de Estado, Sección
Segunda, proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

163. Ciertamente, para poder concluir que existió una relación laboral, uno de los
indicios a evaluar consiste en estudiar si las actividades contractuales también son
realizadas por los servidores de planta. Por ello, la sentencia de unificación30 explicó que
«el hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad,
puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente».
Así entonces, este análisis materializa el principio de «a trabajo igual, salario igual» 31.
Por consiguiente, en sana lógica lo razonable es que se acuda al salario del cargo en
planta respecto del cual se hace la comparación.

164. En efecto, esta Sala ya ha venido considerando que como consecuencia de la
declaratoria de la existencia de la relación laboral, en virtud del mencionado principio, la
base para calcular las prestaciones debe corresponder al salario del cargo en la planta
de personal, así32:

«Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual, salario igual», que se deriva
del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los trabajadores
en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del
trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la
admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis distintas.

En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al principio
de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la labor
desempeñada por […] debía ser remunerada conforme con lo devengado por un
empleado de planta que realizara iguales funciones a las suyas.

Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado
sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no
haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o
completar el porcentaje que le correspondía como empleada».

165. Sin embargo, de forma residual, solamente cuando en la planta de personal no
haya un cargo con funciones iguales o equivalentes, la base de liquidación de las
prestaciones sociales será el valor de los honorarios.

166. No obstante, dada la condición de apelante única de la entidad, no hay lugar a
modificar el fallo apelado en este aspecto. Lo anterior debido a que no formuló un reparo
concreto frente a la base utilizada por el tribunal, razón adicional para mantenerla y evitar
una eventual afectación del principio de non reformatio in pejus.

3.7. Conclusión de la decisión

167. En conclusión, la Sala encuentra que no prosperan los argumentos formulados
por el Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio, pues el material probatorio
demuestra que Sonia Elena Rincón Riveros prestó personalmente sus servicios como
médica general de consulta externa, recibió una contraprestación por esa labor y
desarrolló sus actividades en condiciones que excedieron la mera coordinación
contractual y evidenciaron subordinación, particularmente por su incorporación a la

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-33-

000-2013-01143-01 (1317-2016).
31 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 143. 1. «A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de

eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se
refiere el artículo 127».
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-

2019-00715-01 (3574-2022).

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

programación institucional de pacientes, el cumplimiento de turnos previamente
definidos, la prestación del servicio en las instalaciones del Hospital y la inserción de su
actividad en la organización asistencial dirigida por la Subgerencia Científica.

168. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad
del Oficio del 20 de agosto de 2019 y reconoció la existencia de una relación laboral
encubierta durante los periodos comprendidos entre el 3 de agosto de 2015 y el 31 de
diciembre de 2017, con exclusión de las interrupciones. También se mantendrá el
reconocimiento de las prestaciones sociales y demás emolumentos ordenados por el
tribunal, así como la obligación relacionada con los aportes pensionales.

169. Aunque la regla aplicable establece que la liquidación de las prestaciones sociales
debe efectuarse, en principio, con fundamento en el salario asignado al empleo de planta
cuyas funciones sean iguales, similares o equivalentes a las desarrolladas por la
contratista, en este caso no es posible modificar la base fijada por el Tribunal en beneficio
de la demandante, porque el Hospital es el único apelante y Sonia Elena Rincón Riveros
no controvirtió ese aspecto de la sentencia. Por ello, se conservarán los honorarios
pactados como base de liquidación, exclusivamente en observancia de la prohibición de
reforma en perjuicio del apelante único.

170. Finalmente, se precisará que las sumas reconocidas corresponden al
restablecimiento del derecho derivado de la nulidad del acto acusado y se corregirá la
referencia contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia, en cuanto señaló como fecha final el 31 de diciembre de 2018, cuando
el periodo reconocido y probado corresponde hasta el 31 de diciembre de 2017.

3.8. Costas

171. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario33 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

33 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo

valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en
materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación
del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el
escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de
las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el
contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes
exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en
cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso
y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

Falla:

Primero. Modificar los numerales segundo y tercero de la sentencia del 31 de marzo de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección «A», los cuales quedarán así:

SEGUNDO. DECLARAR que existió una relación laboral entre el Hospital Nuestra
Señora del Carmen de Tabio Cundinamarca E.S.E. y Sonia Elena Rincón Riveros,
identificada con cédula de ciudadanía 39.686.344, durante los periodos
comprendidos entre el 3 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, con
exclusión de las interrupciones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO. Como restablecimiento del derecho, CONDENAR al Hospital Nuestra
Señora del Carmen de Tabio Cundinamarca E.S.E. a reconocer y pagar a Sonia
Elena Rincón Riveros el equivalente a las prestaciones sociales y demás
emolumentos legales correspondientes a un médico general de la planta de la
entidad con funciones iguales, similares o equivalentes a las desempeñadas por
la demandante, tomando como base de liquidación los honorarios pactados en los
contratos, por los periodos comprendidos entre el 3 de agosto de 2015 y el 31 de
diciembre de 2017, con exclusión de las interrupciones, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

De igual manera, el Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio Cundinamarca E.S.E.
deberá girar al respectivo Fondo de Pensiones, al que se encontraba afiliada la
demandante, lo correspondiente, luego de hacer la liquidación de lo efectivamente
cotizado y lo que debió cotizar como empleador, a fin de recomponer el IBL en los
periodos que estuvo vinculado, es decir, del 3 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de
2017, tiempos que se deben computar para efectos pensionales y deberán excluirse los
días de interrupción menores a 30 días hábiles.

Para ello la parte demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no
las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00049-01 (5166-2022)
Demandante: Sonia Elena Rincón Riveros
Demandado: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio
– Cundinamarca E.S.E

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En consecuencia,
conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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