Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02764-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02764-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02764-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
11 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02764-00
Demandante: Daria María Angulo Arroyo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 11 de junio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02764-00
Demandante: DAIRA MARÍA ANGULO ARROYO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA PRIMERA DE
DECISIÓN
Tema: Contra sentencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Pensión docente. Indebida valoración de formato único para
la expedición de certificado de la historia laboral. Tiempos de servicio
por órdenes de prestación de servicios.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Daira María Angulo contra el
Tribunal Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 13 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Daira María Angulo Arroyo pidió la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad
social.
A juicio de la demandante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia dictada el 9 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Primera de Decisión, que revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar,
denegar pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52835-33-
33-001-2024-00083-00/01.
2. Pretensiones
El tutelante formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
específicamente, la sentencia de segunda instancia calendada el 9 de diciembre de 2025, notificada el
12 de diciembre de 2025, expediente No. 52835-33-33-001-2024-00083-01 (16847), el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO -Sala Primera de Decisión – M.P.: Beatriz Isabel Melodelgado Pabón
al revocar la sentencia del 19 de mayo de 2025 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Tumaco y negar las pretensiones de la demanda encaminada al reconocimiento de mi
pensión de jubilación usando como precedente una sentencia unificada inexistente y además omitiendo
la valoración probatoria de la constancia o record laboral emitida la misma Secretaría de Educación
Municipal de Tumaco, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley y la
jurisprudencia, el debido proceso judicial, el régimen especial de la pensión de jubilación docente, el
acceso de la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título y demás que considere
la Honorable Corporación.
SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 9 de diciembre de 2025, notificada el 12 de
diciembre de 2025, expediente No. 52835-33-33-001-2024-00083-01 (16847) carece de efectos legales.
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Demandante: Daria María Angulo Arroyo
TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere prudente el señor
Juez Constitucional, la Corporación accionada profiera nueva sentencia evaluando de manera integral
las normas que conforman el régimen exceptuado docente, el cual debe estar en armonía con los
artículos 4, 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política, la jurisprudencia sobre la materia, especialmente
en lo relativo a la validez probatoria de documentos o certificaciones pensionales emitidas por entidades
públicas y además considerando que me asiste el derecho a la pensión de jubilación establecida en la
Ley 91 de 1989 – Ley 33 de 1985.
CUARTA. – Exhortar al Tribunal Administrativo de Nariño que en las próximas decisiones y en casos
similares no vuelva a incurrir en una indebida valoración probatoria, referente a las certificaciones o
constancias emitidas por entidades públicas o privadas, así como tampoco insista en tener como
precedente la supuesta sentencia unificada del 13 de febrero de 2020 del Consejo de Estado,
expediente No. 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15), reiterando que la misma no es unificada y
además accede a las pretensiones teniendo en cuenta las constancias emitidas por un ente territorial.
QUINTA. - Las declaraciones y órdenes que el Honorable Tribunal Corporativo considere necesarias
para restablecer los derechos fundamentales vulnerados con el fallo de segundo grado, objeto de la
controversia constitucional.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Actuación administrativa
La demandante nació el 8 de abril de 1965 y entre el 4 de octubre de 1996 y el 21 de
diciembre de 2003 suscribió contratos de prestación de servicios con el municipio de
Tumaco (Nariño) con el fin de desempeñarse como docente.
A través del Decreto 1235 del 31 de diciembre de 2003, fue nombrada en provisionalidad
como educadora a cargo del FOMAG, cargo en el que se posesionó el 1.º de enero de
2004 hasta el 8 de junio de 2016, pues, se posesionó en periodo de prueba desde el 9
de junio de 2016 hasta el 16 de enero de 2017 y en esta última fecha fue nombrada en
propiedad hasta el 15 de marzo de 2023 (fecha de expedición del certificado del tiempo
del servicio).
El 5 de octubre de 2023 la accionante pidió el reconocimiento de la pensión de jubilación,
al considerar que cumplía las exigencias señaladas en las Leyes 91 de 1989 y 33 y 62
de 1985, pues contaba con más de 55 años y más de 20 años de servicio, lapso en el
que debían computarse los interregnos en los que fue contratista, en atención a la
sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional.
Mediante Resolución No. TUMACPENRES 2004-0000022 del 3 de abril de 2024 la
Secretaría de Educación de Tumaco, denegó lo solicitado al estimar que la fecha de
posesión de la docente fue el 1 de abril de 2004, es decir, una fecha posterior al 26 de
junio de 2003, por lo que no era procedente el reconocimiento de una pensión de
jubilación por imposibilidad de aplicar la Ley 91 de 1989.
3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
El 22 de mayo de 2024 la tutelante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho (a la que se le asignó en número de radicación 52835-33-33-001-2024-00083-
00) contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución No. TUMACPENRES2004-0000022 del 3 de abril
de 2024 y se ordenará el reconocimiento de la pensión de jubilación.
La accionante sostuvo en la demanda que se vinculó al servicio educativo antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y, por ende, le resultaba aplicable la Ley 91
de 1989.
Del asunto conoció el Juzgado Primero Administrativo de Tumaco, que el 19 de mayo de
2025 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la
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accionante se vinculó como docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
(4 de octubre de 1996); en consecuencia, el régimen aplicable correspondía al
determinado por la Ley 91 de 1989, que en su artículo 15 remitía al previsto en las Leyes
33 y 62 de 1985, que contempla como requisitos para acceder a la pensión de jubilación
contar con más de 55 años de edad y 20 años de servicios, exigencias que cumplía la
accionante.
Señaló que tenían incidencia prestacional los tiempos en los que una persona se
desempeñaba como docente en atención a contratos de prestación de servicios y para
ello no era necesario contar con una sentencia en la que se declarara la existencia de
una relación laboral, tal como lo dijo el Consejo de Estado1.
Que, sin embargo, no era dable calcular el monto de la prestación sobre todo lo
devengado en el último año de servicios, como lo pedía la demandante, en razón a que
solo tienen incidencia en el ingreso base de liquidación los emolumentos sobre los cuales
se realizaron los respectivos aportes, tal como lo indicó el Consejo de Estado2 en
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.
Además, declaró la prescripción de las semanas pensionales causadas con anterioridad
al 3 de octubre de 2023.
Inconforme, la parte demandada apeló con el argumento de que la demandante fue
nombrada en propiedad el 31 de diciembre de 2003 y se posesionó el 1 de enero de
2004, lo que la ubicaba en el régimen posterior Ley 812 de 2003.
Por su parte, la accionante también apeló al considerar que, aunque la sentencia accedió
parcialmente a las pretensiones principales, incurrió un error al declarar la prescripción
de las mesadas previas el 5 de octubre de 2023, fecha en la que realizó la reclamación
administrativa, pues, lo correcto era declarar la prescripción únicamente de las mesadas
anteriores al 5 de octubre de 2020, es decir, tres años anteriores de la solicitud
administrativa, según lo previsto por el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969.
El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, el 9 de diciembre de
20253, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones
de la demanda y condenó en costas a la demandante, al considerar que estaba
acreditado que la demandante ingresó al servicio público educativo mediante vinculación
formal, legal y reglamentaria después del 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en
vigencia la Ley 812 de 2003 y, en consecuencia, no le resultaba aplicable el régimen
pensional previsto en la Ley 33 de 1985.
Que la situación pensional de la demandante se debía regir por las disposiciones del
régimen general de prima media con prestación definida previsto por la Ley 100 de 1993
y sus modificaciones posteriores, en particular las leyes 797 y 812 de 2003, que exige
entre otros requisitos, haber cumplido cincuenta y siete (57) años y acreditar un mínimo
de mil trescientas (1300) semanas cotizadas.
No consideró el formato único para la expedición de certificado de la historia laboral al
considerar que debía aportarse los contratos, lo que a su juicio impedía verificar la fecha
de inicio y terminación, el objeto del contrato, la entidad contratante y la naturaleza de las
funciones que desempeñó la accionante.
Adujo que si bien en la sentencia de unificación del 13 de febrero de 2020 que se emitió
al interior del expediente 54001-23-33-000-2014-00106-01, el Consejo de Estado
reconoció que, en aplicación del principio de realidad sobre las formalidades, es
1 Sentencias (i) del 10 de marzo de 2016, M. P. Gabriel Valbuena Hernández (sin expediente); y (ii) del 6 de abril de
2017, M. P. César Palomino Cortés (sin expediente).
2 Sección Segunda (sin expediente).
3 Comunicada a través de correo electrónico enviado el 16 de diciembre de 2025.
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procedente contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus
servicios al estado con vinculación a través de contratos de prestación de servicios,
también se estableció que el cómputo de esos términos estaba sujeto a que se cumpliera
la carga probatoria específica que recae sobre quien alega la existencia de la relación
laboral.
4. Fundamentos de la tutela
La parte demandante adujo que la tutela cumple las exigencias generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias y las sentencias judiciales censurada
incurrió en los siguientes vicios:
Defecto fáctico por no valorar las pruebas aportadas en la demanda respecto de las etapas
laborales de la accionante como docente de prestación de servicios, específicamente el
formato único para la expedición de certificado de la historia laboral emitida por la
Secretaría de Educación de Tumaco, de donde se desprenden todas las vinculaciones que
tuvo como docente, tiempo que fue confirmado incluso en el mismo acto administrativo
demandado.
Afirmó que del formato único para la expedición de certificado de la historia laboral
expedido por la Secretaría de Educación de Tumaco se puede evidenciar que fue contratada
como docente a través de OPS, la fecha de inicio y la finalización del contrato, la entidad
contratante y dónde desempeñó las funciones, que dicha certificación no fue desconocida ni
tachada, por lo que debió ser valorada y no omitir o cercenar su valoración.
Adujo que el criterio sobre la validez de las constancias o certificaciones laborales se aplica
con igual o mayor rigor cuando el emisor es una entidad pública, pues son documentos que
se clasifican como públicos y se les otorga una presunción de legalidad reforzada por la ley.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, comoquiera que el certificado y las
constancias de tiempo de servicios aportados con la demanda sí debían ser valorados, dado
que el mismo no había sido controvertido ni tachado dentro del proceso y al no valorarlo, la
autoridad judicial incurrió en defecto ritual manifiesto y defecto fáctico.
Desconocimiento del precedente por cuanto la providencia cuestionada citó una
providencia de unificación inexistente para negar el derecho reclamado por la accionante.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Nariño citó una supuesta sentencia unificada
del 13 de febrero de 2020 del Consejo de Estado, expediente No. 54001-23-33-000-2014-
00106-01(0156-15), la cual, destacó, no es de unificación y, además, tomó como prueba
válida una certificación emitida por una entidad territorial para comprobar la vinculación
como docente oficial.
Alegó el desconocimiento del precedente fijado en la sentencia de 30 de enero de 2025
dictada por el Consejo de Estado - Sección Segunda en el proceso 52001-23-33-000-
2021-00112-01 (3666-2024), caso en el que la docente había laborado como docente
mediante OPS y el Consejo de Estado tuvo en cuenta los tiempos de servicios
debidamente certificados por la entidad territorial.
Asimismo, advirtió un desconocimiento del procedente horizontal, pues el Tribunal
Administrativo de Nariño, en sentencia de 17 de octubre de 2025 en el proceso 52001-
33-33-004-2023-00007-01, resolvió un caso similar en el que se validó la certificación de
tiempos de servicio mediante órdenes de prestación de servicios.
Adujo que el tribunal accionado insiste en incurrir en los mismos yerros de no otorgar
validez a los certificados o constancias laborales y colocar como precedente una
sentencia <<unificada>> del Consejo de Estado que no existe pese al fallo de tutela
dictado el 12 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el
expediente No. 11001-03-15-000-2025-08207-00, en la que se accedió al amparo
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deprecado, al igual que el fallo de tutela proferido el 29 de abril de 2021 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, dentro del expediente No. 11001-03-15-000-2020-05252-
00.
5. Trámite procesal
Por auto del 15 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Nariño, a la jueza Primera Administrativa de Tumaco, al ministro de
Educación Nacional y al representante legal de la Fiduprevisora S.A.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 20 de
abril de 2026.
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Nariño, ponente de la decisión
cuestionada, señaló que en este caso la acción de tutela resulta improcedente por su
carácter residual, según lo previsto en el numeral 1 del artículo 6.º del Decreto 2591 de
1991, pues la demandante pretende obtener el reconocimiento de un derecho que no
demostró en el proceso ordinario, lo que constituiría la tutela como tercera instancia.
Reiteró los argumentos expuestos en el sentencia cuestionada en especial en lo relativo
a que en sentencia de unificación de 13 de febrero de 2020 proferida al interior del
expediente 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15), el H. Consejo de Estado
reconoció que, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades es procedente contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales
prestaron sus servicios al Estado con vinculación a través de contratos de prestación de
servicios, siempre que se acredite que efectivamente ejercieron funciones docentes y que
existió una relación material de subordinación y continuidad, sin embargo, se precisó que
el cómputo de esos términos está sujeto a que se cumpla una carga probatoria específica,
que recae sobre quien alega la existencia de la relación laboral.
Adujo que, en ausencia de los documentos contractuales, no era posible verificar si los
servicios que se prestaron corresponden efectivamente a sus funciones de docente en el
marco del servicio público educativo oficial, si se configuraron los elementos propios de
una relación laboral, la extensión cronológica del servicio, entre otras y en esa medida,
la falta de prueba directa de los contratos impidió contabilizar esos periodos para efectos
pensionales, sin que ello implicara desconocer los principios de favorabilidad y primacía
de lo sustancial sobre las formas.
Afirmó que un caso de iguales aristas argumentativas, jurisprudenciales, normativas y
probatorias, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, tuteló una sentencia para
ordenar que se emitiera un fallo de reemplazo, lo que ya ocurrió; no obstante, frente a
dicha decisión presentó escrito de impugnación en el que adujo que la decisión que
adoptó tuvo como único fundamento jurisprudencia pacífica respecto de la necesidad de
aportar los contratos para establecer su existencia y, si bien no se trataba de una
sentencia a través de la cual se emitieron reglas específicas de unificación sobre la forma
de analizar esos elementos de prueba, es indudable que se trata de una sentencia de
unificación.
El Juzgado Primero Administrativo de Tumaco pidió su desvinculación de la acción
de tutela por no tener una relación material, fáctica ni jurídica con la presunta violación
de los derechos fundamentales deprecado por la accionante.
En ese sentido, manifestó que la actuación surtida en primera instancia se desarrolló
dentro del marco normativo aplicable y las actuaciones de este despacho se limitaron
exclusivamente al trámite y decisión de primera instancia dentro del proceso de nulidad
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y restablecimiento del derecho.
El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la solicitud
de amparo. Adujo que le asiste falta de legitimación en la causa para pronunciarse de
fondo, toda vez que la controversia planteada por la tutelante recae sobre una decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño y que, al dirigirse contra una
providencia judicial, amerita un análisis riguroso de procedencia del amparo
constitucional conforme a los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005.
Además, del escrito de tutela no se advierte alguna acción u omisión atribuible al
Ministerio que pueda configurar una vía de hecho judicial.
La Fiduciaria, Fiduprevisora S.A., no rindió informe pese haber sido notificada en debida
forma de la acción de tutela.4
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional5 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia con la que el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, desató en segunda instancia el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52835-33-33-001-2024-00083-00/01,
por presuntamente incurrir en desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y
violación directa de la Constitución Política.
El Juzgado Primero Administrativo de Tumaco y el Ministerio de Educación Nacional
solicitaron su desvinculación de la acción por no tener una relación material, fáctica ni
jurídica con la presunta violación de los derechos fundamentales deprecados por la
accionante.
La Sala advierte que esta autoridad fue vinculada al trámite de tutela como tercero con
interés, mas no como demandado. La vinculación no obedeció a que las pretensiones de
tutela estén dirigidas en su contra, sino porque fue la autoridad judicial que profirió la
sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 52835-33-33-001-2024-00083-00/01 y, por lo tanto, podría resultar afectada con
la sentencia que se dicte en este asunto constitucional.
Por lo tanto, la Sala denegará su desvinculación en la parte resolutiva de esta
providencia.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Daira María Angulo Arroyo para dejar sin efectos la sentencia dictada el 9 de diciembre
4A través de comunicación enviada el 20 de abril de 2025 a los correos electrónicos
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, y notjudicial@fiduprevisora.com.co.
5 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, que revocó
la decisión de primera instancia para, en su lugar, denegar pretensiones en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 52835-33-33-001-2024-00083-00/01.
La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, igualdad y seguridad social de la accionante, ya que la
determinación judicial incurrió en defecto fáctico, defecto procedimental y desconocimiento
del precedente.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por la señora Daira María
Angulo cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de
encontrarse demostrados los defectos alegados por la demandante, se estarían
afectando las garantías superiores invocadas, dado que la presunta indebida valoración
probatoria involucra el desconocimiento de los derechos fundamentales de los que son
titulares las partes en un proceso judicial, tal como lo señala la Corte Constitucional8, con
mayor razón si se considera que lo que se encuentra en discusión es un derecho de
reconocimiento pensional.
En este punto debe advertirse que, contrario a lo manifestado por el Ministerio de
Educación Nacional, la discusión de este trámite constitucional no es netamente
económica, dado que el reconocimiento de la pensión de jubilación concierne a
preceptos constitucionales como la seguridad social, el mínimo vital, la dignidad humana,
entre otros, pues asegura que las personas que tienen una edad considerable cuenten
con lo necesario para garantizar su subsistencia luego de que ya no laboren.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque de acuerdo
con la verificación del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-33-
33-009-2023-00076-01, se constata que la sentencia atacada se notificó el 26 de
noviembre de 2025 de conformidad con el numeral 2 del artículo 2059 y la tutela se
presentó el 19 de diciembre de 2025, es decir, cuando no habían transcurrido los 6
meses jurisprudencialmente reconocidos como el lapso adecuado para formular la
acción de tutela contra determinaciones judiciales.
6 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
7 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
8 Sentencia SU-573 de 2017, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
9«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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Demandante: Daria María Angulo Arroyo
Asimismo, el demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y las
pretensiones solo fueron denegadas en segunda instancia; por ende, contra este no
procedía recurso ordinario alguno. Además, los cargos tampoco comportan alguna de
las causales de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión previstas en el
artículo 250 del CPACA. Tampoco se evidencia el cumplimiento de las causales de
procedencia del recurso de unificación de jurisprudencia.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es,
expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defecto
fáctico, defecto procedimental y desconocimiento del precedente.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, el actor ataca una
sentencia dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
5. Análisis del caso concreto
La accionante aduce que la sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Nariño, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52835-
33-33-001-2024-00083-00/01, incurrió en defecto fáctico, procedimental y en
desconocimiento del precedente por no haber dado el valor probatorio que corresponde
a la certificación que se allegó para demostrar que se desempeñó como docente
mediante órdenes de prestación de servicios y, en su lugar, exigir como única prueba
válida para acreditar este tiempo, los contratos de prestación de servicios suscritos entre
la accionante y la entidad territorial de Nariño en las que estuvo vinculada.
Es de advertir que todas las causales específicas de procedibilidad invocadas por la
accionante se analizarán de manera conjunta, en razón a que se relacionan
específicamente con la indebida valoración del formato único para la expedición de
certificado de historial laboral donde se acredita tiempo de servicio de la accionante en el
municipio de Tumaco (Nariño) y la Resolución No. TUMACPENRES2024-0000022 del 3
de abril de 2024, proferida por la Secretaría de Educación de Tumaco, cuyo
desconocimiento provocó que se negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto la
autoridad judicial demandada no encontró acreditado que la accionante estuviera
vinculada como docente oficial antes de la vigencia de la ley 812 de 2003 y, en
consecuencia, no podía beneficiarse de la pensión excepcional que allí se establece.
Para resolver, la Sala empezará por citar el análisis probatorio realizado por el Tribunal
Administrativo de Nariño para concluir que la demandante no acreditó el requisito exigido
en la norma y ser beneficiaria de la pensión con el régimen especial docente.
Al respecto, dicha corporación señaló que en el expediente no aportaron los contratos de
prestación de servicios, por lo que no era posible verificar de manera directa y precisa los
elementos esenciales de cada relación contractual, como la fecha de inicio y terminación,
el objeto del contrato, la entidad contratante y, especialmente, la naturaleza de las
funciones que desempeñó la accionante.
Adujo que la sentencia de unificación del 13 de febrero de 2020 expediente No. 54001-
23-33- 000-2014-00106-01(0156-15), el Consejo de Estado en virtud del principio de
primacía de la realidad sobre las formas permitió contabilizar el tiempo durante el cual los
docentes oficiales prestaron sus servicios al Estado con vinculación a través de contratos
de prestación de servicios, siempre que se acreditara que efectivamente ejercieron
funciones docentes y que existió una relación material de subordinación y continuidad y
que la forma clara y precisa para el cómputo de esos términos está sujeto a que se cumpla
una carga probatoria específica que recae sobre quien alega la existencia de la relación
laboral.
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Demandante: Daria María Angulo Arroyo
Que en particular se exige acreditar la existencia de los contratos, ii) el periodo de ejecución
de cada uno, iii) el objeto contractual, que debe corresponder a funciones docentes, iv) la
entidad contratante y, v) la entidad a la cual se efectuaron los aportes pensionales, si se
realizaron, y que la falta de prueba de los contratos impide contabilizar esos periodos para
efectos pensionales.
En ese sentido, señaló que no podía tener en cuenta para efectos del reconocimiento de
pensión de jubilación de la accionante los tiempos en los que afirmó que laboró mediante
contratos de prestación de servicios, toda vez que no se acreditaron los elementos
mínimos que exige la jurisprudencia para su valoración.
Con base en el anterior análisis, la autoridad accionada denegó las pretensiones de
declaratoria de nulidad de la Resolución No. TUMACPENRES2004-0000022 del 3 de abril
de 2024 la Secretaría de Educación de Tumaco, y el consecuente reconocimiento de la
pensión de jubilación conforme a la <<Ley 33 de 1985>> a la señora Daira María Angulo
Arroyo, con el argumento de que solo se acreditó que la demandante ingresó al servicio
público educativo mediante una vinculación formal, legal y reglamentaria después del 27
de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y por ende, no era
destinataria de la Ley 33 de 1985, sino de la Ley 100 de 1993 respecto de la que no cumplía
con el requisito de semanas cotizadas.
Para la demandante, la anterior conclusión involucra las causales específicas de
procedibilidad invocadas en la solicitud de amparo, cargos que para ser desatados hacen
necesario acudir al artículo 3.º de la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) «como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta». Dicho compendio normativo
le concedió la función al referido fondo de atender «las prestaciones sociales de los docentes
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley […] y de los que se vinculen con posterioridad a ella».
Con la expedición de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema General de Pensiones, al cual
estaban sujetos todos los trabajadores, como regla general. Allí se establecieron dos
regímenes pensionales, el de ahorro individual con solidaridad, administrado por privados,
y el de prima media con prestación definida, a cargo de la Nación. Para acceder a la
pensión de vejez en virtud de este último régimen, el artículo 3310 ibidem (modificado por
el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003) estipuló los requisitos que deben cumplirse.
No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó del Sistema General de
Pensiones a los miembros de la fuerza pública, a los servidores públicos de la Empresa
Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y a los afiliados al FOMAG, es decir, a los docentes;
sin embargo, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 modificó dicha regla de exclusión de los
educadores, en los siguientes términos:
El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez, que será de 57 años para hombres y
mujeres […].
10 «Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y
sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006
se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 […]».
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En virtud de la anterior disposición, los docentes del sector público que se vincularon con
anterioridad al 27 de junio de 2003 (fecha en que entró en vigor la Ley 812 de 2003), están
sujetos a la Ley 33 de 198511 o a la Ley 71 de 198812 según el caso, y los que ingresaron
al FOMAG luego de esa fecha se les aplica el régimen de prima media con prestación
definida previsto en la Ley 100 de 1993. Con ello se crearon 2 regímenes pensionales para
los educadores públicos, tal como lo señaló el parágrafo transitorio 113 del Acto Legislativo
1 de 2005 y lo indicó el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de unificación
del 25 de abril de 201914, así:
[…] son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La
aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad, que será de
57 años para hombres y mujeres.
Ahora bien, una interpretación desprevenida del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 podría
conllevar a inferir que el educador del sector oficial debe estar vinculado el 27 de junio de
2003 para que sea destinatario del régimen pensional anterior vigente consagrado en las
leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
indicado que se le aplica esa ley incluso a quienes se hayan desempeñado como maestros
en el sector público antes del mencionado día, así no estuvieren vinculados en dicha fecha.
Sobre el particular, el alto tribunal15 ha señalado:
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el actor (i) nació el 17 de mayo de 1958; (ii)
prestó sus servicios, como docente nacionalizado, al departamento de Risaralda del 19 de agosto de 1978
al 28 de enero de 1997 y al municipio de Dosquebradas entre el 16 de febrero de 2009 y el 4 de junio de
2010 y del 8 siguiente al 30 de abril de 2011 […].
[…] se tiene que, si bien es cierto que el demandante tuvo una vinculación laboral con posterioridad a la
Ley 812 de 2003, también lo es que no es dable desconocer los tiempos de servicios prestados, como
docente nacionalizado, antes de que empezara a regir tal normativa, máxime cuando para el 27 de junio
de 2003 había acumulado 18 años, 5 meses y 16 días de labor (entre el 19 de agosto de 1978 y el 28 de
enero de 1997).
Por lo tanto, al vincularse nuevamente al servicio oficial docente el 16 de febrero de 2009, haber
acumulado más de 20 años de servicios en condición de maestro estatal y adquirido la edad pensional
prevista en la Ley 33 de 1985, resulta contrario a los principios de equidad, justicia social y pro homine,
así como a los tratados internacionales atañederos a estos16, desconocer que La accionante había
laborado como profesor en el sector público antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, máxime
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de febrero de 2011, M. P. Gerardo Arenas
Monsalve, expediente 54001-23-31-000-2023-00630-01: «[…] si el régimen de seguridad social en materia de pensión
de vejez (que reemplaza a la antigua pensión de jubilación) no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de jubilación –
derecho e invalidez de los docentes, cabe concluir que estas prestaciones siguen sometidas al régimen legal anterior
que no es otro que el de la Ley 33 de 1985 […]».
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección segunda. Sentencia de 02 de junio de 2022.
C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Radicación N° 25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021)
13 «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o
se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del
Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003».
14 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01.
15 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2020, M. P. Carmelo Perdomo Cuéter,
expediente 66001-23-33-000-2017-00470-01.
16 V. gr. Art. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 29 Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH); art. 5 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); art.
1.1. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; art. 41 Convención sobre
los Derechos del Niño.
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cuando de tal norma se infiere que su aplicación es para los nuevos docentes vinculados durante su
vigencia, mas no para los que con anterioridad fueron nombrados en dicha condición17.
A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, en efecto, la Sección Segunda del Consejo
de Estado ha señalado de manera reiterada que el haber estado vinculado como docente
al sector público para la fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de
2003) o antes, permite que el servidor sea destinatario de la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de
1988, pues lo relevante es que se haya vinculado antes de dicha fecha.
Aclarado lo anterior, se advierte que para el presente caso, la razón por la cual el Tribunal
Administrativo de Nariño consideró que la demandante no estaba vinculada antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003, obedeció a que, según su criterio, los tiempos a los que
se refirió a la parte actora en lo que laboró mediante contratos de prestación de servicios,
no se podían tener en cuenta para efectos del reconocimiento de su pensión de jubilación,
por cuanto no se acreditaron los elementos mínimos que exige la “jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado de 13 de febrero de 2020”, para demostrar este tipo de
vinculaciones, pues se debía aportar como prueba los respectivos contratos de prestación
de servicios, como quiera que tienen que estar claros i) la existencia de los contratos, ii) el
periodo de ejecución de cada uno, iii) el objeto contractual, que debe corresponder a
funciones docentes, iv) la entidad contratante y, v) la entidad a la cual se efectuaron los
aportes pensionales, si se realizaron.
Sobre el particular, es del caso analizar, en primer lugar, el contenido de la prueba aportada
por la demandante y, en segundo lugar, el criterio jurisprudencial invocado por el tribunal
accionado. Así, como primera medida, se observa que, para acreditar la vinculación como
docente mediante contratos de prestación de servicios, la demandante aportó el formato
único para la expedición de certificado de su historia laboral de FOMAG; se observa lo
siguiente:
TIPO DE FECHA DE INICIO FECHA DE ENTIDAD DE PREVISIÓN A
VINCULACIÓN TERMINACIÓN LA CUAL HA APORTADO
LA DOCENTE
Vinculada OPS 4/10/1996 4/12/1996 Municipio de Tumaco
OPS 13/01/1997 13/04/1997 Municipio de Tumaco
OPS 14/07/1997 14/07/1997 Municipio de Tumaco
OPS 1/09/1997 1/12/1997 Municipio de Tumaco
OPS 2/02/1998 30/04/1998 Municipio de Tumaco
OPS 4/05/1998 26/06/1998 Municipio de Tumaco
OPS 1/09/1998 30/11/1998 Municipio de Tumaco
OPS 18/01/1999 31/03/1999 Municipio de Tumaco
OPS 5/04/1999 30/06/1999 Municipio de Tumaco
OPS 13/03/2000 12/04/2000 Municipio de Tumaco
17 Sobre este último aspecto, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, en concepto de 10 de agosto de
2012, expediente 11001-03-06-000-2011-00004-00(2048), C. P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo, precisó que, de
acuerdo con la Ley 812 de 2003, existen dos grupos de personas: (i) «Integrado por los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, que estaban vinculados al servicio público educativo oficial al momento de entrar
en vigencia la ley 812 de 2003, es decir el 27 de junio de 2003; para este grupo el régimen prestacional aplicable es
el establecido en las normas que como docentes los regían para esa fecha, es decir, la ley 91 de 1989 y demás normas
concordantes»; y (ii) «Conformado por quienes estando vinculados a otros sistemas o sectores al entrar en vigencia
la ley 812 de 2003, es decir, el 27 de junio de ese año, ingresan por primera vez al sector público educativo
oficial».
Tesis jurisprudenciales reiteradas en fallo de la Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2022, M.
P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente 25000-23-42-000-2019-00143-01 y en sentencia más reciente proferida
por la Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2024, M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez,
expediente 25000-23-42-000-2019-01673-01
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OPS 13/04/2000 12/05/2000 Municipio de Tumaco
OPS 13/05/2000 12/06/2000 Municipio de Tumaco
OPS 13/06/2000 12/07/2000 Municipio de Tumaco
OPS 13/07/2000 12/09/2000 Municipio de Tumaco
OPS 13/09/2000 12/12/2000 Municipio de Tumaco
OPS 15/11/2001 15/12/2001 Municipio de Tumaco
OPS 14/01/2002 14/05/2002 Municipio de Tumaco
OPS 1/06/2002 1/08/2002 Municipio de Tumaco
OPS 10/03/2003 10/06/2003 Municipio de Tumaco
OPS 1/09/2003 21/12/2003 Municipio de Tumaco
Nombrada docente 1/01/2004 8/06/2016 F.N.P.S.
provisional Dec
1235
Nombrada docente 9/06/2016 16/01/2017 F.N.P.S.
en periodo de
prueba Dec. 0316
Nombrada docente 16/01/2017 15/03/2023 F.N.P.S.
en propiedad.
DEC.OO42
Información que coincide con lo señalado en la Resolución No. TUMACPENRES2024-
0000022 del 3 de abril de 2024, proferida por la Secretaría de Educación de Tumaco, que
negó la solicitud de reconocimiento y pago de una pensión de jubilación solicitada por la
accionante y reconoció la vinculación de la accionante como docente oficial anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
De las pruebas citadas se observa con claridad que contienen los elementos que echó de
menos el Tribunal Administrativo de Nariño, pues del certificado de historia laboral de
FOMAG, la entidad competente identificó con claridad la existencia de los contratos, su
periodo de ejecución, el objeto contractual docente, la entidad territorial con la que fueron
celebrados y los reconoció como docentes.
El único elemento faltante fue el de la enunciación de la entidad a la que se hicieron
aportes, aspecto sobre el cual fuerza analizar si, en efecto, como lo indicó el Tribunal
Administrativo de Nariño, dicho requisito constituye una regla jurisprudencial unificada que
deba observarse en este tipo de casos.
Ahora bien, la sentencia que fue citada por el tribunal accionado es la proferida el 13 de
febrero de 2020, en el proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
Examinada la providencia, se observa que fue expedida por la Sección Segunda,
Subsección A, con ponencia del Magistrado Gabriel Valbuena Hernández, donde la
Corporación revocó el fallo que negó las pretensiones para en su lugar conceder la pensión
docente a la parte demandante y, en lo pertinente, señaló:
Bajo tal entendimiento y dado que en el presente caso la demandante reclama el cómputo de los
tiempos laborados por contratos de prestación de servicios únicamente para efectos pensionales, la
Sala estima que resulta procedente tal pretensión en forma conjunta o acumulada con la de
reconocimiento pensional de la docente, porque su declaración solo tendrá incidencia en cuanto a los
aportes pensionales frente a los cuales no opera la prescripción, ni la caducidad, y además, por cuanto
la entidad o empresa a cuyo cargo se encuentra el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que legalmente les corresponda.
Lo anterior no obsta para señalar que debe cumplirse con la carga probatoria que encierra el contrato
de prestación de servicios docente, a efectos de establecer con claridad el periodo de inicio y
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terminación de cada contrato, su objeto, la entidad con la cual se celebró el contrato y la entidad a la
cual se efectuaron los aportes pensionales, para efectos de determinar la posibilidad de perseguir la
cuota parte pensional y la entidad de previsión o ente responsable de ella.
Así las cosas, de acuerdo con la más reciente tesis planteada por esta Corporación, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en tratándose de docentes oficiales,
esta subsección estima que resulta procedente contabilizar el tiempo durante el cual estos prestaron
sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación.
4.- Análisis del caso concreto
(…)
4.1. Hechos demostrados
a). Edad de la demandante: la señora Carmen Cecilia Matamoros Rincón nació el 16 de marzo de
1955, razón por la cual cumplió los 55 años de edad el 16 de marzo de 2010 (folios 25 y 26).
b). Vinculación laboral y tiempo de servicios: La señora Carmen Cecilia Matamoros Rincón
suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios (OPS) como Docente con el Municipio de
San José de Cúcuta (Fl. 28):
Contrato No.0240 de fecha Febrero 16 de 1991 Colegio San Pedro Claver Nocturno que funciona
en este Municipio, devengando honorario mensual de SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($60.500).
DURACION: 16 de Febrero al 30 de Noviembre de 1991.
Contrato No.0562 de fecha Febrero 16 de 1992 Colegio San Pedro Claver, que funciona en este
Municipio, devengando honorario mensual de OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
($80.850). DURACION: 16 de Febrero al 30 de Noviembre de 1992.
Contrato No. 0453 de fecha Marzo 02 de 1993 Colegio San Pedro Claver Nocturno, que funciona en
este Municipio, devengando honorario mensual de CIENTO UN MIL SESENTA Y TRES PESOS
($101.063). DURACION: 11 de Febrero al 30 de Noviembre de 1993.
Contrato No. 0244 de fecha Febrero 10 de 1994 Colegio San Pedro Claver Nocturno, que funciona
en este Municipio, devengando honorario mensual de CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS ($121.376). DURACION: 1 de Febrero al 30 de Noviembre de 1994.
La prestación de servicios mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios
docentes se desprende igualmente de la certificación de tiempos de servicios mediante
contratos de prestación de servicios 240 de 1991, 562 de 1992, 453 de 1993 y 244 de 1994,
expedida el 17 de marzo de 2014 por el Secretario de Área de Dirección Educativa del Municipio
de San José de Cúcuta, allegada al folio 28 del expediente, documento que fue aportado dentro
de la oportunidad. (Resalta la Sala).
Analizada la anterior decisión, se concluyen tres aspectos relevantes: (i) no se trata de una
sentencia de unificación, pues no contiene reglas de esta naturaleza, ni en alguno de sus
apartes se enuncia que tiene como propósito unificar la jurisprudencia del Consejo de
Estado, por el contrario, se trata de un fallo ordinario proferido por una de las Subsecciones
de la Sección Segunda, (ii) si bien en la providencia se alude a que para acreditar el servicio
docente mediante órdenes de prestación de servicios, es del caso aportar los respectivos
contratos, no se concluye de manera categórica que esta sea la única prueba válida para
demostrar dicha situación pues incluso, por el contrario, se observa que se consideró válida
la certificación aportada en ese caso concreto, en el que se resalta, se accedió a las
pretensiones de la demanda y (iii) no se estableció una exigencia inmutable sobre la
obligación de demostrar entre otros aspectos, la entidad a la que se efectuaron aportes,
pues se trató de una consideración del obiter dicta mas no hizo parte del análisis probatorio
como derrotero para establecer la validez de la prueba.
El formato único para la expedición de certificado de su historia laboral de FOMAG,
resultaba relevante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues,
tal como lo señaló la autoridad judicial demandada en su providencia, tenía la virtualidad
de acreditar la fecha de ingreso al servicio público docente y, en consecuencia, el régimen
pensional aplicable, así como de determinar el tiempo de servicio a efectos del
reconocimiento de su pensión de jubilación.
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Demandante: Daria María Angulo Arroyo
Para la Sala, la afirmación del Tribunal Administrativo de Nariño en torno a que no se
demostró la vinculación mediante órdenes de prestación de servicios, no puede
constituirse en una justificación válida para la falta de valoración de los elementos de
prueba conducentes y allegados legalmente al expediente, pues no se trata de un
precedente judicial vinculante sobre la materia o de una sentencia de unificación sobre la
misma, máxime si se tiene en cuenta que, recientemente, la Sección Segunda de esta
Corporación determinó que para la prueba de la prestación del servicio no puede
imponerse una tarifa legal que limite la posibilidad del juez de encontrar acreditado un
hecho a partir de otros elementos de prueba distintos al contrato18.
En efecto, conforme con el principio de libertad probatoria, las partes pueden presentar
el conocimiento de los hechos al juez a través de cualquier medio de acreditación. En tal
sentido, la Corte Constitucional ha resaltado que la inadmisión de una prueba debe tener
una finalidad constitucionalmente relevante, por lo que “las limitaciones legales relativas
a la conducencia o admisibilidad de un medio específico de prueba solo resultan
admisibles si persiguen un fin constitucional y las restricciones que entrañan son
razonables y proporcionadas en relación con el mismo y las consecuencias que de este
se derivan”19, elementos que no se observan en el caso bajo análisis.
De igual forma, el artículo 165 del Código General del Proceso determina que son medios
de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros,
el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez.
Para la Sala, en el caso, el Tribunal accionado con la decisión de no tener en cuenta el
certificado de historia laboral de FOMAG ni la Resolución No. TUMACPENRES2024-
0000022 del 3 de abril de 2024, proferida por la Secretaría de Educación de Tumaco en el
que constaban las fechas de la totalidad de contratos suscritos entre las partes,
documentos públicos y auténticos a la luz de los artículos 243 y 244 del Código General
del Proceso, pues se tiene certeza no solo de su autoría sino también del contenido, que
dan fe de su otorgamiento conforme al artículo 257 del mismo estatuto procesal, dejó de
valorar una prueba determinante para establecer la realidad de la vinculación mediante
órdenes de prestación de servicios como requisito para acceder a la pensión especial
docente, lo que conllevó a que se negara el reconocimiento del régimen pensional
especial y en consecuencia, se viera afectada la decisión adoptada de cara al problema
jurídico planteado.
Siendo así, para la Sala, la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño
incurrió en defecto fáctico e indebida aplicación del precedente, pues impuso a la
demandante una carga probatoria excesiva, injustificada e innecesaria, para lo cual invocó
una jurisprudencia a la cual le dio un alcance que no tenía y decidió negar las pretensiones
de la demanda, sin conceder a la demandante la oportunidad de controvertir tal decisión,
pues fue adoptada en sede de segunda instancia.
Igualmente, la sentencia cuestionada desconoce la postura reiterada del Consejo de
Estado, según la cual, para que a un educador del sector público le sea aplicable la Ley
33 de 1985 (o la Ley 71 de 1988 que estableció la pensión por aportes), lo relevante es
que se haya desempeñado como educador en el sector oficial antes de esa fecha,
conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, tal como lo demostró la demandante. Cabe
señalar que este análisis resulta suficiente para concluir probado el defecto de
desconocimiento del precedente, sin que se considere necesario analizar las demás
providencias cuyo incumplimiento se alegó en la tutela.
En esta misma lógica se concluye que la sentencia atacada también adolece de defecto
procedimental en la medida en que, a pesar de estar en el trámite de la segunda instancia
18 M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, radicación: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
19 Sentencia T-395 de 2003. Corte Constitucional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02764-00
Demandante: Daria María Angulo Arroyo
y contar con una prueba idónea aportada por la parte demandante, el ad quem decidió
restarle valor y trasladar a la parte actora la obligación de haber aportado adicionalmente
los contratos de prestación de servicios.
En ese orden de ideas, la sentencia cuestionada desconoció injustificadamente los
efectos jurídicos que produjeron los tiempos en que la accionante se desempeñó como
docente entre 1996 y el 2003, lapsos en que, si bien fue contratista y fueron anteriores a
la obligación de cotizar que surgió solo con la Ley 797 de 2003 tienen incidencia
pensional20 y se pueden tener en cuenta para entender que existió una vinculación
docente anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003, tal como lo admitió la providencia
censurada y lo ha señalado el alto tribunal de lo contencioso-administrativo21.
Así las cosas, la Sala constata que la providencia atacada incurre en los defectos
alegados por la demandante, pues se realizó un análisis probatorio inadecuado de las
vinculaciones certificadas mediante órdenes de prestación de servicios, como criterio
para establecer el régimen pensional aplicable a la demandante.
En virtud de lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante y en la parte
resolutiva de esta providencia señalará la forma de garantizar su protección.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación del Juzgado Primero Administrativo de
Tumaco y del Ministerio de Educación Nacional por las razones expuestas en esta
providencia.
2. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de la señora Daria María Angulo Arroyo. En
consecuencia, se dispone:
3. Dejar sin efectos la sentencia del 9 de diciembre de 2025, con la que el Tribunal
Administrativo de Nariño revocó el fallo apelado y, en su lugar, denegó pretensiones
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52835-33-33-001-2024-
00083-00/01.
4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Nariño, que, dentro de los 20 días siguientes
a la notificación de esta providencia, dicte una providencia de reemplazo dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52835-33-33-001-2024-00083-
00/01, en atención a las consideraciones expuestas en esta providencia.
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
20 Ver, entre otros, fallo del 8 de abril de 2025, tutela 11001-03-15-000-2025-00670-01.
21Sección Segunda, Subsección A, sentencias del (i) 18 de febrero de 2021, M. P. William Hernández Gómez,
expediente 81001-23-33-000-2013-00012-02; (ii) 3 de junio de 2021, M. P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente
50001-23-33-000-2018-00357-01; (iii) del 2 de junio de 2022, M. P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente 25000-
23-42-000-2019-00143-01; y (iv) sentencia del 23 de mayo de 2024, M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, expediente
25000-23-42-000-2019-01673-01, entre otras.
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7. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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