Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00195-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00195-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2017-00195-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
12 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Demandante : Luz Nelly Pérez Correa
Demandado : Municipio de Pereira (Risaralda)
Tema : Contrato realidad
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes y
el correspondiente agente del Ministerio Público contra la sentencia de 1° de
noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo Risaralda (sala
primera de decisión), que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 162 a 181 c.1). La señora Luz Nelly Pérez Correa,
por conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de Pereira
(Risaralda), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare «[…] la nulidad del [a]cto administrativo No.
46452 de 09 de noviembre de 2016 [y] la existencia de una relación de carácter
laboral entre […]» las partes.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad territorial
accionada reconocer y pagar (i) «[…] las diferencias salariales y las
prestacionales, sociales y económicas durante el período en que la [actora]
prestó sus servicios […]»; (ii) «[…] los porcentajes de cotización
correspondientes a pensión, salud y riesgos profesionales de acuerdo con el
valor de los respectivos contratos que se debió trasladar a los [respectivos]
fondos […]»; (iii) «[…] las horas extras que se debieron cancelar […]»; (iv)
«[…] las cotizaciones correspondientes a caja de compensación […]» familiar;
y «[…] un día de salario por pago tardío hasta que se haga efectivo el pago de
las obligaciones prestacionales […]» (sic).
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
De igual modo, se declare que «[…] el tiempo laborado […] bajo la modalidad
de contrato de orden de prestación de servicios (O.P.S) se debe computar para
efectos pensionales». Lo anterior, junto con la actualización de las sumas
adeudadas.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que prestó servicios personales y
remunerados bajo continua subordinación y dependencia de la secretaría de
educación de Pereira (Risaralda), desde febrero de 2002 hasta febrero de 2016,
a través de contratos de prestación de servicios.
Que el «[…] 26 de octubre de 2016 […] presentó […] reclamación […] con el
fin de que se reconocieran los derechos y prestaciones sociales» (sic), lo que le
fue negado con el acto acusado.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53,
90, 209, 229 y 300 (numeral 7) de la Constitución Política; 23 del Código
Sustantivo del Trabajo (CST); y 1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968.
Asimismo, las Leyes 21 de 1982 y 100 de 1993 y los Decretos 1848 de 1969 y
1295 de 1994.
Asevera que la entidad accionada desconoce la reiterada jurisprudencia de la
Corte Constitucional1 y de esta Corporación2 y con ello la primacía de la
realidad sobre las formas, pues desdibujó la verdadera relación contractual al
pactar por medio de contratos y órdenes de prestación de servicios, la ejecución
permanente de las mismas funciones que desempeñaba un empleado de planta.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 190 a 200 c.1 y 201 a 204 c.2). El
municipio de Pereira (Risaralda), por conducto de apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda; frente a los hechos dice que algunos son ciertos,
otros no y los demás no le constan, por lo que deben probarse; y formuló las
excepciones denominadas inexistencia de la relación laboral, inexistencia de
causa para demandar o cobro de lo no debido y prescripción.
Arguye que los contratos de prestación de servicios se celebraron en forma
1
Sentencia C-154 de 1997.
2
Sentencias de 25 de enero de 2001, expediente 1654-2000, y 18 de noviembre de 2009, expediente J0039,
ambas del C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda; 7 de septiembre de 2006, expediente 05001-23-31-000-2000-04732-
01 (7979-05), C. P. Alberto Arango Mantilla; 16 de octubre de 2008, expediente 4085, C. P. Alfonso Vargas
Rincón; y 19 de febrero de 2009, expediente 73001-23-31-000-2000-03449-01 (3074-05), C. P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez.
2
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
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Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
periódica y «[…] el acto de funciones de apoyo a la administración municipal
que no genera de ninguna manera una relación laboral, está netamente
encaminado a la realización de actividades sin la aplicación de horarios,
únicamente coordinación siempre desde las libertades que deja el contrato de
prestación de servicios para el debido desarrollo […]» (sic) de su objeto.
1.6 La providencia apelada (ff. 233 a 257 c.2). El Tribunal Administrativo de
Risaralda (sala primera de decisión), en sentencia de 1° de noviembre de 2019,
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que «[…] se encuentra debidamente acreditado que la [actora]
prestó sus servicios al municipio de Pereira – Secretaría de Educación, como
bibliotecaria y secretaría de rectoría en establecimientos educativos de esta
localidad, […] funciones que tenían que ser desempeñadas bajo la directriz
del rector del plantel educativo, quien a su vez tenía la calidad de autoridad
encargada de impartir órdenes y señalar funciones que la demandante debía
cumplir en desarrollo de su labor […]» (sic).
No obstante, declaró que se configuró el fenómeno jurídico-procesal de la
prescripción respecto de los contratos celebrados desde el 25 de febrero de 2002
hasta el 30 de septiembre de 2007.
Por lo anterior, condenó al municipio demandado a pagar a la actora las
prestaciones sociales a las que tiene derecho, incluidas las vacaciones, las
cesantías y sus intereses y las primas legales a las que haya lugar, entre el 12 de
marzo de 2008 y 13 de febrero de 2016; y completar los porcentajes de
cotización por aportes a pensión que no efectuó por la totalidad de los contratos
celebrados. Asimismo, dispuso que el tiempo laborado se deberá computar para
efectos pensionales.
1.7 Los recursos de apelación:
1.7.1 Entidad accionada (ff. 260 vuelto c.2). Inconforme con la anterior
sentencia, el ente territorial demandado, a través de apoderado, interpuso
recurso de apelación, al estimar que no se demostró el elemento subordinación
para que se configure una relación laboral; y «[e]n relación con la prescripción
se tiene que existe un sin número de interrupciones que debieron ser tenidas en
cuenta por el fallador de primera instancia, una de ellas el periodo DE
SERVITEMPORALES SA del 18 de enero al 13 de octubre de 2010,
interrupción que debió ser analizada, adicional a esto tenemos entre los
contratos del 16 de septiembre al 6 de septiembre de 2013, del 8 de septiembre
3
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Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
al 30 de noviembre de 2014 y del 23 de junio al 22 de noviembre de 2015
encontramos interrupciones superiores a un mes inclusive en el último de los
períodos de dos meses, aspecto que razonablemente debía ser tenido en cuenta
para decretar una prescripción […]» (sic).
1.7.2 Parte demandante (ff. 261 a 265 c.2). La actora, por conducto de
apoderado, formuló alzada (parcial), pues, a su juicio, entre la suscripción de
los contratos hubo «[…] interrupciones que no se deben a la libertad del
funcionario, sino a tramitología gubernamental para el otorgamiento de los
contratos de prestación de servicios o a las vacaciones de las instituciones
educativas que por lo general se presentan al inicio del año y al finalizar el año
[…]» (sic).
Aduce que «[…] se pudo demostrar la existencia de horas extras […] no solo
con testimonios, sino con las minutas aportadas, luego [al] no reconocer la
existencia de prestaciones a las que tendría derecho cualquier trabajador […]
se estaría obrando en contra de la justicia, cuando dentro del proceso aparece
de manera contundente demostrado, la existencia de personal administrativo
encargado de las mismas funciones que la demandante, igualmente aparece
demostrado por unos años las horas extras laboradas por la demandante los
días dominicales y festivos […]» (sic).
Que, respecto de la prima de servicios, «[…] a partir del año 2014 mediante
Decreto 2351 de 2014 […] por el cual se regula la prima de servicios para los
empleados públicos del orden territorial, esta se empezó a reconocer, por tal
motivo y considerando que a la demandante se le reconoció la existencia de un
contrato de trabajo a través del principio de [primacía de] la realidad sobre las
formalidades, desde el año 2008 hasta el año 2016 se le debe reconocer dicho
derecho […]» (sic).
Agrega que no comparte la decisión de ordenar completar los aportes a pensión
«[…] no solo porque deja por fuera los aportes a salud realizados por el
empleado y que debieron ser asumidos por su empleador en proporción legal,
los cuales deben ser reintegrados a este, y en cuanto a los aportes a pensión
también debe ser reintegrado el mayor valor cancelado por el empleado, y no
simplemente indicar que solo procederá el pago al fondo de pensiones» (sic).
1.7.3 Ministerio Público (ff. 291 a 294 c.2). El señor procurador 157 judicial
II para asuntos administrativos, destacado ante el Tribunal Administrativo de
Risaralda, quien funge como representante del Ministerio Público dentro del
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Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
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Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
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presente proceso en primera instancia, presentó apelación adhesiva en la que
pide revocar parcialmente la anterior providencia, por cuanto «[…] solamente
estarían fuera de la prescripción trienal todos aquellos derechos prestacionales
diferentes a la cotización para el sistema de pensiones (que es imprescriptible)
derivados de los contratos ejecutados después del 26 de octubre de 2013. Como
en este caso la interrupción superior a 15 días hábiles anterior a octubre de
2013 se dio el 13 de junio de 2013, […] solo se deben reconocer los derechos
derivados de los contratos suscritos a partir del 8 de julio de 2013 cuya
prestación continua se prolongó hasta el 6 de diciembre de 2013, y los suscritos
después de esa fecha, porque pese a que pueda haber algunas interrupciones
de continuidad, la reclamación se formuló dentro de los tres años siguientes»
(sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveídos de 13 y 25 de
febrero de 2020 (ff. 286, 287 y 296 c.2) y admitidos por esta Corporación a
través de auto de 30 de noviembre de 2021 (f. 303), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con providencia de 18 de febrero de 2022 (f. 305), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por el ente
territorial accionado para reiterar sus argumentos de apelación3.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problemas jurídicos. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar
(i) si a la demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar del municipio
de Pereira el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no devengadas
durante el tiempo que permaneció vinculada como contratista, en aplicación del
principio de «primacía de la realidad sobre formalidades»; o, por el contrario,
si los contratos de prestación de servicios que celebró con dicha entidad se
ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuró una relación
3
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
5
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
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laboral; (ii) si procede el reconocimiento de horas extras, prima de servicios y
la devolución de los aportes que la demandante efectuó a salud y pensión en los
porcentajes que correspondían al empleador; y (iii) si operó en forma parcial el
fenómeno jurídico de la prescripción de derechos laborales.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución de los problemas jurídicos
planteados en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.
3.3.1 Asuntos de contrato realidad. En principio, cabe precisar que respecto
de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su
artículo 32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209
de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio
a contratar».
Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez
que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del
contrato y de la ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el
de carácter laboral, así:
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Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
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Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una
persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la
ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, pues en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no
puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en
caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a
la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino,
más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato
respectivo.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 4, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente
que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo
y que ha tomado posesión del mismo.
4
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
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Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de
la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales,
como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un
trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y
no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a
sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos
de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones
de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una
medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se
oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se
desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de
servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional,
concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la
entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de
planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera,
despliega los principios constitucionales de la función pública en las
relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de
funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con
el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la
administración mediante el concurso de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía
de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de
la materia.
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Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional del ente estatal contratante, para ejecutarlos
en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales5.
De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda 6
recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se
exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento,
en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos,
la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora
demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y
la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia,
para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una
verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia
de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a
quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios
que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de
empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los
presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.
3.3.2 Sobre las empresas de servicios temporales. La Ley 50 de 1990, «[p]or
la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan
otras disposiciones», en su artículo 71, define las empresas de servicios
temporales como aquellas que contratan «[…] la prestación de servicios con
terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus
actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales,
contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene
con respecto de éstas el carácter de empleador»7.
5
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
6
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-
33-000-2012-00020-01 (316-2014).
7
Definición también contenida en el artículo 2 del Decreto 4369 de 2006, «por el cual se reglamenta el ejercicio
de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras disposiciones».
9
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A su vez, el artículo 74 de la mencionada Ley8 prevé la clasificación de los
trabajadores de tales empresas, así:
Los trabajadores vinculados a las empresas de servicios temporales son de
dos (2) categorías: Trabajadores de planta y trabajadores en misión. Los
trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las
dependencias propias de las empresas de servicios temporales.
Trabajadores en misión son aquellos que la empresa de servicios
temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o
servicio contratado por éstos.
El artículo 6 del Decreto 4369 de 20069, compilado en el Decreto 1072 de
201510, preceptúa los casos en los que las empresas usuarias pueden contratar
con las de servicios temporales, a saber: (i) cuando se trate de las labores
ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6° del Código
Sustantivo del Trabajo (CST)11; (ii) cuando se requiere reemplazar personal en
vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad; y
(iii) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación
de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6)
meses más. No obstante, el parágrafo de dicha disposición establece que «[s]i
cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente
artículo, la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste
en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno
nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la
prestación de dicho servicio».
La modalidad de trabajo a través de las empresas de servicios temporales fue
objeto de análisis por esta Sala, en providencia de 6 de octubre de 2016 12, del
siguiente modo:
[…] las empresas de servicios temporales conforman una modalidad de
trabajo en la que no existe vínculo directo entre quien se beneficia del
trabajo y el trabajador que lo realiza o presta el servicio.
Ahora, existe una pluralidad de vínculos jurídicos que se desprenden de la
relación contractual existente entre las empresas de servicios temporales y
8
Categorización igualmente contenida en el artículo 4 del referido Decreto 4369 de 2006.
9
«Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan
otras disposiciones».
10
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo», artículos 2.2.6.5.1 a
2.2.6.5.23.
11
«Artículo 6o. Trabajo ocasional. Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración y no
mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del {empleador}»
12
Expediente 41001-23-33-000-2012-00041-00 (3308-13).
10
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
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el trabajador que presta la labor o servicio. Así como también, se genera
una relación jurídica entre el tercero beneficiario o empresa usuario, el
trabajador y la Empresa de Servicios Temporales.
Pues bien, respecto de la primera, es decir, la relación jurídica existente
entre la empresa de servicios temporales y el trabajador en misión que lleva
a cabo la prestación personal del servicio, existe un verdadero contrato de
trabajo o relación laboral, regido por la normatividad laboral del Código
Sustantivo del Trabajo13.
Y en lo que respecta al salario a devengar por parte de los trabajadores en
misión, la norma señala que “… los trabajadores en misión tendrán derecho
a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa
usuaria que desempeñen la misma actividad”, así como los beneficios que
la usuaria tenga en materia de transporte, alimentación y recreación14.
Entre la Empresa de Servicios Temporales y el tercero beneficiario o
empresa usuaria, se genera una relación jurídica regida por un contrato de
prestación de servicios, el cual debe reunir los requisitos señalados por el
artículo 81 de la prementada normatividad, a saber:
“ARTÍCULO 81. Los contratos celebrados entre las empresas
de servicios temporales y los usuarios, deberán:
1. Constar por escrito.
2. Hacer constar que la empresa de servicio temporal se sujetará
a lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios,
prestaciones sociales, horas extras, recargos diurnos y
nocturnos, dominicales y festivos.
3. Especificar la compañía aseguradora, el número de la póliza,
vigencia y monto con la cual se garantiza el cumplimiento de
las obligaciones laborales de las empresas de servicios
temporales con los trabajadores en misión.
4. Determinar la forma de atención de las obligaciones que en
materia de salud ocupacional se tiene para con los trabajadores
en misión, cuando se trate de las circunstancias establecidas en
el artículo 78 de la presente ley.”
Y por último, entre la empresa usuaria y el trabajador en misión no se
genera relación laboral, al no existir entre la empresa usuaria y el trabajador
temporal contrato alguno, dado que entre la E.S.T. y el trabajador en misión
se configura un contrato laboral, constituyéndose la Empresa de Servicios
Temporales en el empleador de aquel, tal como lo dispone el artículo 71 de
la Ley 50 de 1990 y por ende, asumiendo el pago de las prestaciones
13
«Artículo 75. A los trabajadores en misión se les aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen laboral. Así como lo establecido en la presente ley».
14
«Artículo 79. Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los
trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas
de antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario
tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y
recreación».
11
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
sociales que por ley tiene derecho el trabajador en misión.
El panorama normativo antes reseñado, deja esclarecido la relación
jurídica que se origina entre las empresas de servicios temporales, los
trabajadores en misión y las empresas usuarias, lo que para el caso sub
judice, es de relevancia como quiera que el demandante estuvo gran parte
del tiempo vinculado con la Empresa de Servicios Temporales […] y
pretende se condene a la E.S.E. demandada al pago de las prestaciones
sociales a que tiene derecho durante el tiempo que estuvo vinculado con la
E.S.T como trabajador en misión.
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del CST, existe
responsabilidad solidaria entre el dueño de la labor y el contratista que
suministra los trabajadores para desarrollar su objeto, en los siguientes
términos:
Contratistas independientes (artículo modificado por el artículo 3o. del
Decreto 2351 de 1965):
1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos
{empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas
naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la
prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio
determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios
medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario
del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a
las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente
responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las
prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores,
solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista
las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos
trabajadores.
2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será
solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior,
de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en
el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los
servicios de subcontratistas.
Respecto de la anterior responsabilidad solidaria en materia laboral, la Corte
Constitucional15 evaluó los requisitos para su procedencia, al determinar:
[…] se predica responsabilidad solidaria en materia laboral, al tenor del
artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se cumplen los
siguientes presupuestos: (i) la empresa contratante contrata a la empresa
contratista para que realice una labor o ejecute una obra que en principio
15
Sentencia T-889 de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa.
12
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
correspondería efectuarla a ella, por ser una de las actividades relacionadas
en su objeto social; (ii) la empresa contratista contrata, a través de contrato
laboral, al trabajador o a los trabajadores que se requieren para para la
ejecución de la labor o la obra; (iii) la labor ejecutada por el trabajador en
beneficio de la empresa contratante guarda relación directa con una o
varias de las actividades que aquella realiza, de acuerdo con el giro propio
de sus negocios (relación de causalidad)16; (iv) la empresa contratista
incumple, total o parcialmente, sus deberes como empleadora, de uno o
varios trabajadores que ejecutan la labor en beneficio de la empresa
contratista; y, (v) la labor la ejecutó el trabajador bajo órdenes y
supervisión de la empresa contratante; o siguiendo lineamientos por ella
establecidos; o en las instalaciones físicas de la misma y haciendo uso de
sus recursos físicos y de personal; o todas las anteriores.
En tales condiciones, las empresas de servicios temporales desarrollan una
modalidad de contratación que está respaldada en la ley y no cuenta con
reproche alguno siempre que se acaten a cabalidad las disposiciones que la
desarrollan, en especial los eventos en que el legislador permitió que las
entidades públicas puedan desarrollar su objeto mediante el uso de este tipo de
herramientas. No obstante, a pesar de que sea una modalidad laboral permitida
por la ley, lo cierto es que en determinados casos, establecidos por la
jurisprudencia constitucional, se genera una responsabilidad solidaria entre el
dueño de la labor y el contratista que suministra los trabajadores para desarrollar
su objeto, como lo son, entre otros, que (i) la empresa contratante contrata a la
empresa contratista para que realice una labor o ejecute una obra que en
principio correspondería efectuarla a ella, por ser una de las actividades
relacionadas en su objeto social; (ii) la empresa contratista incumple, total o
parcialmente, sus deberes como empleadora, de uno o varios trabajadores que
ejecutan la labor en beneficio de la empresa contratista; y (iii) la labor la ejecutó
el trabajador bajo órdenes y supervisión de la empresa contratante; o siguiendo
lineamientos por ella establecidos; o en las instalaciones físicas de la misma y
haciendo uso de sus recursos físicos y de personal.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
16
«Cabe señalar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que también
hay responsabilidad solidaria entre la empresa contratista y la empresa contratante, por obligaciones
laborales, cuando se ejecuta en favor de aquella, una obra nueva o de mantenimiento, que van a ser parte de
su cadena productiva, dado que se trata de un instrumento para la manipulación de las materias que se
transforman o de los productos acabados, a través de la que justamente se desempeña el giro propio de sus
negocios (ver en este sentido la sentencia No. 27623 del 10 de marzo de 2009, MP. Eduardo López Villegas)».
13
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
a) La accionante prestó sus servicios para realizar labores administrativas
(bibliotecaria, elaboración de documentos, archivo y gestión secretarial, entre
otros) en el municipio de Pereira (Risaralda), en forma interrumpida, en virtud
de los siguientes contratos de prestación de servicios y según certificaciones
expedidas por la secretaría de educación del mencionado ente territorial (ff. 49
a 59 y 74 a 135 c.1):
Contrato Inicio Finalización
1 - 25/02/2002 22/03/2002
2 - 01/04/2002 30/04/2002
3 - 02/05/2002 28/06/2002
4 - 15/07/2002 09/12/2002
5 - 17/03/2003 11/04/2003
6 - 21/04/2003 20/05/2003
7 - 21/05/2003 04/07/2003
8 - 21/07/2003 20/08/2003
9 - 21/08/2003 30/09/2003
10 - 01/10/2003 31/10/2003
11 - 01/11/2003 12/12/2003
12 - 02/02/2004 30/04/2004
13 - 01/05/2004 30/06/2004
14 - 21/07/2004 30/09/2004
15 - 01/10/2004 19/12/2004
16 - 01/08/2005 31/08/2005
17 - 01/09/2005 30/09/2005
18 356 03/10/2005 31/10/2005
19 359 01/11/2005 15/12/2005
20 356 01/02/2006 31/03/2006
21 358 07/04/2006 31/05/2006
22 357 01/06/2006 31/07/2006
23 359 01/08/2006 31/08/2006
24 - 01/09/2006 15/12/2006
25 356 01/02/2007 28/02/2007
26 971 01/03/2007 30/04/2007
27 1505 02/05/2007 30/06/2007
28 1990 03/07/2007 05/07/2007
29 2335 06/07/2007 30/09/2007
30 1420 04/03/2008 30/12/2008
31 440 19/01/2009 18/12/2009
32 568 01/08/2011 15/12/2011
33 432 16/01/2012 15/03/2012
34 892 03/04/2012 02/08/2012
35 1290 03/08/2012 12/09/2012
36 1905 18/09/2012 01/11/2012
37 2569 02/11/2012 01/12/2012
38 607 14/01/2013 13/06/2013
39 11100924 08/07/2013 07/08/2013
14
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
40 11101135 08/08/2013 07/09/2013
41 11101858 16/09/2013 06/12/2013
42 11100476 10/01/2014 13/06/2014
43 11101149 04/07/2014 03/09/2014
44 11101824 08/09/2014 30/11/2014
45 11100424 07/01/2015 06/04/2015
46 11101062 10/04/2015 09/06/2015
47 11101738 23/06/2015 22/11/2015
48 474 14/01/2016 13/02/2016
b) La empresa de servicios temporales Servitemporales S. A. expidió
certificación el 11 de enero de 2012 (f. 60 c.1), de acuerdo con la cual la
demandante laboró como trabajadora en misión en la alcaldía de Pereira,
secretaría de educación, en los siguientes lapsos:
Cargo Ingreso Retiro
Auxiliar administrativo 18/01/2010 13/10/2010
Auxiliar administrativo 14/10/2010 08/12/2010
Auxiliar administrativo 17/01/2011 28/07/2011
Asimismo, se aportó el contrato de prestación de servicios suscrito entre el ente
territorial y Servitemporales S. A. el 29 de diciembre de 2009, con el objeto de
suministrar personal de apoyo técnico administrativo para la vigencia 2010, con
un plazo de ejecución no mayor a 6 meses (ff. 66 a 72 c.1).
c) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores
Alberto Gelacio Galeano, Doris Vivas Tafur y Ana María Quintero Ballesteros,
quienes relataron acerca de las circunstancias concernientes a la prestación de
servicios de la accionante en la secretaría de educación de Pereira (ff. 225 a 229
c.2, que contiene 1 CD).
e) Mediante escrito de 26 de octubre de 2016 (ff. 2 a 10 c.1), la actora solicitó
del municipio de Pereira el reconocimiento de «las prestaciones económicas y
sociales» entre el «año 2002 y el año 2015» (sic) y «los porcentajes de
cotización correspondientes a pensión, salud, riesgos profesionales y la
sanción moratoria […]».
f) A través de oficio 46452 de 9 de noviembre de 2016 (f. 12), la secretaría de
educación de Pereira negó lo solicitado en la letra anterior, para lo cual adujo
que los contratos celebrados con la demandante estaban regidos por la Ley 80
de 1993, por lo cual no tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones
sociales que ahora depreca.
15
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
g) La actora aporto copia de planillas de «REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA
JORNADA LABORAL PERSONAL ADMINISTRATIVO» de la Institución de
Educación Suroriental de Pereira, suscritas por ella entre el 13 de enero de 2014
y el 20 de enero de 2016 (ff. 137 a 150 c.1), de las que se observan diversos
horarios de salida y de ingreso, que en algunos casos excedían el horario de 8:00
a. m. a 5:00 p. m., pero en otros era de menos de 8 horas al día.
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que (i) la demandante
prestó de manera personal sus servicios en forma interrumpida como auxiliar
administrativa, con labores de bibliotecaria, elaboración de documentos,
archivo y gestión secretarial en la secretaría de educación de Pereira entre el 25
de febrero de 2002 y el 13 de febrero de 2016; y (ii) el 26 de octubre de 2016
reclamó de dicho ente territorial el reconocimiento de «las prestaciones
económicas y sociales» entre el «año 2002 y el año 2015» (sic) y «los
porcentajes de cotización correspondientes a pensión, salud, riesgos
profesionales y la sanción moratoria […]», lo que le fue negado con el acto
administrativo acusado.
Sobre la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar que, de
acuerdo con los referidos contratos de prestación de servicios, su objeto fue
prestar servicios de «apoyo operativo y asistencial en uno de los
establecimientos educativos oficiales» del municipio de Pereira o donde la
secretaría de educación territorial lo requiriera por necesidades del servicio.
De igual modo, se encuentra demostrada, con la copia de los contratos de
prestación de servicios, las certificaciones expedidas y los testimonios
recaudados, la existencia de los elementos de la relación laboral, por un lado,
(i) la prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente la
demandante fue contratada por el ente municipal como auxiliar administrativa,
con labores de bibliotecaria, elaboración de documentos, archivo y gestión
secretarial, según el objeto contractual ya relatado, lo que implica que fue quien
prestó el servicio; por otro, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido,
comoquiera que en dichos contratos de prestación de servicios se estipuló un
«valor del contrato y forma de pago» con cargo a los recursos presupuestales
de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la
modalidad del pago, lo que comporta como la remuneración pactada por el
servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación
(honorarios o salario), que le era pagada de manera mensual, según la suma
acordada. Sin embargo, cabe anotar que, pese a que no se aportó prueba de los
16
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
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pagos recibidos, el ente demandado no lo controvirtió ni se opuso a ello, razón
por la cual ha de entenderse que sí los efectuó, al cumplir sus obligaciones
contractuales.
En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la
relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones
desempeñadas por la actora en el ente demandado y su verdadero alcance, con
el fin de establecer si existió o no.
El municipio de Pereira es un ente territorial en cuya división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones
que le asignen la Constitución y las leyes17, por lo que las labores desempeñadas
por la accionante como auxiliar administrativa para la secretaría de educación
municipal, si bien no son inherentes a la materialización de esa misión, sí se tratan
de actividades necesarias y conexas, amén de que no fueron temporales, sino
permanentes, en la medida en que se desarrollaron por casi 14 años, en forma
interrumpida.
En el caso sub examine lo primero que da cuenta de las tareas de la accionante es
el contenido mismo de los contratos de prestación de servicios, en los que al
explicar el alcance del objeto, le asignaron, entre otras, las siguientes actividades:
«1. Clasificar, catalogar y ordenar al material bibliográfico que posee el
Establecimiento Educativo. 2. Suministrar el material bibliográfico y orientar a
los usuarios sobre su utilización. 3. Llevar el registro de utilización del servicio
y el control de los préstamos. 4. Manejo y actualización de los registros SIMAT»
(sic).
Sumado a esta prueba documental, fueron atendidos en audiencia de pruebas
los testimonios de los señores Alberto Gelacio Galeano, Doris Vivas Tafur y
Ana María Quintero Ballesteros, quienes afirmaron que la demandante ejercía
funciones de bibliotecaria y secretaria de rectoría en los establecimientos
educativos, cumplía horarios y turnos, recibía órdenes de los rectores de los
colegios donde laboró y que no había diferencia en sus actividades frente a las
de las demás auxiliares administrativas del municipio, además de situaciones
propias de la relación laboral, como lo son el uso de elementos de propiedad
de la entidad y sujeción a las órdenes de los directivos de la institución, entre
17
Artículo 311 de la Constitución Política.
17
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
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otras.
Así las cosas, los medios de prueba permiten evidenciar la concurrencia de los
tres elementos propios de una relación de trabajo (subordinación, prestación
personal y remuneración); pero, sobre todo, que la actora prestó la labor en
forma dependiente respecto del empleador, lo cual conduce a concluir que no
se trató de una relación de coordinación, sino de una en la que imperó la
subordinación.
Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de prestación
de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución
eficiente y eficaz, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, sin embargo,
en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte,
respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto
suscrito.
Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, esta cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la
obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista
ningún tipo de independencia.
Por tanto, si bien la accionante se vinculó al municipio de Pereira, a través de
contratos de prestación de servicios, se desdibujaron las características propias
de este tipo de vínculos, circunstancia que originó una relación laboral
distinguida por la permanencia y continuidad en su ejecución y la
correspondiente subordinación, tal como lo determinó el a quo.
En este orden de ideas, al asunto le es aplicable el principio de «la primacía de
la realidad sobre formalidades», pues es indudable que la demandante se
encontraba en las mismas condiciones de otros empleados públicos de la planta
de personal de la entidad.
La jurisprudencia de esta sección ha sostenido que cuando el objeto del contrato
versa sobre el desempeño de funciones de carácter permanente y en el proceso
se demuestra que hubo subordinación y dependencia respecto del empleador,
18
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
surge el derecho al pago de prestaciones18, porque de lo contario se afectan los
derechos del trabajador.
No obstante, pese a que se encuentran probados los elementos configurativos de
una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades (prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación
o dependencia), destaca la Sala que ello no implica que la persona obtenga la
condición de empleado público, puesto que no median los componentes para
una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con el artículo 122
superior19.
En tales condiciones, en cuanto al argumento de apelación del ente demandado,
referente a la inexistencia de subordinación, está desvirtuado y, en esa medida,
se confirmará la sentencia impugnada.
A pesar de lo anotado, se procede a revisar lo atinente al fenómeno prescriptivo,
tema que fue objeto de inconformidad de los sujetos apelantes, no sin antes
advertir que, pese a que se probó que en algunos lapsos la accionante estuvo
vinculada por medio de la empresa de servicios temporales Servitemporales S.
A., no es dable contar esos períodos y los únicos tiempos acreditados por la
accionante son los descritos en el cuadro contenido en la letra a) del acápite de
pruebas.
Lo anterior, porque si bien aportó prueba de su vinculación a la mencionada
empresa de servicios temporales, lo cierto es que, de acuerdo con el marco
jurídico de este fallo, tal práctica es admisible en la legislación colombiana
siempre que se cumplan los requisitos de ley; sin embargo, en este proceso no
es viable determinar si hubo o no acatamiento de las normas que regulan la
materia y una eventual responsabilidad solidaria de la denominada empresa
usuaria, por cuanto se allegó un solo contrato entre la temporal y el municipio
accionado con plazo de ejecución no mayor a 6 meses, sin fecha de inicio y
terminación, sin anexar prórroga y sin que se acredite a cuál de los lapsos, en
18
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 18 de noviembre de 2003,
expediente: IJ-0039.
19
«No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos
en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución
y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá
declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del
servidor público […]».
19
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
que fue certificado que la demandante laboró como trabajadora misional,
correspondió.
Precisada la situación precedente, se observa que hubo algunas interrupciones
en forma considerable20 en el desarrollo de la actividad contractual:
Contrato Inicio Finalización
• 25/02/2002 22/03/2002
• 01/04/2002 30/04/2002
1 - 02/05/2002 28/06/2002
• 15/07/2002 09/12/2002
Interrupción de más de 3 meses
• 17/03/2003 11/04/2003
• 21/04/2003 20/05/2003
• 21/05/2003 04/07/2003
2 - 21/07/2003 20/08/2003
• 21/08/2003 30/09/2003
• 01/10/2003 31/10/2003
• 01/11/2003 12/12/2003
Interrupción de más de 1 mes
• 02/02/2004 30/04/2004
• 01/05/2004 30/06/2004
3 - 21/07/2004 30/09/2004
• 01/10/2004 19/12/2004
Interrupción de más de 7 meses
• 01/08/2005 31/08/2005
• 01/09/2005 30/09/2005
4 356 03/10/2005 31/10/2005
359 01/11/2005 15/12/2005
Interrupción de más de 1 mes
356 01/02/2006 31/03/2006
358 07/04/2006 31/05/2006
5 357 01/06/2006 31/07/2006
359 01/08/2006 31/08/2006
• 01/09/2006 15/12/2006
Interrupción de más de 1 mes
356 01/02/2007 28/02/2007
971 01/03/2007 30/04/2007
6 1505 02/05/2007 30/06/2007
1990 03/07/2007 05/07/2007
2335 06/07/2007 30/09/2007
Interrupción de más de 5 meses
20
Al respecto, en sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 de la sección
segunda del Consejo de Estado, se estableció, como regla, «[…] un periodo de treinta (30) días hábiles, entre
la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el
cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez
encuentre probadas dentro del expediente».
20
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
7 1420 04/03/2008 30/12/2008
440 19/01/2009 18/12/2009
Interrupción de más de 1 año y 7 meses
568 01/08/2011 15/12/2011
432 16/01/2012 15/03/2012
892 03/04/2012 02/08/2012
8 1290 03/08/2012 12/09/2012
1905 18/09/2012 01/11/2012
2569 02/11/2012 01/12/2012
607 14/01/2013 13/06/2013
11100924 08/07/2013 07/08/2013
11101135 08/08/2013 07/09/2013
11101858 16/09/2013 06/12/2013
11100476 10/01/2014 13/06/2014
11101149 04/07/2014 03/09/2014
11101824 08/09/2014 30/11/2014
11100424 07/01/2015 06/04/2015
11101062 10/04/2015 09/06/2015
11101738 23/06/2015 22/11/2015
Interrupción de más de 1 mes
9 474 14/01/2016 13/02/2016
Como la interesada formuló reclamación ante la entidad el 26 de octubre de 2016,
de cara los primeros 7 lapsos contractuales se encuentra configurada la
prescripción, por cuanto desde el 18 de diciembre de 2009 hasta el 1° de agosto
de 2011 trascurrieron más de 1 año y 7 meses sin que se registrara vínculo
contractual (por lo que hubo solución de continuidad) y entre la finalización del
octavo interregno (22 de noviembre de 2015) y la reclamación administrativa (26
de octubre de 2016) no pasaron más de tres años; por ende, le asiste derecho a
que le sean reconocidos los emolumentos prestacionales derivados de los dos
últimos períodos de vinculación y se declare la prescripción trienal respecto de
los anteriores, excepto en lo referente a los aportes al sistema de seguridad social
en pensión, por lo que se modificará en ese sentido la decisión del a quo.
Por otra parte, respecto de las prestaciones sociales pagaderas, realiza la Sala las
siguientes precisiones:
Frente al reconocimiento de la prima de servicios, cabe destacar que esta Sala,
en sentencia de 4 de febrero de 201621, precisó que «con el fin de determinar
cuáles son las prestaciones sociales que se deberán reconocer a título de
reparación integral del daño al declararse una relación de carácter laboral,
[…] acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la
21
Expediente 81001-23-33-000-2012-00020-01 (316-2014).
21
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
base de quien debe asumirlas. En ese orden de ideas, se encuentran las que son
asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de
forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral. Dentro de las
prestaciones sociales que están a cargo directamente del empleador se
encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas, las
cesantías; y las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema
Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos
profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por
cada sistema debe mediar una cotización». Asimismo, en providencia de 6 de
octubre siguiente22, aclaró que «el reconocimiento de la primacía de la realidad
sobre la formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una
relación laboral subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede
otorgar al accionante la calidad de empleado público, por lo que no es posible
reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros
funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado, máxime
cuando el accionante no acreditó dentro del proceso cuales son las
prestaciones a las que considera tener derecho ni el origen de las mismas».
En virtud del derrotero jurisprudencial expuesto, a la demandante le asiste el
derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de carácter legal que para
el momento de los hechos devengaban los trabajadores del municipio de Pereira
(Risaralda) y en especial aquellos de planta que laboraban como auxiliares
administrativos, tales como vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y las
reconocidas por el sistema integral de seguridad social, mas no aquellas
extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los empleados públicos,
condición de la que ella carece.
En ese sentido, le corresponderá a la entidad accionada al momento de cumplir
la condena impuesta en este fallo, determinar las prestaciones sociales que serán
objeto de liquidación a favor de la accionante.
En lo atañedero a las horas extras, si bien se aportaron las planillas de
«REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA JORNADA LABORAL PERSONAL
ADMINISTRATIVO» de la Institución de Educación Suroriental de Pereira,
suscritas por la accionante entre el 13 de enero de 2014 y el 20 de enero de 2016,
de estas se desprende que la demandante tenía diferentes horas de ingreso y
salida, que en algunos días excedían el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., pero
en otros era de menos de 8 horas, por lo que no se puede establecer su cantidad
exacta ni determinar si los días que excedía la jornada legal los recuperaba en
22
Expediente 66001-23-33-000-2013-00091 01 (237-2014).
22
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
aquellas horas en que no trabajaba dentro del horario habitual; además, no se
aportó medio probatorio de los horarios en que funcionaba el mencionado
plantel educativo. Por ende, era necesario que la interesada demostrara que
trabajó tiempo extra, si fue diurno o nocturno, festivo o dominical, si existió
compensación o no y si se le autorizó para tal efecto, pero como no lo hizo, le
asiste razón al a quo sobre este aspecto.
Por último, en lo referente al pago de «los aportes al régimen de Seguridad
Social», lo cierto es que, en atención a la regla de unificación establecida en la
sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 202123, esos recursos del
sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines
específicos y aunque no constituyen un crédito a favor del contratista, el
empleador debe sufragarlos, por tanto, no es dable que se le sufraguen
directamente al interesado.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se confirmará parcialmente el fallo de primera instancia, que
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda y se modificarán los
numerales 1. y 3. de su parte decisoria, únicamente en cuanto a que la excepción
de prescripción se encuentra probada entre el 25 de febrero de 2002 y el 18 de
diciembre de 2009 y, en consecuencia, el período por el que se deben pagar las
respectivas prestaciones sociales a la actora es del 1° de agosto de 2011 al 13 de
febrero de 2016.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
23
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016). La regla de unificación fijada es «que frente a la
no afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración, es improcedente
el reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios
de naturaleza parafiscal», con voto disidente por parte del suscrito ponente, porque la devolución del porcentaje
de cotizaciones al sistema integral de seguridad social en salud y pensiones hace parte del restablecimiento
del derecho de la parte demandante (lo que estará sujeto al fenómeno prescriptivo), y una decisión en contrario
podría constituir un enriquecimiento sin justa causa a favor de la entidad estatal accionada. De igual manera,
una cosa es que las entidades completen al sistema los aportes correspondientes a pensión (que comporta un
derecho imprescriptible), como se dejó sentado en la sentencia de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de
2016, y otra, la devolución de lo que el demandante tuvo que sufragar respecto del porcentaje que correspondía
a su empleador, que, se insiste, integra su restablecimiento del derecho.
23
Expediente 66001-23-33-000-2017-00195-01 (2463-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de
Pereira (Risaralda)
1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 1° de noviembre de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala primera de decisión), que
accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda incoada por la señora
Luz Nelly Pérez Correa contra el municipio de Pereira (Risaralda), por las
razones expuestas en la parte motiva.
2°. Modifícanse los numerales 1. y 3. de la parte decisoria del fallo de primera
instancia, en el sentido de declarar probada la excepción de prescripción
extintiva de los derechos respecto de los contratos celebrados entre el 25 de
febrero de 2002 y el 18 de diciembre de 2009; en consecuencia, las
correspondientes prestaciones sociales, pagaderas a la actora, deberán
sufragarse por los vínculos suscitados entre el 1° de agosto de 2011 y el 13 de
febrero de 2016, de conformidad con lo indicado en la motivación de esta
providencia.
3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
24
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