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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00993-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00993-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2020, por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, declarar no probada la excepción propuesta por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), denominada «inexistencia de relación laboral», de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo. Modificar los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2020, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, los cuales quedarán así: 54 Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021) Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 2-2016-000560 del 4 de febrero de 2016, expedido por la coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en tanto negó el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones solicitadas por Alicia del Socorro Macías Valencia como consecuencia de la suscripción y ejecución de los contratos de prestación de servicios, entre el 9 de julio de 1991 y el 31 de mayo de 2015, salvo sus interrupciones, de conformidad con los argumentos expuestos en esta decisión. Tercero. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho: 3.1. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a pagar en favor de Alicia del Socorro Macías Valencia las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias de los empleados públicos, las cuales deberán liquidarse con base en la asignación salarial del cargo instructor durante los periodos comprendidos entre el 11 de febrero de 2011 y el 31 de mayo de 2015. 3.2. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a reconocer a Alicia del Socorro Macías Valencia las diferencias que resulten entre lo que recibió aquella por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones respecto del cargo de instructor. Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos laborales y prestaciones sociales derivados de los contratos u órdenes de prestación de servicios suscritos entre Alicia del Socorro Macías Valencia y […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-00993-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1

Tema: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 8 de septiembre de 2020, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Alicia del Socorro Marías Valencia presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 2-2016-000560 del 4 de febrero de
2016, por medio del cual la coordinadora del grupo de apoyo administrativo mixto
del SENA, Regional Antioquia, le negó la existencia de una relación laboral y el
reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que i) se declarara la existencia de la relación laboral «desde el 14 de julio de 1991
hasta el 31 de mayo de 2015»; ii) se reconocieran los conceptos salariales y
prestacionales que de ello se derivaran, «durante todo el tiempo que estuvo laborando
para el SENA como profesional instructor, capacitador y docente en el Centro de Servicios
en Salud y en la Coordinación Regional y Gestión Empresarial en el Centro de Comercio
Regional Antioquia»; iii) se ordenara la indemnización plena y ordinaria, moral y de
relación, originada en los diferentes accidentes de trabajo sufridos; iv) se

1 En lo sucesivo SENA.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

devolvieran los dineros retenidos en cada pago por concepto de retención en la
fuente; v) se efectuara el pago de los aportes a la seguridad social correspondientes
al empleador; vi) se ajustaran las sumas reconocidas conforme con lo dispuesto en
los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo3; vii) se condenara al
pago de las costas del proceso; y viii) se diera cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 176 y 177 ibidem.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Alicia Macías Valencia prestó sus servicios al SENA mediante contratos de
prestación de servicios entre el 15 de julio de 1991 y el 31 de mayo de 2015 y se
desempeñó como profesional instructor, capacitador y docente en los distintos
centros de la entidad. Inicialmente, fue instructora del adulto mayor en el Centro de
Servicios de Salud, Regional Antioquia; para el año 2002 lo hizo como docente en
Promoción de la Salud; en el año 2006 como instructora de trabajo en equipo,
liderazgo, motivación, calidad de vida laboral, pedagogía laboral y manejo de
conflictos; en el año 2007 volvió a ejercer como instructora del adulto mayor; en el
2008 lo hizo en la especialidad de comunicación asertiva, solución de conflictos,
calidad de vida y tercera edad; en el 2009, impartió formación en el área de
pedagogía humana y acompañamiento en el proceso de formación de las comunas
de Medellín; para el 2010 impartió formación profesional integral en los términos de
planeación y orientación en los procesos de enseñanza; en el año 2011 estuvo en
desarrollo humano y bienestar del aprendiz; en el 2012 fue profesional para apoyar
acciones en desarrollo humano para la población vulnerable; para el año 2013 se
desempeñó como profesional en desarrollo y pedagogía humana para población
vulnerable; y en los años 2014 y 2015 se desempeñó como docente.

• A través de esos contratos se trató de ocultar una relación laboral pues desarrolló
sus funciones bajo subordinación de los diferentes subdirectores de los centros en
los que desempeñó su trabajo en condiciones similares a los otros docentes con
vínculo laboral; debía acudir a diario y permanecer en las instalaciones del
empleador; cuando estaba por fuera de éstas lo hacía en cumplimiento de órdenes
expresas de sus superiores; y para desarrollar los programas que le eran asignados,
debía cumplir con las denominadas Guías de Aprendizaje entregadas por el SENA,
que no eran otra cosa que pautas que ésta establecía y era evaluada en su cargo.

• Los honorarios no eran acordes con el grado correspondiente a la escala de
remuneración para profesionales docentes vinculados al SENA, pese a que la labor

3 En adelante CCA.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

que desempeñó correspondía a la formación de personas en distintas áreas, las
cuales son funciones permanentes y propias de la entidad. Las breves
interrupciones que se dieron se debieron a las vacaciones concedidas a los
estudiantes, o al tiempo en que fueron vinculados a través de una cooperativa
denominada Precooperativa Protec, la que no efectuó algunos aportes a la
seguridad social como era su obligación.

• Por lo anterior, el 2 de febrero de 2016 solicitó el reconocimiento de una relación
laboral y el consecuente pago de salarios y prestaciones que de ello emanaban; sin
embargo, a través del acto demandado, el SENA negó tal petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 26, 48, 53, y 58 de la Constitución
Política; 3 del Decreto 2939 de 1944; 1 del Decreto 2767; 1 y 2 del Decreto 1160 de
1947; 7 y 25 del Decreto 2400, modificado por el Decreto 3074 de 1968; 51 del
Decreto 1848 de 1969; 8 y 11 del Decreto 3135 de 1968; 7 del Decreto 1950 de
1973; 8, 17, 24, 25, 28, 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978; 15 de la Ley 100 de 1993;
58 y 59 del Decreto 1042 de 1978; 36 del Decreto 01 de 1984; 292 del Decreto 1333
de 1986; 32 de la Ley 80 de 1993; 39 de la Ley 200 de 1995; 2 de la Ley 244 de
1995; 13 de la Ley 344 de 1996; y el Decreto 40 de 1998.

En cuanto al concepto de violación, expuso que Alicia del Socorro Macías Valencia
prestó sus servicios para el SENA de manera continua, subordinada y personal; y
que recibió un salario como contraprestación; de manera que, en aplicación de los
principios constitucionales de la primacía de la realidad sobre las formas, de
igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, previstos en los
artículos 13 y 53 de la Constitución, debe reconocerse que entre las partes se dio
una relación laboral4.

1.2. Contestación de la demanda

El SENA se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en que la
demandante no suscribió un contrato laboral, sino que se materializaron contratos
de prestación de servicios, los cuales se rigieron por el artículo 32 de la Ley 80 de
1993, por tanto, no se configuró una relación de carácter laboral; y que las funciones
cumplidas por la contratista se desarrollaron bajo el principio de coordinación de la
actividad, lo cual implica que aquella se debía someter a las condiciones necesarias
para el desarrollo de la actividad pactada, que se hacían indispensables para la

4 Folios 1 a 28.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

prestación de los servicios contratados, de ahí que pueda predicarse autonomía en
las actividades por ella realizadas5.

Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la relación laboral;
ii) inexistencia de subordinación y relación contractual independiente entre las
partes; iii) pago; iv) buena fe exenta de culpa; v) falta de causa para pedir;
vi) inexistencia de la obligación por parte del SENA; vii) temeridad y mala fe; y
viii) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, mediante
sentencia proferida el 8 de septiembre de 2020, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y en consecuencia dispuso lo siguiente:

«PRIMERO. Se declara probada la excepción propuesta por la entidad demandada y
que denominó “Inexistencia de relación laboral”, por el período comprendido entre el 03
de enero de 2014 y el 28 de enero de 2015, de conformidad con las consideraciones
previamente expuestas.

SEGUNDO. Se declara la nulidad parcial del Oficio No. 2-2016-000560 del 04 de febrero
de 2016, proferido por la Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA , en lo que atañe a la negación del
reconocimiento y pago de las prestaciones solicitadas por la señora ALICIA DEL
SOCORRO MACÍAS VALENCIA como consecuencia de la suscripción y ejecución de
varios contratos de prestación de servicios, entre ellos, el alusivo al año 2015 - Contrato
de Prestación de Servicios No. 0002536 del 28 de enero de 2015-, teniendo en cuenta
los motivos expuestos en la parte considerativa de la decisión.

TERCERO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se condena al
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, que en favor de la señora ALICIA
DEL SOCORRO MACÍAS VALENCIA:

3.1. Reconozca y pague las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias de los
empleados públicos, tomando como base los honorarios contractuales derivados del
contrato de prestación de servicios No. 0002536 del 28 de enero de 2015,
correspondientes al período comprendido entre el 29 de enero y el 31 de mayo de 2015,
en el cual se demostró la existencia de la relación laboral.

3.2. Pague las cotizaciones legales para la seguridad social, tomando como base los
honorarios pactados y le reintegre aquellas sumas que ésta canceló por concepto de
aportes para la Seguridad Social en Pensión y Salud, por el mismo período y en el
porcentaje que por Ley correspondían al empleador.

CUARTO. Se declara probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos
laborales y prestaciones sociales, diferentes a aquellos relacionados con la seguridad

5 Folios 523 a 535.

4

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

social derivados de los contratos u órdenes de prestación de servicios suscritos entre la
señora ALICIA DEL SOCORRO MACÍAS VALENCIA y el SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE – SENA, causadas entre el año 2008 y el año 2013, excepto en lo
relacionado con los tiempos y aportes al sistema general de seguridad social.

En consecuencia, se le ordena al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA,
que tome el ingreso base de cotización o IBC de la demandante, dentro de los períodos
laborados por prestación de servicios, esto es, entre el 25 de junio de 2008 y el 02 de
enero de 2014 y entre el 29 de enero y el 31 de mayo de 2015, salvo las interrupciones,
mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por ésta como contratista
y los que se debieron efectuar, cotice al sistema de seguridad social, solo en el
porcentaje que le correspondía como empleador.

QUINTO. Las sumas resultantes de la condena serán ajustadas en los términos del
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación
a la fórmula previamente citada.

SEXTO. Se niegan las demás súplicas de la demanda, teniendo en cuenta las razones
indicadas en la motivación precedente.

SÉPTIMO. Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo previsto
en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con el artículo 365 del Código
General del proceso.».

Para tal efecto se pronunció en estos términos6:

• Entre los años 1991 y 1992 se suscribieron dos contratos con igual objeto, sin
embargo, entre la suscripción de uno y otro transcurrieron 21 días, toda vez que el
CPS 4176 del 9 de julio de 1991, tuvo una duración de 11 meses, por lo que culminó
el 8 de junio de 1992 y el CPS 4679 de 1992 inició el 30 de julio de 1992. Por otro
lado, la actora no acreditó la existencia de contrato alguno entre 1993 y 1998, lo que
se corrobora en la respuesta que dio el SENA al exhorto 1332 del 5 de mayo de
2018, en el que informó que no encontró ningún tipo de vinculación con la entidad
por ese lapso.

En relación con las órdenes de trabajo 2468 del 12 de diciembre de 1998, 354 del
2 de abril de 2000, 0496 del 5 de mayo de 2000, 489 del 12 de junio de 2000, 0805
del 18 de octubre de 2004, 0158 del 12 de marzo de 2004 y la orden de trabajo o
servicios sin número del 6 de octubre de 2000, no se logra establecer cuál fue el
plazo o duración para la prestación del servicio, y por lo tanto no es posible
determinar si se efectuaron en forma continua o discontinua. En igual sentido ocurre
con los contratos de prestación de servicios que suscribieron las partes a partir del
año 2002 y hasta el 2007, toda vez que fueron pactados por hora cátedra, es decir
que su duración fue estipulada en horas.

6 Folios 682 a 709.

5

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

En igual sentido, el CPS 000092 de 2014 se encuentra incompleto, y en la copia
que se aportó solo se puede leer el plazo, el valor y forma de pago, las obligaciones
de las partes, y la forma de terminación y liquidación, más no cuenta con la parte
que permitiera establecer el objeto y las partes contractuales. Al respecto, en la
contestación, la entidad no aceptó como cierto dicho hecho, y una vez se ofició al
SENA para que allegara copia de los contratos u órdenes de trabajo suscritos con
la demandante, tampoco lo aportó. Así las cosas, ante la falta de prueba que
acredite su suscripción y en forma determinante el objeto contractual, no se tendrá
en cuenta para efectos del análisis de la configuración de los elementos de una
relación laboral.

Entre los años 2008 y 2015 mediaron interrupciones que deben ser analizadas para
efectos de establecer si ocurrió el fenómeno de la prescripción en los términos
señalados por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación jurisprudencial
CESUJ2 5 de 2016, del 25 de agosto de 2016. En tal sentido, «la vinculación sucesiva
se refiere a aquellos casos en los cuales los períodos a reconocer como relación laboral
puedan contabilizarse desde la fecha de inicio y hasta la fecha de finalización, aun si
hubiesen mediado múltiples contratos, mientras que la vinculación interrumpida, opera
cuando únicamente puede reconocerse la relación laboral por los períodos efectivamente
contratados o debidamente ejecutados, pues los tiempos reclamados que no constan o
cuya prestación no puede acreditarse fehacientemente a través de los medios probatorios,
no pudiéndose tener en cuenta estos para efectos de la posible condena, sin importar si la
interrupción fue de un día».

Así, comoquiera que entre cada orden de prestación de servicios de la actora
existieron interrupciones, algunas entre diciembre y enero de cada año y otras en
mitad de año, al punto de completar lapsos de un mes, no puede tenerse como una
prestación de servicios sucesiva, pues no media dentro del proceso prueba que
durante esas interrupciones la demandante cumplió las obligaciones contractuales
pactadas; de manera que «en este caso la valoración probatoria se realizará únicamente
respecto del Contrato de Prestación de Servicios 0002536 del 28 de enero de 2015»,
comoquiera que la reclamación administrativa se hizo el 2 de febrero de 2016, «de
ahí que, respecto de aquellos suscritos antes del 2 de febrero de 2013, hubiere operado el
fenómeno prescriptivo».

• De las pruebas documentales y testimoniales aportadas, se advierte que Alicia del
Socorro Macías Valencia fue contratada por el SENA para la «prestación de servicios
personales como instructor en el área de gestión del talento humano, para orientar
programas de formación profesional integral en el marco del programa de formación
complementaria en el Centro de Comercio» y el desarrollo de dicha actividad, según se
pactó, sería en la «ciudad de Medellín y el Área metropolitana». Asimismo, se acordó el
pago de una suma de dinero como retribución por el servicio prestado.

6

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

• La subordinación se encuentra materializada en el cumplimiento de órdenes, la
sujeción a un horario de trabajo, el sometimiento a metas, objetivos y directrices
fijadas a la actora. La ejecución de las actividades contractuales necesariamente
implicó la prestación de sus servicios de manera directa y sin independencia en el
cumplimiento de su labor, pues debió cumplir el horario y los parámetros fijados por
los reglamentos del servicio según las directrices del SENA, por lo que se generó
dependencia y subordinación con la entidad para la cual trabajaba, pues así se
advierte de lo señalado por las testigos, y en los formatos de evaluación de la
docente, los correos electrónicos enviados a ella por parte de funcionarios de la
entidad, las guías de aprendizaje y los informes de actividades desarrolladas.

• Las testigos Martha Elena Jiménez Saldarriaga, Olga Patricia Villada Vásquez, Luz
Mery Zapata Pérez y Alba Lucía Hidalgo Gómez, evidenciaron que los instructores
que se encontraban vinculados por medio de contrato de prestación de servicios y
los vinculados a la planta de personal realizaban iguales funciones, cumplían una
jornada laboral de 8 horas y media, debían presentar soportes, se les calificaba bajo
iguales condiciones, si la entidad iba a prestar servicio sábados y domingos, debían
laborar esos días, recibían correos y requerimientos del jefe inmediato, y el pensum
académico era previamente establecido por la coordinación académica, entre otras.

• Por consiguiente, debe aplicarse el principio de «la primacía de la realidad sobre
formalidades», pues es indudable que la demandante se encontraba en iguales
condiciones de los instructores del SENA nombrados en planta y desempeñaba
personalmente la labor en un cargo que revestía la característica de permanente,
motivo por el cual estaba sujeta a subordinación y dependencia.

• Se declara probada la excepción propuesta por la entidad denominada
«inexistencia de relación laboral» respecto de las peticiones tendientes al
reconocimiento por el año 2014 pues no se acreditó la suscripción de contrato
alguno por ese periodo; así como la excepción de prescripción respecto de aquellos
contratos suscritos antes del 2 de febrero de 2013.

• No corresponde el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de
salarios y prestaciones sociales, así como por concepto de cesantías, en atención
a que la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia que
declare la existencia de una relación laboral, comoquiera que el derecho surge a
partir de la sentencia constitutiva del derecho, tal y como lo ha respaldado la
jurisprudencia del Consejo de Estado.

1.4. Los recursos de apelación

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

1.4.1. Alicia del Socorro Macías Valencia interpuso recurso de apelación con
fundamento en los siguientes argumentos7:

• Del acervo probatorio se infiere que la actora estuvo vinculada al SENA desde el
9 de julio de 1991 y si bien el período que transcurrió entre los años 1993 y 1998 no
se estableció la existencia de dicha relación, lo cierto es que de acuerdo con la
constancia emitida por la jefe del Centro de Servicios a la Salud de la entidad, del
19 de mayo de 2003, aquella «ejecuta contrato de prestación de servicios en este Centro,
en el área de Gerontología y Geriatría, desde hace aproximadamente 13 años». Este
documento «se anexa con el recurso y se aduce como prueba».

• Aunque a partir del 12 de diciembre de 1998 sí quedó demostrado que la
accionante prestó sus servicios al SENA hasta el 31 de mayo del 2015, el a quo
solo tuvo en cuenta la última relación contractual con fundamento en que no se trató
de una vinculación sucesiva sino de una interrumpida caso en el cual «únicamente
puede reconocerse la vinculación laboral por los periodos efectivamente contratados o
debidamente ejecutados, pues los tiempos reclamados que no constan o cuya prestación
no puede acreditarse fehacientemente a través de los medios probatorios, no pudiéndose
tener en cuenta estos para efectos de la posible condena, sin importar si la interrupción fue
de un día». Empero, los tiempos que se echan de menos se infieren de los
testimonios recibidos, según los cuales, los contratos se hacían por el año completo
para darles continuidad.

De estos testimonios se desprende que Alicia del Socorro Macías Valencia estuvo
vinculada al SENA desde el 9 de julio de 1991 hasta la fecha de su desvinculación,
el 31 de mayo de 2015, cuando renunció; que la labor fue continua y sucesiva; y
que la única época en que no prestaba sus servicios era la correspondiente a las
vacaciones que daba la institución accionada a mitad o al final de año, las cuales
están establecidas legalmente para todas las entidades de educación superior que
como el SENA imparten instrucción en formación profesional integral atendiendo a
lo dispuesto en la Ley 119 de 1994, por lo que resulta en un contrasentido exigir que
en estos lapsos cumpliera con sus funciones de instructora.

• Del cotejo con la historia laboral expedida por Colpensiones, «que se agrega y se
solicita tener como prueba», se advierte que la actora hizo aportes a seguridad social
en forma ininterrumpida como cotizante independiente, ya que era una obligación
impuesta para proceder a efectuar su pago, tal y como consta en las actas de inicio
y documentos de pago «que, igualmente se anexan y se solicita tener como prueba», en
los que se requiere para que aporte la constancia de la planilla PILA de febrero,

7 Folios 713 a 715.

8

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

para proceder al pago de la quincena; y el denominado «verificación de requisitos –
Hojas de Vida» en el que se establece que sí cumple con la «Afiliación a Salud y a
Pensión».

• Como quedó demostrada la existencia de una relación laboral encubierta, debe
ordenarse la devolución de los dineros retenidos en cada pago por concepto de
retención en la fuente.

• No se tuvo en consideración el contrato 000092 del 17 de enero de 2014, porque
faltó la primera hoja, no obstante que había sido decretado como prueba y que
contiene las firmas de los contratantes, por lo que debe ser tenido en cuenta a
efectos de analizar la prescripción propuesta.

• Se demostró que la vinculación de la accionante nunca se interrumpió, que fue
sucesiva, y por ello debe tomarse todo el tiempo como laborado, esto es, entre el
12 de diciembre de 1998 y el 31 de mayo de 2015 de manera que se paguen las
prestaciones sociales reclamadas.

1.4.2. El SENA presentó recurso de apelación y solicitó que se revoque la decisión
de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos8:

• Los diferentes contratos de prestación de servicios suscritos entre el SENA y Alicia
del Socorro Macías Valencia fueron discontinuos, tuvieron un objeto contractual
diferente y su duración fue establecida en un número de horas o por un plazo
determinado.

• El inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 señala que los contratos estatales
son intuito personae. Asimismo, el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008 establece
en qué casos se puede contratar directamente y sin necesidades de obtener varias
ofertas dadas las calidades personales del contratista, de manera que es la norma
la que autoriza la celebración de contratos de prestación de servicios con personas
naturales con el objeto de realizar actividades relacionadas con la administración y
funcionamiento de la entidad, cuando ellas no puedan realizarse con personal de
planta o requieran de conocimientos especializados, lo cual sucedió en el caso de
la accionante.

• No es pertinente derivar el concepto de salario de una sola cláusula del contrato,
en la cual se dispone el valor a pagar por concepto de honorarios, cuando es
evidente que dentro del contrato de prestación de servicios también debe existir una
contraprestación por los servicios prestados por el contratista, lo cual corresponde

8 Folios 730 a 739.

9

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

a parte de lo acordado entre las partes, sin que ello implique una remuneración
propia del contrato de trabajo que conlleva al pago de prestaciones sociales.

• Alicia del Socorro Macías Valencia no cumplía la labor misional del SENA (como
se señala era Gerontóloga) y por esa especificidad de la labor era posible contratarla
por contrato de prestación de servicios, amén de que la planta de cargos de la
entidad no posibilita la vinculación, por lo menos en principio.

• La decisión de primera instancia se fundamenta en la prueba testimonial recibida
en el proceso para determinar que el elemento de subordinación se encuentra
acreditado, pese a que la normativa y la jurisprudencia se inclinan por exigir mayor
severidad en el examen de esta, con el fin de que sobre ella pueda recaer
claramente la base de la decisión judicial. Sin embargo, las declarantes señalaron
en términos generales la forma en la cual se desarrollan algunos contratos de
prestación de servicios profesionales para impartir formación profesional en el
SENA, no obstante, estas no dejan de ser meras afirmaciones, pues no se allegó
prueba documental alguna que respalde dichas aseveraciones y lo cierto es que no
precisaron la manera en que prestó sus servicios profesionales, ni la forma de recibir
y cumplir órdenes por parte de la contratante, o el cumplimiento de horario en forma
coercitiva por parte de esta.

• No puede otorgarse valor al testimonio de Martha Elena Jiménez Saldarriaga, en
tanto indicó que ambas eran instructoras del SENA y que como tal, tenían iguales
funciones, pues lo cierto es que esta es enfermera y la demandante gerontóloga.
Además, no se puede homologar los periodos de vacaciones de los empleados de
planta con los de los contratistas, pues estos terminan sus contratos a mediados del
mes de diciembre y se vinculan nuevamente a finales de enero o al principio de
febrero

• Si se homologa la situación de los contratistas con los empleados de planta, estos
últimos podrían reclamar por inaplicabilidad del principio de igualdad, aunque los
periodos de vacaciones están determinados por la ley y/o la convención colectiva,
de la cual se benefician los contratistas.

• De acuerdo con los términos bajo los cuales la Corte en la sentencia C-614 de
2009 determinó la constitucionalidad del contrato de prestación de servicios, este
se estableció legalmente como una modalidad de contratación con el Estado para
la realización de actividades relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue
creada la entidad, como lo es en el caso del SENA el ejercer funciones de educación
y/o formación, cuando no exista personal suficiente de planta para cubrir tales
necesidades.

10

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

• Es un error que se haya ordenado pagar las prestaciones sociales comunes
propias de los empleados públicos, pues si el SENA le paga a la contratista iguales
conceptos reconocidos al personal de planta, estaría «poniendo aprobar el concurso
que no ha aprobado» (sic). Por ejemplo, en la entidad se reconocen emolumentos
como las primas de vacaciones y quinquenal, las cuales se reconocen luego del
cumplimiento de unos requisitos como la permanencia, más aún cuando existió
interrupción entre un contrato y el otro; por lo que, al equiparar la condición de la
demandante con una persona de carrera es absolutamente contraria a la
Constitución Política y la ley.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. Alicia del Socorro Macías Valencia solicitó que se acceda a todas las
pretensiones de la demanda con fundamento en similares argumentos a los
expuestos a lo largo de presente trámite procesal9.

1.5.2. El SENA solicitó que se revoque la sentencia apelada pues, a su juicio, no se
acreditaron los elementos que permiten configurar la relación laboral reclamada10.

1.6. Intervención del Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto tal y como se
advierte en la constancia secretarial del 24 de agosto de 202111.

1.7. Trámite en segunda instancia

Mediante auto proferido el 7 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador
i) incorporó como prueba el contrato de prestación de servicios 00092 del 13 de
enero de 2014; ii) negó el decreto de las demás pruebas solicitadas por la
demandante; iii) solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Oralidad, que allegara el audio y video de la audiencia de pruebas celebrada los
días 11 de mayo y 20 de junio de 2018; iv) ordenó que se corriera el traslado de las
pruebas incorporadas y aportadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo
110 del CGP, por el término de 3 días; y v) declaró saneado el proceso 12.

2. Consideraciones

9 Índice 14 del aplicativo Samai.
10 Índice 15 del aplicativo Samai.
11 Índice 16 del aplicativo Samai.
12 Índice 26 del aplicativo Samai.

11

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

2.1. Los problemas jurídicos

Consisten en determinar ¿si entre Alicia del Socorro Macías Valencia y el SENA se
configuró una relación laboral? y si, en consecuencia, ¿aquella tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación
laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Por su parte, el Decreto 2209 de 199813 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

13 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

12

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales»,
contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció
que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal
subordinada y dependiente.

De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Resalta la Sala].

Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)14 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización15, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

14 Aprobada el 11 de abril de 1919.
15 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

13

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»16 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

16 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

14

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación17 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales18». (Resalta la Sala).

Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

15

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es, que solo
es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la labor
contratada.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 202119 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

16

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.2.2. En torno a los instructores del SENA

El SENA fue creado mediante el Decreto Ley 118 de 195720 y según el Decreto 164
del 6 de agosto de 195721 sus funciones iniciales consistían en brindar formación
profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura, la minería
y la ganadería.

Posteriormente, la Ley 119 de 199422 dispuso que el SENA sería un establecimiento
público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e
independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, cuya
misión, de acuerdo con su artículo 2, consiste en «cumplir la función que le corresponde
al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos;
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país». Asimismo, los objetivos específicos de acuerdo con
el componente misional son los siguientes:

«Artículo 3. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes
objetivos:

1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese
medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.
2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico».

20 «Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA».
21 «Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras

disposiciones».
22 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149

de 1992 y se dictan otras disposiciones».

17

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

Así, la misión especial encomendada al SENA comprende la formación y
capacitación de los aprendices, funciones de carácter permanente que cumple en
desarrollo de su actividad. Como se dijo, la entidad está adscrita al Ministerio del
Trabajo y, por ende, no está sometida a las orientaciones del Ministerio de
Educación o las secretarías de educación; no obstante, ejerce una labor docente
para desarrollar programas de formación de educación no formal que ofrece la
institución.

Ahora bien, el instructor es una figura propia de esa entidad y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1424 de 199823, este grupo ocupacional
«comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional y desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e
investigación aplicada». Según el manual específico de funciones, requisitos mínimos
y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del SENA
contenido en el Decreto 986 de 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y 2015), el
cargo de instructor hace parte de dicha planta, con la descripción de las siguientes
funciones24:

«ii. Propósito principal

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

iii. Descripción de funciones esenciales

Instructor:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa
de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad
con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos
para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con
le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo».

23 «Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena»
24 Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.

18

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

En relación con la actividad que desarrollan los instructores, la Sección Segunda
del Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia de 10 de
septiembre de 201425. Al respecto, la autoridad judicial señaló:

«DOCENTES O CATEDRÁTICOS OCASIONALES O POR HORAS

Esta Corporación ha señalado que los profesores de cátedra también tienen una relación
laboral subordinada por cuanto cumplen una prestación personal del servicio. Igual que
los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, ellos
devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una
subordinación, como se les exige a los otros, con horarios, reuniones, evaluaciones, etc.
contemplados en el reglamento. Dada la similar situación de hecho que identifica la
misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos debe
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben
pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado, pues otro tratamiento
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio.

Igualmente la Corte Constitucional26 señaló que al igual que los catedráticos, cumplen
las mismas funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos
de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas
obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba en
su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad de la misma, lo cual
no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Textualmente señaló:

Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional
al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de
igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta,
en el sentido de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.",
las cuales no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros
profesores, pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la
dignidad de dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las
primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al
trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser
excluido de los programas de capacitación y mejoramiento profesional.

(…)

No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la
disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en tanto
trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional, de las
prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando ellas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios mínimos
irrenunciables:

La regulación anterior aplicable a los Instructores del SENA, establece que dicha
entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y profesional
certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos que imparte; define la
educación como todos aquellos procesos especializados tendientes a la obtención de

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de septiembre de 2014, radicado 20001

23 31 000 2011 00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.
26 Sentencia C-006 de 1996, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

certificados, títulos o grados; e indica que el cargo de Instructor coordina y ejecuta
actividades académicas.

Conforme con la normativa citada, la función prestada por el SENA a través de los
Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral certificando
a sus estudiantes, o sea, que por estas características y su naturaleza se clasifica dentro
de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace
parte de los niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley
115 de 1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de
la definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación». [se resalta].

En efecto, en la medida en que esta entidad ejecuta una actividad académica, debe
ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a lo dispuesto en la
normativa aplicable, por expresa disposición del numeral 6 del artículo 4 de la Ley
11927. Es decir que el contenido de los programas que ofrece el SENA está sometido
al régimen académico previsto en la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 28. Así lo
concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado29, que sobre su
naturaleza, misión y funciones precisó:

«La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4 permite
al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.

Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación
a los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.

ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,

iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.

Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que
otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la

27 artículo 4o. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
[…]
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en
las disposiciones legales respectivas. […]”. (se resalta).
28 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
29 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de

2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00089- 00, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

20

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de
la ley 749 de 2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la modalidad
de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma en institución
de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico definido por ley ha
establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión específica encomendada
y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe agregarse que nunca ha sido
considerada como institución de educación superior por las normas que rigen ese
servicio

De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes
30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y
con la naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin
que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias
de una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.[…]» [se
resalta].

De esta manera el Consejo de Estado30 ha reconocido que la función prestada por
el SENA a través de los instructores se orienta a una formación integral, profesional
y laboral, dentro de un sistema de educación no formal. Sin embargo, tal
clasificación no desconoce su calidad de labor educativa, es decir, de labor docente.

Con todo, esta corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de determinar
la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que los
instructores se vincularon al SENA a través de contratos de prestación de servicios.
En efecto, a través de sus diferentes Subsecciones ha exigido la comprobación de
todos los elementos que sirven para determinar sobre la existencia de dicha relación
a efectos de declararla31. En específico, sobre la subordinación ha exigido que obren
«elementos de convicción, acerca de las actividades ejecutadas»32 pues, aunque se haya
señalado que estas hacen parte las funciones propias de la entidad, «tal situación no
evidencia una relación de sujeción directa frente a la prestación del servicio», puesto que
puede coincidir con el estricto cumplimiento del objeto contractual. De esta manera,

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10 de

septiembre de 2014, expediente identificado con número único de radicación 20001 23 31 000 2011
00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente identificado con número único de
radicación 20001 23 31 000 2011 00312 01, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-

31-000-2012-00241-01(2525-14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-
01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16);
iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre de
2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado

18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

21

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

ha privilegiado un análisis del material probatorio «bajo las reglas de la sana crítica»33
a fin de establecer la configuración o no del elemento de la subordinación
continuada.

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Alicia del Socorro Macías Valencia celebró los siguientes contratos de prestación
de servicios con el SENA, tal y como consta en los diferentes instrumentos jurídicos
aportados, certificados y actas de inicio y terminación:

Fecha Fecha Duración
Contrato Folios Objeto
inicio terminación pactada
[…] apoyar actividades relacionadas con el
CPS 4176 programa de "Plan de Acción Social" 9 de julio
618 - 11 meses
de 1991 concretamente en las tareas que al efecto le de 1991
formule el SENA en el plan de operaciones
[…] apoyar actividades relacionadas con los
programas del Plan de Acción Social para el
CPS 4679 30 de julio 6 meses,
621 Área Metropolitana de Medellín, concretamente -
de 1992 de 1992 15 días
en las tareas que para el efecto le formule el
SENA en el plan de operaciones
[…] por concepto de prestación de servicios, 21 de
OPS 2078 623 y 28 de julio
desempeñándose como instructora en el Centro diciembre
de 1995 624 de 1995
de Servicios a la Salud en el Área Metropolitana de 1995
[…] por concepto de prestación de servicios, 18 de
OPS 0164 625 y 28 de junio
desempeñándose como instructora en el Centro enero de
de 1996 626 de 1996
de Servicios a la Salud en el Área Metropolitana 1996
[…] por concepto de prestación de servicios,
desempeñándose como instructora en el Centro 22 de 18 de
OPS 4319 627 y
de Servicios a la Salud en el Área Metropolitana noviembre diciembre
de 1996 628
del municipio de Medellín para desempeñarse de 1996 de 1996
como docente
[…] docente en el Centro de Servicios a la 31 de
OPS 5012
629 Salud, bajo la modalidad de prestación de diciembre
de 1996
servicios de 1996
[…] desempeñarse como docente en el Centro 21 de
OPS 2468 30 de abril 345
46 de Servicios a la Salud y/o Área bajo la enero de
de 1998 de 1999 horas
modalidad de "prestación de servicios" 1999
[…] servicios como facilitador al funcionario
OPS 354 de prejubilado para intervenir factores de riesgo 2 de abril
47
2000 relacionados con el estado de salud relaciones de 2000
interpersonales de tipo social y familiar
OPS 0496 [ilegible] cultural con los funcionarios en 5 de mayo
48
de 2000 preparación al retiro de 2000
servir como facilitador al funcionario prejubilado
para intervenir factores de riesgo relacionados
OPS 489 de 12 de junio
49 con el estado de salud - la dirección de 80 horas
2000 de 2000
relaciones interpersonales de tipo social y
familiar - manejo de la [ilegible]

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-

23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

22

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

[…] pagar por concepto de conferencia "La
OPS sin 8 de
familia, la más bella [ilegible] de amor", a 8 de octubre
número de 50 octubre de
dictarse el 8 de octubre de 2000, para el de 2000
2000 2000
[ilegible] Familiar del Complejo Sur
Prestación de servicios como docente en 13 de
CPS 898 de 51 y 3 de febrero 210
promoción de la salud en el Centro de Servicios septiembre
2002 159 de 2003 horas
a la Salud de 2002
[…] presta sus servicios para el Centro de 30 de
CPS 1422 14 de mayo 350
159 Servicios de Salud mediante contratos de diciembre
de 2002 de 2003 horas
prestación de servicios a término definido de 2002
facilitador al funcionario prejubilado para
26 de
OPS 0286 intervenir factores de riesgo relacionados con el
54 marzo de 40 horas
de 2003 estado de salud, relaciones interpersonales de
2003
tipo social y familiar
21 de 15 de
CPS 0348 55 y 700
mayo de noviembre
de 2003 159 horas
2003 de 2003
Prestación de servicios como docente de 3 de
CPS 1145 58 y 15 de marzo 408
promoción de la salud en el Centro de Servicios diciembre
de 2003 159 de 2004 horas
a la Salud Regional Antioquia de 2003
29 de 12 de
CPS 1664 61 y 900
diciembre diciembre
de 2003 159 horas
de 2003 de 2004
Desarrollo de la conferencia "una mirada a la 23 de
OPS 0805 64 y
familia de hoy" para alumnos del Centro octubre de - -
de 2004 66
Metalmecánico 2004
12 de
OPS 0158 Facilitador al funcionario prejubilado, para
65 marzo de 80 horas
de 2004 intervenir factores de riesgo
2004
67 a
Prestación de servicios como instructor 17 de
CPS 2247 70, 30 de abril 536
gerontología y geriatría en el Centro de enero de
de 2004 159 y de 2005 horas
Servicios de Salud 2005
456

Prestación de servicios como instructor auxiliar
CPS 0021 71 y 2 de mayo 31 de mayo 350
gerontología y geriatría en el Centro de
de 2005 159 de 2005 de 2005 horas
Servicios de Salud

22 de
CPS 0022 200
159 presta sus servicios para el Centro de Servicios mayo de
de 2005 horas
de Salud mediante contratos de prestación de 2005
CPS 37 de servicios a término definido 7 de julio 300
159
2005 de 2005 horas
Prestación de servicios como instructora de
27 de 14 de
CPS 0042 74 y trabajo en equipo, liderazgo, motivación, calidad 300
enero de agosto de
de 2006 157 de vida laboral, pedagogía laboral y manejo de horas
2006 2006
conflictos en el Centro Nacional Textil
presta sus servicios para el Centro Nacional 14 de 11 de
CPS 061 de 157 y 120
Textil mediante contratos de prestación de agosto de octubre de
2006 642 horas
servicios a término indefinido 2006 2006
9 de
CPS 109 de Prestación de servicios como instructora de 250
76 octubre de
2006 ética, trabajo en equipo, liderazgo, motivación, horas
2006
calidad de vida laboral, pedagogía laboral y
CPS 152 de 29 de
78 a manejo de conflictos en el Centro Nacional 333
2006 y diciembre
80 Textil horas
modificación de 2006
13 de
CPS 0097 11, 82 Prestación de servicios como instructor de 200
septiembre
de 2007 y 158 adulto mayor horas
de 2007

23

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

Prestación de servicios personales en la
10 de
CPS 159 de 85 y especialidad de comunicación asertiva, solución 24 de junio 5 meses,
diciembre
2008 158 de conflictos, calidad de vida y tercera edad en de 2008 15 días
de 2008
el Centro de Servicios de Salud
Prestación de servicios personales como 30 de
CPS 0073 83 y
instructor en el área de pedagogía humana en enero de 309 días
de 2009 158
el Centro de Servicios de Salud 2009
Acompañamiento en el proceso de formación 20 de 22 de
CPS 0462 1 mes, 2
87 de las comunas de Medellín para desarrollar las noviembre diciembre
de 2009 días
metas asociadas al plan 250 mil de 2009 de 2009
prestación de servicios personales de carácter
temporal como instructor para impartir
formación profesional integral en términos de
25 de 22 de
CPS 160 de planeación y orientación de los procesos
91 enero de octubre de 9 meses
2010 enseñanza - aprendizaje - evaluación, en el
2010 2010
área de teleinformática (ética y pedagogía
humana) en los niveles de formación titulada y
complementaria que orienta el Centro
prestación de servicios personales de carácter
CPS 11 de
temporal por periodo fijo como instructora para 30 de junio 4 meses,
000481 de 95 febrero de
el desarrollo humano y bienestar al aprendiz de 2011 19 días
2011 2011
programa SENA en mi barrio
prestación de servicios profesionales de
carácter temporal por periodo fijo como
instructor desarrollo humano para impartir
15 de
CPS 888 de 99 y formación profesional integral para población en 7 de julio 5 meses,
diciembre
2011 347 situación de desplazamiento para dar de 2011 15 días
de 2011
cumplimiento a las metas 2011 de 2143
desplazados capacitados en el centro de
servicios y gestión empresarial
atender procesos de ejecución de la formación
profesional, que impartes los centros de
formación de la regional […] apoyar acciones
17 de
CPS 071 de 279 y de desarrollo humano para población 29 de junio
febrero de
2012 333 vulnerable. Realizar acciones regionales con de 2012
2012
grupos de los centros de formación de la
regional en los temas tales como proyecto de
vida, manejo de conflictos y pedagogía humana

CPS 15 de
10 de julio 5 meses,
001471 de 100 prestación de servicios personales de carácter diciembre
de 2012 9 días
2012 temporal de un (1) profesional para apoyar de 2012
acciones en Desarrollo Humano para población
CPS 105, vulnerable (Sena en Mi Barrio, Desmovilizados 18 de 30 de 11
000943 de 647 y y/o desplazados) y realizar acciones regionales enero de diciembre meses,
2013 648 con grupos de los Centros de Formación de la 2013 de 2013 15 días
Regional, en temas tales como proyecto de
CPS vida, manejo de conflictos, pedagogía humana, 13 de 13 de
111 y entre otros
000092 de enero de diciembre 11 meses
364
2014 2014 de 2014
prestación de servicios personales como
instructor en el área de gestión del talento
CPS 29 de 10
humano, para orientar programas de formación 31 de mayo
0002536 de 115 enero de meses,
profesional integral en el marco del programa de 2015
2015 2015 15 días
de formación complementaria en el Centro de
Comercio

La información acerca de las órdenes de prestación de servicios 2078 de 1995, 0164
de 1996, 4319 de 1996, 5012 de 1996, se obtuvo de las órdenes de trabajo o

24

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

servicio, cuentas de cobro y comprobantes de pago aportados por la entidad,
conforme con el requerimiento efectuado por el tribunal.

• De acuerdo con la relación de certificados de retención en la fuente del SENA, a
la demandante le efectuaron retenciones por concepto de honorarios entre julio y
diciembre de 199134, el 24 de febrero y el 3 de marzo de 199335, el 1° de septiembre,
el 2 y el 30 de octubre, el 1° y el 21 de diciembre de 199536; el 7 de febrero, el 4 de
marzo, el 1° de abril, el 2 de mayo, el 3 de junio, el 2 de julio, el 30 de agosto y el
18 de diciembre de 199637. En igual sentido, se aportaron certificados de retención
en la fuente anuales de 1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999 a 201338.

• Obra el movimiento contable de septiembre de 199739 y diciembre de 199940 en la
Regional Antioquia-Chocó del SENA en el que se advierte que a Alicia del Socorro
Macías Valencia se le reconocieron unas sumas de dinero por prestación de
servicios.

• Asimismo, se aportaron los informes de actividades de los contratos 160 de 2010,
888 de 2011, 1471 de 2012, 943 de 2013, 092 de 2014, 2536 de 201541 y los
siguientes mensajes remitidos por correo electrónico42:

Fecha Remitente Destinatario Contenido
El Centro de Tecnología requiere de
Líder del Área de Bienestar los servicios de la demandante en el
del Centro de Tecnología Plan de trabajo de crecimiento y
• -
de la Manufactura desarrollo humano y establece las
Avanzada fechas, el evento, el lugar, la hora y el
número de aprendices.
21 de marzo Álvaro León Aristizábal Alicia del Socorro Consulta sobre disponibilidad «para
de 2014 Lopera Macías Valencia estos grupos desde las Golondrinas»
Solicita el apoyo de la demandante
30 de abril de coordinadora Grupo Apoyo Margarita María Pareja
para realizar una charla de desarrollo
2014 Administrativo Patiño
humano

Invita a la demandante a una charla
de desarrollo humano dirigida a los
Líder Grupo Bienestar funcionarios del Centro de los
30 de abril de Alicia del Socorro
Social y Administradora Recursos Naturales Renovables La
2014 Macías Valencia
Fondo Vivienda regional Salada, en atención a «su gran
trayectoria y experiencia que ha
tenido a lo largo del tiempo que [los]

34 Folio 572
35 Folio 123.
36 Folio 124.
37 Folios 125 y 126.
38 Folios 128 a 132, 134, 137, 140 a 143, 145, 148 a 155.
39 Folio 133.
40 Folio 135.
41 Folios 203, 283, 340, 347, 359, 364.
42 Folios 204 a 229 y 311 B.

25

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

ha acompañado en la regional
Antioquia»

instructores del SENA.
Información sobre una reunión con el
26 de mayo coordinador de formación Se advierte entre los
nuevo coordinador de formación
de 2014 profesional correos el institucional
profesional
de la demandante
Solicita el apoyo de la demandante
29 de mayo José Byron Pérez
gestión humana para realizar una charla en el Grupo
de 2014 Puerta
Misional del Centro
José Byron Pérez
Invitación para revisar la agenda a
20 de octubre Puerta y Alicia del
Elmar Castaño Graciano efectos de establecer una reunión con
de 2014 Socorro Macías
el personal de la alcaldía de Medellín
Valencia
contratistas del SENA.
Información sobre los reportes a
10 de marzo Se advierte entre los
tmolina@sena.edu.co efectos de agilizar los trámites de
de 2015 correos el personal de
pago
la demandante
instructores del SENA.
Información sobre los reportes de
27 de marzo Se advierte entre los
acardonap@sena.edu.co marzo y convocatoria a una reunión
de 2015 correos el personal de
en la oficina de relaciones exteriores
la demandante

• El 22 de marzo de 2002, la jefe del Centro de Servicios a la Salud de la Regional
Antioquia del SENA certificó que Alicia del Socorro Macías Valencia «va a ejecutar
contrato de prestación de servicios como docente de los programas de Gerontología en el
Centro de Servicios a la Salud, en el mes de agosto, tiene una antigüedad en la institución
desde 1991»43.

• El 19 de diciembre de 2005, la coordinadora académica del Centro Nacional Textil
emitió el Memorando 9206 dirigido a la demandante en el que le señaló que «con el
fin de realizar entrevistas a los futuros alumnos del Centro, le [solicita] el favor de iniciar
labores el día 16 de enero de 2006 a partir de las 8 am», además, le indica que «este día
será compensado en tiempo, por lo tanto [se pondrían] de acuerdo para hacer uso de
este»44.

• El 28 de febrero de 2006, la coordinadora académica de la Regional Antioquia del
SENA le entregó el consolidado de la evaluación de la formación profesional integral
realizada por los alumnos en el año 2005 y le indicó que estos resultados
«demuestra[n] que su trabajo es de excelente calidad y que espera[n] que siga siendo cada
día mejor para que [los] alumnos sean los más beneficiados»45.

43 Folio 156.
44 Folio 312.
45 Folio 166.

26

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

• El 27 de junio de 2008, la subdirectora (E) del Centro de Servicios de Salud de la
Regional Antioquia del SENA agradeció a la demandante por su participación como
expósitos en el evento «Seminario actualización auxiliares de enfermería» que se
desarrolló el 20 y 21 de junio de 200846.

• La demandante participó en la reunión del equipo de Bienestar del Aprendiz que
se realizó el 18 de febrero de 2011 con el fin de «establecer acciones y lineamientos
institucionales, para conocer las actividades regionales y nacionales»47. Asimismo, el 24
de junio de 2013 asistió a una reunión cuyo objetivo era realizar una «revisión de los
avances y cumplimiento según el cronograma de trabajo en el desarrollo del curso virtual»,
tal y como se consignó en el acta48.

• Alicia del Socorro Macías Valencia participó en la reunión del equipo de Fomento
del Bienestar y Liderazgo del Aprendiz – Revisión Plan de Trabajo, que se llevó a
cabo el 27 de febrero de 2014, tal y como consta en el Acta 5049.

• El 14 de marzo de 2013, la demandante sufrió un accidente el cual fue descrito en
el informe así: «el trabajador se encontraba en el auditorio con unos estudiantes, al salir
se resbala por las escaleras ocasionándole torcedura de tobillo izquierdo y golpes en bíceps
derecho//Cargo: instructor»50.

• El 6 de diciembre de 2013, la Dirección Regional del SENA reconoció y exaltó a la
actora «por la creación del programa de formación para líderes con talento, integrales y
competitivos. Fruto de su entrega y dedicación»51.

• El 25 de julio de 2014, la demandante apoyó el «primer taller regional del Sistema
Nacional de Liderazgo llevado a cabo en la región de San Jerónimo», tal y como consta
en el informe y cumplido de la comisión52.

• El 2 de febrero de 2016, Alicia del Socorro Macías Valencia solicitó al SENA la
liquidación y pago de los conceptos salariales y prestacionales causados por sus
servicios prestados a esa entidad «como profesional instructor, capacitador y docente
en el Centro de Servicios en Salud, en el Centro Nacional Textil, en el Centro de Servicios
y Gestión Empresarial, Centro de Comercio Regional Antioquia, desde el 15 de julio de

46 Folio 160.
47 Folio 291.
48 Folio 385.
49 Folio 378.
50 Folios 174 a 202.
51 Folio 311.
52 Folio 313

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

1991, y hasta el 31 de mayo de 2015, cuando presentó renuncia al cargo que
desempeñaba»53.

• El 4 de febrero de 2016, la coordinadora del Grupo de Apoyo Mixto del SENA,
Regional Antioquia, emitió el Oficio 2-2016-000560 por el cual negó la solicitud
anterior con fundamento en que la demandante se vinculó a través de contratos de
prestación de servicios y que su desarrollo y ejecución «no enlaza una relación laboral
debido a la ausencia de elementos “sine qua non” para enmarcar la situación presentada y
como consecuencia de ello, no existe el derecho al reconocimiento de prestaciones
sociales» (sic)54.

• El 20 de marzo de 2018, en cumplimiento de una orden proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el tesorero del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
del SENA, Regional Antioquia certificó que «revisados los registros y archivos
conservados en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 1993 al 31 de diciembre
de 1994 y durante el año 1998 […] no se encontraron pagos por contratos de prestación de
servicios celebrados en dichas vigencias a favor de la señora Alicia del Socorro Macías
Valencia»55.

• En el expediente obra una evaluación de ingreso a Alicia del Socorro Macías
Valencia al Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para Instructores (SSEMIS)
del SENA; sin embargo, no se logra establecer la fecha de su elaboración 56.
Asimismo, en respuesta al requerimiento realizado por el a quo, la coordinadora del
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Antioquia de la demandada
certificó que para establecer la remuneración salarial y prestacional de los
servidores de la planta de la entidad, se debe atender a lo siguiente57:

«En el caso del personal de instructores, se debe realizar la evaluación de ingreso al
Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para Instructores del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA- “SSEMI”, establecida en el Decreto 1424 de 1998.

Así las cosas, según el artículo 32 del Decreto 1424 de 1998, para los instructores que
se vinculen a la entidad, se les aplicará la evaluación de ingreso al sistema y se ubicarán
en el grado de remuneración correspondiente, evaluación que se hará sobre los
siguientes factores: experiencia, educación y capacitación técnica.

Igualmente, el artículo 30 del Decreto 1424 de 1998, estableció que para determinar el
grado de remuneración correspondiente al instructor, se suman los puntos obtenidos en
cada uno de los factores evaluables y el valor resultante se ubicará en la tabla de
equivalencias entre grados de remuneración y puntajes.

53 Folios 32 a 41.
54 Folio 31.
55 Folio 570.
56 Folio 169.
57 Folios 608 a 609.

28

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

Además, según el artículo 33 el instructor podrá solicitar la evaluación ordinaria anual, la
que comprenderá el periodo transcurrido entre el primero de enero y el 31 de diciembre
de cada año y se tendrán en cuenta los documentos que respalden hechos transcurridos
desde la fecha de corte de la última evaluación del funcionario, hasta el 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior a aquel en que se solicita la evaluación de méritos.

Los efectos fiscales del reconocimiento del nuevo grado serán a partir del primero de
enero del correspondiente año.

Como puede observar, no es fácil determinar la remuneración y las prestaciones sociales
de un instructor en la entidad.

Sin embargo, y para que Usted pueda tener información al respecto, le informo que
anualmente un funcionario vinculado a la entidad, tiene derecho a las siguientes
prestaciones sociales:

Prima de navidad: treinta (30) días de sueldo.
Prima de servicios: treinta (30) días de sueldo.
Prima de vacaciones: quince (15) días de sueldo.
Vacaciones: quince (15) días de sueldo.
Cesantías: treinta (30) días de sueldo.

Según el Decreto 000987 del 9 de junio de 2017, se pagará una bonificación por servicios
en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica para
sueldos hasta $ 1.591.144, y del treinta y cinco por ciento (35%) para sueldos superiores
a la suma antes indicada» (sic)

• De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 00642 de 2004 «(p)or la cual se
determina la jornada laboral semanal para el Grupo Ocupacional de Instructor del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones», esta es de 42.5 horas
de las cuales se dedicarán 32 a las actividades directas de formación profesional
integral, esto es, las sesiones presenciales o desescolarizadas, tanto a distancia
como virtuales, de duración mínimo de una hora, desarrolladas por los instructores
en el SENA o en las empresas cuando realicen seguimiento formativo a los alumnos
en la etapa productiva. De acuerdo con lo dispuesto en la norma, las siguientes 10
horas y media restantes, deben ser dedicadas a la ejecución de actividades de
obligatorio cumplimiento, previamente programadas, conforma a la siguiente
distribución58:

a) Preparación de sesiones;
b) Inducción general;
c) Participación en comités de evaluación de alumnos;
d) participación en el equipo pedagógico del Centro;
e) Formación y actualización pedagógica y tecnológica,

58 Folios 610 a 612.

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Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

f) Atención de alumnos fuera de las sesiones presenciales para brindarles alguna
orientación o responder inquietudes;
g) Actividades de apoyo a los procesos del Sistema Nacional de Formación para
el Trabajo;
h) Permiso sindical, en los casos en que haya lugar y hayan sido previamente
reconocidos.

• En la audiencia de pruebas celebrada el 11 de mayo y el 20 de junio de 2018, se
recibieron los siguientes testimonios y el interrogatorio de la parte demandante:

i) Alicia del Socorro Macías Valencia es gerontóloga de la Universidad Católica de
Oriente y especialista en familia de la Universidad Pontificia Bolivariana; estuvo
vinculada al SENA durante 18 años, desde julio de 1991 en el Plan de Acción Social
para auxiliares de gerontología y luego auxiliares de gerontología y geriatría; por
medio de contratos de prestación de servicios en los Centros de Servicios de Salud
y Textil.

Cuando ingresó al SENA, ella era la única gerontóloga de la entidad, no obstante,
luego contrataron dos gerontólogas más, también por medio de contratos de
prestación de servicios. Cumplía el horario al igual que los instructores de planta;
tenía una programación específica de la cual le hacían entrega previamente y que
debía cumplir a cabalidad; no disponía del horario como ella considerara pertinente,
sino que debía respetar el que le impusiera la entidad, ya que las clases y
capacitaciones que ella dictaba tenían unos horarios preestablecidos por el SENA.
Los aprendices rendían informes sobre las labores y el horario por ella desarrollado
y con base en ello, era certificada.

En caso de requerir algún permiso o si se le presentaba alguna situación que
ameritara su inasistencia, debía solicitarlo, para que un docente alterno en ese caso
excepcional cubriera la clase; de no poder asistir, no le hacían descuentos, pero sí
debía pagar las horas. Cuando su madre murió debió faltar cuatro horas para asistir
a las exequias y luego la requirieron porque le faltaban esas horas, las cuales tuvo
que pagar.

En la entidad todo estaba reglamentado, la coordinación le hacía entrega previa del
horario, la hora de inicio de la clase, la hora de terminación, el número de módulos,
el nombre de los módulos, la forma de evaluación de los aprendices, si era clase
externa, la empresa en la que se debía cumplir la labor; además debía llegar más
temprano para preparar los equipos, y una vez se finalizaba el curso, las empresas
remitían un informe sobre la labor desempeñada por ella. También atendía clases

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Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

del SENA los sábados y domingos, en caso de que la entidad requiriera dar clases
los fines de semana.

ii) Martha Elena Jiménez Saldarriaga es enfermera profesional de la Universidad de
Antioquia, estuvo vinculada en carrera administrativa con el SENA desde 1996
hasta 2012 que se jubiló. Conoce a la demandante porque fueron compañeras de
trabajo en dicha institución, en el área de servicios de la salud. Ambas eran
instructoras y como tal tenían iguales funciones, independiente si eran empleados
de planta o contratistas.

Cuando los empleados de planta salían a vacaciones, los contratistas también, en
el sentido que finalizaban sus contratos, pero se les aseguraba el nuevo contrato
para el año siguiente, razón por la cual cuando los empleados iniciaban labores al
volver de vacaciones, los contratistas regresaban suscribiendo nuevo contrato.

Aun cuando Alicia del Socorro Macías Valencia era contratista, estaba bajo iguales
órdenes de los empleados de planta, cumplían horario y tenían iguales
responsabilidades; además asistían a las empresas que las enviaran, pues el SENA
tiene servicios intra y extramurales en donde se realizan los procesos de formación.
En el área de servicios de la salud había muchas enfermeras, pero gerontóloga solo
la demandante; la cátedra de esta última era en el área de la gerontología, valores,
ética y formación humanística en los distintos centros de formación.

Una vez terminadas las prácticas (que todas eran extramurales) debían hacer
presencia en el SENA, hasta las 5 de la tarde, y de esta manera verificaban el
cumplimiento del horario. La jefe del centro, las subdirectoras y las jefes encargadas
del área, eran quienes verificaban que las instructoras contratistas y las de planta,
cumplieran el horario, les llamaban la atención si llegaban tarde o si no llegaban, y
les ordenaban dar los cursos externos, como fue por ejemplo el programa «Sena a
mi Barrio» y el curso de formación con las Fuerzas Militares, al que Alicia Macías
Valencia debió acudir a dar clases como instructora del SENA.

Contratistas y empleados de planta tenían carpetas controladas. Cuando los de
carrera salían a vacaciones, los contratistas terminaban los contratos y cuando
regresaban de vacaciones los de planta, los contratistas iniciaban nuevos contratos.
Mientras estuvo en el SENA no hubo convocatorias para gerontólogos, sí para
enfermeras y psicólogos. Cuando les remitían oficios o directrices, se los
entregaban a todos sin importar si era empleado de planta o si era contratista,
simplemente era una directriz para todo el equipo. Los que debían hacer formación
de enfermería debían construir el programa.

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Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

iii) Olga Patricia Villada Vásquez de 60 años, es tecnóloga en administración
documental y secretaria en administración contable, se vinculó a la entidad
demandada en carrera administrativa desde el 11 de febrero de 1980 como
mecanotaquígrafa en la subdirección de planeación; en el año 2003 estuvo en el
Centro Nacional Textil hasta finales del año 2012 que gestionó su pensión.

Conoció a la demandante porque trabajaba en el Centro de Servicios de Salud del
SENA, como gerontóloga, formadora de alumnos de tiempo completo; inicialmente
pensó que la demandante estaba vinculada a la planta de personal del SENA, pero
tiempo después se enteró que era contratista, ya que laboró 5 años en los procesos
de contratación de la entidad.

En el SENA se maneja una escala salarial que depende de la capacitación del
personal contratado, los contratistas deben cumplir un horario como cualquier
empleado de planta, tienen un jefe inmediato y conocen la formación que deben
impartir pues deben entregar reportes de horas y planillas de la labor y el lugar
visitado. La jornada de la entidad es de 8 horas y media diarias, los contratistas
deben presentarse a la coordinación y no firmaban planilla de entrada porque tenían
los horarios de los grupos y el coordinador académico era el que hacía la ronda y
daba el visto bueno que autorizaba el pago de los honorarios. Además, los
instructores realizan labores extracurriculares, como el SENA a mi barrio.

Los instructores por contrato son nombrados de acuerdo con la necesidad que se
tiene para cada grupo. Algunos realizaban más de las 8 horas y media diarias.
Cuando un contratista se incapacitaba, la coordinación académica le descontaba
esos días del pago, si trabajaba más horas se las reconocían, si tenían actividades
extracurriculares y eran sábados o domingos, le pagaban en forma adicional esas
horas, porque era tiempo de descanso, pues el contrato establece un valor por hora.
La demandante percibía honorarios igual que un instructor de planta grado 20, que
es el nivel más alto y corresponde a un profesional con posgrado.

La planta de personal del SENA estuvo «cerrada muchos años» y sí había
necesidades, pero como no había permiso desde el nivel general para realizar
convocatorias se acudió a los contratos de prestación de servicios.

El interventor del contrato era el coordinador, y él verificaba que el instructor
cumpliera el horario laboral y siguiera las pautas y el pensum que comprendía cada
curso, adicionalmente el instructor debía pasar unas hojas control, planes de trabajo
que le verificaban para proceder con el pago, inicialmente cada 15 días y luego cada
mes.

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Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

La labor de Alicia Macías Valencia era formar al humano, en procesos éticos del
ser, el desarrollo integral de la persona y también realizó capacitaciones a los
servidores del SENA. Además, era calificada por los estudiantes, los compañeros
de trabajo y el supervisor que era el coordinador, al igual que a todos los instructores
vinculados, aunque estos tenían un formato diferente, aunado a que, si no la
calificaban bien, le terminaban el contrato.

iv) Luz Mery Zapata Pérez de 62 años, tecnóloga química de la Universidad de
Antioquia, tecnóloga textil del SENA y licenciada en física y química de la
Universidad Católica de Oriente; ingresó a trabajar en el SENA como instructora en
el año 1994 en calidad de contratista y allí permaneció hasta julio de 1995, fecha en
la cual continuó vinculada pero inscrita en carrera administrativa en el cargo de
instructora de química y textiles hasta el año 2014 cuando se pensionó.

Conoció a la demandante en el SENA en el año 1996, cuando elaboraban las
normas de competencia laboral; fueron compañeras de trabajo ya que ambas eran
instructoras en el Centro Textil; contratistas y empleados de planta realizan iguales
funciones, participan en la elaboración de los programas de formación, en la
inducción de alumnos, en la escuela de padres, en la elaboración de las actividades
de aprendizaje, en la elaboración del material administrativo, las guías y materiales
didácticos, la alimentación de la plataforma Sofía Plus, entre otros; en la prestación
de sus servicios a la entidad, debían trabajar sábados y domingos, y tenían salidas
a dar clases a diferentes empresas.

La demandante no se vinculó como empleada del SENA, porque la entidad nunca
ofreció concurso en el que pudieran participar gerontólogos y además se realizaron
muy pocas convocatorias, al menos en el periodo en el que ella estuvo vinculada.
En el SENA existen varios grados de instructores que van del 1 al 20, estos están
asignados según los estudios y la antigüedad; a los contratistas les pagaban con
honorarios equiparables a los instructores del máximo nivel salarial, pero no les
reconocen prestaciones sociales que benefician de mejor manera a los de planta,
aunque trabajaran mucho más que una persona vinculada laboralmente.

Los instructores contratistas y de planta eran calificados por los alumnos y por el
área administrativa del SENA, a través de igual formato mediante la carpeta de
condiciones controladas en las que se incluían los documentos que respaldaban el
proceso de formación profesional en la parte humana y técnica del servidor, y a las
que se le otorgaba un puntaje.

Los instructores de planta se sometían a procesos disciplinarios, en tanto que los
contratistas, les llamaban la atención por escrito y se sometían a no volver a ser

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Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

contratados; y en tal sentido, ella hizo recomendaciones para contratar o no
nuevamente luego de valorar el trabajo realizado en los procesos de formación.

El horario de los contratistas lo establecía el coordinador académico de la
institución; los tiempos de formación que realizan los instructores de planta se
realiza en paralelo que con los contratistas; el único tiempo libre es en la semana
de la cofraternidad, que lo disfrutan ambos grupos, pero no se lo remuneran a los
contratistas. Los instructores de planta recibían primas de antigüedad y
quinquenales. Los contratos normalmente los suscribían en forma anual, salvo por
la época de diciembre; en algunas oportunidades, para no detener los procesos de
formación, se prestaba el servicio y con posterioridad se legalizaba la vinculación.
Las acciones de los gerontólogos son de formación humana para los instructores,
familias y alumnos.

v) Alba Lucía Hidalgo Gómez de 60 años, es tecnóloga en psicología industrial del
CEIPA, especialista en psicología organizacional de la Universidad San
Buenaventura; laboró en el SENA como instructora entre los años 2006 y 2015 en
los Centros de la Construcción, del Comercio y de Servicios, en el área de Desarrollo
Humano, siempre como contratista; también ha presentado demanda en contra de
la entidad. No se vinculó a la planta de personal porque no había convocatorias que
se lo permitieran.

Conoció a la demandante cuando ingresó al SENA en el año 2006 y tuvo con ella
una relación de tipo laboral. Se encontraban en las organizaciones a las que debían
asistir de acuerdo con el horario que les asignaban que podía superar las 8 horas
diarias de acuerdo con los módulos programados.

El SENA tenía muchas formas de controlar a los contratistas, les asignaba un
cuadro donde estaban las horas, las empresas, con grupo y código que estaba en
la plataforma de la entidad Sofía Plus, y los contratistas debían cumplir lo que el jefe
había establecido; el coordinador académico les señalaba el contenido de las clases
y las horas en que estas se impartían; les hacían auditorías eventuales. Algunos
módulos o ejes temáticos debían elaborarse desde ceros y eran señalados por el
SENA luego de escuchar los requerimientos de las organizaciones.

En la carpeta de condiciones controladas en el que se incluyen los horarios, el
módulo de competencias de formación, las tareas, los instrumentos de evaluación
del conocimiento, de desempeño, y por producto, todo lo cual se registra en un
cuadro de excel.

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Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

Los instructores suscribían contratos cada año, o cada 6 o 9 meses dependiendo
del presupuesto. Debió realizar actividades que estaban fuera del área de su
competencia

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Alicia del Socorro Macías
Valencia y el SENA.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

De las pruebas relacionadas, se tiene que la demandante prestó servicios como
gerontóloga al SENA a través de órdenes de trabajo y contratos de prestación de
servicios desde 1991 hasta el 2015.

En este punto, resulta necesario recordar que el tribunal descartó los periodos
anteriores al CPS 0002536 del 28 de enero de 2015, por cuanto i) entre los contratos
4176 del 9 de julio de 1991 y 4679 de 1992 transcurrieron más de 21 días; ii) la
actora no acreditó la existencia de contrato alguno entre 1993 y 1998, y el SENA
informó que no encontró ningún tipo de vinculación con la entidad por ese lapso;
iii) en los contratos 2468 del 12 de diciembre de 1998, 354 del 2 de abril de 2000,
0496 del 5 de mayo de 2000, 489 del 12 de junio de 2000, 0805 del 18 de octubre
de 2004, 0158 del 12 de marzo de 2004 y la orden de trabajo o servicios sin número
del 6 de octubre de 2000, no se logra establecer cuál fue el plazo para la prestación
del servicio pues su duración fue estipulada en horas; iv) el CPS 000092 de 2014
se encuentra incompleto y se desconoce el objeto y las partes contractuales; y
v) entre los años 2008 y 2015 mediaron interrupciones que implicaron que acaeciera
el fenómeno prescriptivo para los derechos reclamados antes del 2 de febrero de
2013 comoquiera que la reclamación administrativa se hizo el 2 de febrero de 2016.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará a continuación ¿cuáles fueron los
extremos temporales de la relación contractual? y para ello establecerá ¿qué
pruebas resultan útiles y conducentes para efectos de su acreditación?

En pronunciamientos anteriores59, esta Sala ha descartado la exigencia única de los
actos jurídicos que respaldan la prestación del servicio, pues ha encontrado que tal

59 Al respecto puede consultarse la sentencia del 9 de noviembre de 2023, radicado 23001-23-33-

000-2016-00569-01 (4318-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

consideración es producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a
partir de la cual se señala a cada medio el grado de convicción que representa y
descarta aquellos que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho. Que,
con todo, esas restricciones le restan autonomía al juez, quien en ejercicio de la
sana crítica puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con el cual
se cuenta y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción del que, a lo largo
del proceso, han hecho uso las partes.

Bajo tal perspectiva, y sin desconocer que en efecto el contrato estatal de prestación
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer
las necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado60, que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el
estatuto general de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato típico,
a la luz de lo dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su perfeccionamiento
se exige la solemnidad del escrito; ha señalado que esto no justifica que se imponga
como requisito para demostrar el elemento de la prestación del servicio61 que se
aporte al proceso judicial el aludido instrumento jurídico.

Lo anterior, pues, como se expuso, imponer una tarifa legal probatoria implicaría
abandonar la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle
vigencia a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través
de otros medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme
su propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la
conducta de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia
y materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá
exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar acreditado
en un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral encubierta, no
es la existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su formación, sino
i) la prestación efectiva de un servicio a favor de una entidad de orden estatal; ii) que
esta se haya desarrollado en forma subordinada; y iii) que como contraprestación
por los servicios haya recibido una remuneración62. Esto permite otorgarle vigencia
al principio de la primacía de la realidad sobre las formas a que alude el artículo 53

60 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de

2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
61 Como uno de los elementos determinantes que distinguen la relación laboral de las demás

modalidades de prestación de servicios a través de contratos estatales, los cuales se encuentran
previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
62 Se insiste que estos requisitos se encuentran previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del

Trabajo.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

de la Constitución Política y descarta la exigencia de un medio probatorio con un
valor previamente establecido. En otras palabras, la Sala ha recordado que no es el
acto jurídico por medio del cual se vincula a una persona a la función pública el que
determina su relación con el Estado, sino lo que en realidad evidencia dicha
relación.

Así, en el asunto que se analiza, la Sala encuentra que los certificados expedidos
por el SENA, las actas de inicio y terminación, las constancias de retención en la
fuente y las órdenes de pago dan cuenta de la prestación de los servicios de la
demandante, pues gozan de la presunción de autenticidad a la que alude el artículo
244 del CGP63, por tratarse de documentos emitidos por un servidor público
competente. En igual sentido lo dispone el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 201264
al eliminar la exigencia de autenticar los documentos producidos por las autoridades
públicas. Además, no fueron tachados de falso por la entidad esto es, no fueron
cuestionados en su contenido ni autenticidad.

63 «Artículo 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza

sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la
persona a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen,
se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho
en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.»
64 «Artículo 25. Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. <Aparte tachado INEXEQUIBLE>

Todos los actos de funcionario público competente se presumen auténticos. Por lo tanto no se
requiere la autenticación en sede administrativa o notarial de los mismos. Los documentos
producidos por las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones administrativas en
sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, tampoco requieren autenticación o
reconocimiento.
Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos
originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles o
verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo para el reconocimiento o pago de
pensiones.
Los documentos privados, tuvieren o no como destino servir de prueba en actuaciones
administrativas, incluyendo los provenientes de terceros, se presumen auténticos, mientras no se
compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con excepción de los poderes especiales y de
las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas
que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales deberán ser presentadas
personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la respectiva Cámara.
Las copias simples que expidan los notarios de los documentos que reposan en los respectivos
protocolos no se autenticarán, salvo que el interesado así lo solicite.»

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Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

Eso sí, debe advertirse que solo podrán tenerse acreditados los periodos que
cuenten con respaldo probatorio en el expediente. En tal sentido, aun cuando la
demandante alude a que la vinculación tuvo breves interrupciones que se debieron
a las vacaciones concedidas a los estudiantes, o al tiempo en que fueron vinculados
a través de una cooperativa denominada Precooperativa Protec, estas afirmaciones
se analizarán de conformidad con el material probatorio aportado.

Asimismo, debe señalarse que los contratos cuya duración se pactó en horas no
pueden ser descartados del análisis en relación con la prestación del servicio, pues
aun cuando la forma de establecer el periodo de ejecución no haya sido en días,
meses y años, tal y como se desprende del contenido de la Resolución 00642 de
2004 la jornada laboral semanal para los instructores del SENA es de 42.5 horas de
las cuales 32 deben dedicarse a las sesiones presenciales o desescolarizadas y las
siguientes 10 y media restantes, a la ejecución de otras actividades, tales como la
preparación de las sesiones, o la participación en comités y equipos pedagógicos.
De manera que es posible determinar el tiempo de servicios a partir de un objeto
contractual pactado en horas, calculando su duración con fundamento en 8,5 horas
diarias de trabajo.

En tal sentido es necesario ahondar en el análisis de cada uno de los periodos
acreditados en el expediente a partir de los documentos referidos en líneas
anteriores y por tal razón es preciso volver sobre los contratos celebrados, el objeto,
y la duración, a efectos de establecer los extremos temporales:

Fecha Fecha Duración
Contrato Objeto
inicio terminación pactada
[…] apoyar actividades relacionadas con el programa de
CPS 4176 9 de julio *8 de junio
"Plan de Acción Social" concretamente en las tareas que 11 meses
de 1991 de 1991 de 1992
al efecto le formule el SENA en el plan de operaciones
[…] apoyar actividades relacionadas con los programas
*15 de
CPS 4679 del Plan de Acción Social para el Área Metropolitana de 30 de julio 6 meses,
enero de
de 1992 Medellín, concretamente en las tareas que para el efecto de 1992 15 días
1993
le formule el SENA en el plan de operaciones
[…] por concepto de prestación de servicios, 21 de
OPS 2078 28 de julio
desempeñándose como instructora en el Centro de diciembre de -
de 1995 de 1995
Servicios a la Salud en el Área Metropolitana 1995
[…] por concepto de prestación de servicios, 18 de
OPS 0164 28 de junio
desempeñándose como instructora en el Centro de enero de -
de 1996 de 1996
Servicios a la Salud en el Área Metropolitana 1996
[…] por concepto de prestación de servicios,
22 de 18 de
OPS 4319 desempeñándose como instructora en el Centro de
noviembre diciembre de -
de 1996 Servicios a la Salud en el Área Metropolitana del
de 1996 1996
municipio de Medellín para desempeñarse como docente
31 de
OPS 5012 […] docente en el Centro de Servicios a la Salud, bajo la
diciembre - -
de 1996 modalidad de prestación de servicios
de 1996
[…] desempeñarse como docente en el Centro de 21 de
OPS 2468 30 de abril 345
Servicios a la Salud y/o Área bajo la modalidad de enero de
de 1998 de 1999 horas
"prestación de servicios" 1999

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

[…] servicios como facilitador al funcionario prejubilado
OPS 354 de para intervenir factores de riesgo relacionados con el 2 de abril
• -
2000 estado de salud relaciones interpersonales de tipo social de 2000
y familiar
OPS 0496 [ilegible] cultural con los funcionarios en preparación al 5 de mayo
• -
de 2000 retiro de 2000
[…] servir como facilitador al funcionario prejubilado para
OPS 489 de intervenir factores de riesgo relacionados con el estado 12 de junio *23 de junio
80 horas
2000 de salud - la dirección de relaciones interpersonales de de 2000 de 2000
tipo social y familiar - manejo de la [ilegible]
OPS sin […] pagar por concepto de conferencia "La familia, la 8 de
8 de octubre
número de más bella [ilegible] de amor", a dictarse el 8 de octubre octubre de -
de 2000
2000 de 2000, para el [ilegible] Familiar del Complejo Sur 2000
13 de
CPS 898 de Prestación de servicios como docente en promoción de 3 de febrero 210
septiembre
2002 la salud en el Centro de Servicios a la Salud de 2003 horas
de 2002
presta sus servicios para el Centro de Servicios de Salud 30 de
CPS 1422 14 de mayo 350
mediante contratos de prestación de servicios a término diciembre
de 2002 de 2003 horas
definido de 2002
facilitador al funcionario prejubilado para intervenir 26 de
OPS 0286 *1 de abril
factores de riesgo relacionados con el estado de salud, marzo de 40 horas
de 2003 de 2003
relaciones interpersonales de tipo social y familiar 2003
21 de 15 de
CPS 0348 700
mayo de noviembre
de 2003 horas
2003 de 2003
Prestación de servicios como docente de promoción de 3 de
CPS 1145 15 de marzo 408
la salud en el Centro de Servicios a la Salud Regional diciembre
de 2003 de 2004 horas
Antioquia de 2003
29 de 12 de
CPS 1664 900
diciembre diciembre de
de 2003 horas
de 2003 2004
23 de
OPS 0805 Desarrollo de la conferencia "una mirada a la familia de
octubre de - -
de 2004 hoy" para alumnos del Centro Metalmecánico
2004
12 de *26 de
OPS 0158 Facilitador al funcionario prejubilado, para intervenir
marzo de marzo de 80 horas
de 2004 factores de riesgo
2004 2004
17 de
CPS 2247 Prestación de servicios como instructor gerontología y 30 de abril 536
enero de
de 2004 geriatría en el Centro de Servicios de Salud de 2005 horas
2005
Prestación de servicios como instructor auxiliar
CPS 0021 2 de mayo 31 de mayo 350
gerontología y geriatría en el Centro de Servicios de
de 2005 de 2005 de 2005 horas
Salud
22 de
CPS 0022 *27 de junio 200
mayo de
de 2005 presta sus servicios para el Centro de Servicios de Salud de 2005 horas
2005
mediante contratos de prestación de servicios a término
*29 de
CPS 37 de definido 7 de julio 300
agosto de
2005 de 2005 horas
2005
Prestación de servicios como instructora de trabajo en
27 de 14 de
CPS 0042 equipo, liderazgo, motivación, calidad de vida laboral, 300
enero de agosto de
de 2006 pedagogía laboral y manejo de conflictos en el Centro horas
2006 2006
Nacional Textil
presta sus servicios para el Centro Nacional Textil 14 de 11 de
CPS 061 de 120
mediante contratos de prestación de servicios a término agosto de octubre de
2006 horas
indefinido 2006 2006
9 de *22 de
CPS 109 de 250
Prestación de servicios como instructora de ética, trabajo octubre de noviembre
2006 horas
en equipo, liderazgo, motivación, calidad de vida laboral, 2006 de 2006
CPS 152 de pedagogía laboral y manejo de conflictos en el Centro 29 de *26 de
333
2006 y Nacional Textil diciembre febrero de
horas
modificación de 2006 2007

39

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

13 de *17 de
CPS 0097 200
Prestación de servicios como instructor de adulto mayor septiembre octubre de
de 2007 horas
de 2007 2007
Prestación de servicios personales en la especialidad de 10 de
CPS 159 de 24 de junio 5 meses,
comunicación asertiva, solución de conflictos, calidad de diciembre de
2008 de 2008 15 días
vida y tercera edad en el Centro de Servicios de Salud 2008
Prestación de servicios personales como instructor en el 30 de *9 de
CPS 0073
área de pedagogía humana en el Centro de Servicios de enero de diciembre de 309 días
de 2009
Salud 2009 2009
Acompañamiento en el proceso de formación de las 20 de 22 de
CPS 0462 1 mes, 2
comunas de Medellín para desarrollar las metas noviembre diciembre de
de 2009 días
asociadas al plan 250 mil de 2009 2009
Prestación de servicios personales de carácter temporal
como instructor para impartir formación profesional
integral en términos de planeación y orientación de los 25 de 22 de
CPS 160 de
procesos enseñanza - aprendizaje - evaluación, en el enero de octubre de 9 meses
2010
área de teleinformática (ética y pedagogía humana) en 2010 2010
los niveles de formación titulada y complementaria que
orienta el Centro
Prestación de servicios personales de carácter temporal
CPS 11 de
por periodo fijo como instructora para el desarrollo 30 de junio 4 meses,
000481 de febrero de
humano y bienestar al aprendiz programa SENA en mi de 2011 19 días
2011 2011
barrio
Prestación de servicios profesionales de carácter
temporal por periodo fijo como instructor desarrollo
humano para impartir formación profesional integral para 15 de
CPS 888 de 7 de julio 5 meses,
población en situación de desplazamiento para dar diciembre de
2011 de 2011 15 días
cumplimiento a las metas 2011 de 2143 desplazados 2011
capacitados en el centro de servicios y gestión
empresarial
Atender procesos de ejecución de la formación
profesional, que impartes los centros de formación de la
regional […] apoyar acciones de desarrollo humano para 17 de
CPS 071 de 29 de junio
población vulnerable. Realizar acciones regionales con febrero de -
2012 de 2012
grupos de los centros de formación de la regional en los 2012
temas tales como proyecto de vida, manejo de conflictos
y pedagogía humana
CPS 15 de
10 de julio 5 meses,
001471 de Prestación de servicios personales de carácter temporal diciembre de
de 2012 9 días
2012 de un (1) profesional para apoyar acciones en Desarrollo 2012
CPS Humano para población vulnerable (Sena en Mi Barrio, 18 de 30 de 11
000943 de Desmovilizados y/o desplazados) y realizar acciones enero de diciembre de meses,
2013 regionales con grupos de los Centros de Formación de la 2013 2013 15 días
CPS Regional, en temas tales como proyecto de vida, manejo 13 de 13 de
000092 de de conflictos, pedagogía humana, entre otros enero de diciembre de 11 meses
2014 2014 2014
Prestación de servicios personales como instructor en el
CPS área de gestión del talento humano, para orientar 29 de 10
31 de mayo
0002536 de programas de formación profesional integral en el marco enero de meses,
de 2015
2015 del programa de formación complementaria en el Centro 2015 15 días
de Comercio

• Periodos en los que la fecha de terminación se calculó con la información que obra
en el expediente.

Así las cosas, contrario a lo señalado por el a quo, sí se encuentra acreditada la
prestación de los servicios de la demandante por el aludido periodo, puesto que,
para esta Subsección, los documentos aportados al expediente de los que se

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

pueden derivar los períodos de ejecución de los contratos, tienen el valor suficiente
para demostrar la prestación del servicio en el lapso reclamado, esto es entre el 9
de julio de 1991 y el 31 de mayo de 2015, salvo las interrupciones que se destacan
del cuadro anterior. Es pertinente precisar que la supuesta vinculación a través de
una cooperativa denominada Precooperativa Protec, no se acreditó en este
proceso.

2.4.1.2. Remuneración

Alicia del Socorro Macías Valencia percibió una remuneración por el trabajo
realizado, tal y como se evidencia en las certificaciones aportados y los contratos
de prestación de servicios que suscribió, en los que se advierte que se estipuló el
valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el
servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios
o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, la declaración
de parte y los testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por la
demandante no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que esta
estuvo sujeta a horarios por turnos, instrucciones y órdenes que son de naturaleza
subordinada pues atienden al control de un superior (coordinadores o líderes de
área) para ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de
ella hacia la entidad demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento
con la posibilidad de disponer de su servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación
correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del
SENA.

Los testimonios de Martha Elena Jiménez Saldarriaga, Olga Patricia Villada
Vásquez, Luz Mery Zapata Pérez, y Alba Lucía Hidalgo Gómez, así como la
declaración de la demandante, dan buena cuenta de las condiciones bajo las cuales
esta prestaba sus servicios al SENA, de las que se resalta que en ejercicio de sus
funciones cumplía un horario y seguía órdenes e instrucciones de los coordinadores
o líderes de área.

Ahora bien, todas aquellas coincidieron en que la entidad determinaba el número
de horas en que se impartía la formación, si era intra o extramural, el contenido de
los módulos de acuerdo con las necesidades de las empresas o aprendices, la
información que debía contener las carpetas controladas. Y aun cuando señalaron
que la demandante era la única especialista en la formación y que por tanto

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

elaboraba contenidos, no puede concluirse que por ello había concertación con la
contratista pues se evidenció que participaba en la elaboración de los programas,
actividades de aprendizaje y material administrativo, en la inducción de alumnos, en
la escuela de padres, diligenciaba las guías y materiales didácticos, alimentaba la
plataforma Sofía Plus, entre otros, todo por indicaciones de la entidad, por lo que
más allá de una negociación, se trataba de una exigencia cubierta por aquella.

Sus manifestaciones dejan ver que la actividad desplegada por Alicia del Socorro
Macías Valencia se realizó de conformidad con las orientaciones emanadas del
centro educativo y no bajo su propia dirección y gobierno; y esto se corrobora de las
pruebas documentales aportadas, pues a través de correos electrónicos se le
señalaron actividades a realizar como charlas, reuniones y eventos en general;
razón por la cual esta Sala encuentra que, contrario a lo señalado por la entidad
recurrente, las manifestaciones de las testigos sí encuentran respaldo en los demás
medios probatorios.

Por todo lo anterior, resulta evidente que el empleador impuso las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que
la trabajadora desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de
independencia.

Esto se advierte también luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las
funciones que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos
entre los extremos procesales, de los testimonios recibidos en el proceso, la
declaración de parte y demás pruebas documentales aportadas, como las
certificaciones y reconocimiento por la labor realizada en las diferentes empresas
enviada por el SENA. En ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución
necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración
bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia
de una relación laboral subordinada, pues es incuestionable el ánimo de la entidad
contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios de la
demandante.

Así, Alicia del Socorro Macías Valencia prestó sus servicios al SENA como
instructora, capacitadora y docente en los distintos centros de la entidad, en
atención al adulto mayor en el Centro de Servicios de Salud, como instructora de
trabajo en equipo, liderazgo, motivación, calidad de vida laboral, pedagogía laboral
y manejo de conflictos, en el área de pedagogía humana y acompañamiento en el
proceso de formación de las comunas de Medellín, en desarrollo humano y
bienestar del aprendiz, todo esto por un poco más de 18 años y en consideración a
su formación profesional y experiencia en la entidad.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

En virtud de ello ejecutó obligaciones como «coordinar y apoyar con los centros de
formación todas las acciones que acompañen el proceso formativo en el marco de la
estrategia Sena en Mi Barrio y/o Galileo», «coordinar y apoyar a los centro de formación
todas las acciones que acompañen el proceso formativo en el marco de desarrollo del ser
[…] hacer acompañamiento a los aprendices y brindarles la asesoría requerida, en los
temas integrales del ser con el fin de apoyar la ejecución de la formación […] apoyar las
acciones requeridas por las entidades con convenios nacionales y especiales […] ser
canalizador de información y establecer estrategias para evitar la deserción de aprendices»,
«dictar las horas previstas para el desarrollo de los módulos en la forma que determine el
Centro desde la esencialidad a otras metodologías […] entregar al coordinador
académico el informe de notas de los aprendices en un plazo máximo de ocho (8) días
después de la terminación del curso […] participar en los comités de evaluación y
seguimiento ordinarios y extraordinarios que se programen para los aprendices […] reportar
en el Sistema Sofía Plus en un plazo máximo de tres días, todas las actividades de acuerdo
con los procesos que son de su responsabilidad […] comunicar al coordinador académico
oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el
registro de la información», entre otras. Estas actividades evidencian una labor
dependiente de la entidad contratante, de sus directrices, objetivos, misión, y en
general del esquema académico o de formación previsto por el SENA, es decir que
estas tienen relación de correspondencia con el ejercicio del poder subordinante por
parte del empleador.

Asimismo, se advierte que la misión del SENA es la de prestar «cumplir la función que
le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del país»65, función que cumple en desarrollo
de su actividad y que guarda similitud con las actividades desempeñadas por la
demandante, es decir, esta ejecutó labores que permitían el desarrollo del objeto
misional de la entidad, tal como coincidieron en señalarlo las testigos, pues la labor
formadora es de carácter permanente.

Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
instructor o formador al servicio del SENA, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual,
puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.

Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la

65 Ley 119 de 1994, artículo 2.

43

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»66.

Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su
empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»67.

Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto que
el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a medidas
u órdenes del SENA, a saber: la imposición de un horario y/o el cumplimiento de un
esquema formativo, la sujeción a directrices de los coordinadores o líderes de área
de las que se resalta el ejercicio del ius variandi al establecerle responsabilidades
particulares en cuanto a los programas de formación, aprendices, empresas
usuarias, y actividades curriculares, lo que demuestra que la entidad, en su calidad
de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de la demandante
y lo que denota la existencia de una indiscutible subordinación.

Ahora bien, la Sala echa de menos que pese a las disposiciones contenidas en la
Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas temporales
que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio formativo,
máxime cuando se encuentra la acreditación de la existencia del cargo de instructor
en la planta de personal del SENA, cargo que tenía asignadas iguales funciones a
las que desarrollaba Alicia del Socorro Macías Valencia. Por lo tanto, la ausencia
de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue contratada
la demandante no es un argumento que enerve las consideraciones expuestas en
esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad y
desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la
entidad por espacio de más de 18 años.

De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, la demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el
contrato de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la
expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para

66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
67 Ibidem.

44

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»68,
tal y como lo señala el artículo 53 de la Constitución Política.

Así las cosas, se encuentra demostrada la existencia de los elementos de la relación
laboral de acuerdo con los contratos de prestación de servicios y las demás pruebas
documentales y testimoniales practicadas.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación69 dispuso que:

«[…] 150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

68 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de

septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

45

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse […]».

Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales […]».

Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

«[…]

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).

Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual»70.

70 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 2 de febrero de 2016
y existió una interrupción injustificada superior a 30 días hábiles entre los lapsos en
que se declaró la existencia de una relación laboral, ello implicó la solución de
continuidad en la prestación del servicio y la exigencia de presentar la reclamación
administrativa dentro de los 3 años siguientes; por lo que se determinará que
acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción de las prestaciones sociales a que
tiene derecho antes del 17 de octubre de 2007. Lo anterior se advierte en el
siguiente recuento:

Interrupción en días
Contrato Fecha inicio Fecha terminación
hábiles
CPS 4176 de 1991 9 de julio de 1991 *8 de junio de 1992
CPS 4679 de 1992 30 de julio de 1992 *15 de enero de 1993 36
OPS 2078 de 1995 28 de julio de 1995 21 de diciembre de 1995 624
OPS 0164 de 1996 18 de enero de 1996 28 de junio de 1996 18
OPS 4319 de 1996 22 de noviembre de 1996 18 de diciembre de 1996 100
OPS 5012 de 1996 31 de diciembre de 1996 - 9
No puede calcularse por
desconocerse la fecha de
OPS 2468 de 1998 21 de enero de 1999 30 de abril de 1999
terminación del contrato
anterior
OPS 354 de 2000 2 de abril de 2000 - -
OPS 0496 de 2000 5 de mayo de 2000 - -
No puede calcularse por
desconocerse la fecha de
OPS 489 de 2000 12 de junio de 2000 *23 de junio de 2000
terminación de los contratos
anteriores
CPS 898 de 2002 13 de septiembre de 2002 3 de febrero de 2003 542
CPS 1422 de 2002 30 de diciembre de 2002 14 de mayo de 2003 -

OPS 0286 de 2003 26 de marzo de 2003 *1 de abril de 2003 -

CPS 0348 de 2003 21 de mayo de 2003 15 de noviembre de 2003 34

CPS 1145 de 2003 3 de diciembre de 2003 15 de marzo de 2004 12

CPS 1664 de 2003 29 de diciembre de 2003 12 de diciembre de 2004 -

OPS 0158 de 2004 12 de marzo de 2004 *26 de marzo de 2004 -
CPS 2247 de 2004 17 de enero de 2005 30 de abril de 2005 25

CPS 0021 de 2005 2 de mayo de 2005 31 de mayo de 2005 1

CPS 0022 de 2005 22 de mayo de 2005 *27 de junio de 2005 -

CPS 37 de 2005 7 de julio de 2005 *29 de agosto de 2005 8
CPS 0042 de 2006 27 de enero de 2006 14 de agosto de 2006 105

47

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

CPS 061 de 2006 14 de agosto de 2006 11 de octubre de 2006 0
CPS 109 de 2006 9 de octubre de 2006 *22 de noviembre de 2006 -

CPS 152 de 2006
29 de diciembre de 2006 *26 de febrero de 2007 -
y modificación

CPS 0097 de 2007 13 de septiembre de 2007 *17 de octubre de 2007 133
CPS 159 de 2008 24 de junio de 2008 10 de diciembre de 2008 168
CPS 0073 de 2009 30 de enero de 2009 *9 de diciembre de 2009 -
CPS 0462 de 2009 20 de noviembre de 2009 22 de diciembre de 2009 -

CPS 160 de 2010 25 de enero de 2010 22 de octubre de 2010 22

CPS 000481 de
11 de febrero de 2011 30 de junio de 2011 77
2011

CPS 888 de 2011 7 de julio de 2011 15 de diciembre de 2011 5

CPS 071 de 2012 17 de febrero de 2012 29 de junio de 2012 46
CPS 001471 de
10 de julio de 2012 15 de diciembre de 2012 7
2012
CPS 000943 de
18 de enero de 2013 30 de diciembre de 2013 22
2013
CPS 000092 de
13 de enero de 2014 13 de diciembre de 2014 9
2014
CPS 0002536 de
29 de enero de 2015 31 de mayo de 2015 31
2015

En efecto, si bien entre los contratos 888 de 2011 y 071 de 2012; y 000092 de 2014
y 0002536 de 2015, hubo interrupciones superiores a 30 días hábiles (46 y 31,
respectivamente), estas se encuentran justificadas en el periodo de vacaciones de
los aprendices del SENA, pues se dieron entre diciembre y enero. Es así que la
interrupción que implica el acaecimiento del fenómeno jurídico de la prescripción
extintiva es aquella que se presenta entre los contratos 160 de 2010 y 000481 de
2011, pues el primero terminó el 22 de octubre de 2010 y el segundo inició el 11 de
febrero de 2011, sin que se haya acreditado una razón que justifique tal interrupción.

En tal sentido, y ante dicha interrupción, la oportunidad para que la demandante
presentara la reclamación venció el 22 de octubre de 2013. No ocurrió esto en
relación con los demás contratos pues no transcurrió un lapso superior a tres años
para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la relación laboral y por
ende el pago de los salarios y prestaciones correspondientes.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

Con base en todo lo anterior, se establece que Alicia del Socorro Macías Valencia
tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de
prestaciones legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, con base

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

en el salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones,
correspondiente a los periodos en los que no operó el fenómeno prescriptivo, esto
es entre el 11 de febrero de 2011 y el 31 de mayo de 2015, salvo sus interrupciones.

Sin embargo, el SENA deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional
de Alicia del Socorro Macías Valencia, que corresponde a los salarios de un
empleado de planta que desarrollara funciones de instructor por todos los
periodos laborados, por su carácter de imprescriptibles71, para lo cual deberá cotizar
al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para estos efectos, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.

En este punto corresponde analizar los argumentos de la entidad recurrente, según
la cual es un error que se haya ordenado pagar las prestaciones sociales comunes
propias de los empleados públicos, pues desconoce que los contratistas no se
vincularon a través de una relación legal y reglamentaria y que, además, en la
entidad se reconocen ciertos emolumentos luego del cumplimiento de unos
requisitos como la permanencia; por lo que, equiparar la condición de la
demandante con una persona de carrera es absolutamente contraria a la
Constitución Política y la ley.

Sin embargo, contrario a lo considerado por el SENA, las consideraciones
expuestas a lo largo de esta decisión se fundamentan en el principio de «a trabajo
igual salario igual», que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales72 frente al cual la Corte Constitucional ha
señalado que la remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con
los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se
encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad

71 Sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, expediente con radicación
23001233300020130026001 (0088-2015).
72 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).

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Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

de reglas cuando se trata de hipótesis distintas73.

En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Alicia del Socorro Macías Valencia debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un instructor de planta, en la medida en que
realizaba iguales funciones a las suyas.

Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán
ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia74 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público […]», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido
principio de «a trabajo igual salario igual».

En consideración a esto, a la actora le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones de carácter legal que devengara un instructor de la entidad
demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como vacaciones,
primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.

Por tal razón, como lo estableció el a quo, la entidad deberá calcular las
prestaciones de orden legal, para lo cual tomará como referente los salarios de un
empleado de planta, en el periodo reconocido y frente al cual no operó la
prescripción.

Si bien en oportunidades anteriores esta Subsección ha señalado que por el
reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales»75; esta Sala modifica su postura para señalar que en
estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta, además, el
reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo devengado por los
empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron pagados a los
contratistas.

Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad

73 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
74 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
75 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales76, en virtud de los cuales le corresponde al juez
proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus
condiciones laborales.

En efecto situaciones como las descritas en el sub judice plantean un dilema que
debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite
vaciar el contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que los de
los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe existir
proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una lógica
consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»77.

Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones idénticas a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominada honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.

Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las
diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.

De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en material laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues la contratista fue remunerada en
forma disímil a los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.

Sobre el particular, valga señalar que la Corte Constitucional ha indicado que en
«tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a
efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma

76 Artículo 53 de la Constitución Política.
77 Sentencia T-102 de 1995.

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Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente»78,
esto efectiviza y asegura la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido,
la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales impone un
cambio en el papel del juez que se sustenta entre otras en la «aplicación preferente
de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador que
debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento
jurídico […] La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), más aún
cuando este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la vigencia
de los derechos fundamentales»79.

Así las cosas, la negativa a reconocer el reajuste salarial constituye no solo una
violación a la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino también
a los tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor del
artículo 93 de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.

De acuerdo con lo anterior, toda vez que se acreditó la existencia del cargo de
instructor en el SENA, es procedente el reconocimiento y pago de las diferencias
que resulten entre lo que recibió aquella por concepto de honorarios y lo que debió
percibir, en igualdad de condiciones de dicho cargo de la entidad. En este sentido,
se adicionará la sentencia de primera instancia para así ordenarlo.

Contrario a lo señalado por la demandante en el recurso de apelación, es
improcedente la devolución de las retenciones efectuadas, en consideración a lo
dispuesto por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 13 de
mayo de 201580, según la cual «no hay lugar a ordenar la devolución de los descuentos
realizados al actor por concepto de retención de la fuente, pues si bien es cierto se
desnaturalizó la vinculación de origen contractual, también lo es que la declaración de la
existencia de dicha relación no implica per se la devolución de sumas de dinero que se
generaron en virtud de la celebración contractual, pues la finalidad del restablecimiento de
derecho es el reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales dejados de
percibir con la relación laboral oculta más no la devolución de sumas pagadas con ocasión
del contrato81».

En igual sentido, se revocará la orden de reintegro de las sumas que Alicia del
Socorro Macías Valencia pagó por concepto de aportes para la Seguridad Social en
Pensión y Salud por ser improcedente, toda vez que, tal como lo ha venido señalado

78 Sentencia C-197 de 1999.
79 Sentencia SU-039 de 1997.
80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 13

de mayo de 2015. Expediente: 68001233100020090063601 (1224-2014). M.P.: Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
81 «Ver Sentencia de 17 de noviembre de 2011 proferida por esta Subsección, M.P. Víctor Hernando

Alvarado Ardila, Expediente N. 25000232500020080065501 (1422-2011)».

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Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

esta corporación82, a pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de
una relación laboral encubierta o subyacente, en función de su naturaleza
parafiscal83, estos recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico
y, por tanto, independientemente de que se haya prestado o no el servicio, no
constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad es garantizar la
prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el
sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el
actor ejercer»84.

Así las cosas, por lo analizado a lo largo de esta providencia, la Sala modificará la
sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma85.

82 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288

01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
83 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001

23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
84 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288

01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
85 En este sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y revocará la
condena impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el análisis aquí
expuesto.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Alicia del Socorro Macías Valencia y el SENA y la entidad demandada en los
periodos comprendidos entre el 9 de julio de 1991 y el 31 de mayo de 2015, salvo
sus interrupciones. Sin embargo, las prestaciones a que tiene derecho en virtud de
la prestación de sus servicios en el periodo comprendido entre el 9 de julio de 1991
y el 22 de octubre de 2010 se extinguieron en virtud de la prescripción, pero será
tenido en cuenta para efectos pensionales.

A diferencia de ello, por los periodos restantes, esto es del 11 de febrero de 2011 al
31 de mayo de 2015, la demandante tiene derecho al reconocimiento de las
prestaciones de orden legal, para lo cual la entidad tomará como referente los
salarios de un empleado de planta que desarrollaba funciones de instructor en dicho
periodo, cargo respecto del cual se demostró su existencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia proferida el 8 de septiembre
de 2020, por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, declarar no
probada la excepción propuesta por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
denominada «inexistencia de relación laboral», de conformidad con lo expuesto en
esta decisión.

Segundo. Modificar los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia
proferida el 8 de septiembre de 2020, por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
los cuales quedarán así:

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 2-2016-000560 del 4 de febrero de
2016, expedido por la coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en tanto negó el reconocimiento
de una relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones solicitadas
por Alicia del Socorro Macías Valencia como consecuencia de la suscripción y
ejecución de los contratos de prestación de servicios, entre el 9 de julio de 1991
y el 31 de mayo de 2015, salvo sus interrupciones, de conformidad con los
argumentos expuestos en esta decisión.

Tercero. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho:

3.1. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a pagar en favor de
Alicia del Socorro Macías Valencia las prestaciones sociales comunes a su
cargo, propias de los empleados públicos, las cuales deberán liquidarse con
base en la asignación salarial del cargo instructor durante los periodos
comprendidos entre el 11 de febrero de 2011 y el 31 de mayo de 2015.

3.2. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a reconocer a Alicia
del Socorro Macías Valencia las diferencias que resulten entre lo que recibió
aquella por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de
condiciones respecto del cargo de instructor.

Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción extintiva de los
derechos laborales y prestaciones sociales derivados de los contratos u órdenes
de prestación de servicios suscritos entre Alicia del Socorro Macías Valencia y
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), causadas entre el 9 de julio de
1991 y el 22 de octubre de 2010, excepto en lo relacionado con los tiempos y
aportes al sistema general de seguridad social.

En consecuencia, condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que
tome el ingreso base de cotización o IBC de la demandante, dentro de los
períodos laborados por prestación de servicios, esto es, entre el 9 de julio de
1991 y el 31 de mayo de 2015, salvo las interrupciones, mes a mes, y efectúe
las cotizaciones al sistema de seguridad social, solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador, las cuales deberán liquidarse con base en la
asignación salarial del cargo de instructor.

Tercero. Revocar la orden de reintegro de las sumas que Alicia del Socorro Macías
Valencia pagó por concepto de aportes para la Seguridad Social en Pensión y Salud
y, en su lugar, negar tal pretensión.

Cuarto. Revocar el ordinal séptimo de la sentencia proferida el 8 de septiembre de
2020, por el Tribunal Administrativo de Antioquia y en su lugar se dispone no
condenar en costas de primera instancia.

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021)
Demandante: Alicia del Socorro Macías Valencia

Quinto. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 8 de septiembre de
2020, por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió de manera parcial a
las pretensiones de la demanda incoada por Alicia del Socorro Macías Valencia
contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Sexto. No condenar en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA

56

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