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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00016-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00016-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)1
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: vigilante – conserje. Subtema 2:
elementos de la relación laboral.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, el 4 de abril de 2024, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El accionante, quien prestó sus servicios como vigilante mediante contratos de
prestación de servicios, en establecimientos educativos del municipio de Pereira,
solicita la nulidad del oficio que negó la existencia de la relación laboral. El Tribunal
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en tanto negó algunas de las
acreencias solicitadas, y ordenó el pago de las prestaciones sociales ordinarias. La
entidad interpuso apelación para insistir en que no se probó una relación laboral con
el demandante, pues la supervisión, el horario y el lugar de prestación del servicio
correspondían a la coordinación propia del contrato de prestación de servicios, y no a
subordinación. Subsidiariamente, solicitó que se declarara la prescripción de los
derechos causados. Por otro lado, el demandante interpuso el recurso, de manera
parcial, dado que la decisión no reconoció horas extra y dominicales, el pago de las
cotizaciones a la caja de compensación familiar, y la devolución de los aportes al
sistema de seguridad social integral.

La Subsección confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto

1 Expediente electrónico.

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

se acreditaron los elementos para declarar la existencia de una relación laboral en
algunos de los periodos reclamados y, como consecuencia de ello, ordenar el
reconocimiento de las prestaciones sociales, en los términos precisados en esta
providencia.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Julián Andrés Villada Granada, mediante apoderado judicial, presentó demanda
el 25 de enero de 20212, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra el municipio de Pereira con las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad del Oficio núm. 14874 [23443] del 22 de julio de 2020,
proferido por el municipio de Pereira, Secretaría de Educación, que negó el
reconocimiento de la relación laboral.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se declare la existencia de
una relación laboral durante el periodo en que prestó sus servicios a favor de la
entidad, entre 2011 hasta la fecha de presentación de la demanda [25 enero de 2021],
en el empleo de vigilante. También pidió el pago de las prestaciones sociales como
«prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, cesantías, intereses a las
cesantías, auxilio de transporte, bonificación por recreación, dotación, auxilio de
alimentación, horas extras diurnas, nocturnas, recargos nocturnos, dominicales y
festivos»; asimismo que se le pague, porcentajes de cotización correspondientes a
pensión, con su respectivo cálculo actuarial y sanciones, salud y riesgos profesionales,
durante el tiempo que se prolongó la relación laboral.

4. De igual manera, solicitó el reconocimiento y pago de los valores que debieron
aportarse a la caja de compensación familiar durante el tiempo que duró la relación
laboral. Igualmente, que se declare que el tiempo cotizado por concepto de pensiones
sea computado para efectos pensionales y que se pague un día de salario por pago
tardío hasta que se haga efectivo el cumplimiento de las obligaciones salariales y
prestacionales. Adicionalmente, requirió que las sumas adeudadas sean indexadas.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. Julián Andrés Villada Granada celebró contratos de prestación de servicios
consecutivos, para ejercer como vigilante y conserje, desde julio de 2011 hasta la
fecha de presentación de la demanda, con la Secretaría de Educación del municipio

2 Ver Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación

«Reparto y Radicación», documento «4_004ACTAREPARTO(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1».

2

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Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

de Pereira, con horario de trabajo de lunes a domingo, en jornadas diurnas o
nocturnas. El accionante relató que cumplía órdenes de sus jefes inmediatos, prestó
el servicio de manera personal y subordinada, sin que existiera autonomía en el
cumplimiento de sus funciones.

7. El 1 de julio de 2020, presentó una petición ante el municipio de Pereira para
que se declarara la existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales. En respuesta, el Oficio núm. 14874 [23443] del [22] de julio de 2020, expedido
por la directora administrativa de Talento Humano de esa entidad, negó lo solicitado.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. La demanda cita las siguientes normas vulneradas: artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28,
53, 90, 209, 229 y 300 de la Constitución Política; 23 del Código Sustantivo del Trabajo;
1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; Decreto 1848 de 1969; Ley 100 de 1993; Decreto
1295 de 1994; Ley 21 de 1982; 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011 y Decreto 19 de 2012.

9. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante fundamentó sus
pretensiones en el principio de primacía de la realidad sobre las formas, previsto en el
artículo 23 de la Constitución Política, según el cual, sin importar la denominación
formal del vínculo, si se acreditan la prestación personal del servicio, la remuneración
y la subordinación, debe reconocerse la existencia de una verdadera relación laboral,
sin que resulte determinante la denominación formal dada al contrato.

10. Sostuvo que el contrato de prestación de servicios tiene carácter excepcional y
solo procede para actividades que no puedan realizarse con personal de planta o que
requieran conocimientos especializados, sin que sea admisible su utilización para
atender funciones permanentes de la administración. Afirmó que el elemento
determinante para distinguirlo del vínculo laboral es la subordinación, entendida como
la facultad de impartir órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad de trabajo, así como
la imposición de reglamentos.

11. Finalmente, con apoyo en la sentencia de unificación del Consejo de Estado3,
expuso que, una vez demostrada la relación laboral encubierta, procede el
reconocimiento de las prestaciones dejadas de percibir y del tiempo de servicios para
efectos pensionales, a título de restablecimiento del derecho. Asimismo, precisó que
la reclamación de prestaciones derivadas del contrato realidad está sujeta al término
prescriptivo de tres años desde la terminación del vínculo contractual, salvo lo relativo
a los aportes al sistema pensional, por tratarse de derechos imprescriptibles y de
naturaleza periódica.

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

3

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Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

2.2. Contestación de la demanda

12. El municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que el demandante no laboró para la entidad en condición de empleado público ni de
trabajador oficial, sino que suscribió órdenes o contratos de prestación de servicios
para desarrollar actividades de apoyo relacionadas con el funcionamiento de la
administración, en los términos del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Por
ello, afirmó que esos vínculos no generaban relación laboral ni prestaciones sociales.

13. Afirmó que el actor ejecutó los contratos de manera libre y voluntaria, bajo las
condiciones propias de la contratación estatal, y que no se acreditaron los elementos
de una relación laboral, en especial, la subordinación o dependencia. Señaló que las
eventuales instrucciones impartidas obedecían a la coordinación y supervisión del
objeto contractual, no al ejercicio de poder subordinante.

14. Propuso las excepciones de «inexistencia de causa para demandar y cobro de
lo no debido», al considerar que no nació obligación alguna a cargo del municipio y
que el acto administrativo demandado se ajustó a la legalidad. Asimismo, formuló la
excepción de «buena fe», con fundamento en que la entidad actuó convencida de la
validez de los contratos celebrados y pagó los honorarios pactados, sin que de ello se
derivara la obligación de reconocer salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones
propias de una relación laboral.

15. Finalmente, alegó la «prescripción», al manifestar que, en caso de prosperar las
pretensiones, debía aplicarse el término trienal previsto para los derechos laborales.
En ese sentido, indicó que la solicitud administrativa se presentó el «22 de julio de
2020», por lo que los periodos anteriores al término legal, así como aquellos separados
por interrupciones relevantes, debían entenderse prescritos. Resaltó una interrupción
significativa, entre el 30 de diciembre de 2018 y el 21 de enero de 20204.

2.3. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 4 de abril de
2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
En este sentido, declaró la nulidad del oficio demandado y concluyó que no operó el
fenómeno de la prescripción. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho
ordenó:

3. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira a pagar en favor del señor Julián Andrés
Villada Granada las prestaciones laborales dejadas de percibir durante los períodos de
vinculación del demandante con dicha entidad, mediante contratos de prestación de

4 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 11, actuación «Recibe

memoriales», documento «15_015CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 11(.PDF) NroActua 11».

4

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Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

servicios, entre el 1º de julio de 2011 y el 28 de diciembre de 2020, así:

FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN
01-07-2011 31-10-2011
01-11-2011 31-12-2011
02-01-2012 29-02-2012
01-03-2012 30-06-2012
01-08-2012 15-09-2012
16-09-2012 31-10-2012
01-11-2012 11-12-2012
12-12-2012 30-12-2012
02-01-2013 30-05-2013
01-06-2013 15-08-2013
16-08-2013 15-09-2013
16-09-2013 15-10-2013
16-10-2013 31-10-2013
01-11-2013 31-12-2013
02-01-2014 30-04-2014
01-05-2014 30-06-2014
01-07-2014 30-07-2014
04-08-2014 03-11-2014
04-11-2014 31-12-2014
02-01-2015 01-04-2015
02-04-2015 15-06-2015
16-06-2015 31-12-2015
01-01-2016 30-01-2016
01-02-2016 31-12-2016
02-01-2017 01-03-2017
02-03-2017 30-12 -2017
03-01-2018 02-11-2018
03-11-2018 30-12-2018
22-01-2020 21-07-2020
04-09-2020 28-12-2020

4. CONDÉNASE a la entidad demandada al pago de las diferencias prestacionales entre
los valores que fueron reconocidos y pagados en favor del señor Julián Andrés Villada
Granada, en virtud de su vinculación como trabajador en misión, por el período
comprendido entre el 30 de abril de 2019 y el 30 de diciembre de 2019, y las percibidas
por el personal de planta de la demandada con cargo similar (vigilante) y que no fueron
cubiertas por el tercero empleador, dentro del marco de las consideraciones del presente
proveído, salvo las interrupciones.

5. La entidad demandada condenada deberá tomar en cuenta los honorarios pagados
en virtud de los contratos de prestación de servicios, así como los salarios pagados por
trabajo en misión dentro de los períodos señalados en los numerales que anteceden y
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional del actor, mes a mes, a fin de
establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por el contratista o trabajador
en misión y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero

5

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos,
la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los
vínculos y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador, según lo analizado en los acápites pertinentes de esta
sentencia.

6. El tiempo laborado por contrato de prestación de servicios y en misión, que ha
quedado señalado en los numerales 3 y 4 de esta parte resolutiva, se debe computar
para efectos pensionales.

7. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará lo
señalado en la parte motiva de este fallo.

8. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos
en el artículo 192 del CPACA. Para lo anterior se enviará la copia respectiva del acta a
la Procuraduría Regional, para los efectos del artículo 75 numeral 12 del Decreto 262 de
2000.

9. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, por lo vertido en la parte motiva de
esta sentencia.
[…]. (Sic para la cita)

17. Como fundamento de la decisión, el Tribunal expuso que el demandante tiene
derecho al reconocimiento de la relación laboral y al pago de las prestaciones sociales,
puesto que demostró la prestación personal del servicio en labores de vigilancia y
conserjería, con unas funciones que no tuvieron carácter transitorio, sino que fueron
prolongadas en el tiempo y con el cumplimiento de horario de trabajo.

18. Así, encontró acreditada la prestación personal del servicio y la remuneración,
pues obran certificaciones y contratos entre el 1 de julio de 2011 y el 28 de diciembre
de 2020. También tuvo en cuenta que en el año 2019, el demandante estuvo vinculado
a la empresa «Estatal de Seguridad Limitada»; sin embargo, solo consideró probado
el vínculo con el municipio entre el 30 de abril y el 30 de diciembre de 2019, lapso
coincidente con el contrato celebrado entre esa empresa y el ente territorial para
prestar vigilancia en instituciones educativas.

19. Además, tuvo por acreditada la subordinación a partir del contenido de los
contratos, las funciones asignadas —control de ingreso, apertura y cierre de accesos,
vigilancia, cuidado de bienes y cumplimiento de turnos— y el testimonio de Luis
Mauricio Ríos Cardona, quien afirmó que el actor recibía órdenes de la rectora y del
coordinador, cumplía turnos de 12 horas, debía pedir autorización para ausentarse y
ejecutaba labores similares a las de celadores de planta.

6

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Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

20. Concluyó que las funciones de vigilancia o conserjería no eran autónomas,
ocasionales ni especializadas, sino permanentes y necesarias para el funcionamiento
de los establecimientos educativos. Por ello, declaró desvirtuada la autonomía propia
del contrato de prestación de servicios y acreditada la subordinación, elemento
diferenciador de la relación laboral. En consecuencia, tuvo por configurado el contrato
realidad (relación laboral encubierta) durante los periodos de vinculación directa y
durante el lapso probado como trabajador en misión, sin que ello implicara otorgar al
actor la calidad de empleado público.

21. En lo que respecta al fenómeno de la prescripción, el Tribunal aplicó la regla de
la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, según
la cual la interrupción superior a 30 días hábiles puede romper la unidad del vínculo
para efectos del cómputo prescriptivo. Así, aunque identificó una interrupción de 81
días hábiles entre el 30 de diciembre de 2018 y el 29 de abril de 2019, consideró que
no operó la prescripción, porque la reclamación administrativa se presentó el 1.º de
julio de 2020 y la demanda el 22 de enero de 2021, esto es, dentro de los tres años
siguientes al rompimiento del vínculo contractual. Por tanto, reconoció el derecho al
pago de prestaciones laborales por los periodos comprendidos entre el 1.º de julio de
2011 y el 28 de diciembre de 2020, —salvo las interrupciones—, así como las
diferencias prestacionales del periodo trabajado en misión entre el 30 de abril y el 30
de diciembre de 2019.

22. En lo relativo al restablecimiento del derecho: (i) ordenó pagar al actor las
prestaciones laborales causadas durante los periodos en que se configuró la relación
laboral encubierta, entre el 1.º de julio de 2011 y el 28 de diciembre de 2020, salvo
interrupciones, incluida la vinculación a través de la empresa «Estatal de Seguridad».
También dispuso (ii) ajustar el IBC pensional y trasladar al fondo únicamente el
porcentaje que correspondía al municipio como empleador, sin ordenar pagos directos
al demandante por aportes a seguridad social. A su vez, (iii) negó las cotizaciones a
caja de compensación, la sanción moratoria y el trabajo suplementario —en torno a la
solicitud de pago de horas extras, dominicales y festivos—, por falta de presupuestos
probatorios, y ordenó actualizar las sumas reconocidas con el IPC.

23. El Tribunal no impuso condena en costas, al considerar que no se causaron, en
aplicación del numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso5.

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. Demandante

24. La parte demandante interpuso recurso de apelación parcial contra la sentencia
de primera instancia. La inconformidad se dirigió en la decisión de negar el trabajo

5 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 47, actuación
«Sentencia Primera Instancia».

7

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Demandado: Municipio de Pereira

suplementario —horas extra, dominicales, feriados y recargos nocturnos—, los pagos
relativos a la caja de compensación familiar y la devolución de aportes al sistema de
seguridad social integral.

25. Sostuvo que, al haberse demostrado la existencia de una relación laboral en
aplicación del principio de primacía de la realidad, debía reconocerse al demandante
el pago de los mismos derechos laborales de un empleado de planta que ejercía
iguales funciones. Añadió que las horas extras, dominicales, festivos y recargos
nocturnos sí fueron acreditados, no solo con testimonios, sino también con las minutas
aportadas, en especial, las correspondientes al periodo comprendido entre 2011 y
2016.

26. Cuestionó la decisión de negar los aportes a la caja de compensación familiar. A
juicio del demandante, aunque tengan naturaleza parafiscal, dichos pagos debieron
efectuarse porque el actor cumplía los requisitos legales, entre ellos, la permanencia,
el límite salarial, la intensidad horaria y la existencia de personas a cargo. Para
sustentar esto último, invocó los registros civiles de nacimiento de sus hijos y la
certificación expedida por Saludcoop EPS en liquidación.

27. Finalmente, la parte actora cuestionó la decisión sobre los aportes al sistema de
seguridad social. Sostuvo que la sentencia se limitó a ordenar la verificación de los
aportes a pensión y el pago de eventuales diferencias al fondo correspondiente, pero
omitió disponer el reintegro de los mayores valores que el demandante habría asumido
como contratista. Así, consideró que al declararse la existencia de una relación laboral
encubierta, el municipio debía responder por la proporción legal que le correspondía
como empleador, no solo frente a pensión, sino también respecto de salud y riesgos
laborales —estos últimos negados al catalogarlos como parafiscales—. Por ello, afirmó
que dichos valores debían reconocerse como parte de la reparación del daño causado
por la entidad, junto con las prestaciones sociales y económicas propias de un
empleado de planta6.

2.4.2. Demandada

28. El municipio de Pereira pidió que se revoque el fallo de primera instancia y que,
en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, con sustento en los siguientes
razonamientos:

29. Sostuvo que la orientación, vigilancia o coordinación ejercida por la
administración no equivale a subordinación, pues es propio de los contratos estatales
que exista supervisión o interventoría para verificar el cumplimiento del objeto
contractual. En esa medida, afirmó que la prestación del servicio como vigilante en la
Secretaría de Educación obedeció a una necesidad del servicio y se ejecutó bajo

6 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 52, actuación «Recibe

memoriales».

8

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

contratos de prestación de servicios amparados por la Ley 80 de 1993.

30. Expuso que, si la jurisprudencia invocada por la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo llevara a concluir que el contrato de prestación de servicios viola la
Constitución o la ley, la consecuencia jurídica sería la nulidad del vínculo, no su
inexistencia ni la configuración automática de una relación laboral. Para ello, citó
doctrina sobre inexistencia, nulidad y efectos del negocio jurídico, así como referencias
jurisprudenciales sobre la exequibilidad del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

31. Añadió que los contratos de prestación de servicios pueden celebrarse con
personas naturales cuando las actividades no puedan ejecutarse con personal de
planta o requieran conocimientos especializados. Por ello, estimó inadmisible afirmar
que todo vínculo contractual de esta naturaleza es contrario al orden legal. Agregó que
no puede equipararse la situación de un contratista con la de un empleado público,
pues esta última condición exige requisitos legales y reglamentarios, entre ellos, la
existencia del cargo, la disponibilidad presupuestal, el nombramiento y la posesión.

32. Finalmente, alegó que en el proceso no se demostró la subordinación laboral ni
los demás elementos del contrato realidad (relación laboral encubierta) y que, en todo
caso, debía operar la prescripción de los derechos laborales reclamados. Igualmente,
solicitó tener en cuenta la prescripción —en caso que se demuestren los elementos de
la relación laboral— y aplicar la excepción de compensación, para que, de mantenerse
total o parcialmente la condena, se descuenten los valores pagados por concepto de
seguridad social al momento de la liquidación7.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

33. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto el
13 de agosto de 20248, en el que admitieron los recursos de apelación interpuestos y
prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El Ministerio Público no emitió concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

34. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

7 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 51, actuación «Recibe

memoriales».
8 Samai, índice 5.

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

3.2. Problema jurídico

35. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
corresponde a la Sala definir si:

¿La parte actora acreditó la existencia de una relación laboral con la entidad o, por
el contrario, los contratos de prestación de servicios estuvieron regidos por la
coordinación propia de esta modalidad contractual, conforme al artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 y tuvieron carácter temporal?

En caso de acreditarse esos elementos ¿el demandante tendría derecho al
reconocimiento y pago de la devolución de aportes al sistema de seguridad social
integral a los fondos —pensión, salud y ARL—, al pago de las cotizaciones que la
entidad habría debido efectuar a la caja de compensación familiar y el trabajo
suplementario, en atención de los argumentos expuestos en el recurso?

36. Para resolver los problemas jurídicos se abordarán los siguientes aspectos:
relación laboral encubierta; coordinación, subordinación y carga de la prueba; hechos
probados relevantes; y caso concreto.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

37.La jurisprudencia unificada de esta corporación9 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.

38. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

10

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Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

39. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

40. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».

41. Dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la existencia de una
relación laboral encubierta, los cuales al ser valorados en conjunto bajo los principios
de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación continuada y, en
consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal del contrato
de prestación de servicios.

42. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de
personal.

43. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»10.

44. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas
de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño

10 Idem.

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de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»11.

45. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».12

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».13

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.14

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

46. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes de
la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse, de

11 Idem.
12
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
13 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la

práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.

IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

12

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manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades, pues su
ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal suerte,
cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.

47. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

48. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».

49. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

13

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ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.

iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar
si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».

50. Ahora bien, la jurisprudencia ha admitido que, en determinadas circunstancias, una
interrupción superior a treinta días hábiles no necesariamente implica solución de
continuidad. Así, a título ilustrativo, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia
del 13 de junio de 202515, consideró que una interrupción de 34 días en la contratación
de un instructor del SENA no rompió la continuidad del vínculo, pues coincidió con el
periodo vacacional de los aprendices. Este supuesto no constituye una regla taxativa,
por lo que corresponde valorar, en cada caso, las circunstancias que expliquen la
interrupción y permitan establecer si subsistieron materialmente la continuidad del
servicio y los elementos de subordinación.

3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba

51. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»15.

52. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202116, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados17».

15 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-

33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.

IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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53. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario.
La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral
encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan
los empleados de planta.

54. La jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada
caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,18 la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o
no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante
es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó
a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
18 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y

55.

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artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las
que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la
facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus
servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad».

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación

55. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe demostrar
para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia ha expuesto
una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

56. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que la pruebas se practiquen
o se aporten»19, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta
norma se lee en consonancia con el artículo 164 idem que regula el principio de
necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».

57. Es importante señalar que cuando se trata de la declaratoria de la existencia de
una relación laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en
sede de unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente expuestos.

58. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»20, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del mismo
pueda el juez arribar al hecho desconocido»21.

59. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y
su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la
obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica
(art. 176 CGP).

19 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
20 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
21 Idem.

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60. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

61. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral, se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.3.4. La prueba del contrato de prestación de servicios

62. La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 10 de diciembre de 2015 22,
se pronunció sobre el valor probatorio de las certificaciones para acreditar la relación
laboral, en el caso de quien pretendía la declaración de una relación laboral por haber
prestado sus servicios como informante de la fuerza pública.

63. Posteriormente, la Subsección A de la Sección Segunda, en sentencia del 6 de
mayo de 202123, concedió valor probatorio a los contratos de servicios aportados en
copia simple, así:

Por consiguiente, estima la Sala que, en el presente caso, los contratos de prestación
de servicios aportados en copia simple por la parte demandante tienen pleno valor
probatorio, en tanto que por ley gozan de dicha condición y, además, la parte contra
quien se hicieron valer no utilizó las herramientas procesales para refutar la validez de
estos.

64. Luego, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 11 de abril de 2024 24,
determinó que si la parte no aporta el proceso los contratos de prestación de servicios,
es improcedente descartar dichos tiempos de servicios sí en el expediente constan las
certificaciones sobre los tiempos laborados, planillas, constancias de pago, entre otras
pruebas, dado que no existe una tarifa legal:

En pronunciamientos anteriores, esta Sala ha descartado la exigencia única de los
actos jurídicos que respaldan la prestación del servicio, pues ha encontrado que tal
consideración es producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-31-000-2011-01694-
01(2592-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-00202-

01(4577-13), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00993-01

(0332-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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partir de la cual se señala a cada medio el grado de convicción que representa y
descarta aquellos que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho. Que,
con todo, esas restricciones le restan autonomía al juez, quien en ejercicio de la sana
crítica puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con el cual se cuenta
y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción del que, a lo largo del proceso,
han hecho uso las partes.

Bajo tal perspectiva, y sin desconocer que en efecto el contrato estatal de prestación
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer las
necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general
de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato típico, a la luz de lo
dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su perfeccionamiento se exige la
solemnidad del escrito; ha señalado que esto no justifica que se imponga como
requisito para demostrar el elemento de la prestación del servicio que se aporte al
proceso judicial el aludido instrumento jurídico.

Lo anterior, pues, como se expuso, imponer una tarifa legal probatoria implicaría
abandonar la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle
vigencia a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través
de otros medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme
su propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la conducta
de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia y
materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá
exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar acreditado en
un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral encubierta, no es la
existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su formación, sino i) la prestación
efectiva de un servicio a favor de una entidad de orden estatal; ii) que esta se haya
desarrollado en forma subordinada; y iii) que como contraprestación por los servicios
haya recibido una remuneración. Esto permite otorgarle vigencia al principio de la
primacía de la realidad sobre las formas a que alude el artículo 53 de la Constitución
Política y descarta la exigencia de un medio probatorio con un valor previamente
establecido. En otras palabras, la Sala ha recordado que no es el acto jurídico por
medio del cual se vincula a una persona a la función pública el que determina su
relación con el Estado, sino lo que en realidad evidencia dicha relación.

3.4. Hechos probados relevantes

65. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:

66. Certificación del 28 de diciembre de 2018, expedida por el municipio de Pereira,
en la cual hace constar que el señor Julián Andrés Villada Granada suscribió y cumplió
el objeto de los contratos de prestación de servicios celebrados entre el 1 de julio de
2011 y el 1 de abril de 201525.

25Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación
«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen 79.

18

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

67. Por otro lado, se allegó constancia del 4 de febrero de 202026, proferida por la
directora administrativa de Talento Humano del municipio de Pereira en la que certificó
la suscripción de los contratos de prestación de servicios por parte del señor Julián
Andrés Villada Granada, desde el 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2016. En
alguno de los apartados de dicho documento se indicó que los objetos de los aludidos
contratos consistieron en «[p]restar servicios de conserjería en el establecimiento
educativo [..] del municipio de Pereira o donde la Secretaría de Educación lo requiera
por necesidad del servicio»; «[p]restar los servicios para realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno de los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Pereira».

68. Asimismo, se aportó certificación del 7 de febrero de 2020 del municipio de Pereira,
en la que dejó constancia de los contratos de prestación de servicios celebrados desde
el 2 de enero de 2017 y el 21 de julio de 202027. En estos mismos términos se allegó
una constancia emitida por la misma entidad, en la que da cuenta de los contratos
suscritos por el señor Julián Andrés Villada Granada, desde el 2 de enero de 2017
hasta el 28 de diciembre de 202028.

69. El señor Julián Andrés Villada Granada solicitó el 1 de julio de 2020 al municipio
de Pereira, la declaración de la existencia de la relación laboral, y el pago de las
prestaciones sociales29.

70. El municipio de Pereira, en el Oficio núm. 14874 [23443] del 22 de julio de 2020,
negó lo pedido por el actor, al indicar que el vínculo contractual se realizó mediante
contrato de prestación de servicios, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, sin que sea procedente el reconocimiento de las prestaciones sociales, dado
que no se trata de un contrato laboral30.

71.En la audiencia de pruebas rindió declaración el señor Luis Mauricio Ríos
Cardona31.

72.Se allegó al plenario la certificación expedida por la empresa «Estatal de
Seguridad», en la que indica que el señor Julián Andrés Villada Granada laboró en esa
empresa desde el 2 de enero de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2019, ocupando el

26 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación
«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen 81.
27 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación

«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen 84.
28 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación

«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen
304.
29 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación

«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen 22
y 23.
30 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación

«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen 34.
31 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 25, actuación

«Reparto y Radicación», documento «Acta audiencia pública».

19

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

cargo de «guarda de seguridad», junto a los desprendibles de nómina para ese periodo
y la liquidación definitiva del contrato32.

73. Fue aportado el contrato de prestación de servicios núm. 2970 del 30 de abril de
201933, suscrito entre el municipio de Pereira y la empresa Estatal de Seguridad. Su
objeto consistió en la «prestación del servicio de vigilancia privada para las
instituciones educativas del municipio de Pereira priorizadas por la Secretaría de
Educación, en la modalidad sin arma». Lo anterior, para la prestación del servicio 12
horas diurnas de lunes a viernes. En cuanto al alcance, se indicó que correspondía a
prestar el servicio de vigilancia privada para las diferentes instituciones educativas del
municipio de Pereira, y con un plazo de ejecución de 8 meses.

74. Obra constancia del 6 de diciembre de 2016, suscrita por la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira, en la que se certificó que el señor Julián Andrés
Villada Granada cumplió los contratos de prestación de servicios suscritos entre el 1.º
de julio de 2011 y el «31» de diciembre de 201634.

75. Igualmente, se aportó el certificado del 12 de marzo de 2018, emitido por el director
administrativo de Talento Humano del municipio de Pereira en que indica que a los
celadores nombrados que prestan sus servicios de vigilancia en los establecimientos
educativos de dicho ente municipal, se les liquida el tiempo suplementario (recargo
nocturno, horas extra, dominicales, festivos y compensatorios). Asimismo, se adjuntó
certificado salarial y prestacional para el cargo «celador grado 477-02» del 2005 al
201835.

76. Asimismo, se allegó documento emitido por Saludcoop en liquidación, en el que
certifica los periodos en los que el señor Julián Andrés Villada Granada realizó aportes
al sistema de seguridad social en salud36.

32 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación
«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen 139
a 150.
33 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación

«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen
195.
34 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación

«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen
173.
35 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación

«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen 174
y 175.
36 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación

«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen
291.

20

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

77. Obran en el proceso minutas de turnos del señor Julián Andrés Villada Granada
en la institución educativa, correspondientes al periodo de septiembre de 2011 a enero
de 201637.

78.En esos mismos términos la institución educativa «José Antonio Galán» allegó
minutas en las que aparece registrado el señor Julián Andrés Villada Granada desde
de marzo de 2017 a julio de 2018; asimismo de junio de 2020 a enero de 202138.

79. Así, para efectos ilustrativos, se advierte que, de acuerdo con los medios de
prueba previamente reseñados, se efectuará la siguiente relación de los contratos de
prestación de servicios39:

Contrato Objeto Plazo Fecha Fecha final Valor del
inicial contrato
«Prestar servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
Carlos Castro Saavedra del
292 4 meses 01/07/2011 31/10/2011 $4.235.796
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación lo
requiera por necesidad del
servicio»
«Prestar servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
Carlos Castro Saavedra del
292A 2 meses 01/11/2011 31/12/2011 $2.117.898
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación lo
requiera por necesidad del
servicio»
«Prestar servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
Carlos Castro Saavedra del
292 2 meses 02/01/2012 29/02/2012 $2.182.000
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación lo
requiera por necesidad del
servicio»
«Prestar servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
895 Kennedy del municipio de 4 meses 01/03/2012 30/06/2012 $4.364.000
Pereira o donde la Secretaría
de Educación lo requiera por
necesidad del servicio»
Interrupción de 20 días hábiles
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
1 mes y 15
1215 educativos oficiales del 01/08/2012 15/09/2012 $1.636.500
días
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos 1 mes y 15
1856 16/09/2012 31/10/2012 $1.636.500
educativos oficiales del días
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por

37 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación
«Reparto y Radicación», documento «3_003PRUEBAMINUTA(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua».
38 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 34.
39 Los siguientes contratos fueron aportados y pueden constatarse en: Samai, expediente digital, gestión en otros

despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación «Reparto y Radicación», documento
«2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen 86 a 138.

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
1 mes y 11
2509 educativos oficiales del 01/11/2012 11/12/2012 $1.491.033
días
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
2509A educativos oficiales del 20 días 12/12/2012 30/12/2012 $727.333
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
Interrupción de 1 día hábil
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
306 educativos oficiales del 5 meses 02/01/2013 30/05/2013 $5.673.200
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
Interrupción de 1 día hábil
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
2 meses y
306A educativos oficiales del 01/06/2013 15/08/2013 $2.836.600
15 días
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
11101675 educativos oficiales del 1 mes 16/08/2013 15/09/2013 $1.134.640
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
11102342 educativos oficiales del 1 mes 16/09/2013 15/10/2013 $1.134.640
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
11102651 educativos oficiales del 15 días 16/10/2013 31/10/2013 $567.320
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
11102946 educativos oficiales del 2 meses 01/11/2013 31/12/2013 $2.269.280
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
11100292 educativos oficiales del 4 meses 02/01/2014 30/04/2014 $4.538.560
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
11100292A realizar actividades de apoyo 2 meses 01/05/2014 30/06/2014 $2.269.280
operativo y asistencial en uno

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

de los establecimientos
educativos oficiales del
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
11100970 educativos oficiales del 1 mes 01/07/2014 30/07/2014 $1.134.640
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
Interrupción de 2 días hábiles
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
11101643 educativos oficiales del 3 meses 04/08/2014 03/11/2014 $3.403.920
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
1 mes y 26
11102156 educativos oficiales del 04/11/2014 31/12/2014 $2.117.995
días
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
11100316 educativos oficiales del 3 meses 02/01/2015 01/04/2015 $3.506.037
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
2 meses y
11100830 educativos oficiales del 02/04/2015 15/06/2015 $2.882.742
14 días
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
6 meses y
11101596 educativos oficiales del 16/06/2015 31/12/2015 $7.596.413
15 días
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar los servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
de los establecimientos
282 educativos oficiales del 1 mes 01/01/2016 30/01/2016 $1.168.679
municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio»
«Prestar servicios de apoyo a
la gestión para realizar
actividades asistenciales en
uno de los establecimientos
11100777 11 meses 01/02/2016 31/12/2016 $12.855.469
educativos oficiales del
municipio de Pereira o donde la
secretaría de Educación lo
requiera»
«Prestación servicios de apoyo
a la gestión para realizar
actividades operativas en uno
de los Establecimientos
79 Educativos Oficiales del 2 meses 02/01/2017 01/03/2017 $2.337.358
Municipio de Pereira o donde la
Secretaría Municipal de
Educación lo requiera, por
necesidad del servicio»

23

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

«Prestación servicios de apoyo
a la gestión para realizar
actividades operativas en uno
de los Establecimientos
9 meses y
1876 Educativos Oficiales del 02/03/2017 30/12/2017 $11.647.834
29 días
Municipio de Pereira o donde la
Secretaría Municipal de
Educación lo requiera, por
necesidad del servicio»
Interrupción de 1 día hábil
«Prestación servicios de apoyo
a la gestión para realizar
actividades operativas en uno
de los Establecimientos
200 Educativos Oficiales del 10 meses 03/01/2018 02/11/2018 $12.186.980
Municipio de Pereira o donde la
Secretaría Municipal de
Educación lo requiera, por
necesidad del servicio»
«Adicionar y prorrogar el
contrato de Prestación
servicios de apoyo a la gestión
No. 200 del 02/01/2018, valor
inicial $12.186.980, con
compromiso presupuestal No.
203 del 02/01/2018. Cuyo
objeto es: Prestación servicios 1 mes y 28
200 03/11/2018 30/12/2018 $2.356.149
de apoyo a la gestión para días
realizar actividades operativas
en uno de los Establecimientos
Educativos Oficiales del
Municipio de Pereira o donde la
Secretaría Municipal de
Educación lo requiera, por
necesidad del servicio»
Interrupción de 1 año y 23 días
«Prestación de servicios de
apoyo a la gestión para realizar
actividades operativas
requeridas por la Secretaría de
480 Educación y que son 6 meses 22/01/2020 21/07/2020 $7.984.908
inherentes al funcionamiento
de los Establecimientos
Educativos Oficiales del
Municipio de Pereira»
«Prestación de servicios de
apoyo a la gestión para el
funcionamiento operativo de
3506 115 días 04/09/2020 28/12/2020 $5.101.469
los Establecimientos
Educativos Oficiales del
Municipio de Pereira»
Tabla 1. Relación contratos de prestación de servicios.

3.5. Caso concreto

80. En el asunto bajo análisis, el accionante celebró contratos de prestación de
servicios, desde el 1 de julio de 2011 al 28 de diciembre de 2020, como conserje o
vigilante de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, y solicita la nulidad
del oficio que negó la existencia de la relación laboral y el pago de los emolumentos
laborales.

81. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así declaró
la nulidad del acto demandado y ordenó el pago de las prestaciones sociales ordinarias
como las de un empleado público, por el periodo del 1 de julio de 2011 al 28 de
diciembre de 2020, sin incluir los tiempos de interrupción de los contratos. Dispuso que
el pago de las prestaciones sociales dejadas de pagar durante el periodo de
vinculación. Asimismo, ordenó el pago de aportes a pensión por todo el tiempo
laborado, liquidados también sobre el valor de los honorarios, pero en el porcentaje
que le correspondía en calidad de empleador.

24

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

82. Inconforme con esta decisión se interpusieron recursos de apelación. La parte
demandante, apeló de manera parcial, porque no se reconocieron los aportes al
sistema de seguridad social integral en salud y ARL, al pago de las cotizaciones que
la entidad habría debido efectuar a la caja de compensación familiar, y el trabajo
suplementario —horas extra, dominicales, feriados y recargos nocturnos—. A su turno,
la entidad demandada apeló al insistir que no se probó una relación laboral con el
demandante, pues la supervisión, el horario y el lugar de prestación del servicio
correspondían a la coordinación propia del contrato de prestación de servicios, y no a
subordinación. Por otra parte, adujo que el Tribunal analizó de manera indebida el
conteo de la prescripción de los derechos.

83. Ahora bien, con el objeto de resolver los recursos de apelación se estudiarán
los elementos de la relación laboral, el restablecimiento del derecho y luego la
prescripción.

• Elementos de la relación laboral

84. Como se señaló en el marco normativo y jurisprudencial, para que proceda la
declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta, la parte demandante
debe acreditar que se materializaron tres elementos, conforme el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la
subordinación continua y (iii) la remuneración como contraprestación del servicio.

85. Respecto a la prestación personal del servicio, se encuentra acreditada con
la certificación sobre los contratos de prestación de servicios descritos en el acápite
de hechos probados, celebrados desde 1 de julio de 2011 al 28 de diciembre de 2020.
Además, los contratos tuvieron como objeto la prestación de servicios de conserjería,
o de apoyo operativo y asistencial en la Secretaría de Educación del municipio de
Pereira.

86. En lo que se refiere a la remuneración, igualmente en la certificación sobre
los contratos de prestación de servicios celebrados entre la parte actora y el municipio
de Pereira, las partes acordaron el pago de honorarios a favor del contratista.

87. En cuanto a la subordinación, la parte interesada debe demostrarla de manera
fehaciente. Esta se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de una
relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.

88. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales

25

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.

89. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o indicios que permiten inferir la existencia de una relación
laboral subordinada encubierta.

90. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.

91. Ahora bien, la Subsección destaca que el demandante se desempeñó como
vigilante o conserje de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, donde
prestaba el servicio en los horarios establecidos unilateralmente por la entidad, a
través de la imposición de turnos, tal como lo acreditan las minutas que fueron
aportadas al proceso.

92. Asimismo, ello se acredita en el clausulado de los contratos, en el que se
establecen las funciones y naturaleza del servicio. En efecto, obran en los contratos la
cláusula de «alcance del objeto», en las que se indica como función principal: (a)
«[v]elar y coordinar el acceso del personal autorizado que ingrese al plantel educativo,
garantizando la tranquilidad del servicio educativo, el orden y la tranquilidad de la
comunidad educativa que lo habita», «[v]elar por la puntual apertura y cierre de los
portales y accesos», «[c]umplir con los turnos de conserjes que se le asignen y en
coordinación con el Rector de la Institución y/o Director Rural, el área o zona de la
Institución que se le haya designado»; (b) «controlar el ingreso de personal
autorizado», «comunicar al supervisor en forma oportuna sobre las inconsistencias y
anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o situaciones operativas que se
presenten en desarrollo de sus actividades».

93. Ello evidencia que el accionante estaba sujeto al poder de dirección del rector de
la institución educativa adscrita a la Secretaría de Educación del municipio de Pereira
y que, además, se encontraba inserto en su estructura organizacional. Lo anterior
también se constata a partir del objeto contractual, que señaló: «[p]restar servicios de
conserjería en el establecimiento educativo Carlos Castro Saavedra del municipio de
Pereira o donde la Secretaría de Educación lo requiera por necesidad del servicio»;
así como la de «[p]restar servicios de conserjería en el establecimiento educativo

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

Carlos Castro Saavedra del municipio de Pereira o donde la Secretaría de Educación
lo requiera por necesidad del servicio».

94. Adicionalmente, el señor Luis Mauricio Ríos Cardona40 relató las condiciones en
que la parte actora prestó sus servicios como conserje y vigilante en el municipio de
Pereira. Al respecto, señaló que su labor consistía en velar por la seguridad de los
planteles, abrir y cerrar puertas, controlar el ingreso y salida, e inclusive labores de
aseo. También indicó que cumplía turnos y que el accionante no podía retirarse de la
institución, de cara a cumplir el horario. Para mejor ilustración se trae a colación lo
narrado por el testigo.

95. El señor Luis Mauricio Ríos Cardona41 afirmó que conoció al señor Julián Andrés
Villada Granada, por haber sido compañeros de trabajo, en el instituto Kenedy en el
año 2011. Precisó que ingresaron a prestar sus servicios como conserje o vigilante de
plazas docentes, contaban con turnos de 12 horas o superiores, y para suplir la falta
de personal de planta, igualmente prestaban actividades de aseo cuando las
empleadas en esa área no contaban con contrato, al precisar que asumían dichas
funciones porque la rectora les decía que «no podíamos dejar caer los colegios».

96. Indicó que las funciones que desempeñaba el señor Julián Andrés Villada Granada
eran de conserje o vigilancia en plazas docentes, como lo establecía el contrato, es
decir, vigilaba al establecimiento —instituto Kennedy—, salones, parqueaderos, y
atención a público, y aclaró que el testigo y el demandante coincidieron en funciones
desde 2011 al 2016, y que realizaban el mismo tipo de funciones, en el mismo horario,
eran compañeros de turno.

97.Precisó que la labor de vigilancia eran 6 de la mañana a 6 de la tarde, al destacar
que, en ocasiones, se le extendían los horarios hasta el otro día y coincidían en el
mismo turno y establecimiento educativo.

98. En cuanto a la pregunta formulada en la audiencia, relativa a si recibía
instrucciones, órdenes, orientaciones o directrices de alguna autoridad para el
cumplimiento de sus funciones, el declarante respondió afirmativamente. Explicó que
la rectora y el coordinador, los días lunes, les indicaban las labores que debían ejecutar
durante la semana. En concreto, frente al señor Villada Granada, señaló que se le
ordenaba permanecer durante 12 horas en la portería, cubrir el parqueadero y limpiar
las áreas comunes.

40 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020210001600» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2022/10/25».
41 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020210001600» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2022/10/25» minuto 00:21:43.

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

99. Destacó que la rectora les suministraba como elementos de trabajo, una pala, una
espátula, «límpido», una minuta y un lapicero. Aclaró que «el horario lo fijaba la señora
rectora, ella era la que fijaba los turnos y nos hacía el cronograma»42, se los escribía
en una hoja con las funciones que debían hacer.

100. Asimismo, indicó que las autorizaciones para retirarse de la actividad de conserje
«eran complicadas», tenían que estar muy enfermos para no ir, porque no había
personal y debían efectuar sus diligencias personales en el periodo de descanso.
Aclaró que en el tiempo en que ambos prestaron sus servicios el señor Julián Andrés
Villada Granada no se ausentó de su lugar de trabajo.

101. Manifestó que en esa misma institución donde prestaba sus funciones el señor
Julián Andrés Villada Granada había personas que realizaban las mismas labores,
pero vinculadas de planta. Indicó que las diferencias con aquellos trabajadores eran
que percibían todas las prestaciones de ley, primas, vacaciones, trabajan de lunes a
viernes y sábados al mediodía, y en cuanto a la remuneración afirmó que recibían
mucho más.

102. Precisó que el señor Julián Andrés Villada Granada no podía contratar otra
persona para prestar el servicio, y no se permitía por la naturaleza del contrato. Aclaró
que al momento de vincularse el señor Villada Granada, el declarante ya se encontraba
en la institución educativa.

103. Al descender al caso concreto, en relación con la dirección y el control efectivo de
las actividades, particularmente en lo atinente al modo de prestación del servicio, los
horarios y la inserción en la estructura organizacional de la entidad, la Sala destaca
que el conserje recibía órdenes e instrucciones, no podía retirarse de la institución a
razón del horario impuesto y el rector le asignaba turnos para el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, al interior de las instituciones educativas, tal como lo indicó
el testigo.

104. Por otra parte, la pertenencia del demandante a la estructura organizacional de
los planteles educativos del municipio de Pereira, en su condición de conserje, también
permite advertir la existencia de subordinación o dependencia. En efecto, aquel
cumplía horarios rotativos de seis de la mañana a seis de la tarde —que se extendía
12 horas adicionales—; debía velar por la seguridad del plantel, controlar el ingreso y
la salida del personal y realizar labores de aseo, todo ello bajo la supervisión constante
del rector.

105. Asimismo, dada la naturaleza propia de la función de conserjería en el caso bajo
estudio, la cual implicaba la vigilancia permanente del inmueble y del mobiliario

42 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020210001600» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2022/10/25» minuto 00:29:32.

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

ubicado en su interior —dentro de un horario previamente establecido por el rector—,
así como el control de la entrada y salida del personal docente, administrativo y,
especialmente, del estudiantado, se evidencia que al demandante no le estaba dado
determinar el lugar ni el horario en que debía ejecutar sus obligaciones contractuales.
Sobre este particular, esta Subsección, en un caso con supuestos fácticos similares,
destacó:

En efecto, Carlos Alberto Díaz Guzmán prestó sus servicios como vigilante en los
colegios Manos Unidas, Jesús de la Buena Esperanza, Centenario y Gimnasio
Risaralda del municipio de Pereira y cumplió, entre otras funciones, las de: «(o)rientar
y atender el cliente interno y externo», «(c)ontrolar el ingreso del personal autorizado»
y «(r)ealizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo
las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo».

Lo anterior denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de vigilante y/o
conserje al servicio de colegios del municipio de Pereira, al tiempo que corrobora que
no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual
para desempeñar esa labor, la cual no puede considerarse prestada de forma
autónoma pues el celador no puede decidir en qué lugares presta el servicio ni en qué
horario. Es más ni siquiera puede ausentarse del trabajo sin causa previa y
debidamente justificada pues pondría en riesgo los bienes confiados a su cuidado43.

106. Es decir, el servicio personal contratado correspondía a las funciones de
conserje de planta y a las necesidades permanentes de las instituciones educativas
del ente municipal, según lo afirmado por el testigo, quien indicó que prestaban sus
funciones junto con empleados públicos. Pese a ello se estaban satisfaciendo a través
de contratos de prestación de servicios, lo que desconoce el numeral 3 del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, puesto que el instrumento contractual debe suplir una necesidad
temporal, tal como lo estableció el fallo de unificación del 9 de septiembre de 202144.

107. Entonces, es forzoso concluir que no se trató del desarrollo de actividades bajo
la coordinación de la entidad, comoquiera que las funciones del accionante se
ejecutaron según las órdenes del rector de la institución educativa, se reitera, con la
imposición de un horario, el cumplimiento de turnos y la sujeción a las instrucciones
para velar por la integridad del plantel, y verificación del ingreso y salida de personas
en horarios rotativos. En consecuencia, contrario a lo dicho por la entidad recurrente,
la parte actora no era autónoma en la prestación del servicio, sino que el contrato
ocultó una relación laboral, de modo que debe aplicarse el principio constitucional de
primacía de la realidad sobre las formalidades, previsto en el artículo 53 de la Carta
Política. Además, el demandante estuvo vinculado aproximadamente por 10 años
mediante contrato, de modo que la prestación del servicio no fue temporal.

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-

2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En este mismo sentido, ver sentencia del 12 de
diciembre de 2023, rad. 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

108. Debe decirse que la temporalidad y excepcionalidad son la esencia de los
contratos de prestación de servicios. Con ellos no pueden suplirse, de manera
definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades. Así pues, el
contrato de prestación de servicios debe celebrarse solo por el término estrictamente
indispensable para cumplir su objeto, lo que excluye su uso prolongado, encadenado
o sucesivo para cubrir funciones permanentes dentro de la entidad 45. En caso
contrario, se trata de una relación laboral subordinada.

109. En relación con los reparos de la apelación, según los cuales (i) la consecuencia
jurídica de considerar que el contrato de prestación de servicios contraría la
Constitución o la ley sería la nulidad del vínculo; (ii) la decisión implicaría afirmar que
todo contrato de esta naturaleza es contrario al ordenamiento jurídico, y (iii) no es
posible equiparar la situación de un contratista con la de un empleado público, la Sala
precisa que tales planteamientos parten de una lectura equivocada de la sentencia. En
este asunto no se examina la legalidad de los contratos de prestación de servicios,
sino si, en el caso concreto, bajo el principio de primacía de la realidad sobre las
formas, la prestación personal del servicio estuvo acompañada de remuneración y
subordinación. Además, la declaración de una relación laboral encubierta no comporta,
por sí misma, conferir al actor la calidad de empleado público, como tampoco lo
concluyó el a quo en la sentencia de primera instancia.

110. Por otro lado, la Sala advierte que el tribunal tuvo en cuenta el periodo del «30
de abril de 2019 y el 30 de diciembre de 2019», el cual catalogó como desempeñado
por el accionante en calidad de «trabajador en misión», a través de la empresa «Estatal
de Seguridad». Al respecto, en primer lugar, se advierte que de la certificación
aportada por tal sociedad, el demandante prestó sus servicios como «guarda de
seguridad» desde el 2 de enero de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2019:

Que el señor JULIÁN ANDRES VILLADA GRANADA identificado con la cédula de
ciudadanía N° (…) laboró en esta empresa desde el 02 de enero de 2019 hasta el 10
de diciembre 2019 ocupando el cargo de Guarda de Seguridad.

111. Es decir, del contenido del certificado no se advierte que el actor hubiera sido
trabajador en misión en el municipio. Nótese que del documento únicamente
demuestra que el señor Juan Andrés Villada Granada laboró para la empresa en el
cargo de vigilante. Esta prueba debe valorarse en conjunto con los desprendibles de
nómina de abril y meses siguientes, en los que no se indica que el servicio se hubiera
prestado en la Secretaría de Educación de Pereira. Además, el acta de liquidación del
contrato tampoco acredita, de manera fehaciente, que el demandante hubiera prestado
servicios de vigilancia y conserjería en instituciones educativas del ente territorial.

112. En segundo lugar, se suscribió contrato de prestación de servicios núm. 2970 del

45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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Demandado: Municipio de Pereira

30 de abril de 201946, entre el municipio de Pereira y la empresa «Estatal de
Seguridad», su objeto consistió en la «prestación del servicio de vigilancia privada para
las instituciones educativas del municipio de Pereira priorizadas por la Secretaría de
Educación, en la modalidad sin arma» y su plazo de ejecución fue de 8 meses.

113. De lo anterior, se advierte que el término que tuvo en cuenta el a quo correspondió
al plazo de ejecución del contrato suscrito entre el municipio de Pereira y la empresa
«Estatal de Seguridad» — esto es, del 30 de abril al 30 de diciembre de 2019—. No
obstante, dicha consideración e información no es coincidente con el tiempo del
certificado laboral suscrito por la empresa «Estatal de Seguridad», donde hace constar
que el señor Julián Andrés Villada Granada laboró desde 2 de enero de 2019 hasta el
10 de diciembre de 2019. Es decir, lo que dichos documentos acreditan, por un lado,
es que el demandante trabajó desde enero para la empresa y no para el ente
municipal, y por otro, del vínculo contractual entre la empresa y el municipio de Pereira,
con ocasión de la suscripción del que el contrato núm. 2970 del 30 de abril de 2019.

114. Asimismo, teniendo en cuenta el objeto contractual pactado entre el municipio de
Pereira y la empresa «Estatal de Seguridad», consistente en «prestación del servicio
de vigilancia privada para las instituciones educativas del municipio de Pereira
priorizadas por la Secretaría de Educación, en la modalidad sin arma», no se advierte
que el demandante hubiese efectuado labores en misionalidad a través de
intermediación laboral —entendida esta como la prestación de servicios personales
por parte de trabajadores de un contratista y a favor, directamente, de un
contratante47—, dado que el actor no está incluido en las cláusulas contractuales.

115. En síntesis, aunque se demostró que el demandante sostuvo una relación laboral
como guarda de seguridad con la empresa Estatal de Seguridad, las pruebas
allegadas, concretamente, la certificación laboral, desprendibles de pago de abril a
diciembre de 2019 y acta de liquidación, no acreditan que hubiera prestado sus
servicios como trabajador en misión en labores de vigilancia o conserjería en las
instituciones educativas adscritas a la Secretaría de Educación del municipio de
Pereira. Este aspecto resultaba determinante para establecer la subordinación frente
al ente territorial.

116. En gracia de discusión, la Sala precisa que, respecto de esos periodos, no está
acreditado que las labores ejecutadas por el actor correspondieran a funciones de
vigilancia, conserjería o portería en establecimientos educativos, como lo concluyó el
a quo. En efecto, aunque el declarante manifestó que trabajó conjuntamente con el
demandante entre 2011 y 2016, su testimonio no permite establecer lo ocurrido en el
año 2019. Además, no obran medios de convicción que den cuenta del objeto

46 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210001600, índice 1, actuación
«Reparto y Radicación», documento «2_002DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 1(.PDF) NroActua 1», imagen
195.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de julio de 2017, proceso con radicado

11001-03-25-000-2016-00485-00(2218-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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contractual desarrollado por el actor durante ese lapso. A ello se suma que las minutas
de servicios aportadas comprenden los periodos de septiembre de 2011 a enero de
2016, de marzo de 2017 a julio de 2018 y de junio de 2020 a enero de 2021, sin registro
alguno frente al año 2019. Por consiguiente, esos periodos del 30 de abril de 2019 y
el 30 de diciembre de 2019 presentan elementos diferenciadores respecto de los
cuales no hay certeza de la labor desempeñada.

117. Por lo tanto, al efectuar el estudio en conjunto de todas las pruebas respecto de
estos periodos del 30 de abril de 2019 y el 30 de diciembre de 2019, no existen indicios
demostrativos de la subordinación, como que la prestación del servicio sea en las
instituciones educativas y con todos los implementos de la entidad o que existan
llamados de atención para que se cumpla el horario. Tampoco se considera que la
obligación contractual se demuestre con el grado de certeza que se configuró el
elemento de subordinación, toda vez que la valoración completa de los términos en
que se dio el desarrollo del contrato no permite inferir que existió una relación
subordinada, tal como se explicó anteriormente.

118. Finalmente, comoquiera que a quo tuvo en cuenta el mencionado periodo en el
que el demandante prestó sus servicios como empleado de la empresa Estatal de
Seguridad, se considera pertinente precisar que este periodo no puede analizarse a
partir de las empresas de servicios temporales, sino de las normas especiales que
regulan la vigilancia y seguridad privada. En efecto, el artículo 2 Decreto Ley 356 de
1994 dispuso que estas actividades solo pueden ser desarrolladas por personas
naturales o jurídicas autorizadas mediante licencia o credencial expedida por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así:

ARTÍCULO 2.- Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. Para efectos del presente
Decreto, entiéndese por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades de
que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada,
desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener
perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y
los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y
utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con
este mismo fin.

119. A su vez, la Corte Constitucional48 ha señalado que la seguridad constituye un
servicio público que puede ser asumido directamente por el Estado o, de manera
indirecta, por particulares, siempre que su ejercicio se ajuste a los límites legales y
permanezca sometido a la vigilancia y control estatal49. En ese marco, las condiciones
y autorizaciones para el desarrollo de los servicios de vigilancia y seguridad privada se
encuentran reguladas en el referenciado Decreto Ley 356 de 1994 —Estatuto de

48 Corte Constitucional, sentencia C-572 del 7 de noviembre de 1997.
49 Corte Constitucional, sentencia C-995 del 12 de octubre de 2004.

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Vigilancia y Seguridad—50.

120. En concordancia con lo anterior, el Decreto 1070 de 2015, modificado por el
Decreto 1588 de 2021, dispuso que las actividades de vigilancia, custodia y control de
acceso solo pueden ser ejercidas por personas naturales o jurídicas autorizadas
mediante licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada. Asimismo, los medios utilizados para su prestación, como armas,
equipos, vehículos y personal, deben contar con la autorización de esa entidad.

121. Como lo ha precisado esta Subsección, la regulación especial de los servicios
de vigilancia y seguridad privada encuentra fundamento constitucional y legal en la
naturaleza de la actividad, la responsabilidad que comporta y los riesgos derivados de
su ejercicio por particulares, quienes pueden emplear armas, equipos y otros medios
capaces de afectar los derechos fundamentales. Por esta razón, las entidades públicas
pueden contratar estos servicios con personas naturales o jurídicas legalmente
autorizadas, sin que tal circunstancia implique, por sí sola, la existencia de una relación
laboral con la entidad usuaria.

122. Ahora bien, como se indicó en renglones anteriores, en el presente asunto se
acreditó que el señor Julián Andrés Villada Granada estuvo vinculado mediante
contrato individual de trabajo con Estatal de Seguridad y prestó sus servicios como
guarda de seguridad. También se demostró que dicha sociedad estaba autorizada
para operar en la modalidad de vigilancia sin armas, según el objeto del contrato 2970
suscrito por esa empresa con el municipio de Pereira.

123. En consecuencia, además de las razones expuestas sobre la subordinación, el
periodo durante el cual el demandante prestó sus labores por intermedio de Estatal de
Seguridad no puede incluirse en la declaración de existencia de una relación laboral
con el municipio de Pereira. En efecto, durante ese lapso se desempeñó como «guarda
de seguridad» en virtud de un contrato laboral celebrado con una persona jurídica
legalmente autorizada para prestar ese servicio. Por tanto, se revocará el ordinal
cuarto de la sentencia de primera instancia.

50 «ARTÍCULO 3.- Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el artículo

anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial expedida por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la
seguridad ciudadana.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma potestad, podrá suspender la
licencia o credencial expedida.
[…]
ARTÍCULO 5.- Medios para la prestación de los servicios de vigilancias y seguridad privada. Los servicios de
vigilancia y seguridad privada sólo podrán utilizar para el desarrollo de sus actividades aquellas armas de fuego,
recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, vehículos e instalaciones físicas, y o cualquier otro medio
autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
[…]

ARTÍCULO 7.- Control La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejercerá control, inspección y
vigilancia sobre todas la personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada
y sus usuarios de conformidad con lo establecido en la ley»

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Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

124. En síntesis, se desprende que del 1 de julio de 2011 hasta el 28 de diciembre
de 2020, salvo las interrupciones y el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2019
y el 30 de diciembre de 2019, la parte interesada demostró la existencia de la relación
laboral con las pruebas documentales y testimonial.

• Del restablecimiento del derecho – reconocimiento salario y prestaciones
sociales

125. En virtud de la relación laboral acreditada, en los términos precisados de
manera precedente, se advierte que el accionante tiene derecho a que se le
reconozcan y paguen las prestaciones laborales legales correspondientes, liquidadas
con base en el salario de un empleado de planta que cumpliera funciones equivalentes,
por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 28 de diciembre de 2020,
salvo las interrupciones, y el lapso de 30 de abril de 2019 y el 30 de diciembre de 2019,
este último respecto del cual no se dispuso su reconocimiento.

126. Por otra parte, en cuanto a la base para la liquidación de las prestaciones
sociales cuyo pago se ordena, como consecuencia de la declaratoria de la existencia
de la relación laboral, se determina que por regla general y en virtud del principio a
trabajo igual salario igual, debe corresponder al salario del cargo que exista en la planta
de personal con funciones iguales o equivalentes. En caso contrario, cuando no exista
el cargo en la planta, la base para calcular las prestaciones debe ser los honorarios.
Así lo ha precisado esta Subsección en asuntos similares al presente 51:

Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual, salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de
los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad,
cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones,
sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis
distintas.

En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Carlos Alberto Díaz Guzmán debía ser remunerada conforme
con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas.

Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.

51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-

2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00016-01 (3399-2024)
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127. En consecuencia, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y demás acreencias laborales de carácter legal que habría
devengado un empleado de planta de la entidad demandada que ejerciera funciones
equivalentes, incluidas vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y los demás
emolumentos a que haya lugar. Si bien la primacía de la realidad sobre las
formalidades no le confiere la calidad de empleado público, ello no impide ordenar el
pago de las prestaciones reclamadas, conforme al principio de «a trabajo igual, salario
igual», como se indicó previamente.

128. Aportes a pensión: La parte demandada debe calcular el ingreso base de
cotización (IBC) pensional, que corresponde a los salarios de un empleado de planta
que haya desarrollado sus funciones en todo el periodo de vinculación, entre el 1 de
julio de 2011 hasta el 28 de diciembre de 2020, salvo las interrupciones y el periodo
comprendido del 30 de abril de 2019 y el 30 de diciembre de 2019. La entidad deberá
cotizar al respectivo fondo pensional el porcentaje que le correspondía como
empleador.

129. Lo anterior, como lo ha precisado esta Subsección, «a pesar de que se haya
declarado a su favor la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, en
función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son de obligatorio pago y recaudo
para un fin específico y por tanto no constituyen un crédito a favor del interesado» 52.
Por ello, no es posible reconocerle titularidad alguna sobre esos recursos 53. Por lo
expuesto, advierte que esa decisión así fue dispuesta en la sentencia de primera
instancia, al indicar que «SE ORDENA cotizar al respectivo fondo de pensiones la
suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le
correspondía en su calidad de empleador».

130. En consecuencia, el argumento de compensación expuesto en el recurso de
apelación de la demandada no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que la
sentencia de primera instancia ordenó únicamente el pago del porcentaje que
correspondía asumir a la entidad en calidad de empleadora, sin disponer un pago
directo ni adicional a favor del demandante. Además, al momento de cumplir y liquidar
la sentencia, la entidad podrá descontar los valores que efectivamente haya pagado al
actor por el mismo concepto. En un asunto con supuestos fácticos similares, esta
Subsección lo consideró en los siguientes términos54:

Así mismo, se debe aclarar que con la revocatoria del numeral 4º de la providencia
apelada pierde sustento la solicitud de compensación presentada en el escrito de
apelación que buscaba «en caso de que esta sentencia no se revoque totalmente o
parcialmente se tenga en cuenta lo pagado en relación con la seguridad social al

52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-

2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2016, rad. 76001-23-

33-000-2012-00288-01 (3681-2013), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2025, rad. 66001-23-33-000-

2018-00382-01 (3166-2021), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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momento de su liquidación»; comoquiera que dependía de una reciprocidad de deudas
en materia de aportes a la seguridad social, la cual, quedó sin efectos al no ordenarse
el reembolso de los aportes de cotización correspondientes a la seguridad social.

No sucede lo mismo frente a la diferencia existente entre los pagos a la seguridad social
y los factores reconocidos de marzo a diciembre de 2004 y de enero a febrero 2005,
periodo sobre el cual el municipio de Pereira se encuentra facultado para descontar, al
momento de la liquidación del fallo, los valores efectivamente pagados al demandante,
pues de no ordenarse así se incurriría en la prohibición constitucional de recibir doble
asignación del tesoro público.

131. Aportes a caja de compensación: En la apelación, la parte demandante
solicitó el reconocimiento de los aportes a caja de compensación familiar. Sobre este
particular, la Sala advierte que su reconocimiento directo en favor del demandante
resulta improcedente. Ello es así porque, conforme a la Ley 21 de 1982, dichos aportes
son recursos parafiscales destinados al financiamiento del subsidio familiar y a la
prestación de servicios de seguridad social, administrados por las cajas de
compensación familiar bajo la vigilancia del Estado.

132. Por tanto, tales aportes no constituyen salario ni acreencias laborales
susceptibles de incorporarse al patrimonio del trabajador. Su naturaleza pública y
destinación legal específica excluyen la posibilidad de ordenar el pago directo al actor,
pues no remuneran la prestación personal del servicio, sino que atienden finalidades
propias del sistema de protección social.

133. Así entonces, considera la Sala que es improcedente el reconocimiento en
dichos términos, en tanto, la naturaleza de las mencionadas cotizaciones es de
carácter parafiscal, y no están destinados a incrementar el patrimonio del actor como
consecuencia de la prestación de sus servicios, sino que representan un recurso
público cuyo uso abarca diferentes funciones estatales dentro de las que se encuentra
la atención de las prestaciones y servicios de la seguridad social55.

134. Trabajo suplementario (horas extra, dominicales, feriados y recargos
nocturnos): En lo concerniente al trabajo suplementario en la sentencia de primera
instancia se indicó que su reconocimiento exige una prueba clara, precisa y suficiente
sobre su efectiva prestación, sin que al juez le sea permitido hacer cálculos o
suposiciones sobre horas extras o días laborados. Además, tratándose de labores de
vigilancia por turnos de 12 horas, el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 permite
jornadas de hasta 66 horas semanales, por lo que, si la jornada acreditada fue de 48
horas semanales, aunque supere las 44 horas ordinarias, no excede el límite legal
previsto para actividades de vigilancia. En consecuencia, al no demostrarse la
causación del trabajo suplementario reclamado ni superarse el tope normativo
aplicable, consideró que dicha pretensión carecía de sustento fáctico y jurídico.

55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-

2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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135. Respecto de la anterior decisión, en el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora señaló que al haberse demostrado la existencia de una relación laboral
encubierta bajo contratos de prestación de servicios, debía reconocerse el pago de los
mismos derechos laborales que percibe un empleado de planta que desempeña
funciones equivalentes del municipio de Pereira. Por ello, afirmó que de las pruebas
allegadas, en especial, el testimonio y las minutas aportadas, acreditaba la prestación
de trabajo suplementario, dominical, festivo y nocturno, particularmente entre los años
2011 y 2016.

136. Conforme con lo anterior, el reconocimiento de las horas extras se sustentó en
las minutas aportadas y en la declaración rendida por el señor Luis Mauricio Ríos
Cardona. Sobre esta última prueba, conviene precisar que el testigo indicó que el
horario del demandante era, por regla general, de 6:00 am a 6:00 pm, y que solo de
manera ocasional debían extenderlo. Así, aunque su dicho permite inferir que la
jornada ordinaria culminaba generalmente a las 6:00 pm, no aporta elementos
demostrativos suficientes para establecer con certeza, entre los años 2011 y 2016, las
fechas, horas y condiciones específicas en que el demandante habría prestado trabajo
suplementario, pues la afirmación se formuló de manera general.

137. Adicionalmente, en cuanto a las minutas de las instituciones educativas a las
que hace alusión el demandante como sustento para reconocer las horas extras
respecto del periodo al que alude, esto es, septiembre de 2011 a enero de 2016 se
advierten generalmente la entrega de los turnos rotativos de «6:00» a «18:00», o de
«07:00 am» a «07:00 pm o 19:00».

138. Así, la Sala comparte la conclusión del a quo sobre la decisión de negar el
reconocimiento del trabajo suplementario derivado de la declaratoria de la relación
laboral encubierta comoquiera que en el presente asunto no es posible establecer con
certeza la cantidad de horas extra presuntamente laborado, ni determinar si los días
en que el demandante excedió la jornada legal fueron compensados con otros
espacios en los que no prestó el servicio dentro del horario habitual.

139. Por ello, correspondía a la parte actora acreditar la prestación efectiva del
trabajo suplementario, su modalidad —diurna, nocturna, dominical o festiva—, la
ausencia de compensación y la autorización correspondiente. Como dicha carga
probatoria no fue satisfecha no resulta procedente su reconocimiento. En un caso
similar al presente, donde se adujo las minutas para la acreditación de las horas extra,
la presente Subsección consideró lo siguiente56:

En lo atañedero a las horas extras, si bien se aportaron las planillas de «REGISTRO
DE INGRESO Y SALIDA JORNADA LABORAL PERSONAL ADMINISTRATIVO» de la

56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de mayo de 2022, rad. 66001-23-33-000-

2017-00195-01 (2463-2020), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

Institución de Educación Suroriental de Pereira, suscritas por la accionante entre el 13
de enero de 2014 y el 20 de enero de 2016, de estas se desprende que la demandante
tenía diferentes horas de ingreso y salida, que en algunos días excedían el horario de
8:00 a. m. a 5:00 p. m., pero en otros era de menos de 8 horas, por lo que no se puede
establecer su cantidad exacta ni determinar si los días que excedía la jornada legal los
recuperaba en aquellas horas en que no trabajaba dentro del horario habitual; además,
no se aportó medio probatorio de los horarios en que funcionaba el mencionado plantel
educativo. Por ende, era necesario que la interesada demostrara que trabajó tiempo
extra, si fue diurno o nocturno, festivo o dominical, si existió compensación o no y si se
le autorizó para tal efecto, pero como no lo hizo, le asiste razón al a quo sobre este
aspecto.

140. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia
sobre este particular.

141. Aportes en salud y riesgos laborales: En la sentencia de primera instancia,
en relación con los aportes en salud y riesgos profesionales, se precisó que no
procedía su devolución al contratista, aun cuando se declare la existencia de una
relación laboral encubierta. Lo anterior, porque dichos recursos tienen naturaleza
parafiscal, son de pago obligatorio y están destinados a financiar fines específicos del
Sistema de Seguridad Social, de modo que no constituyen un crédito a favor del
interesado. En ese sentido, destacó la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
para indicar que esa decisión zanjó la discusión al establecer que, frente al hecho
consumado de la no afiliación a salud y riesgos laborales por parte de la
administración, es improcedente ordenar el reembolso de los aportes que el contratista
hubiese asumido en exceso.

142. Así, en lo relativo al reconocimiento de estos aportes, la Sala advierte que dicha
pretensión de la apelación no tiene vocación de prosperidad. Si bien la declaratoria de
una relación laboral encubierta permite reconocer, a título de restablecimiento del
derecho, las prestaciones sociales de orden legal que habría percibido quien
desempeñó funciones en condiciones similares a las de un empleado público, ello no
implica que puedan ordenarse pagos directos al demandante por conceptos propios
del Sistema de Seguridad Social Integral. En efecto, los riesgos laborales
corresponden a una prestación cuya cobertura está a cargo del respectivo sistema y
exige, para su asunción, la afiliación y cotización correspondiente. Además, conforme
con la regla fijada en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, los aportes a
salud y riesgos laborales tienen naturaleza parafiscal, son de recaudo obligatorio y
destinación específica, por lo que no constituyen un crédito a favor del contratista. En
consecuencia, no hay lugar a ordenar su devolución ni su pago directo al actor.

143. Así, frente al reparo de la parte demandante, la Sala precisa que la declaratoria
de una relación laboral encubierta no autoriza la devolución de los aportes que el actor
efectuó al sistema de seguridad social en calidad de contratista. El restablecimiento
del derecho, en esta materia, se contrae a que la entidad demandada asuma los

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Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

porcentajes que le correspondían como empleadora durante los periodos en los que
se acreditó el vínculo laboral.

144. En ese sentido, la orden judicial no ampara el reintegro de los dineros ya
pagados por el trabajador, sino el reconocimiento de las cotizaciones adeudadas que
puedan incidir en la consolidación de su historia laboral y en la liquidación de su
eventual derecho pensional. Lo relevante, entonces, no es devolver al demandante los
aportes que legalmente debía realizar como afiliado, sino garantizar que el empleador
asuma la carga contributiva que omitió por la relación de trabajo comprobada.

145. Por ello, la administración deberá verificar, mes a mes, si existe diferencia entre
los aportes realizados por el demandante y aquellos que debieron efectuarse con
ocasión del vínculo laboral declarado. En caso afirmativo, deberá cotizar al respectivo
fondo o administradora únicamente la suma faltante, en el porcentaje que le
correspondía como empleadora.

146. Esta conclusión se explica por la naturaleza parafiscal de los aportes al sistema
de seguridad social. Tales recursos son de pago obligatorio, tienen una destinación
específica y no constituyen un crédito a favor del interesado. Por tanto, no pueden
convertirse en un beneficio económico directo, aun cuando se haya declarado la
existencia de una relación laboral subyacente. Así lo ha determinado la presente
Sección, en un caso similar al caso bajo estudio:

[...]en todo caso, no resulta procedente la devolución de los aportes a salud que efectuó
como contratista, comoquiera que estos fueron debidamente cotizados al sistema general
de Seguridad Social, al existir una obligación legal de realizar dicha contribución y ante su
carácter parafiscal.

[…]

Teniendo en cuenta ello, la orden contenida en el numeral cuarto de la sentencia de
primera instancia, en la que se dispuso que el municipio debía «reconocer y pagar en favor
de la demandante los porcentajes de cotización correspondientes a salud y pensión que
debió trasladar a los fondos respectivos» resulta desproporcionada y contraría las reglas
jurisprudenciales sentadas por esta Corporación.

Las anteriores consideraciones se hacen extensivas a las cotizaciones que hubiese
realizado la señora Peña Sánchez a título de riesgos laborales, pues estos también
ostentan naturaleza parafiscal, es decir pública, y por tanto su destinación es específica
debiendo ser invertidos en las obligaciones previstas en la ley.

Resta precisar que según lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.2.2 del Decreto 1072 de 2015,
para todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de
servicios con una duración superior a un (1) mes la afiliación a una ARL es obligatoria,
luego el pago de los aportes constituye un deber legal para la suscripción y
perfeccionamiento del contrato sin la cual no hubiera podido ejecutarse.

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Demandante: Julián Andrés Villada Granada
Demandado: Municipio de Pereira

147. En consecuencia, no hay lugar a ordenar en favor del demandante la devolución
de los aportes efectuados, ni pagarle directamente las cotizaciones por riesgos
laborales.

• De la prescripción

148. En atención a que la Sala estableció la configuración de los tres elementos de
la relación laboral, procede el estudio de la prescripción, como resultado del
reconocimiento de la relación laboral encubierta. Sobre el particular, el fallo de
unificación del 9 de septiembre de 202157 dispuso el término de 30 días hábiles «como
indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios» y solo para la prescripción de los derechos laborales.

149. A su vez, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201658 estableció que
el interesado en el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales debe reclamar en los tres años siguientes a la terminación del vínculo
contractual.

150. En el caso objeto de estudio, el accionante presentó la reclamación el 1 de julio
de 2020. Luego, considerando que el último vínculo contractual finalizó el 28 de
diciembre de 2020, el término de tres años para presentar la reclamación vencía el 28
de diciembre de 2023.

151. Dado que la parte actora interpuso la petición el 1 de julio de 2020, la Sala
concluye que no operó la prescripción respecto de las pretensiones relacionadas con
prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta por el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 2011 hasta el 28 de diciembre de 2020 —salvo
interrupciones y el lapso del 30 de abril de 2019 y el 30 de diciembre de 2019, este
último respecto del cual no se dispuso su reconocimiento—. En efecto, aunque dentro
de ese periodo se presentó una interrupción superior a 30 días hábiles —entre el 30
de diciembre de 2018 y el 22 de enero de 2020, equivalente a 1 año y 23 meses—,
ello no impide el reconocimiento de los derechos causados en dicho intervalo laboral,
pues ambos extremos se encuentran dentro del término prescriptivo trienal, contado
desde el 1 de julio de 2017, comoquiera que la reclamación administrativa fue radicada
el 1 de julio de 2020.

152. Además, de acuerdo con los hechos probados, entre el 1 de julio de 2011, fecha
en que inició la primera vinculación, y el 1 de julio de 2017, correspondiente a los tres
años anteriores a la petición, no se acreditaron interrupciones superiores a 30 días.

57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, proceso con radicado 23001-23-000-

2013-00260-01 (0088-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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153. Por consiguiente, procede el pago de las prestaciones sociales causadas entre
el 1 de julio de 2011 y el 28 de diciembre de 2020, salvo las interrupciones acreditadas
y el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2019 y el 30 de diciembre de 2019,
respecto del cual no se dispuso su reconocimiento. Igualmente, se precisa que los
aportes a pensión son imprescriptibles.

4. Conclusión

154. El señor Julián Andrés Villada Granada acreditó la existencia de una relación
laboral del 1 de julio de 2011 y el 28 de diciembre de 2020 — salvo las interrupciones
acreditadas y el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2019 y el 30 de diciembre
de 2019 —, en la prestación del servicio como conserje y vigilante de instituciones
educativas del municipio de Pereira. En efecto, demostró la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación continua. Por consiguiente, procede el
pago de las prestaciones sociales causadas.

5. Costas

155. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 59 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

59 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Falla:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, el 4 de abril de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Segundo: Modificar los ordinales tercero y quinto de la parte resolutiva del fallo
impugnado, en los siguientes términos:

3. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira a pagar en favor del señor Julián Andrés
Villada Granada las prestaciones laborales dejadas de percibir durante los períodos de
vinculación del demandante con dicha entidad, para lo cual tomará como referente los
salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que
ejecutó por el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral,
mediante contratos de prestación de servicios, entre el 1º de julio de 2011 y el 28 de
diciembre de 2020, así: […]

5. La entidad demandada condenada deberá tomará como referente los salarios de
un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó por el
tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral y calcular el ingreso
base de cotización (IBC) pensional del actor, mes a mes, a fin de establecer si existe
diferencia entre los aportes realizados por el contratista o trabajador en misión y los que
se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje
que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos, la parte actora
deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la
carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador, según lo analizado en los acápites pertinentes de esta sentencia.

Tercero: Revocar el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

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Demandado: Municipio de Pereira

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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