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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00448-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2017-00448-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente con
anterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985.
Subtema 3. Cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento pensional. Subtema 4. Facultad de los fondos de
pensiones para recaudar aportes del Sistema General de Seguridad Social en
Pensión.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 14 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de
Decisión, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La demandante solicitó la nulidad del acto administrativo ficto a través del cual la
entidad accionada le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación. Manifestó
que en calidad de docente oficial tiene derecho al reconocimiento y pago de esta según
el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó al sector público
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que como la
accionante prestaba sus servicios como docente a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 (26 de junio de 2003), le era aplicable el régimen pensional previsto en la Ley
33 de 1985. Definió que, al haber acreditado los requisitos exigidos por dicha
normativa, tenía derecho a que la entidad accionada le reconociera una pensión de
jubilación a su favor.

1

Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Esta Subsección confirmará parcialmente la decisión anterior, al verificar que el
régimen pensional que le es aplicable a la accionante es el establecido en la Ley 33
de 1985, comoquiera que se vinculó en calidad de docente oficial con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. No obstante, se ordenará que la liquidación
de la prestación se realice en la proporción que por concepto de cada factor salarial le
corresponda a la demandante por ley, y se exhortará a la accionada para que recaude
ante los entes territoriales correspondientes las cotizaciones en favor de la accionante
en el tiempo en que estuvo contratada a través de contratos y órdenes de prestación
de servicios, y que no se efectuaron.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 18 de septiembre de 20171, la señora Adalgisa del
Carmen Avilés Avilés, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
ficto que se configuró ante la no respuesta de la entidad accionada a la petición
presentada el 7 de marzo de 2017, por medio del cual le negó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación a la señora Adalgisa del Carmen Avilés Avilés.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de la accionante, desde la fecha
en que cumplió su estatus pensional —esto es, el 1 de julio de 2014, cuando reunió
los requisitos de 55 años de edad y 20 de servicios—, liquidada conforme a la Ley 33
de 1985, tomando como base todos los factores salariales percibidos durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, compatible con el salario docente.

4. Solicitó que se condene al pago de «los reajustes por concepto de la Ley 71 de
1988 sobre la pensión inicial» y de todas las sumas resultantes de las condenas
dinerarias debidamente indexadas; al cumplimiento de la sentencia en los términos del
CPACA; y al reconocimiento de costas, gastos y agencias en derecho.

1 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 45, link expediente digital,

archivo 01expediente_230012333000201700448.pdf, pág. 15.
2 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 45, link expediente digital,

archivo 01expediente_230012333000201700448.pdf, págs. 3 a 15.

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. La señora Adalgisa del Carmen Avilés Avilés nació el 1 de julio de 1959, por lo
que cumplió 55 años el 1 de julio de 2014. Laboró en el Ministerio de Transporte, en el
Fondo Nacional de Caminos Vecinales, por espacio de 16 años, 1 mes y 8 días, desde
el 23 de noviembre de 1978 hasta el 31 de mayo de 1995. Adicionalmente, prestó
servicios como docente al servicio del Municipio de Chinú y del Departamento de
Córdoba, mediante órdenes de prestación de servicios, durante los años 1996, 1997,
1998, 2002 y 2003.

7. Según los certificados de historia laboral anexados a la demanda, cuenta con
otros nombramientos como docente, motivo por el cual cumplió el estatus pensional
—55 años de edad y 20 años de servicios— el 1 de julio de 2014.

8. El 6 de marzo de 2017, la accionante solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales
• Magisterio de Córdoba, el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación,
mediante escrito que envió a la entidad mediante la empresa Deprisa bajo la guía N.°
999033898774. El 13 de marzo de 2017, la oficina del Fondo solicitó el aporte de copia
de la petición para consultar la cuota parte y el formato de solicitud para pensión de
cesantías. Mediante escrito del 6 de abril de 2017, la parte accionante remitió las
copias solicitadas, aclarando que se trataba de una solicitud de pensión y no de
cesantías.

9. A la fecha de presentación de la demanda, la entidad no había dado respuesta
alguna, configurándose el silencio administrativo negativo por cuanto transcurrieron
más de cinco meses desde que se aportaron los documentos requeridos.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

10. La parte demandante citó como normas violadas el artículo 53 de la Constitución
Política; el artículo 81 de la Ley 812 de 2003; el parágrafo transitorio 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005; el artículo 15 de la Ley 91 de 1989; y los artículos 1 y 2 de la
Ley 33 de 1985.

11. Afirmó que la Ley 812 de 2003, en el artículo 81 dispuso que a los docentes
vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma se les aplica el régimen pensional
previsto en las leyes 33 y 62 de 1985. En cambio, aquellos educadores que ingresen
por primera vez al magisterio oficial a partir del 27 de junio de 2003, deben afiliarse al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y sus derechos pensionales
se rigen por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Tal criterio fue ratificado por el Acto
Legislativo 01 de 2005.

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

12. Sostuvo que los tiempos laborados bajo la modalidad de órdenes de prestación
de servicios deben ser computables para efectos pensionales. Adujo que según lo
expuesto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia del 28 de julio de
2016, radicado 66001233300020130038401, los servicios prestados mediante
contratos u órdenes de prestación de servicios en ejercicio de la actividad docente
deben tenerse en cuenta para el cómputo de los 20 años requeridos para acceder a la
pensión, toda vez que los contratistas ejercen las mismas funciones que los vinculados
en propiedad mediante acto legal y reglamentario.

13. Señaló que para esta corporación lo relevante es que el docente haya
efectivamente prestado el servicio en un establecimiento del nivel territorial o
nacionalizado, sin que sea necesario un proceso previo de declaración de la primacía
de la realidad sobre las formas. Apoyó esta tesis con lo expresado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-326 de 1997, que definió el contrato de prestación de
servicios como aquel a través del cual se vincula una persona natural en forma
excepcional para suplir actividades relacionadas con la administración o para
desarrollar actividades especializadas, añadiendo que las características de dichas
labores, por su directa conexión con el servicio público, exigen de la administración un
minucioso control.

14. Manifestó que como la señora Adalgisa del Carmen Avilés Avilés se encontraba
vinculada al servicio docente el 26 de junio de 2003 y le es aplicable la normativa
anterior a la Ley 100 de 1993, que prevé la compatibilidad entre la mesada pensional
y el salario.

15. Indicó que el acto acusado desconoce el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, puesto
que la demandante acredita los requisitos exigidos por dicha norma para acceder a la
pensión de jubilación —55 años de edad y 20 de servicio como docente oficial—.
Añadió que se desconoce igualmente el principio de primacía de la realidad sobre las
formas, toda vez que independientemente de la modalidad de vinculación o
denominación del vínculo con la administración pública, lo cierto es que la accionante
prestó efectivamente sus servicios como maestra del Estado colombiano en diferentes
entidades territoriales, lo que la hace acreedora del reconocimiento de su derecho
pensional.

2.2. Contestación de la demanda

16. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento
en las siguientes consideraciones3.

3 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 45, link expediente digital,

archivo 01expediente_230012333000201700448.pdf, págs. 69 a 83.

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

17. Indicó que la entidad no es la llamada a responder por el objeto de demanda,
toda vez que quien elabora los proyectos de resolución de reconocimiento o negación
de prestaciones no es el Ministerio de Educación Nacional, sino la Secretaría de
Educación de la entidad territorial correspondiente, de conformidad con el artículo 211
de la Constitución Política, el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 y la Resolución 3080
del 25 de julio de 2005. En consecuencia, solicitó que se vinculara a la «Secretaría de
Educación de Santa Marta» a fin de integrar debidamente el contradictorio.

18. Alegó que la demandante no acredita el tiempo de servicio exigido por la Ley 33
de 1985 para acceder a la pensión de jubilación, en la medida en que su vinculación
como docente oficial la efectuó la Secretaría de Educación del Departamento de
Córdoba mediante Decreto 018 del 19 de abril de 1999 y, desde la fecha de posesión
hasta el retiro del servicio, solo transcurrieron 18 años, 5 meses y 1 día.

19. Aseveró, en cuanto a los tiempos laborados bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios, que dicha figura no genera relación laboral ni prestaciones
sociales, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y la sentencia C-154 de
1997 de la Corte Constitucional, que distinguió con claridad el contrato de prestación
de servicios del contrato laboral. Agregó que la Corte Constitucional, en la sentencia
C-614 de 2009, reiteró que la vinculación laboral con el Estado surge normalmente de
una relación legal y reglamentaria, y que el desempeño de funciones públicas debe
realizarse, por regla general, mediante el empleo público incorporado en las
respectivas plantas de personal. Por ende, no es posible asimilar los contratos de
prestación de servicios a formas de vinculación laboral que generen derechos
prestacionales.

20. Propuso la prescripción como medio exceptivo frente a cualquier derecho
reclamado respecto del cual hubiese operado dicho fenómeno, con sustento en que,
si bien los derechos prestacionales son imprescriptibles, las mesadas prestacionales
sí prescriben por estar sometidas al término de tres años establecido en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968.

21. Por último, como petición especial, solicitó que se vinculara a la Fiduciaria La
Previsora S.A. en calidad de litisconsorte necesario, en su condición de vocera y
administradora del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

2.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, profirió
sentencia el 14 de marzo de 2025, a través de la cual accedió a las pretensiones de la

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

demanda y se abstuvo de condenar en costas. La providencia se fundó en los
siguientes argumentos4:

23. Explicó que el régimen pensional de los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio se determina con base en la fecha de ingreso
al servicio educativo estatal. Así, si la vinculación es anterior al 27 de junio de 2003, el
régimen aplicable es el establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas
concordantes; mientras que, si es posterior se aplica el régimen de prima media con
prestación definida de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. Precisó
que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 remite al régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional, que era la Ley 33 de 1985 para los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981.

24. Señaló que según la tesis fijada por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, los
factores que deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión de los docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003 son únicamente aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de
1985, que modificó el artículo 3 de la Ley 33 de 1985.

25. Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha validado el cómputo los
tiempos laborados mediante órdenes de prestación de servicios para efectos
pensionales, en tanto la vinculación de docentes bajo dicha modalidad no desvirtúa el
carácter personal y subordinado de su labor frente al servicio público de educación.

26. Precisó que, conforme a la sentencia de unificación CESUJ2 No.° 5 del 25 de
agosto de 2016, los docentes contratistas se someten a las directrices de las
autoridades educativas, cumplen órdenes de sus superiores y desarrollan sus
funciones conforme al calendario académico, por lo que merecen protección especial
en virtud de los principios de primacía de la realidad y de igualdad. Añadió que el
cómputo de dichos periodos, cuando únicamente se persigue el reconocimiento
pensional, puede tramitarse de manera conjunta dentro del proceso ordinario, sin
necesidad de declaración previa de existencia de contrato realidad.

27. Descendiendo al caso concreto, el Tribunal encontró acreditado que la señora
Adalgisa del Carmen Avilés Avilés nació el 1 de julio de 1959, habiendo cumplido el
requisito de 55 años de edad el 1 de julio de 2014. En cuanto al tiempo de servicios,
sostuvo que según se probó, laboró 16 años, 6 meses y 8 días en el Fondo Nacional
de Caminos Vecinales del Ministerio de Transporte, con aportes a pensión ante
Cajanal por el mismo periodo. Adicionalmente, demostró servicios como maestra por
7 años, 2 meses y 6 días entre el 30 de abril de 1996 y el 18 de mayo de 2009; lapso
que incluye períodos de vinculación mediante órdenes de prestación de servicios por

4 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 36, expediente digital, archivo

33Sentencia_20170044800SenteciaP(.pdf).

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3 años, 8 meses y 9 días, y nombramientos provisionales en el Departamento de
Córdoba. Concluyó que, sumados todos los períodos, la demandante acumuló un total
de 23 años, 8 meses y 14 días de servicios al Estado, superando con creces el
requisito de 20 años exigido por la Ley 33 de 1985.

28. Sostuvo que la demandante ejercía la labor docente a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, por lo que le era aplicable el régimen pensional de la Ley 91 de 1989
en concordancia con la Ley 33 de 1985. Precisó además que, incluso sin computar los
tiempos laborados mediante órdenes de prestación de servicios, la accionante
igualmente cumpliría el requisito de los 20 años de trabajo. En consecuencia,
determinó que el estatus pensional se consolidó el 1 de julio de 2014, fecha en que
reunió concurrentemente los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la
norma.

29. Declaró la nulidad del acto administrativo acusado y ordenó a la entidad
accionada a reconocer y pagar la pensión de jubilación a favor de la demandante con
efectos a partir del 1 de julio de 2014, liquidada con una tasa de reemplazo del 75 %
sobre el promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio,
incluyendo como factores salariales únicamente aquellos sobre los cuales se
efectuaron aportes y que se encuentran enlistados en el artículo 3 de la Ley 33 de
1985.

2.4. Recurso de apelación

30. La parte accionada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos5:

31. Afirmó que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 establece el régimen pensional
para el personal docente nacional y nacionalizado, distinguiendo entre quienes se
vincularon antes y después del 1 de enero de 1990. Para los vinculados a partir de
esta última fecha, señaló que se aplicarían las normas vigentes para los empleados
públicos del orden nacional, esto es, los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045
de 1978, o las que los modifiquen o sustituyan.

32. Indicó que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del Sistema Integral
de Seguridad Social a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, y que dicha excepción fue reiterada por la
Ley 812 de 2003, que dispuso que el régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a su entrada en vigor.

5 Samai, gestión otros despachos, radicación 18001234000020190015900, índice 38, expediente digital, archivo

33_MemorialWeb_Recurso-RecApe2300123330002(.pdf).

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

33. Citó las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y del 25 de abril de
2019, proferidas por esta corporación en las que se estableció que los factores
salariales a incluir en el ingreso base de liquidación son únicamente aquellos sobre los
que se hayan efectuado aportes o cotizaciones al sistema de pensiones.

34. Alegó que la Ley 33 de 1985 no le resulta aplicable a la accionante, por cuanto
se afilió al Fomag a partir del «7 de septiembre de 2009» y sus cotizaciones para
pensión se evidencian solo desde esa fecha. Argumentó que, en consecuencia, la
demandante no acredita el tiempo de cotización de 20 años exigido por dicha norma.

35. Solicitó igualmente que, en caso de reconocerse la prestación, se autorizara a
la entidad el descuento de los aportes para pensión que debieron realizarse por la
demandante y su empleador, incluyendo como factores salariales únicamente aquellos
periódicamente reconocidos de manera continua como contraprestación directa del
servicio, y que para los pagos no continuos su reconocimiento se efectuara en la
doceava parte correspondiente.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

36. Mediante auto del 28 de noviembre de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia6.

2.6. Ministerio Público

37. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto7.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

38. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

39. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código

6 Samai, índice 04, expediente digital, archivo 5Autoqueadmite_16562025(.pdf).
7
Samai, índice 07, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:

40. ¿La demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le
reconozca y pague una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985?

41. En caso afirmativo, ¿es procedente autorizar a la entidad accionada para que
efectúe el descuento de los aportes para pensión que debieron realizarse por la
accionante y su empleador, incluyendo los factores salariales percibidos de manera
periódica, y teniendo en cuenta que la liquidación de algunos de ellos se debe hacer
en una doceava parte?

42. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; (2) el régimen pensional de los
maestros oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019 y (3) el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional.

43. A partir de las anteriores consideraciones (4) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (5) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos propuestos.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

44. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

45. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 19898, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

46. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde

8
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

47. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

48. Sin embargo, la Ley 812 de 20039 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros.
Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado
en el artículo 81 de esta».

49. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (leyes 33 de 1985 o 71 de 1988). El
segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201910

50. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

9 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.
10 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).

10

Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

51. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:

52. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

53. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75 %.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (a) el periodo del último año de
servicio docente y (b) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

54. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza

11

Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
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Sociales del Magisterio

salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)11.

55. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

56. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65 % - 85 %12, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80 %) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (a) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (b) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

11 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, exp.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
12
Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

12

Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
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Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

57. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.

58. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección13, tales como:

(a) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido previa a su
vigencia.
(b) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(c) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

59. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.3.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional

60. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.

61. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales

13 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, exp. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de
2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

13

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y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.

62. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201614 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:

la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el
carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.

63. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual15»16 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.

64. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
15 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación

de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

14

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Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación al Fomag. Por esta
razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los aportes
en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios y en esa medida
deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo pago.

65. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (a) la existencia de un interés moratorio a cargo
de los empleadores que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100
de 1993—; (b) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores
del gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa
causa; (c) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos
24 y 57 de la Ley 100 de 1993—; y (d) la facultad de las cajas de previsión obligadas
al pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra
las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.

66. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.

67. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (a) la
Ley 812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente previó el criterio temporal de ingreso al servicio; y (b) de acuerdo con la
sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199417, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.

68. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido

17 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,

directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».

15

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Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.

3.4. Hechos probados relevantes

69. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

70. La señora Adalgisa del Carmen Avilés Avilés nació el 1 de julio de 1959, según
copia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía18.

71. La demandante laboró al servicio del Fondo Nacional de Caminos Vecinales del
23 de noviembre de 1978 al 31 de mayo de 1995 —para un total de 16 años, 6 meses
y 9 días—, en el cargo de secretario código 5140, grado 08, conforme al certificado
emitido el 15 de septiembre de 2005 por el coordinador del Grupo de Certificaciones
del Ministerio de Transporte19.

72. Obra en el expediente el Decreto 206 del 30 de abril de 1996, a través del cual
el alcalde del municipio de Montería nombró a la demandante como docente
provisional en la escuela Santa Isabel20. Sin embargo, no se advierte el acta de
posesión ni certificado alguno en el que se evidencie que la señora Adalgisa del
Carmen Avilés Avilés haya prestado sus servicios al ente territorial.

73. Mediante órdenes de prestación de servicios, la accionante prestó servicios
como docente a la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, durante los
años 1996, 1997, 1998 y 2003, por un tiempo total de 1 año, 9 meses y 1 día, conforme
se advierte en la copia que de estos reposa en el plenario y se muestra a
continuación21:

OPS Desde Hasta Tiempo
000020 de 1996 23/08/1996 24/11/1996 3 meses y 2 días
(número ilegible) 08/04/1997 30/06/1997 2 meses y 23 días
0084 de 1997 01/08/1997 30/11/1997 4 meses
047 de 1998 23/04/1998 19/06/1998 1 mes y 27 días
085 de 1998 21/07/1998 30/11/1998 4 meses y 10 días
210 de 2003 14/07/2003 12/12/2003 4 meses y 29 días
Total 1 año, 9 meses y 1 día

18 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 45, link expediente digital,

archivo 01expediente_230012333000201700448.pdf, págs. 25 a 26.
19 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 45, link expediente digital,

archivo 01expediente_230012333000201700448.pdf, pág. 29.
20 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 30, expediente digital,

archivo 26_MEMORIALALDESPACHO_25910618AVILESAVIL(.pdf), pág. 1.
21 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 30, expediente digital,

archivo 26_MEMORIALALDESPACHO_25910618AVILESAVIL(.pdf), págs. 19 a 31, 52 a 53.

16

Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Tabla 1: relación de las OPS que acreditan la prestación del servicio de la accionante como docente
a la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba.

74. La demandante suscribió contratos de prestación de servicios y órdenes de
prestación de servicios con la Secretaría de Educación del Municipio de Chinú,
Córdoba, para desempeñarse como docente, durante un total de 2 años, 3 meses y 2
días, conforme se evidencia en la copia que obra de estos en el expediente y se
relacionan seguidamente:

OPS22 Desde Hasta Tiempo
005 01/03/2000 31/05/2000 3 meses y 1 día
065 01/07/2000 30/11/2000 5 meses
001 02/02/2001 30/05/2001 3 meses y 29 días
001 01/08/2001 30/11/2001 4 meses
Total 1 año y 4 meses
Tabla 2: relación de las órdenes de prestación de servicios suscritos por la accionante, a través de
los cuales laboró como docente para el municipio de Chinú.

Contratos23 Desde Hasta Tiempo
006 01/01/2002 31/01/2002 1 mes y 1 día
00824 01/02/2002 31/05/2002 4 meses y 1 día
008 01/06/2002 31/08/2002 3 meses y 1 día
008 02/09/2002 30/09/2002 29 días
008 01/10/2002 30/11/2002 2 meses
Total 11 meses y 2 días
Tabla 3: relación de los contratos de prestación de servicios suscritos por la accionante y el
municipio de Chinú, a través de los cuales laboró como docente.

75. Según los certificados emitidos el 1 de septiembre de 2003 por la rectoría de la
Institución Educativa Divino Niño de Chinú –Secretaría de Educación del
Departamento del Córdoba–de la señora Adalgisa del Carmen Avilés Avilés prestó sus
servicios al Magisterio en esa institución como docente de tiempo completo del 13 de
enero de 2003 al 30 de junio de 2003, esto es, por un periodo de 5 meses y 18 días25.

76. De acuerdo con los formatos únicos para la expedición de certificados de
historia laboral, que obran en el expediente, expedidos por la Secretaría de Educación

22 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 30, expediente digital,
archivo 26_MEMORIALALDESPACHO_25910618AVILESAVIL(.pdf), págs. 32 a 33, 35 a 38.
23 Samai, índice 21, expediente digital, archivo 27_MEMORIALALDESPACHO_OFICIOADALGIZAAV(.pdf).
24 En el periodo que comprende este y el siguiente contrato de prestación de servicios se advierte que la accionante

suscribió con el municipio de Chinú un contrato de prestación de servicios de horas extras identificado con número
11 de 2002, para laborar en calidad de docente, por el lapso comprendido del 1 de marzo hasta el 21 de julio de
2002, el cual obra en Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 30,
expediente digital, archivo 26_MEMORIALALDESPACHO_25910618AVILESAVIL(.pdf), pág. 40.
25 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 30, expediente digital,

archivo 26_MEMORIALALDESPACHO_25910618AVILESAVIL(.pdf), págs. 46 a 51.

17

Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

del Departamento de Córdoba el 4 de enero de 2024, la accionante prestó sus servicios
en calidad de docente a la entidad, por un lapso de 17 años 1 mes y 29 días, así26:

Clase de Desde Hasta Tiempo
nombramiento
Provisionalidad27 28/05/2004 15/08/2006 2 años, 2 meses y 18 días
Provisionalidad28 17/12/2007 31/03/2008 3 meses y 15 días
Provisionalidad29 29/05/2009 24/01/202430 14 años, 7 meses y 26 días
Total 17 años, 1 mes y 29 días
Tabla 4: relación de los periodos en los que la accionante prestó sus servicios a la Secretaría de
Educación del Departamento de Córdoba, nombrada en provisionalidad.

77. El 6 de marzo de 2017 la demandante envió a través de la empresa de
correspondencia Deprisa, con guía número 999033898774, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio —Secretaría de Educación del Departamento de
Córdoba— la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación31.

78. Mediante el Oficio 0237-17 del 13 de marzo de 2017, la Secretaría de Educación
del Departamento de Córdoba requirió a la accionante para que allegara tres copias
faltantes de los documentos concernientes a la gestión de trámite de reconocimiento
de la pensión de jubilación solicitada, «para consultar cuotas partes»32.

79. En el mes de abril de 2017 el apoderado de la peticionaria aportó las tres copias
de los documentos requeridos por la entidad33.

80. No obstante, según lo manifestado en la demanda, la petición prestacional no
fue resuelta de fondo34. Hecho que no fue controvertido por la parte accionada.
26 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 30, expediente digital,
archivo 25_MEMORIALALDESPACHO_CERHLADALGIZAAVI(.pdf).
27 La accionante fue nombrada docente a través del Decreto 609 del 26 de mayo de 2004. Dicho nombramiento se

declaró insubsistente a través del Decreto 395 del 15 de agosto de 2006. Todo ello, conforme se advierte en Samai,
gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 30, expediente digital, archivo
26_MEMORIALALDESPACHO_25910618AVILESAVIL(.pdf), págs. 2 a 4, 65 a 69.
28 La demandante fue nombrada mediante la Resolución 936 del 6 de diciembre de 2007 y se posesionó el 17 de

diciembre de 2007 en calidad de docente, según acta de posesión. Los actos reposan en Samai, gestión en otros
despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 30, expediente digital, archivo
26_MEMORIALALDESPACHO_25910618AVILESAVIL(.pdf), págs. 87 a 89, 117.
29 La accionante fue nombrada a través del Decreto 1529 del 18 de mayo de 2009, y tomó posesión del cargo de

docente el 29 de mayo de 2009, según acta de posesión. Los actos obran en Samai, gestión en otros despachos,
radicación 23001233300020170044800, índice 30, expediente digital, archivo
26_MEMORIALALDESPACHO_25910618AVILESAVIL(.pdf), págs. 129 a 132
30 Fecha en la que se expidió el formato único para la expedición de certificado laboral, en el que hasta ese momento

se reporta que la demandante se encontraba en servicio activo. Ver: Samai, gestión en otros despachos, radicación
23001233300020170044800, índice 30, expediente digital, archivo
25_MEMORIALALDESPACHO_CERHLADALGIZAAVI(.pdf), págs. 2 a 4.
31 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 45, link expediente digital,

archivo 01expediente_230012333000201700448.pdf, págs. 18 a 21.
32 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 45, link expediente digital,

archivo 01expediente_230012333000201700448.pdf, págs. 51 a 52.
33 Samai, gestión en otros despachos, radicación 23001233300020170044800, índice 45, link expediente digital,

archivo 01expediente_230012333000201700448.pdf, pág. 53.
34 Hecho 12 del escrito de la demanda, visto en Samai, gestión en otros despachos, radicación

23001233300020170044800, índice 45, link expediente digital, archivo
01expediente_230012333000201700448.pdf, pág. 3.

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

81. La parte demandante solicita que se reconozca a favor de la señora Adalgisa
del Carmen Avilés Avilés una pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985,
toda vez que se vinculó al servicio de la docencia oficial antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003 y acredita más de 55 años de edad y 20 de servicios públicos.

82. El Tribunal Administrativo de Córdoba en la sentencia de primera instancia
accedió al reconocimiento y pago de la prestación pretendida, al encontrar probado
que la demandante se vinculó a la docencia oficial antes de la Ley 812 de 2003. Para
el efecto, tuvo en cuenta los tiempos en los que laboró a través de contratos y órdenes
de prestación de servicios. A su vez, se ordenó que la liquidación de la pensión se
efectuara sobre el 75 % del promedio de los salarios devengados durante el último año
de servicio, incluyendo como factores salariales únicamente aquellos sobre los cuales
se efectuaron aportes y que se encuentran enlistados en el artículo 3 de la Ley 33 de
1985.

83. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de apelación
en el que alegó que como la accionante se afilió al Fomag el 7 de septiembre de 2009,
no es beneficiaria del régimen pensional de la Ley 33 de 1985, razón por la cual le es
aplicable la Ley 100 de 1993.

84. Además, la entidad recurrente solicitó que, en caso de reconocerse la
prestación reclamada, se autorizara a la entidad el descuento de los aportes para
pensión que debieron realizarse por la accionante y su empleador, incluyendo como
factores salariales únicamente aquellos periódicamente reconocidos de manera
continua como contraprestación directa del servicio, y que para los pagos no continuos
su reconocimiento se efectuara en la doceava parte correspondiente.

85. Por lo anterior, el primer problema jurídico propuesto se formuló alrededor de si
la demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le reconozca
y pague una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985.

86. En caso afirmativo, se resolverá si es procedente autorizar a la entidad
accionada para que efectúe el descuento pretendido en el recurso de alzada.

87. Sobre el punto, se señala que el análisis de caso se dirigirá solo a resolver los
cargos del recurso de apelación, dada la competencia del juez de segunda instancia,
de conformidad con el artículo 328 del CGP.

88. Aclarado lo anterior, se resalta que los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en las leyes 33 de 1985

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

y 71 de 1988; esta última, en el escenario en que se hubiesen efectuado cotizaciones
al sector privado y público. En cambio, a aquellos docentes vinculados con
posterioridad, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se
les debe aplicar el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con excepción de la edad, que será de 57 años para hombres y mujeres.

89. Así, en el caso particular, se logró probar que la señora Adalgisa del Carmen
Avilés Avilés se vinculó por primera vez al servicio docente antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003 —27 de junio de 2003—, esto es, el 23 de agosto de 1996. Al
respecto, si bien obra en el expediente el Decreto 206 del 30 de abril de 1996, a través
del cual el alcalde del municipio de Montería nombró a la demandante como docente
provisional en la escuela Santa Isabel, lo cierto es que no existe prueba alguna que
acredite que, en efecto, prestó sus servicios como maestra con ocasión de dicho
nombramiento, por tal razón no se tiene por fecha de vinculación la de dicho decreto.

90. En este orden de ideas, de acuerdo con la documental que reposa en el
plenario, se observa que la accionante laboró como docente al servicio de las
secretarías de educación del departamento de Córdoba y del municipio de Chinú, a
través de contratos y órdenes de prestación de servicios durante los años 1996, 1997,
1998, 2000, 2001, 2002 y 2003, en la forma en la que se detalló en el acápite de hechos
probados de esta sentencia (tablas 1, 2 y 3).

91. Al respecto, conforme se estudió en el acápite de marco normativo de esta
providencia, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos de prestación
de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual que los
docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera personal y
subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es así
que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201635, carecen de autonomía en el
desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de
las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral
que está sometida a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una
protección especial por parte del Estado.

92. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (1)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(2) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que, como lo ha definido la
jurisprudencia36:

es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la
entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta
el Decreto 3135»37 permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de
exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación
correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión
social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a
repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas.

93. Así, la Sala estima que los periodos laborados por la accionante a través de
contratos y órdenes de prestación de servicios resultan válidos para contabilizar el
tiempo de servicios con efectos pensionales, en virtud de los principios de primacía de
la realidad sobre las formalidades e igualdad.

94. A su vez, respecto a la omisión en el pago de aportes para pensión que alega
la entidad recurrente, se ha dicho por parte de esta corporación que tales cotizaciones
tienen el carácter de imprescriptibles38 y las entidades no pueden sustraerse de su
pago cuando ello puede llegar a repercutir en el derecho de acceso a una pensión.
Asimismo, es el Fondo, por tener a cargo el reconocimiento y pago de la asignación
aquí reclamada, el que tiene la potestad de repetir en contra de las entidades y/o
personas obligadas a cotizar, el reembolso de los aportes a pensiones en la proporción
que les corresponda, en el caso de que no lo hubiesen hecho.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de

febrero de 2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020, exp.
54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
37 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará

al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de

unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

95. Sobre el particular, esta corporación en sentencia de unificación del 28 de julio
de 202239, definió, en línea de lo antes expuesto, que el descuento y pago oportuno
de aportes no puede ser obstáculo para el reconocimiento de la pensión, pues las
entidades de previsión deben adelantar las gestiones pertinentes para su cobro. Esto,
en los siguientes términos:

107. Según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral
existe el deber de realizar cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones
tanto por los afiliados como por los empleadores. En armonía con lo anterior, el artículo
22 prescribe que el empleador es el responsable del pago de sus aportes y los de sus
trabajadores. Para ello, deduce del salario del empleado el valor de la cotización
obligatoria. La totalidad de las sumas deben ser trasladadas a la entidad de previsión
social, dentro de los plazos señalados por el gobierno nacional. En todo caso, es el
empleador el responsable por la totalidad del aporte «aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador». Este contenido normativo es reiterado en el
Decreto 692 del 29 de marzo de 199440 (artículo 27).

108. Por su parte, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 confirió a las entidades
administradoras amplias facultades de fiscalización e investigación sobre los
empleadores para asegurar el cumplimiento de dicha ley. Dentro de aquellas está la de
verificación de la exactitud de las cotizaciones y aportes. Igualmente, el Decreto 1161
del 3 de junio de 199441 impuso a las administradoras de pensiones el deber de
verificación de las consignaciones «en especial, si los valores aportados se ajustan a la
ley» (artículo 8 compilado por el Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.18).

109. De acuerdo con esta verificación y en caso de que la administradora observe que
los valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto
consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano contiene los mecanismos
para asegurar el cumplimiento de aquellas obligaciones y señala las consecuencias de
su incumplimiento.

[…]

111. Todo lo anterior permite garantizar que el trabajador logre acceder a su derecho
pensional con la plenitud de condiciones que las normas consagran, así como la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Ello atiende el principio protector que
está ligado con la propia razón de ser del derecho del trabajo. Este principio parte de la
consideración especial que se tiene frente a quien se presenta en el extremo más débil
de la relación laboral, por ende, hay desigualdad o discriminación positiva en su favor a
fin de equipararlo con la otra parte, de manera que se tiende a brindar una protección
jurídica favorable para el trabajador42.

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, exp. 25000-23-

42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
40 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».
41 «Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones».
42 Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, ediciones De la Palma, Buenos Aires 1990,

segunda edición, pp. 23 – 25.

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

112. Sobre la inobservancia de la obligación patronal en comento, la jurisprudencia ha
reiterado de manera consistente que la omisión de este deber no puede ser imputable al
trabajador ni puede ser oponible para impedirle acceder al pleno reconocimiento de su
pensión. Para este último, la falta de diligencia del empleador implica la vulneración de
su derecho a la seguridad social43.

[…]

115. De esta manera, el hecho de que el empleador no haya cumplido con el descuento
y pago oportuno de los aportes correspondientes y de que la entidad administradora de
pensiones haya omitido su deber de verificación y ejecución de los procedimientos
tendientes a su pago, en manera alguna puede imponerse como un obstáculo para el
reconocimiento de la pensión, que tiene la finalidad de cubrir los riesgos derivados de la
vejez, invalidez o muerte, pues se trata de la negligencia de las entidades cuyas
consecuencias no pueden ser trasladadas al trabajador».

96. Precisado lo anterior, con el fin de definir el régimen pensional aplicable a la
demandante, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el
establecido en la Ley 71 de 1988, esta última cuando acumulen aportes por servicios
prestados en los sectores oficial y privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989
no la restringió. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el
régimen de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

97. En tal sentido, como la señora Adalgisa del Carmen Avilés Avilés, según se dijo
antes, se vinculó por primera vez al servicio docente el 23 de agosto de 1996, esto es,
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, le es aplicable la Ley 91 de 1989
y se estima que es beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985.

98. Sobre el particular, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación44 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.

99. En este orden de ideas, se destaca que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 prevé
como requisitos para acceder a la pensión de jubilación los siguientes:

43 Ver sentencia T-064 de 2018.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Rad. 25000-23-42-
000-2019-00143-01 (3061-2021).

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

(1) La edad de 55 años para hombres y mujeres.
(2) El tiempo de cotización equivalente a 20 años de servicio.

100. Ahora bien, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, y se detalló
en el acápite de hechos probados de esta sentencia, se observa que la demandante
cumplió 55 años de edad el 1 de julio de 2014 —nació el 1 de julio de 1959— y prestó
servicios al sector público durante 38 años, 1 meses y 29 días45, como se detalló en el
acápite de hechos probados de esta sentencia.

101. Así, comoquiera que la accionante acreditó 55 años de edad y más de 20 de
servicio oficial al momento en que presentó la solicitud pensional —mes de marzo de
2017—, se considera que tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 1985.

102. En punto al estatus pensional, se estima que, de conformidad con el artículo 1
de la Ley 33 de 1985, como bien lo determinó el juez de primera instancia, lo consolidó
el 1 de julio de 2014, fecha en la que cumplió 55 años de edad, y para la cual tenía
más de 20 años de servicio —que cumplió el 21 de mayo de 200246—.

103. Ahora bien, la entidad accionada, solicitó que en la liquidación de la prestación
se incluyan los factores salariales percibidos como contraprestación directa del
servicio. En punto, se tiene que, en efecto, el Tribunal ordenó que se tuvieran en cuenta
los factores sobre los cuales se realizaron aportes de conformidad con la Ley 33 de
1985. Por ende, al no evidenciarse motivo de inconformidad concreto, no hay lugar a
hacer pronunciamiento alguno sobre ese aspecto.

45 Total que se obtiene de sumar: (1) 16 años, 6 meses y 9 días de servicio, prestado al Fondo Nacional de Caminos

Vecinales; (2) 1 año, 9 meses y 1 día, laborados en calidad de docente a través de órdenes de prestación de
servicios a la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba; (3) 2 años, 3 meses y 2 días, laborados por
medio de contratos y órdenes de prestación de servicios como maestra a la Secretaría de Educación del Municipio
de Chinú, Córdoba; (4) 5 meses y 18 días prestados a la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba
en la Institución Educativa Divino Niño de Chinú y (5) 17 años, 1 mes y 29 días de servicio vinculada como docente
provisional a la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba, afiliada al Fomag.
46 De acuerdo con lo siguiente:

1. Se observa que la accionante al 30 de noviembre de 2001, acreditaba 19 años, 7 meses y 10 días —contados
todos los tiempos que se acreditaron desde el 23 de noviembre de 1978 y hasta el 30 de noviembre de 2001
prestados al Fondo Nacional de Caminos Vecinales (16 años, 6 meses y 9 días) y luego como docente a través de
contratos y órdenes de prestación de servicios a las Secretarías de Educación del Departamento de Córdoba (1
año, 9 meses y 1 día) y el municipio de Chinú (1 año y 4 meses), según la documental allegada al expediente
relacionada en el acápite de hechos probados de esta sentencia—.
2. Se destaca que, con posterioridad, el 1 de enero de 2002, se vinculó nuevamente a través de contratos de
prestación de servicios a la Secretaría de Educación del Municipio de Chinú.
3. Así, corresponde establecer, desde el 1 de enero de 2002, instante para el cual tenía 19 años, 7 meses y 10 días
de servicio, cuánto debía trabajar la demandante para cumplir 20 años. Entonces:
Hasta el 1 de enero de 2002, tenía acumulados: 19 años, 7 meses y 10 días. Tiempo faltante para los 20 años: 4
meses y 20 días.
La accionante volvió a trabajar el 1 de enero de 2002 (de manera ininterrumpida hasta el 31 de agosto de 2002)
Así, se suma el tiempo faltante a esta fecha:
(i) Se suma 4 meses: 1 de enero de 2002 + 4 meses = 1 de mayo de 2002.
(ii) Se suma 20 días: 1 de mayo de 2002 + 20 días = 21 de mayo de 2002.
Por lo tanto, la accionante completó sus 20 años de servicios el 21 de mayo de 2002.

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

104. No obstante, la Sala considera necesario, en aras de dar claridad, adicionar el
numeral segundo del fallo impugnado en cuanto a que respecto a los factores que se
incluyan en la liquidación de la pensión se realicen las cotizaciones de manera
proporcional al pago que de ellos se efectuó a la accionante. Así, a manera de ejemplo,
aquellos factores que por ley corresponde cotizar para pensión en una doceava parte
deberán liquidarse en esa misma proporción.

105. Por otra parte, en el evento de que no se hayan efectuado los aportes al sistema
pensional que debió hacer el empleador y empleado en el porcentaje correspondiente,
como lo ordena la ley, se aclara que las entidades de previsión deben adelantar las
gestiones necesarias para su cobro, pues no se pierde de vista que son necesarios
para la financiación de la prestación y la sostenibilidad del Sistema.

106. En tal sentido, en atención a lo solicitado por la entidad recurrente, corresponde
al Fomag realizar los trámites legales necesarios para recaudar las cotizaciones en
favor de la demandante en el tiempo en que estuvo contratada a través de contratos y
órdenes de prestación de servicios, y que no se efectuaron. De igual forma, la
demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo
durante su vinculación mediante órdenes de prestación de servicios.

107. Por otro lado, resulta oportuno precisar que como entre la adquisición del
estatus pensional —1 de julio de 2014— y la petición de reconocimiento —marzo de
2017— no transcurrieron más de tres años, el término de prescripción se interrumpió
por un plazo igual —artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado en el Decreto
1848 de 1969—. Esto quiere decir que no operó el fenómeno prescriptivo de mesada
alguna.

108. Así las cosas, al evidenciarse que la demandante cumple con los requisitos de
edad y tiempo de servicios para ser beneficiaria del régimen pensional establecido en
la Ley 33 de 1985, se desestiman los argumentos del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, que habrá de confirmarse parcialmente. Ello,
por cuanto, con ocasión de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se
considera necesario adicionar el numeral segundo de la decisión, en el sentido de
ordenar que la liquidación de la prestación se realice en la proporción en la que por ley
le corresponda a la demandante respecto a cada uno de los factores salariales (a
manera de ejemplo, aquellos factores que por ley corresponde cotizar para pensión en
una doceava parte deberán liquidarse en esa misma proporción).

109. Además, se exhortará a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante los entes
territoriales correspondientes las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo
en que estuvo contratada a través de contratos y órdenes de prestación de servicios,
y que no se realizaron.

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3.6. Conclusión de la decisión

110. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como la demandante se vinculó en calidad de docente con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable
es el previsto en la Ley 33 de 1985. Por ende, al haberse probado que tiene más de
55 años de edad y 20 de servicios al sector oficial, se estima que tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.

111. En este orden de ideas, se confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, y adicionará el numeral segundo de la decisión, en cuanto a ordenar que la
liquidación de la prestación se realice en la proporción que por concepto de cada factor
salarial le corresponda a la demandante por ley. A su vez, se exhortará a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio para que recaude ante los entes territoriales correspondientes las
cotizaciones en favor de la accionante en el tiempo en que estuvo contratada a través
de contratos y órdenes de prestación de servicios, y que no se efectuaron.

3.7. Costas

112. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 47 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
47 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 14 de marzo de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se
accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Adicionar al numeral segundo de la parte resolutiva de la anterior sentencia
el siguiente inciso:

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, FNPSM a reconocer debidamente indexada, y con efectos a
partir del primero (1) de julio de 2014, la pensión de jubilación de la señora Adalgisa del
Carmen Avilés Avilés identificada con la cédula de ciudadanía número (…), incluyéndose
como factores salariales para calcular el ingreso base de liquidación de su mesada
pensional los factores sobre los cuales cotizó y que se encuentren enlistados en el
artículo 3º de la Ley 33 de 1985, esto es, asignación básica; gastos de representación;
prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados;
y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso
obligatorio, en la proporción que de cada uno de ellos corresponda por ley, de acuerdo
con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

Se exhorta a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante los entes territoriales
correspondientes las cotizaciones en favor de la señora Adalgisa del Carmen Avilés
Avilés en el tiempo en que estuvo contratada a través de órdenes de prestación de
servicios y que no se efectuaron.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

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Radicación: 23001-23-33-000-2017-00448-01 (1656-2025)
Demandante: Adalgisa del Carmen Avilés Avilés
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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