República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2020-00611-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2020-00611-01 (2295-2025)
Demandante: Evers Hernando Fernández López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985. Subtema 3. Cómputo de
la labor docente en virtud de los contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento pensional.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 28 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual
accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Evers Hernando Fernández López solicitó la nulidad del acto administrativo a
través del cual la entidad accionada ordenó el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación con la Ley 100 de 1993. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene
derecho a aquella según el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que se
vinculó al servicio docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, al encontrar que la primera
vinculación del demandante al ejercicio de la docencia oficial se produjo en el año 2001
–antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003–, por lo que el régimen pensional aplicable
es el previsto en la Ley 33 de 1985, aunado a que cumplió 55 años el 1 de abril de
2011 y que para esa fecha acreditaba más de 20 años de servicios oficiales, por lo que
concluyó que la pensión resultaba efectiva a partir del 2 de abril de 2011.
La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que la parte
accionante probó que la primera vinculación al ejercicio de la docencia oficial se
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Demandante: Evers Hernando Fernández López
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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produjo antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003; además, cumple con los demás
requisitos para que su pensión vejez se liquide con el régimen pensional previsto en la
Ley 33 de 1985.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 23 de septiembre de 20201, el señor Evers Hernando
Fernández López, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 0759-05-
2014 del 12 de mayo de 2014, por medio de la cual la entidad accionada le reconoció
y ordenó el pago de una pensión de jubilación al señor Evers Hernando Fernández
López.
3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada reliquidar
la pensión de jubilación reconocida al accionante, en un equivalente al 75 % del
promedio de lo devengado durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento del
estatus pensional –55 años de edad y 20 de servicio–, conforme a lo establecido en
las leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 62 de 1985, con inclusión de todos los factores
devengados.
4. Adicionalmente, pidió que se condene a las demandadas al pago de intereses
de mora sobre las sumas adeudadas, conforme al artículo 192 del CPACA; al ajuste
del valor de las mesadas según el índice de precios al consumidor; al cumplimiento
del fallo en los términos de los artículos 189 y 192 del mismo estatuto; y se condene
en costas de acuerdo al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
1 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, PRESENTADEMANDA.
2 Samai Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua
27_19001233300320200061100_002DEMANDA
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6. El señor Evers Hernando Fernández López nació el 1 de abril de 1956 y prestó
sus servicios como docente, así:
• Del 1. ° de agosto de 1980 al 16 de febrero de 1987, para la alcaldía de Santiago
de Cali.
• Desde el 21 de julio de 1987 al 27 de junio de 1999, en la Caja Agraria en
Liquidación.
• Entre los años 2001 y 2003, por orden de prestaciones de servicios, para el
departamento del Cauca.
• A partir del 17 de junio de 2004 hasta el 31 de agosto de 2015 –fecha de su
retiro– en la Secretaría de Educación del departamento del Cauca.
7. En la Resolución 0759-05-2014 del 12 de mayo de 2014, la accionada le
reconoció una pensión, bajo la «Ley 33 de 1985», pero la liquidó con base en el
promedio de los últimos diez años, conforme a la Ley 100 de 1993, desconociendo
que al haber ingresado al servicio docente antes del 27 de junio de 2003 le asiste el
derecho a una liquidación equivalente al 75 % del promedio del último año de servicio,
según lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985 y la Ley 91 de 1989.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Constitución Política, artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58.
• Ley 33 de 1985.
• Ley 62 de 1985.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 812 de 2003.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Acto Legislativo 01 de 2005.
• Decreto 2285 de 1955.
• Decreto 224 de 1972.
• Decreto 1042 de 1978.
• Decreto 1045 de 1978.
• Decreto 2277 de 1979.
8. Adujo que el acto administrativo acusado se expidió con infracción de las
normas en que debía fundarse, en tanto al accionante debió otorgársele una pensión
de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, en concordancia con la Ley 812
de 2003, toda vez que se vinculó al servicio de la docencia con anterioridad a la entrada
en vigor de esta última norma.
9. Indicó que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y aquellos nombrados
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desde el 1 de enero de 1990 tenían derecho, mientras cumplieran con los requisitos,
a una pensión de jubilación equivalente al 75 % del salario mensual promedio del
último año y gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional.
10. Señaló que posteriormente se expidió la Ley 812 de 2003, que en el artículo 81
dispuso que a los docentes, vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma, les
es aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 33 y 62 de 1985. En cambio,
aquellos educadores que ingresen por primera vez al magisterio oficial a partir del 27
de junio de 2003 deben afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003.
11. Al amparo del artículo 6. ° de la Ley 60 de 1993, sostuvo que el régimen
prestacional de los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad será el reconocido
por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones reconocidas son compatibles con pensiones
o cualquier otra clase de remuneraciones. De esta manera, sostuvo que el
reconocimiento de la pensión bajo una normativa diferente constituye una omisión
legal del Fondo.
12. El demandante citó la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se estableció
que la aplicación del régimen pensional docente está condicionada a la fecha de
vinculación al servicio educativo, de manera que a los vinculados antes de la Ley 812
de 2003 se les aplica el régimen de la Ley 33 de 1985 —con el ingreso base de
liquidación del último año—, y a los vinculados con posterioridad, el régimen de prima
media.
13. Asimismo, invocó la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto
de 2016, también de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que precisó que la
vinculación de docentes mediante contratos de prestación de servicios no desvirtúa el
carácter personal ni subordinado de su labor, razón por la cual los tiempos laborados
bajo esa modalidad son computables para efectos pensionales, en aplicación de los
principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad.
14. Afirmó que como se vinculó al servicio docente antes de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, es beneficiario del régimen pensional establecido en la Ley 33 de
1985, en tanto tiene más de 55 años de edad y 20 de servicio.
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2.2. Contestación de la demanda
15. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a la prosperidad de las pretensiones3. Manifestó que
el demandante se vinculó como docente en propiedad con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, razón por la cual sus derechos pensionales
corresponden al régimen de prima media con prestación definida previsto en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003. En consecuencia, las pretensiones no estaban llamadas
a prosperar.
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 28 de marzo de
20254, accedió a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó:
17. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales está determinado por la
fecha de vinculación al servicio educativo. Es así que, quienes se vincularon antes del
27 de junio de 2003, les resulta aplicable la Ley 91 de 1989, en concordancia con las
leyes 33 y 62, ambas de 1985, y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. En cambio,
los que se vincularon con posterioridad a esa fecha –27 de junio de 2003–, les aplica
el régimen de prima media de que trata la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797
de 2003, con la excepción de la edad de pensión de vejez, esto es, 57 años para
hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, ratificado
por el parágrafo transitorio 1. ° del Acto Legislativo 01 de 2005.
18. El Tribunal aludió a la sentencia de unificación SUJ2-014 del 25 de abril de 2019
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que estableció que para los docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003, la pensión de jubilación equivale al 75 % del
promedio mensual del último año de servicio docente y que los únicos factores
salariales computables son los previstos en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, sobre
los cuales se hubieren efectuado los respectivos aportes, a saber: asignación básica,
gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados
y trabajo suplementario o en jornada nocturna o día de descanso obligatorio.
19. Para el caso concreto, manifestó que revisado el acto acusado encontró que se
reconoció la pensión del demandante con aplicación de Ley 100 de 1993, con una tasa
de reemplazo del 68 %, porque se consideró que su vinculación docente fue posterior
al 27 de junio de 2003. No obstante, el juez de primera instancia sostuvo que la parte
demandante allegó al proceso tres órdenes de prestación de servicios suscritas con la
3 Samai Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua
27_19001233300320200061100_009DEMANDA
4 Samai Tribunal, índice 00017, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 17,11 SENTENCIA1NSTANCIA.
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Secretaría de Educación del departamento del Cauca, entre los años 2001, 2002 y
2003, con las cuales acreditó el ejercicio de la docencia oficial con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
20. Aseguró que, conforme a la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de
agosto de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, bajo tales contratos
los docentes también se someten a las directrices, inspección y vigilancia de las
autoridades educativas, cumplen órdenes de sus superiores jerárquicos y desarrollan
sus funciones en una jornada laboral sujeta al calendario académico, por lo que los
períodos laborados bajo dicha modalidad deben computarse como tiempo de servicio
efectivamente prestado para efectos del reconocimiento pensional.
21. Por lo anterior, el Tribunal determinó que la primera vinculación del demandante
al ejercicio de la docencia oficial se produjo en el año 2001, esto es, antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual el régimen pensional aplicable es el
previsto en la Ley 33 de 1985. Verificó que el demandante cumplió 55 años el 1 de
abril de 2011 y que para esa fecha acreditaba más de 20 años de servicios oficiales
—prestados al municipio de Santiago de Cali, a la Caja de Crédito Agrario y a la
Secretaría de Educación del Cauca—, por lo que concluyó que la pensión resultaba
efectiva a partir del 2 de abril de 2011.
22. En consecuencia, dispuso reliquidar la pensión con el 75 % del ingreso base de
liquidación correspondiente al año de servicios comprendido entre el 1 de abril de 2010
y el 1 de abril de 2011, con los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985 –asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados;
horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio–.
23. Además, ordenó la indexación de los valores resultantes conforme al IPC,
aplicando la fórmula mes a mes. En materia de prescripción, señaló que el
demandante presentó la solicitud pensional el 15 de mayo de 2013 y la demanda el 5
de diciembre de 2019, por lo que declaró prescrito el derecho frente a las mesadas
causadas con anterioridad al 5 de diciembre de 2016. Finalmente, se abstuvo de
condenar en costas.
2.4. Recurso de apelación
24. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos5:
5 Samai Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27_19001233300320200061100_021.
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25. Sostuvo que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta
especial, que responde a la protección o cobertura de una contingencia con un
presupuesto que se obtiene de los aportes que realizan los afiliados. Por lo que
suponer el reconocimiento de factores salariales sobre los cuales no se efectuaron
aportes va en detrimento del fondo y afiliados en sí mismo, si se tiene en cuenta que
no hay una reciprocidad de cargas entre las partes, pues por un lado el docente gozaría
de una prestación con todos sus factores en perjuicio de la otra parte que no tiene
obligación más que responder o devolver lo que el docente ahorró o cotizó para una
contingencia como el retiro de las actividades laborales docentes.
26. En ese orden, sostuvo que los factores que deben integrar el ingreso base de
liquidación son únicamente aquellos sobre los cuales se hayan efectuado aportes o
cotizaciones al sistema, en los términos del artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 –
asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por
servicios prestados y trabajo suplementario o en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio–, posición ratificada en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-
S2-2019 del 25 de abril de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
27. La parte recurrente subrayó que esta limitación, lejos de afectar el derecho a la
pensión, garantiza la viabilidad financiera del Sistema, pues así se asegura la
correspondencia entre lo cotizado y lo que el este retorna al afiliado. Invocó también el
Acto Legislativo 01 de 2005, que dispuso expresamente que para la liquidación de las
pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones, criterio que fue reafirmado por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-395 de 2017 y T-039 de 2018.
28. En ese orden, sostuvo que el acto demandado «contenido en la Resolución No
06087 del 16 de octubre de 2013 objeto de la presente controversia», se profirió en
estricto seguimiento de las normas aplicables al caso, sin que se encuentre viciado de
nulidad alguna, toda vez que la liquidación de la pensión de jubilación se realizó
teniendo en cuenta los factores sobre los cuales efectuó las cotizaciones, sin que sea
procedente una nueva reliquidación para incluir otros factores diferentes a los que
sirvieron de base para el IBL.
29. Por otra parte, adujo que el señor Evers Hernando Fernández López, conforme
a lo probado en el proceso, fue afiliado al Fomag por el departamento del Cauca el 11
de marzo de 2010, esto es, bajo la vigencia de la Ley 812 de 2003. En consecuencia,
no le asiste razón al Tribunal al aplicar la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento de la
pensión de jubilación, pues la fecha determinante —la de afiliación formal al Fondo—
es posterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo que ubica la situación
pensional del demandante bajo el régimen de prima media de la Ley 100 de 1993, con
los parámetros allí previstos.
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
30. Mediante auto del 22 de septiembre de 20256, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada.
31. A través de auto del 18 de diciembre de 2025 7 se negó la solicitud de pruebas
en segunda instancia presentada por el Fomag8, en tanto no satisfizo la carga
argumentativa destinada a demostrar la necesidad, pertinencia, utilidad y conducencia
de la prueba, ni acreditó alguno de los eventos previstos en el inciso 4 del artículo 212
del CPACA.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
32. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Cuestión previa
33. La Sala encuentra necesario abordar como cuestión previa el argumento del
recurso de alzada, consistente en que el a quo9 no tuvo en consideración que para
efectos de la reliquidación de la pensión jubilación, únicamente se debe tener en
cuenta los factores sobre los cuales se hayan efectuado aportes o cotizaciones al
Sistema, en los términos del artículo 1. ° de la Ley 62 de 1985. En ese orden, que se
debe mantener incólume «el acto demandado contenido en la Resolución No 06087
del 16 de octubre de 2013 objeto de la presente controversia», ya que en el mismo «la
liquidación de la pensión de jubilación se realizó teniendo en cuenta los factores sobre
los cuales se efectuó las cotizaciones, sin que sea procedente una nueva reliquidación
para incluir otros factores diferentes a los que sirvieron de base para el IBL».
34. Frente a lo anterior, lo primero que debe decirse es que en este asunto no se
demandó la Resolución No 06087 del 16 de octubre de 2013, sino que lo fue la
Resolución 0759-05-2014 del 12 de mayo de 2014; además, contrario al dicho de la
parte demandada el Tribunal, en la parte motiva y resolutiva de la providencia
recurrida, ordenó reliquidar la pensión en comento con el 75 % del ingreso base de
liquidación correspondiente al año de servicios comprendido entre el 1 de abril de 2010
6 Samai, índice 00004, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 4_4, AUTOQUEADMITE.
7 Samai, índice 00010, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 10_10, AUTOQUENIEGA.
8 La entidad con su escrito de apelación aportó un certificado de afiliación del señor Evers Hernando Fernández
López al Fomag, expedido el 25 de abril de 2025.
9 Juez de primera instancia.
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y el 1 de abril de 2011, con los factores que hayan servido de base para calcular
los aportes previstos en la Ley 62 de 1985 «asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio», por
lo que, para esta Subsección, el escrito de apelación no guarda congruencia, frente a
ese punto, con lo resuelto en la sentencia apelada del 28 de marzo de 2025.
35. En ese orden, la Sala no emitirá ningún tipo de pronunciamiento al respecto en
esta providencia.
3.3. Problema jurídico
36. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:
37. ¿El demandante registra una vinculación oficial docente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, que le permite disfrutar de una pensión de
jubilación en aplicación de la Ley 33 de 1985 o, por el contrario, su situación pensional
debe analizarse a la luz de la Ley 100 de 1993?
38. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; (2) el régimen de los docentes oficiales según
la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019; y (3) el
cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de prestación de servicios para
el reconocimiento pensional.
39. A partir de las anteriores consideraciones (4) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (5) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
el problema jurídico planteado.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.4.1. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
40. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
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Sociales del Magisterio
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
41. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198910, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
42. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
43. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
44. Sin embargo, la Ley 812 de 200311 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y
posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo
preceptuado en el artículo 81 de esta».
45. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (leyes 33 de 1985 o 71 de 1988). El
segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.
10 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
11 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
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3.4.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201912
46. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
47. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:
48. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
49. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1.° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
12 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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✓ Tasa de remplazo: 75 %.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (1) el periodo del último año de
servicio docente y (2) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
50. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación,
que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza salarial
según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica (Decreto
2354 de 2018)13.
51. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
52. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:
✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65 % - 85 %14, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
13 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
14 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (1) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (2) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
53. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.
54. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección15, tales como:
(1) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(2) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(3) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
55. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
15 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.
3.4.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional
56. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.
57. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.
58. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201616 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:
la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el
carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.
59. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
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contractual17»18 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.
60. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación al Fomag. Por esta
razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los aportes
en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios y en esa medida
deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo pago.
61. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (1) la existencia de un interés moratorio a cargo
de los empleados que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100
de 1993—; (2) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores
del gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa
causa; (3) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos
24 y 57 de la Ley 100 de 1993—; y (4) la facultad de las cajas de previsión obligadas
al pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra
las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.
62. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
17 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación
de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.
63. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (1) la
Ley 812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente previó el criterio temporal de ingreso al servicio; y (2) de acuerdo con la
sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199419, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.
64. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.
3.5. Hechos probados
65. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
66. El señor Evers Hernando Fernández López nació el 1 de abril de 1956, según
la copia de la cédula de ciudadanía20, por lo tanto, para el 15 de mayo de 201321, fecha
de la reclamación pensional ante la entidad accionada, contaba con 57 años.
67. Según el certificado emitido el 17 de abril de 2013 por el municipio de Santiago
de Cali, el demandante prestó sus servicios docentes entre el 1 de agosto de 1980
hasta el 16 de febrero de 1987.
68. Obra la copia de las órdenes de prestación de servicios suscritas entre el
demandante y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, esto es, las órdenes 103
de 2001, con «vigencia entre el 01 de marzo y hasta la terminación del año lectivo
2000-2001»; 119 de 2002, vigente «entre el 4 de febrero y hasta la terminación del año
19 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,
directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
20 Samai Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua
27_19001233300320200061100_002DEMANDA pág. 18.
21 Según se lee en la Resolución 0759-05-2014 del 12 de mayo de 2014, vista en Samai Tribunal, índice 00027,
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27_19001233300320200061100_002 DEMANDA págs. 19 a 22.
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lectivo 2002» y; 003548 de 2003, del «27 de enero de 2003 y hasta el 10/12/03», en
las que consta que se le contrató para prestar los servicios de docente.
69. Según la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral expedido por el Fomag – Secretaría de Educación del Departamento del Cauca
expedido el 6 de octubre de 2015, el demandante prestó sus servicios docente desde
el 26 de julio de 2004 hasta el 6 de octubre de 2015 –fecha de expedición del
certificado–, sin solución de continuidad, en las instituciones educativas Técnico
Agropecuario Senón Fabio Villegas, Colegio Departamental Mixto Jorge Eliecer
Gaitán, en virtud de los decretos 485 de 2004, 495 de 2007, 0923 de 2008 y de la
Resolución 0039 de 2010, para un total de 11 años, 1 mes y 10 días.
70. El 15 de mayo de 2013 el accionante solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación22.
71. Mediante la Resolución 0759-05-2014 del 12 de mayo de 201423, la Secretaría
de Educación del departamento del Cauca reconoció y ordenó el pago de una pensión
de jubilación a favor del señor Evers Hernando Fernández López, en aplicación de la
Ley 100 de 1993. En esta resolución, se indicó que «de acuerdo con los certificados
de tiempo de servicio allegado, se establece que el educador prestó y ha venido
prestando sus servicios así» para el municipio de Santiago de Cali, Caja Agraria en
Liquidación y Fiduprevisora, para un total de 27 años y 3 días.
3.6. Caso concreto. Análisis de la Sala
72. En la sentencia de primera instancia se ordenó reliquidar la pensión de
jubilación del señor Evers Fernández López, de conformidad con los preceptos de la
Ley 33 de 1985, efectiva a partir del 2 de abril de 2011, en un monto equivalente al
75% del IBL calculado a partir del año de servicios anterior a la adquisición del estatus
pensional, período comprendido entre el 1 de abril de 2010 y 1 de abril de 2011, y los
factores que hayan servido de base para calcular los aportes y que se encuentren
previstos en la Ley 62 de 1985.
73. En el recurso de alzada, la parte accionada afirmó que el señor Fernández
López fue afiliado al Fomag el 11 de marzo de 2010, esto es, en vigencia de la Ley
812 de 2003; por consiguiente, no es beneficiario del régimen pensional previsto en la
Ley 33 de 1985.
22 Según se lee en la Resolución 0759-05-2014 del 12 de mayo de 2014, vista en Samai Tribunal, índice 00027,
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 27_19001233300320200061100_002 DEMANDA págs. 19 a 22.
23 Samai Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua
27_19001233300320200061100_002DEMANDA págs. 19 a 22.
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74. En este punto, la Sala se detiene para precisar que, si bien de la lectura en
estricto sentido del recurso de apelación objeto de análisis se deriva el planteamiento
del problema jurídico planteado en el acápite correspondiente de esta providencia
«3.3. Problema jurídico», lo cierto es que para esta Subsección la controversia va más
allá, es decir, no recae propiamente sobre la fecha de afiliación al Fomag del
accionante, sino en establecer si la fecha de vinculación al servicio docente oficial, y –
se insiste– no la de afiliación al fondo, es la que define la aplicación de la Ley 33 de
1985 o del régimen previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
75. En ese orden, se circunscribe el problema jurídico únicamente a determinar si
el demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le reconozca
la pensión de jubilación en aplicación de la Ley 33 de 1985, por haber estado vinculado
antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, o si,
por el contrario, lo debe ser con la Ley 100 de 1993, en tanto fue afiliado al Fomag el
11 de marzo de 2010. Lo anterior, comoquiera que es el único aspecto que se puso en
duda por la parte demandada frente a la acreencia solicitada por el señor Fernández
López y reconocida en primera instancia.
76. En primer lugar, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003 gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985. En
cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el régimen de prima media
de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres.
77. En el caso particular, se demostró que el señor Evers Fernández López se
vinculó por primera vez al servicio docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 —27 de junio de 2003—, esto es, entre 1 de agosto de 1980 hasta el 16 de
febrero de 1987.
78. Posteriormente, mediante las órdenes de prestación de servicios 103 de 2001,
119 de 2002 y 003548 de 2003, prestó sus servicios como docente a la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte.
79. Al respecto, conforme se estudió en el acápite de marco normativo de esta
providencia, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos de prestación
de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual que los
docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera personal y
subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es así
que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201624, carecen de autonomía en el
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
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desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de
las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral
que está sometida a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una
protección especial por parte del Estado.
80. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (1)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(2) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados
bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que, como lo ha definido la
jurisprudencia25:
es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la
entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta
el Decreto 3135»26 permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de
exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación
correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión
social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a
repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas.
81. Así, la Sala estima que el periodo laborado por el accionante a través de
contratos de prestación de servicios, antes señalado, resulta válido para contabilizar
el tiempo de servicios con efectos pensionales, en virtud de los principios de primacía
de la realidad sobre las formalidades e igualdad.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de
febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020.
Radicado número 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
26 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará
al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
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82. Añádase a lo expuesto, que antes de las referidas órdenes de prestación de
servicios, el peticionario tuvo otra vinculación docente, entre 1 de agosto de 1980 hasta
el 16 de febrero de 1987, de manera tal que carece de asidero la posición de la entidad
demandada al predicar que la condición de maestro oficial del actor solo se ostentó
desde 11 de marzo de 2010 cuando se afilió al Fomag.
83. Precisado lo anterior, con el fin de definir el régimen pensional aplicable al
demandante, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el
establecido en la Ley 71 de 1988, esta última cuando acumulen aportes por servicios
prestados en los sectores oficial y privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989
no la restringió. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el
régimen de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
84. En tal sentido, como el señor Evers Fernández López, según se dijo antes, se
vinculó por primera vez al servicio docente desde el 1 de agosto de 1980 hasta el 16
de febrero de 1987; luego, lo fue mediante las órdenes de prestación de servicios 103
de 2001, 119 de 2002 y 003548 de 2003, esto es, antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, le es aplicable la Ley 91 de 1989 y se estima que es beneficiario del
régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, como acertadamente lo concluyó el
Tribunal.
85. Sobre el particular, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación27 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.
86. Así, comoquiera que el demandante acreditó haber estado vinculado a la
docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, se considera que tiene derecho a la
definición de su situación pensional bajo el régimen pensional de la Ley 33 de 1985.
Lo anterior, dejando claro que en el asunto objeto de análisis, la entidad recurrente, en
calidad de apelante único, no discutió las demás consideraciones que efectuó el
Tribunal Administrativo del Cauca sobre los términos en que se reconoció el derecho
pensional.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Rad. 25000-23-42-
000-2019-00143-01 (3061-2021).
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87. Así las cosas, se desestiman los argumentos del recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, que habrá de confirmarse.
3.7. Conclusión de la decisión
88. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como el señor Fernández López se vinculó con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable es el previsto
en la Ley 33 de 1985. Por ende, al haberse probado que tiene más de 55 años de
edad y 20 de servicios al sector oficial, se estima que tiene derecho al reconocimiento
y pago de una pensión de jubilación, equivale al 75 % del promedio mensual del último
año de servicio docente y que los únicos factores salariales computables son los
previstos en el artículo 1. ° de la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieren
efectuado los respectivos aportes.
89. En este orden de ideas, se confirmará la sentencia de primera instancia.
3.8. Costas
90. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 28 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
91. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 28 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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