Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00143-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00143-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00143-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRI EL VALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 25000 23 42 000 2019 00143 01 (3061 -2021)
Demandante : MAGDALENA PEÑUELA VARGAS
Demandado: NACIÓN – MI NISTERIO DE EDUCACIÓ N
NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 1
Tema: Reconocimiento y pago pensión de jubilación
docente. Pensión por aportes Ley 71 de 1988.
Relación con solución de continuidad. Ingreso
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003. Compatibilidad pensión y salari o como
docente.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA - LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia del 22 de octubre de 2020,
proferida por el Subsección D de la S ección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca , que negó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2
La señora Magdalena Peñuela Vargas , en ejercicio d el medio de
control de nulidad y restablecimient o del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, formuló en síntesis las
siguientes:
1 Enadelante FOMAG
2 Folios
16 a 36.
3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2019 00143 01 (3061-2021)
Demandante: Magdalena Peñuela Vargas
1.1. Pretensiones
La nulidad de la Resolución 10615 del 17 de octubre de 3018,
expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá , mediante la
cual se negó el reconocimiento de una pensión de jubilación .
Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a : (a) reconocer
una pensión de jubilación por aportes , equivalente al 75% de los
salarios y primas p ercibidas en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus jurídico ; (b) pagar las mesadas atrasadas
debidamente indexadas y con intereses moratorios; (c) incluirla en
nómina; (d) sufragar costas y agencias en derecho y (e ) cumplir e l
fallo en los términos de los artículo 192 y 195 del CPACA .
1.2. Fundamentos fácticos relevantes
Los siguientes son los fundamentos de hecho de las pretensiones:
La señora Magdalena Peñuela Varg as relató que (i) nació el 31 de
mayo de 1960; (ii) realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales
–ISS–, hoy COLPENSIONES , por 554 semanas; (iii) se v inculó como
docente oficial el 5 de octubre de 2001 y contin úa en dicha labor
hasta la fecha de presentación de la demanda; (iv) el 13 de
septiembre de 2018 , solicitó del FOMAG el reconocimiento de la
pensión de jubilación , en aplicación de la Ley 71 de 1988 y (v) su
petición fue negada, a través de la Resolución 10615 del 17 de
octubre de 2018.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
La accionante invocó como disposiciones vulneradas las siguientes :
artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 - numerales 1 y 2 de la Ley 91
de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279
de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003 y , 1 y 2 d el Decreto
3752 de 2003.
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Al desarrollar el concepto de violación , precisó que las entidades
accionadas al negar el reconocimiento pretendido no se ajustaron
a las disposiciones en que deberían fundarse .
Destacó que acumuló tiempos de cotización como docente oficial
antes del 23 de junio de 2003 y alcanzó la edad de 55 años,
condiciones que hacen que le sea aplicable el régimen pensional
establecido en la s Leyes 812 de 2003 y 71 de 1988 , el cual, además,
es compatible con el salario devengado .
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Según informe secreta rial obrante a folio 53, la pasiva no contestó
la demanda.
3. AUDIENCI A INI CIAL 4
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 17
de septiembre de 2020 , atendiendo lo normado en el numeral 1 del
artículo 13 de Decreto 806 de 2020, prescindió de la audiencia
inicial y ordenó (i) tener como pruebas las allegadas al proceso ; (ii)
requerir a las partes para que alleguen copia electrónica de las
piezas procesales en su poder y (iii) correr t raslado para alegar de
conclusión .
4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 5
Mediante sentencia del 22 de octubre de 2020 , la Sección Segunda,
Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , negó
las pretensiones de la demanda con base en los siguientes
argumentos:
De acuerdo con la s pretensiones de la demanda consideró que la
normatividad que rige el caso correspo nde a lo establecido en la
Ley 812 de 2003 y relacionó el contenido de la sentencia de
4 Folios 54 y 55.
5 54 y 55
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unificación SUJ -014-CE-S2-2019 proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado de 25 de abril de 2019 .
A pesar de lo anterior, señaló que si bien es cierto que la accionante
ingresó a la doce ncia como interin a el 5 de octubre de 2001,
también lo es que no es posible aplicarle lo d ispuesto en la s Leyes
91 de 1989 y 71 de 1988, toda vez que , para el 27 de junio del 2003 ,
no se encontraba activa, pues se retir ó el 30 de noviembre de 2002
y fue vinculada nuevamente el 2 de septiembre de 2003 .
Por lo anterior, est ableció que debe acogerse al régimen pensional
general reglado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 «cuando
complete las 1300 semanas de aportes, ya que al 31 de mayo de
2015 superó los 57 años de edad.»
Por último, relacionó los tiempos de servicio y adujo que hubo
solución de continuidad en la vinculación , ya que en varias
oportunidades superó los quince días hábiles de interrupción de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1045 de
1978.
Condenó en costas y agencias en derecho a la demandante.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 6
La accionante solicitó revocar la decisión y acceder a las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
Insistió en que laboró por m ás de 20 años en entidades públicas
(como maestra) y privadas, razón por la cual, su derecho pensional
no debía examinarse conforme a la premisa del régimen de prima
media, al cual dire cciona la Ley 812 de 2003 para los docentes que
se vincularon con posterioridad a su vigencia, toda vez que su
ingreso data de tiempo atrás . Por ello, debía regirse por lo previsto
en la Ley 71 de 1988, norma que posibilita computar tiempos de los
6 Folios 96 Vto., a 104 Vto.
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sectores públicos y privados , no siendo entonces viable examinar
la pretensión bajo la óptica de la L ey 91 de 1989, que , por el
contrario, no permite tal sumatoria .
Señaló que la Ley 812 de 2003 no fija exigencias adicionales
respecto a la continuidad para poder acceder a la prestación
solicitada , sino q ue el legislador impuso como único requisito
presentar vinculación previa a l 26 de junio de 2003 para tener
derecho al régimen de transición de la Ley 812 de 2003 .
Afirmó que verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos en la
Ley 71 de 1988 por (i) haber nacido el 31 de mayo de 1960 y
alcanzado 55 años de edad en el 2015 y (ii) acumular un total de
1.049,98 semanas de servicio con aportes realizados en l os
sectores públicos y privado s.
Agregó que, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, se establece que cuando
se aplica el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 en materia pensional,
debe acudirse a las previsiones de los artículos 6 y 8 d el Decreto
2709 de 1994 «que establece n un método propio de cá lculo del IBL
en línea a que el monto de la pensión sea equivalente al 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicio. »
Respecto a la solicitud de compatibilidad entre la mesada pensional
y el salario, precisó que, si bien el artículo 128 de la Constitución
Política establece la prohibición de recibir doble asignación
proveniente del Tesoro Público, el lite ral g) del artícu lo 19 de la Ley
4 de 1992 estableció una excepción aplicable a los docentes y así
lo contempló el Co nsejo de Estado en sentencia de 14 de agosto de
2009 (radicado interno 2170-2008).
Por último, solicitó revocar la condena en costas de que fue sujeto .
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes no se manifesta ron.
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El Min isterio Público y la Agencia Na cional de Defensa Jurídica del
Estado, guardaron silencio según se constata en el aplicativo
SAMAI.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 8 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de se gunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por la apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la
accionante, le corresponde a la Sala determinar :
➢ ¿Si la señora Magdalena Peñuela Vargas , quien se
desempeñó como docente, tiene derecho a la pensión por
aportes prevista e n la Ley 71 de 1988 y si resulta compatible
con el sueldo que devenga como docente?
7« E l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el
de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.[…]»
8« A R T Í C U L O 3 2 8 . C O M P E T E N C I A D E L S U P E R I O R . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir
el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que,
en razón de la modificación fuera indispensable re formar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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➢ ¿si debe revocarse la condena en costas de primera
instancia?
Para resolver los problemas jurídico s, la Sala desarrolla rá el
siguiente orden metodológico: (i) régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 ;
(ii) pensión por apo rtes prevista en la Ley 71 de 1988 y, (iii) análisis
del caso concreto .
3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1 Régimen pe nsional aplicable a los docentes oficiales.
Sentencia de unifi cación del 25 de abril de 2019.
Esta Sección del Consejo de Estado 9 en sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019, unificó su criterio en torno a la forma de
liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista
en la Ley 91 de 1989, oportunidad en la cual determinó las
siguientes reglas jurisprudenc iales:
«a. Los docent es vi nculados a nt es de l a vigenc ia de la Ley 812 de
2003, gozan del m ism o r égim en de pensión or dinar ia de j ubi lació n
de los ser vid or es pú blicos d el or den nac iona l pr evist o en la Ley 33
de 1985, y por t ant o los f act or es en sus liqu idac iones pens io nales
son aquel los sobr e los que ef ect uar on l os r espect ivos apor t es de
acuer do con el ar t í culo 1. º de la Ley 62 de 1985, y, por lo t ant o, no
se puede inclu ir nin g ún f act or dif er ent e a los seña lados e n el cit ado
ar t í culo.
b. En el caso de los docent es vinculado s a part ir de la ent rada en
vigenc ia de la Ley 812 de 2003, af i li a dos al Fon do Nac io nal de
Pr est aciones So cia l es del M ag ist er io, se les de be ap li car el
r égim en pensiona l d e pr im a m edia est ablecid o en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los r equisit os pr evist os en dicho r égim en,
con excepción de l a edad que ser á de 57 años par a hombr es y
m uj er es. Par a la liq uidac ión pens iona l l os f act or es que se deben
inclu ir en el ingr es o base de l iqu idaci ón son los pr ev ist os en e l
Decr et o 1158 de 1994 sobr e los que se ef ect uar on las r espect ivas
cot izaciones. »
A las anteriores conclusiones arrib ó la Sección Segunda del
Consejo de Estado previo s los siguie ntes razonamientos:
«[ …]
9C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unif icación jurisprudencial SUJ -
014-CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569 -01 (0935-17)
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51. En cr it er io de la Sala, los f act or es que hacen par t e de la ba se
de liqu idac ión y sob r e los cuales se deb en hacer los apor t es en
el r égim en gen er al de pension es de l a Ley 33 de 1985, son
úni cament e los señalados de m aner a expr esa en el m encionado
ar t í culo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego ent onces, los f act or es que deben inclu ir se en la base
de la liqu idac ión de l a pensión de j ubilac i ón de los docent es baj o
el r égim en gener al de la Ley 33 de 1985 son: asi gnaci ón bási ca,
gast os de represe nt aci ón; pri mas de ant i güedad, t écni ca,
ascensi onal y de c apaci t aci ón; domi ni cal es y f eri ados; horas
ext ras; boni f i cación por servi ci os prest ados; y t rabaj o
supl ement ari o o real i zado en j ornada noct urna o en dí a de
descanso obl i gat or i o.
53. La Ley 91 de 19 89 est ablec ió en e l ar t í culo 8º un esque m a
de cot izacion es o apor t es de la Nación com o em pleador a, y de
los docent es com o t r abaj ador es, dist into al de los em pleados
públ icos de l or den naciona l. En e l m en cionado ar t í culo 8º , que
cont iene los r ecur sos con los que se f inancia el Fom ag, se
incluy er on e n los n um er ales 1 y 3, el 5% del sueld o bá sico
m ensual del per son al af il iado al Fondo, y el 8% equivalent e al
apor t e de la Nación sobr e “ los f act or es salar ial es que f or m an
par t e del r ubr o de pago por ser vicios per sonales de los
docent es” , r espect ivam ent e.
[ …]
62. La Sección Segunda en su f unción unif ica dor a,
salvaguar dan do l os pr incip ios const it uciona les de igua lda d y
segur idad j ur í dica, acoge el cr it er io de int er pr et ación sobr e los
f act or es salar iales que se deben t ener en cuent a par a la
liqu idac ión de la m esada pensiona l en el r égim en de la Ley 33
de 1985 que f ij ó la Sala P lena de lo Co nt encioso Adm i nist r at ivo
y sient a j ur ispr uden cia f r ent e a los f act or es que se debe n t ener
en cuent a par a la liq uidac ión de la pens i ón or dinar ia de j ubi l ación
de los doc ent e s del ser vicio p úbl ico of i cial af il iados a l Fo ndo
Nacion al de Pr est aciones Soc ia les de l M agist er io vincu la dos
ant es de la vigenc ia de la Ley 812 de 2 003, f ij ando la sigu i ent e
r egla:
• En l a li qui daci ón de l a pensi ón ordi nari a de j ubi l aci ón de l os
docent es vi ncul ad os ant es de l a vi genci a de l a Ley 812 de
2003, que gozan de l mi smo régimen de pensi ón ordi nari a de
j ubi l aci ón para l os servi dores públ i cos del orden naci onal
previ st o en l a Ley 33 de 1985, l os f act ores que se deben t e ner
en cuent a son sol o l os f act ores so bre l os que se h a yan
ef ect uado l os resp ect i vos aport es de acuerdo con el art í cul o
1º de l a Ley 62 de 1985, y por l o t ant o, no se puede i nc l uir
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ni ngún f act or di f erent e a l os enl i st ados en el menci on ado
art í cul o.
63. Con est a r egla se sient a una post ur a int er pr et at iva dist int a a
la que sost ení a la S ección S egunda a p ar t ir de la sent enc ia del
4 de agost o de 2010, según la cual, en l a base de liqu idac ió n de
la pensi ón de j ubi la ción or dinar ia de lo s docent es se inclu í an
t odos los f act or es salar ia les deve ngado s dur ant e el ú lt im o año
de ser vicios.
64. De acuer do con el Act o Legislat iv o 01 de 2005 “ Para la
liqu idac ión de las pensiones só lo se t endr án en cuent a los
f act or es sobr e los cuales cada per son a hubier e ef ect uado las
cot izaciones” . Los docent es no est án except uados de est a
dispos ición par a el goce de la pensión or dinar ia de j ubilac i ón.
Por lo que, en el ingr eso base de liqu i dación de est a pen sión
solo pueden ser t enidos en cuent a los f act or es sobr e los que se
apor t a y que est án cont enidos en el ar t í culo 1º de l a Ley 6 2 de
1985.
65. La r egla que r ige par a el ingr eso base de liquidac ión e n la
pensión d e j ubilac ió n de los docent es es la pr evist a en l a Le y 33
de 1985 en cuant o a per iodo y f act or es. Lo que quier e deci r que
el per iod o es el de un ( 1) año y los f act or es son únicam ent e los
que se señalan en el ar t í culo 1º de la Ley 62 de 1985 que
m odif icó el ar t í culo 3º de la Ley 33 de 1985.
66. Los docent es, com o ya lo pr ecisó la Sala, est án except u ados
del Sist em a G ene r al de Pensiones, por lo que no les aplica el
ar t í culo 36 de la Le y 100 de 1993 que est ablece un r égim e n de
t r ansición y f ij a r eglas pr opi as par a el I ngr eso Bas e de
Liqu idaci ón al d isp oner que: “ El ingr e so base par a l iqui d ar la
pensión de vej ez de las per s onas r ef er idas en el inciso ant er ior
que les f alt ar e m enos de diez ( 10) años par a adquir ir el der echo,
ser á el pr om edio de lo deveng ado en e l t iem po que les h ici er e
f alt a par a ello, o el cot izado dur ant e t odo el t iem po si est e fuer e
super ior , act ualizad o a nualm ent e con base en la var iación del
Í ndice de Pr ecios al consum idor según cer t if icación que ex pida
el DAN E” . Por la m ism a r azón, t am poco les aplica la r egla so br e
I ngr eso Base de Liq uidac ión pr evist a en el ar t í culo 21 de la Ley
100 de 1993 que f ija en 1 0 años el periodo que se debe t om ar
par a la liqu idac ión d e la m esada pension al.
67. En r esum en, el der echo a la pensi ón de j ubilac ión de los
docent es vinculad os a par t ir del 1 de ener o de 1981 nacionales
y nacional izados y de los nom br ados a par t ir del 1 de enero de
1990, de acuer do co n las Leyes 91 de 19 89 y 33 de 1985, se r ige
por las sigui ent es r eglas:
✓ Edad: 55 años
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Demandante: Magdalena Peñuela Vargas
✓ T i empo de servi ci os: 20 años
✓ T asa de rempl azo: 75%
✓ I ngreso Base de Liqui daci ón: Est e com ponent e com pr ende i) el
per í odo del últ im o año d e ser vicio docent e y ii) l os f act ores que
hayan servi do de b ase para cal cul ar l os aport es previ st o s en
l a Ley 62 de 1985, que son: asi gnaci ón bási ca, gast os de
represent aci ón; primas de ant i güedad, t écni ca, ascensi onal
y de capaci t aci ón; domi ni cal es y feri ados; horas extras;
boni f i caci ón por servi ci os prest ados; y t rabaj o
supl ement ari o o real i zado en j ornada noct urna o en dí a de
descanso obl i gat or i o. » Dest acado f uera del t ext o ori gi nal.
A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo
transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes
prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación
para los docentes nacionales, nacionalizados y territo riales,
vinculados al servicio público educativo oficial, que dependerá de
la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente , para tal efecto distinguió lo siguiente:
a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de
1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se
rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de
servicios y 75% de los factores previst os en la Ley 62 de 1985.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con lo s requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres. Para este personal, el ingreso base de
liquidación se rige por lo previsto en la Ley 100 de 1993, con
los factores señala dos por el Decreto 1158 d e 1994, sobre los
que se efectuaron las respectivas cot izaciones.
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Demandante: Magdalena Peñuela Vargas
Ahora bien, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vincu lante y son de obligatorio
cumplimiento en todos los casos pe ndientes de solución tan to en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables. De tal manera, bajo dicha posición jurispruden cial
se analizará el asunto de la referencia.
3.2 La pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
La Ley 71 de 1988 10 consagró la pensión de jubilación por
acumulación de aportes, la cual concede la posibilidad de computar
el tiempo servido en el sector público y en el privado.
Esta Ley fue reglamentada en principio por el Decreto 1160 de 1989
y después por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, que en
su artículo 1, determinó que la pensión a la que la mencionada Ley
71 de 1988 se refería, se denomina pensión de jubilación por
aportes y a la misma tenían derecho «[…] quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer,
acrediten en cual quier tiempo, 20 años o más de c oti zaciones o
aportes continuos o disconti nuos en el Instituto de Seguros
Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social
del sector público»
Por otra parte, en sus artículos 6 y 8 estableció el salario base para
la liquidación de la pensión y el monto, en los siguientes términos:
«ARTI CU LO 6. SALARI O BASE PARA LA LI Q UI DACI O N DE LA
PENSI O N DE JUBI L ACI O N PO R APO RTES. Salar io base p ar a la
liqu idac ión de la pe nsión de j ub ilac ión por apor t es. El salar io bas e
par a la l iqu idació n de est a pensión, se r á el salar i o pr om edio que
sir vió de base par a los apor t es dur ant e el últ im o año de servicios,
salvo las excepc ion es cont enidas en la ley.
10 L e y
71 de 1988 «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones».
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Si l a ent ida d de pr ev isión es el I S S se t e ndr á en cuent a e l pr om edio
del salar io base sob r e el cual se ef ect uar on los apor t es dur ant e el
últ im o año y dich o inst it ut o deber á cer t if icar lo pagado por los
cit ados concept os dur ant e el per í odo cor r espondient e.
[ …]
ARTI CULO 8. M O NTO DE LA PENSI O N DE JUBI LACI O N PO R
APO RTES. M ont o de la pensión de j ubil a ción por apor t es. El m ont o
de la pensión de j ubi lació n por a por t es ser á equivalent e al 7 5 % del
salar io base de liqu i dación. El valor de la pensión de j ubilaci ón por
apor t es, no podr á ser inf er ior al sala r io m í nim o legal m ensua l
vigent e ni s uper ior a quince ( 15) vec es dicho sa lar io, s alvo l o
pr evist o en la ley. »
Posteriormente, el artículo 6 transcrit o fue derogado por el artículo
24 11 del Decreto 1474 de 1997, sin embargo , esa determinación fue
anulada por esta Sección a través de sentencia del 15 de mayo de
2014 12, en la que se expuso lo siguiente:
«Así , en el pr esent e caso, t r at ándose de una sit uación an ál oga a
nivel r eg lam ent ar io, se dest aca que l a nor m a que dispo ní a el
salar io base par a l a liqui dació n de la pensión por apor tes f ue
der ogada, sit uación que or iginó un va cí o nor m at ivo y obligó a
r em it ir se a la Le y 1 00 de 1993, aun cu ando el legis lador d ispuso
que el G obier no Na ciona l debí a r eglam ent ar las condic ione s par a
el r econoc im ient o y pago de la pens ión por apor t es ( inc. 2, ar t . 7,
Ley 71 de 1988) .
Vist o lo ant er ior , la der ogat or ia del ar t í culo 6 del D ecr e t o 2709 de
1994, desconoc ió n o solam ent e l a Ley 7 1 de 1988; s ino t am bién l a
Ley 100 de 1993, ya que ést a pr evió un régim en de t r ansición , com o
un m ecanism o de p r ot ección ant e un t r ánsit o le gis lat ivo pa r a la s
per sonas que t ení an la expect at iva de adquir ir su der echo
pensiona l baj o una n or m at ividad ant er ior , en est e sent ido no puede
el ej ecut ivo en v ir t ud del ej er cic io de la f acult ad r egl am ent ar ia
r educir de m aner a despr opor cionad a e ir r azonable los ben ef icio s
de la nor m at ividad pensiona l ant er ior , pues dej a r í a sin ef icacia l a
f inal idad del r ég im en de t r ansición pens iona l. »
11 Artículo 24. Vigencia y derogatorias. Este decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, modifica los siguientes artículos del Decreto 1748 de 1995: 3º, 9º, 12,
15, 16, 17, 24, 28, 35, 36, 37, 41, 44, 52 y 57 y deroga el numeral 2º del artículo 3º,
el artículo 25, el inciso 3º del artículo 29, el literal c) del artículo 36, el inciso 7º del
artículo 47, el artículo 51 y el parágrafo transitorio del artículo 52 del mismo Decreto
1748 de 1995. Así mismo, modifica el artículo 8º del Decreto 1887 de 1995, y deroga
el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 y todas las d emás normas que le sean
contrarias. (Negrilla fuera del texto).
12 C . P . : Gerardo Arenas Monsalve. Expediente 11001 -03-25-000-2011-00620-00
(2427-2011).
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En ese orden de ideas, toda vez que el artículo 6 del Decreto 2709
de 1994, había cobrado vigencia nuevamente a partir de dicha
declaratoria de nulidad, la Corporación entendió en su momen to 13
que la regla que d ebía tenerse en cuenta sobre el IBL con derecho
a la pensión por aportes era la dispuesta en esa norma, posición
que era concordante con el criterio judicial sostenido a partir de la
sentencia del 4 de agosto de 2010 14, de acuerdo co n el cual, el
periodo y el ingre so base de liquidación debía ser el 75% de lo
devengado por el trabajador en el último año de servicios.
No obstante, como se indicó en el acápite anterior, la Sala Plena
de la Corporación fijó el criterio de unificación para la pensión de
docentes en sentencia del 29 de abril de 2019.
4. Caso concreto
En el caso de la señora Magdalena Peñuela Vargas se encuentra
acreditado lo siguiente:
a. Nació el 31 de mayo de 1960 15, por lo tanto, para el 13 de
septiembre de 2018, fecha de reclamación pensional ante la
Secretaría de Educación de Bogotá , contaba con 58 años de
edad.
b. De acuerdo con el formato único para expedición de certificado
de historia laboral expedido por la Secretaría de Educación de
Bogotá 16, la accionante (i) se vinculó como docente en
interinidad de manera interrumpida desde el 5 de octubre de
2001 hasta el 15 de octubre de 2003; (ii) en provisio nalidad,
también de manera interrumpida, desde el 8 de marzo de 2004
hasta la fecha de present ación de la demanda , y realizó
cotizaciones al FO MAG.
13 I b í d e m .
14 C . P . : Víctor Hernando Alvarado
15 S e g ú n se desprende de la fotocopia de la cédula de ciudadan ía y del Registro Civil
de Nacimiento allegados a folios 3 y 4 respectivamente.
16 F o l i o s 9 a 1 1 .
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c. Según el reporte de semanas cotizadas expedidas por
COLPENSIONES el 12 de septiembre de 2018 17, la accionante
reportó 554,57 semanas cotizadas en el sector privado y como
independiente .
d. Del formato único para expedición de certificado de salarios
expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá 18, se extrae
que la demandante devengó los siguientes factores salariales
así:
• Del 23 de oct ubr e de 2017 al 1 de dicie m br e de 2017 :
• Sueldo
• Bonif ica c ión decr et o
• Pr im a de navidad
• Del 31 de dic iem br e de 2018 al 30 de j ulio de 2018
• Sueldo
• Bonif icac ión decr et o
e. Mediante solicitud presentada el 13 de septiembre de 2018, la
accionante solicitó a la Secretaría de Educación de Bogotá «el
reconocimiento y pag o de la pensión de jubilación equivalente
al 75% de los salarios y primas recibidas, anteriores al
cumplimiento del estatus jurídico de pensionada» , en aplicación
a lo establecido en la Ley 71 de 1988, es decir , con 55 años de
edad y 20 de servicio 19
f. Mediante la Resolución 10615 del 17 de octubre de 2018
expedida por la Secretaría de Educación del Distrito de B ogotá 20,
le fue negada la pensión de jubilación por aportes con las
siguientes consideraciones:
• De acuerdo con la solicitud y revisados los do cumentos,
encontró que :
«[ …] f ue nom br ada en pr ovisionalid ad el 08/ 03/ 2004 m ediant e
Resoluc ión 0676 d el 04/ 03/ 2001 con vincul ación DI ST R I TAL-
17 F o l i o s 5 y 6.
18 F o l i o s 12 y 13.
19 S e g ú n s e e x t r a e d e l c o n t e n i d o d e l a R e s o l u c i ó n 1 0 6 1 5 d e l 1 7 d e o c t u b r e d e 2 0 1 8 .
20 F o l i o s 1 4 y 1 5 .
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SI STEM A G ENERAL DE PARTI CI PACI O NES , r azón por la cual es
aplic able e l r égim en est ablecido en l a Ley 812 de 2003.
Q ue de acuer do con lo ant er ior , la docent e se vinculó co n la
Secr et ar í a de Educación, ent r ando en vigencia la nor m a ya
cit ada, por lo cual [ la accionant e] se acoge a los der echos
pensiona les del r ég im en de pr im a m edia est ablecido en la Ley
100 de 1993 con sus r equisit os pr evist os par a su goce, a
excepción de la ed ad, que par a el pr esent e caso la educador a
t endr í a que t ener 57 años . Razón por la cual la ( sic) docent e no
le es aplicab le la le y 71 de 1988, que est ablece los par ám et r os
par a la pensión por apor t es.
[ …] »
5. Análisis sustancial
5.1. ¿Si la señora Magdalena Peñuela Vargas, quien se
desempeñó como docente, tiene derecho a la pensión por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988 y si resulta compatible
con el sueldo que devenga como docente?
En el presente caso se encuentra acreditado que la accionante se
desempeñó de manera interrumpida en el sector priva do y en el
sector público como docente así:
❖ Conforme al Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones
expedido por COLPENSIONES (f sl. 5 y 6):
FECHA DE FECHA DE
INICIO TERMINACION
NOMBRE O TOTAL
RAZÓN DIAS
SOCIAL DIA MES AÑO DIA MES AÑO
TIA LTDA 17/04/1979 17/05/1979 31
INELSO
18/08/1980 18/12/1980 121
LTDA
INELSO
1/01/1981 12/05/1981 132
LTDA
CENTRO DE
ESTUDIOS 5/03/1984 30/06/1988 1556
POR LA N
CENTRO DE
ESTUDIOS 26/07/1988 31/12/1989 516
POR LA N
CENTRO DE
ESTUDIOS 1/01/1990 1/02/1994 1471
POR LA N
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PEÑUELA DE
ZÚÑIGA 8/08/1994 31/12/1994 144
MAGDALENA
TOTAL 3827
❖ Conforme a l Formato Único para Expedición de certificado de
Historia Laboral expedido p or la Secretaría de Educación de
Bogotá (fls.9 a 11), estuvo vinculada como docente así :
FECHA DE FECHA DE
TOTAL
INICIO TERMINACION
DIAS
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
5/10/2001 30/11/2001 56
18/02/2002 22/03/2002 35
DOCENTE EN 1/04/2002 6/05/2002 36
INTERINIDAD
30/05/2002 14/06/2002 15
15/07/2002 11/10/2002 87
15/10/2002 30/11/2002 46
TOTAL 275
FECHA DE TOTAL
FECHA DE INICIO
TERMINACION DIAS
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
8/03/2004 12/07/2010 2285
5/08/2011 17/08/2011 13
23/01/2013 12/02/2013 20
25/02/2013 21/04/2013 57
22/04/2013 19/06/2013 58
8/07/2013 18/08/2013 41
11/09/2013 1/10/2013 21
DOCENTE EN
14/10/2013 28/10/2013 15
PROVISIONAL
IDAD 12/11/2013 8/12/2013 27
20/01/2014 4/02/2014 15
5/02/2014 16/03/2014 42
18/03/2014 14/06/2014 87
17/06/2014 20/06/2014 4
2/05/2016 4/12/2016 213
23/10/2017 13/08/2018 291
TOTAL 3189
En atención a estas precisiones, resulta pertinente poner de
presente que , al margen de que la act ora hubiese prestado sus
servicios como docente interina o en provisionalidad y a pesar de
la solución de con tinuidad que se configuró en el marco del nexo
laboral de la libelista como educadora pública -tal como se
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desprende de las certificaciones relacionadas –, lo cierto es que
desde el preciso momento en que aquella detentó una vi nculación
legal y reglamentaria, adquirió el derecho a dársele el tratamiento
normativo y jurisprudencial propio de los educadores oficiales en lo
que respecta a l régimen pensional que reclama , es decir, desde el
5 de octubre de 2001 .
Así lo ha sostenido esta Sala de Subsección 21, en el sentido de que
la prestación material del servicio determina el régimen del
servidor:
«En consecuenc ia, la pr est ación m at er ial del ser vici o com o docent e
det er m ina el r égim e n del ser vidor , y por lo t ant o se debe acudir al
ar t í culo 81 de la Ley 812 de 2003, el cual pr ecept úo que el r égim en
pensiona l apl icab le a los m aest r os vinculados con ant er ior id ad a la
vigenc ia de la m encionad a nor m a es el est ablecido en las
dispos icion es pensi onales vige nt es hast a ese m o m ent o, por t al
m ot ivo, son aplic ables las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985. »( Subr ayado f uer a de t ext o) .
Bajo el referido co ntexto, no debe entenderse como lo hizo el a quo,
que la interrupción o suspensión del servicio oficial se configure
como óbice para determinar el régimen pensional que cobija su
situación jurídica, pues la Sección Segunda 22, en asuntos con
contornos similare s al presente, ha avalado el reconocimiento de la
pensión de jubilación de estos educadores en observancia de la
totalidad de los interregnos de labor, aun cuando se hubiere
presentado discontinuidad entre los mismos. Al respecto:
«[ …] De las pr uebas ant er ior m ent e enunciadas se despr ende que el
act or ( i) nació e l 17 de m ayo de 1958; ( i i ) pr est ó sus ser vicio s, com o
docent e naciona l iza do, al depar t am ent o de Risar al da del 19 de
agost o de 1978 al 28 de ener o de 1997 y al m unici pio de
Dosquebr adas ent r e el 16 de f ebr er o de 2009 y el 4 de j unio de 2010
y del 8 siguie nt e al 30 de abr il de 2011; y ( iii) el 10 de agost o de
2015 r equir ió d el Fom ag el r econoci m ient o de la pens ión de
j ubilac ión, negada a t r avés de los act os adm inist r at ivos acusa dos,
21 Consejo de Estado- Sala de Lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda –
Subsección A- consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández - sentencia del ocho
(08) de octubre de dos mil veint e (2020), radicación:15001 -23-33-000-2015-00665-01
(0315-2017).
22 C o n s e j o d e Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020, radicación: 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-19),
demandante: Heriberto De Jesús Grajales Oyuel a.
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al consider ar que no cum ple el r equisit o de 1300 sem anas de
cot ización, de ac uer do con la L ey 812 de 2003, nor m a que le r esult a
aplic able a l haber se vinculado e l «2009 - 02- 19».
De acuer do con lo anot ado en e l ac ápit e pr ecedent e, a quel los
docent es cuya vinc u lació n sea post er ior a la ent r ada en v igo r de la
Ley 812 de 2003, es t o es, al 27 de j unio del m ism o año, pese a que
su af ilia ción la asu m e el Fondo Nac ion al de Pr est acion es Socia les
del M agist er io, en m at er ia pensiona l le son aplic ables las nor m as
cont enidas en la Ley 100 de 1993, j unt o con las m odif icacione s
int r oducidas por la L ey 797 de 2003, salv o r espect o de la edad par a
adquir ir e l est at us pensiona l, la c ual, según el ar t í culo 8 1 de la
m encionada Ley 81 2 de 2003, es de 57 años par a hombr es y
m uj er es.
En el su b l it e, se t ie ne que si bien es cie r t o que el dem andan t e t uvo
una vincu laci ón la b or al con post er ior i d ad a la Ley 81 2 de 2003,
t am bién lo es que n o es dable desconoc er los t iem pos de ser vicios
pr est ados, com o docent e nacional izado , ant es de que em pezar a a
r egir t al nor m at iva, m áxim e cuando pa r a el 27 de j unio d e 200 3
habí a acum ulado 18 años, 5 m eses y 16 dí as de labor ( ent re el 19
de agost o de 1978 y el 28 de ener o de 1997) .
Por lo t ant o, al vincular se nuevam ent e al ser vicio of icia l docent e el
16 de f ebr er o de 2009, haber acum ulado m ás de 20 años de
ser vicios en condic ión de m aest r o estat al y adquir ido la edad
pensiona l pr evist a en la Ley 33 de 1985, r esult a contr ar io a los
pr incip ios de equi da d, j ust icia socia l y p r o hom ine, así com o a los
t r at ados int er nacion ales at añeder os a est os , desconocer que el
accionant e ha bí a lab or ado com o pr of esor en el sect or públ ico ant es
de la ent r ada en vigor de la Ley 812 de 2003, m áxim e cuando de t al
nor m a se inf ier e que su aplicación es par a los nuev os docent es
vincul ados dur ant e su vigenc ia, m as no par a los q ue con
ant er ior idad f uer on nom br ados en dicha condición. [ …] ». (Resalta
la Sala).
En el sub iudice , el tribunal de primera instancia consideró que no
podía ser beneficiaria de la pensión estable cida en la Ley 71 de
1988, porque al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2013
«la actora no se encontraba vinculada como docente.» Ello sumado
al hecho de que se hubiesen presentado interrupciones q ue superan
los 15 días.
Empero, para la Sala no e s de recibo el anterior argumento,
precisamente porque, tal como se indicó en la precitada providencia
del 18 de septiembre de 2020, para efectos de comprobar cuál
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régimen prestacional le es aplicable , no pueden desconocerse las
vinculaciones que este hubi ere ostentado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pues ello sería tanto
como afirmar que dichos períodos de servicios en el sector oficial y
en los cuales estuvo vinculado al magisterio, no producen efectos
jurídicos, máxime cu ando en el presente caso no se trata de una
nueva educadora que ingresó por primera vez al sistema especial
de la docencia estatal, sino que su labor se vio interrumpida
justamente al momento de la promulgación de la normativa en
mención. 23
Con base en lo expuesto hasta este punto, resulta procede nte
aplicar las reglas de unificación para efectos de l reconocimiento
pensional a favor de la actora .
Del acervo probatorio se advierte que (i) cumplió 55 años de edad ,
el 31 de mayo de 2015 y (ii) acred ita tiempos cotizados como
docente oficial y e mpleada privada e indepe ndiente que superan los
de 20 años.
Precisado lo anterior, se tiene entonces que, como la vinculación
de la demandante al servicio docente se produjo con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y perduró inclusive
hasta la presentación de la demanda , le resulta aplicable el régimen
especial contenido en la Ley 91 de 1989 para los docentes oficiales,
razón por la cual, su derecho pensional ha de regirse por las
disposiciones legales aplicables a los pensionados del sector
público nacional anterior a la Ley 10 0 de 1993, entre las cuales se
encuentra la Ley 71 de 1988 que contempló la pensión de jubilación
por sumatoria de aportes .
Ahora bien, respecto del ingreso base de liquidación , e sta Sala de
Subsección 24 en referencia a la liqu idación de la pensión de
jubilación docente por aportes, ha precisado lo siguiente:
23 En ese mismo sentido en reciente pronunciamiento emitido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 24 de febrero de 2022,
radicación interna 4650-2019, C.P William Hernández Gómez.
24 C o n s e j o d e E s t a d o - S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o - S e c c i ó n S e g u n d a -
Subsección A- Consejero ponente: William Hernández Gómez - sentencia del
dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) - radicación número: 25000 -23-
42-000-2013-06853-01(4391-14).
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Radicación: 25000 23 42 000 2019 00143 01 (3061-2021)
Demandante: Magdalena Peñuela Vargas
«Por lo expuest o, la aplic ación d e la Ley 71 de 1988 en los as unt os
de docent es of icial es con acum ulación de apor t es en el sect or
pr ivado, que so lic it an el r econ oci m ien t o o r eliqu idac ión de su
pensión d e j ubi lació n no m odif ica la po sición adopt ada por est a
Cor por ación m edi ant e la sent encia d e uni f icación de l 25 de ab r il d e
2019, pues es en cuant o al caso de m ar ras que en est a opor tunidad
nos r em it im os a la m ent ada no r m a que com plem ent a el r égi m en de
pensiones, en el sent ido que ést a per m it e el cóm put o de las
cot izaciones ef ect u adas por el t r abaj ador cuando aquel hubiese
labor ado en ent i dad es de or den públ ico y pr ivado con el pr o pósit o
de acceder a dicho b enef icio pens iona l. L o ant er ior , en obser vancia
de los r equisit os de edad, t iem po y m onto pensional pr evist o s en la
Ley 33 de 19 85, com o en ef ect o se consider ó en la m ent ada
pr ovidenc ia.
De ell o, que el Sis t em a I nt egr al de Segur idad Soc ia l no puede
concebir se com o un conj unt o de disposiciones nor m at ivas aisladas
ent r e sí , pues aquel cor r esponde a una ar t iculación de pr e cept os
que at ienden l a cons t ant e t r ansf orm ación de las r ealida des so ciales
en las cua les int er ac t úan sus af ili ados. C om o en ef ect o lo consider ó
la doct r ina nac iona l especia liza da en l a m at er ia, el doct or Ger ar do
Ar enas M onsalve en cuant o a la aplicación de la Ley 71 de 1988
par a aquellos caso s en que los t r abaj ador es que se hicier on
benef iciar ios de l r égim en de t r ansició n pr evist o por el ar t í culo 36
de la Ley 100 de 1993, pues si bien ésta nor m a «[ …] no const it uye
pr opiam ent e un r égim en ant er ior ; per o su aplicac ión por t r ansició n
es válida e int er esa, com o se ha señalado con acier t o, “ a aquel las
per sonas que a la e nt r ada en vigenc ia de la Ley 100, desp ués de
ést a, no r euní an los r equisit os par a pensionar se con base en la Ley
33/ 85 o con el D ecr et o 758/ 90, est o es, que no t ení an 20 a ños de
ser vicio púb lico, en el pr im er caso, ni quinient as sem anas cot izadas
al I SS en los últ im os veint e años al cum plim ient o d e la edad o 1000
sem anas en cualquier t iem po, en el segundo caso, per o que
sum ando los t iem pos cot izados en am bos sect or es, ést os ar r oj an
no m enos de veint e años de apor t es [ …]» 25.
Aun con est a lí nea de int el ección esbo zada, es im per ioso aclar ar
que t al com o se cont em pló en la pr ovide ncia alu dida, los do cent es
a quienes les ap lic a est e r égim en ant er ior al 26 de j unio de 2003 26,
se encuent r an exc ept uados del Sist e m a I nt egr al de Se gur idad
Socia l por m andat o del ar t í culo 279 de l a Ley 100 de 1993.
Por esa m ism a r azón, aquellos no son b enef iciar ios del r égi m en de
t r ansición est ipu lad o en el ar t í culo 36 de la Ley 100 de 1993, y
t am poco est án som et idos a l as cond ic iones qu e en m at er ia de
ingr eso base de li quidac ión pensi onal desar r olló el ar t í culo 21
ibí de m .
25 Gerardo Arenas Monsalve . El régimen de transición pensional. En: derecho
colombiano de la seguridad social, p. 293.
26 F e c h a d e e n t r a d a e n v i g e n c i a d e l a L e y 8 1 2 d e 2 0 0 3 .
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Radicación: 25000 23 42 000 2019 00143 01 (3061-2021)
Demandante: Magdalena Peñuela Vargas
En est e sent ido, al n o r esult ar r egent es par a el caso de los a l udidos
educador es of icia les las pr evision es que sobr e el ingr eso ba se de
liqu idac ión f or m uló l a Ley 100 de 199 3, evident em ent e el pe r í odo
par a la det er m inación de t al conc ept o no podr í a ser el
cor r espondient e al del ar t í culo 21 de la nor m a ejusdem , sino e l
pr evist o en la Ley 33 de 1985, t al co m o lo dispuso la m ent ada
sent encia de unif ica ción, lo cual, adem ás es concor dant e con las
dispos icion es de la m at er ia pr evist as por la Ley 71 de 1988 ( en est e
caso par t icular de pensión por acum ulación de apor t es pr ivados y
públ icos) .
«Ar t í culo 6 º . Salar io base par a la liq uid ación de la pe nsión de
j ubilac ión por apor t es. El salar io bas e pa r a la liq uidac ión de est a
pensión, ser á el sal ar io pr om edio que sir vió de base par a los
apor t es dur ant e el últ im o año de ser vicio s, salvo las excepcio nes
cont enidas en la ley .
Si la ent id ad de pr evisió n es el I SS se t endr á en cuent a el
pr om edio del salar io base sobr e e l cual s e ef ect uar on los apo r t es
dur ant e e l últ im o añ o y dicho inst it ut o de ber á cer t if icar lo pag ado
por los cit ados co nc ept os dur ant e el pe r í odo cor r espondien t e. »
( Lí neas f uer a de t ext o) .
Ahor a bien, t al com o se r esalt ó en la nor m a t r asunt ada, el per í odo
que debe t ener se en cuent a par a calcula r el I BL de la pensión por
apor t es es el del últ im o año de ser vicios. Sin em bar go, dicho
pr esupuest o cont empla la excepcio nal id ad legal que le sea pr opia,
y por t al m ot ivo, al ver if icar que el pr esent e caso se tr at a de una
pensión por apor t es de un docent e of icial, clar am ent e se present a
una diver genc ia que at añe a que el per í odo alud ido es e l del añ o
inm ediat am ent e ant er ior a la adquisi ción del est at us jur í dico
pensiona l y no el de la últ im a anual idad de labor es.
A est e punt o se ar r iba en la m edida en que pr ecisam ent e, la
condic ión especia l de los educador es est at ales, im plica que ést os
pueden per ci bir dos asignac iones de l t esor o públ ico com o ser í an
especí f icam ent e el salar io y la pens ión or dinar ia de j ubi laci ón, t al
com o lo cont em pla el ar t í culo 19, lit er a l g) de la Ley 4. ª de 1992.
Aquel p lant eam ient o supone que no er a necesar ia la dem ost r ación
ant e el FN PSM del r et ir o def init ivo de l s er vicio par a h acer e f ect iva
su pr est ación, pues a pesar de t r at ar se de una pens ión por apor t es
pr evist a en la Ley 71 de 198 8, la cali dad de docent e of icial e s
pr eponder ant e y gen er a la apl icaci ón de pr evision es excepci onales
com o est a . »
Conforme a lo anterior, el periodo que debe tenerse en cuenta para
calcular el IBL de la pensión por aportes docente , corresponde al
año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico
pensional como lo solicitó la demandante en su libelo inicial (que
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Demandante: Magdalena Peñuela Vargas
luego fue modificado en el recurso de apelación cuando solicitó la
inclusión de los f actores devengados durante el último año de
servicios), por la condición especial de los educadores estatales de
percibir dos asign aciones del tesoro público (sueldo y mesada
pensional), conforme al artículo 19, literal g) de la Ley 4 de 1992,
por lo que no es necesario demostrar el retiro del servicio para
hacer efectiva la prestación pensional, tal como ya lo ha
considerado esta Sala en anteriores pronunciamientos 27.
Así las cosas, se advierte que la demandante adquirió el estatus de
pensionada el 31 de mayo de 2015 , tras cumplir la edad de 55 años,
en ese orden, se debe tener en cuenta el per íodo correspondiente
a las cotizaciones realizadas en el año inmediatamente a nterior a
la adquisición del estatus jurídico pensional , ya que se encuentra
probado en el proceso que para dicha época ya superaba los 20
años de servicio.
En cuanto a los factores salariales a tener en cuenta, e l Decreto
2709 de 1994 (regulatorio del artículo 7 de la Ley 71 de 1988)
establece en su artículo 6º:
«Salar io base par a la li quid ación de l a pensión de j ubil aci ón por
apor t es. El salar io b ase par a la li quid aci ón de est a pens ión, ser á el
salar io pr om ed io qu e sir vió de base pa r a los apor t es dur a nt e el
últ im o año de ser vicios, salvo las excepciones cont en ida s en la
ley. »
Así mismo indica que «Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá
en cuenta el promedio del salario ba se sobre el cual se ef ectuaron
los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certifica r
lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente .» 28 (Subrayado fuera de texto).
27 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda -
Subsección A- consejero ponente : Gabriel Valbuena Hernández - sentencia del
veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021) - radicado: 25000-23-42-000-2016-
01145-01 (2045-2018).
28 T a l c o m o s e e x p u s o a n t e r i o r m e n t e , p a r a e l c a s o d e l o s d o c e n t e s o f i c i a l e s e l p e r í o d o
de liquidación de la pensión por aportes corresponde al año anterior a la fecha de
adquisición del estatus jurídico respectivo.
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Demandante: Magdalena Peñuela Vargas
Por otro lado, en la sentencia aludida esta Sala de Subsección 29
frente a los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación
de la pensión por aportes docente, estableció lo siguie nte:
« [ …]
Por últ im o, en cuant o a los f act or es sala r iales a i nclu ir en el cálcul o
del in gr eso base de liqu idac ión de l a p ensión por apor t es a que
t ienen der echo los m aestr os of iciales con acum ulación de
cot izaciones de l sect or público y pr ivado, debe señalar se que é st os
ef ect ivam ent e cor r esponden ú nicam e nt e a aquel los so br e los
cuales se hayan ef ect uado los descuent os r espect ivos y que se
encuent r en enl ist ad os especí f icam ent e en el ar t í culo 1. º de la Ley
62 de 1985.
Por lo t ant o, no se puede incl uir ningú n f act or d if er ent e a ést os,
puest o que t al pr e supuest o f ue obj et o de def inic ión d e r egla
j ur ispr udencia l de m aner a gener al en la sent enci a de un if icació n
obj et o de est udio par a est e t ipo de ser vidor es, sin que por el hecho
de consolidar se est e caso en una pensión po r apor t es o por la
condic ión de educa dor es ello pu eda va r iar par a cont abil iza r t odos
los em olum ent os de t ipo r em uner at ivo que se hubiese n per cibid o”
( subr ayado f uer a de t ext o) .
Conforme a lo expuesto, según la mentada jurisprudencia de
unificación , los factores salariales que se deben incluir en la
liquidación son únicamente aquellos que se encuentran descritos
en la Ley 62 de 1985 30 y sobre los cu ales se hubiesen efectuado
cotizaciones.
Fact ores Sal ari al es que hacen part e de l a base de l i qui daci ón de
l a pensi ón ordi nari a de j ubil aci ón de l os docent es ( L.62/ 1985,
art . 1)
Asignac ión bás ica
G ast os de r epr esentación
Pr im as de ant igüeda d, t écnica, ascensio nal y de capacit aci ó n
Dom inica les y f er iad os
Hor as ext r as
Bonif icac ión por ser vicios pr est ados
Tr abaj o suplem ent a r io o r eal izado en j or nada noct ur na o en dí a de
descanso obl igat or i o
29 I b i d e m .
30 i) asignación básica mensual; ii) gastos de representación; iii) prima técnica; iv)
primas de antigüedad, ascensional de capacitación; v) remuneración por trabajo
dominical o festivo; vi) bonificación por servicios prestados; y vii) remuneración por
trabajo suplementario o de horas ext ras, o realizado en jornada nocturna.
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En consecuencia, no es procedente la liquidación de la pensión por
aportes docente con la inclusión de todos los factores salariale s
percibidos en el último año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus como lo adujo en el escrito de apelación.
Si bien el presente caso no se allegó prueba de los factores
salariales percibid os y cotizados en e l año anterior al cumplimiento
del estatus pensional pues únicamente relacionó los
correspondientes al periodo comprendido entre el 23 de o ctubre de
2017 y 30 de julio de 2018, lo cierto es que la entidad deberá tener
en cuenta únicamente los factores salariales descritos en la Ley 62
de 1985 y sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones en
el año anterior al 31 de mayo de 2015.
5.1.1 Prescripción
Habida cuenta de que se accederá al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación deprecada por la parte activa , resulta
indispensable verificar la ocurrencia o no del fenómeno prescript ivo
sobre las mesadas adeudadas.
El artículo 41 del Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968
estableció el plazo de tres años para que prescriban las
acciones que emanan de los derechos que el decreto consagró. Es
decir, que el término se cuenta a partir de la fecha en que la
obligación respectiva s e hace exigible, la misma disposición indica
que la simple reclamación que se presente por escrito por parte del
trabajador o empleado a la autoridad que tenga la competencia
para reconocer el derecho o la prestación interrumpe la
prescripción, pero solo p or un lapso igual, esto es, por 3 años.
El artículo en mención fue reglamentado a través del Decreto 1848
de 1969, que en su artículo 102, dispuso lo siguiente:
«Ar t í culo 102. - Pr escr ipción de acc iones .
Las acciones que e m anan de los der echos consagr ados e n el
Decr et o 3135 de 1 9 68 y en est e Decr et o, pr escr iben en t r es ( 3)
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años, cont ados a par t ir de la f echa en que la r espe ct iva
obli gació n se haya hecho exigi ble.
El sim ple r eclam o escr it o del em pleado of icia l f or m ulado ante la
ent idad o em pr esa obligada, sobr e un der echo o pr est ación
debidam ent e det er m inado, int er r um pe la pr escr ipción, per o solo
por un lapso igua l. »
De las normas mencionadas, se colige que la ley señaló un término
para reclamar los derechos ante las autoridades competentes, el
cual no puede ser superior a tres años, y que se cuentan a partir
de la fecha en que la obligación se hace exigible y se interrumpe
con la reclamación presentada ante la autoridad con competencia
para reconocer el derecho, por una sola vez.
Es decir que una vez presentada la petición ante la administración
esta interrumpe la prescripción y a partir de ese momento, cuenta
con tres años para su reclamación en sede judicial, al cabo de los
cuales su inactivid ad implicará la extinción de su derecho, y por
ende, no será posible acceder al restablecimiento del mismo.
En el presente asunto, la demandante adquirió el estatus de
pensionada el 31 de mayo de 2015, presentó solicitud de
reconocimiento pensional ante la Secretaría de Educación de
Bogotá el 13 de sept iembre de 2018 31, la cual fue resuelta
negativamente mediante la Resolución 10615 del 17 de octubre de
3018 y presentó la demanda ante esta jurisdicción el 18 de
diciembre de 2018.
De lo anterior se concluye que operó el fenómeno de la prescripción
trienal de las mesadas pensionales y en consecuencia, deberán
contarse tres (3) a ños atrás a l 13 de septiembre de 2018 , por lo que
las mesadas prescritas serían las causadas con anterioridad al
13 de septiembre de 2015 .
Por lo expuesto, se condenará a la parte demandada a pagar las
mesadas adeudadas desde el 13 de septiembre de 201 5 y en
adelante las que se causen, ello de manera actualizada de
conformidad con el inciso 4 del artículo 187 del CPACA. Dicha
31 F o l i o 14
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entidad dará cum plimiento a la sentencia con base en los términos
y previsiones de los artículos 189 y 192 ibidem.
5.2 ¿Debe revocarse la condena en costas de primera instancia
a la parte demandante?
Teniendo presente el contenido del artículo 188 de la L ey 1437 de
2011, y de otro lado, artículos 365 y siguientes del Código General
del Proceso, se permiten las siguientes conclusiones básicas sobre
las costas:
«a. El legislad or int r oduj o un cam bio sust ancial r espect o de la
condena en cost as, al pasar de un cr it erio “ subj et ivo” –CCA- a uno
“ obj et ivo valor at ivo” –CPA CA- :
b. Se concluye qu e es “ obj et ivo” por que en t oda sent encia se
“ dispondr á” sobr e cost as, es dec ir , se decidir á, bien se a par a
condenar t ot al o pa r cialm ent e, o bien p ar a abst ener se, según las
pr ecisas r eglas de l CG P.
c. Sin em bar go, se l e calif ica de “ va lor at ivo” por que se r equ i er e que
en el expedi ent e el j uez r evise si las m ism as se causar on y en l a
m edida de su com pr obación. Ta l y com o lo or dena el CG P, est o es,
con el pago de gast os or dinar ios de l pr oceso y con la act ivi dad de l
abogado ef ect ivame nt e r ealizada dent r o del pr oceso. Se r ecalca, en
esa valor ación no s e incluye la m ala f e o t em er idad de las par t es.
d. La cuant í a de la condena en agenci as en der echo, en m at er ia
labor al, se f ij ar á at endiendo la posic ión de los suj et os pr oce sales,
pues var í a según sea la par t e vencida el em pleador , el t r abajador o
el j ubilado, est os últ im os m ás vulner ables y gener alm e nt e de
escasos r ecur sos, así com o la com plej idad e int ensida d de la
par t icipac ión pr oce sal ( Acuer do núm . 1887 de 2003 Sala
Adm inist r at iva de l C onsej o Super ior de l a Judicat ur a) .
e. Las est ipulaci one s de las part es en mat er ia de cost as se tendr á n
por no escr it as, por lo que el j uez en su liqu idac ión no est ar á at ado
a lo así pact ado por ést as.
f . La liquidac ión de l as cost as ( incluidas las agencias en der echo) ,
la har á el despach o de pr im er a o única inst ancia, t al y com o lo
indic a el CG P 32, pr evia elabor ación de l secr et ar io y apr obación del
r espect ivo f uncionar io j udicia l.
g. Pr ocede condena en cost as t ant o en pr im er a com o en segund a
inst ancia. » 33
32A r t í c u l o
366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al
proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas:
33Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda –
Subsección “A” Consejero Po nente: William Hernández Gómez. Sentencia de 7 de
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Demandante: Magdalena Peñuela Vargas
Esta Sección 34 ha precisado que el concepto de las costas del
proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles
dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los
denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para
traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericia l, los
honorarios de auxiliares de la just icia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.
Igualmente, el concepto de costas incluye las agencias en derecho
que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento
dentro del proceso que el juez reconoce discrecionalmente a favor
de la parte vencedora atendiendo a los criterios se ntados en los
ordinales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, y
que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los
honorarios pagados por dicha part e a su abogado los cuales
deberán ser fijados contractualmente entre éstos conf orme los
criterios previstos en el artículo 28 ordinal 8.º de la le y 1123 de
2007 35.
A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A , inicialmente
sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la
condena de manera «automática» u «obje tiva», frente a aquel que
resultara vencido e n el lit igio. Ello, en consideración a q ue debían
observarse una serie de factores ta les como la temeridad, la mala
fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuaci ón, en donde el juez debía ponderar
dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen
abril de dos mil 2016. Radicación: 13001 -23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
Nulidad y Restablecimiento del Derecho Actor: José Francisco Guerrero Bardi
34 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n S e g u n d a ,
Subsección A, sentencia de 2 de junio de 2018, C.P. William Hernández Gómez,
número de radicado: 13-001-23-33-000-2013-00100-01 (3515-2015)
35 R e g u l a l a n o r m a c o m o d e b e r d e l o s a b o g a d o s , e l d e “ … f i j a r s u s h o n o r a r i o s c o n
criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo
a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba
dineros, cualquiera sea su concepto”.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2019 00143 01 (3061-2021)
Demandante: Magdalena Peñuela Vargas
de análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunstancias
para imponerla o no.
Sin embargo, en sentencia del 7 de abril de 2016 la Subsección A 36
dentro del proceso radicado 15001 -23-33-000-2012-00162-01
(4492-2013), varió aquella posición y acogió el crite rio objetivo
para la imposición de costas al concluir que no se debe evaluar la
conducta de las partes (temeridad o mala fe), sino los aspectos
objetivos respecto de la causación de las costas, tal co mo lo prevé
el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365 .
Por tanto, en ese hilo argumentativo, en el presente caso se
condenará en costas de ambas instancias a la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y a favor de la parte demandante, toda vez que
resultó vencida en el proceso de la referenc ia y la sentencia de
primera instancia será revocada en su totalidad, tal como lo señalan
los ordinales 1 y 4 del artículo 365 del Código General del Proceso.
Las costas serán liquidadas por el a quo en atención a lo
preceptuado en el citado código.
6. Conclusión
Por las consideraciones expuestas, la Sala revocará la sentencia
del 22 de octubre de 2020 proferida por la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
negó las pretensiones de la demandada y condenó en costas de
primera instancia a la parte demandante y en su lugar, d eclarará la
nulidad de la Resolución 10615 del 17 de octubre de 3018 .
Como restablecimiento del derecho se ordenará a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fo ndo Nacional de Prestaciones
Sociales del Mag isterio el reconocimiento de la pensión de
36 C o n s e j e r o p o n e n t e : D r . W i l l i a m H e r n á n d e z G ó m e z .
Ver sentencias proferidas dentro
de los números internos: 4492 -2013, Demandante: María del Rosario Mendoza Parra
y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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jubilación a favor de la demandante en un monto del 75% de las
cotizaciones realizadas en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus jurídico pensional, efectiva a partir del 13
de septiembre de 2015 , con la inclusión únicamente de los
factores salaria les descritos en la L ey 62 de 1985 y sobre los
cuales se hubiesen efectuado cotizaciones. Lo anterior, por la
condición especial de los educadores estatales de percibir dos
asignaciones del tesoro público (sueldo y mesada pensional),
conforme al artículo 19, literal g ) de la Ley 4 de 1992, tal como ya
lo ha considerado esta Sala en anteriores pronunciamientos 37.
Así mismo, con el reconocimiento de las «cuotas partes
pensionales» al que debe concurrir la Administradora Colombiana
de Pensiones –COLPENSIONES –a las que la docente efectuó
aportes para obtener la pensión de jubilación, en los términos
señalados en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994 y normas
concordantes . Se aclara que el disfrute de la pensión aquí
reconocida es compatible con el salario devengado por la
accionante en calidad de docente.
Las sumas que resulten a favor de la demandante deberán
actualizarse y se aplicará para ello la siguiente fórmula:
Índice final
R= Rh x ------------------------
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se de termina al multiplicar el valor
histórico (R.H.), q ue es lo dejado de percibir por la demandante,
por concepto de mesada pensional con inclusión de los reajustes
de ley, por el gua rismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certif icado por el DANE, vigente en la fecha
de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha
en que se causaron las sumas adeudadas.
37Consejo de Estado - Sala de lo Contencios o Administrativo -Sección Segunda -
Subsección A- consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández - sentencia del
veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021) - radicado: 25000-23-42-000-2016-
01145-01 (2045-2018).
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Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se
aplicará separadamente, mes por mes para cada mesada pensional,
y se debe tener en cuenta que el índice inicial es el vigente al
momento de la causación de cada uno de ellos.
Se condenará en costas de ambas instancias a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo Secció n Segunda, Subsección A
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVO CAR la sentencia del 22 de octubre de 2020
proferida por la Subsección D de la S ecc ión Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la señora MA GDALENA PEÑUE LA VARGAS
contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIA LES DEL
MAGISTERIO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. En su lugar,
SEGUNDO. Decla rar la nulidad de la Resolución 10615 del 17 de
octubre de 3018 proferida por la Sec retaría de Educación de Bogotá
en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, mediante la cual , negó el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación a favor de la demandante.
TERCERO. A título de restablecimiento del d erecho, se ordena a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar a favor de
la señora Magdalena Peñuela Vargas, una pensión de jubilación
equivalente al 75 % del promedio de la asign ación mensual básica
sobre la cual aquella cotizó durante el año anterior a la adquisición
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de su estatus jurídico respectivo (31 d e mayo de 2014 a 31 de mayo
de 2014), ello con efectividad desde el 13 de septiembre de 2015 y
en adelante las mesadas que se causen.
En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar
las mesadas adeudadas de manera actualizada de conformidad con
la formula expuesta en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. CONDE NAR en costas de ambas instancias a la parte
demandada de conformidad con las consideraciones expresadas en
esta sentencia.
QUINTO. En firme esta decisión devuélvase el expediente al
Tribunal de orige n previas las anotaciones pertinentes en el
programa “SAMAI”
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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