RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2021-00074-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00074-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2021-00074-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-011 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1. Instructor del SENA. Subtema 2.
Fundamento normativo y jurisprudencial de la prohibición de acudir al contrato de
prestación de servicios para el desempeño de funciones permanentes.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 27 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso

La señora María Ximena Herrera Mejía celebró múltiples contratos de prestación de
servicios con el SENA como instructora entre los años 2006 y 2018. En la demanda,
solicitó la nulidad de la decisión que negó el reconocimiento de una relación laboral
con la entidad. El Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones al
considerar que no se acreditaron los elementos propios de la relación de trabajo,
particularmente el elemento de la subordinación. La parte accionante interpuso recurso
de apelación porque considera que el fallo de primera instancia realizó una indebida
valoración de las pruebas aportadas al proceso.

La Subsección revocará la sentencia de primera instancia, en la medida en que se
acreditó la existencia de una relación laboral encubierta del 19 de enero de 2006 al 28
de febrero de 2018, entre el SENA y la demandante. En consecuencia, ordenará el
pago de las prestaciones sociales que no se vieron afectadas por el fenómeno de la
prescripción, y que se realice a la administradora de pensiones el pago de aportes a
pensión por toda la relación laboral, exceptuando las interrupciones y el periodo entre
el 7 y 17 de marzo de 2006.

1
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip)

1

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 10 de febrero de 2021, corregido el 6 de junio de 20222,
la señora María Ximena Herrera Mejía, por conducto de apoderado, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante, SENA), según las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan3.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones
número 19-0426, 19-545 y 19-0671 del 2019 y 19-2-2021-000109 de 2021, por medio
de las cuales consideró que el SENA negó el reconocimiento de las prestaciones
sociales y acreencias laborales a la señora María Ximena Herrera Mejía4.

3. Pidió que se declare que existió una relación laboral, sin solución de
continuidad, entre ella y el SENA, durante el periodo comprendido entre el 19 de enero
de 2006 y el 28 de febrero de 2018. Periodo en el que se suscribieron múltiples
contratos de prestación de servicios.

4. A título de restablecimiento, solicitó que se ordene a la parte demandada a
reconocer y pagar las prestaciones sociales insolutas en el periodo mencionado. Estas
se detallan a continuación:

• Pagar a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante,
COLPENSIONES) los aportes correspondientes al periodo comprendido entre
el 19 de enero de 2006 y el 28 de febrero de 2018 sobre la diferencia entre la
asignación mensual de un instructor grado 7 y la cotización realizada por la
demandante como trabajadora independiente.

• Pagar la suma de $44.036.525, por concepto de la prima de servicios.

• Pagar la suma de $80.218.896, por concepto de la prima de navidad.

• Pagar la suma de $46.001.494, por concepto del sueldo por vacaciones.

2
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 10CorrecionDemanda, pág. 2.
3
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 10CorrecionDemanda, págs. 2-4.
4
El Tribunal Administrativo del Cauca consideró que, en realidad, se trató de un acto ficto el que negó el
reconocimiento de una relación laboral encubierta. Ver: Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente
digital, índice 00002, archivo 5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 26AutoTrámite, pág.
3.

2

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

• Pagar la suma de $59.261.701, por concepto de la prima de vacaciones.

• Pagar la suma de $2.568.411, por concepto de la bonificación de recreación.

• Pagar a COLPENSIONES la suma de $67.400.753, por concepto de los aportes
correspondientes a los periodos comprendidos entre el 19 de enero de 2006 y
el 28 de febrero de 2018 sobre la diferencia entre la asignación mensual de un
instructor grado 7 y la cotización realizada por la señora María Ximena Herrera
Mejía en calidad de trabajadora independiente.

5. Pidió que se condene en costas a la parte demandada como lo señala el artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(en adelante, CPACA).

2.1.2. Hechos de la demanda.

6. La Sala los sintetiza así:

7. La señora María Ximena Herrera Mejía celebró con el SENA contratos de
prestación de servicios desde el 19 de enero de 2006 y el 28 de febrero de 2018, para
impartir formación profesional en diversos cursos ofrecidos por la entidad. Durante la
relación contractual se le exigió la prestación personal del servicio, tanto en las
instalaciones de la entidad como en diversos municipios del departamento del Cauca
en donde se llevaron a cabo los procesos formativos.

8. También, debía ceñirse al reglamento del aprendiz, a algunas funciones
predeterminadas por la entidad, a tener disponibilidad de tiempo completo y a cumplir
con actividades obligatorias como entrega de informes o evaluaciones de resultados
en fechas específicas determinadas por la entidad. En contraprestación, el SENA
efectuó el pago por los servicios prestados conforme se pactó en los contratos
suscritos.

9. Finalmente, que la demandante estuvo vinculada en provisionalidad a la entidad
entre el 1 de marzo de 2018 y el 19 de febrero de 2019, pues fue nombrada mediante
la Resolución No. 084 de 2018 y retirada del cargo a través de la Resolución No. 19-
001226 de 2019.

10. El 21 de diciembre de 2020, la demandante solicitó al SENA el reconocimiento
de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales
derivados de esta. Tal petición fue respondida a través de correo electrónico del 15 de
enero de 2021 del subdirector del Centro de Comercio y Servicios del SENA regional
Cauca. Como respuesta, el SENA indicó que no era de su competencia el reconocer
o negar los derechos pretendidos, pues ello correspondía a la vía judicial.

3

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

11. Se estimaron desconocidas las siguientes:

• Constitución Política, el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 13, 23, 29, 48,
53, 209 y 228. Por desconocimiento e inaplicación.

• Ley 80 de 1993, artículo 32; el Decreto Ley 2400 de 1968, artículo 2 y la
Resolución 2693 de 2007 del SENA. Por inaplicación.

12. La parte demandante sostuvo que los actos administrativos acusados
vulneraron el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas,
previsto en el artículo 53 de la Constitución Política. Argumentó que,
independientemente de la denominación dada a los contratos celebrados, cuando en
la práctica se configuran los elementos esenciales de una relación laboral debe
prevalecer la realidad fáctica sobre la apariencia contractual.

13. Adicionalmente, sostuvo que la jurisprudencia ha precisado que el contrato de
prestación de servicios procede cuando la entidad requiere apoyo que no puede ser
atendido por su personal o demanda conocimientos especializados. Se caracteriza por
la autonomía técnica del contratista, la ejecución de obligaciones de hacer y su
duración temporal, limitada al tiempo necesario para cumplir el objeto contractual. Para
la demandante, la existencia de un contrato de prestación de servicios formal no
excluye el reconocimiento de una relación laboral cuando se acreditan materialmente
sus elementos esenciales, en aplicación del principio de primacía de la realidad. En
particular, considera que la actividad docente comporta una presunción de
subordinación, pues su ejercicio está sujeto a reglamentos, programación y directrices
institucionales, lo que impide considerarla una labor plenamente autónoma e
independiente.

14. De acuerdo con lo anterior, la demandante afirmó, en primer lugar, que existió
prestación personal del servicio, toda vez que ejecutó las labores de manera directa y
personal, sin posibilidad de delegación o sustitución en terceros. En segundo lugar,
señaló que se configuró el elemento de subordinación o dependencia laboral, el cual
se materializó a través del cumplimiento de horarios; la custodia y cuidado del puesto
de trabajo y de los recursos físicos y tecnológicos que le fueron asignados; la
obligación de presentar informes periódicos; la sujeción a reglamentos internos y el
sometimiento al control y supervisión permanente de la entidad. En tercer lugar, indicó
que percibió un pago como contraprestación por los servicios prestados.

15. Expuso que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece los requisitos para la
celebración de contratos de prestación de servicios con el Estado. Especificó que solo
es posible celebrarlos cuando las actividades no puedan realizarse con personal de
planta o requieran conocimientos especializados, y únicamente por el término

4

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

estrictamente indispensable. Manifestó que, en el caso concreto, no se cumplieron
dichos requisitos, toda vez que la entidad demandada vinculó al accionante de manera
continua por más de seis años para desarrollar funciones permanentes y propias de
su objeto misional, sin justificar la imposibilidad de realizar dichas actividades con
personal de planta.

16. Afirmó que la configuración de una relación laboral encubierta genera el derecho
al reconocimiento y pago integral de todas las prestaciones sociales y acreencias
laborales que debieron cancelarse durante el periodo de vinculación. Añadió que el
restablecimiento del derecho debe comprender no solo las prestaciones expresamente
reclamadas, sino también la actualización e indexación de las sumas adeudadas, así
como el reconocimiento del tiempo laborado para efectos pensionales.

17. En ese sentido, la demandante explicó que el empleador tiene la obligación de
afiliar al trabajador y efectuar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones,
incluidos los porcentajes a cargo de este. Asimismo, indicó que cuando se declara
judicialmente la existencia de una relación laboral, dicha decisión implica el deber de
realizar los aportes omitidos, sin que pueda exigirse al trabajador promover un nuevo
proceso para obtener su pago.

18. Con fundamento en lo anterior, la demandante afirmó que existían razones
fácticas y jurídicas para que le fueran reconocidas las prestaciones sociales y las
asignaciones mensuales insolutas derivadas de la relación laboral cuya existencia se
pretendía declarar. De igual manera, solicitó que se ordenara la liquidación y el pago
de los aportes al Sistema General de Pensiones sobre la asignación correspondiente
al cargo de instructor grado 7, un cargo de planta en el SENA. Al respecto, solicitó
incluir la diferencia entre las cotizaciones efectuadas como trabajadora independiente
y las que debieron realizarse conforme a la remuneración real.

2.2. Contestación de la demanda

19. En la contestación de la demanda, el SENA se opuso a las pretensiones y
defendió la legalidad de los actos administrativos cuestionados, al considerar que se
ajustaban al ordenamiento jurídico y que no eran relevantes para este proceso, pues
no negaban las solicitudes de la demandante. En cambio, liquidaban las prestaciones
de seguridad social correspondientes al periodo comprendido entre marzo de 2018 y
marzo de 2019 en el que la demandante fue parte de la planta de empleados en
provisionalidad5.

20. En cuanto a la relación laboral encubierta, sostuvo que la labor desarrollada por
la demandante no configuró una relación laboral, entre otras razones, porque no se
configuró la subordinación. Afirmó que no se acreditaron los elementos propios de la

5
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 16ContestaciónDemandaSENA, págs. 6-14.

5

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

subordinación, en particular, el cumplimiento de una jornada equivalente a la de los
instructores de planta, la existencia de un horario o la continuidad en la prestación del
servicio. Señaló que los contratos se celebraron por un número determinado de horas
y que, en algunos casos, la carga horaria fue cumplida antes del vencimiento del plazo
contractual. Agregó que los informes, planillas y planeaciones aportados no constituían
prueba de subordinación, sino mecanismos de coordinación y seguimiento propios del
contrato de prestación de servicios.

21. Enfatizó que el vínculo contractual no genera relación de carácter laboral,
conforme lo prevé el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y que el demandante celebró
contratos de prestación de servicios, a partir de los cuales se acordó el desarrollo de
tareas relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad pública; no
se pactó subordinación porque el contratista era autónomo en el cumplimiento de la
labor contratada; se concertó un valor por honorarios prestados; y la labor no podía
realizarse con personal de planta, por la temporalidad y por no contar con funcionarios
que tuvieran los conocimientos especializados.

22. Finalmente, propuso las excepciones de: inexistencia de vinculación laboral
como empleada pública, pues no tuvo lugar una posesión formal, salvo por el periodo
en que se vinculó en provisionalidad; cobro de lo no debido, pues consideró que no se
adeudan los reconocimientos ni las sumas pretendidas; prescripción trienal y
caducidad de las acciones y derechos pretendidos, sin que esto implique
reconocimiento de responsabilidad; legalidad de los actos administrativos
demandados y la innominada. En particular, solicitó que se tuvieran en cuenta las
prestaciones sociales liquidadas en favor de la accionante en la Resolución 0426 de
2019 a título de compensación.

2.3 Trámite en primera instancia

23. Mediante auto del 20 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca
inadmitió la demanda de la señora María Ximena Herrera Mejía por no haber estimado
de manera razonada la cuantía6. Posteriormente, a través de escrito del 6 de junio de
2022, la parte accionante la corrigió. Aquella fue admitida mediante providencia del 15
de noviembre de 20227.

24. En el auto de fijación de litigio del 12 de abril de 20248, consideró que las
resoluciones contra las que se dirigía la demanda no tenían la vocación de resolver de
fondo la petición presentada por la accionante, sino que obedecían a propósitos

6
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 05AutoResuelveSolicitudInadmiteDemanda, pág.3
7
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 13AutoAdmiteDemanda.
8
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 26AutoTrámite, pág. 3.

6

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

diferentes9. Por esta razón, determinó que no se había dado respuesta a la solicitud
del 21 de diciembre de 2020 y concluyó que debía entenderse que la demanda se
dirigía contra un acto administrativo ficto.

2.4. Sentencia de primera instancia

25. El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia el 27 de junio de 2024, a
través de la cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas. El fallo se fundó en los siguientes argumentos10:

26. En primer lugar, explicó que el contrato de prestación de servicios, conforme al
ordinal 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es aquel que las entidades estatales
celebran para desarrollar actividades relacionadas con su administración o
funcionamiento, únicamente cuando estas no puedan realizarse con personal de
planta o requieran conocimientos especializados, por el término estrictamente
indispensable, y en ningún caso generan relación laboral ni prestaciones sociales.

27. También precisó que el contrato de trabajo, regulado en el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, requiere la concurrencia de tres elementos esenciales: la
actividad personal del trabajador; la continuada subordinación o dependencia respecto
del empleador, que faculta a este para exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponer reglamentos; y
un salario como retribución de la labor.

28. Al respecto, advirtió sobre las semejanzas que pueden existir entre las
relaciones antes mencionadas, señalando que en ambas existe remuneración (salario
• honorarios), sujeción a órdenes o directrices y prestación personal del servicio. No
obstante, enfatizó que en demandas como la estudiada corresponde a la parte
accionante la carga de la prueba, y para determinar si hay simulación de contrato
dando cabida a la relación laboral, el análisis judicial debe ser riguroso. Indicó que la
suscripción y celebración de un contrato de prestación de servicio debe hacer presumir
que la relación es de carácter contractual estatal, y quien aduce lo contrario debe
probarlo11.

29. Por esta razón, resaltó que la viabilidad de las pretensiones dirigidas a la
declaración de una relación laboral encubierta depende exclusivamente de la actividad
probatoria de la parte demandante, dirigida a desvirtuar la naturaleza contractual de la
relación y a probar los elementos señalados, especialmente la subordinación.

9
Concretamente, la liquidación de las prestaciones correspondientes al tiempo en que la peticionaria estuvo
vinculada como instructora en provisionalidad.
10
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 32FalloPrimeraInstancia, págs. 6-16.
11
Para este punto fue especialmente relevante para el Tribunal la sentencia de unificación del Consejo de Estado
SUJ-025-CE-S2-2021 que establece la diferencia entre subordinación y coordinación contractual.

7

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

30. En segundo lugar, en cuanto al análisis probatorio del caso concreto, el Tribunal
verificó que en el expediente obraban certificaciones y contratos de prestación de
servicios celebrados entre la señora María Ximena Herrera Mejía y el SENA, Regional
Cauca, que acreditan que la demandante prestó servicios como instructora en diversas
áreas, especialmente en turismo, entre el 19 de enero de 2006 y el 28 de febrero de
2018, mediante 21 contratos.

31. Respecto de los tres elementos de la relación laboral, estimó que se
demostraron dos: la prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente la
demandante fue contratada como instructora y debía prestar el servicio de manera
personal12; y la remuneración por el trabajo cumplido, pues en los contratos se indicaba
la suma pactada como honorarios13.

32. Consideró, en relación con el elemento de la subordinación, que la parte
accionante no logró acreditar su configuración. Su razonamiento incluyó que no hubo
prueba de que la demandante desarrollara sus actividades en las dependencias del
SENA, pues estas se ejecutaron en distintos municipios del departamento del Cauca,
ni que la entidad le suministrara los elementos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. Tampoco encontró evidencia sobre el cumplimiento de órdenes, la
existencia de un superior encargado de dirigir o vigilar sus actividades, el ejercicio de
potestades disciplinarias o sancionatorias, ni el desempeño de funciones en
condiciones equivalentes a las de un instructor de planta.

33. Asimismo, destacó que la demandante fue vinculada por un número
determinado de horas y que los contratos podían finalizar antes del plazo previsto
cuando se cumplía la carga horaria pactada. Sumado a esto, consideró que las
actividades contratadas no estaban limitadas a contenidos específicos y que, por tanto,
la contratista conservaba autonomía científica y técnica para determinar los contenidos
y la forma de impartir la formación. Finalmente, tuvo en cuenta que prestó servicios
para otras entidades durante el periodo en que se desempeñó como instructora del
SENA.

34. Finalmente, en cuanto a la rendición de informes al líder o coordinador,
consideró que estos se realizaban en atención a las labores de coordinación que debía
existir en el cumplimiento de las actividades al interior de la entidad, mas no se
imponían como elementos de un vínculo legal y reglamentario que determinara la
condición de servidora pública que reclamaba.

35. Es importante resaltar que el Tribunal reprochó que la parte demandante no
solicitara pruebas testimoniales y se limitara a aportar documentos para acreditar,
mediante estos, un elemento esencial como la subordinación. En ese sentido, recordó
12
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 32FalloPrimeraInstancia, pág. 14.
13
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 32FalloPrimeraInstancia, pág. 15.

8

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

que corresponde a quien reclama un derecho demostrar los supuestos fácticos en los
que sustenta sus pretensiones y precisó, con fundamento en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, que las actividades necesarias para coordinar y supervisar la
ejecución del contrato no constituyen, por sí solas, manifestaciones de subordinación.

36. En conclusión, determinó que, aunque se acreditaron la prestación personal del
servicio y la remuneración, no se demostró la subordinación. A partir de estas
consideraciones negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Recurso de apelación

37. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión y que, en su lugar, se declare la nulidad de los actos
administrativos demandados y se condene al pago y liquidación de las prestaciones
sociales solicitadas. Esto, con fundamento en los siguientes argumentos14:

38. Alegó que el fallo impugnado desconoce el acervo probatorio, en tanto este
logra demostrar que María Ximena Herrera Mejía sostuvo una relación de carácter
laboral y no meramente contractual con el SENA.

39. En el recurso de apelación formuló, como primer cargo, la indebida valoración
de las pruebas, al considerar que el Tribunal no otorgó el alcance correspondiente al
nombramiento en provisionalidad, los contratos de prestación de servicios, los
informes de resultados y los demás documentos obrantes en el expediente.

40. Como segundo cargo, cuestionó la conclusión según la cual la autonomía se
desvirtuaba únicamente mediante la acreditación de la subordinación y el cumplimiento
de órdenes. Sostuvo que la autonomía propia del contrato de prestación de servicios
supone que el contratista asuma los riesgos de la actividad, utilice sus propios medios
y cuente con libertad técnica y directiva para ejecutar sus funciones. Afirmó que tales
condiciones no se configuraron en el presente caso, pues el SENA suministraba los
bienes, insumos y demás elementos necesarios para el desarrollo de la labor, lo que,
a su juicio, evidenciaba la ausencia de autonomía técnica.

41. Asimismo, señaló que debía prestar sus servicios en los lugares y municipios
definidos por el SENA, cumplir los horarios y la programación de actividades
establecidos por la entidad, acatar las políticas institucionales y observar los
lineamientos del aprendiz y las estrategias pedagógicas que orientaban la función del
instructor. Agregó que debía mantener disponibilidad de tiempo completo y que recibía
anticipos para gastos de transporte.

14
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 34RecursoApelacionParteDemandante.

9

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

42. Finalmente, destacó que desempeñó las mismas funciones durante su
vinculación mediante contratos de prestación de servicios y cuando fue nombrada
provisionalmente en el cargo de instructor grado 7. Con fundamento en estas
circunstancias, sostuvo que la relación contractual se desarrolló bajo condiciones que
limitaban su autonomía y evidenciaban la existencia de una relación laboral.

43. Como tercer cargo, argumentó que el Tribunal no valoró que el objeto por el que
se contrató a la señora María Ximena Herrera Mejía es permanente, no temporal o
excepcional como lo exige la normativa sobre el contrato de prestación de servicios.
Resaltó que la accionante laboró periodos completos entre el 16 de abril de 2013 y el
17 de marzo de 2019, por trimestres. Según el recurso, esto demuestra una relación
continua e ininterrumpida que contraría el artículo 122 de la Constitución Política15.

44. Con base en las anteriores razones y reiterando las circunstancias materiales
de la ejecución del contrato, concluyó que el elemento de la subordinación, cuya
acreditación no reconoció el Tribunal, se encuentra probado en el plenario.

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

45. Mediante auto del 21 de agosto de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia16.

2.7. Ministerio Público

46. Mediante concepto emitido el 2 de mayo de 2024, la Procuraduría 40 Judicial
Segunda para asuntos administrativos solicitó negar las pretensiones de la demanda17.
Para tal efecto, planteó como problema jurídico determinar si entre la demandante y el
SENA existió una relación laboral y, en consecuencia, si procedía el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales y acreencias salariales reclamadas.

47. Como consideraciones previas, señaló que, según la interpretación de la Corte
Constitucional en la sentencia C-555 de 1994, la naturaleza de la actividad docente
supone una restricción al uso de contratos de prestación de servicios para el desarrollo
de dicha labor18. No obstante, destacó que el Consejo de Estado, en sentencia de 10
de mayo de 2018, estableció que corresponde a quien solicita la declaratoria de una

15
Este artículo establece que todo empleo público debe tener funciones claras en la ley, exige el juramento y la
declaración de bienes antes de asumir un cargo. Véase, Constitución Política de Colombia 1991, art. 122.
16
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 36AutoConcedeRecurso.
17
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 30ConceptoProcuraduría.
18
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 30ConceptoProcuraduría, pág. 7.

10

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

relación laboral encubierta acreditar los elementos que la configuran19. A partir de esta
regla, consideró que la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le
correspondía.

48. En particular, señaló que la subordinación no se presume y que la naturaleza
docente de las actividades desarrolladas no permite inferir, por sí sola, la existencia de
una relación laboral, pues corresponde a la parte interesada demostrar las
circunstancias concretas que evidencien el sometimiento a órdenes, directrices o
controles propios de una relación de trabajo.

49. Asimismo, indicó que, aunque los contratos tuvieron una duración determinada,
se presentaron interrupciones entre los distintos vínculos y se desarrollaron
actividades diversas, circunstancias que, a su juicio, impedían establecer la existencia
de una relación contractual continua y unitaria. Agregó que la demandante no acreditó
que los programas de formación en los que prestó sus servicios tuvieran carácter
permanente20.

50. Finalmente, sostuvo que los informes de resultados y las actas de control de
clase aportados al proceso no demostraban subordinación, sino actividades de
coordinación y seguimiento compatibles con la autonomía propia del contrato de
prestación de servicios. Tampoco encontró acreditada la existencia de órdenes
impartidas por un superior con el propósito de dirigir o controlar la ejecución de las
actividades contratadas21. Por estas razones, concluyó que no se demostró la
configuración de una relación laboral entre la demandante y el SENA. En
consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la demanda.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

51. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

52. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código

19
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 30ConceptoProcuraduría, pág. 15.
20
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 30ConceptoProcuraduría, págs. 17, 18.
21
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 30ConceptoProcuraduría, págs. 19, 20.

11

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

53. ¿Existió una relación laboral entre la entidad accionada y la demandante, quien
ejerció como instructora a partir de los contratos de prestación de servicios celebrados
con el SENA?

54. De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, ¿la entidad debe
reconocer y pagar las prestaciones laborales adeudadas?

55. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) fundamento normativo y jurisprudencial de la prohibición de acudir al
contrato de prestación de servicios para el desempeño de funciones permanentes; (2)
relación laboral encubierta; (3) distinción entre coordinación y subordinación; (4) la
carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación; (5) la naturaleza
de las funciones desempeñadas por los instructores del SENA y su correspondencia
con las labores permanentes de la entidad.

56. A partir de las anteriores consideraciones, se destacarán los hechos probados
más relevantes y, en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverán los
problemas jurídicos planteados.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Fundamento normativo y jurisprudencial de la prohibición de acudir al
contrato de prestación de servicios para el desempeño de funciones
permanentes

57. La proscripción de utilizar el contrato de prestación de servicios para atender de
manera permanente funciones que corresponden a empleos válidamente creados no
es una construcción reciente de la jurisprudencia, sino una preocupación constante del
legislador y del Gobierno nacional, materializada en un conjunto de disposiciones que,
por lo menos desde 1968, han buscado impedir que dicha figura contractual sirva para
eludir la creación de los cargos correspondientes y las garantías propias de la
vinculación legal y reglamentaria.

58. En efecto, el artículo 2.º del Decreto 2400 de 196822, modificado por el artículo
1º del Decreto 3074 de 196823, dispuso que para el ejercicio de funciones de carácter
permanente deben crearse los empleos correspondientes, y que en ningún caso
pueden celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.

22
«Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras
disposiciones».
23
«Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del
personal civil».

12

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

59. En desarrollo de esta disposición, el artículo 7.º del Decreto 1950 de 197324
(derogado por el Decreto 1083 de 2015) reiteró la prohibición y precisó que la función
pública que implique ejercicio de autoridad administrativa no puede ser objeto de
contrato ni delegarse en personal vinculado mediante esta modalidad.

60. Con posterioridad, el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 definió el
contrato de prestación de servicios como aquel que celebran las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de
la entidad, precisando que solo puede celebrarse con personas naturales cuando (a)
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o (b) requieran
conocimientos especializados. Además, (c) prescribió que en ningún caso genera
relación laboral ni prestaciones sociales, y (d) que debe pactarse por el término
estrictamente indispensable.

61. De la anterior norma, la expresión conforme a la cual estos contratos en ningún
caso generan relación laboral ni prestaciones sociales fue declarada exequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-154 de 1997, en el entendido de que dicha
regla cede cuando el contratista acredita la existencia de una relación laboral
subordinada, según se explica más adelante.

62. Sobre esta misma preocupación, el artículo 17 de la Ley 790 de 200225 reforzó
la prohibición al disponer que los ministerios, los departamentos administrativos y los
organismos o entidades públicas del orden nacional no pueden celebrar contratos de
prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los
cargos existentes conforme a los decretos de planta respectivos. También exigió al
ministro o director del sector respectivo presentar informe semestral al Congreso
cuando fuere necesario acudir a esta modalidad, y en su parágrafo prohibió
expresamente utilizar la prestación de servicios para reemplazar cargos suprimidos en
el marco del programa de renovación de la administración pública.

63. Frente al desarrollo normativo enunciado, la Corte Constitucional se pronunció
en sede de constitucionalidad en dos oportunidades. En primer lugar, en la sentencia
C-154 de 199726, al examinar una demanda contra el numeral 3.º del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, respecto de la cual se acusó que al señalar que en ningún caso los
contratos de prestación de servicios generan una relación laboral ni prestaciones
sociales, se estaba habilitando a la administración a vincular personas para que
desarrollen las mismas actividades o funciones públicas que desempeñan
trabajadores oficiales y empleados públicos, dando origen a una relación que en la
práctica tiene carácter laboral por la subordinación y dependencia con que se realiza,

24
«Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del
personal civil».
25
«Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y
se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República».
26
M.P. Hernando Herrera Vergara.

13

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

con lo cual se genera un trato desigual y discriminatorio entre contratistas y servidores
públicos.

64. En esta providencia la Corte precisó que el contrato de prestación de servicios
reúne tres características esenciales: (a) versa sobre una obligación de hacer para la
ejecución de labores debido a la experiencia, capacitación y formación profesional del
contratista; (b) la autonomía e independencia técnica y científica de este constituye su
elemento esencial; y (c) su vigencia es temporal, por tiempo limitado al indispensable
para ejecutar el objeto contractual convenido. La Corte declaró exequible la norma,
bajo el entendido que dicha presunción de ausencia de vínculo laboral cede cuando
se acredita la existencia de una relación laboral subordinada, con lo cual dejó a salvo
la posibilidad de desvirtuar la figura cuando en la práctica esconde una relación de
trabajo.

65. Sobre este punto, la Corte fue enfática en señalar que la insuficiencia de
personal de planta no habilita por sí sola a la entidad para acudir al contrato de
prestación de servicios, pues esta modalidad solo opera cuando la entidad no cuenta
con el personal de planta que garantice el conocimiento profesional, técnico o científico
requerido, o cuando se demanden conocimientos especializados. En consecuencia,
cuando la administración, con su actuación, deforma la esencia y el contenido natural
del contrato de prestación de servicios para dar paso al nacimiento disfrazado de una
relación laboral, dicha actuación puede controvertirse judicialmente y genera la
responsabilidad correspondiente.

66. En la referida sentencia, la Corte Constitucional también respondió a la cuestión
de si la prestación de servicios habilitaba a las entidades a ampliar su planta de
personal. Al respecto, la Corte argumentó que:

«No es cierto, entonces, como lo indican los accionantes que cada vez que una entidad
presente una insuficiencia de personal en su planta, pueda acudirse como remedio
expedito de la misma al contrato de prestación de servicios a fin de solventar la crisis
que se pueda generar; la contratación de personas naturales por prestación de servicios
independientes, únicamente, opera cuando para el cumplimiento de los fines estatales
la entidad contratante no cuente con el personal de planta que garantice el conocimiento
profesional, técnico o científico que se requiere o los conocimientos especializados que
se demanden. Desde luego que si se demuestra la existencia de una relación laboral
que implica una actividad personal subordinada y dependiente, el contrato se torna en
laboral en razón a la función desarrollada, lo que da lugar a desvirtuar la presunción
consagrada en el precepto acusado y, por consiguiente, al derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante, para lo cual el trabajador puede
ejercer la acción laboral ante la justicia del trabajo, si se trata de un trabajador oficial o
ante la jurisdicción contencioso administrativa, con respecto al empleado público».

67. En segundo lugar, en sentencia C-614 de 200927, la Corte Constitucional
resolvió una acción pública de inconstitucionalidad contra el inciso 4.º del artículo 2º
del Decreto Ley 2400 de 1968, modificado por el artículo 1.º del Decreto Ley 3074 de

27
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

14

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

1968, es decir, sobre la prohibición general de celebrar contratos de prestación de
servicios para el desempeño de funciones permanentes. Los accionantes sostuvieron
que dicha medida desconocía los artículos 2.º, 25 y 53 de la Constitución, al limitar el
acceso al empleo público y las distintas modalidades de trabajo.

68. La Corte encontró ajustada a la Constitución la medida, al considerar que
constituye una protección a la relación laboral que impide ocultar vínculos laborales y
desnaturalizar la contratación estatal, y la calificó como una medida adecuada y
necesaria, en tanto impide que los nominadores desconozcan el concurso de méritos,
evadan la responsabilidad prestacional y desconozcan las garantías propias de la
relación laboral con el Estado. Concluyó, además, que la medida no sacrifica
desproporcionadamente la libertad de contratación ni las demás modalidades de
trabajo, pues la Constitución otorga una protección especial a la relación laboral con
el Estado y la prohibición desarrolla el principio de primacía de la realidad sobre las
formas.

69. Adicionalmente, en la misma sentencia, la Corte Constitucional estableció los
criterios que permiten determinar cuándo se está en presencia de una contratación
irregular de funciones permanentes de una entidad, en los siguientes términos:

«i) Criterio funcional: la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario
de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 121
de la Constitución) deben ejecutarse, por regla general, mediante el empleo público.
En otras palabras, si la función contratada está referida a las que usualmente debe
adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la
Constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral. (...)

ii) Criterio de igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de los
servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se
cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y
reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública (Consejo de Estado,
Sección Segunda, sentencia citada del 6 de septiembre de 200828).

iii) Criterio temporal o de la habitualidad: Si las funciones contratadas se asemejan
a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o
la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual (Consejo
de Estado, Sección Segunda, sentencia ya citada del 3 de julio de 200329). Dicho en
otros términos, si se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el
indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo
los servicios de una misma persona, y de esa manera, se encuentra que no se trata de
una relación o vínculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos
referimos a una verdadera relación laboral (Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 17 de abril de 200830).

iv) Criterio de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a "actividades
nuevas" y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren
conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria, resulte

28
Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 2152-06.
29
Consejero Ponente Alejandro Ordoñez Maldonado, expediente 4798-02.
30
Consejero Ponente Jaime Moreno García, expediente 2776-05.

15

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta, puede
acudirse a la contratación pública (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del
21 de febrero de 200231 a que se ha hecho referencia). Por el contrario, si la gestión
contratada equivale al "giro normal de los negocios" de una empresa debe
corresponder a una relación laboral y no puramente contractual. (...)

v) Criterio de la continuidad: si la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos
de prestación de servicios, pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la
administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de carácter permanente,
la verdadera relación existente es de tipo laboral. (...)

En síntesis, una de las condiciones que permite diferenciar un contrato laboral de un
contrato de prestación de servicios es el ejercicio de la labor contratada, pues solo si
no hace parte de las funciones propias de la entidad, o haciendo parte de ellas no
pueden ejecutarse con empleados de planta o requieran conocimientos especializados,
pueden celebrarse contratos de prestación de servicios. De lo contrario, la
administración debe recurrir a la ampliación de la planta de personal para celebrar
contratos laborales»32.

70. De lo expuesto se sigue que el juez administrativo cuenta con tres parámetros
de análisis, derivados armónicamente del bloque normativo reseñado y de su
desarrollo por la Corte Constitucional, para determinar si en un caso concreto el
contrato de prestación de servicios encubre una relación laboral con vocación de
permanencia:

• Primero, el contratista debe conservar autonomía técnica y científica durante la
ejecución del contrato, sin perjuicio de la coordinación propia de todo vínculo
contractual.

• Segundo, rige como regla general la prohibición de contratar por esta vía
funciones permanentes o misionales de la entidad, pues estas deben atenderse
mediante empleos de planta.

• Tercero, esta prohibición solo cede de manera excepcional cuando la actividad,
aun siendo misional, (a) exige conocimientos especializados que el personal de
planta no posee, excepción reconocida desde la sentencia C-154 de 1997, o (b)
cuando obedece a una sobrecarga laboral que no puede redistribuirse
internamente, supuesto que encuentra sustento específico en el criterio de
excepcionalidad desarrollado por la sentencia C-614 de 2009; en tales eventos,
(c) la contratación debe mantenerse estrictamente temporal, de suerte que su
prolongación en el tiempo sobre funciones misionales desnaturaliza la figura y
habilita al juez para declarar la relación laboral encubierta.

71. Sobre este fundamento constitucional y legal, la jurisprudencia de esta Sección
ha decantado las reglas y los criterios concretos que permiten identificar, en cada caso,

31
Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, expediente 3530-2001.
32
Corte Constitucional, sentencia C-614 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

16

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

la subordinación oculta tras el ropaje del contrato de prestación de servicios, así como
los indicios y elementos de convicción que la acreditan, según se expone a
continuación.

3.3.2. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

72. La jurisprudencia unificada de esta corporación33 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no constituyen
una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar
prestaciones sociales. No obstante, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales propios de un vínculo laboral.

73. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

74. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

75. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: 1) la actividad personal del trabajador; 2) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, 3) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».

76. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en conjunto
bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación
continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje
formal del contrato de prestación de servicios.

33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

17

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

77. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de
personal.

78. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»34. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración
son formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista.

79. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

«Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no
cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes
de esta.

(2) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados»35.

(3) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales»36.

34
Ídem.
35
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
36
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

18

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista
es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete
a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones
de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados37.

En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia».

80. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la sentencia de unificación del
9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos
«no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de
las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y
reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma
subordinada funciones misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe
reconocerse la existencia de una relación laboral encubierta.

81. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:

«1. La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

2. La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

3. La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039.

19

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

82. En cuanto al término de 30 días para la no solución de continuidad de los
contratos, la Sección Segunda estableció que dicho término no debe entenderse como
«una camisa de fuerza que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción,
sino como un marco de referencia para la administración, el contratista y el juez de la
controversia (…) en especial para este último, que en cada caso concreto habrá de
sopesar los elementos de juicio que obren dentro del plenario, cuando el tiempo entre
cada contrato sea más extenso del aquí indicado».

83. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

«(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala consideró
que, si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30 días hábiles, no
se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite mantener la unidad
del vínculo laboral para efectos legales.

(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral encubierta.
La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en casos de
relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que más protege
los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para cumplir el fin
de la jurisdicción-contenciosa.

(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la
práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente “para determinar si lo
que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior, puesto
que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral encubierta
o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones, superiores, incluso,
a un mes”».

84. Ahora bien, en algunos casos se ha establecido que el término de interrupción
entre los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Por ejemplo, la Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de junio de 202538, frente a un instructor
del SENA, determinó que no existió solución de continuidad en una interrupción de 34
días, con fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional de los aprendices.

3.3.3. Distinción entre coordinación y subordinación

85. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,

38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-01
(5263-2024), con ponencia del magistrado Jorge Édison Portocarrero Banguera.

20

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»39.

86. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202140, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados41».

87. En cuanto a la subordinación, esta sentencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario.
La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral
encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan
los empleados de planta.

88. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: primero, uso de instalaciones de la entidad; segundo, cumplimiento
de horarios rígidos; tercero, dirección y control efectivo por parte de la entidad; y cuarto,
similitud entre funciones del contratista y las del personal de planta. Para mejor
ilustración se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

«1. El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.

2. El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo
puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia
deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

3. La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del

39
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, con ponencia del magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda.

21

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

poder de disciplina o del ius variandi42, la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad,
de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones
en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento
por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de
coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

4. Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en
las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó
la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria
observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la
permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional
de la entidad».

3.3.4. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación

89. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia ha
expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

90. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que la pruebas se practiquen
o se aporten»43, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta
norma se lee en consonancia con el artículo 167 ídem que regula el principio de

42
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
43
López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.

22

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».

91. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la sentencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente expuestos.

92. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»44, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del
mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»45.

93. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual
remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la
sana crítica (art. 176 CGP).

94. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

95. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.3.5. Naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del SENA
y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad

96. El Gobierno nacional expidió el Decreto 118 de 1957, por medio del cual creó el
Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—46, que de conformidad con el Decreto 164
44
López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
45
Ídem.
46
Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA.

23

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

de 195747, se encargaría de dar formación profesional a los trabajadores jóvenes y
adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería.

97. La anterior normativa fue subrogada por el Decreto 3123 de 196848, en el que
se estableció dentro de sus funciones la formación profesional a los trabajadores de
todas las actividades económicas y en todos los niveles del empleo.

98. Más adelante, mediante el Decreto 2149 de 199249, el SENA se reestructuró.
En tal sentido, se definió que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. Como funciones, entre otras, se le asignó: el diseñar y
mantener un sistema nacional de aprendizaje que se ajuste a las disposiciones que
regulan el contrato de aprendizaje; y adelantar, previa aprobación de las autoridades
competentes, programas de formación tecnológica y técnica profesional.

99. El anterior decreto fue derogado por la Ley 119 de 199450, en la que se mantuvo
la naturaleza jurídica de la entidad, y dispuso que su misión radica en «intervenir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico
del país». Además, se estableció que el SENA tendría como objetivo, «dar formación
profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a
quienes, sin serlo, requieran dicha formación», entre algunos otros.

100. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la entidad se encuentra adscrita al
Ministerio de Trabajo y tiene como misión la formación y capacitación de aprendices.
Así, aun cuando no está subordinada al Ministerio de Educación, lo cierto es que ejerce
una labor docente con el fin de poder desarrollar los programas de formación de
educación no formal que ofrece51.

101. Aclarado lo anterior, se destaca que dentro de los empleos de la planta de
personal del SENA se encuentran los instructores, grupo que según el artículo 2 del
Decreto 1424 de 199852 «comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de coordinación
académica de la formación e investigación aplicada».

47
Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras disposiciones.
48
Por el cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
49
Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
50
Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se
dictan otras disposiciones.
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13
de junio de 2024, con ponencia del magistrado Juan Enrique Bedoya, proceso con radicado 63001-23-33-000-
2022-00002-01 (5856-2022).
52
Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio Nacional
de Aprendizaje-SENA.

24

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

102. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 1 de
septiembre de 201453, definió que, como la función del SENA, a través de sus
instructores, se dirige a la formación integral, profesional o laboral certificada de sus
estudiantes, por su naturaleza la entidad se encuentra en el sistema de educación no
formal. Ello, en los siguientes términos:

«la función prestada por el SENA a través de los Instructores se orienta a una
formación integral, profesional y laboral certificando a sus estudiantes, o sea, que
por estas características y su naturaleza se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace parte de los niveles
propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de 1994
(preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de la definición
de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas generales del
Servicio Público de Educación». (Se destaca)

103. Así, toda vez que el SENA ejecuta una actividad académica, el contenido de
sus programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119
de 199454, debe ceñirse a la normativa aplicable, esto es, a la Ley 30 de 199255. Sobre
el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación56, concluyó lo
siguiente:

«La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa Ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4 permite
al SENA adelantar «programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas»57.

Integrando la Ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la Ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

1. En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a los
trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la Ley 119 de 1994.

2. En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la Ley 30 de 1992, y,

3. En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico de
esa actividad será el de la Ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.
53
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de septiembre de 2014, con ponencia del magistrado
Alfonso Vargas Rincón, proceso con radicado 20001-23-31-000-2011-00503-01(3517-2013).
54
Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
55
Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
56
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de 2010, con ponencia
del magistrado Enrique José Arboleda Perdomo, proceso con radicado 11001-03-06-000-2010-00089-00.
57
Colombia, Congreso de la República, Ley 119 de 1994, por la cual se reestructura el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial n.º 41.216, 9
de febrero de 1994.

25

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

Esto último significa que, en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a
lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la Ley 30 de 1992
y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la Ley 749 de 2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por Ley ha establecido, sin asomo de duda, su naturaleza jurídica y misión
específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe
agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio.

De esta manera lo dispuesto en la Ley 119 de 1994 en el sentido de autorizar al SENA
para ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica
y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las Leyes 30 y 749 sobre
el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y con la
naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la Ley 119, sin que
ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de
una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza, misión,
organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades».

3.4. Hechos probados

104. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala considera
como hechos probados los siguientes:

105. La señora María Ximena Herrera suscribió, entre los años 2006 y 2018, 21
contratos de prestación de servicios con el SENA, como consta en la certificación del
2 de mayo de 201858 y en la copia de algunos de los contratos allegados al
expediente59. A continuación, se detallan la identificación, duración, objeto y periodo
de cada uno de estos60; además, los cursos que en virtud de ellos dictó la peticionaria:

N° Contratos de Objeto Desde Hasta
prestación de
servicios

1 3086 del 19 de Impartir formación profesional en el curso manejo y 19/01/ 19/07/
enero de 2006 organización de producción de alimentos, módulo: 2006 2006

58
Esta certificación la emite el SENA y se encuentra firmada por el director Edward Enrique Vargas Vivas,
subdirector del Centro de Comercio y Servicios de la Seccional Cauca. No obstante, contiene apenas 19 de los 21
contratos efectivamente suscritos entre las partes. Los otros dos se encuentran en el texto de los contratos 20418
del 7 de octubre de 2008 y 20103044 del 25 de enero de 2010. Consultar en Samai, historial de actuaciones
judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo 5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento
17Anexos 1, págs. 132 y 212.
59
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 1DemandaAnexos, pág. 62-68.
60
Por regla, se tuvo en cuenta el periodo señalado en la aludida certificación del 2 de mayo de 2018.

26

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

Duración: organización de la producción de cocina (140 h.) y
6 meses control de manejo de materias primas (140 h.)

Curso:
Manejo y organización de producción de alimentos

2 3165 del 20 de Impartir formación profesional en el área de 20/11/ 20/02/
noviembre de manipulación de alimentos según programación 2006 2007
2006 establecida por el Centro de Comercio y Servicios del
SENA regional Cauca.

Duración: Curso:
3 meses Manipulación de alimentos

3 3073 del 27 de Impartir formación profesional en el área de servicios 27/04/ 27/10/
abril de 2007 turísticos y hoteleros (390 h.) del programa Jóvenes 2007 2007
Rurales, según programación establecida.
Duración: Corresponde entregar, al menos, una unidad
6 meses. productiva en funcionamiento y un plan de negocios
en la plataforma Fondo Emprender.

Curso:
Servicios turísticos y hoteleros

4 3107 del 27 de Impartir formación profesional en el curso de ayudante 27/07/ 27/12/
julio de 2007 de cocina (150 h.) en el módulo: manejo de materias 2007 2007
primas, según programación establecida.
Duración:
5 meses. Curso:
Ayudante de cocina

5 20083027 del 15 Formación profesional titulada, complementaria y 15/02/ 15/12/
de febrero de demás actividades directas de formación profesional 2008 2008
2008 en las áreas de servicios turísticos y hoteleros en el
municipio de Guapi, Cauca.
Duración:
10 meses Curso:
Servicios turísticos y Hoteleros

6 20418 de 2008 Impartir formación profesional titulada, 07/10/ 07/12/
del 7 de octubre complementaria y demás actividades directas de 200861 2008
de formación profesional conforme al reglamento del
aprendiz.
2008
Curso:
Duración: Ética y transformación del entorno
2 meses

7 20093271 del 28 Impartir 150 horas de formación profesional titulada, 28/10/ 28/12/
de octubre de complementaria y demás actividades relacionadas en 2009 2009
2009 el técnico de mesa y bar en Popayán, según
programación establecida por el Centro de Comercio
Duración: y Servicios del SENA regional Cauca.
2 meses
Curso:
Mesa y bar.

61
El término de duración se extrae de la copia del contrato.

27

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

8 20103044 del 25 Impartir formación titulada, complementaria y/o virtual 25/01/ 25/08/
de enero de y actividades relacionadas con la formación en el área 201062 2010
2010 de servicios de turismo y tiempos mencionados en los
diferentes municipios del departamento del Cauca,
Duración: según programación establecida por el Centro de
700 horas en 7 Comercio y Servicios del SENA regional Cauca.
meses
Curso:
Servicios de turismo.

9 20103274 del 21 Impartir formación titulada, complementaria y/o virtual 21/10/ 21/12/
de octubre de y actividades relacionadas con la formación en el área 2010 2010
2010 de servicios de turismo y tiempos mencionados en los
diferentes municipios del departamento del Cauca,
Duración: según programación establecida por el Centro de
2 meses Comercio y Servicios del SENA regional Cauca.

Curso:
Servicios de turismo

10 20113279 del 6 Orientar formación profesional integral en la 6/07/ 6/11/
de julio de 2011 especialidad en hotelería y turismo en las acciones de 2011 2011
apoyo al programa Jóvenes Rurales Emprendedores,
Duración: en los diferentes municipios del departamento del
4 meses Cauca. Utilizando la estrategia metodológica de
formación de proyectos, según programación
establecida por el Centro de Comercio y Servicios del
SENA regional Cauca.

Curso:
Hotelería y turismo
11 20113383 del 14 Orientar formación profesional en la especialidad de 14/10/ 14/12/
de octubre de hotelería y turismo en las acciones de apoyo al 2011 2011
2011 programa Jóvenes Rurales Emprendedores, en los
diferentes municipios del departamento del Cauca.
Duración: Utilizando la estrategia metodológica de formación de
2 meses proyectos, según programación establecida durante la
vigencia del contrato.

Curso:
Hotelería y turismo

12 20123123 del 12 Orientar formación profesional en la especialidad de 12/03/ 04/07/
de marzo de hotelería y turismo en las acciones de apoyo al 2012 2012
2012 programa Jóvenes Rurales Emprendedores, según la
programación establecida durante la vigencia del
Duración: contrato.
3 meses, 22
días Curso:
Hotelería y turismo

13 20123340 del 21 Orientar acciones de formación complementaria en el 21/08/ 17/12/
de agosto del curso de mesa y bar, según la programación 2012 2012
2012 establecida durante la vigencia del contrato.

Duración: Curso:
3 meses, 26 Mesa y bar
días

62
El término de duración se extrae del texto del contrato.

28

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

14 663 del 16 de Orientar formación profesional integral, acorde con el 16/04/ 16/10/
abril de 2013 reglamento del aprendiz, en los diferentes municipios 2013 2013
del departamento del Cauca mediante la estrategia de
Duración: aprendizaje por proyectos según la programación
6 meses establecida durante la vigencia del contrato.

Curso:
Formación profesional acorde con el reglamento del
aprendiz y estrategia de aprendizaje por proyectos.

15 1308 del 13 de Orientar formación profesional integral, acorde con el 15/11/ 15/12/
noviembre de reglamento del aprendiz, en el área de estética y 2013 2013
2013 belleza, en los diferentes municipios del departamento
del Cauca mediante la estrategia de aprendizaje por
Duración: proyectos según la programación establecida durante
1 mes la vigencia del contrato.

Curso:
Estética y belleza.

16 336 del 22 de Orientar formación profesional integral, acorde con el 01/02/ 01/11/
enero de 2014 reglamento del aprendiz, en los diferentes municipios 2014 2014
del departamento del Cauca, mediante la estrategia
Duración: de aprendizaje por proyectos según la programación
9 meses establecida durante la vigencia del contrato.

Curso:
Servicios turísticos

17 657 del 13 de Orientar formación profesional en el área de guianza 16/02/ 18/12/
febrero de 2015 turística y servicios de alojamiento, en las acciones de 2015 2015
apoyo al programa Jóvenes Rurales Emprendedores,
Duración: en los diferentes municipios del departamento del
10 meses y 2 Cauca.
días
Curso:
Guianza turística y servicios de alojamiento

18 800 del 23 de Prestar servicios profesionales como instructor 24/02/ 9/12/
febrero de 2016 técnico y apoyo a unidades de emprendimiento 2016 2016
rurales, para consolidar y fortalecer cada una de ellas,
Duración: de acuerdo con la proyección de metas del centro;
9 meses y 15 formar en la empleabilidad mediante 4 cursos en línea
días en el área de procesamiento de alimentos, de acuerdo
con el diseño curricular y lineamientos del programa
SENA Emprende Rural.

Curso:
Procesamiento de alimentos

19 518 del 2 de Orientar formación profesional integral, conforme a 03/02/ 15/12/
febrero del 2017. políticas institucionales establecidas, en los diferentes 2017 2017
municipios del departamento del Cauca.
Duración:
10 meses y 12 Curso:
días Hotelería y Turismo

29

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

20 1341 del 19 de Orientar formación profesional integral, conforme a 19/12/ 22/12/
diciembre de políticas institucionales establecidas, en los diferentes 2017 2017
2017 municipios del departamento del Cauca.

Duración: Curso:
19/12/17- Hotelería y Turismo
22/12/17

21 370 del 23 de Orientar formación profesional integral, conforme a 24/01/ 28/02/
enero de 2018 políticas institucionales establecidas, en los diferentes 2018 2018
municipios del departamento del Cauca.
Duración:
24/01/18 al Curso:
28/02/18 Hotelería y Turismo

Tabla 1. Relación de contratos de prestación de servicios.

106. De los 21 contratos de prestación de servicios, antes identificados, se aportaron
63
15 , con los siguientes objetos.

Contrato Objeto
3086 (19-ene- Impartir Formación Profesional en el curso de Manejo y Organización de
2006) Producción de Alimentos Módulo: Organización de la Producción de Cocina (140
H.) y Control del Manejo de Materias Primas (140 H.)

3165 (20-nov- Impartir Formación Profesional en el área de Manipulación de Alimentos según
2006) programación establecida.
20083027 de 2008 Impartir formación profesional en formación titulada, complementaria y demás
actividades directas de formación profesional en las áreas de Servicios Turísticos
y Hoteleros en el municipio de GUAPI.

20418 de 2008 Prestar los servicios como Instructor para apoyar la formación orientando 60 horas
en el área de Ética y transformación del entorno en el Municipio de Guapi.

20093271 de 2009 Impartir 150 horas de formación profesional titulada, complementaria y demás
actividades relacionadas con la ejecución en el Técnico en Mesa y Bar en
Popayán, según programación establecida por el Centro.

20103044 de 2010 Impartir 700 horas de formación titulada, complementaria y/o virtual y demás
actividades relacionadas con la ejecución de la formación en el área de Servicios
Turísticos Y Hoteleros en los diferentes municipios del departamento del Cauca,
según programación establecida por el Centro.

20103274 de 2010 Impartir formación titulada, complementaria y/o virtual, y demás actividades
relacionadas con la ejecución de la formación en las áreas de servicios de turismo
y tiempos mencionados en los diferentes municipios del Departamento del Cauca,
según programación establecida por el centro.

20113383 de 2011 Orientar formación profesional integral en la especialidad Hotelería y Turismo, en
las acciones de formación del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores, en los
diferentes municipios del departamento del Cauca, utilizando la estrategia

63
Los faltantes corresponden a los números 3073 del 27 de abril de 2007, 3107 del 27 de julio de 2007, 20113279
del 6 de julio de 2011, 20123340 del 21 de agosto de 2012, 1308 del 13 de noviembre de 2013 y 1341 del 19 de
diciembre de 2017.

30

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

Contrato Objeto
metodológica de Formación por proyectos, según programación establecida
durante la vigencia del contrato.

20123123 de 2012 Impartir formación profesional integral en la especialidad de Hotelería y Turismo
en los módulos y/o acciones de Formación del Programa Jóvenes Rurales
Emprendedores, según programación establecida durante la vigencia del presente
contrato.

663 de 2013 Orientar formación profesional integral titulada regular o de integración,
complementaria y/o virtual y demás actividades relacionadas con la ejecución de
la formación acorde con el reglamento del aprendiz, en las redes de conocimiento
que pertenece el centro en los diferentes municipios del departamento del Cauca,
utilizando la estrategia de aprendizaje por proyectos según programación
establecida durante la vigencia del contrato en el área de su competencia de
acuerdo a su perfil y expertica.

336 de 2014 Orientar acciones de formación profesional titulada y/o complementaria conforme
a las políticas institucionales establecidas y de acuerdo con la programación
asignada por el centro, en los diferentes municipios del Departamento del Cauca
Utilizando la estrategia de aprendizaje por proyectos según programación
establecida durante la vigencia contrato en el área de su competencia de acuerdo
a su perfil y experticia. En el área de: Servicios turísticos.

657 de 2015 Prestar los servicios de carácter temporal para orientar acciones de formación
profesional integral en el Programa Jóvenes Rurales Emprendedores conforme a
las políticas institucionales establecidas y de acuerdo con la programación
nacional por el centro en los diferentes municipios del departamento de cauca en
el área de guianza turística y servicios de alojamiento.

800 de 2016 Servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico y apoyo a la
gestión del emprendimiento rural para consolidar y fortalecer 3 unidades
productivas rurales de acuerdo a la proyección de las metas del centro. Formar
para la empleabilidad en la orientación de cuatro cursos en las líneas de
ocupaciones rurales y en el área de procesamiento de alimentos, de acuerdo al
diseño curricular y demás áreas de su competencia realizando acciones de
formación en el marco de los lineamientos del programa SENA Emprende Rural.

518 de 2017 Prestar los servicios de carácter temporal para orientar acciones de formación
profesional integral en el Programa de titulada y/o Complementaria (sic) conforme
a las políticas institucionales establecidas y de acuerdo con la programación
asignada por el centro, en los diferentes municipios del departamento del Cauca.
En el área de hotelería y turismo.

370 de 2018 Prestar los servicios de carácter temporal para orientar acciones de formación
profesional integral en el Programa de titulada y/o Complementaria (sic) conforme
a las políticas institucionales establecidas y de acuerdo con la programación
asignada por el centro, en los diferentes municipios del departamento del Cauca.
En el área de hotelería y turismo.

Tabla 2. Relación de objetos contractuales.

107. Del análisis de los anteriores contratos, pueden apreciarse las siguientes
estipulaciones que se repiten, con igual o similar redacción:

31

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

Cláusula Transcripción y contratos relacionados
contractual
1. Objeto: Presente (con variaciones de redacción) en los 15 contratos.
formación Todos los contratos tienen por objeto «impartir», «orientar» o «prestar los servicios como
profesional / instructor» para la formación profesional (titulada, complementaria y/o virtual) del SENA, a
instructor SENA ejecutarse en el departamento del Cauca (Popayán u otros municipios).
en el
departamento del
Cauca

2. Remuneración Contrato: 20083027/2008, 20418/2008, 20093271/2009, 20103044/2010, 20103274/2010
condicionada a (cláusula tercera).
certificación de «El pago se realizará previo el cumplimiento del respectivo trámite administrativo para el pago
cumplimiento a y certificación expedida por el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios, en la que
satisfacción conste que el Contrato se ha cumplido a entera satisfacción y presentación de la planilla única
de pago a seguridad social del mes correspondiente». (2008); variante 2009-2010:
«certificación expedida por el Coordinador Académico del Centro, en la que conste que el
Contrato se ha cumplido a entera satisfacción y presentación de la constancia de pago a Salud,
Pensiones y ARP».
Contratos 657/2015, 800/2016, 518/2017, 370/2018, en estos se observa:
«La contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos para el pago, tales
como la certificación expedida por el supervisor del contrato en la que se acredite el
cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones de contrato en el respectivo
periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social: salud, pensión y riesgos laborales;
así como los demás documentos necesarios para el pago».

3. Garantía única Presente en los 15 contratos.
a favor del SENA «EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL SENA una garantía única en la cual
se debe amparar el cumplimiento de este contrato en un porcentaje del diez por ciento (10%)
del valor total del mismo y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución y cuatro meses
más contados a partir de la expedición de la misma»
En los contratos 3086 y 3165 de 2006, únicamente se evidencia una casilla que hacer
referencia a: «GARANTÍA ÚNICA – Amparo Cumplimiento – Porcentaje: 10% del v/r contrato
– Vigencia: Duración contrato y 2 meses más».
En el contrato 800/2016 no se especifica el monto, se estipula únicamente lo siguiente:
«Constitución de la garantía única por parte de la contratista y aprobación de la misma por
parte del SENA».

4. Supervisión Presente en los 13 contratos de 2008-2018, con distinta denominación del supervisor según el
del contrato año de ejecución.
Fórmula 2008-2010: «El control y vigilancia acerca de la cabal, completa y adecuada ejecución
de este contrato estará a cargo del SUPERVISOR DE CONTRATISTAS, quien además deberá
velar por lo normado en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993; ejercer las funciones que por su
índole y naturaleza le sean propias; requerir al Contratista cuando se presenten fallas en la
prestación del servicio; y prestar todo el apoyo que EL CONTRATISTA requiera para el
adecuado desarrollo del mismo y las demás que surjan por la naturaleza misma del contrato.»
Fórmula 2011-2018: «El control y vigilancia del cabal cumplimiento y la completa y adecuada
ejecución de este contrato y de cada una de sus obligaciones, así como de la calidad de los
servicios prestados, estará a cargo de [Coordinación Académica / Coordinador Académico],
quien debe cumplir las funciones señaladas en el manual de interventoría y supervisión.»

5. Multas y Presente en los 13 contratos de 2008-2018. Dos variantes de redacción según el año.
cláusula penal Variante 2008-2010: «Si se presenta incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA
pecuniaria o si el SENA se ve en la necesidad de declarar la caducidad administrativa de la misma, EL
SENA hará efectiva al CONTRATISTA una sanción pecuniaria equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del Contrato. Las partes convienen en pactar la imposición de multas sucesivas
a favor de EL SENA, en caso de mora o incumplimiento de las obligaciones establecidas, por
una suma equivalente al 0,15% del valor del Contrato por cada día de incumplimiento».
Variante 2011-2018: «1) En caso de que haya lugar a la declaratoria de incumplimiento
definitivo del contrato o haya lugar a la declaratoria de caducidad del mismo, el SENA podrá
exigirle al(la) CONTRATISTA a título de tasación anticipada de perjuicios, una suma

32

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

Cláusula Transcripción y contratos relacionados
contractual
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. 2) Si el incumplimiento es
parcial, éste reconocerá y pagará al SENA, una multa equivalente al 0,5% del valor del Contrato
por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin superar el diez
(10%) del valor del contrato».

6. Caducidad Presente en los 13 contratos de 2008-2018.
«CLÁUSULA NOVENA. Caducidad: Se adoptará esta medida de conformidad con lo previsto
en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y por las demás causales previstas en las normas que
rijan la materia».

7. Ausencia de Presente en los 13 contratos de 2008-2018
relación laboral Variante 2008-2010: «CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. Ausencia de relación laboral: Las
partes dejan constancia expresa que el presente contrato no conlleva [relación laboral] y que
su ejecución se hará sin subordinación alguna, por la cual el contratista goza de independencia
en la preparación y ejecución del objeto contratado».
Variante 2011-2018: «Ausencia de relación laboral: Las partes dejan constancia expresa que
el presente contrato se suscribe en el marco del artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y
demás normas concordantes y complementarias, por lo cual declaran que no conlleva relación
laboral ni prestaciones sociales; su ejecución se hará sin subordinación alguna, gozando el(la)
contratista de independencia en la preparación y ejecución del [objeto] contratado».

8. Obligación de Presente en los 15 contratos.
afiliación y pago 2006: «El contratista acreditará que se encuentra afiliado al régimen de Seguridad social. (Ley
de seguridad 100/93 Art. 282) y Régimen de Pensiones (Ley 797 de enero 29 de 2003, artículo 13)».
social (salud y
pensión) 2008-2018: «EL CONTRATISTA deberá efectuar el pago oportuno de sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social integral en salud y pensión. El incumplimiento de esta obligación
dará lugar a la imposición de multas sucesivas, previa verificación de la mora mediante
liquidación efectuada por el supervisor del contrato. La persistencia en el incumplimiento de
esta obligación del CONTRATISTA, por cuatro (4) veces consecutivas, será causal para la
declaración de la caducidad administrativa del contrato.»
En los contratos de los años 2009-2018 se añade la exigencia de acreditación por el sistema
PILA o Planilla Asistida y la advertencia de que el servidor público que no verifique el pago
incurre en causal de mala conducta (art. 23 Ley 1150 de 2007).

9. Afiliación al Presente en los 15 contratos, con distinta redacción según el año.
Sistema General 2006: no se pacta expresamente (no aparece esta obligación en el formato reducido).
de Riesgos
Profesionales / 2008: «EL CONTRATISTA manifiesta su voluntad de afiliarse al Sistema General de Riesgos
Laborales Profesionales, de conformidad con lo establecido en el art. 3° inciso 2° del decreto 2800 de
(ARP/ARL) 2003 y deberá hacérselo saber al SENA» (en el contrato 20418 de 2008 se precisa la afiliación
a LA PREVISORA).
2009-2011: se exige entregar copia del formulario de afiliación (y, según el contrato, el
comprobante de pago) a la ARP a la que esté afiliado el SENA.
2013-2018: obligación de «estar afiliado o afiliarse al Sistema General de Salud y Pensión, así
como facilitar al SENA toda la documentación necesaria para la afiliación a la Administradora
de Riesgos Laborales -ARL-, a cargo de la Entidad», con obligaciones específicas del
contratista bajo el Sistema General de Riesgos Laborales como: el cuidado de la salud, el uso
de elementos de protección personal, el informar incidentes, participar en actividades de
prevención, cumplir el SG-SST.

10. Riesgos que Presente en los 6 contratos de 2008 a 2011. No aparece como cláusula separada en los
asume el contratos restantes.
contratista «CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Riesgos que Asume el Contratista: 1) De desplazamiento por
(desplazamiento, vía terrestre, aérea o marítima que tenga que realizar para la ejecución del contrato. 2) Orden
orden público, Público a los sitios a los cuales deba desplazarse para realizar las actividades objeto del
etc.) contrato. 3) Costos de realización de actividades distintas a las contempladas en el respectivo
contrato. 4) En la demora o falta de pago por parte del SENA, por la no presentación del informe
de actividades y demás documentos requeridos; en forma oportuna, incompleta o no ajustada

33

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

Cláusula Transcripción y contratos relacionados
contractual
al objeto del contrato. 5) Enfermedad profesional y/o accidentes durante o con ocasión de la
ejecución del contrato».

11. Cesión del Presente en los 13 contratos de 2008-2018.
contrato «EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte a persona natural o jurídica alguna, los
derechos y obligaciones inherentes al presente contrato, salvo autorización previa y expresa
de la entidad contratante». Esta fórmula es sustancialmente idéntica en todos los contratos.

12. Indemnidad Presente en los contratos de 2009-2012. No aparece en los contratos de 2013-2018 ni en los
del 2008.
«Indemnidad. El (la) contratista se obliga a mantener al SENA libre de cualquier daño o
perjuicio originado en reclamaciones, demandas, acciones legales y costos que puedan
causarse o surgir por daños o lesiones a terceros, ocasionados por las actuaciones del (la)
CONTRATISTA, sus agentes o sus dependientes, durante la ejecución del objeto y las
obligaciones del contrato».

13. Domicilio Presente como cláusula separada en los 7 contratos de 2009-2018.
contractual «Domicilio: Para todos los efectos legales y fiscales, las partes fijan como domicilio contractual
la ciudad de Popayán”.
Con variantes en los contratos 20103044 y 20103274 que fijan como domicilio «los municipios
del Departamento del Cauca» y «la ciudad Popayán», respectivamente.

15. Registro y Condición de ejecución. Aparece con tres denominaciones distintas según la época:
reporte en «plataforma Blackboard» en los años 2008-2010 y «SOFÍA PLUS» desde el 2011 en adelante.
aplicativo 2015-2018: «Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con
institucional los logros de los resultados de aprendizaje o novedades del aprendiz en los tiempos
(Blackboard / establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo
SOFÍA PLUS) dispuesto por la entidad».
2011-2014: «Programar y gestionar las acciones formación de forma coherente y ordenada,
en el sistema optimizado para la formación integral del aprendizaje activo SOFÍA PLUS,
diligenciar y entregar los formatos de programación y ejecución mensual de actividades,
reporte de novedades mensuales, según los requerimientos del proceso de ejecución de la
formación establecido por la Institución”; y “Reportar en el sistema SOFIA PLUS en un plazo
máximo de 3 días, todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su
responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia en el proceso
formativo».
2008-2010: «Manejar las tecnologías de la información y comunicación y la plataforma
Blackboard».
2012: En la copia que reposa en el expediente, hay una interrupción que no permite leer la
obligación completa. Sin embargo, dada la identidad de plantilla con los contratos de 2011 y
2013, es probable que contenga la misma obligación sobre SOFÍA PLUS.
2014: no nombra expresamente SOFÍA PLUS; usa fórmula genérica: «Demostrar el oportuno
registro en medio físico y en el aplicativo dispuesto por la Entidad, de las evaluaciones y
novedades de los aprendices bajo su responsabilidad».
2006: sin obligación de registro en aplicativo alguno.

16. Obligación de Año 2006: sin obligación de informes; el campo «SUPERVISIÓN» de la casilla resumen solo
rendir informes a identifica al Coordinador Académico como supervisor, sin imponer un deber expreso de rendir
la Coordinación informes.
Académica Año 2008: «Presentar los informes de reportes requeridos por Coordinación Académica para
el trámite de pago en los tiempos establecidos».
Año 2011: Obligación de «reportar sus avances ante su Supervisor inmediato de acuerdo con
los lineamientos establecidos». Cláusula séptima: supervisión «a cargo de la COORDINACIÓN
ACADÉMICA».
Años 2009 y 2010: El coordinador académico solo aparece en la cláusula tercera (pago),
certificando el cumplimiento para el trámite respectivo, no como destinatario de un deber de
informar; la cláusula de supervisión de estos tres contratos designa al «SUPERVISOR/A DE
CONTRATISTAS», no al Coordinador Académico.

34

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

Cláusula Transcripción y contratos relacionados
contractual
Año 2012: La cláusula séptima, tal como aparece transcrita en la copia disponible, designa
como supervisor a «la DEPARTAMENTO DEL CAUCA» (sic), no a la Coordinación Académica.
Año 2013: misma estructura; cláusula séptima: supervisión «a cargo de COORDINADOR
ACADEMICO».
Años 2014-2018: La cláusula séptima designa como supervisor a la «Coordinación
Académica», pero las obligaciones específicas del contratista no emplean expresamente la
palabra «informes» dirigidos al supervisor.

17. Derechos Presente en los 13 contratos de 2008-2018.
patrimoniales de «Los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos y desarrollos que produzca o
autor realice el(la) CONTRATISTA en desarrollo o ejecución del presente contrato, serán de
propiedad del SENA. Si hay lugar a publicaciones se dará el respectivo reconocimiento de los
derechos morales de autor».

18. Cumplimiento En todos los contratos de 2011-2018 se estableció este deber en cabeza de la contratista.
y promoción del Las obligaciones generales 13 y 14 establecían el deber de: «Promover el cumplimiento del
reglamento del Reglamento del Aprendiz. 14. Actuar acorde con los lineamientos del Reglamento del Aprendiz
aprendiz. en la Gestión del Proceso Formativo, garantizando la gestión documental y el debido proceso».

Tabla 3. Relación de cláusulas contractuales comunes.

108. La demandante adjuntó material fotográfico de las actividades de ejecución de
los contratos, listas de asistencia e informes de seguimiento con el propósito de
acreditar la prestación personal del servicio64. Este material pertenece a los informes
de ejecución de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

109. Así mismo, adjuntó certificados de pago a cargo del SENA y en favor suyo,
como contraprestación a las labores ejecutadas65.

110. La demandante prestó sus servicios como supernumeraria en la Registraduría
Nacional del Estado Civil, entre el 7 y el 17 de marzo de 2006 y del 23 de septiembre
al 2 de octubre de 200966. Fue vinculada mediante nombramiento temporal. El periodo
de tiempo entre el 7 y el 17 de marzo de 2006, correspondiente al primer nombramiento
como supernumeraria, concurre parcialmente con la ejecución del contrato 3086 del
19 de enero de 2006 del SENA.

111. Así mismo, desde el 21 de febrero hasta el 14 de diciembre de 2012 ejerció
como instructora de educación para el trabajo y desarrollo en el área de técnica de
operaciones de eventos, en la Pía Sociedad Salesiana Institución Educativa Don

64
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 19Anexos3, pág. 23, 28, 44; entre otras.
65
Ver, entre otros, el certificado de registro presupuestal número 553 del 22 de noviembre de 2006. Samai, historial
de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 17Anexos1, pág. 50.
66
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 20Anexos4, pág. 243. Esto, de acuerdo con
certificación emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 22 de octubre de 2009.

35

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

Bosco67. Fue vinculada mediante un contrato de prestación de servicios y este periodo
de tiempo concurre con la ejecución de los contratos 20123123 del 12 de marzo de
2012 y 20123340 del 21 de agosto del 2012 del SENA.

112. La accionante laboró entre el 1 de marzo de 2018 y el 17 de marzo de 2019
como instructora grado 7 en el Centro de Comercio y Servicios SENA, Regional Cauca,
como parte de la planta de empleados y en provisionalidad68. Para esto, terminó
anticipadamente el contrato 370 del 23 de enero de 2018, según solicitud del 28 de
febrero de 201869.

113. El 21 de diciembre de 2020, mediante apoderado, presentó petición al SENA en
la que solicitó que se reconociera la existencia de una relación laboral y se le pagaran
los emolumentos salariales, prestacionales y de seguridad social, causados durante el
periodo en el que prestó sus servicios a la entidad70.

114. No se evidencia respuesta de fondo frente a la anterior petición, por lo que se
configuró un acto administrativo ficto que negó la solicitud71.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

115. En el asunto bajo estudio, la accionante celebró contratos de prestación de
servicios con el SENA como instructora entre los años 2006 y 2018 en las áreas de
alimentación, cocina, mesa y bar, belleza y estética, hotelería y turismo para grupos
diversos de estudiantes, pero principalmente jóvenes del departamento del Cauca.
Conforme a esta situación, solicita que se declare la nulidad del acto administrativo
que negó la existencia de una relación laboral entre las partes, además del
reconocimiento y pago de las acreencias salariales, prestacionales y de seguridad
social, a que dice tiene derecho.

116. El Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la demandante no cumplió con la carga de la prueba correspondiente,
pues no se acreditó la subordinación, uno de los tres elementos de la relación laboral.

67
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 20Anexos4, pág. 245. Esto de acuerdo con
certificación del 22 de noviembre de 2012, emitida por el administrador de Pía Sociedad Salesiana Institución
Educativa Don Bosco.
68
Ver la certificación 538 del 19 de noviembre de 2019 sobre el periodo trabajado y las resoluciones 19-0426/19,
19-0545/19 y 19-0671/19 mediante las que liquida, modifica y ajusta el salario de las prestaciones sociales
adquiridas por la demandante durante dicho periodo laboral. Véase en el expediente: Samai, historial de
actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 1DemandaAnexos, págs. 29-49.
69
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 01DemandaAnexos, pág. 56.
70
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 1DemandaAnexos, pág. 50.
71
Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 26AutoTrámite, pág. 3.

36

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

117. La decisión fue recurrida en apelación por la parte demandante, quien pide que
se revoque. Como fundamento, alegó que el elemento de la subordinación se acreditó
de acuerdo con el material probatorio. De esta manera, le corresponde a la Sala
determinar si entre las partes tuvo lugar una relación laboral encubierta y, de ser así,
si la entidad accionada debe pagar las mencionadas acreencias laborales.

118. Con el fin resolver el primer problema jurídico planteado, correspondiente a si
se acreditó o no la existencia de una relación laboral encubierta entre la señora María
Ximena Herrera Mejía y el SENA deben probarse tres elementos: la prestación
personal del servicio, la subordinación continua y la remuneración como
contraprestación del servicio.

119. En ese orden de ideas, se procede al estudio de cada uno de estos elementos.

A. Prestación personal del servicio

120. Tal como lo determinó el Tribunal Administrativo del Cauca, la accionante prestó
personalmente el servicio durante toda la relación contractual. En primer lugar, esto se
prueba con los informes de ejecución, que incluyen listas de asistencia y fotografías
de las actividades realizadas; las actas de entrega de capital semilla, que demuestran
la finalización de los cursos en los que se debían entregar proyectos productivos en
ejecución; entre otros documentos que obran en el expediente72.

121. En segundo lugar, con relación al espacio de ejecución, la accionante prestó
sus servicios en las instalaciones del SENA73. No obstante, en múltiples ocasiones, se
desplazaba a municipios como Páez o Guapi. Esto se prueba con documentos como
órdenes de viaje en donde se solicitaba el trámite presupuestal y el pago de un anticipo
para sufragar los gastos de transporte74. Así mismo, en algunos de los documentos
contractuales se establecía que el objeto pactado debía ejecutarse en determinado
municipio del departamento del Cauca75.

122. A partir de esto, se puede concluir que la accionante tenía el deber formal de
prestar personalmente el servicio y así lo hizo, entre el 19 de enero de 2006 y el 28 de
febrero de 2018 (con algunas interrupciones), fecha en la cual culminó el último de los
21 contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, de acuerdo con las
pruebas previamente referidas.

72
Ver, entre otros, Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 19Anexos3, págs. 15, 81, 192; entre otras.
73
Por ejemplo, el contrato 20093271 de 2009 estableció que el objeto pactado debía ejecutarse en la ciudad de
Popayán, en las instalaciones del Centro de Comercio y Turismo.
74
Ver, entre otros, Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 18Anexos2, págs. 226, 227, 258.
75
Ejemplo de ello es el contrato 2008327 que especificaba que debía ejecutarse en el municipio de Guapi. Consultar
en Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 17Anexos1, pág. 59.

37

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

123. La terminación del último contrato el 28 de febrero de 2018, tuvo lugar en
atención a que, desde el día siguiente, esto es, el 1 de marzo de 2018, la demandante
fue nombrada en provisionalidad en el cargo de instructora, vinculación que mantuvo
hasta marzo de 2019.

124. La coincidencia exacta entre la finalización del último contrato y el inicio del
nombramiento en planta confirma que la prestación personal del servicio se desarrolló
de manera constante hasta el momento en que la relación contractual dio paso a la
vinculación legal y reglamentaria para el desempeño de idéntica función, circunstancia
que será retomada más adelante al examinar el elemento de la subordinación.

B. Remuneración

125. En los contratos de prestación de servicios celebrados entre la accionante y el
SENA, las partes acordaron el pago de honorarios a favor de la contratista. Esto se
probó de un lado, con los 15 documentos contractuales que se adjuntaron76, en los
que se estipula la suma pactada como honorarios, y de otro, con los certificados y
recibos de pago en favor de la demandante y a cargo de la entidad77.

126. Por esta razón es posible concluir, en consonancia con el Tribunal
Administrativo del Cauca, que este requisito se encuentra igualmente acreditado.

C. Continuada subordinación o dependencia

127. Para determinar si entre las partes existió subordinación, la Sala valorará el
material probatorio reseñado en el acápite de hechos probados —en especial, los
objetos contractuales, las cláusulas comunes de los contratos suscritos entre 2006 y
2018, y los informes de ejecución allegados— de manera conjunta, conforme a las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP).

128. Para tal efecto, resulta pertinente acudir a los criterios que la Corte
Constitucional estableció en la sentencia C-614 de 2009 para determinar cuándo se
está en presencia de una contratación irregular de funciones permanentes de una
entidad. Estos criterios, si bien fueron expuestos en el marco normativo y
jurisprudencial de esta providencia a propósito de la excepcionalidad del contrato de
prestación de servicios, ofrecen igualmente un marco idóneo para examinar, de
manera conjunta y no fragmentada, si la relación contractual objeto de estudio estuvo
revestida de las notas características de la subordinación propias de la relación laboral.

76
Ver Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 17Anexos1, págs. 4, 44, 59, 132, 146, 212, 307,
342 y 445; 18Anexos2, págs. 32, 61, 87, 122, 179 y 188; 19Anexos3, pág. 177; 20Anexos4, págs. 26 y 268.
77
Ver, entre otros documentos de pago, Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002,
archivo 5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 19Anexos3, pág. 88.

38

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

129. En ese orden de ideas, de acuerdo a la sentencia antes señalada se tendrán en
cuenta: (1) el criterio funcional, esto es, si la función contratada corresponde al ejercicio
ordinario de las labores que la entidad debe adelantar; (2) el criterio de igualdad, esto
es, si las labores desarrolladas son las mismas que las asignadas a los servidores
públicos de planta; (3) el criterio temporal o de habitualidad, esto es, si las funciones
contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad propia de un horario de trabajo
o de la realización frecuente de la labor; (4) el criterio de la excepcionalidad, esto es,
si la contratación obedeció a actividades nuevas, no susceptibles de ser desarrolladas
con personal de planta, o a una sobrecarga laboral de este; y (v) el criterio de la
continuidad, esto es, si la vinculación mediante contratos sucesivos tuvo por objeto
funciones del giro ordinario de la administración.

130. A estos criterios se suman los identificados por la jurisprudencia de esta Sección
para detectar el elemento de la subordinación78, entre los que se destaca la dirección
y control efectivo ejercido por la entidad sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar
de ejecución del contrato. Este aspecto es el más relevante para establecer si la
entidad ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que la contratista
cumplió su objeto contractual, pues cuando estas facultades se ejercen de manera
sistemática y permanente, se desbordan los límites de la coordinación y se ingresa al
terreno de la subordinación laboral.

C.1. Análisis de las pruebas

131. Criterio funcional. Según quedó establecido en el acápite de hechos probados,
la totalidad de los 21 objetos contractuales correspondió a impartir formación
profesional titulada, complementaria o virtual (ver tabla 2), actividad que constituye el
núcleo de la misión legal del SENA, como se ilustró en el capítulo 3.3.5. de la presente
decisión. Esta correspondencia sistemática y sostenida durante doce años entre el
objeto contratado y la misión institucional de la entidad satisface el criterio funcional
fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C-614 de 2009, en la medida en que
la función contratada no fue ajena ni marginal al ejercicio ordinario de las labores que
la entidad debe adelantar, sino que se identificó plenamente con él.

132. Criterio de igualdad. Las funciones desarrolladas por la contratista —
programar, orientar y evaluar procesos de aprendizaje, según la programación
institucional— coinciden con las asignadas al empleo de instructor de la planta de
personal del SENA, conforme al artículo 2 del Decreto 1424 de 199879. No se trata,
entonces, de una actividad accesoria o de apoyo administrativo, sino del ejercicio de
las mismas funciones que la entidad encomienda a sus servidores públicos vinculados
legal y reglamentariamente, lo que satisface el criterio de igualdad.

78
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
79
«ARTICULO 2o. DEL GRUPO DE OCUPACIONAL DE INSTRUCTOR. El grupo ocupacional de Instructor
comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación profesional, desempeñar
actividades de coordinación académica de la formación e investigación aplicada».

39

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

133. En tal sentido, llama la atención que la peticionaria destacó, sin que se adviertan
elementos de juicio que permitan sostener lo contrario, que las mismas tareas que
desempeñó como contratista las continuó desarrollando una vez fue nombrada como
instructora grado 7 en el Centro de Comercio y Servicios SENA, Regional Cauca, cargo
que ejerció del 1 de marzo de 2018 al 17 de marzo de 2019.

134. Criterio temporal o de habitualidad. Conforme al clausulado reseñado en los
hechos probados, la generalidad de los contratos remite el cumplimiento de las
actividades a la programación y los parámetros fijados por el Centro o por la
Coordinación Académica, mecanismo que se mantuvo constante a lo largo de la
relación contractual.

135. A diferencia de un contrato de prestación de servicios profesionales que se
agota en la entrega de un producto o resultado puntual, la función de instructor exige,
por su propia naturaleza, un contacto sostenido y continuado con el mismo grupo de
aprendices a lo largo de todo el proceso formativo. Según las funciones esenciales del
cargo de instructor ya reseñadas en el marco normativo de esta providencia y los
documentos contractuales que se allegaron como prueba, entre las actividades
encargadas a la demandante se encuentran seleccionar y aplicar estrategias de
enseñanza, aprendizaje y evaluación; orientar el proceso conforme a la programación
curricular y evaluar el desempeño de los aprendices durante todo el curso.

136. Esta exigencia de continuidad se materializa, además, en las obligaciones
contractuales reseñadas en hechos probados: la contratista debía sujetarse
permanentemente al Reglamento del Aprendiz como parámetro de ejecución de la
formación; debía reportar en el aplicativo institucional —Blackboard entre 2008 y 2010,
y SOFÍA PLUS desde 2011— el avance del proceso evaluativo de cada aprendiz
dentro de plazos perentorios de hasta 3 días; y debía ajustarse en todo momento a la
programación y los lineamientos metodológicos fijados por el Centro o por la
Coordinación Académica.

137. Estas obligaciones no describen la ejecución de un encargo puntual y delimitado
en el tiempo, sino una dedicación constante y sostenida a lo largo de la duración de
cada curso, en la que la contratista debía acompañar de manera ininterrumpida el
proceso formativo de sus estudiantes, reportando periódicamente su desarrollo a la
entidad.

138. Frente a la materialización de la forma habitual en la que se desarrolla el trabajo,
puede apreciarse en los informes de ejecución correspondientes a los contratos de
2015, 2017 y 2018, que dan cuenta de una carga horaria de entre 155 y 180 horas
mensuales. Esta carga es equivalente a una dedicación cercana al tiempo completo,
pues implica entre 19 y 22 jornadas de 8 horas al mes. Por tal motivo, la ejecución del
objeto contractual no obedeció a encargos esporádicos u ocasionales, sino a una

40

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

dedicación constante y habitual, propia de una relación de tipo laboral y no de la
ejecución puntual de un objeto contractual específico.

139. Criterio de la excepcionalidad. Conforme a la sentencia C-154 de 1997, la
insuficiencia de personal de planta no habilita por sí sola a la entidad para acudir al
contrato de prestación de servicios; esta modalidad solo opera cuando la entidad no
cuenta con personal de planta que garantice el conocimiento profesional, técnico o
científico requerido, o cuando se demandan conocimientos especializados y, en todo
caso, por el término estrictamente indispensable.

140. En el expediente no obra estudio previo, ni documento equivalente, que
justifique de manera concreta por qué las funciones de instructora desarrolladas por la
señora Herrera Mejía no podían atenderse con personal de planta o exigían
conocimientos especializados que este no tenía. Las manifestaciones genéricas del
SENA sobre la necesidad de contratar personal para impartir determinados cursos
(consignadas en algunos contratos), no constituyen prueba suficiente de dicha
insuficiencia, pues se trata de simples declaraciones de la propia entidad interesada,
sin respaldo documental que las sustente.

141. Pero, con independencia de la ausencia de dicha justificación puntual, lo
determinante es que ninguna necesidad de personal especializado o de sobrecarga
transitoria puede explicar razonablemente que la misma persona haya sido vinculada
de manera ininterrumpida, a través de 21 contratos sucesivos, durante un periodo de
doce años, para desarrollar en esencia la misma función.

142. La excepcionalidad que el ordenamiento exige para acudir a la prestación de
servicios presupone, por definición, una necesidad extraordinaria, no recurrente o
transitoria. Una necesidad que se prolonga de manera continua durante más de una
década dista, por su propia naturaleza, de ser excepcional y se convierte en un
requerimiento ordinario y permanente de la entidad. No es razonable sostener que la
formación en áreas como alimentación, hotelería y turismo, mesa y bar, y belleza y
estética —todas ellas dentro del núcleo mismo de la oferta formativa histórica del
SENA— haya representado, durante doce años consecutivos, una necesidad
excepcional que la entidad no pudiera prever ni satisfacer mediante la ampliación de
su planta de personal.

143. En consecuencia, no se advierte justificación alguna para sostener el carácter
excepcional del contrato de prestación de servicios durante un periodo de doce años.
Esto descarta la aplicación de la excepción reconocida en la sentencia C-154 de
199780 y confirma que la modalidad contractual empleada desnaturalizó la figura
prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

80
Esta excepción habilita excepcionalmente a las entidades a contratar funciones misionales o permanentes por
una sobrecarga transitoria de trabajo. No obstante, se reitera que debe analizarse la extensión temporal de la
contratación por prestación de servicios. En este caso, es claro que la extensión de los contratos no permite la
aplicación de esta excepción.

41

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

144. Criterio de la continuidad. Como se viene destacando, la vinculación se
materializó mediante contratos sucesivos —21 en total, entre el 19 de enero de 2006
y el 28 de febrero de 2018— para el desempeño de funciones del giro ordinario de la
entidad. Esta sucesión continuada satisface el criterio de continuidad y confirma que
la verdadera relación existente entre las partes fue de naturaleza laboral y no
meramente contractual, pues no se acredita en el expediente un cambio sustancial en
la naturaleza de la función contratada (como instructor) a lo largo de dicho periodo.

145. Tampoco desvirtúa la continuidad de la relación laboral con el SENA el hecho
de que, en periodos puntuales, la demandante hubiera sostenido otras vinculaciones.
En efecto, obra en el expediente que prestó sus servicios como supernumeraria en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante nombramiento temporal, entre el 7
y el 17 de marzo de 2006 y entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre de 2009. El
primero de estos periodos concurre parcialmente con la ejecución del contrato 3086
del 19 de enero de 2006 suscrito con el SENA.

146. Así mismo, entre el 21 de febrero y el 14 de diciembre de 2012 ejerció, mediante
contrato de prestación de servicios, como instructora de educación para el trabajo y el
desarrollo en el área de técnica de operaciones de eventos, en la Pía Sociedad
Salesiana Institución Educativa Don Bosco, periodo que coincide con la ejecución de
los contratos 20123123 del 12 de marzo de 2012 y 20123340 del 21 de agosto de
2012, también suscritos con el SENA.

147. La existencia de estas vinculaciones adicionales, examinadas en su contexto,
no tiene la entidad de desvirtuar la subordinación acreditada frente al SENA ni de
romper la continuidad de dicha relación. De un lado, el nombramiento como
supernumeraria en la Registraduría correspondió a periodos extremadamente cortos
—diez días en 2006 y nueve días en 2009—, propios de la atención de necesidades
electorales puntuales, sin que su breve duración permita inferir que durante esos
lapsos la demandante hubiera suspendido o modificado sustancialmente el desarrollo
de su labor como instructora del SENA. De otro lado, la vinculación con la institución
educativa Don Bosco, aunque de mayor duración, correspondió igualmente al ejercicio
de la docencia bajo la misma modalidad de prestación de servicios, lo que no resulta
incompatible con el desarrollo simultáneo de las funciones de instructora en el SENA.

148. En todo caso, la subordinación no exige, como presupuesto de su configuración,
la dedicación exclusiva del trabajador a un único empleador. El artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo no condiciona la existencia de la relación laboral a que el
trabajador se abstenga de sostener, simultáneamente, otras vinculaciones laborales o
contractuales; lo determinante es que, frente a cada relación en particular, se acrediten
los elementos de prestación personal, remuneración y subordinación.

149. Así, el hecho de que la demandante hubiera sostenido, de manera puntual o
incluso simultánea, otras vinculaciones de corta duración, en nada controvierte que,

42

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

en su relación específica con el SENA, haya estado sometida a las condiciones de
programación, control y evaluación ya examinadas. Por el contrario, la circunstancia
de que esas otras vinculaciones fueran, en su mayoría, transitorias y de duración
considerablemente inferior a la sostenida con el SENA —doce años, frente a periodos
que en el caso de la Registraduría no superaron los diez días, y en el de la institución
educativa Don Bosco se limitaron a casi diez meses— reafirma que la relación
verdaderamente continua, estable y permanente fue precisamente la que existió con
la entidad demandada.

150. En complemento del análisis anterior, la Sala especifica que siempre que se
analice la concurrencia de otros contratos con la labor de instructor del SENA se debe
considerar la posible incompatibilidad entre estos ingresos con el ejercicio de la función
pública de cara a la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política. La cual
consiste en la imposibilidad de percibir más de una asignación proveniente del tesoro
público.

151. Dirección y control efectivo. Además de los 5 criterios de la sentencia C-614
de 2009 ya examinados, el expediente ofrece elementos concretos de dirección y
control por parte del SENA que exceden la mera coordinación contractual y que,
apreciados en conjunto, resultan determinantes para acreditar la subordinación.

152. Sujeción al Reglamento del Aprendiz. Varios de los contratos suscritos exigen
expresamente a la contratista sujetar la ejecución de la formación al Reglamento del
Aprendiz81. Se trata de un cuerpo normativo interno de la entidad, ajeno a la voluntad
de la contratista, que regula de manera unilateral las condiciones bajo las cuales debe
desarrollarse el proceso formativo. Al obligarse la contratista a sujetar su labor a un
reglamento que la entidad expide y modifica unilateralmente, sin que medie ningún
margen de negociación o disposición para la contratista, se le impone un marco
normativo que trasciende la simple coordinación de actividades y se instala en el
terreno de la subordinación a directrices internas de la entidad, de la misma naturaleza
que las que rigen a los empleados de planta.

153. Registro y reporte en plataformas institucionales con plazos perentorios.
El clausulado contractual, a lo largo de la relación, exigió a la contratista el manejo de
las plataformas tecnológicas dispuestas por la entidad para la gestión académica82,
con la obligación de programar y reportar las actividades de formación dentro de plazos
perentorios de pocos días. No se trata, entonces, de una simple rendición de cuentas
al final de la ejecución contractual, sino de un mecanismo de reporte continuo y casi
inmediato sobre el desarrollo del proceso formativo de cada aprendiz, que permitía a
la entidad conocer y verificar, en tiempo real y de manera permanente, el avance de la
labor de la contratista.

81
Ver Tabla 3, numeral 18. Asimismo, algunos de los objetos contractuales de la Tabla 2.
82
Ver Tabla 3, numeral 15.

43

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

154. Atribución a la entidad de los derechos patrimoniales de autor. Algunos de
los contratos suscritos estipulan que los derechos patrimoniales de autor sobre los
documentos y desarrollos que produjera la contratista en ejecución del contrato serían
de propiedad del SENA83. Esta cláusula supone la apropiación, por parte de la entidad,
del producto del trabajo intelectual de la contratista —guías, materiales didácticos,
instrumentos de evaluación, proyectos formativos, entre otros—, prerrogativa que es
característica del empleador frente a las creaciones de su trabajador y ajena a la lógica
de independencia que debería regir la relación con un contratista autónomo. Que la
entidad se reserve de manera sistemática, contrato tras contrato, la propiedad sobre
todo cuanto la contratista produjera en el ejercicio de su labor, es indicativo de que
dicha labor se concebía como una prestación integrada a la operación misma de la
entidad, y no como el resultado de un ejercicio profesional independiente.

155. Evaluación de desempeño como condición de continuidad del vínculo.
Llama la atención de los contratos 3086 y 3165 de 2006, que contiene una casilla de
evaluación y seguimiento, según la cual, si la evaluación resultaba insatisfactoria, la
contratista aceptaba que el SENA diera por terminado unilateralmente el contrato
celebrado84. Esta estipulación revela el ejercicio de un poder de dirección propio de la
relación laboral desde los inicios de la relación contractual entre las partes, pues
subordina la permanencia del vínculo contractual, no al vencimiento del plazo pactado
o al incumplimiento de obligaciones específicas y verificables, sino al juicio que la
entidad haga sobre la manera en que la contratista desempeña su labor.

156. Esto es sustancialmente distinto de las cláusulas de caducidad o terminación
por incumplimiento contractual, que exigen la constatación objetiva de un
incumplimiento de obligaciones puntuales; aquí, la continuidad del contrato queda
sujeta a una evaluación de desempeño —esto es, a un juicio de valor sobre el modo
en que la contratista ejecuta sus funciones—, mecanismo que es característico del
poder de dirección y del ius variandi propios del empleador, y ajeno a la lógica de un
contrato de prestación de servicios entre partes que actúan en pie de igualdad.

157. Las circunstancias descritas, apreciadas de manera individual, eventualmente
podrían explicarse, cada una por separado, como manifestaciones ordinarias de la
coordinación contractual propia de cualquier contrato estatal. Sin embargo, apreciadas
en conjunto, configuran un patrón sostenido de dirección y control que excede
ampliamente los límites de la coordinación y satisface el elemento de la subordinación,
conforme a los criterios fijados en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia.

83
Ver Tabla 3, numeral 17.
84
A pesar de lo limitado que es el clausulado de estos documentos contractuales, una de las estipulaciones
expresamente establecidas en ellos es la capacidad de terminación unilateral del contrato por parte de la entidad
si se considera insatisfactorio el desempeño de la contratista. Ver en Samai, historial de actuaciones judiciales,
expediente digital, índice 00002, archivo 5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento
17Anexos1, págs. 4, 44.

44

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

C.2. La subordinación en la labor docente. Enfoque jurisprudencial

158. La anterior conclusión, según la cual la relación contractual entre la señora
Herrera Mejía y el SENA estuvo revestida de los elementos propios de la subordinación
laboral, encuentra un elemento adicional de confirmación en el enfoque especial que
tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han dado, de manera
reiterada, a la naturaleza de la labor docente ejercida bajo modalidades de vinculación
distintas a la relación legal y reglamentaria.

159. Por ejemplo, esta Subsección, en el marco de controversias relativas al cómputo
de tiempos laborados por maestros mediante contratos de prestación de servicios,
precisó que dicho cálculo resulta procedente tanto para efectos del reconocimiento de
la pensión de jubilación docente como en el escenario de la declaratoria de una
relación laboral encubierta85. En efecto, en diversas oportunidades «se ha establecido
que el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión
de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios es viable cuando
se pretende la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o en el
evento en que únicamente se solicite para efectos del cómputo de los periodos
laborados bajo la forma contractual»86.

160. Para llegar a esta conclusión, la Sala reiteró lo dicho en la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, según la cual «la vinculación de docentes bajo
la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor
ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público
de educación, en razón a que al igual que los docentes — empleados públicos (i) se
someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo
por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades
e igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado»87.

161. En la misma providencia, la Sala reiteró que los docentes vinculados mediante
contratos de prestación de servicios «no ejercen su labor de manera independiente,
pues al igual que los docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de
manera personal y subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la
educación» y que «carecen de autonomía en el desarrollo de su actividad, pues se

85
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2026, Rad. 19001-23-33-000-
2020-00611-01 (2295-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
86
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-
000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
87
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2026, Rad. 19001-23-33-000-
2020-00611-01 (2295-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, con cita de la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-
16 del 25 de agosto de 2016, rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).

45

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

someten a directrices, inspección y vigilancia de las autoridades educativas; y sus
funciones las ejercen durante una jornada laboral que está sometida a un calendario
académico»88.

162. Asimismo, esta corporación, en otra sentencia relativa al cómputo pensional de
tiempos docentes, reiteró lo expuesto por esta Subsección en sentencia del 19 de
enero de 2017, según la cual, «dada la naturaleza de la función docente, el principio
de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto
que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña
una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico
régimen legal y reglamentario»89.

163. Igualmente se ha pronunciado la Corte Constitucional. Al examinar la
constitucionalidad de las normas que regulaban la vinculación de docentes
temporales90, advirtió que la diferencia de trato fundada en el menor costo económico
que estos representan para el Estado «confrontada a la luz de la Constitución, se torna
irrazonable y contraria a sus mandatos», pues «el legislador carece de libertad frente
a la realidad del trabajo subordinado y no puede, sin más, desconocer su existencia y
despojarla de las consecuencias y garantías que le son inherentes»91.

164. Así mismo, al estudiar el régimen de vinculación de los profesores de cátedra u
ocasionales en las universidades estatales92, concluyó que estos «tienen también una
relación laboral subordinada, por cuanto cumplen una prestación personal de servicio,
igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los
llamados ocasionales» y que «devengan una remuneración por el trabajo
desempeñado y están sujetos a una subordinación como se les exige a los otros, como
horarios, reuniones, evaluaciones, etc., contemplados en el reglamento»93. Precisó,

88
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2026, rad. 19001-23-33-000-
2020-00611-01 (2295-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
89
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de junio de 2026, rad. 52001-23-33-000-
2020-01089-01 (0075-2025), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, con cita de sentencia del 19 de enero de 2017,
Rad. 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015).
90
En la sentencia C-555 de 1994, se analizó, entre otros, el parágrafo 1° del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, que
establecía (pues fue declarado inexequible): «Parágrafo 1. Los docentes temporales vinculados por contrato a los
servicios educativos estatales antes del 30 de junio de 1993 que llenen los requisitos de la carrera docente serán
incorporados a las plantas de personal de los departamentos o de los distritos en donde vienen prestando sus
servicios, previo estudio de necesidades y ampliación de la planta de personal. La vinculación de los docentes
temporales será gradual, pero deberá efectuarse de conformidad con un plan de incorporación que será
proporcional al incremento anual del situado fiscal y con recursos propios de las entidades territoriales y en un
término no mayor a los seis años contados a partir de la publicación de la presente ley».
91
Corte Constitucional, sentencia C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
92
En el fallo C-006 de 1996, se estudió la constitucionalidad del apartado destacado del artículo 74 de la Ley 30 de
1992 que prescribía (pues fue declarado inexequible):
«Artículo 74. Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo,
sean requeridos transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año.
Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos
mediante resolución y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos últimos».
93
Corte Constitucional, sentencia C-006 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.

46

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

además, que el carácter transitorio de la vinculación docente «no justifica que se le
restrinjan sus derechos como trabajador»94.

165. Estos pronunciamientos, referidos a escenarios de cómputo pensional, relación
laboral encubierta y vinculación de docentes de cátedra en instituciones de educación
formal, ponen de presente que la actividad docente —entendida en un sentido amplio,
comprensiva de la formación profesional que imparte el SENA a través de sus
instructores— ha merecido, de manera reiterada y en distintos escenarios normativos,
un enfoque especial por parte de esta jurisdicción y de la Corte Constitucional, en
atención a que reviste unas características que resultan particularmente relevantes
para el examen de la subordinación, tales como la sujeción a un calendario o
programación institucional que no depende de la voluntad de quien enseña; el
sometimiento a la inspección, vigilancia y evaluación permanente de la autoridad
respectiva; y el desarrollo de funciones sustancialmente idénticas a las de quienes
prestan el mismo servicio en condición de empleados de planta.

166. Estas son, precisamente, las mismas notas características que el análisis
probatorio que antecede encontró acreditadas en el caso concreto: la programación
institucional a la que se sujetó la contratista, el seguimiento continuo de su labor
mediante los mecanismos ya examinados, y la identidad de sus funciones con las del
cargo de instructor de planta.

167. En consecuencia, el enfoque especial que la jurisprudencia de esta Sección y
de la Corte Constitucional han dado a la naturaleza de la labor docente no sustituye el
análisis del caso concreto, pero sí lo corrobora, toda vez que las mismas razones que
han llevado a reconocer la subordinación de quienes ejercen la docencia bajo
modalidades contractuales distintas a la relación legal y reglamentaria, son las que se
hallaron acreditadas al examinar el clausulado y los informes de ejecución de la señora
Herrera Mejía.

D. Resolución del primer problema jurídico

168. Conforme a lo expuesto, se encuentran acreditados en el caso concreto los tres
elementos de la relación laboral: la prestación personal del servicio, la remuneración
como contraprestación y la subordinación continuada, esta última tanto a partir del
examen conjunto del clausulado y de los informes de ejecución reseñados en el
acápite de análisis probatorio, como del enfoque especial que la jurisprudencia ha
dado a la naturaleza de la labor docente. En consecuencia, entre la señora María
Ximena Herrera Mejía y el SENA existió una relación laboral encubierta bajo la
apariencia formal de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el 19 de
enero de 2006 y el 28 de febrero de 2018, salvo interrupciones.

94
Ibidem.

47

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

169. Dicho esto, se revocará la sentencia de primera instancia y se accederá a la
pretensión de declaratoria de la relación laboral.

E. Restablecimiento del derecho

170. Como consecuencia de la declaratoria de existencia de la relación laboral, la
accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
legalmente previstas. Para la Subsección, la base de liquidación de dichas
prestaciones debe corresponder al salario asignado al empleo de la planta de personal
cuyas funciones sean iguales o equivalentes a las desempeñadas por la demandante.

171. En efecto, los contratos de prestación de servicios determinan las actividades
que debe desarrollar el contratista. Por consiguiente, cuando en la planta de personal
exista un empleo con funciones iguales o equivalentes a las pactadas
contractualmente, deberá tomarse como parámetro el salario asignado a dicho cargo.
La equivalencia a la que se alude es de carácter funcional, de manera que, aun cuando
no exista en la planta un empleo idéntico, deberá establecerse si alguno de los cargos
existentes comprende funciones similares o equivalentes a las desempeñadas por la
contratista.

172. La Subsección precisa que no se acude a los honorarios, en tanto, son fijados
a través de un acuerdo de voluntades en el marco de una relación contractual, que
también dependen de los estudios previos95 de la entidad para celebrar el contrato.
Aspectos que, a juicio de la Sala, son diferentes a los criterios especializados que se
tienen en cuenta para fijar los salarios en el sector público. Ciertamente, en materia
salarial existe una competencia compartida entre el legislador que dicta las leyes
marco y el Gobierno nacional, como lo señala el literal e) del numeral 19 del artículo
150 de la Carta Política.

173. Nótese que cuando se declara la existencia de la relación laboral, a la luz del
principio de supremacía de la realidad sobre las formas (artículo 53 de la Constitución
Política), justamente se está indicando que el contrato de prestación de servicios
desconoció el orden superior, lo cual conlleva a que se deba preferir el salario del
cargo, en lugar de acudir a los honorarios.

174. De donde se colige que lo pactado por las partes, o lo fijado internamente por
la entidad como pago para los contratistas, no puede, en principio, constituir la base
para determinar el valor de las prestaciones sociales cuando se demuestra la
existencia de una relación laboral con una entidad pública. Ello en modo alguno

95
En el fallo de unificación del 9 de septiembre de 2021 se acudió a los estudios previos para que debían justificar la
necesidad temporal para celebrar el contrato de prestación de servicios. Por ello, en la primera regla de unificación se
determinó que «el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio
de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de
forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia». Consejo de Estado, Sección
Segunda, proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

48

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

equivale a que la declaración de la existencia de la relación laboral otorgue la calidad
de empleado público, sino que propende por acudir a un parámetro de equidad y
proporcionalidad, por haberse utilizado el contrato de prestación de servicios para
ocultar una relación laboral.

175. Ciertamente, para poder concluir que existió una relación laboral, uno de los
indicios a evaluar consiste en estudiar si las actividades contractuales también son
realizadas por los servidores de planta. Por ello, el fallo de unificación96 explicó que
«el hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la
entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente». Así entonces, este análisis materializa el principio de «a trabajo igual,
salario igual»97. Por consiguiente, en sana lógica lo razonable es que se acuda al
salario del cargo en planta respecto del cual se hace la comparación.

176. En efecto, esta Sala ya ha venido considerando que, como consecuencia de la
declaratoria de la existencia de la relación laboral, en virtud del mencionado principio,
la base para calcular las prestaciones debe corresponder al salario del cargo en la
planta de personal, así98:

Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual, salario igual», que se deriva
del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los
trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad
y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones, sin
desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis distintas.

En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al principio
de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la labor
desempeñada por Carlos Alberto Díaz Guzmán debía ser remunerada conforme con lo
devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las suyas.

Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado
sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no
haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o
completar el porcentaje que le correspondía como empleada.

177. Sin embargo, de forma residual, solamente cuando en la planta de personal no
haya un cargo con funciones iguales o equivalentes, la base de liquidación de las

96
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016).
97
Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 143. 1. «A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones
de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que
se refiere el artículo 127».
98
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

49

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

prestaciones sociales será el valor de los honorarios.

178. Descendiendo al caso concreto, se dispondrá el pago de las prestaciones
liquidadas con base en el salario de un instructor de planta que cumpliera funciones
iguales o equivalentes, por el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2006 hasta
el 28 de febrero de 2018.

179. En consecuencia, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y demás acreencias laborales de carácter legal que habría
devengado un instructor de la entidad demandada que ejerciera funciones iguales o
equivalentes, incluidas vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y los demás
emolumentos a que haya lugar.

180. Esta Sala hace dos precisiones sobre el tiempo a partir del cual procede el
reconocimiento y pago de las prestaciones laborales reclamadas. Primero, no se debe
incluir las interrupciones entre contratos, pues fueron tiempos no laborados. Segundo,
no se debe incluir el periodo del 7 al 17 de marzo de 2006, pues durante estos 10 días
la demandante fue nombrada supernumeraria en la Registraduría Nacional del Estado
Civil99. Este lapso coincide con la ejecución del contrato 3086 del 19 de enero de 2006
y debe excluirse de las órdenes de esta sentencia para evitar incurrir en la prohibición
del artículo 128 de la Constitución Política consistente en la imposibilidad de percibir
dos o más ingresos provenientes del tesoro público100.

181. Aportes a pensión. La parte demandada debe calcular el ingreso base de
cotización (IBC) pensional, que corresponde a los salarios de un empleado de planta
que haya desarrollado funciones de instructor en todo el periodo de vinculación como
contratista, del 19 de enero de 2006 y el 28 de febrero de 2018. La entidad deberá
cotizar al respectivo fondo pensional el porcentaje que le correspondía como
empleador, exceptuando las interrupciones y los días del 7 al 17 de marzo de 2006;
teniendo en cuenta, además, su carácter imprescriptible101.

182. A su vez, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones durante el tiempo que duró su
vinculación y, en el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su contra, tendrá
que pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como
empleado.

99Esto, de acuerdo con certificación emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 22 de octubre de
2009. Consultar en: Samai, historial de actuaciones judiciales, expediente digital, índice 00002, archivo
5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210007(.zip), documento 20Anexos4, pág. 243.
100 Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de Colombia (1991), art. 128.
101
Sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, proceso con radicación
23001233300020130026001 (0088-2015).

50

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

F. De la prescripción

183. Para analizar si respecto de los derechos laborales pretendidos por la parte
demandante aplicó el fenómeno de la prescripción, es necesario analizar los periodos
de interrupción entre los contratos, que pueden apreciarse a través de la siguiente
tabla:

1. N
Contratos de Desde Hasta Días hábiles entre
prestación de
° contratos
servicios

1 3086 del 19 de 19/01/2006 19/07/2006 ------
enero de 2006

2 3165 del 20 de 20/11/2006 20/02/2007 81
noviembre de
2006

3 3073 del 27 de 27/04/2007 27/10/2007 44
abril de 2007

4 3107 del 27 de 27/07/2007 27/12/2007 ------
julio de 2007

5 20083027 del 15/02/2008 15/12/2008 33
15 de febrero
de 2008

6 20418 de 2008 07/10/2008 07/12/2008 -------
102
del 7 de
octubre de
2008

7 20093271 del 28/10/2009 28/12/2009 210103
28 de octubre
de 2009

8 20103044 del 25/01/2010 25/08/2010 17
104
25 de enero
de 2010

9 20103274 del 21/10/2010 21/12/2010 39
21 de octubre
de 2010

10 20113279 del 6/07/2011 6/11/2011 133
6 de julio de
2011

102
El término de duración se extrae de la copia del contrato.
103
Se contabiliza del 15 de diciembre de 2008 del contrato 20083027 del 15 de febrero de 2008, al 28 de octubre
de 2009 del contrato 20093271 de la misma fecha.
104
El término de duración se extrae del texto del contrato.

51

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

11 20113383 del 14/10/2011 14/12/2011 -------
14 de octubre
de 2011
12 20123123 del 12/03/2012 04/07/2012 61
12 de marzo
de 2012
13 20123340 del 21/08/2012 17/12/2012 30
21 de agosto
del 2012

14 663 del 16 de 16/04/2013 16/10/2013 80
abril de 2013

15 1308 del 13 de 15/11/2013 15/12/2013 19
noviembre de
2013

16 336 del 22 de 01/02/2014 01/11/2014 32
enero de 2014

17 657 del 13 de 16/02/2015 18/12/2015 69
febrero de
2015

18 800 del 23 de 24/02/2016 9/12/2016 44
febrero de
2016

19 518 del 2 de 03/02/2017 15/12/2017 35
febrero del
2017.

20 1341 del 19 de 19/12/2017 22/12/2017 1
diciembre de
2017

21 370 del 23 de 24/01/2018 28/02/2018 19
enero de 2018

Tabla 4. Periodos de interrupción entre contratos.

184. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados
por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios.

52

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado
fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales» (Se
destaca).

185. Ahora en relación con el término de la no solución de continuidad en asuntos en
los que se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección en
sentencia del 9 de septiembre de 2021 estableció un periodo de 30 días hábiles, entre
la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Término que debe entenderse
como un marco de referencia para la administración, el contratista y el juez de la
controversia. Por lo expuesto, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Estado, y el pago de las prestaciones que de esta se deriven, deberá
reclamarlo dentro del término de tres años contados a partir de la finalización del
vínculo contractual105.

186. En el caso concreto, el último contrato suscrito terminó el 28 de febrero de 2018.
La petición de reconocer la relación laboral en favor de la demandante, que tiene la
vocación de interrumpir la prescripción trienal, se radicó ante el SENA el 21 de
diciembre de 2020, es decir, dentro de los 3 años siguientes. Seguido de esto, la
demanda se instauró el 10 de febrero de 2021. Todo lo anterior indica que, respecto
de la última vinculación contractual sin solución de continuidad, no operó la
prescripción frente a las acreencias pretendidas.

187. Ahora bien, del análisis de la Tabla 4, la Sala estima que la última vinculación
laboral sin solución de continuidad tuvo lugar entre los contratos 663 del 16 de abril de
2013 al 370 del 23 de enero de 2018 –que finalizó el 28 de febrero de 2018–, toda vez
que a partir de ella se evidencian interrupciones menores a 30 días hábiles106 o
mayores107 pero que se encuentran justificadas durante los meses de noviembre,
diciembre y enero, que corresponden al periodo de vacaciones de acuerdo con el
calendario escolar108.

188. Dentro de las interrupciones que no se advierte justificación, se encuentra, por
ejemplo, la de 80 días hábiles entre la finalización del contrato 20123340 de 2012, que
tuvo lugar el 17 de diciembre de 2012, a la suscripción del contrato 663 del 16 de abril

105
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con referencia
SUJ2-005-16.
106
Como la de 19 días del contrato 663 de 2013 al 1308 de 2013; la de 1 día hábil entre el contrato 518 de 2017 al
1341 de 2017; o de 19 días entre el anterior contrato y el 370 de 2018.
107
Como las que tuvieron lugar entre la suscripción de los contratos 336 de 2014, 657 de 2015, 800 de 2016 y 518
de 2017, de 69, 44 y 35 días.
108
En similar sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 16 de mayo de
2024, Rad. 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022); del 13 de junio de 2024, Rad. 63001-23-33-000-2022-
00002-01 (5856-2022); del 4 de julio de 2024, Rad. 63001-23-33-000-2019-00159-01 (2006-2021), entre otras.

53

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

de 2013, comoquiera que este último se perfeccionó varios meses después de iniciado
el calendario académico del año 2013, lo que suele ocurrir en los meses de enero o
febrero.

189. Por tal motivo, resulta procedente el reconocimiento de las acreencias laborales
causadas con ocasión de la relación laboral entre el 16 de abril de 2013 y el 28 de
febrero de 2018, salvo por las interrupciones y el rango de tiempo entre el 7 y el 17 de
marzo de 2006. Por el contrario, se encuentran prescritas la generadas con
anterioridad (del 19 de enero de 2006 al 17 de diciembre de 2012), pues corresponde
vinculaciones respecto de las cuales la reclamación administrativa (del 21 de diciembre
de 2020) se presentó luego de expirado el plazo de la prescripción trienal.

190. Se precisa que dicha prescripción no opera frente a los aportes pensionales,
por tratarse de derechos imprescriptibles e irrenunciables, por lo que se reconocerán
los correspondientes a la totalidad del tiempo en que tuvo lugar la relación laboral
encubierta, esto es, del 19 de enero de 2006 al 28 de febrero de 2018, exceptuando
las interrupciones y el periodo entre el 7 y el 17 de marzo de 2006.

3.6. Conclusión de la decisión

191. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la parte
demandante acreditó la existencia de una relación laboral entre el 19 de enero de 2006
y el 28 de febrero de 2018, en el rol de instructor del SENA. En efecto, demostró la
prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación continua.

192. Por ende, se revocará la sentencia impugnada, para en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda. En tal sentido, se declarará la nulidad del acto acusado
y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará el pago de las prestaciones
sociales, que no se vieron afectadas por el fenómeno de la prescripción, y que se
realice a la administradora de pensiones el pago de aportes a pensión por toda la
relación laboral, salvo por las interrupciones y el lapso del 7 al 17 de marzo de 2006.

3.7. Costas

193. La presente sentencia acoge el criterio de interpretación mayoritario109 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para

109
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo - valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son

54

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

194. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

Falla:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En su lugar:

Segundo. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto que negó la petición
realizada el 21 de diciembre de 2020 por la señora María Ximena Herrera Mejia,
consistente en que se reconociera que entre ella y el Servicio Nacional de Aprendizaje
—SENA— existió una relación laboral y, por consiguiente, que se pagaran las
prestaciones sociales y acreencias laborales derivadas de esta.

Tercero. Declarar, a título de restablecimiento del derecho, la existencia de una
relación laboral entre la señora María Ximena Herrera Mejía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje —SENA—, durante el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2006
y el 28 de febrero de 2018, sin incluir las interrupciones ni el periodo entre el 7 y 17 de
marzo de 2006, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

Cuarto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA— al pago de las
prestaciones de orden legal a las cuales tiene derecho la señora María Ximena Herrera
Mejía, desde el 16 de abril de 2013 hasta el 28 de febrero de 2018, sin incluir las
interrupciones, para lo cual tomará como referente el salario del empleo de instructor,
por el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral.

Quinto. Declarar la excepción de prescripción frente a las prestaciones de orden legal
reclamadas, causadas con anterioridad al 16 de abril de 2013, salvo los aportes a
seguridad social en pensión, debido a su naturaleza imprescriptible.

producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo - valorativo». En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

55

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

Sexto. De igual manera, también a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la
entidad demandada, en caso de existir diferencias entre los aportes realizados por la
demandante como contratista y los que efectivamente se debieron cumplir en razón
de la relación laboral, que efectúe las cotizaciones al respectivo fondo de pensiones
en el porcentaje que le incumbía como empleador, entre el 19 de enero de 2006 y el
28 de febrero de 2018, sin incluir las interrupciones ni el tiempo entre el 7 y el 17 de
marzo de 2006, periodo en el que se acreditó la relación laboral.

Por su parte, la demandante para el mismo periodo deberá acreditar las cotizaciones
realizadas al mencionado sistema durante el vínculo contractual y si no las hubiese
hecho, o si se verificara algún faltante, tendrá la obligación de completar o pagar según
corresponda, el porcentaje que le concernía como empleada, según lo analizado en
esta sentencia.

Las sumas adeudadas que deberá cancelar la entidad condenada se actualizarán de
acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará multiplicando
el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente a la fecha de la causación). La fórmula que debe aplicar es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo en los términos del artículo 192
del CPACA.

Octavo. Sin condena en costas en ambas instancias.

Noveno. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

56

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00074-01 (5009-2024)
Demandante: María Ximena Herrera Mejía
Demandado: SENA

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente sentencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

57

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.