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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01763-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01763-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacios Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

Tema: relación laboral encubierta Subtema 1: instructor del SENA. Subtema 2:
elementos de la relación laboral.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, el 30
de enero de 2026, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Primo Palacio Mosquera solicitó la nulidad del Oficio 05-2-2020-011280 del
20 de marzo de 2020, mediante el cual el SENA negó el reconocimiento de la relación
laboral que, según afirmó, estuvo encubierta mediante la celebración sucesiva de
contratos de prestación de servicios entre 2003 y 2019.

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que, aunque se acreditaron la prestación personal del servicio y la
remuneración, no se demostró la subordinación. En particular, estimó que la
presentación de informes, la asistencia a reuniones, la ejecución de actividades
programadas y la coordinación con funcionarios de la entidad correspondían al
seguimiento propio de los contratos de prestación de servicios.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocará la sentencia
de primera instancia y declarará la existencia de una relación laboral encubierta
durante los periodos contractuales acreditados, al encontrar demostrada la
subordinación del demandante en la ejecución de actividades misionales de formación
profesional y de apoyo a su programación, seguimiento y supervisión. En

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

consecuencia, ordenará el restablecimiento del derecho en los términos señalados en
esta providencia.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Primo Palacio Mosquera, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 14 de septiembre
de 20201 contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA), con las
siguientes pretensiones2:

2. Que se declare la nulidad del Oficio 05-2-2020-011280 del 20 de marzo de
2020, mediante el cual el SENA negó el pago de las prestaciones sociales y demás
emolumentos laborales reclamados por el señor Primo Palacios Mosquera.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la existencia de
una relación laboral entre el señor Primo Palacios Mosquera y el SENA, durante el
periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2003 y el 13 de diciembre de 2019.

4. Como consecuencia de lo anterior, pidió condenar a la entidad demandada al
reconocimiento y pago de: i) cesantías; ii) intereses a las cesantías; iii) prima de
servicios; iv) prima de navidad; v) prima de vacaciones; vi) prima de localización; vii)
prima quinquenal o de antigüedad; viii) vacaciones; ix) cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social en pensión, salud y riesgos laborales, en el porcentaje
correspondiente, y x) aportes a la caja de compensación familiar, por el periodo
durante el cual se extendió la relación laboral reclamada.

5. Asimismo, solicitó que se le reconozcan todos los emolumentos que perciben
los empleados de planta del SENA, de conformidad con lo dispuesto en el «Manual
de Prestaciones Sociales del SENA», así como los conceptos causados por horas
extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos.

6. También pidió que se ordene el pago de las sanciones previstas en la Ley 100
de 1993 por la no vinculación del demandante al Sistema de Seguridad Social, que la
sentencia se cumpla en los términos del artículo 192 del CPACA, que las sumas
reconocidas sean debidamente indexadas y que se condene en costas a la entidad
demandada.

2.1.1. Hechos

7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

1 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “003Demanda”, pp. 1 a 19.
2 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “003Demanda” – pretensiones visibles,

pp. 7 a 9.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

8. El señor Primo Palacio Mosquera estuvo vinculado al SENA, a través del
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico, Regional Antioquia, sede
Apartadó, mediante la celebración sucesiva de contratos de prestación de servicios,
entre el 10 de marzo de 2003 y el 13 de diciembre de 2019.

9. En términos generales, los contratos suscritos por el demandante tuvieron por
objeto la prestación de servicios como docente/instructor en las áreas de gestión
ambiental, agricultura, proyectos, tecnologías agrícolas, producción limpia y
conocimiento agrícola. Asimismo, en algunos periodos fue contratado para apoyar la
supervisión de contratos académicos y de actividades relacionadas con la formación
titulada y complementaria del centro de formación.

10. El demandante dijo que las actividades contratadas correspondían a funciones
misionales del SENA, relacionadas con la prestación del servicio de formación
profesional integral, y que se ejecutaron de manera permanente durante todo el
tiempo de vinculación.

11. Afirmó que el SENA acudió a contratos de prestación de servicios porque no
contaba con personal de planta suficiente para atender las necesidades del servicio,
circunstancia que, en su criterio, evidenciaba que las labores contratadas no eran
temporales ni excepcionales.

12. Señaló que prestó personalmente sus servicios como instructor y que recibía
una remuneración periódica por las actividades desarrolladas, la cual, para el último
contrato, ascendía a $3.679.769 mensuales.

13. Indicó que debía cumplir una jornada aproximada de 40 horas semanales,
distribuida en turnos de 6 o 12 horas diarias, entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. o, en
algunas ocasiones, hasta las 10:00 p.m., con un día de descanso.

14. Agregó que las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación eran
programadas conforme al calendario institucional del SENA, y que debía cumplir el
objeto contractual en los programas, horarios y lugares indicados por la entidad.

15. También manifestó que debía elaborar planes de trabajo en coordinación con
el supervisor, participar en reuniones de comité de evaluación y seguimiento, atender
reuniones autorizadas por la coordinación académica o por delegación del subdirector,
así como reportar y ejecutar sus actividades conforme a las directrices institucionales.

16. Adujo que, durante la ejecución contractual, recibía órdenes del coordinador,
del supervisor y del subdirector del SENA, por lo que, en su criterio, existió una
verdadera relación laboral subordinada que no fue formalizada por la entidad.

17. El señor Primo Palacio Mosquera solicitó al SENA, el 21 de febrero de 2020, el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales
derivadas de la relación laboral que, según afirmó, estuvo encubierta mediante

3

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

contratos de prestación de servicios.

18. Mediante Oficio 05-2-2020-011280 del 20 de marzo de 2020, el SENA negó la
solicitud, al considerar que la vinculación del demandante se efectuó mediante
contratos de prestación de servicios celebrados conforme a la Ley 80 de 1993,
ejecutados con autonomía e independencia, sin subordinación laboral ni obligaciones
prestacionales pendientes.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

19. En la demanda se citaron como vulnerados los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 53,
58, 93, 122, 123, 125 y 209 de la Constitución Política; la Ley 6ª de 1945; la Ley 65
de 1946; el Decreto 1160 de 1947; el Decreto 3135 de 1968; el Decreto 1848 de 1969;
el Decreto 1045 de 1978; la Ley 80 de 1993; la Ley 50 de 1990; la Ley 100 de 1993;
la Ley 1150 de 2007; y la Ley 909 de 2004, entre otras disposiciones.

20. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante afirmó que el SENA
desconoció el derecho al trabajo y el principio de primacía de la realidad sobre las
formas, al negar la existencia de una relación laboral pese a que, en su criterio,
estaban acreditados sus elementos esenciales.

21. Que la entidad acudió indebidamente a contratos de prestación de servicios
para encubrir una vinculación laboral, pues el señor Primo Palacios Mosquera prestó
personalmente sus servicios, recibió una remuneración periódica y estuvo sometido a
subordinación durante la ejecución de las actividades contratadas.

22. Explicó que las labores desempeñadas no fueron autónomas ni temporales,
toda vez que correspondían a actividades permanentes y misionales del SENA,
relacionadas con la formación profesional integral. En ese sentido, el objeto
contractual se mantuvo de manera sucesiva durante varios años y que, incluso
después de finalizada la vinculación del demandante, la entidad continuó celebrando
contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades similares.

23. Destacó que el cumplimiento de horarios, la ejecución de actividades en los
lugares determinados por el SENA, la programación conforme al calendario
institucional, la elaboración de planes de trabajo con el supervisor y la participación
en reuniones de evaluación y seguimiento demostraban que el demandante no
actuaba con plena autonomía técnica y administrativa.

24. Finalmente, mencionó que la falta de personal de planta no habilitaba a la
entidad para desconocer derechos laborales mediante la celebración sucesiva de
contratos de prestación de servicios. Por ello, solicitó que se declarara la existencia
de la relación laboral y se ordenara el reconocimiento de las prestaciones sociales,
aportes al Sistema de Seguridad Social y demás emolumentos derivados del vínculo
reclamado.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

2.2. Contestación de la demanda

25. El SENA se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que el Oficio
05-2-2020-011280 del 20 de marzo de 2020 se ajustó a derecho, pues el señor Primo
Palacio Mosquera estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios
celebrados conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, sin que esa modalidad
contractual implicara, por sí sola, la existencia de una relación laboral3.

26. Manifestó que correspondía a la parte demandante acreditar, en los términos
del artículo 167 del CGP, la concurrencia de los elementos propios del contrato de
trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación. En esas condiciones, adujo que para el caso, el demandante no
demostró la existencia de una relación laboral encubierta ni que hubiera estado
sometido a una subordinación continuada.

27. La entidad indicó que los pagos recibidos por el demandante correspondían a
honorarios y no a salario. Además, negó que aquel hubiera cumplido un horario de
trabajo impuesto por el SENA, pues, según refirió, en los contratos suscritos no se
estableció una jornada laboral, sino obligaciones contractuales propias de la
prestación del servicio.

28. En esa línea, señaló que el demandante no ostentó la calidad de empleado
público ni de trabajador oficial, pues no fue vinculado mediante nombramiento ni
superó un concurso de méritos. Por ello, sostuvo que no era procedente reconocerle
prestaciones, primas, vacaciones, emolumentos propios de los servidores de planta
ni aportes cuya obligación, según la entidad, no estaba a su cargo en virtud de los
contratos celebrados.

29. En relación con la continuidad del vínculo reclamado, el SENA afirmó que entre
algunos contratos existieron interrupciones de 36, 38, 40, 43 y 48 días, circunstancia
que, en su criterio, desvirtuaba la existencia de una única relación laboral sin solución
de continuidad. Asimismo, negó que procediera el reconocimiento de horas extras,
recargos, dominicales, festivos, viáticos o sanciones, al considerar que tales
conceptos no fueron debidamente acreditados ni individualizados por la parte
demandante.

30. Finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
activa, cobro de lo no debido, buena fe, inexistencia de una sola relación laboral y
prescripción. En sustento de estas, reiteró que actuó conforme a la normativa
contractual aplicable, que pagó los honorarios pactados en cada contrato y que, en
caso de una eventual condena, debían tenerse en cuenta las interrupciones entre
contratos y la prescripción de las acreencias reclamadas.

3 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “028ContestacionDemanda”.

5

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Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

2.3. Sentencia de primera instancia

31. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia del 30 de enero de 2026, negó las pretensiones de la demanda, y se abstuvo
de condenar en costas4, en los siguientes términos:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2. NO CONDENAR en costas en esta instancia.

3. NOTIFÍQUESE por la Secretaría de la Corporación la presente sentencia de
conformidad con la norma prevista en el CPACA.

4. De no ser apelada la presente providencia, ARCHÍVESE el expediente.

32. Para resolver el asunto, el Tribunal se refirió al régimen del contrato de
prestación de servicios previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, al principio de
primacía de la realidad sobre las formas y a la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre la relación laboral encubierta. En ese marco, precisó que, para acceder a las
pretensiones, correspondía a la parte demandante acreditar la prestación personal del
servicio, la remuneración y, especialmente, la subordinación.

33. En relación con la prestación personal del servicio, el Tribunal encontró
acreditado que el demandante suscribió múltiples contratos de prestación de servicios
con el SENA entre el 10 de marzo de 2003 y el 13 de diciembre de 2019, para
desempeñar actividades como docente/instructor y, en algunos periodos, como apoyo
a la supervisión de contratos académicos y de actividades relacionadas con la
formación titulada y complementaria. En esa línea, tuvo por probado que las labores
fueron ejecutadas personalmente por el actor.

34. En cuanto a la remuneración, consideró demostrado que el señor Primo
Palacios Mosquera recibió pagos por concepto de honorarios durante la vigencia de
los contratos celebrados con la entidad, de acuerdo con los valores pactados en cada
uno de ellos y con los soportes documentales allegados al expediente.

35. No obstante, frente a la subordinación, concluyó que no se acreditó que el
demandante hubiera estado sometido a órdenes permanentes, horario laboral
impuesto, control disciplinario o condiciones equivalentes a las de un empleado de
planta. Para el a quo, la supervisión contractual, la presentación de informes, la
asistencia a reuniones y la coordinación con funcionarios de la entidad correspondían
al seguimiento propio de los contratos de prestación de servicios y no demostraban,
por sí mismas, la existencia de subordinación laboral.

36. Al valorar la prueba testimonial, advirtió inconsistencias en las declaraciones

4 Samai índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo
“086SentenciaPrimeraInstancia202101763”.

6

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rendidas por los testigos de la parte demandante, especialmente en relación con la
existencia de órdenes directas, la imposición de horario y el conocimiento concreto de
las condiciones en que el actor ejecutó sus contratos. En contraste, otorgó mérito a la
declaración del subdirector del SENA en Urabá, quien indicó que los contratistas no
tenían horario fijo, coordinaban sus actividades según las necesidades del servicio y
no estaban sometidos a cláusula de exclusividad ni a poder disciplinario.

37. Con fundamento en lo anterior, estimó que la relación entre las partes estuvo
caracterizada por la coordinación necesaria para el cumplimiento del objeto
contractual, pero no por una subordinación continuada. Por esa razón, concluyó que
no se acreditaron todos los elementos propios de una relación laboral encubierta y
negó las pretensiones de la demanda.

38. Finalmente, consideró innecesario pronunciarse de fondo sobre la prescripción
y la solución de continuidad entre contratos, en tanto tales aspectos solo resultaban
relevantes si prosperaba la declaratoria del vínculo laboral.

2.4. Recurso de apelación

39. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con el fin de que sea revocada y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda5.

40. Como fundamento de su inconformidad, adujo que el Tribunal no valoró
integralmente el material probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
164 del CGP.

41. En particular, afirmó que, aunque el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015
contempla, como una de las condiciones para la contratación de personas naturales
mediante contratos de prestación de servicios, la inexistencia de personal de planta
calificado para atender la necesidad respectiva, la contratación reiterada a lo largo de
los años y la relación del objeto contractual con la misión del SENA permitían inferir la
existencia de una relación laboral encubierta.

42. En esa línea, enfatizó que el señor Primo Palacios Mosquera prestó sus
servicios como docente y desarrolló actividades administrativas para la entidad
demandada entre 2003 y 2019, de conformidad con las directrices impartidas por sus
supervisores y las obligaciones previstas en los contratos suscritos.

43. Asimismo, que las declaraciones eran suficientes para acreditar la
subordinación. Al respecto, dijo que Luis Fernando Valoyes y Jhonny Trespalacios
coincidieron en afirmar que el demandante debía cumplir un horario fijado por el
coordinador académico, incluso durante fines de semana. Agregó que Trespalacios
conoció al actor cuando llegó a la sede del SENA en Turbo y que este se

5 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo
“093RecursoApelacionMpioApartado20210176300”.

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desempeñaba como apoyo a la coordinación académica, por lo que fungía como su
jefe. Según el recurrente, la imposición de la jornada podía corroborarse con los
informes mensuales de gestión y las fichas de distribución del tiempo por docente.

44. En esas condiciones, consideró que las obligaciones previstas en los contratos
excedían una simple relación de coordinación, contrario a lo afirmado por el Tribunal.
Lo anterior, porque el demandante debía desarrollar las actividades de enseñanza,
aprendizaje y evaluación conforme al calendario institucional y al reglamento del
SENA, cumplir el objeto contractual en los programas, horarios y lugares
determinados por la entidad, elaborar planes de trabajo con el supervisor y participar
en los comités y reuniones programados por la coordinación académica.

45. Manifestó que el SENA suministraba los materiales, equipos y demás
elementos requeridos para el desarrollo de las actividades, cuya administración y
devolución estaban a cargo del demandante. Señaló, además, que aquel asistía a
reuniones de inducción, planeación y evaluación junto con instructores de planta,
circunstancias que, en su criterio, evidenciaban su integración a la dinámica
institucional de la entidad.

46. De otro lado, afirmó que, durante la ejecución de los contratos de apoyo a la
supervisión académica, particularmente el contrato 374 de 2018, el actor habría
desarrollado actividades que excedían dicho objeto contractual, al asumir funciones
de supervisión, formación y apoyo administrativo.

47. Finalmente, concluyó que las pruebas documentales y testimoniales
acreditaban los indicios de subordinación previstos en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado de 9 de septiembre de 2021, los cuales, en su criterio, no fueron
debidamente valorados por el Tribunal.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

48. Mediante auto del 12 de marzo de 20266, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021, habida cuenta de que el recurso fue interpuesto con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021.

49. El Ministerio Público rindió concepto, en el que solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia7.

50. A su juicio, aunque se acreditaron la prestación personal del servicio y la
remuneración recibida por el demandante durante la ejecución de los contratos, no se
demostró el elemento de subordinación, determinante para declarar la existencia de
una relación laboral encubierta.

6 Samai, índice 4.
7 Samai, índice 10.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
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51. En particular, indicó que el hecho de que las actividades desarrolladas por el
actor estuvieran relacionadas con la misión institucional del SENA y se ejecutaran
conforme a la programación académica no permitía, por sí solo, inferir una relación de
dependencia. Consideró que no se acreditó la imposición de órdenes imperativas, un
horario obligatorio equiparable al de los empleados de planta, el ejercicio de poder
disciplinario ni un control efectivo sobre el modo, tiempo y cantidad de trabajo. Agregó
que tampoco se demostró la equivalencia entre las labores contratadas y las
desempeñadas por personal de planta y que existieron interrupciones superiores a
treinta días hábiles entre algunos contratos. Por ello, concluyó que la decisión apelada
se ajustaba a los supuestos fácticos acreditados en el proceso.

52. La parte demandada guardó silencio frente al recurso de apelación.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

53. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

54. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón
de la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3288
del CGP, corresponde a la Sala definir si:

55. ¿Se acreditaron la prestación personal del servicio, la remuneración y, en
especial, la subordinación en la ejecución de los contratos de prestación de servicios
suscritos entre las partes, de modo que se configuró una relación laboral encubierta?

56. En caso afirmativo, ¿procede el reconocimiento de las prestaciones sociales,
los aportes al Sistema de Seguridad Social y los demás emolumentos reclamados?

57. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) relación laboral encubierta; (ii) distinción entre coordinación y
subordinación; (iii) la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de

8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
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subordinación; (iv) naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del
SENA y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad; (v) hechos
probados; y (vi) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos formulados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

58. La jurisprudencia unificada de esta corporación9 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.

59. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

60. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

61. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».

62. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en conjunto
bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación
continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje
formal del contrato de prestación de servicios.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

63. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en
reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son
elementos indicativos de la subordinación que las actividades contratadas
correspondan al objeto misional de la entidad con funciones equivalentes a los
empleados de planta de personal.

64. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»10.

65. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con
el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»11.

66. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes
o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados»12.

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o

10 Idem.
11 Idem.
12 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo

externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.

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dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales»13.

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados14.

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

67. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del
9 de septiembre de 202115 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos
«no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales
de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y
reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma
subordinada funciones misionales, permanentes y propias del personal de planta,
debe reconocerse la existencia de una relación laboral encubierta.

68. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en

13 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la

práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

69. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».

70. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

(i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

(ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.

(iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la
práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar si
lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».

3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación

71. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»16.

16 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.

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72. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202117, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados18».

73. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación
laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que
desarrollan los empleados de planta.

74. Ahora bien, bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para
detectar la subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de
horarios rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud
entre funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá
de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,19 la dirección y control efectivo de

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-

33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
19 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y

55.

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las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas
labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación

75. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia ha
expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato
de prestación de servicios.

76. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello,
ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que las pruebas se
practiquen o se aporten»20, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167
del CGP consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee
en consonancia con el artículo 167 idem que regula el principio de necesidad de la
prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso».

77. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de

20 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.

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unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.

78. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»21, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Sin embargo, el hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), pues este constituye un «requisito
central para que a partir del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»22.

79. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual
remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la
sana crítica (art. 176 CGP).

80. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

81. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto
de prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre
la contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.3.4. Naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del SENA
y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad

82. El Gobierno nacional expidió el Decreto 118 de 1957, por medio del cual creó
el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—23, que de conformidad con el Decreto
164 de 195724, se encargaría de dar formación profesional a los trabajadores jóvenes
y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería.

83. La anterior normativa fue subrogada por el Decreto 3123 de 196825, en el que
se estableció dentro de sus funciones la formación profesional a los trabajadores de
todas las actividades económicas y en todos los niveles del empleo.

21 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
22 Ibidem.
23 Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de

Aprendizaje, SENA.
24 Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA) y se dictan otras disposiciones.
25 Por el cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA).

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84. Más adelante, mediante el Decreto 2149 de 199226, el SENA se reestructuró.
En tal sentido, se definió que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como funciones, entre otras, se le asignó:
el diseñar y mantener un servicio nacional de aprendizaje que se ajuste a las
disposiciones que regulan el contrato de aprendizaje; y adelantar, previa aprobación
de las autoridades competentes, programas de formación tecnológica y técnica
profesional.

85. El anterior decreto fue derogado por la Ley 119 de 199427, en la que se mantuvo
la naturaleza jurídica de la entidad, y dispuso que su misión radica en «intervenir en
el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando
la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y
tecnológico del país». Además, se estableció que el SENA tendría como objetivo, «dar
formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas,
y a quienes, sin serlo, requieran dicha formación», entre algunos otros.

86. Bajo esas consideraciones, se advierte que la entidad se encuentra adscrita al
Ministerio de Trabajo y tiene como misión la formación y capacitación de aprendices.
Así, aun cuando no está subordinada al Ministerio de Educación, lo cierto es que
ejerce una labor docente con el fin de poder desarrollar los programas de formación
de educación no formal que ofrece28.

87. Aclarado lo anterior, se destaca que dentro de los empleos de la planta de
personal del SENA se encuentran los instructores, grupo que según el artículo 2 del
Decreto 1424 de 199829 «comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de coordinación
académica de la formación e investigación aplicada». En punto, se señala que
conforme con el manual específico de funciones, contenido en la Resolución 986 del
25 de mayo de 200730 (vigente entre el año 2007 y 2015), los instructores tienen las
siguientes funciones:

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

26 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
27 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se

dictan otras disposiciones.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13

de junio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya.
29 Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio Nacional

de Aprendizaje-SENA.
30 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los

empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx

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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

INSTRUCTOR:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el
programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en
las características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares
vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de
conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual
de Procedimientos para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo
con el Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo.

88. El anterior anterior manual de funciones se actualizó en el año 2015, cuando
se expidió la Resolución 1302 del 8 de julio del mismo año31, y en el año 2017 al
proferirse la Resolución 1458 del 30 de agosto de 201732, en la que se establecieron
las funciones de los instructores en diferentes áreas temáticas. Para el caso en
estudio, resulta importante traer a colación aquellas dispuestas para quienes se
desempeñan en el área temática de finanzas, que son:

PROPÓSITO PRINCIPAL

Impartir formación profesional integral, de conformidad con los niveles de formación y
modalidades de atención, políticas institucionales, la normatividad vigente y la
programación de la oferta educativa.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles
de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los
lineamientos institucionales, para el área temática de Finanzas.
2. Participar en la construcción del desarrollo curricular que exige el programa y el perfil
de los sujetos en formación, de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el
área temática de Finanzas.

31 Por la cual se actualiza y reúne en un solo conjunto de leyes el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales de los empleados de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
32 Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de

la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx

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3. Ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los resultados
de aprendizaje definidos en los programas de formación y de acuerdo con el desarrollo
curricular relacionado con el área temática de Finanzas.
4. Evaluar los aprendizajes de los sujetos en formación y los procesos formativos de
acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos, relacionados con los
programas de formación del área temática de Finanzas.
5. Participar en el diseño curricular de programas de formación profesional conforme
a las necesidades regionales y los lineamientos institucionales requeridos por el área
temática de Finanzas.
6. Participar en proyectos de investigación aplicada técnica y/o pedagógica en función
de la formación profesional en programas relacionados con el área temática de
Finanzas.
7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, según el área de
desempeño y la naturaleza del cargo.

89. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 1 de
septiembre de 201433, definió que, como la función del SENA, a través de sus
instructores, se dirige a la formación integral, profesional o laboral certificada de sus
estudiantes, por su naturaleza la entidad se encuentra en el sistema de educación no
formal. Ello, en los siguientes términos:

[…] la función prestada por el SENA a través de los Instructores se orienta a una
formación integral, profesional y laboral certificando a sus estudiantes, o sea, que
por estas características y su naturaleza se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace parte de los
niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de
1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de la
definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación. (Se destaca)

90. Así, toda vez que el SENA ejecuta una actividad académica, el contenido de
sus programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119
de 199434, debe ceñirse a la normativa aplicable, esto es, a la Ley 30 de 199235. Sobre
el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación 36, concluyó lo
siguiente:

La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4
permite al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional,
en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de septiembre de 2014, proceso con radicado 20001-23-

31-000-2011-00503-01(3517-2013). M.P. Alfonso Vargas Rincón
34 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:

(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
35 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
36 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de 2010, proceso con

radicado 11001-03-06-000-2010-00089-00. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

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Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a los
trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.

ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo cual
es concordante con la ley 30 de 1992, y,

iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico de
esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.

Esto último significa que, en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga
a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la ley 30 de
1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la ley 749 de
2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión
específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe
agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio.

De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica y
técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes 30 y 749 sobre
el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y con la
naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin que
ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de
una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.

3.4. Hechos probados relevantes

91. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

92. El SENA y el señor Primo Palacio Mosquera suscribieron los siguientes
contratos de prestación de servicios:

N.º contrato Objeto Valor Fecha Fecha
inicial final

20

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

163 del 10 de «Prestación de servicios $965.889 10 de 30 de abril
marzo de 200337 como docente en Gestión marzo de de 2003
Ambiental» 2003
Interrupción: 28 días hábiles
411 del 12 de «Prestación de servicios $2.361.062 12 de junio 30 de
junio de 200338 como docente en Gestión de 2003 octubre de
Ambiental, en el Centro 2003
Multisectorial Urabá»
Interrupción: 15 días hábiles
1091 del 18 de «Prestación de servicios $11.805.310 25 de 19 de
noviembre de como Docente en Gestión noviembre diciembre
39
2003 Ambiental, en el centro de 2003 de 2003
Multisectorial Urabá»
Interrupción: 15 días hábiles
1091 del 18 de «Prestación de servicios $5.647.950 15 de 25 de
noviembre de como Docente en Gestión enero de mayo de
2003 Ambiental, en el centro 2004 2004
40
(reanudación) Multisectorial Urabá»
Interrupción: 12 días hábiles
385 del 4 de «Prestación de servicios $5.693.684 11 de junio 30 de
junio de 200441 como Docente en Gestión de 2004 agosto de
Ambiental, en el Centro 2004
Multisectorial Urabá»
Interrupción: 8 días hábiles
929 del 9 de «Prestación de servicios $9.638.400 10 de 16 de
septiembre de como docente en Agricultura» septiembre diciembre
200442 de 2004 de 200443
Interrupción: 17 días hábiles
929 del 9 de «Prestación de servicios $2.397.552 12 de 31 de
septiembre de como docente en Agricultura» enero de marzo de
44
2004 (adición) 2005 2005
Interrupción: 7 días hábiles
057 del 11 de «Prestación de servicios $18.602.112 12 de abril 24 de
abril de 200545 como Docente de Agricultura de 2005 octubre de
en el Centro Multisectorial 2005
Urabá»

37 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “005AnexoContrato”, pp. 1 a 5. (actas

de inicio y terminación del contrato y paz y salvo).
38 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “005AnexoContrato”, pp. 6 a 16.

(contrato de prestación de servicios, actas de inicio y terminación del contrato y paz y salvo).
39 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “005AnexoContrato”, pp. 20 a 22.

(contrato de prestación de servicios y paz y salvo).
40 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “005AnexoContrato”, pp. 23 a 26.

(actas de suspensión, reanudación y terminación).
41 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “006AnexoContrato”, pp. 1 a 19.

(contrato de prestación de servicios, acta de inicio y paz y salvo por terminación).
42 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “006AnexoContrato”, pp. 22 a 31.

(contrato de prestación de servicios, actas de inicio y terminación y paz y salvo por terminación).
43 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “006AnexoContrato”, pp. 67. (acta

de suspensión del contrato)
44 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “006AnexoContrato”, pp. 69 a 70.

(adición de contrato de prestación de servicios y acta de inicio)
45 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “006AnexoContrato”, pp. 37 a 49.

(contrato de prestación de servicios, actas de inicio y terminación y paz y salvo por terminación).

21

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

Interrupción: 12 días hábiles
256 del 10 de «Prestación de servicios $9.921.126 11 de 17 de
noviembre de como docente en noviembre diciembre
200546 transformación del entorno y de 2005 de 200547
evaluación de normas para el
control de la calidad en la
agricultura ecológica, en el
Centro Multisectorial Urabá»
Interrupción: 22 días hábiles
256 del 10 de «Prestación de servicios $9.921.126 16 de 21 de
noviembre de como docente en enero de enero de
2005 transformación del entorno y 2006 2006
(reanudación)48 evaluación de normas para el
control de la calidad en la
agricultura ecológica, en el
Centro Multisectorial Urabá»
Interrupción: 41 días hábiles
29 del 19 de «Prestación de servicios $20.292848 22 de 29 de
enero de 200649 como docente en dimensión marzo de septiembre
ambiental, en el Centro 2006 de 2006
Multisectorial Urabá»
Interrupción: 4 días hábiles
148 del 6 de «Prestación de servicios $6.218.776 6 de 11 de
octubre de como instructor en dimensión octubre de diciembre
50
2006 ambiental, en el Centro 2006 de 2006
Multisectorial Urabá»
Interrupción: 3 días hábiles
181 del 14 de «Prestación de servicios $10.351.039 15 de 16 de
diciembre de como instructor en el área de diciembre diciembre
51
2006 dimensión ambiental» de 2006 de 2006
Interrupción: 26 días hábiles
181 del 14 de «Prestación de servicios $10.351.039 25 de 25 de abril
diciembre de como instructor en el área de enero de de 2007
2006 dimensión ambiental» 2007
(reanudación)52
Interrupción: 0 días hábiles

46 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “006AnexoContrato”, pp. 59 a 66.

(contrato de prestación de servicios, actas de inicio y terminación y paz y salvo por terminación).
47 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “006AnexoContrato”, pp. 78. (acta

de suspensión).
48 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “006AnexoContrato”, pp. 80. (acta

de terminación del contrato).
49 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “007AnexoContrato”, pp. 17 a 21.

(contrato de prestación de servicios, acta de inicio y paz y salvo).
50 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “007AnexoContrato”, pp. 33 a 41

(contrato de prestación de servicios, acta de inicio y paz y salvo).
51 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “007AnexoContrato”, pp. 53 a 66

(contrato de prestación de servicios, actas de inicio y suspensión).
52 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “007AnexoContrato”, pp. 67 (acta

de liquidación del contrato).

22

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

33 del 25 de abril «Prestación de servicios $20.620.152 26 de abril 23 de
de 200753 como tutor en el área de de 2007 octubre de
agricultura, medio de 2007
proyectos y formulación y
elaboración de proyectos, en
el Complejo Tecnológico
Agroindustrial, Pecuario y
Turístico»
Interrupción: 1 día hábiles
141 del 24 de «Impartir formación $6.014.211 25 de 17 de
octubre de profesional como tutor octubre de diciembre
54
2007 facilitador en el ´rea de 2007 de 2007
agricultura limpia-verde»
Interrupción: 23 días hábiles
141 del 24 de «Impartir formación $6.014.211 23 de 28 de
octubre de 2007 profesional como tutor enero de enero de
55
(reanudación) facilitador en el área de 2008 2008
agricultura limpia-verde»
Interrupción: 4 días hábiles
24 del 4 de «Impartir formación $21.650.256 4 de 11 de
febrero de profesional como tutor febrero de agosto de
56
2008 facilitador en el área de la 2008 2008
línea tecnológica (producción
y transformación) y en la red
(tecnologías agrícolas y
producción limpia)»
Interrupción: 5 días hábiles
185 del 20 de «Impartir formación $10.825.125 20 de 9 de
agosto de 200857 profesional como tutor agosto de noviembre
facilitador en el área de la 2008 de 2008
línea tecnológica (producción
y transformación) y en la red
(tecnologías agrícolas y
producción limpia)»
Interrupción: 0 días hábiles
185 del 20 de «Impartir formación $3.608.376 10 de 12 de
agosto de 2008 profesional como tutor noviembre diciembre
(adición)58 facilitador en el área de la de 2008 de 200859

53 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “007AnexoContrato”, pp. 77 a 88

(contrato de prestación de servicios, actas de inicio y liquidación del contrato).
54 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “007AnexoContrato”, pp. 99 a 107

(contrato de prestación de servicios, actas de suspensión).
55 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “007AnexoContrato”, pp. 109 a 111

(actas de reinicio y liquidación).
56 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “008AnexoContrato”, pp. 56 a 74

(contrato de prestación de servicios, actas de inicio y liquidación y certificados de pago de aportes al sistema de
seguridad social).
57 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “008AnexoContrato”, pp. 83 a 88

(contrato de prestación de servicios y acta de inicio)
58 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “008AnexoContrato”, pp. 92 (adición

contrato de prestación de servicios )
59 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “008AnexoContrato”, pp. 117 (acta

de liquidación del contrato).

23

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

línea tecnológica (producción
y transformación) y en la red
(tecnologías agrícolas y
producción limpia)»
Interrupción: 24 días hábiles
006 del 21 de «Impartir formación $29.405.453 21 de 19 de
enero de 200960 profesional como tutor enero de diciembre
facilitador en el área de la 2009 de 2009
línea tecnológica (producción
y transformación) y en la red
(tecnologías agrícolas y
producción limpia)»
Interrupción: 22 días hábiles
052 del 21 de «Impartir formación $30.265.100 25 de 17 de
enero de 201061 profesional como tutor enero de diciembre
facilitador en el área de la 2010 de 201062
línea tecnológica (producción
y transformación) y en la red
(tecnologías agrícolas y
producción limpia)»
Interrupción: 22 días hábiles
016 del 20 de «Impartir formación $15.153.305 20 de 30 de junio
enero de 201163 profesional como tutor enero de de 201164
facilitador en el área de la 2011
línea tecnológica (producción
y transformación) y en la red
(tecnologías agrícolas y
producción limpia)»
Interrupción: 4 días hábiles
389 del 8 de julio «Impartir formación $15.056.78 8 de julio 16 de
de 201165 profesional como tutor de 2011 diciembre
facilitador en el área de la de 201166
línea tecnológica (producción
y transformación) y en la red
(tecnologías agrícolas y
producción limpia)»
Interrupción: 24 días hábiles

60 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “008AnexoContrato”, pp. 143 a 148

(contrato de prestación de servicios y acta de inicio).
61 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “009AnexoContrato”, pp. 70 a 77

(contrato de prestación de servicios y acta de inicio).
62 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “009AnexoContrato”, pp. 179 (paz

y salvo).
63 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “010AnexoContrato”, pp. 73 a 76 y

83 (contrato de prestación de servicios y acta de inicio).
64 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “010AnexoContrato”, pp. 146 (acta

de liquidación).
65 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “011AnexoContrato”, pp. 74 a 76 y

83 (contrato de prestación de servicios y acta de inicio).
66 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “011AnexoContrato”, pp. 155 (acta

de liquidación).

24

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

041 del 22 de «Impartir formación $13.866.667 22 de 4 de julio
67
enero de 2012 profesional como tutor enero de de 2012
facilitador en el área de la 2012
línea tecnológica (producción
y transformación) y en la red
(tecnologías agrícolas y
producción limpia)»
Interrupción: 8 días hábiles
451 del 14 de «Impartir formación $14.660.800 17 de julio 14 de
julio de 201268 profesional como tutor de 2012 diciembre
facilitador en el área de la de 201269
línea tecnológica (producción
y transformación) y en la red
(tecnologías agrícolas y
producción limpia)»
Interrupción: 27 días hábiles
1667 del 21 de «Impartir formación $37.244.800 28 de 30 de
70
enero de 2013 . profesional como tutor enero de diciembre
facilitador en el área de la 2013 de 201371.
línea tecnológica (producción
y transformación) y en la red
(tecnologías agrícolas y
producción limpia)»
Interrupción: 11 días hábiles
622 del 16 de «Prestación temporal de $38.927.957 17 de 30 de
enero de 201472 servicios personales para la enero de diciembre
supervisión de contratos 201473 de 201474
académicos del municipio de
Turbo atendido por el
Complejo Tecnológico
Agroindustrial Pecuario y
Turístico»
Interrupción: 13 días hábiles

67 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “012AnexoCertificacion” (certificación

donde el SENA da cuenta de la celebración del citado contrato).
68 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “0013AnexoContrato”, pp. 22 a 26 y

35(contrato de prestación de servicios y acta de inicio).
69 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “0013AnexoContrato”, pp. 37 (acta

de liquidación).
70 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “014AnexoContrato”, pp. 62 a 65 y

73 (contrato de prestación de servicios y acta de inicio).
71 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “014AnexoContrato”, pp. 138 a 139

(acta de liquidación).
72 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “015AnexoContrato”, pp. 60 a 63

(contrato de prestación de servicios).
73 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “015AnexoContrato”, pp. 72 (acta de

inicio).
74 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “015AnexoContrato”, pp. 175 a 177

(acta de liquidación).

25

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

488 del 21 de «Prestación temporal de $38.463.986 21 de 20 de
enero de 201575 servicios personales para la enero de diciembre
supervisión de contratos 2015 de 201576
académicos del municipio de
Turbo atendido por el
Complejo Tecnológico
Agroindustrial Pecuario y
Turístico»
Interrupción: 28 días hábiles
2464 del 2 de «Prestar los servicios $37.817.094 2 de 16 de
febrero de 2016 personales de carácter febrero de diciembre
2016 77 temporal para apoyar la 2016 de 201678.
supervisión de las actividades
que se realizan en el proceso
de ejecución de la formación
académica titulada y
complementaria del centro de
formación, en las zonas clave
del radio de acción del
complejo: Turbo y su
jurisdicción»
Interrupción: 27 días hábiles
1335 del 26 de «Prestar los servicios $40.806.447 26 de 26 de
enero de 201779 personales de carácter enero de diciembre
temporal para apoyar la 2017 de 201780
supervisión de las actividades
que se realizan en el proceso
de ejecución de la formación
académica titulada y
complementaria del centro de
formación, en las zonas clave
del radio de acción del
complejo: Turbo y su
jurisdicción»
Interrupción: 16 días hábiles

75 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “016AnexoContrato”, pp. 49 a 53,

(contrato de prestación de servicios).
76 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “016AnexoContrato”, pp. 217 a 219,

(acta de terminación y liquidación).
77 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “017AnexoContrato”, pp. 48 a 52,

(contrato de prestación de servicios).
78 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “017AnexoContrato”, pp. 244 a 245,

(acta de liquidación).
79 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “018AnexoContrato”, pp. 55 a 59

(contrato de prestación de servicios).
80 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “018AnexoContrato”, pp. 256 a 259,

(acta de liquidación).

26

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

374 del 17 de «Prestar los servicios $38.209.670 22 de 20 de
enero de 201881 personales de carácter enero de diciembre
temporal para apoyar la 2018 de 201882
supervisión de las actividades
que se realizan en el proceso
de ejecución de la formación
académica titulada y
complementaria del centro de
formación, en las zonas clave
del radio de acción del
complejo: Apartadó y su
jurisdicción, Zona Sur y el
Atrato Medio»
Interrupción: 30 días hábiles
2385 del 7 de «Impartir formación $37.533.644 8 de 13 de
febrero de profesional titulada y/o febrero de diciembre
2019 83 complementaria en la red de 201984 de 201985
conocimiento agrícola, en el
complejo tecnológico
agroindustrial, pecuario y
turístico y los municipios de su
jurisdicción»
Fin de la relación contractual

Tabla 1: contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes

93. De acuerdo con el estudio previo suscrito el 16 de enero de 2009 por el
subdirector del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico del SENA,
la entidad requería contratar instructores para atender las demandas de capacitación
de los sectores productivos y las necesidades del Centro de Formación Profesional
Integral. La contratación se efectuaría por horas de formación, para ejecutar acciones
de formación profesional entre el 21 de enero y el 30 de septiembre de 2009.
Asimismo, se certificó que el centro no contaba con personal de planta suficiente ni
especializado para desarrollar las funciones propias de instructor, atender las metas
previstas en el plan operativo anual y satisfacer las necesidades del sector productivo
de la región86.

94. En la reunión celebrada el 13 de enero de 2011, para analizar las necesidades
de los programas de formación titulada y complementaria, se concluyó que era
pertinente contratar instructores para el Complejo Tecnológico Agroindustrial,

81 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “019AnexoContrato”, pp. 63 a 67,

(contrato de prestación de servicios).
82 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “019AnexoContrato”, pp. 257 a 528,

(acta de liquidación).
83 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “020AnexoContrato”, pp. 132 a 138,

(contrato de prestación de servicios).
84 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “020AnexoContrato”, pp. 150, (acta

de inicio).
85 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “020AnexoContrato”, pp. 399 a 400,

(acta de liquidación).
86 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “008AnexoContrato”, pp. 128 a 139.

27

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

Pecuario y Turístico, debido a que la planta de personal no contaba con recurso
humano habilitado para atender tales actividades. En desarrollo de esa determinación,
el 15 de enero siguiente se elaboró el estudio previo para contratar instructores que
apoyaran, por periodos fijos y horas de formación, la ejecución de esos programas
entre el 24 de enero y el 30 de junio de 2011, en Apartadó y su área de influencia 87.

95. El referido estudio estableció que los contratistas debían participar en la
planeación y ejecución de las acciones de formación, elaborar planes de trabajo,
registrar las actividades y los resultados en las herramientas institucionales, presentar
informes mensuales de ejecución y atender las directrices de la coordinación
académica y del supervisor contractual.

96. Durante distintos periodos de 2011, se diligenciaron formatos denominados
«Tiempos Act. Académicas», en los que se identificó al demandante como instructor
del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico y se relacionaron las
fichas de aprendizaje, las competencias, los resultados de aprendizaje y las horas
asignadas a actividades académicas y complementarias. Los documentos también
consolidaron el tiempo destinado a eventos de divulgación tecnológica, actividades
adicionales, herramientas virtuales, reemplazos e inasistencias88.

97. Los estudios previos del 10 de enero de 2013 justificaron la contratación
temporal de un profesional para apoyar la supervisión de los contratos académicos en
el municipio de Turbo. Para tal efecto, se previó que el contratista debía supervisar la
ejecución de los contratos celebrados con los instructores, verificar su documentación,
apoyar la adquisición de materiales e insumos para las acciones de formación,
acompañar al coordinador académico en la programación de los instructores y realizar
seguimiento a las actividades de formación y a los aprendices en etapa productiva89.

98. Por su parte, los estudios previos del 9 de enero de 2014 justificaron la
contratación de tres profesionales, por periodos fijos, para apoyar la supervisión de
los contratos académicos en los municipios de Apartadó, Arboletes, San Juan de
Urabá, Los Córdobas, Canalete y Turbo90. Asimismo, se previó que apoyarían la
gestión de la entidad en los procesos de ejecución de la formación, diseñarían
estrategias aplicables a los procesos formativos y presentarían informes mensuales
sobre la ejecución contractual91.

99. Según los estudios previos expedidos el 13 de enero de 2015, el Complejo
Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico del SENA justificó la contratación
temporal de tres profesionales para apoyar administrativamente a la coordinación
académica en la supervisión de contratos académicos en Apartadó, los municipios del
norte de Urabá —Arboletes, San Juan de Urabá, Los Córdobas, Chigorodó y Turbo—

87 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “010AnexoContrato”, pp. 1 a 11 y 15

a 16.
88 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “010AnexoContrato”.
89 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “014AnexoContrato”, pp. 2 a 5.
90 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “015AnexoContrato”, pp. 3 a 5.
91 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “015AnexoContrato”, pp. 3 a 7.

28

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01763-01 (0636-2026)
Demandante: Primo Palacio Mosquera
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y el sur de Urabá. La necesidad se sustentó en la insuficiencia del personal de planta
para atender los procesos y registros derivados de la formación y de la supervisión
contractual. Entre las obligaciones previstas se incluyeron la verificación de los
requisitos de perfeccionamiento y legalización de los contratos de instructores, la
elaboración de documentos e informes sobre su ejecución y la organización de los
expedientes contractuales92.

100. De conformidad con los estudios previos del 18 de enero de 2016, el Complejo
Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico del SENA justificó la contratación de
tres personas naturales para apoyar a la coordinación académica en la supervisión de
las actividades desarrolladas en el proceso de ejecución de la formación titulada y
complementaria. La necesidad se fundó en la insuficiencia del personal de planta para
atender los procesos y registros propios del apoyo administrativo y en la cobertura de
las zonas de Turbo y su jurisdicción, el sur de Urabá y el Atrato Medio. En tales
documentos se previó, entre otras obligaciones, la revisión de la documentación
académica y contractual, la elaboración de reportes e informes, la actualización de
registros institucionales y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los
contratistas93.

101. Los estudios previos del 11 de enero de 2017 mantuvieron la necesidad de
contratar tres personas para apoyar a la coordinación académica en la supervisión de
las actividades de formación titulada y complementaria, ante la insuficiencia de
personal de planta para atender los procesos administrativos y de seguimiento
requeridos en las zonas de influencia del complejo. Se estableció que los contratistas
debían elaborar un plan de trabajo con el supervisor, atender sus requerimientos,
presentar informes mensuales de ejecución y apoyar la actualización de la información
y documentación relacionada con los procesos de formación y los contratos de
instructores94.

102. En los estudios previos del 11 de enero de 2018, el Complejo Tecnológico
Agroindustrial, Pecuario y Turístico del SENA reiteró la necesidad de contratar tres
personas para apoyar la supervisión de las actividades desarrolladas en el proceso
de ejecución de la formación titulada y complementaria. Además de la insuficiencia de
personal de planta, señaló que las metas de formación y el número de aprendices
habían aumentado de manera sostenida, por lo que se requería apoyo en las zonas
Norte, Turbo y su jurisdicción, Apartadó y su jurisdicción, el sur de Urabá y el Atrato
Medio. Asimismo, se mantuvieron las obligaciones de elaborar un plan de trabajo con
el supervisor, presentar informes mensuales, actualizar los aplicativos institucionales
y apoyar las actividades de seguimiento a los contratos de instructores95.

103. Finalmente, los estudios previos del 24 de enero de 2019 consideraron la
contratación de doce personas naturales para impartir formación profesional titulada y

92 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “016AnexoContrato”, pp. 1 a 5.
93 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “017AnexoContrato”, pp. 1 a 8.
94 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “018AnexoContrato”, pp. 4 a 7.
95 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “019AnexoContrato”, pp. 5 a 13.

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complementaria en la red de conocimiento agrícola, en el complejo y los municipios
de su jurisdicción, durante un periodo de diez meses y trece días. La necesidad se
fundamentó en la insuficiencia del personal de planta para atender los procesos de
formación y en el cumplimiento de las metas institucionales previstas para esa
vigencia96.

104. Frente a las obligaciones de los instructores, el documento definió que debían
orientar los procesos de aprendizaje conforme a las necesidades identificadas y a los
programas curriculares vigentes; programar las actividades de enseñanza,
aprendizaje y evaluación de acuerdo con el calendario institucional; registrar
oportunamente en Sofía Plus las actividades a su cargo; participar en los comités de
evaluación y seguimiento; elaborar guías de aprendizaje; presentar informes
mensuales de ejecución; y cumplir el reglamento del aprendiz, las orientaciones de la
coordinación académica y los lineamientos de práctica segura y ambiental.

105. El señor Primo Palacios Mosquera, mediante apoderado, presentó el 21 de
febrero de 2020 una petición ante el SENA. En ese escrito solicitó que la entidad
reconociera la existencia de una relación laboral encubierta mediante los contratos de
prestación de servicios celebrados entre 2003 y 2019 y que, como consecuencia,
liquidara y pagara las cesantías, los intereses a las cesantías, las primas de servicios,
de navidad, de localización, de antigüedad y de vacaciones, las vacaciones, los
aportes al Sistema de Seguridad Social en pensión, salud y riesgos laborales, así
como los aportes a la caja de compensación familiar97.

106. Asimismo, pidió el reconocimiento de los demás emolumentos percibidos por
los empleados de planta del SENA, incluidos viáticos, transporte, subsidios, auxilios,
horas extras y recargos nocturnos, dominicales y festivos, además de la indexación
de las sumas adeudadas.

107. El SENA, mediante Oficio 05-2-2020-011280 del 20 de marzo de 2020, negó el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las acreencias reclamadas por el
demandante. La entidad insistió que los vínculos celebrados correspondieron a
contratos de prestación de servicios regidos por la Ley 80 de 1993, ejecutados con
autonomía e independencia, sin subordinación continuada ni horario impuesto.
Asimismo, indicó que los contratos fueron ejecutados, liquidados y pagados en su
totalidad, sin que subsistieran obligaciones pendientes entre las partes98.

3.5. Caso concreto

108. En el asunto bajo análisis, la controversia de segunda instancia consiste en
determinar si el Tribunal acertó al negar la existencia de una relación laboral
encubierta entre las partes, con ocasión de los contratos de prestación de servicios
celebrados para desarrollar actividades de formación profesional y, en algunos

96 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “020AnexoContrato”, pp. 3 a 12.
97 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “003Demanda”, pp. 22 a 26.
98 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “003Demanda”, pp. 27 a 29.

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periodos, de apoyo a la supervisión académica.

109. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que, aunque se
acreditaron la prestación personal del servicio y la remuneración, las pruebas no
demostraban la existencia de subordinación continuada. En particular, concluyó que
la presentación de informes, la asistencia a reuniones, la ejecución de actividades
programadas y la coordinación con funcionarios de la entidad correspondían al
seguimiento propio de los contratos de prestación de servicios y no acreditaban, por
sí mismos, una relación de dependencia.

110. La parte demandante cuestionó esa conclusión, al considerar que el Tribunal
no valoró integralmente el material probatorio. Sostuvo que los testimonios y los
documentos allegados demostraban que debía cumplir un horario fijado por el
coordinador académico, incluso durante fines de semana, atender las directrices
impartidas por sus supervisores y ejecutar las actividades asignadas conforme a las
condiciones determinadas por la entidad.

111. Asimismo, adujo que las obligaciones contractuales desbordaban una mera
relación de coordinación, pues debía desarrollar las actividades de formación
conforme al calendario y al reglamento institucional, elaborar planes de trabajo con el
supervisor, asistir a comités y reuniones y registrar información en las herramientas
digitales dispuestas del SENA. En su criterio, tales circunstancias acreditaban los
indicios de subordinación previstos en la sentencia de unificación del 9 de septiembre
de 2021.

112. En ese contexto, la Sala valorará las pruebas allegadas al proceso para
determinar si, durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios, se
configuró una relación laboral encubierta. En caso afirmativo, establecerá si procede
el reconocimiento de las prestaciones sociales, los aportes al Sistema de Seguridad
Social y los demás emolumentos reclamados.

113. Como se ha expuesto, el demandante considera que el SENA encubrió una
relación laboral mediante la celebración sucesiva de contratos de prestación de
servicios.

114. Del material probatorio allegado al expediente se encuentra acreditado que las
partes celebraron 27 contratos de prestación de servicios, algunos de ellos
adicionados o reanudados, cuya ejecución se extendió entre el 10 de marzo de 2003
y el 13 de diciembre de 2019. Entre 2003 y 2012, el demandante fue contratado
principalmente para desarrollar actividades de formación profesional como instructor
o docente; entre 2013 y 2018, para apoyar la supervisión de contratos académicos y
la ejecución de actividades de formación titulada y complementaria; y, en 2019,
nuevamente para prestar servicios como instructor.

115. Aunque entre la terminación de algunos contratos y el inicio de los siguientes
se presentaron intervalos, estos fueron, por regla general, inferiores a 30 días hábiles.

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La excepción corresponde al lapso entre la finalización del contrato 256 de 2005 y el
inicio de la ejecución del contrato 29 de 2006, respecto del cual transcurrieron 41 días
hábiles.

116. En relación con la reclamación administrativa, está probado que el
demandante, mediante apoderado, presentó petición ante el SENA el 21 de febrero
de 2020, en la que solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
encubierta con ocasión de los contratos de prestación de servicios celebrados entre
el 10 de marzo de 2003 y el 13 de diciembre de 2019.

117. El SENA negó la solicitud mediante Oficio 05-2-2020-011280 del 20 de marzo
de 2020. Para la entidad, los vínculos celebrados correspondían a contratos de
prestación de servicios ejecutados con autonomía e independencia, sin subordinación
continuada ni horario impuesto.

118. Ahora bien, además de los documentos relacionados en el acápite de hechos
probados, el Tribunal practicó, en la audiencia celebrada el 30 de junio de 2022, los
testimonios de Luis Fernando Valoyes y Jhonny Trespalacios, solicitados por la parte
demandante, y de Elkin Humberto Granada, solicitado por el SENA99.

119. (i) Luis Fernando Valoyes100: manifestó que conoció al demandante como
instructor del SENA y que coincidió con él en el Complejo de Turbo entre 2014 y 2019.
Relató que, durante ese periodo, el actor se desempeñaba como apoyo a la
coordinación académica y cumplía labores de enlace entre el coordinador y los
instructores, entre ellas, la programación de actividades y la recepción de informes y
cuentas de cobro.

120. El testigo narró que el demandante participaba en reuniones del equipo
ejecutor, en las que fungía como líder, y en comités de evaluación junto con el
coordinador académico y funcionarios del área de bienestar. Asimismo, que el
coordinador académico impartía instrucciones tanto a los instructores como al
demandante, relacionadas con el seguimiento a aprendices, la coordinación de
actividades, la realización de visitas y la divulgación de la oferta institucional en los
corregimientos de Turbo.

121. También contó que el SENA suministraba al demandante computadores y otros
equipos para el desarrollo de sus actividades, los cuales estaban sometidos al control
de inventario de la entidad y debían ser devueltos al finalizar el contrato. En cuanto a
la jornada, manifestó que en el Complejo de Turbo se desarrollaban actividades, por
regla general, entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m. y entre la 1:00 p. m. y las 7:00 p. m.
y que, durante el periodo en que coincidió con el demandante, lo observaba
habitualmente en las instalaciones durante las jornadas de la mañana y de la tarde.

99 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“023_ED_14ACTAAUDIENCIAPRUEB”.
100 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo

“056GrabacionAudienciaPruebas202101763”.

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122. No obstante, explicó que, según la dinámica que conoció como instructor, los
contratistas debían distribuir las horas de formación exigidas, definir los grupos,
lugares y franjas en los que desarrollarían las actividades y remitir esa programación
a la coordinación académica o al supervisor, para que fuera registrada en Sofía Plus.

123. Finalmente, precisó que no conocía el objeto ni las condiciones de los contratos
suscritos por el demandante, tampoco si este cumplió las obligaciones pactadas o
recibió los honorarios correspondientes. Añadió que no tenía conocimiento de que
tales contratos establecieran una cláusula que fijara un horario de trabajo.

124. (ii) Jhonny Trespalacios101: declaró que ingresó al SENA en 2014 y que, para
entonces, el demandante ya prestaba sus servicios en la sede de Turbo como apoyo
a la coordinación académica. Indicó que coincidió con él durante aproximadamente 7
años y que, en esa sede, el actor atendía labores administrativas relacionadas con el
funcionamiento de la institución, la infraestructura y el personal vinculado a las
actividades de formación.

125. El testigo explicó que los instructores de la sede reportaban al demandante las
novedades y requerimientos relacionados con sus actividades, y que este, a su vez,
los comunicaba al coordinador académico. Agregó que, en algunas oportunidades, el
actor le informó sobre actividades que debía realizar y le solicitó los elementos
necesarios para su ejecución. Sin embargo, precisó que no presenció directamente
que los coordinadores impartieran órdenes al demandante ni conocía las cláusulas u
obligaciones específicas de sus contratos.

126. Asimismo, refirió que el demandante participaba, junto con los instructores
contratistas y de planta, en reuniones de inducción, planeación, seguimiento y
evaluación de las actividades académicas. Explicó que tales reuniones se realizaban
al inicio, durante y al finalizar cada periodo de formación, y que en ellas participaban
los coordinadores académicos. También relató que el actor desarrollaba actividades
fuera de la sede de Turbo, orientadas a socializar la oferta formativa en corregimientos
y veredas, así como a contactar líderes comunitarios, instituciones y potenciales
aprendices para cumplir las metas de formación.

127. En cuanto a la jornada, indicó que los contratistas desarrollaban, en términos
generales, 8 horas diarias, 40 horas semanales y 160 horas mensuales, y que el
demandante también ejecutaba actividades durante algunos fines de semana. No
obstante, señaló que la programación dependía de la oferta académica publicada en
Sofía Plus y que desconocía quién definía los horarios allí registrados. Añadió que no
tuvo acceso al contrato del actor y que no conocía si este contenía una cláusula que
fijara un horario de trabajo.

128. Finalmente, adujo que el SENA suministraba al demandante materiales de
formación, equipos de cómputo, videobeams, impresoras y herramientas, los cuales

101 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“056GrabacionAudienciaPruebas202101763”.

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eran entregados mediante inventarios y debían permanecer en la sede o ser
restituidos a la entidad cuando correspondía. Que el pago mensual de los honorarios
dependía de que los contratistas reportaran las horas ejecutadas y presentaran los
informes respectivos.

129. (iii) Elkin Humberto Granada102: declaró que se ha desempeñado como
subdirector del SENA en la región de Urabá durante 16 años y que conoce al
demandante desde hace aproximadamente 20 años. Que tuvo conocimiento que este
celebró contratos de prestación de servicios con la entidad entre 2003 y 2019 y que,
durante los primeros años, fue contratado por un número determinado de horas de
formación. Añadió que, posteriormente, suscribió contratos con una duración
aproximada de diez meses para desarrollar labores de apoyo administrativo a la
coordinación académica y, en algunos periodos, actividades como instructor.

130. El testigo mencionó que los contratistas encargados de actividades de
formación no tenían un horario impuesto por el SENA, pues debían coordinar la
ejecución de las actividades con los aprendices y las comunidades beneficiarias de
los programas. Explicó que los contratistas presentaban agendas de trabajo, las
cuales eran coordinadas con los supervisores contractuales, quienes efectuaban
seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. Asimismo, afirmó que la
oferta académica podía contemplar determinados horarios, susceptibles de ajustarse
según las necesidades de los aprendices y las condiciones del lugar en el que se
desarrollara la formación.

131. En relación con el demandante, destacó que, cuando prestó servicios en el
municipio de Turbo, desarrolló principalmente labores de apoyo administrativo al
coordinador académico, entre ellas, la recopilación de información proveniente de los
instructores y el acompañamiento de las actividades de formación. Dijo que el
coordinador académico supervisaba sus contratos y que el demandante debía
presentar los soportes e informes de ejecución de las actividades para el pago de los
honorarios. Agregó que los requerimientos formulados por el supervisor se
relacionaban con el cumplimiento de las obligaciones pactadas y no con la asignación
de nuevas tareas.

132. El declarante también manifestó que el SENA suministraba los equipos y
materiales requeridos para la formación, incluidos computadores, videobeams,
impresoras y demás herramientas, aun cuando las actividades se desarrollaran en
espacios facilitados por administraciones municipales, instituciones educativas o
comunidades de la región. Agregó que los bienes de carácter devolutivo permanecían
a cargo de la entidad y debían ser restituidos cuando correspondiera.

133. Por último, advirtió que los contratistas no estaban sometidos a cláusulas de
exclusividad ni a controles disciplinarios, y que podían desarrollar actividades para
otras entidades. Que el SENA no impartía órdenes a los contratistas, sino que les

102 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“056GrabacionAudienciaPruebas202101763”.

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formulaba orientaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas. No obstante, precisó que no podía determinar con certeza los municipios
específicos en los que el demandante prestó todos sus servicios ni identificar los
contratos en los que este se desempeñó como instructor.

134. Los testimonios practicados resultan pertinentes para establecer las
circunstancias en que se ejecutaron los contratos objeto de controversia. Sin embargo,
su valoración debe atender al alcance del conocimiento de cada declarante. En
particular, Luis Fernando Valoyes y Jhonny Trespalacios coincidieron con el
demandante en la sede de Turbo a partir de 2014, por lo que sus afirmaciones
permiten dar cuenta de las actividades desarrolladas durante ese periodo, pero no de
la forma en que se ejecutaron los contratos celebrados con anterioridad.

135. Por su parte, Elkin Humberto Granada testificó en su condición de subdirector
del SENA en la región de Urabá y se refirió a la modalidad general de contratación de
instructores y apoyos administrativos en la entidad. No obstante, esa condición no
permite concluir, por sí sola, que hubiera tenido conocimiento directo de las
circunstancias particulares en que se ejecutaron todos los contratos suscritos por el
demandante, especialmente cuando no pudo precisar los municipios, periodos y
objetos contractuales correspondientes a cada uno de ellos.

136. Ahora bien, en cuanto a su imparcialidad, conviene precisar que la condición
de contratistas o excontratistas de la entidad demandada no conduce, por sí sola, a
excluir sus declaraciones. De conformidad con el artículo 211 del CGP, tal
circunstancia no impide valorar sus dichos, sino que exige apreciarlos con especial
rigor, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y atendiendo la claridad y coherencia
de los relatos, la razón de ciencia expuesta, la verosimilitud de las afirmaciones y su
concordancia con los demás medios de prueba103.

137. Este mismo criterio de valoración rigurosa debe aplicarse al testimonio de Elkin
Humberto Granada, quien declaró en su condición de subdirector del SENA en la
región de Urabá. Aunque ello no priva de eficacia su declaración, sí supone una
relación funcional más estrecha con la entidad demandada, en comparación con Luis
Fernando Valoyes y Jhonny Trespalacios, quienes coincidieron con el demandante
como contratistas de la institución. Por esa razón, sus afirmaciones deberán
contrastarse con especial cuidado con los documentos allegados al expediente y con
los demás testimonios, en especial en aquellos aspectos referidos a hechos percibidos
directamente por los declarantes.

138. En ese estado de cosas, las declaraciones serán valoradas de manera conjunta
con el resto del material probatorio obrante en el expediente, bajo criterios de la sana
crítica, de conformidad con el artículo 176 del CGP.

103 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencias del 23 de mayo de 2024, radicado: 66001-23-

33-000-2017-00083-01 (2190-2020); sentencia del 28 de noviembre de 2024, radicado: 50001-23-33-000-2021-
00340-01 (7137-2023).

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3.5.1. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral encubierta

139. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la subordinación continua y (iii) la
remuneración como contraprestación del servicio.

140. Aunque el Tribunal tuvo por demostradas la prestación personal del servicio y
la remuneración, sin que tales conclusiones fueran cuestionadas en el recurso de
apelación, la Sala verificará brevemente su acreditación antes de abordar el análisis
del elemento de subordinación, que constituye el aspecto central de la controversia.

3.5.1.1. Prestación personal del servicio

141. Las pruebas allegadas al expediente acreditan que el demandante celebró con
el SENA 27 contratos de prestación de servicios, algunos adicionados o reanudados,
cuya ejecución se extendió entre el 10 de marzo de 2003 y el 13 de diciembre de 2019.

142. Durante ese periodo, el demandante ejecutó personalmente actividades de
formación profesional como docente, instructor o tutor y, posteriormente, labores de
apoyo a la supervisión académica y a la ejecución de los procesos de formación
titulada y complementaria. En consecuencia, se encuentra demostrada la prestación
personal del servicio.

3.5.1.2. Remuneración

143. Asimismo, en cada uno de los contratos se pactó el pago de honorarios como
contraprestación por los servicios contratados. Los documentos obrantes en el
expediente, incluidos los soportes de pago, certificaciones de cumplimiento y actas de
liquidación, permiten tener por acreditada la remuneración del demandante durante
los periodos efectivamente ejecutados.

3.5.1.3. Continua subordinación o dependencia

144. Sobre el particular se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de
una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.

145. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e

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independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.

146. Cabe destacar que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que los
contratos de prestación de servicios no generan relación laboral ni prestaciones
sociales. No obstante, dicha regla cede cuando se acredita, en aplicación del principio
de primacía de la realidad sobre las formas, que la prestación del servicio encubrió
una verdadera relación laboral subordinada. Para ello, la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o indicios que, valorados en conjunto, permiten inferir la
existencia de ese vínculo.

147. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso104.

148. En el caso concreto, se reitera que el SENA, según el Decreto 2149 de 1992105,
es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Dicha entidad, según la Ley 119 de 1994106, tiene por misión la de intervenir
en el desarrollo de los trabajadores colombianos; de manera que ofrece y ejecuta
formación profesional con carácter integral, para su incorporación en actividades
productivas.

149. Para el cumplimiento de esa misión institucional el SENA cuenta en su planta
de personal con el empleo de instructor, encargado de desarrollar procesos de
formación profesional y de orientar las actividades de enseñanza, aprendizaje y
evaluación. Durante buena parte del periodo analizado, sus funciones esenciales
estuvieron previstas en la Resolución 986 del 25 de mayo de 2007107, posteriormente
actualizadas por la Resolución 1458 del 30 de agosto de 2017108; como se indicó el
marco normativo de esta providencia.

150. Precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que la actividad contractual del
demandante no fue homogénea durante todo el periodo reclamado. Entre 2003 y
2012, y nuevamente en 2019, fue contratado para desarrollar labores de docencia,

104 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2025, radicado: 63001-

23-33-000-2021-00181-01 (4467-2023).
105 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
106 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se

dictan otras disposiciones.
107 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los

empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
108 Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de

la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx

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instrucción o tutoría en programas de formación profesional. En cambio, entre 2013 y
2018, prestó servicios de apoyo a la supervisión de contratos académicos y a la
ejecución de los procesos de formación titulada y complementaria, bajo la
coordinación y supervisión del respectivo coordinador académico. Por ello, el análisis
de subordinación no puede limitarse a confrontar la totalidad de las actividades
desarrolladas con las funciones propias del empleo de instructor, sino que debe
atender las particularidades de cada etapa contractual.

151. A partir de lo anterior, la Sala examinará si la forma en que se ejecutaron los
contratos permite tener por acreditada la subordinación. Para ello, valorará el lugar de
prestación del servicio, la programación de las actividades, las instrucciones y
mecanismos de seguimiento ejercidos por el SENA, así como la relación de las labores
desarrolladas con las necesidades permanentes de formación de la entidad, de
conformidad con los criterios fijados en la sentencia de unificación del 9 de septiembre
de 2021.

152. En cuanto al lugar de prestación del servicio, la prueba documental muestra
que el lugar de prestación del servicio fue definido por el SENA y varió según el objeto
de los contratos celebrados. Entre 2003 y 2012, las actividades de docencia,
instrucción o tutoría se asociaron al Centro Multisectorial Urabá y, posteriormente, al
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico y su área de influencia.
Entre 2013 y 2018, los contratos de apoyo a la supervisión académica comprendieron,
según cada vigencia, Turbo y su jurisdicción, Apartadó y su jurisdicción, la zona sur y
el Atrato Medio. En 2019, el demandante fue contratado nuevamente para impartir
formación en el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico y en los
municipios de su jurisdicción.

153. Lo anterior guarda correspondencia con las declaraciones de Luis Fernando
Valoyes y Jhonny Trespalacios, quienes señalaron que el demandante desarrollaba
actividades en la sede de Turbo y se desplazaba a corregimientos y veredas para
divulgar la oferta institucional, realizar visitas, contactar líderes comunitarios y apoyar
la consecución de aprendices. En similar sentido, Elkin Humberto Granada explicó
que las actividades de formación se ejecutaban según la programación definida para
cada grupo de aprendices y las condiciones de las comunidades beneficiarias, sin que
existiera una sede única para su desarrollo.

154. Ello permite concluir que, aunque podía existir un margen operativo para
concertar algunos espacios específicos, el demandante no definía libremente el
ámbito territorial de prestación del servicio, pues este dependía de los programas,
zonas de cobertura y metas de formación dispuestas por el SENA.

155. De otro lado, en relación con el horario de trabajo, los documentos
contractuales también permiten advertir que la ejecución del servicio estaba sujeta a
la organización institucional. En las etapas en que el demandante fue contratado como
docente, instructor o tutor, debía impartir formación conforme a la programación del
SENA, registrar actividades en Sofía Plus, participar en procesos de inducción y

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formación, y presentar informes y soportes de ejecución, todo en los tiempos
dispuestos por la entidad demandada.

156. En esa misma línea, se advierte que los formatos denominados «Tiempos Act.
Académicas» diligenciados durante algunos periodos de 2011 identificaron al
demandante como instructor del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y
Turístico y relacionaron fichas de aprendizaje, competencias, resultados de
aprendizaje y horas asignadas a actividades académicas y complementarias.
Además, consolidaron tiempos destinados a eventos de divulgación tecnológica,
actividades extracurriculares, herramientas virtuales, reemplazos e inasistencias
respecto de otros docentes/instructores. Tales documentos no acreditan, por sí solos,
la existencia de una jornada laboral rígida, pero sí evidencian que las actividades del
actor se insertaban en una programación académica determinada y verificable por la
entidad.

157. A su vez, en los contratos de apoyo a la supervisión académica, celebrados
entre 2013 y 2018, también se advierte una sujeción temporal a la organización
institucional, pues el demandante debía elaborar planes de trabajo en coordinación
con el supervisor, atender sus requerimientos, presentar informes mensuales y hacer
seguimiento a las actividades de formación dentro de los tiempos previstos.
Finalmente, en 2019, como instructor, debía programar las actividades de enseñanza,
aprendizaje y evaluación conforme a los proyectos formativos y al calendario
institucional.

158. Ahora bien, aunque en el recurso de apelación se afirmó que los testimonios
de Luis Fernando Valoyes y Jhonny Trespalacios acreditaban la imposición de un
horario de trabajo, tales declaraciones no permiten tener por demostrada una jornada
diaria rígida y uniforme durante toda la relación contractual. Ciertamente, los testigos
solo coincidieron con el demandante a partir de 2014, de modo que sus afirmaciones
no permiten establecer cómo se organizó el tiempo de prestación del servicio durante
los contratos ejecutados con anterioridad.

159. Además, si bien sus declaraciones dan cuenta de una presencia habitual del
demandante en la sede de Turbo y de una intensidad horaria general asociada a las
actividades de formación, también contienen precisiones que impiden tener por
acreditada la imposición directa de un horario laboral. Valoyes indicó que observaba
habitualmente al actor en las jornadas de mañana y tarde, pero explicó que, según la
dinámica que conoció como instructor, los contratistas distribuían las horas de
formación y remitían su programación a la coordinación académica para su registro
en Sofía Plus.

160. En similar sentido, Trespalacios afirmó que los instructores desarrollaban, por
regla general, 8 horas diarias, 40 semanales y 160 mensuales. No obstante, reconoció
que no conocía los contratos del actor ni quién definía los horarios incorporados en la
oferta académica. Por tanto, sus dichos permiten inferir que existía una organización
temporal de las actividades, pero no son suficientes para concluir que durante todo el

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periodo reclamado el demandante estuviera sometido a una jornada fija impuesta de
manera uniforme por la entidad.

161. Por su parte, Elkin Humberto Granada negó que el SENA impusiera un horario
fijo a los contratistas y sostuvo que las actividades se coordinaban según las
necesidades de los aprendices y de las comunidades. No obstante, también reconoció
que los contratistas presentaban agendas de trabajo coordinadas con los
supervisores, quienes efectuaban seguimiento a su ejecución.

162. En esa medida, se reitera que el material probatorio no acredita la existencia
de una jornada laboral predeterminada, pero sí que el demandante no tenía plena
autonomía para definir la oportunidad de ejecución de sus actividades, pues debía
ajustarse a la programación académica, al calendario institucional, a los planes de
trabajo, a los registros en los aplicativos del SENA y a los requerimientos de la
coordinación académica o del supervisor contractual.

163. En consecuencia, la delimitación territorial y temporal de las actividades permite
advertir que el demandante se encontraba sujeto a la organización dispuesta por el
SENA. La entidad definía los programas, las zonas de cobertura, las metas de
formación, los calendarios y los mecanismos de seguimiento, y podía, a través de la
coordinación académica y de la supervisión contractual, orientar, coordinar y ajustar
la forma, el tiempo y el lugar en que debían cumplirse las actividades contratadas.
Esta circunstancia constituye un indicio relevante del ejercicio de facultades propias
de subordinación, en particular, de la posibilidad de impartir instrucciones y variar las
condiciones de ejecución del servicio según las necesidades institucionales, lo que se
aproxima al ejercicio del ius variandi109 propio de las relaciones laborales
subordinadas110.

164. Con todo, aunque la delimitación del lugar y de la programación temporal
constituye un indicio relevante, su acreditación no basta, por sí sola, para tener por
demostrada la subordinación. En consecuencia, corresponde establecer si la
intervención del SENA se limitó a la coordinación propia del contrato de prestación de
servicios o si, por el contrario, implicó el ejercicio efectivo de facultades de dirección y
control sobre la forma en que el demandante debía ejecutar las actividades
contratadas.

165. Sobre este aspecto, obran en el expediente los contratos de prestación de
servicios suscritos por el demandante, en los que se definieron de manera detallada
los objetos y obligaciones a su cargo. De su contenido se advierte que las labores
contratadas estuvieron vinculadas con la formación profesional integral a cargo del
SENA, ya fuera mediante docencia, instrucción o tutoría, o a través del apoyo a la
supervisión académica, la programación, el seguimiento y la ejecución de los procesos

109 El ius variandi consiste en la facultad que tiene el empleador de alterar las condiciones de trabajo

en cuanto a modo, lugar, cantidad y tiempo de labor, en virtud del poder subordinante que tiene sobre
sus trabajadores.
110 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de octubre de 2025, radicado: 66001-

23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024).

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de formación titulada y complementaria, como se sintetiza a continuación:

Etapa contractual Obligaciones previstas para el Previsiones relevantes del
contratista estudio previo
(2003-2012) Docencia, 1. Conformar equipos de El estudio previo justificó la
instrucción o tutoría en desarrollo curricular y participar contratación de instructores
programas de en la formulación de proyectos por periodos fijos y horas de
formación profesional. formativos, actividades de formación, para apoyar la
aprendizaje, talleres e ejecución de acciones de
instrumentos de evaluación. formación titulada y
2. Participar en la complementaria.
programación y ejecución de
los procesos de inducción y La entidad certificó que no
de formación titulada. contaba con personal de
planta suficiente ni
3. Registrar en Sofía Plus las especializado para
actividades a su cargo y desarrollar las actividades
comunicar al coordinador propias de instructor, atender
académico las anomalías, las metas del plan operativo
inconsistencias, novedades anual y satisfacer las
de los aprendices y hallazgos necesidades del sector
advertidos. productivo de la región.

4. Coordinar el seguimiento de la Como especificaciones
formación por proyectos o redes esenciales, previó que los
tecnológicas. contratistas debían:

5. Impartir personalmente la 1. Participar en la
formación conforme a la programación y ejecución
programación del SENA y en de los procesos de
el lugar indicado por la inducción y formación.
entidad.
2. Registrar oportunamente
6. Matricular a los estudiantes en en Sofía Plus las
Sofía Plus y velar por la calidad actividades desarrolladas y
de la formación. comunicar al coordinador
académico las novedades
7. Cuidar y conservar las aulas, advertidas.
los elementos y los equipos
puestos a disposición por el 3. Impartir personalmente la
SENA. formación conforme a la
programación institucional
8. Cumplir los procesos de y en el lugar indicado por el
coordinación académica SENA.
requeridos para la ejecución
de las actividades de 4. Cumplir los procesos de
formación. coordinación académica y
ejecutar un plan de trabajo
9. Presentar mensualmente coordinado con esa
los soportes de ejecución de dependencia.
las actividades y los informes
requeridos por la supervisión 5. Presentar informes
contractual. mensuales, soportes de
ejecución y los
10. Ejecutar el plan de trabajo documentos requeridos por
coordinado con la oficina o el la supervisión
contractual.6. Atender las

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área de coordinación actividades asignadas por
académica. el supervisor del contrato.

11. Atender las demás
actividades asignadas por el
supervisor contractual.
(2013-2015) Apoyo a la 1. Supervisar la correcta El estudio previo justificó la
supervisión de ejecución de los contratos contratación de un
contratos académicos y celebrados con los profesional para apoyar la
a la coordinación de instructores en los municipios supervisión de los contratos
actividades de bajo su responsabilidad. académicos en el municipio
formación. de Turbo.
2. Verificar la documentación de
los contratistas que impartían Como obligaciones
formación en esos municipios. especiales, previó que el
contratista debía:
3. Asistir y solicitar la compra de
materiales e insumos requeridos 1. Supervisar la correcta
para las acciones de formación. ejecución de los contratos
de los instructores en los
4. Acompañar al coordinador municipios bajo su
académico en la elaboración responsabilidad.
de la programación de
formación de los instructores. 2. Verificar la documentación
de los contratistas que
5. Programar los viáticos o impartían formación.
gastos de viaje de los
instructores bajo su supervisión. 3. Apoyar la adquisición de
materiales e insumos
6. Participar en los comités de requeridos para las
evaluación programados por actividades de formación.
la coordinación académica.
4. Acompañar al
7. Realizar seguimiento a las coordinador académico en
acciones de formación, bajo la programación de los
autorización de la instructores.
coordinación académica.
5. Participar en los comités
8. Participar en reuniones de evaluación programados
solicitadas por el sector por la coordinación
productivo, previa académica y realizar
autorización de la seguimiento a las acciones
coordinación académica o por de formación bajo su
delegación del subdirector. autorización.

9. Realizar seguimiento a los 6. Participar en reuniones
aprendices en etapa del sector productivo,
productiva. previa autorización de la
coordinación académica o
10. Verificar y apoyar a los por delegación del
instructores y aprendices en el subdirector.
manejo de Sofía Plus.
7. Realizar seguimiento a
11. Informar cualquier los aprendices en etapa
inconsistencia a la productiva y apoyar a
coordinación académica. instructores y aprendices
en el manejo de Sofía Plus.

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12. Presentar los soportes de 8. Informar las
ejecución requeridos para el inconsistencias advertidas
pago de los honorarios. a la coordinación
académica.

También estableció que el
contratista debía acreditar el
cumplimiento de las
actividades para el pago de
los honorarios y que la
supervisión sería ejercida por
la coordinadora
administrativa o por quien
designara el subdirector.
(2016-2018) Apoyo a la 1. Elaborar, al inicio del contrato, El estudio previo justificó la
supervisión de la un plan de trabajo en contratación de personas
ejecución de la coordinación con el supervisor. para apoyar la supervisión de
formación titulada y las actividades desarrolladas
complementaria. 2. Apoyar el proceso de gestión en el proceso de ejecución de
de la formación profesional la formación titulada y
integral y la supervisión de los complementaria, ante la
contratos celebrados por el insuficiencia del personal de
Centro. planta y el aumento de las
metas institucionales y del
3. Ejecutar los procedimientos número de aprendices.
y formatos establecidos en el
aplicativo del sistema de Como obligaciones
gestión de calidad. específicas, previó que los
contratistas debían:
4. Manejar, actualizar y alimentar
los aplicativos dispuestos por 1. Elaborar un plan de
el SENA para el proceso o trabajo en coordinación
procedimiento apoyado. con el supervisor.

5. Atender oportunamente los 2. Apoyar el proceso de
requerimientos formulados gestión de la formación
por el supervisor y presentar profesional integral y la
informes mensuales de supervisión de los contratos
ejecución. del centro.

6. Revisar la documentación 3. Manejar y actualizar los
académica reportada por los sistemas de información y los
instructores, entre ella fichas aplicativos institucionales
de caracterización, matrícula, relacionados con los
empresas, EDT, gestión de procesos de formación.
tiempos, reportes estadísticos
y demás documentos 4. Atender los
originados en la función requerimientos formulados
docente. por el supervisor y
presentar informes
7. Generar reportes y mensuales de ejecución.
estadísticas solicitados por
clientes internos y externos. 5. Revisar la documentación
8. Verificar la documentación académica y los documentos
de los contratistas de remitidos por los instructores.
prestación de servicios.

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9. Asegurar el cumplimiento 6. Generar reportes y
de las obligaciones pactadas estadísticas requeridos por
por los instructores, dentro de clientes internos y externos.
los presupuestos de tiempo e
inversión previstos. 7. Verificar la documentación
de los contratistas de
10. Elaborar las órdenes de pago prestación de servicios y
e informar sobre el apoyar la elaboración de sus
cumplimiento de las órdenes de pago.
obligaciones de los
contratistas. 8. Asegurar que los
instructores cumplieran las
11. Apoyar la verificación de los obligaciones pactadas
requisitos de dentro de los tiempos
perfeccionamiento y previstos.
legalización previos al inicio de
los contratos de instructores. 9. Apoyar la elaboración de
documentos e informes
12. Apoyar la elaboración de periódicos sobre el
documentos e informes desarrollo de los contratos
periódicos sobre el desarrollo vigentes.
de los contratos vigentes.
10. Coordinar la generación
13. Coordinar el accionar de los y divulgación de
líderes comunicadores del información de interés para
Centro y la generación y el público.
divulgación de información para
el público. El estudio indicó que la
supervisión estaría a cargo de
14. Ejecutar el contrato la coordinación académica
conforme al Sistema Integrado del Complejo o de quien
de Gestión y Autocontrol — designara el subdirector.
SIGA— del SENA y cumplir los
códigos de ética y buen
gobierno adoptados por la
entidad.
(2019) Instructor de 1. Orientar los procesos de El estudio previo justificó la
formación profesional aprendizaje conforme a las contratación de doce
titulada y necesidades identificadas, las instructores para impartir
complementaria en la metodologías de aprendizaje y formación profesional titulada
red de conocimiento los programas curriculares y complementaria en la red de
agrícola. vigentes. conocimiento agrícola,
durante diez meses y trece
2. Programar las actividades días de la vigencia 2019.
de enseñanza, aprendizaje y
evaluación de conformidad La necesidad se sustentó en
con los proyectos formativos la insuficiencia de la planta de
y el calendario institucional. personal para atender las
metas de formación titulada y
3. Registrar oportunamente en complementaria del Complejo
Sofía Plus las actividades a su y garantizar la ejecución de
cargo, las novedades de los los programas curriculares en
aprendices y la información la red agrícola.
relacionada con las rutas de
aprendizaje, los juicios Como obligaciones
evaluativos y los proyectos específicas, previó que los
formativos. contratistas debían:

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4. Seleccionar estrategias de 1. Programar las
enseñanza, aprendizaje y actividades de enseñanza,
evaluación según el programa aprendizaje y evaluación
de formación profesional y el conforme al calendario
enfoque metodológico institucional y los
adoptado por el SENA. proyectos formativos.

5. Participar en los comités de 2. Registrar en Sofía Plus
evaluación y seguimiento las actividades
ordinario y extraordinario desarrolladas, las
convocados respecto de los novedades de los
aprendices a su cargo. aprendices y la información
asociada a los procesos
6. Presentar informes formativos.
mensuales de ejecución del
objeto contractual y reportar la 3. Participar en comités de
información académica y evaluación y seguimiento y
administrativa requerida para presentar informes
el proceso de formación. mensuales sobre la
ejecución de las
7. Realizar acompañamiento a actividades contratadas.
los aprendices en etapa
práctica, según el reglamento 4. Acompañar a los
del aprendiz y bajo aprendices en etapa
autorización de la práctica, previa
coordinación académica. autorización de la
coordinación académica.
8. Apoyar la programación y el
seguimiento de la formación 5. Apoyar la programación
por proyectos o redes y el seguimiento de la
tecnológicas. formación por proyectos o
redes tecnológicas.
9. Participar en los procesos de
autoevaluación del centro de 6. Participar en la planeación
formación y en la consolidación y ejecución de los procesos
de la documentación requerida de inducción, diseñar
por los sistemas de calidad actividades de aprendizaje e
institucional. integrar equipos de desarrollo
curricular.
10. Conformar equipos de
desarrollo curricular 7. Impartir la formación de
interdisciplinario, diseñar acuerdo con la
actividades de aprendizaje e programación institucional
integrar instrumentos de y en los lugares que
evaluación. indicara el SENA. El estudio
previo dispuso que la
11. Participar en la supervisión de los contratos
programación y ejecución de estaría a cargo de quien
los procesos de inducción y delegara el subdirector del
formación titulada, de acuerdo centro de formación.
con la programación y los
lugares indicados por el
SENA.

12. Cuidar y conservar los
bienes y elementos puestos a su
disposición para el cumplimiento
del objeto contractual.

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Tabla 2: Relación de funciones desempeñadas por el demandante con ocasión de los contratos de
prestación de servicios celebrados.

166. Las obligaciones descritas evidencian que el demandante no desarrollaba sus
actividades con plena autonomía e independencia. En los periodos en que fue
contratado como docente, instructor o tutor, debía ejecutar la formación conforme a la
programación institucional, utilizar los aplicativos y formatos del SENA, registrar
información en Sofía Plus, asistir a comités, reportar novedades y presentar informes
y soportes de ejecución. A su vez, durante la etapa de apoyo a la supervisión
académica, debía elaborar planes de trabajo en coordinación con el supervisor,
atender sus requerimientos, revisar la documentación remitida por los instructores,
verificar el cumplimiento de sus obligaciones y apoyar la elaboración de reportes,
órdenes de pago e informes periódicos.

167. En relación con esta última etapa, la Sala precisa que las actividades de apoyo
a la supervisión académica no pueden valorarse como simples labores de
coordinación logística libremente definidas por el contratista. Aunque algunas
obligaciones empleaban expresiones como apoyar, verificar, programar o coordinar,
su contenido estaba referido a procesos internos del SENA, relacionados con la
ejecución de la formación titulada y complementaria, la supervisión de contratos
académicos, la actualización de aplicativos institucionales, la revisión de
documentación derivada de la función docente, el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones de los instructores y la elaboración de soportes para el pago de
honorarios.

168. En esa medida, la intervención del SENA no se limitaba a recibir un resultado
final. Por el contrario, comprendía parámetros sobre los instrumentos que debían
emplearse, la información que debía registrarse, los reportes que debían presentarse,
los aplicativos que debían alimentarse y los tiempos dentro de los cuales debía
efectuarse el seguimiento de la formación y de los contratos académicos.

169. Lo anterior encuentra respaldo en los testimonios practicados. Luis Fernando
Valoyes manifestó que el demandante participaba en reuniones del equipo ejecutor y
en comités de evaluación, y que el coordinador académico impartía instrucciones
relacionadas con el seguimiento de aprendices, la coordinación de actividades, la
realización de visitas y la divulgación de la oferta institucional. También indicó que los
contratistas remitían la programación a la coordinación académica para su registro en
Sofía Plus.

170. En similar sentido, Jhonny Trespalacios señaló que los instructores reportaban
al demandante las novedades y requerimientos relacionados con sus actividades, y
que este, a su vez, los comunicaba al coordinador académico. Además, indicó que el
actor participaba en reuniones de inducción, planeación, seguimiento y evaluación,
así como en actividades externas orientadas a socializar la oferta formativa y cumplir
las metas de formación.

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171. Por su parte, Elkin Humberto Granada negó que el SENA impartiera órdenes a
los contratistas y sostuvo que las instrucciones correspondían a orientaciones propias
del seguimiento contractual. Sin embargo, también reconoció que el demandante
desarrollaba labores de apoyo administrativo al coordinador académico, recopilaba
información proveniente de los instructores, debía presentar soportes e informes de
ejecución y estaba sujeto al seguimiento del supervisor contractual.

172. Bajo ese marco, aunque las pruebas no permiten calificar cada requerimiento
formulado al demandante como una orden laboral en sentido estricto, sí muestran una
injerencia funcional constante de la entidad en el desarrollo de las actividades
contratadas. El actor no solo debía acreditar el cumplimiento de productos o
resultados, sino integrarse a la dinámica académica del SENA, atender requerimientos
de la coordinación y del supervisor, reportar novedades, registrar información
institucional y ajustar su gestión a los parámetros definidos para la ejecución de la
formación.

173. Ahora bien, contrario a lo considerado por el Tribunal, esa conclusión no se ve
afectada por el hecho de que no se hubiera pactado una cláusula de exclusividad. La
subordinación no exige, como presupuesto indispensable, que el contratista preste
sus servicios de manera exclusiva para una sola entidad. Por ello, aun si el
demandante hubiera tenido la posibilidad formal de desarrollar otras actividades, esa
circunstancia no desvirtúa la sujeción a la programación, seguimiento y requerimientos
impartidos por el SENA durante la ejecución contractual.

174. Tampoco resulta determinante que no se hubiera demostrado la imposición
efectiva de una sanción disciplinaria. Como la vinculación se formalizó mediante
contratos de prestación de servicios, el control sobre el cumplimiento de las
obligaciones se ejercía, principalmente, a través de la supervisión contractual, la
revisión de informes, la certificación de actividades y la autorización del pago de
honorarios. De hecho, los informes finales de supervisión allegados al plenario
incluían un apartado sobre sanciones y cumplimiento de las obligaciones pactadas, lo
que da cuenta de mecanismos de verificación durante la ejecución contractual.

175. Por consiguiente, la ausencia de exclusividad o de una sanción efectivamente
impuesta no desvirtúa que el demandante estuviera integrado a la organización
académica del SENA ni que la entidad hiciera seguimiento a la ejecución de las
actividades contratadas.

176. A lo anterior se suma, que las actividades desarrolladas por el demandante no
eran ajenas, accesorias o meramente instrumentales frente al objeto misional del
SENA. En efecto, las labores de docencia, instrucción y tutoría guardaban
correspondencia con las funciones asignadas al empleo de instructor de la planta de
personal de la entidad.

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177. Al respecto, el Decreto 1424 de 1998111 establece que este grupo comprende
los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación profesional y
desarrollar actividades de coordinación académica e investigación aplicada. A su vez,
el manual específico de funciones vigente durante buena parte del periodo reclamado,
contenido en la Resolución 986 del 25 de mayo de 2007112, atribuyó a los instructores
la selección de estrategias y ambientes de aprendizaje, la orientación y evaluación de
los aprendices, la programación de las actividades de formación y el reporte de
información académica y administrativa.

178. Asimismo, aunque entre 2013 y 2018 el demandante no fue contratado para
impartir formación de manera directa, sus actividades de apoyo a la supervisión
académica se insertaban en el desarrollo ordinario de los procesos formativos. En
efecto, comprendían la programación de instructores, la revisión de documentación
académica, el seguimiento a las actividades de formación, la participación en comités
de evaluación, el registro de información institucional, la verificación del cumplimiento
de obligaciones asociadas a la formación titulada y complementaria, así como la
elaboración de reportes, informes y soportes relacionados con su ejecución.

179. De este modo, las actividades del demandante, valoradas en conjunto,
estuvieron vinculadas con la planeación, programación, ejecución, seguimiento y
verificación de los procesos formativos, esto es, con funciones estrechamente
relacionadas con el servicio que la Ley 119 de 1994113 asignó al SENA, consistente
en ofrecer y ejecutar formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo
de las personas en actividades productivas.

180. Esta conclusión se refuerza con la forma sucesiva en que el SENA acudió a la
contratación del demandante. Entre el 10 de marzo de 2003 y el 13 de diciembre de
2019, el actor suscribió 27 contratos de prestación de servicios, todos orientados a
atender actividades relacionadas con la formación profesional o con el apoyo a su
programación, ejecución y seguimiento.

181. Si bien entre la terminación de algunos contratos y el inicio de los siguientes se
presentaron intervalos, estos fueron, por regla general, breves y no desvirtúan la
continuidad funcional de la vinculación. Además, la mayoría coincidió con el cierre de
cada vigencia, el receso de fin de año o el inicio de una nueva anualidad contractual,
luego de lo cual el demandante era nuevamente vinculado para desarrollar actividades
sustancialmente relacionadas con el mismo proceso misional.

182. Además, se observa que, en varias vigencias, los estudios previos justificaron
la contratación en la insuficiencia de personal de planta para atender las metas
institucionales, los procesos de formación, la supervisión de contratos de instructores,

111 «Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los instructores del Servicio Nacional

de Aprendizaje -SENA-»
112 «Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para

los empleos públicos de la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-»
113 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y

se dictan otras disposiciones»

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los registros académicos y el seguimiento de la formación titulada y complementaria.
Esa justificación recurrente evidencia que la necesidad no era puntual, accidental o
coyuntural, sino un requerimiento ordinario del servicio que la entidad atendió durante
varios años mediante contratos de prestación de servicios.

183. Bajo ese marco, la contratación del demandante no respondió a una necesidad
aislada o excepcional, sino a actividades permanentes vinculadas con el servicio de
formación a cargo del SENA. En realidad, la sucesividad de los contratos, la brevedad
de las interrupciones y la reiterada justificación de insuficiencia de personal de planta
evidencian que la entidad acudió de manera prolongada a contratos de prestación de
servicios para atender labores propias de su funcionamiento misional.

184. En ese orden, las actividades del demandante no se desarrollaron bajo una
simple coordinación contractual. Si bien este principio permite sincronizar las
actividades del contratista con las directrices necesarias para la ejecución eficiente del
contrato, presupone que aquel conserve independencia en el cumplimiento del objeto
pactado. En este caso, la intervención del SENA excedió ese ámbito, pues la entidad
no se limitó a armonizar la ejecución contractual, sino que delimitó las condiciones de
tiempo, modo y lugar en que debía prestarse el servicio, fijó parámetros institucionales
para la ejecución de la formación, exigió el uso de aplicativos y formatos propios,
efectuó seguimiento permanente a las actividades desarrolladas y formuló
requerimientos a través de la coordinación académica o de la supervisión contractual.

185. En suma, las pruebas acreditan que el demandante prestó personalmente sus
servicios, recibió una remuneración y desarrolló sus actividades bajo subordinación
del SENA durante los periodos contractuales acreditados. En consecuencia, se
revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará la nulidad del
acto administrativo demandado y la existencia de una relación laboral encubierta, sin
perjuicio del análisis de la prescripción y de los efectos económicos que se efectuará
a continuación.

3.6. De la prescripción

186. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por
consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados
por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que

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los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales. (Se destaca)

187. Ahora bien, en relación con la solución de continuidad en asuntos en los que
se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección, en sentencia
del 9 de septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial
precedente, estableció un periodo de 30 días hábiles entre la terminación de un
contrato y el inicio del siguiente. Dicho término debe entenderse como un marco de
referencia para la administración, el contratista y el juez de la controversia.

188. De acuerdo con lo anterior, cuando entre la terminación de un contrato y el
inicio del siguiente no se supera dicho parámetro temporal, la vinculación puede
analizarse como una relación continua para efectos de la prescripción. En ese evento,
el término trienal debe contabilizarse desde la finalización del último contrato, sin
perjuicio de excluir del reconocimiento económico los periodos en los que no existió
prestación efectiva del servicio114.

189. En el presente caso, la relación contractual acreditada se extendió entre el 10
de marzo de 2003 y el 13 de diciembre de 2019, a través de 27 contratos de prestación
de servicios. Si bien entre la terminación de algunos contratos y el inicio de los
siguientes se presentaron interrupciones, estas no superaron, por regla general, los
30 días hábiles previstos por la jurisprudencia como parámetro para establecer la
solución de continuidad.

190. Respecto del lapso transcurrido entre la finalización del contrato 256 del 10 de
noviembre de 2005 y el inicio de la ejecución del contrato 29 del 19 de enero de 2006,
se advierte que el primero culminó el 21 de enero de 2006, mientras que el segundo
inició su ejecución el 22 de marzo siguiente. No obstante, este último contrato fue
suscrito el 19 de enero de 2006 y la garantía correspondiente fue aprobada el 20 de
enero del mismo año, esto es, antes de que finalizara el contrato precedente 115.

191. En esas condiciones, aunque la ejecución material del contrato 29 de 2006
inició con posterioridad al término de 30 días hábiles, no puede desconocerse que la
vinculación contractual ya había sido formalizada antes de la terminación del contrato
anterior. Como no obran elementos que permitan atribuir al demandante la
postergación del inicio de la ejecución, dicha circunstancia no puede operar en su
contra para fraccionar el vínculo declarado. Por tanto, bajo una interpretación
favorable al trabajador, no se tendrá por configurada una interrupción apta para afectar
la continuidad de la relación para efectos de la prescripción.

192. En consecuencia, como el último contrato finalizó el 13 de diciembre de 2019 y

114 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con
referencia SUJ2-005-16.
115 Samai, índice 14 (de primera instancia) – link de expediente digital, archivo “007AnexoContrato”, pp. 17 a 21.

(contrato de prestación de servicios, acta de inicio y paz y salvo).

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el demandante presentó reclamación administrativa el 21 de febrero de 2020, se
concluye que esta fue formulada dentro del término trienal. Por tanto, no operó la
prescripción de las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta
declarada.

3.7. Del restablecimiento del derecho

193. Demostrada la existencia de una relación laboral encubierta, corresponde
determinar los conceptos procedentes a título de restablecimiento del derecho. Para
tal efecto, la Sala tendrá en cuenta tanto el contenido de la reclamación administrativa
como las pretensiones formuladas en la demanda, pues el reconocimiento judicial
debe circunscribirse a los asuntos sometidos previamente a consideración de la
entidad y reclamados en el proceso.

194. En ese sentido, la Sala analizará la procedencia de las cesantías, intereses a
las cesantías, prima de servicios, primas de navidad, localización, antigüedad y
vacaciones, vacaciones, aportes al Sistema de Seguridad Social en pensión, salud y
riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, viáticos, transporte,
subsidios, bonificaciones, auxilios, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y
festivos, sanción moratoria e indexación, de acuerdo con su fuente normativa, los
requisitos de causación y las pruebas obrantes en el expediente.

3.7.1. De las prestaciones sociales: cesantías, intereses a las cesantías, prima
de servicios y vacaciones

195. La Subsección ha precisado que, declarada la existencia de una relación
laboral encubierta, procede el reconocimiento de las prestaciones sociales que
debieron causarse durante los periodos en los que se acreditó el vínculo, en igualdad
de condiciones frente al cargo de planta funcionalmente equivalente 116.

196. En cuanto a la base de liquidación, la Sección Segunda ha señalado que, por
regla general y en virtud del principio de a trabajo igual, salario igual, las prestaciones
sociales deben calcularse con fundamento en la remuneración asignada al cargo de
planta cuyas funciones resulten iguales o equivalentes a las desempeñadas por el
contratista. En caso de que no exista un cargo equivalente en la planta de personal,
la liquidación deberá efectuarse con base en los honorarios pactados.

197. En el presente asunto, se acreditó que, durante los contratos ejecutados entre
el 10 de marzo de 2003 y el 14 de diciembre de 2012, así como entre el 8 de febrero
y el 13 de diciembre de 2019, el demandante desarrolló labores de docencia,
instrucción o tutoría que guardaban correspondencia sustancial con las funciones del
empleo de instructor de la planta de personal del SENA. Por consiguiente, las

116 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2025, radicado: 25000-

23-42-000-2021-00754-01 (3165-2024); sentencia del 12 de febrero de 2026, radicado: 08001-23-33-000-2019-
00026-01 (1073-2021); sentencia del 26 de julio de 2025, radicado 68001-23-33-000-2020-00711-01 (0356-2025);
sentencia del 26 de febrero de 2026, radicado: 17001-23-33-000-2021-00013-01 (0659-2025); sentencia del 28 de
mayo de 2026, radicado: 17001-23-33-000-2021-00030-01 (5377-2024).

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prestaciones sociales que se reconozcan por esos periodos deberán liquidarse con
fundamento en la remuneración correspondiente a dicho empleo, de acuerdo con el
régimen salarial y prestacional aplicable para cada vigencia.

198. En relación con los contratos ejecutados entre el 28 de enero de 2013 y el 20
de diciembre de 2018, en los que el demandante desarrolló actividades de apoyo a la
supervisión académica, programación, seguimiento y ejecución de los procesos de
formación titulada y complementaria, la entidad deberá verificar si tales funciones
guardaban correspondencia con algún empleo de su planta de personal vigente para
cada periodo. De acreditarse esa equivalencia funcional, la liquidación deberá
efectuarse con base en la remuneración asignada a dicho empleo. En caso contrario,
se tomarán como referencia los honorarios pactados en los respectivos contratos.

199. Aunado a lo anterior, como en la demanda se solicitó el reconocimiento de
todos los emolumentos que perciben los empleados de planta del SENA, de
conformidad con el Manual de Prestaciones Sociales de la entidad, se ordenará el
pago de las diferencias que resulten entre los honorarios percibidos por el
demandante y la remuneración correspondiente al empleo de planta equivalente,
respecto de los periodos en los que ejerció funciones de instructor, esto es, entre el
10 de marzo de 2003 y el 14 de diciembre de 2012, y entre el 8 de febrero y el 13 de
diciembre de 2019.

200. La misma regla se aplicará respecto de las actividades de apoyo a la
supervisión académica y a la ejecución de los procesos de formación titulada y
complementaria, desempeñadas entre 2013 y 2018, siempre que la entidad verifique
que guardan correspondencia funcional con un empleo de su planta de personal.

3.7.2. De los aportes al Sistema de Seguridad Social (pensión, salud y riesgos
laborales)

201. En relación con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, el
SENA deberá determinar, mes a mes, el ingreso base de cotización del demandante,
con fundamento en la base de liquidación definida en esta providencia para cada
periodo contractual declarado.

202. Si existe diferencia entre los aportes realizados por el demandante como
contratista y aquellos que debieron efectuarse con ocasión de la relación laboral
encubierta, la entidad deberá pagar al fondo de pensiones el valor faltante en el
porcentaje que le correspondía como empleadora.

203. Por su parte, el demandante deberá acreditar las cotizaciones efectuadas
durante dichos periodos y, si no las realizó o se establece alguna diferencia a su cargo,
deberá asumir el porcentaje que le correspondía como trabajador.

204. En cuanto a los aportes a salud y riesgos laborales, no hay lugar a ordenar su
devolución ni su pago directo al demandante. Conforme a la regla fijada en la

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sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, tales aportes tienen naturaleza
parafiscal, son de pago obligatorio y cuentan con destinación específica, por lo que no
constituyen un crédito a favor del contratista.

205. En consecuencia, el restablecimiento en materia de seguridad social se limitará
al pago de las diferencias pensionales que deban efectuarse ante la administradora
respectiva, en los términos indicados. No procede, en cambio, el reintegro de los
aportes realizados a salud ni el pago directo de sumas por riesgos laborales.

3.7.3. De los aportes a la caja de compensación

206. Sobre este particular, la Sala advierte que su reconocimiento directo en favor
del demandante resulta improcedente. Ello es así porque, conforme a la Ley 21 de
1982, dichos aportes son recursos parafiscales destinados al financiamiento del
subsidio familiar y a la prestación de servicios de seguridad social, administrados por
las cajas de compensación familiar bajo la vigilancia del Estado.

207. Por tanto, tales aportes no constituyen salario ni acreencias laborales
susceptibles de incorporarse al patrimonio del trabajador. Su naturaleza pública y
destinación legal específica excluyen la posibilidad de ordenar el pago directo al actor,
pues no remuneran la prestación personal del servicio, sino que atienden finalidades
propias del sistema de protección social.

208. Así entonces, considera la Sala que es improcedente el reconocimiento en
dichos términos, en tanto, la naturaleza de las mencionadas cotizaciones es de
carácter parafiscal, y no están destinados a incrementar el patrimonio del actor como
consecuencia de la prestación de sus servicios, sino que representan un recurso
público cuyo uso abarca diferentes funciones estatales dentro de las que se encuentra
la atención de las prestaciones y servicios de la seguridad social117.

3.7.4. De la sanción moratoria

209. Sobre el particular, debe precisarse que la obligación de pagar las prestaciones
sociales reclamadas surge como consecuencia de la declaratoria judicial de la relación
laboral encubierta. Por tanto, antes de dicha decisión no existía una obligación clara
y exigible a cargo de la entidad que permitiera configurar la mora alegada118.

210. En esa medida, no hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria
solicitada, pues la condena impuesta a la entidad tiene origen en la declaratoria judicial
de la relación laboral encubierta y no en una obligación laboral previamente
reconocida, clara y exigible a cargo de la demandada.

117 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-

2019-00715-01 (3574-2022).
118 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2025, radicado 68001-23-33-

000-2020-00711-01 (0356-2025), sentencia del 26 de febrero de 2026, radicado: 17001-23-33-000-2021-00013-
01 (0659-2025).

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3.7.5. De los demás emolumentos reclamados

211. El demandante también solicitó el reconocimiento de viáticos, transporte,
subsidios, bonificaciones, auxilios, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y
festivos. Sin embargo, la declaratoria de una relación laboral encubierta no conduce,
por sí sola, al pago automático de todos los emolumentos reclamados, pues cada
concepto exige acreditar su fuente normativa, los requisitos para su causación y,
cuando corresponda, la prestación efectiva del servicio en las condiciones alegadas.

212. En particular, el reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos,
dominicales y festivos exige prueba clara sobre los días y horas efectivamente
laborados, la modalidad del trabajo suplementario, su autorización y la ausencia de
compensación. En este caso, aunque algunos testigos hicieron referencia a la
presencia habitual del demandante en la sede de Turbo, a una intensidad horaria
general y a la realización ocasional de actividades durante fines de semana, tales
afirmaciones fueron formuladas de manera general y no permiten establecer con
certeza las fechas, horas, jornadas ni condiciones específicas en que se habría
causado trabajo suplementario.

213. Además, como se expuso al analizar la programación temporal de las
actividades, la prueba no acreditó la existencia de una jornada diaria rígida y uniforme
durante toda la relación contractual. Lo demostrado fue la sujeción del demandante a
la programación académica, a los planes de trabajo, a los registros institucionales y al
seguimiento de la coordinación académica o del supervisor contractual, pero no la
prestación concreta de horas extras, trabajo nocturno, dominical o festivo susceptible
de liquidación119.

214. Tampoco procede el reconocimiento de viáticos, transporte, subsidios,
bonificaciones o auxilios. Estos conceptos no se derivan automáticamente de la
declaratoria del contrato realidad y requieren acreditar los supuestos de causación y
la prueba de que el demandante cumplió las condiciones exigidas para su
reconocimiento. Como ello no se demostró en el proceso, no hay lugar a ordenar su
pago.

215. Por tal razón, se negará el reconocimiento de viáticos, transporte, subsidios,
bonificaciones, auxilios, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos.

216. Con todo, las sumas que se reconozcan con ocasión de esta sentencia deberán
actualizarse con fundamento en la fórmula según la cual el valor presente (R) se
determina multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de la
sentencia, entre el índice inicial, vigente a la fecha de causación de cada suma. La
fórmula que deberá aplicar la entidad es la siguiente:

119 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de mayo de 2022, rad. 66001-23-33-

000-2017-00195-01 (2463-2020).

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R = Rh. índice final
índice inicial

217. En donde el valor presente (R) corresponde a la suma actualizada; el valor
histórico (Rh), al monto causado en cada periodo; el índice final, al IPC certificado por
el DANE vigente a la fecha de la sentencia, y el índice inicial, al vigente para la fecha
de causación de cada acreencia.

3.8. Conclusión

218. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que se acreditó la existencia
de una relación laboral encubierta entre el demandante y el SENA durante los periodos
contractuales comprendidos entre el 10 de marzo de 2003 y el 13 de diciembre de
2019. En efecto, se demostraron la prestación personal del servicio, la remuneración
y la subordinación, esta última derivada de la sujeción del actor a la programación,
lineamientos, seguimiento y control ejercidos por la entidad.

219. En consecuencia, prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y se revocará la sentencia de primera instancia. En su lugar, se declarará
la nulidad del acto administrativo acusado y la existencia de la relación laboral
encubierta durante los periodos contractuales acreditados.

220. Como no operó la prescripción, se ordenará el reconocimiento de las cesantías,
los intereses a las cesantías, la prima de servicios, las vacaciones y las diferencias en
los aportes pensionales, en los términos definidos en esta providencia. Se negarán
las demás pretensiones económicas reclamadas.

3.9. Costas

221. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 120 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha

120 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

222. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión, el 30 de enero de 2026, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. En su lugar, se dispone:

Segundo: Declarar la nulidad del Oficio 05-2-2020-011280 del 20 de marzo de 2020,
mediante el cual el SENA negó el reconocimiento de la relación laboral existente entre
las partes.

Tercero: Como consecuencia de lo anterior, declarar, a título de restablecimiento del
derecho, la existencia de una relación laboral entre el señor Primo Palacio Mosquera
y el SENA durante el periodo contractual comprendido entre el 10 de marzo de 2003
y el 13 de diciembre de 2019, sin incluir las interrupciones.

Quinto: Condenar al SENA a reconocer y pagar al señor Primo Palacio Mosquera,
durante los periodos contractuales acreditados comprendidos entre el 10 de marzo de
2003 y el 13 de diciembre de 2019, las prestaciones sociales y demás emolumentos
que correspondan al empleo de planta funcionalmente equivalente, incluidos las
cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de servicios, las vacaciones y las
diferencias que resulten entre los honorarios percibidos y la remuneración asignada
al empleo equivalente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Para tal efecto, respecto de los periodos en los que el demandante ejerció funciones
de instructor, la entidad deberá tomar como referente la remuneración
correspondiente a dicho empleo en la planta de personal. En cuanto a las actividades
de apoyo a la supervisión académica y a la ejecución de los procesos de formación
titulada y complementaria, desempeñadas entre 2013 y 2018, deberá verificar si
guardan correspondencia funcional con un empleo de planta; de acreditarse dicha
equivalencia, la liquidación se efectuará con base en la remuneración asignada a este.
En caso contrario, se tomarán como referencia los honorarios pactados en los
respectivos contratos.

De igual manera, a título de restablecimiento del derecho, ordenar al SENA
determinar, mes a mes, el ingreso base de cotización pensional del demandante
durante todo el periodo contractual declarado, sin incluir las interrupciones, con
fundamento en la remuneración correspondiente a un empleo equivalente de la planta
de personal de la entidad. Si existen diferencias entre los aportes efectuados por aquel

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Demandante: Primo Palacio Mosquera
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

como contratista y los que debieron realizarse con ocasión de la relación laboral, la
entidad deberá pagar al fondo de pensiones el valor faltante en el porcentaje que le
correspondía como empleadora. Por su parte, el demandante deberá acreditar las
cotizaciones realizadas y asumir, de ser necesario, la diferencia correspondiente al
porcentaje a su cargo como trabajador.

Las sumas reconocidas con ocasión de esta sentencia se actualizarán con la fórmula
según la cual el valor presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh)
por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha
de la causación). La fórmula que debe aplicar es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Séptimo: Sin condena en costas en esta instancia.

Octavo: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Con salvamento parcial de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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