Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08207-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08207-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08207-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
12 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08207-00
Demandante: Carmen Maritza Díaz Dávila
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 12 de marzo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08207-00
Demandante: CARMEN MARITZA DÍAZ DÁVILA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Tema: Contra sentencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Defecto fáctico por indebida valoración de certificado de
tiempos de servicio. Ampara
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carmen Maritza Díaz Dávila contra el
Tribunal Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 19 de diciembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio,
Carmen Maritza Díaz Dávila pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social.
A juicio de la demandante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia del 12 de septiembre de 2025, con la que el Tribunal Administrativo de
Nariñorevocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, denegar pretensiones en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-33-33-009-2023-00076-01.
2. Pretensiones
La tutelante formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
específicamente, la sentencia de segunda instancia calendada el 12 de septiembre de 2025, notificada
el 26 de noviembre de 2025, expediente No. 52001333300920230007601 (16186) el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO -Sala Primera de Decisión – M.P.: Beatriz Isabel Melodelgado Pabón
al revocar la sentencia del 21 de marzo de 2025 emitida por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Pasto y negar las pretensiones de la demanda encaminada al reconocimiento de mi pensión
de jubilación por aportes usando como precedente una sentencia unificada inexistente y además
omitiendo la valoración probatoria de certificaciones o constancias emitidas por entidades públicas,
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, el debido proceso
judicial, el régimen especial de la pensión de jubilación docente, el acceso de la administración de
justicia, los derechos adquiridos con justo título y demás que considere la Honorable Corporación.
SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 12 de septiembre de 2025, notificada el 26
de noviembre de 2025, expediente No. 52001333300920230007601 (16186) carece de efectos legales.
TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere prudente el señor
Juez Constitucional, la Corporación accionada profiera nueva sentencia evaluando de manera integral
las normas que conforman el régimen exceptuado docente, el cual debe estar en armonía con los
artículos 4, 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política, la jurisprudencia sobre la materia, especialmente
en lo relativo a la validez probatoria de documentos o certificaciones pensionales emitidas por entidades
1 Índice 1 de Samai.
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Demandante: Carmen Maritza Díaz Dávila
públicas y además considerando que me asiste el derecho a la pensión de jubilación por aportes
establecida en la Ley 91 de 1989 – Ley 71 de 1988.
CUARTA. – Exhortar al Tribunal Administrativo de Nariño que en las próximas decisiones y en casos
similares no vuelva a incurrir en una indebida valoración probatoria, referente a las certificaciones o
constancias emitidas por entidades públicas o privadas, así como tampoco insista en tener como
precedente la supuesta sentencia unificada del 13 de febrero de 2020 del Consejo de Estado,
expediente No. 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15), reiterando que la misma no es unificada y
además accede a las pretensiones teniendo en cuenta las constancias emitidas por un ente territorial.
QUINTA. - Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal Corporativo considere necesarias
para restablecer los derechos fundamentales vulnerados con el fallo de segundo grado, objeto de la
controversia constitucional. (sic para toda la cita)
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Actuación administrativa
La demandante prestó sus servicios como docente en diferentes modalidades, esto es,
del 1º de octubre de 1995 a 31 de diciembre de 1998 tuvo una vinculación de carácter
privado, del 10 de septiembre de 1999 al 19 de diciembre de 2003, estuvo vinculada
mediante órdenes de prestación de servicios con el Departamento de Nariño y el
municipio de Buesaco (Nariño), del 28 de enero de 2004 al 15 de septiembre de 2005,
fue designada como docente en provisionalidad del Departamento de Nariño y, del 5 de
octubre de 2005 al 19 de septiembre de 2022 fungió como docente oficial en propiedad
de dicho departamento.
Al momento de cumplir 55 años de edad, la accionante solicitó el reconocimiento de su
pensión de jubilación al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante
FOMAG), entidad que negó el derecho reclamado por medio de la Resolución 0167 del
14 de marzo de 2023, en la que se desestimó el tiempo de servicio acreditado antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 por haber correspondido a vinculaciones
mediante órdenes de prestación de servicios.
3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
El 21 de abril de 2023 la tutelante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, con el fin de que
se declarara la nulidad de la Resolución 0167 del 14 de marzo de 2023 y se ordenara el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988.
La accionante sostuvo en la demanda que se vinculó al servicio educativo antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y, por ende, le resultaba aplicable la Ley 71
de 1988, conforme al artículo 81 de esa norma.
Al asunto se le asignó el número de radicación 52001-33-33-009-2023-00076-00) y lo
conoció el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto, que el 21 de marzo de
2025 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Señaló que al 27 de junio de 2003, fecha en que entró a regir la Ley 812 de 2003, la
demandante ya se encontraba vinculada al servicio docente, inicialmente bajo las
modalidades de contratos de prestación de servicios, según certificación de la Secretaría
de Educación Departamental de Nariño y la orden de prestación de servicios suscrita con
la Alcaldía del Municipio de Buesaco y posteriormente, con las vinculaciones en
provisionalidad y propiedad certificadas por la autoridad competente. En consecuencia,
estimó que desechar los tiempos en los que la actora prestó su servicio docente bajo la
modalidad de contratos y órdenes de prestación de servicios, con el único pretexto de
que a la entrada en vigencia de la precitada Ley 812 de 2003, no se encontraba vigente
su nombramiento, implicaría desconocer condiciones más favorables aplicables en
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materia laboral, principio según el cual, debe emplearse la situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del
derecho.
El juzgado resaltó que, independientemente de la naturaleza de la vinculación que haya
tenido la demandante, estuvo al servicio de la educación pública, por lo que no es posible
únicamente acoger la interpretación literal de la norma y aceptar que, para la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, la demandante debió haber estado laborando con base
en una relación legal y reglamentaria.
Inconforme, la parte allí demandada apeló con el argumento de que la vinculación formal
de la demandante al servicio educativo oficial se produjo después de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003.
El Tribunal Administrativo de Nariño, a través de fallo del 12 de septiembre de 20252,
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas al demandante, al considerar que no podía tenerse en
cuenta el tiempo de servicio prestado mediante órdenes de prestación de servicios, pues
la demandante no aportó los contratos de prestación de servicios, lo cual era su carga a
voces de lo señalado por la jurisprudencia de unificación de la Sección Segunda del
Consejo de Estado3, providencia en la que se estableció además, que en estos casos se
exige acreditar i) la existencia de los contratos, ii) el periodo de ejecución de cada uno,
iii) el objeto contractual, que debe corresponder a funciones docentes, iv) la entidad
contratante y, v) la entidad a la cual se efectuaron los aportes pensionales, si se
realizaron, carga con la que no cumplió la demandante.
En consecuencia, el Tribunal no encontró probada la vinculación de la demandante antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que concluyó que su régimen pensional
aplicable era el establecido en la Ley 100 de 1993, norma cuyas exigencias para el
reconocimiento pensional no se encontraron acreditadas para el caso particular.
4. Fundamentos de la tutela
La parte demandante adujo que la tutela cumple las exigencias generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y que la sentencia judicial
censurada incurrió en los siguientes vicios:
Defecto fáctico pues el tribunal accionado dejó de valorar dentro de los límites de la
racionalidad, unas pruebas expedidas por autoridad competente y que no fueron tachadas
de falsas, como son las certificaciones en las que, tanto la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño como el Municipio de Buesaco señalaron claramente (i) que la
demandante fue contratada como docente OPS, (ii) la fecha de inicio y finalización del
contrato, (iii) la entidad contratante y (iv) donde se desempeñaron las funciones. De manera
que, si no bastaba con esta información, el tribunal ha debido agotar su facultad oficiosa para
recaudar pruebas adicionales a efectos de verificar la información certificada.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto la autoridad accionada
impuso una barrera para acceder a la verdad real y prefirió ignorar las herramientas
procesales a su alcance, con lo que convirtió el procedimiento en un obstáculo para el
acceso a la justicia, lo que justifica la intervención del juez de tutela.
Desconocimiento del precedente por cuanto la providencia cuestionada citó una
providencia de unificación inexistente para negar el derecho reclamado por la accionante.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Nariño citó una supuesta sentencia unificada
del 13 de febrero de 2020 del Consejo de Estado, expediente No. 54001-23-33-000-2014-
00106-01(0156-15), la cual, destacó, no es de unificación y, además, tomó como prueba
2 Notificada por correo electrónico el 26 de noviembre de 2025.
3 Sentencia de 13 de febrero de 2020. Radicación 540012333000201400106 01 (0156-2015).
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válida una certificación emitida por una entidad territorial para comprobar la vinculación
como docente oficial.
Alegó el desconocimiento del precedente fijado en la sentencia de 30 de enero de 2025
proferida en el proceso 52001-23-33-000-2021-00112-01 (3666-2024), caso en el que la
docente había laborado como docente mediante OPS y el Consejo de Estado tuvo en
cuenta los tiempos de servicios debidamente certificados por la entidad territorial.
Asimismo, advirtió un desconocimiento del procedente horizontal, pues el Tribunal
Administrativo de Nariño, en sentencia de 17 de octubre de 2025 en el proceso 52001-
33-33-004-2023-00007-01, resolvió un caso similar en el que se validó la certificación de
tiempos de servicio mediante órdenes de prestación de servicios.
5. Trámite procesal
Por auto del 20 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como
terceros con interés al ministro de Educación Nacional y al juez noveno administrativo de
Pasto.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 22 de
enero de 2026.
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Nariño, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela, para lo cual
reiteró los argumentos expuestos especialmente lo relativo a que en sentencia de
unificación de 13 de febrero de 2020 proferida al interior del expediente 54001-23-33-
000-2014-00106-01(0156-15), el H. Consejo de Estado reconoció que, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades es procedente contabilizar
el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus servicios al Estado con
vinculación a través de contratos de prestación de servicios, siempre que se acredite que
efectivamente ejercieron funciones docentes y que existió una relación material de
subordinación y continuidad, sin embargo, se precisó que el cómputo de esos términos
está sujeto a que se cumpla una carga probatoria específica, que recae sobre quien alega
la existencia de la relación laboral.
Resaltó que la Sala no tuvo otra opción, basada en la exigua prueba que se hizo llegar al
proceso, que revocar la sentencia de primera instancia a través de la cual se accedió a
las pretensiones de la demanda, toda vez que la parte demandante no cumplió con la
carga que le correspondía de traer al proceso los contratos que permitirían dilucidar el
derecho. Agregó que aplicar la postura expuesta, en ninguna medida se puede entender,
como lo indica la parte accionante, como la imposición de una carga desproporcionada
en relación con la prueba, pues el debate que se planteó para analizar la legalidad de la
actuación enjuiciada se circunscribe a las reglas del debido proceso, entre ellas, la de
llevar ante la administración de justicia los elementos que orientarían una decisión
favorable.
El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto pidió que en la sentencia de
tutela no se profieran órdenes dirigidas al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Pasto, pues la presunta vulneración de derechos fundamentales invocados no está
relacionada con las actuaciones adoptadas por este juzgado en el medio de control 2023-
00076, sino que se relaciona con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Nariño en segunda instancia.
El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la solicitud
de amparo. Adujo que la controversia planteada por la tutelante es netamente económica,
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máxime cuando no acreditó que esté inmerso en una situación que afecte gravemente
«su existencia o supervivencia».
Que la sentencia cuestionada está cobijada por el principio de autonomía judicial
(protegido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención
Americana de Derechos Humanos) y no se probó que adolezca de alguna de las causales
específicas de procedibilidad del amparo, circunstancias que impiden acceder a
pretensiones de la accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Carmen
Maritza Díaz Dávila para dejar sin efectos la sentencia del 12 de septiembre de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, que denegó en segunda instancia las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-33-33-009-
2023-00076-01.
La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, igualdad y seguridad social de la accionante, ya que la
determinación judicial incurrió en defecto fáctico, defecto procedimental y desconocimiento
del precedente.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por Carmen Maritza Díaz
Dávila cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
encontrarse demostrados los defectos alegados por el demandante se estarían
afectando las garantías superiores invocadas, dado que la presunta indebida valoración
probatoria involucra el desconocimiento de los derechos fundamentales de los que son
titulares las partes en un proceso judicial, tal como lo señala la Corte Constitucional6, con
mayor razón si se considera que lo que se encuentra en discusión es un derecho de
reconocimiento pensional.
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 Sentencia SU-573 de 2017, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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En este punto debe advertirse que, contrario a lo manifestado por el Ministerio de
Educación Nacional, la discusión de este trámite constitucional no es netamente
económica, dado que el reconocimiento de la pensión de jubilación concierne a
preceptos constitucionales como la seguridad social, el mínimo vital, la dignidad humana,
entre otros, pues asegura que las personas que tienen una edad considerable cuenten
con lo necesario para garantizar su subsistencia luego de que ya no laboren.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque de acuerdo
con la verificación del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-33-
33-009-2023-00076-01, se constata que la sentencia atacada se notificó el 26 de
noviembre de 2025 de conformidad con el numeral 2 del artículo 2057 y la tutela se
presentó el 19 de diciembre de 2025, es decir, cuando no habían transcurrido los 6
meses jurisprudencialmente reconocidos como el lapso adecuado para formular la
acción de tutela contra determinaciones judiciales.
Asimismo, el demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y las
pretensiones solo fueron denegadas en segunda instancia; por ende, contra este no
procedía recurso ordinario alguno. Además, los cargos tampoco comportan alguna de
las causales de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión previstas en el
artículo 250 del CPACA. Tampoco se evidencia el cumplimiento de las causales de
procedencia del recurso de unificación de jurisprudencia.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es,
expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defecto
fáctico, defecto procedimental y desconocimiento del precedente.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, el actor ataca una
sentencia dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. Análisis del caso concreto
La accionante aduce que la sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Nariño, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-
33-33-009-2023-00076-01, incurrió en defecto fáctico, procedimental y en
desconocimiento del precedente por no haber dado el valor probatorio que corresponde
a la certificación que se allegó para demostrar que se desempeñó como docente
mediante órdenes de prestación de servicios y en su lugar exigir como única prueba
válida para acreditar este tiempo, los contratos de prestación de servicios suscritos entre
la accionante y las entidades territoriales de Nariño en las que estuvo vinculada.
Es de advertir que todas las causales específicas de procedibilidad invocadas por la
accionante se analizarán de manera conjunta, en razón a que se relacionan
específicamente con la indebida valoración del certificado expedido por la Secretaría de
Educación de Nariño y del formato único para la expedición de certificados de Historial
Laboral donde se acredita tiempo de servicio de la accionante en el municipio de Buesaco
(Nariño), cuyo desconocimiento provocó que se negaran las pretensiones de la demanda
por cuanto la autoridad judicial demandada no encontró acreditado que la accionante
estuviera vinculada como docente oficial antes de la vigencia de la ley 812 de 2003 y en
consecuencia no podía beneficiarse de la pensión excepcional que allí se establece.
Para resolver, la Sala empezará por citar el análisis probatorio realizado por el Tribunal
Administrativo de Nariño para concluir que la demandante no acreditó el requisito exigido
en la norma y ser beneficiaria de la pensión con el régimen especial docente. La
7«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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Corporación señaló:
Sobre el caso que es objeto de análisis, es preciso aclarar que está acreditado que la demandante nació
el 7 de noviembre de 1966 según el registro civil que se aportó con la demanda, por lo que cumplió
cincuenta y cinco (55) años el 7 de noviembre de 2021.
Adicionalmente, se evidenció que su vida laboral inició el 9 de octubre de 1995, según consta en las
certificaciones de semanas de cotización que se allegaron al expediente (F. 39 archivo 003).
Cotizó al sistema pensional así:
Posteriormente, dice haberse vinculado como docente a través de diversas órdenes de prestación
de servicios entre el 10 de septiembre de 1999 y el 19 de diciembre de 2003 (Fs. 45 a 46 archivo
003).
Finalmente, fue vinculada en provisionalidad mediante Decreto No. 0135 desde el 28 de enero de
2004 hasta el 15 de septiembre de 2005 por la Secretaría de Educación Departamental de Nariño
y, en propiedad, a través de Decreto No. 1441, desde el 5 de octubre de 2005 hasta el 7 de
noviembre de 2021.
En el presente caso, la parte actora pretende que se contabilicen, para efectos del reconocimiento
de su pensión de jubilación, los periodos durante los cuales dice haber laborado como docente
mediante vinculación con varios contratos de prestación de servicios con entidades públicas, antes
de su vinculación por nómina al servicio educativo oficial.
Sin embargo, revisado el expediente, se advierte que no se aportaron al expediente los contratos
de prestación de servicios, lo que implica que no es posible verificar de manera directa y precisa
los elementos esenciales de cada relación contractual, tales como la fecha de inicio y terminación,
el objeto del contrato, la entidad contratante y, especialmente, la naturaleza de las funciones que
desempeñó.
En sentencia de unificación del 13 de febrero de 2020, que se emitió al interior del expediente No.
54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15), el H. Consejo de Estado reconoció que, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades es procedente contabilizar el
tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus servicios al Estado con vinculación a
través de contratos de prestación de servicios, siempre que se acredite que efectivamente
ejercieron funciones docentes y que existió una relación material de subordinación y continuidad.
No obstante, en esa sentencia también se estableció en forma clara y precisa que el cómputo de
esos términos está sujeto a que se cumpla una carga probatoria específica, que recae sobre quien
alega la existencia de la relación laboral.
En particular, se exige acreditar i) la existencia de los contratos, ii) el periodo de ejecución de cada
uno, iii) el objeto contractual, que debe corresponder a funciones docentes, iv) la entidad
contratante y, v) la entidad a la cual se efectuaron los aportes pensionales, si se realizaron.
En ausencia de los documentos contractuales, no es posible verificar si los servicios que se
prestaron correspondieron efectivamente a funciones docentes en el marco del servicio público
educativo oficial, si se configuraron los elementos propios de una relación laboral, la extensión
cronológica del servicio (diaria), entre otras. Tampoco es posible establecer con certeza la duración
de los periodos por los que se reclama, ni la entidad responsable de asumir la cuota parte pensional
correspondiente.
Por tanto, la falta de prueba directa de los contratos impide contabilizar esos períodos para efectos
pensionales, sin que ello implique desconocer los principios de favorabilidad y primacía de lo
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sustancial sobre las formas, pues estos no exoneran al interesado de cumplir con la carga mínima
de acreditar los hechos constitutivos de su derecho.
En consecuencia, esta Sala considera que los tiempos a los que se refiere la parte actora como
aquellos que laboró mediante contratos de prestación de servicios no se pueden tener en cuenta
para efectos del reconocimiento de su pensión de jubilación, por cuanto no se acreditaron los
elementos mínimos que exige la jurisprudencia para su valoración.
Con base en el anterior análisis, la autoridad accionada denegó las pretensiones de
declaratoria de nulidad de la Resolución 0167 del 14 de marzo de 2023 y el consecuente
reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a la Ley 71 de 1988 a la señora
Carmen Maritza Díaz Dávila, con el argumento de que solo se acreditó tener un vínculo
como docente oficial después del 27 de junio de 2003, fecha entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, y por ende, no era destinataria de la Ley 71 de 1988 sino de la Ley 100 de
1993 respecto de la que no cumplía con el requisito de semanas cotizadas, pues esta
norma exige 1.300 semanas y la accionante solo acreditó 1.077.
Para la demandante, la anterior conclusión involucra las causales específicas de
procedibilidad invocadas en la solicitud de amparo, cargos que para ser desatados hacen
necesario acudir al artículo 3º de la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) «como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta». Dicho compendio normativo
le concedió la función al referido fondo de atender «las prestaciones sociales de los docentes
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley […] y de los que se vinculen con posterioridad a ella».
Con la expedición de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema General de Pensiones, al cual
estaban sujetos todos los trabajadores, como regla general. Allí se establecieron dos
regímenes pensionales, el de ahorro individual con solidaridad, administrado por privados,
y el de prima media con prestación definida, a cargo de la Nación. Para acceder a la
pensión de vejez en virtud de este último régimen, el artículo 338 ibidem (modificado por el
artículo 9.º de la Ley 797 de 2003) estipuló los requisitos que deben cumplirse.
No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó del Sistema General de
Pensiones a los miembros de la fuerza pública, a los servidores públicos de la Empresa
Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y a los afiliados al FOMAG, es decir, a los docentes;
sin embargo, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 modificó dicha regla de exclusión de los
educadores, en los siguientes términos:
El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez, que será de 57 años para hombres y
mujeres […].
En virtud de la anterior disposición, los docentes del sector público que se vincularon con
anterioridad al 27 de junio de 2003 (fecha en que entró en vigor la Ley 812 de 2003), están
8 «Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y
sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006
se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 […]».
8
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sujetos a la Ley 33 de 19859 o a la Ley 71 de 198810 según el caso, y los que ingresaron
al FOMAG luego de esa fecha se les aplica el régimen de prima media con prestación
definida previsto en la Ley 100 de 1993. Con ello se crearon 2 regímenes pensionales para
los educadores públicos, tal como lo señaló el parágrafo transitorio 111 del Acto Legislativo
1 de 2005 y lo indicó el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de unificación
del 25 de abril de 201912, así:
[…] son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La
aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad, que será de
57 años para hombres y mujeres.
Ahora bien, una interpretación desprevenida del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 podría
conllevar a inferir que el educador del sector oficial debe estar vinculado el 27 de junio de
2003 para que sea destinatario del régimen pensional anterior vigente consagrado en las
leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
indicado que se le aplica esa ley incluso a quienes se hayan desempeñado como maestros
en el sector público antes del mencionado día, así no estuvieren vinculados en dicha fecha.
Sobre el particular, el alto tribunal13 ha señalado:
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el actor (i) nació el 17 de mayo de 1958; (ii)
prestó sus servicios, como docente nacionalizado, al departamento de Risaralda del 19 de agosto de 1978
al 28 de enero de 1997 y al municipio de Dosquebradas entre el 16 de febrero de 2009 y el 4 de junio de
2010 y del 8 siguiente al 30 de abril de 2011 […].
[…] se tiene que si bien es cierto que el demandante tuvo una vinculación laboral con posterioridad a la
Ley 812 de 2003, también lo es que no es dable desconocer los tiempos de servicios prestados, como
docente nacionalizado, antes de que empezara a regir tal normativa, máxime cuando para el 27 de junio
de 2003 había acumulado 18 años, 5 meses y 16 días de labor (entre el 19 de agosto de 1978 y el 28 de
enero de 1997).
Por lo tanto, al vincularse nuevamente al servicio oficial docente el 16 de febrero de 2009, haber
acumulado más de 20 años de servicios en condición de maestro estatal y adquirido la edad pensional
prevista en la Ley 33 de 1985, resulta contrario a los principios de equidad, justicia social y pro homine,
así como a los tratados internacionales atañederos a estos14, desconocer que La accionante había
laborado como profesor en el sector público antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, máxime
cuando de tal norma se infiere que su aplicación es para los nuevos docentes vinculados durante su
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de febrero de 2011, M. P. Gerardo Arenas
Monsalve, expediente 54001-23-31-000-2023-00630-01: «[…] si el régimen de seguridad social en materia de pensión
de vejez (que reemplaza a la antigua pensión de jubilación) no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de jubilación –
derecho e invalidez de los docentes, cabe concluir que estas prestaciones siguen sometidas al régimen legal anterior
que no es otro que el de la Ley 33 de 1985 […]».
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección segunda. Sentencia de 02 de junio de 2022.
C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Radicación N° 25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021)
11 «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o
se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del
Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003».
12 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01.
13 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2020, M. P. Carmelo Perdomo Cuéter,
expediente 66001-23-33-000-2017-00470-01.
14 V. gr. Art. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 29 Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH); art. 5 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); art.
1.1. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; art. 41 Convención sobre
los Derechos del Niño.
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vigencia, mas no para los que con anterioridad fueron nombrados en dicha condición15.
A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, en efecto, la Sección Segunda del Consejo
de Estado ha señalado de manera reiterada que el haber estado vinculado como docente
al sector público para la fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de
2003) o antes, permite que el servidor sea destinatario de la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de
1988, pues lo relevante es que se haya vinculado antes de dicha fecha.
Aclarado lo anterior, se advierte que para el presente caso, la razón por la cual el Tribunal
Administrativo de Nariño consideró que la demandante no estaba vinculada antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003, obedeció a que, según su criterio, la prueba que aportó la
demandante para acreditar el tiempo de servicio prestado mediante órdenes de prestación
de servicios no era idónea por cuanto, a voces de la “jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado de 13 de febrero de 2020”, para demostrar este tipo de vinculaciones,
se debía aportar como prueba los respectivos contratos de prestación de servicios, como
quiera que tienen que estar claros i) la existencia de los contratos, ii) el periodo de ejecución
de cada uno, iii) el objeto contractual, que debe corresponder a funciones docentes, iv) la
entidad contratante y, v) la entidad a la cual se efectuaron los aportes pensionales, si se
realizaron.
Sobre el particular, es del caso analizar, en primer lugar, el contenido de la prueba aportada
por la demandante y, en segundo lugar, el criterio jurisprudencial invocado por el tribunal
accionado. Así, como primera medida, se observa que, para acreditar la vinculación como
docente mediante contratos de prestación de servicios, la demandante aportó una
certificación expedida el 15 de noviembre de 2022 por el área de archivo de la Secretaría
de Educación de Nariño, donde se indicó lo siguiente:
Que una vez revisada la información que reposa en la oficina de Archivo y hojas de vida adscrita a la
oficina de Atención al Ciudadano, se pudo evidenciar que existen los siguientes contratos sin
formalidades plenas de prestación de servicios suscritos por la señora CARMEN MARITZA DIAZ
DAVILA identificada con cédula número 30'736.878 de Pasto (N) con la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño; son los siguientes:
1. Contrato de prestación de servicios número 116 del 10 de septiembre de 1999. Cuyo objeto era la
prestación de Servicios como Docente en comisión en la Ciudadela Educativa Sur Oriental Alfredo Paz
Meneses del municipio de Pasto (N) en reemplazo del docente FLAVIO RAIMUNDO ZAMBRANO
CORREA a quien se le concedió licencia por enfermedad.
Contrato con vigencias desde el 10 de septiembre de 1999 al 24 de septiembre de 1999 y desde el 25
de septiembre de 1999 hasta el 31 de octubre de 1999.
Según establece el mismo contrato, la señora DÍAZ DAVILA Devengara los honorarios que le
correspondan de acuerdo al grado de escalafón y por el término de servicio.
2. Contrato de prestación de servicios número 008 de fecha 03 de noviembre de 1999. Cuyo objeto era
la prestación de Servicios como Docente en comisión en la Ciudadela Educativa Sur Oriental Alfredo
Paz Meneses del municipio de Pasto (N). en remplazo del docente FLAVIO RAIMUNDO ZAMBRANO
CORREA a quien se le concede licencia por enfermedad.
Contrato con vigencia desde el 03 de noviembre de 1999 hasta el 30 de noviembre del 1999.
Según establece el mismo contrato, la señora DIAZ DAVILA Devengara los honorarios que le
corresponda de acuerdo al grado de escalafón y por el termino de servicio.
15 Sobre este último aspecto, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, en concepto de 10 de agosto de
2012, expediente 11001-03-06-000-2011-00004-00(2048), C. P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo, precisó que, de
acuerdo con la Ley 812 de 2003, existen dos grupos de personas: (i) «Integrado por los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, que estaban vinculados al servicio público educativo oficial al momento de entrar
en vigencia la ley 812 de 2003, es decir el 27 de junio de 2003; para este grupo el régimen prestacional aplicable es
el establecido en las normas que como docentes los regían para esa fecha, es decir, la ley 91 de 1989 y demás normas
concordantes»; y (ii) «Conformado por quienes estando vinculados a otros sistemas o sectores al entrar en vigencia
la ley 812 de 2003, es decir, el 27 de junio de ese año, ingresan por primera vez al sector público educativo
oficial».
Tesis jurisprudenciales reiteradas en fallo de la Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2022, M.
P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente 25000-23-42-000-2019-00143-01 y en sentencia más reciente proferida
por la Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2024, M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez,
expediente 25000-23-42-000-2019-01673-01
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3. Contrato de prestación de servicios número 044 de fecha 01 de diciembre de 1999. Cuyo objeto era
la prestación de Servicios como Docente en comisión en la Ciudadela Educativa Sur Oriental Alfredo
Paz Meneses del municipio de Pasto (N) en remplazo del docente FLAVIO RAIMUNDO ZAMBRANO
CORREA a quien se le concedió licencia por enfermedad.
Contrato con vigencia desde el 01 de diciembre de 1999 hasta el 17 de diciembre del 1999.
Según establece el mismo contrato, la señora DIAZ DAVILA Devengara los honorarios que le
corresponda de acuerdo al grado de escalafón y por el termino de servicio.
4. Contrato de prestación de servicios número 223 de fecha 03 de mayo de 2001. Cuyo objeto era la
prestación de Servicios como Docente del Colegio Diego Luis Córdoba del municipio de Linares (N).
en remplazo del docente MARTHA CECILIA ESPAÑA CORDOBA por licencia de maternidad.
Contrato con vigencia desde el 03 de mayo de 2001 hasta 29 de junio del 2001. Por valor de UN
MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOE CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1'134.
355.oo).
5. Contrato de prestación de servicios número 564 del 03 de septiembre de 2001. Cuyo objeto era la
prestación de servicios como Profesora de Plaza Movil del Colegio Agricola La Sabana del municipio
de Túquerres (Nariño), en remplazo del docente MARTIN MORILLO.
Contrato con vigencia desde el 03 de septiembre de 2001 hasta el 30 de noviembre del 2001, por un
valor de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($1'795.
068.oo).
6. Contrato de prestación de servicios número 068 del 08 de enero de 2002. Cuyo objeto contractual
era la prestación de servicios como Profesora de Plaza Movil del Colegio Agricola La Sabana del
municipio de Túquerres (Narino), en remplazo del docente MARTIN MORILLO.
Contrato con vigencia desde el 08 de enero de 2002 hasta el 22 de marzo del 2002, por un valor de
UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($1'611. 980.oo)
7. Contrato de prestación de servicios número 290 del 01 de abril de 2002. Cuyo objeto era la prestación
de Servicios como Profesora de Plaza Movil del Colegio Agricola La Sabana del municipio de
Túquerres (Nariño), en remplazo del docente MARTIN MORILLO.
Contrato con vigencia desde 01 de abril de 2002 hasta el 28 de junio del 2002, por un valor de UN
MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($1'891. 390.oo)
8. Contrato de prestación de servicios número 0045 del 08 de enero de 2003. Cuyo objeto era la
prestación de servicios como Docente en la Institución Educativa de La Sabana del municipio de
Túquerres (Nariño).
Contrato con vigencia desde el 08 de enero de 2003 hasta el 25 de julio del 2003. por un valor de
CUATRO MILLONES NOVENCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS ($ 4.965. 781.oo).
9. Contrato de prestación de servicios número 1284 del 29 de septiembre de 2003. Cuyo objeto era la
prestación de servicios como Docente en la Institución Educativa José Antonio Galán del municipio de
San Bernardo (Nariño).
Contrato con vigencia desde el 29 de septiembre de 2003 hasta el 19 de diciembre del 2003, por un
valor de DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS
($ 2.031.456.00).
Asimismo, para demostrar los tiempos servidos en el municipio de Buesaco, aportó el
siguiente formato de FOMAG:
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De las pruebas citadas se observa con claridad que contienen los elementos que echó de
menos el Tribunal Administrativo de Nariño, pues en cada certificado, la entidad educativa
oficial competente identificó con claridad los contratos y señaló su periodo de ejecución,
así como su objeto y la entidad territorial con la que fueron celebrados.
El único elemento faltante fue el de la enunciación de la entidad a la que se hicieron
aportes, aspecto sobre el cual fuerza analizar si, en efecto, como lo indicó el Tribunal
Administrativo de Nariño, dicho requisito constituye una regla jurisprudencial unificada que
deba observarse en este tipo de casos.
Ahora bien, la sentencia que fue citada por el tribunal accionado es la proferida el 13 de
febrero de 2020, en el proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
Examinada la providencia, se observa que fue expedida por la Sección Segunda,
Subsección A, con ponencia del Magistrado Gabriel Valbuena Hernández, donde la
Corporación revocó el fallo que negó las pretensiones para en su lugar conceder la pensión
docente a la parte demandante y, en lo pertinente, señaló:
Bajo tal entendimiento y dado que en el presente caso la demandante reclama el cómputo de los
tiempos laborados por contratos de prestación de servicios únicamente para efectos pensionales, la
Sala estima que resulta procedente tal pretensión en forma conjunta o acumulada con la de
reconocimiento pensional de la docente15, porque su declaración solo tendrá incidencia en cuanto a
los aportes pensionales frente a los cuales no opera la prescripción, ni la caducidad, y además, por
cuanto la entidad o empresa a cuyo cargo se encuentra el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de
la cantidad proporcional que legalmente les corresponda.
Lo anterior no obsta para señalar que debe cumplirse con la carga probatoria que encierra el contrato
de prestación de servicios docente, a efectos de establecer con claridad el periodo de inicio y
terminación de cada contrato, su objeto, la entidad con la cual se celebró el contrato y la entidad a la
cual se efectuaron los aportes pensionales, para efectos de determinar la posibilidad de perseguir la
cuota parte pensional y la entidad de previsión o ente responsable de ella.
Así las cosas, de acuerdo con la más reciente tesis planteada por esta Corporación, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en tratándose de docentes oficiales,
esta subsección estima que resulta procedente contabilizar el tiempo durante el cual estos prestaron
sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación.
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4.- Análisis del caso concreto
(…)
4.1. Hechos demostrados
a). Edad de la demandante: la señora Carmen Cecilia Matamoros Rincón nació el 16 de marzo de
1955, razón por la cual cumplió los 55 años de edad el 16 de marzo de 2010 (folios 25 y 26).
b). Vinculación laboral y tiempo de servicios: La señora Carmen Cecilia Matamoros Rincón
suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios (OPS) como Docente con el Municipio de
San José de Cúcuta (Fl. 28):
Contrato No.0240 de fecha Febrero 16 de 1991 Colegio San Pedro Claver Nocturno que funciona
en este Municipio, devengando honorario mensual de SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($60.500).
DURACION: 16 de Febrero al 30 de Noviembre de 1991.
Contrato No.0562 de fecha Febrero 16 de 1992 Colegio San Pedro Claver, que funciona en este
Municipio, devengando honorario mensual de OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
($80.850). DURACION: 16 de Febrero al 30 de Noviembre de 1992.
Contrato No. 0453 de fecha Marzo 02 de 1993 Colegio San Pedro Claver Nocturno, que funciona en
este Municipio, devengando honorario mensual de CIENTO UN MIL SESENTA Y TRES PESOS
($101.063). DURACION: 11 de Febrero al 30 de Noviembre de 1993.
Contrato No. 0244 de fecha Febrero 10 de 1994 Colegio San Pedro Claver Nocturno, que funciona
en este Municipio, devengando honorario mensual de CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS ($121.376). DURACION: 01 de Febrero al 30 de Noviembre de 1994.
La prestación de servicios mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios
docentes se desprende igualmente de la certificación de tiempos de servicios mediante
contratos de prestación de servicios 240 de 1991, 562 de 1992, 453 de 1993 y 244 de 1994,
expedida el 17 de marzo de 2014 por el Secretario de Área de Dirección Educativa del Municipio
de San José de Cúcuta, allegada al folio 28 del expediente, documento que fue aportado dentro
de la oportunidad. (Resalta la Sala).
Analizada la anterior decisión, se concluyen tres aspectos relevantes: (i) no se trata de una
sentencia de unificación, pues no contiene reglas de esta naturaleza, ni en alguno de sus
apartes se enuncia que tiene como propósito unificar la jurisprudencia del Consejo de
Estado, por el contrario, se trata de un fallo ordinario proferido por una de las Subsecciones
de la Sección Segunda, (ii) si bien en la providencia se alude a que para acreditar el servicio
docente mediante órdenes de prestación de servicios, es del caso aportar los respectivos
contratos, no se concluye de manera categórica que esta sea la única prueba válida para
demostrar dicha situación pues incluso, por el contrario, se observa que se consideró válida
la certificación aportada en ese caso concreto, en el que se resalta, se accedió a las
pretensiones de la demanda y (iii) no se estableció una exigencia inmutable sobre la
obligación de demostrar entre otros aspectos, la entidad a la que se efectuaron aportes,
pues se trató de una consideración del obiter dicta mas no hizo parte del análisis probatorio
como derrotero para establecer la validez de la prueba.
Esa prueba resultaba relevante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues, tal como lo señaló la autoridad judicial demandada en su providencia, tenía
la virtualidad de acreditar la fecha de ingreso al servicio público docente y, en
consecuencia, el régimen pensional aplicable, así como de determinar el tiempo de servicio
a efectos del reconocimiento de su pensión de jubilación.
Para la Sala, la afirmación del Tribunal Administrativo de Nariño en torno a que no se
demostró la vinculación mediante órdenes de prestación de servicios, no puede
constituirse en una justificación válida para la falta de valoración de los elementos de
prueba conducentes y allegados legalmente al expediente, pues no se trata de un
precedente judicial vinculante sobre la materia o de una sentencia de unificación sobre la
misma, máxime si se tiene en cuenta que, recientemente, la Sección Segunda de esta
Corporación determinó que para la prueba de la prestación del servicio no puede
imponerse una tarifa legal que limite la posibilidad del juez de encontrar acreditado un
hecho a partir de otros elementos de prueba distintos al contrato16.
16 M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, radicación: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
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Demandante: Carmen Maritza Díaz Dávila
En efecto, conforme con el principio de libertad probatoria, las partes pueden presentar
el conocimiento de los hechos al juez a través de cualquier medio de acreditación. En tal
sentido, la Corte Constitucional ha resaltado que la inadmisión de una prueba debe tener
una finalidad constitucionalmente relevante, por lo que “las limitaciones legales relativas
a la conducencia o admisibilidad de un medio específico de prueba solo resultan
admisibles si persiguen un fin constitucional y las restricciones que entrañan son
razonables y proporcionadas en relación con el mismo y las consecuencias que de este
se derivan”17, elementos que no se observan en el caso bajo análisis.
De igual forma, el artículo 165 del Código General del Proceso determina que son medios
de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros,
el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez.
Para la Sala, en el caso el Tribunal accionado con la decisión de no tener en cuenta los
certificados expedidos por la Secretaría de Educación de Nariño y el FOMAG en el que
constaban las fechas de la totalidad de contratos suscritos entre las partes, documentos
públicos y auténticos a la luz de los artículos 243 y 244 del Código General del Proceso,
pues se tiene certeza no solo de su autoría sino también del contenido, que dan fe de su
otorgamiento conforme al artículo 257 del mismo estatuto procesal, dejó de valorar una
prueba determinante para establecer la realidad de la vinculación mediante órdenes de
prestación de servicios como requisito para acceder a la pensión especial docente, lo que
conllevó a que se negara el reconocimiento del régimen pensional especial y en
consecuencia, se viera afectada la decisión adoptada de cara al problema jurídico
planteado.
Siendo así, para la Sala, la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño
incurrió en defecto fáctico e indebida aplicación del precedente, pues impuso a la
demandante una carga probatoria excesiva, injustificada e innecesaria, para lo cual invocó
una jurisprudencia a la cual le dio un alcance que no tenía y decidió negar las pretensiones
de la demanda, sin conceder a la demandante la oportunidad de controvertir tal decisión,
pues fue adoptada en sede de segunda instancia.
Igualmente, la sentencia cuestionada desconoce la postura reiterada del Consejo de
Estado, según la cual, para que a un educador del sector público le sea aplicable la Ley
33 de 1985 (o la Ley 71 de 1988 que estableció la pensión por aportes), lo relevante es
que se haya desempeñado como educador en el sector oficial antes de esa fecha,
conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, tal como lo demostró la demandante. Cabe
señalar que este análisis resulta suficiente para concluir probado el defecto de
desconocimiento del precedente, sin que se considere necesario analizar las demás
providencias cuyo incumplimiento se alegó en la tutela.
En esta misma lógica se concluye que la sentencia atacada también adolece de defecto
procedimental en la medida en que, a pesar de estar en el trámite de la segunda instancia
y contar con una prueba idónea aportada por la parte demandante, el ad quem decidió
restarle valor y trasladar a la parte actora la obligación de haber aportado adicionalmente
los contratos de prestación de servicios.
En ese orden de ideas, la sentencia cuestionada desconoció injustificadamente los
efectos jurídicos que produjeron los tiempos en que la accionante se desempeñó como
docente entre 1999 y el 2003, lapsos en que, si bien fue contratista, tienen incidencia
pensional y se pueden tener en cuenta para entender que existió una vinculación docente
anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003, tal como lo admitió la providencia censurada
y lo ha señalado el alto tribunal de lo contencioso-administrativo18.
17 Sentencia T-395 de 2003. Corte Constitucional.
18 Sección Segunda, Subsección A, sentencias del (i) 18 de febrero de 2021, M. P. William Hernández Gómez,
expediente 81001-23-33-000-2013-00012-02; (ii) 3 de junio de 2021, M. P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente
14
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08207-00
Demandante: Carmen Maritza Díaz Dávila
Así las cosas, la Sala constata que la providencia atacada incurre en los defectos
alegados por la demandante, pues se realizó un análisis probatorio inadecuado de las
vinculaciones certificadas mediante órdenes de prestación de servicios, como criterio
para establecer el régimen pensional aplicable a la demandante.
En virtud de lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante y en la parte
resolutiva de esta providencia señalará la forma de garantizar su protección.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la señora Carmen Maritza Díaz Dávila. En
consecuencia, se dispone:
2. Dejar sin efectos la sentencia del 12 de septiembre de 2025, con la que el Tribunal
Administrativo de Nariño revocó el fallo apelado y, en su lugar, denegó pretensiones
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-33-33-009-2023-
00076-01.
3. Ordenar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, que, dentro de los
20 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicten una providencia de
reemplazo en la que resuelvan nuevamente el recurso de apelación formulado contra
el fallo que decidió en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 52001-33-33-009-2023-00076-01, en atención a las consideraciones
expuestas en esta providencia.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
50001-23-33-000-2018-00357-01; (iii) del 2 de junio de 2022, M. P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente 25000-
23-42-000-2019-00143-01; y (iv) sentencia del 23 de mayo de 2024, M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, expediente
25000-23-42-000-2019-01673-01, entre otras.
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