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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00013-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00013-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Tres (3) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2021-00013-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 17001233300020210001301 (659-2025)1
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandada: Hospital Geriátrico San Isidro
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Relación laboral encubierta contratos de
Tema:
prestación de servicios – Enfermera Profesional
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación, interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del Tres (3) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. La señora Paola Andrea Uribe Álvarez, por intermedio de apoderada judicial, acudió a

la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), y solicitó la nulidad del Oficio 2020-121-2019 del
veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), por medio del cual el Hospital
Geriátrico San Isidro niega la existencia de la relación laboral y el reconocimiento y pago
de los créditos laborales.

1
Expediente electrónico.
2 Expediente Samai Tribunal índice 0025

2

Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

2. A título de restablecimiento del derecho, pretende: i) el pago de las cesantías, los
intereses a las cesantías, la primas, vacaciones, el reembolso del pago de la seguridad
social por el periodo entre el 15 de junio de 2018 al 25 de mayo de 2029; ii) condenar al
pago de la sanción por despido injustificado; iii) ordenar la sanción del artículo 56 CST,
por el no pago de los créditos laborales al finalizar la relación laboral; iv) indemnización
equivalente a ciento ochenta (180) días al ser despedida por estar incapacitada; v)
condenar a la sanción moratoria que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; vi) el pago
la sanción establecida en la Ley 52 de 1975, por no pago de los intereses a la cesantía;
vii) el pago del subsidio familiar y viii) el pago de los recargos nocturnos, hora extras
diurnas, recargo nocturno festivos y dominicales y horas extras en días feriados; ix) el
pago de perjuicios morales por la suma de $ 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes y x) condena en costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

3. La demandante relató que, fue vinculada al Hospital Geriátrico San Isidro ESE como

enfermera profesional, desempeñando funciones específicas como la coordinación del
equipo de auxiliares de enfermería, realizar procedimientos, rondas médicas, toma de
muestras de laboratorio, en las instalaciones del hospital, en un horario rotativo de 12
horas 4 turnos semanales, diurnos y nocturnos, incluyendo días ordinarios, festivos y
dominicales) y un salario mensual de $2.400.000.

4. A pesar de la existencia de una relación laboral con subordinación y dependencia

continua, cumplimiento de horario, y funciones que eran parte del giro ordinario del
hospital, la entidad suscribió con la actora diversos contratos de prestación de servicios.
Esto la llevó a que asumiera el 100% del pago de su seguridad social, y no fuera afiliada
a un fondo de cesantías ni en riesgos laborales.

5. La relación laboral inició el 15 de junio de 2018 y finalizó el 25 de mayo de 2019, sin

interrupción en la prestación del servicio durante ese período.

6. El 9 de abril de 2019, la demandante sufrió un accidente laboral al caerse de una silla

en el hospital, lo que le causó un golpe en el coxis y la zona lumbar. Estuvo incapacitada
del 12 al 25 de mayo de 2019 y continuaba enferma e incapacitada al momento de la
presentación de la demanda.

3

Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

7. El 20 de mayo de 2019, se le informó telefónicamente que su contrato no sería

renovado. Debido a su estado de salud, decidió no laborar los últimos 5 días del contrato
(del 25 al 30 de mayo de 2019), y por ello, su jefe le indicó que debía presentar una carta
de renuncia, lo cual hizo el 25 de mayo de 2019. La finalización de la relación laboral
ocurrió mientras la trabajadora estaba incapacitada.

8. Al momento que padece el accidente laboral, no estaba afiliada a seguridad social en

riesgos laborales por parte del hospital. Por esta razón, la ARL POSITIVA le notificó el 12
de junio de 2019 que no continuaría atendiéndola por falta de cobertura. Esto obligó a la
trabajadora a interponer una acción de tutela contra el hospital y la ARL, lo que causó un
retraso de tres meses en su proceso médico (valoraciones por ortopedia, neurocirugía y
fisiatría y medicamentos) y le generó fuertes dolores y desmejoramiento de su calidad de
vida.

9. La demandada no le pagó, las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios,

vacaciones, liquidación al finalizar la relación, indemnización por despido en estado de
incapacidad médica, indemnización por despido injustificado, y recargos por trabajo
nocturno, dominical, festivo, y horas extras.

10. La actora elevó un derecho de petición al hospital solicitando el pago de las acreencias

laborales y la demandada mediante oficio 220-121-2019 del 28 de octubre de 2019, negó
la existencia de la relación laboral y, por ende, el pago de los créditos. Posteriormente, el
18 de diciembre de 2019, se presentó una solicitud de conciliación ante la Procuraduría,
la cual se llevó a cabo el 18 de febrero de 2020, resultando fallida porque el hospital
mantuvo su negativa a conciliar y a reconocer la relación laboral.

1.1.3. Concepto de violación

11. La parte actora, invocó como normas violadas, las siguientes:

11.1. Constitución Política, artículos 13 y 53; artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo

y Ley 1437 de 2011

12. La actora señala que, el acto administrativo que negó el reconocimiento de una

relación laboral está "falsamente motivado" porque la administración dio por sentado
contratos de prestación de servicios sin atender que, cumplió todos los requisitos de Ley,
entre ellas; la actividad personal, continuada subordinación y dependencia, y un salario.

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Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

Además, hubo una falsa aplicación o indebida interpretación de normas jurídicas, al no
acudir al Código Laboral sino a la normativa contractual, e interpretar indebidamente el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

13. Considera que, el Oficio No. 220-121-2019 demandado, al negar el reconocimiento de

prestaciones y créditos laborales, está viciado de nulidad, toda vez que, los contratos de
prestación de servicios fueron simulados, pues, siempre estuvo sujeta a sometimiento
patronal y realizó funciones análogas a las de empleadas de planta, contradiciendo la
naturaleza esporádica de los contratos de prestación de servicios.

1.2. Contestación de la demanda3

14. El Hospital Geriátrico San Isidro, por intermedio de apoderada judicial, se opuso a las

pretensiones de la demanda y sostiene que, la relación entre las partes fue un contrato
de prestación de servicios, no una relación laboral.

15. Que la labor desempeñada por la demandante, como profesional especializada en

Enfermería, se cumplía mediante un cuadro de turnos aprobado y supervisado por el jefe
del área de salud. Sin embargo, esto no implicaba subordinación o dependencia, sino
una relación de coordinación, ya que las actividades se realizaban con plena autonomía
desde el punto de vista técnico y científico.

16. Propuso las excepciones que denominó «relación laboral regida por norma especial».

1.3. La sentencia de primera instancia4

17. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el Tres (3) de

febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda (sugiero revisar la redacción), sin condena en costas, así:

«Primero: Declarar no probada la excepción de “Relación contractual regida por la Norma
Especial” propuesta por la entidad demandada.

Segundo: Declarar la nulidad del oficio 220-121-2019 del 28 de octubre de 2019, expedido
por la ESE Hospital Geriátrico San Isidro de la ciudad de Manizales.

3 Expediente Samai Tribunal índice 0025
4
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 0025

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Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

Tercero: Declarar la existencia de la relación laboral entre ESE Hospital Geriátrico San
Isidro de la ciudad de Manizales y la señora Paola Andrea Uribe Álvarez, durante el
período comprendido entre el 15 de junio de 2018 al 25 de mayo de 2019.

Cuarto: En restablecimiento del derecho, condenar a la ESE Hospital Geriátrico San Isidro
de la ciudad de Manizales a que reconozca, liquide y pague a la señora Paola Andrea
Uribe Álvarez, las prestaciones sociales legales ordinarias devengadas por un empleado
de planta de la entidad demandada de similar categoría, tomando en cuenta para tal efecto
la remuneración pactada en los contratos de prestación de servicios, por el lapso del 15
de junio de 2018 al 25 de mayo de 2019. La entidad demandada deberá pagar los valores
por concepto de cotizaciones que la parte demandante tuvo que efectuar al Sistema de
Seguridad Social durante los lapsos de ejecución de los contratos en el período
comprendido entre 15 de junio de 2018 al 25 de mayo de 2019, conforme a los criterios
señalados en esta sentencia.

Las sumas serán indexadas conforme lo señala la parte motiva de esta sentencia.

Quinto: Condenar a la ESE Hospital Geriátrico San Isidro de la ciudad de Manizales al
pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones que debió realizar, para
lo cual deberá tomar el tiempo comprendido entre los vínculos contractuales efectivamente
reconocidos, el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante, mes a mes,
y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron
efectuar, el hospital debe cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para tales efectos, la parte demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante estos vínculos contractuales y en la eventualidad que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador

Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Séptimo: No condenar en costas. […] »

18. Como sustento de su decisión, el Tribunal precisó que, la demandante prestó los

servicios personales profesionales de Enfermería como contratista de la ESE Hospital
Geriátrico San Isidro, mediante varios contratos de prestación de servicios entre junio de
2018 y mayo de 2019. Los cuales tenían como objeto la “Prestación de servicios
profesionales como Enfermera Profesional, con plena autonomía y por cuenta y riesgo”
dentro de las áreas de la salud en las instalaciones de la entidad. El pago fue pactado en
honorarios proporcionales mensuales con base en el valor del contrato. La contratista
debía cumplir con la obligación de aportar la constancia de pago de seguridad social,
pensiones y riesgos laborales.

19. Respecto a la subordinación, señaló que, los testigos confirmaron que las funciones

de la actora no se realizaban de forma autónoma, sino sujetas a horarios, órdenes y
directrices Se le asignaban turnos rotativos de 12 horas, establecidos por la jefe
administrativa del hospital Recibía órdenes y actividades que debía realizar en cada

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Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

turno, dadas por la jefe administrativa la señora Victoria Eugenia, la demandante
desempeñaba el rol de jefe de servicio, vigilando a las auxiliares y realizando
procedimientos específicos de enfermería, así como siendo responsable del cuidado de
pacientes crónicos y del cumplimiento de turnos.

20. Concluye que, existe un conjunto suficientemente fuerte de indicios para demostrar

que la actora estaba bajo la subordinación continuada de la demandada, además, se
demostró la prestación personal y subordinada de servicios remunerados a la entidad,
que son los elementos esenciales de la relación laboral. Por ello, declaró la nulidad del
acto demandado, y denegó la excepción de relación contractual regida por la norma
especial interpuesta por el hospital accionado.

21. En cuanto al restablecimiento del derecho, señaló que, le asiste derecho a la
accionante al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, vacaciones, cesantías,
intereses a las cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por
servicios, y los demás factores salariales que, de conformidad con la ley, rijan la escala y
remuneración salarial para un empleado que ejerciera las funciones que prestó la parte
demandante en calidad de empleado de carrera administrativa o de planta, todo, de
acuerdo al tiempo y salario percibido durante la contratación.

22. Negó el reconocimiento de la sanción por no afiliación al fondo de administración de

cesantías y la sanción por no pago de los intereses a las cesantías porque la pretensión,
sólo es viable en tanto las cesantías hayan sido reconocidas, y no cuando está en litigio
la declaración del derecho a percibirlas. También despachó de manera desfavorable la
indemnización moratoria del artículo 65 del CST, ya que la parte actora no sustentó la
existencia de la mala fe en cabeza del hospital, asimismo, deniega la sanción por despido
injusto, ya que en el sub lite no está ante una relación legal y reglamentaria.

23. Respecto al reconocimiento del trabajo en horas extras, dominicales y festivos, señaló

que, la parte demandante no desplegó una actividad probatoria que lleve de manera
acertada al conocimiento de la forma en que se realizó el mismo, pues no basta
simplemente con afirmar que se realizó o aportar cuadros de turnos sin identificación de
a quién correspondían, y unos cuadros con varios nombres, sin firmas con deficiencia en
su digitalización que no tienen una claridad y precisión que permita determinar las horas
extras trabajadas, ya que al Juez no le está permitido hacer cálculos o suposiciones, por
ello, no está demostrado el trabajo suplementario.

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Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

24. Sobre la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, explicó que, el accidente

laboral de la actora ocurrió el 09 de abril de 2019, estando en cumplimiento de sus labores
y la terminación del contrato era hasta el 31 de mayo de 2019. Se allegaron pruebas
como certificado de afiliación, reporte de accidente, historia clínica, incapacidades,
consultas a especialistas y dictamen de pérdida de capacidad laboral, lo que denota que
la accionante, se encontraba en una debilidad manifiesta que le impedía continuar en el
ejercicio de su cargo. Sin embargo, el esposo de la demandante en la declaración rendida
en el proceso, informó que, ella decidió terminarlo anticipadamente habida cuenta que no
tenía más incapacidad, no la atendían y ya no era capaz de trabajar con el dolor que
sentía. La entidad explica que, el contrato terminó por el vencimiento de su plazo.
Además, tampoco existe constancia que haya insistido en la continuación del contrato
con el hospital. Por todo ello, las pruebas, no son determinantes para aseverar que la
terminación del contrato se debió a una discriminación por su situación, por lo que no se
concederá esta pretensión, en ese mismo sentido, negó la indemnización de perjuicios
por cuanto, esta se fundamentó en la terminación del contrato por exclusión.

1.4. Recurso de apelación

25. La Parte demandante5, solicitó la revocatoria parcial de la decisión de primera

instancia, con fundamento en que, el Tribunal reconoció la relación laboral, pero negó la
mayoría de las pretensiones de la trabajadora, la sanción moratoria por el no pago de
cesantías incluyendo el pago doble del subsidio de caja de compensación familiar,
recargos por trabajo nocturno, horas extras (diurnas y nocturnas, en festivos y
dominicales) y 100 salarios mínimos por perjuicios morales.

26. Argumenta que, es inaceptable que el reconocimiento de la sanción por no pago de

cesantías dependa de la declaración judicial de la relación laboral. Cuando se declara
una relación encubierta a favor del trabajador, esto invalida el contrato de prestación de
servicios, lo que consecuentemente activa la sanción establecida en el artículo 99,
numeral 3 de la Ley 50 de 1990. Sostiene que, en el caso de Paola, se debe reconocer
esta indemnización desde el 15 de febrero de 2019 o, en su defecto, desde el 26 de mayo
de 2019 día siguiente a la terminación del vínculo contractual.

27. Respecto a la sanción contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo,

5
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 0032

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expone que, esta es procedente, toda vez que, existió mala fe por parte del empleador
debido a la omisión en el pago de prestaciones sociales y la liquidación de una enfermera
jefe, a pesar que, sus actividades formaban parte del giro ordinario de la entidad. Se
resalta que el empleador escondió la verdad de una relación laboral y optó por un litigio
prolongado en lugar de pagar, lo que generó un desgaste mental, psicológico y
económico para la trabajadora.

28. En cuanto a la devolución de los aportes, señaló que, una vez establecida la relación

laboral, el empleador está obligado a realizar los aportes al sistema de seguridad social
integral y por ello, los pagos efectuados por la actora deben ser reembolsados por el
empleador al 100% y en lo atinente al subsidio de la caja de compensación familiar,
destacó que, este se generó durante toda la relación laboral, pero el empleador omitió el
pago de este parafiscal, por lo tanto, deben reconocerse.

29. Por otra parte, sobre la indemnización de perjuicios morales, argumenta que, esta no

se fundamenta en el despido, sino en el dolor, la angustia y la preocupación que sufrió a
raíz del accidente laboral y la angustia de no ser atendida oportunamente, por la
negligencia del empleador en no afiliar a la ARL.

30. Alega que, aunque no era una relación legal y reglamentaria, si existió un vínculo

laboral encubierto de mala fe, además, la actora fue obligada a presentar una carta de
renuncia mientras se encontraba en estado de enfermedad, siendo esta renuncia ineficaz
por la irrenunciabilidad de los derechos laborales.

31. Finalmente, sobre el reconocimiento de las horas extras y trabajo suplementario,

señaló que, realizó la función de enfermera jefe, en el cual, trabajaba doce (12) horas,
horario habitual para este tipo de servicios, realizando turnos rotativos de cuatro turnos
semanales de día y noche y laborando festivos y domingos, debidamente probados con
las pruebas documentales y testimoniales que no fueron tachadas de falsos.

1.5. Trámite de segunda instancia

32. Por medio de auto del diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025)6, el

consejero ponente admitió los recursos de apelación interpuestos por las partes y, en virtud

6
Samai - índice 00004.

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del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley
1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.

33. El Agente del Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

34. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de

conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)7, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala establecer si, hay lugar revocar parcialmente la sentencia de

primera instancia que declaró la existencia de la relación laboral encubierta y que negó
a la apelante única el pago de sanciones, indemnizaciones, devolución de aportes a
seguridad social y pago de horas extras pedidas en la demanda.

36. En consideración a lo anterior, ¿la Sala procederá a determinar si la actora tiene

derecho o no al reconocimiento de la sanción por el no pago de las cesantías; subsidio
familiar; indemnización por falta de pago establecida en el artículo 65 del CST;
devolución de los aportes a la seguridad social; los perjuicios morales, la indemnización
por terminación de contrato por limitación contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997, la sanción por despido injusto y el pago de las horas extras o trabajo
suplementario?

37. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:

2.3. Marco normativo; 2.4. Pruebas recaudadas; 2.5 Caso concreto; 2.6 Costas.

7
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la existencia de una relación laboral
encubierta y/o subyacente

38. En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación de

servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

39. Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula

excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar
labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el
elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como
sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

40. Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta» y, «en ningún caso […] generar relación
laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la

Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de
prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de
servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de
la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración
como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la
actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no
existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de
impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de
servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera
que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles
tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia
del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma
acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se

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acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por
parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con
respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de h orario de trabajo
para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de
servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al
contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el
pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contr ato de trabajo,
sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato
respectivo.» -sic-

41. Entonces, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban

los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal
del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho
al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la
garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto
de la materia.

42. En otras palabras, la denominada relación laboral encubierta aplica cuando se

constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios
de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes
y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto
de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación
propia de las relaciones laborales8; y, para reforzar su tesis, el interesado puede valerse
de los criterios de la permanencia del empleo para constatar si se está encubriendo una
auténtica relación laboral9.

43. En el mismo sentido, la Subsección B de esta Sección Segunda 10 recordó que (i) la

subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo y,
(ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, esto es, la prolongación

8 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011,
expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
9 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-040 de 2016.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-
00020-01 (316-2014).

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en el tiempo; sumado a que la labor sea inherente a la entidad y, en algunos casos, la
equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de
planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la
apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral.

44. Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples oportunidades,

consolidando así una línea jurisprudencial uniforme en torno a la materia. En
consecuencia, será con fundamento en dicho marco normativo y jurisprudencial que se
desarrollará el análisis del presente asunto11.

45. Finalmente, es preciso señalar que, mediante sentencia del 15 de febrero de 2024 12,

esta Subsección, reiteró en el contexto de la relación ha sentado las siguientes premisas:

No es procedente la devolución de los aportes efectuados a salud y pensión, por cuanto «esos
recursos del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines
específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, motivo por el cual no es posible
que se entreguen directamente al interesado, razón suficiente para no disponer el reembolso por
los mencionados conceptos.»13

La sanción moratoria, por no consignación oportuna del auxilio, en estos casos no aplica por
cuanto, la obligación surge, a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la existencia de
un contrato realidad. La misma consideración opera respecto a la indemnización moratoria
regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo 14.

2.4. Pruebas recaudadas

46. De las pruebas allegadas al expediente, se destacan las siguientes:

46.1. Certificación del gerente del Hospital General San Isidro E.S.E 15 en la que consta

que, la señora Paola Andrea Uribe Álvarez, celebró diferentes contratos de prestación de
servicios y apoyo a la gestión con dicha entidad, “cuyo objeto fue prestar los servicios como
enfermera profesional dentro de las instalaciones, previa programación entre el hospital y la contratista,
así”:

HG-CON -148-2018 DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018 POR VALOR DE
$ 2.300.000
HG-CON-181-2018 DEL 04 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR

11
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera sentencias identificadas con los
radicados internos 0199-2023, 2164-2023, 3767-2023, 4845-2023, 7292-2023, entre otros.
12
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda- Subsección B Consejero Ponente: César Palomino
Cortés Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Radicación número: 05001-23-33-000-2016-01454-01
No. Interno: 1056 – 2023 (Expediente híbrido)
13
Radicación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021. número: 66001-23-33-000-2017-00518-01(5609-19) del 13 de
agosto de 2021
14
Radicación número: 13001-23-33-000-2013-00639-01(1548-15), del 18 de noviembre de 2021.
15 Expediente Samai Tribunal – archivo anexos de la demanda índice 0044

13

Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

VALOR DE $ 6.900.000
HG-CON-275-2018 DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 POR
VALOR DE $ 2.300.000
HG-CON-335-2018 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR
VALOR $ 4.600.000
HG-CON-042-2019 DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 POR VALOR
DE $ 7.200.00
HG-CON-190-2019 DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2019 POR VALOR DE
$ 4.800.00

46.2. Copia de los contratos de prestación de servicios debidamente identificados: HG-

CON -148-2018, HG-CON-181-2018, HG-CON-275-2018, HG-CON-335-2018, HG-CON-
042-2019 y HG-CON-190-201916.

46.3. Certificado de positiva Compañía de Seguros S.A, la cual, señala que, según la base

de datos de la ARL, se identificó que, la señora Paola Andrea Uribe Álvarez, relaciona
como contratista de la empresa Hospital General San Isidro Empresa Social del Estado,
tiene un registro como independiente desde el 10/04/2019 y fecha de fin de contrato
31/05/2019 con riesgo 3 y a la fecha de expedido este documento el 18 de julio de 2019
se encuentra desafiliada.

46.4. Formato de informe para accidente de trabajo del empleador o contratante WEB,

diligenciado el día 09 de abril de 201917, con información del siniestro de la señora Paola
Andrea Uribe Álvarez, que describe el accidente de trabajo, así: “(…) en el momento de
sentarse en una silla, a esta se le doblan dos patas, ocasionando que el trabajador caiga,
generando un golpe en el coxis y la zona lumbar, presenta dolor cargo: Jefe de
Enfermería (…)”.

46.5. Copia de la historia clínica de la señora Paola Andrea Uribe Álvarez, de fecha

09/04/2019, que indica:

“Motivo de consulta: "Sigo con mucho dolor". Enfermedad actual: Paciente de 27 años de edad,
niega antecedentes de Importancia. Quien re consulta por cuadro clínico consistente en dolor en
reglón lumbar derecha y sacra, irradiado a miembro inferior derecho, de Intensidad 7/10 en
escala subjetiva del dolor. El cual se exacerba con la sedestación pero niega atenuantes; el cual
inició el 09/04/2019 "al caerse de una silla" mientras se encontraba laborando. Presenta Rx de
sacro cóccix del 09/04/2019 en la cual reportan (Dr. Correal): 1. Subluxación por angulación de
la última vértebra coccígea. Fue valorada por ortopedia (Dr. Moreno) quien dio alta con manejo
ambulatorio pero al no presentar mejor la sintomática decide consultar. Antecedentes: 1.
Patológicos: no refiere. 2. Medicamentos: no refiere. 3. Oxcos: no refiere. 4. Alérgicos: niega a
medicamentos. 5. Gineco obstétricos: G1P1V1COV1A0, FUM: 17/04/2019. Examen físico: T/A:

16 Expediente Samai Tribunal – archivo anexos de la demanda índice 0044
17 Expediente Samai Tribunal – archivo anexos de la demanda índice 0044

14

Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

115/75 mmHg, FC: 84 x minuto, FR: 18 x minuto, SatO2: 97%. Paciente en buenas condiciones
generales, consciente, orientado en las tres esferas, afebril al tacto, sin signos de dificultad
respiratoria. Piel: sin lesiones evidentes. Cabeza: normocéfalo. PINR. ORL: mucosas húmedas
e hidratadas. Cuello: móvil, centrado, sin presencia de adenopatías palpables, no ausculto soplos
carotídeos. Cardiopulmonar: ruidos cardíacos rítmicos, sincrónicos con el pulso y sin presencia
de soplos. Campos pulmonares bien ventilados, sin ruidos sobreagregados. Abdomen: blando,
depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. No palpo masas ni
visceromegalias. Sin signos de irritación peritoneal. Dorso: presenta dolor moderado a la
palpación de la articulación lumbosacra derecha y en S3-S4 el cual se exacerba con la flexo
extensión de la columna. No hay signos de radiculopatía (Signo de Lassegue o de Bragard),
deformidad, crépitos, Inestabilidad o edema. Extremidades: móviles, bien perfundidas, sin
presencia de edemas. Neurológico: consciente, orientado en las tres esferas, pares craneales
sin alteraciones, funciones mentales superiores conservadas. Fuerza 5/5, ROT ++. Sin déficit
motor ni sensitivo aparente. Glasgow 15/15. Análisis: Paciente de 27 años de edad, quien re
consulta por cuadro clínico consistente en dolor en región lumbar derecha y sacra, Irradiado a
miembro inferior derecho, de moderada intensidad. El cual se exacerba con la sedación pero
niega atenuantes; el cual inicio el 09/04/2019 "al caerse de una silla" mientras se encontraba
laborando. Rx de sacro cóccix en la cual reportan subluxación por angulación de la última
vértebra coccígea. Al examen físico el día de hoy presenta dolor moderado a la palpación de la
articulación lumbosacra derecha y en S3-S4 el cual se exacerba con la flexo extensión de la
columna. No hay signos de radiculopatía (Signo de Lassegue o de Bragard), deformidad,
crépitos, inestabilidad o edema. Debido a lo anterior se ingresa paciente para manejo médico y
considero pertinente solicitar nueva valoración por ortopedia para definir conducía a seguir.(sic)”.

46.6. Copia de documentos que relacionan el valor de las horas extras, diurnas y

nocturnas, calendarios de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2018 y de enero hasta el mes de abril de 2019 18 de
programción de turnos.

46.7. En audiencia se recepcionaron los testimonios 19 de las siguientes personas:
Valentina Garzón Cañas, Judith Andrea Duque Giraldo, Laura Zuluaga Álzate, Cesar
Augusto Piedrahita Ramírez, Johanna Rocío Cárdenas Meneses y Victoria Eugenia
Orozco Agudelo, se destaca lo siguiente:

Identificación Audiencia de pruebas

En síntesis, indicó:

Que conoció a la señora Paola Andrea Uribe Álvarez en el Hospital
Geriátrico San Isidro. El primer contacto ocurrió en el primer semestre
del año 2018, cuando la testigo ingresó al hospital como estudiante
para realizar su última práctica de auxiliar de enfermería.
Valentina Garzón
Posteriormente, en agosto de 2018, la testigo fue contratada como
Cañas auxiliar en el mismo hospital, y en ese momento, Paola Andrea Uribe
Álvarez ya se desempeñaba como jefa del servicio donde la testigo
laboraba. La testigo afirma que Paola fue su "jefe del servicio" en esa
época.

Destacó que, las funciones realizadas por la señora Paola Andrea
Uribe Álvarez ejercía el cargo de jefa de servicio en el Hospital

18 Expediente Samai Tribunal – archivo anexos de la demanda índice 0044
19 Expediente Samai Tribunal – archivo anexos de la demanda índice 0031

15

Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

Geriátrico San Isidro. Sus responsabilidades y labores eran diversas
y cruciales para el funcionamiento del área, la supervisión del
personal, procedimientos clínicos especializados, monitoreo del área
de asilo, control de turnos, coordinación médica, gestión de insumos
críticos: administración de pacientes, administración de
medicamentos especiales.

Señaló que, la superior jerárquica de Paola Andrea Uribe Álvarez era
la jefa administrativa, identificada como Victoria Eugenia y la que fijaba
los turnos de 12 horas, obligatoriamente, y podían ser diurnos (7:00
AM a 7:00 PM) o nocturnos (7:00 PM a 7:00 AM). Dentro de la
semana, se podía trasnochar dos veces. También se trabajaban
sábados, domingos y festivos y que no se pagaban estas horas extras,
sin embargo, la compensación por trabajar horas adicionales a las 12
horas, era la asignación de un día más de descanso en el próximo
cuadro de turnos.
En resumen, indicó:

Que la organización del trabajo y los turnos eran rotativos y asignados,
aplicándose esta modalidad tanto a las auxiliares como a las jefes de
enfermería.

Respecto a la asignación de tareas y órdenes, la señora Paola recibía
Judith Andrea instrucciones directamente de la Jefe Victoria, quien era la encargada
de orientar al personal de enfermería en los servicios.
Duque Giraldo
Sobre los horarios específicos, se menciona que los turnos eran de
7:00 a.m. a 7:00 p.m. Sin embargo, a menudo se llegaba antes y la
salida se extendía hasta las 8:00 u 8:30 p.m. debido a la presentación
de urgencias o la cantidad de pacientes. Es importante destacar que
estos turnos no eran elegidos por la señora Paola, sino que eran
impuestos y comunicados a través de un cuadro de turnos que se
enviaba a todo el personal, tanto jefes como auxiliares
En resumen, señaló:

Dice que, conoció a Paola Andrea Uribe Álvarez por motivos laborales
desde el año 2018, en el Hospital General San Isidro. Argumenta que,
laboró en el Hospital General San Isidro desde enero de 2018 hasta
marzo de 2019 y la señora Paola Andrea Uribe Álvarez se
desempeñaba como jefe de enfermería en el hospital.

Precisó que, la señora Victoria le daba órdenes a la demandante, ya
que ella era la jefe de todas y se entendía primero con las jefes para
cualquier necesidad u orden. La señora Paola tenía que cumplir un
Laura Zuluaga horario, no tenía libertad de ingresar y salir a la hora que quisiera. No
Álzate podía mandar reemplazos para ausentarse de sus labores; se podían
solicitar cambios de turno que se hacían los días martes, pidiendo
permiso con anterioridad a la jefe Victoria y esperando su aceptación.

Las funciones de la jefe Paola eran todo lo asistencial. No solo estaban
encargadas de un servicio, sino que también debían estar pendientes
de la geriatría, el ancianato, fuera del servicio de hospitalización que
era lo principal. Sus funciones incluían: ingreso de pacientes, hacer
curaciones, hacer pasos de sonda, aplicar medicamentos especiales,
recibir órdenes y cambios de los médicos. En el servicio de geriatría,
en las noches, acompañaban a dar la ronda para verificar el estado de
los abuelitos, si necesitaban cambio de posición o cambio de pañal.
Cesar Augusto
Piedrahita En síntesis, indicó:
Ramírez

16

Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

Que conoció señora Paola Andrea Uribe Álvarez desde el año 2008
cuando comenzamos a ser novios y somos casados desde el año
2012.

Destacó que, Paola Andrea "tuvo un accidente laboral el nueve (09)
de abril de 2019 estando laborando en el turno de noche en el hospital
San Isidro". Su último contrato "era fijo, hasta terminado el mes de
mayo", pero "decidió terminarlo anticipado por causa de que no tenía
más incapacidad, no la atendían y ya no era capaz de trabajar con el
dolor que sentía".

Actualmente, ella todavía tiene dicho dolor y tuvo tratamiento con la
ARL por más de 2 años, incapacidad de año y medio, ya tuvo
calificación, pero igual presenta el dolor, ella fue diagnosticada como
una paciente de dolor crónico, lo que indica que el dolor va a ser
permanente.
En resumen, señaló:

Que es vecina y amiga de Paola desde 2016 en Manizales, relata que
en abril de 2019, Paola sufrió un accidente en un hospital. Notó que
Johanna Rocío
Paola presentaba limitaciones físicas como dificultad para correr,
Cárdenas sentarse y caminar, lo que la llevó a preguntar qué le había ocurrido.
Meneses Paola le confirmó el accidente, el cual la testificante sitúa alrededor
del 9 de abril de 2019, cuando Paola se demoró en regresar a casa y
al llegar le dijo que sufrió un accidente en el hospital.

Preguntada. ¿Nos podría informar desde cuándo y por qué usted
conoce a la doctora Paola Andrea Uribe Álvarez? Contestó. Porque
ella es enfermera y trabajó en el hospital yo creo que, en el año 2018,
2017 o 2018. Trabajó en el hospital y yo trabajaba con ella.
Preguntada. ¿Nos podría indicar ella qué labores o qué servicios
prestaba? Contestó. Prestaba servicios de enfermera, como
enfermera jefa en los servicios de hospitalización. Preguntada. Y qué
hace una enfermera jefa? Contestó. La enfermera jefa administra el
servicio asignado, plantea planes de cuidado de enfermería, realiza
procedimientos en el servicio, revisa las órdenes médicas y ejecuta,
coordina el personal auxiliar que tiene a cargo. Contestó. Como le dije
anteriormente se ceñía a unos turnos organizados mediante un cuadro
de turnos, porque eran programados, porque si no se programan
entonces pues todas las personas van en el mismo horario, a la misma
hora, y no, pues había que dar cubrimiento a los corridos y a las
noches. Preguntada. ¿Quién programaba los turnos? Contestó. Yo los
programaba Preguntada. ¿La señora Paola tenía que presentar algún
Victoria Eugenia tipo de informe? Contestó. Si señor Preguntada. ¿Qué tipo de informe
Orozco Agudelo tenía que presentar? Contestó. Ella debía presentar un informe que
anexaba a la cuenta de cobro, en ese informe ella debía consignar
que actividades había hecho para ejecutar las actividades planteadas
en su contrato. Preguntada. ¿Nos podría indicar si ella recibió alguna
instrucción u orden de algún supervisor o superior jerárquico?
Contestó. Si, pues recibía, yo era la superiora jerárquica en este caso,
porque en esa época yo era la coordinadora de enfermería, pero de
ahí hacia arriba muchos otros superiores jerárquicos: el gerente, el
director científico. Preguntada. ¿Usted nos podría indicar qué le
consta sobre un suceso? ¿La incapacidad que tuvo la señora Paola
entre el 12 al 25 de mayo de 2019? ¿Usted se dio cuenta de ese tipo
de incapacidad que tuvo? Contestó. Si señor. Preguntada. ¿Qué le
consta de esa incapacidad? Contestó. Ella estaba sentada en una silla
de un escritorio en el servicio, en el cual se encontraba de turno y a la
silla se le abrieron las patas y ella cayó al suelo. Preguntada. ¿Cuál
era la diferencia a parte del nombramiento en la ejecución de las
funciones? ¿qué diferencia hay entre una enfermera por prestación de
servicios y una enfermera jefe? Contestó. No, la diferencia no radica

17

Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

en que sea una enfermera por prestación de servicios y que sea una
enfermera jefe, puede ser una enfermera que tenga un contrato
laboral o un contrato por prestación de servicios y ambas son
enfermeras jefes; la diferencia radica en las funciones que se ejecutan
yo tenía funciones administrativas, y ella no, ella tenía funciones
asistenciales, y yo no.

Reclamación administrativa

46.8. Reclamación administrativa para obtener el pago de créditos laborales durante los

periodos del 2018 al 2019, ante el Hospital San Isidro (Caldas), en el mes de septiembre
de 2019, presentado por la apoderada de la actora20,en la cual, solicitó: el pago de las
cesantías y los intereses, la primas, vacaciones, reembolso del pago de la seguridad
social, la sanción establecida en el artículo 64 del CST, la indemnización establecida en
el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el
pago del subsidio familiar y horas extras.

46.9. Oficio 2020-121-2019 del veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019),

por medio del cual el Hospital Geriátrico San Isidro niega la existencia de la relación
laboral y el reconocimiento y pago de los créditos laborales21.

2.5. Caso concreto

47. En el caso particular encontramos que la señora Paola Andrea Uribe Álvarez, tuvo una

vinculación con la E.S.E. Hospital Geriátrico San Isidro de Manizales, en el tiempo
comprendido entre el 15 de junio de 2018 al 25 de mayo de 2019, ejerciendo la labor de
enfermera profesional y por ello, reclamó el pago de unos créditos laborales.

48. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del tres (3) de febrero de

dos mil veinticinco (2025) accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
declaró la existencia de la relación laboral de la demandante con la E.S.E Hospital
Geriátrico San Isidro por el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2018 al 25 de
mayo de 2019, ordenando el pago de las prestaciones sociales y negó las
indemnizaciones, sanciones, las horas extras y devolución de lo pagado por aportes a la
seguridad social.

20 Expediente Samai Tribunal – archivo anexos de la demanda índice 0044
21 Expediente Samai Tribunal – archivo contestación de la demanda índice 0044

18

Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

49. Inconforme con la decisión de primera instancia, la demandante interpuso recurso de

apelación parcialmente, solicitando el reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías y los respectivos intereses, la indemnización por falta de
pago, la devolución de aportes al sistema de seguridad social, el reconocimiento del
subsidio familiar, el pago de perjuicios morales, la indemnización contenida en el artículo
26 de la ley 361 de 1997 y el reconocimiento de horas extras o trabajo suplementario
sobre la cual considera tiene derecho.

50. En orden de ideas, en el presente asunto no se discute la relación laboral declarada

en primera instancia, toda vez que, la demandante es la apelante única, por ello, la Sala
no hará estudio alguno de los elementos de la relación laboral y centrará la atención en
los motivos de inconformidad planteados respecto al pago de las sanciones,
indemnizaciones y perjuicios reclamados por el extremo activo del medio de control.

51. Así las cosas, se tiene que, la demandante solicita; el pago de la sanción moratoria

por la no consignación de cesantías, los respectivos intereses y la indemnización
moratoria del artículo 65 del CST; sin embargo, no le asiste el derecho a estos reclamos,
por cuanto, la Sala sobre estos mismos temas ha desarrollado una postura, entre ellas la
sentencia del 15 de febrero de 202422, que dispuso:

“La sanción moratoria, por no consignación oportuna del auxilio, en estos casos no aplica por
cuanto, la obligación surge, a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la existencia de
un contrato realidad. La misma consideración opera respecto a la indemnización moratoria
regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo 23.”

52. En consideración a lo anterior, es claro que, la solicitud de la sanción moratoria por la

no consignación de las cesantías y los interés a la misma, no es procedente, toda vez
que, a partir de la decisión judicial es que se constituye el derecho, esto es, el
reconocimiento de las cesantías, por ello, no hay lugar a la penalización pedida, ni al
pago de los intereses de estos y menos a la indemnización por falta de pago, establecida
en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo tanto, estos argumentos de la
apelación serán despachados de manera desfavorable.

53. Ahora bien, respeto a la devolución de los aportes de la seguridad social, requeridos

por la parte demandante, la Sala debe seguir las reglas imperativas contenidas en la

22
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda- Subsección B Consejero Ponente: César Palomino
Cortés Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Radicación número: 05001-23-33-000-2016-01454-01 No.
Interno: 1056 – 2023 (Expediente híbrido)
23
Radicación número: 13001-23-33-000-2013-00639-01(1548-15), del 18 de noviembre de 2021.

19

Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

sentencia de unificación24 del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que
dispone:

(…)

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social en
salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los valores que el
contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza
parafiscal.

54. De acuerdo al precedente de la Sección Segunda de esta Corporación, la devolución

de los aportes de la seguridad social de la sumas que, la demandante pagó, es
improcedente, como se indicó en la anterior regla, pues, a pesar que se haya declarado
a su favor la existencia la relación laboral encubierta, estos recursos son de naturaleza
parafiscal, los cuales son obligatorios y con recaudo específico, que no constituyen un
crédito a favor del interesado, razón por la cual, será denegada esta pretensión.

55. La Sala resalta que, la demandante el recurso de alzada pretende el pago del subsidio

familiar durante el periodo que tuvo la relación laboral encubierta. Sobre esta prestación
que, se encuentra regulada en la Ley 21 de 1982, considerada como una “prestación social
pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción
al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas
que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad”. Sin embargo, en el

proceso la demandante no demostró, el presupuesto establecido en la norma, esto es, la
proporción de personas a su cargo, razón por la cual, esta pretensión será despachada
desfavorablemente.

56. Por otra parte, la demandante, alega que, tiene derecho al reconocimiento del pago

de perjuicios morales en la cuantía de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
la cual, dice que no la fundamentó en el despido, sino en el dolor, la angustia y la
preocupación que sufrió a raíz del accidente laboral y la negligencia del empleador por
no afiliarla a la ARL.

57. Respecto al anterior punto, se tiene que, en la demanda la parte actora, solicitó el

pago de perjuicios morales «causados con la no afiliación en ARL y ser despedida como consecuencia

24
Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021) Radicación número: 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16)CE-SUJ2-025-21 Actor: Gloria Luz Manco Quiroz.
Demandado: Municipio De Medellín - Personería De Medellín Y Otro Referencia: Sentencia de Unificación por Importancia Jurídica
CESUJ-025-CE-S2-2021

20

Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

de un accidente de trabajo». En ese sentido, el argumento planteado por la demandante que,

este perjuicio no corresponde por el despido, es contrario a lo inicialmente formulado en
la demanda, aspecto que fue aclarado por la primera instancia, cuando indicó que la
demandante, decidió terminar anticipadamente el contrato, de acuerdo con la declaración
del señor “Cesar Augusto Piedrahita Ramírez, esposo de la demandante, informó: “Preguntado. ¿y ella
terminó el contrato o se ausentó antes de terminar el contrato? Contestó. Decidió terminarlo anticipado por
causa de que no tenía más incapacidad, no la atendían y ya no era capaz de trabajar con el dolor que
sentía…” No obstante, el vínculo contractual, se terminó por el plazo pactado entre las

partes, esto de acuerdo, con lo pactado por las partes en el contrato HG-CON-190-2019
que estipuló el plazo de la relación contractual hasta el 31 de mayo de 2019, y el acta de
terminación realizada por el Hospital San Isidro, área de gestión jurídica de fecha 6 de
junio de 2019 y firmada por la demandante25. Por lo tanto, en el expediente no se
encuentra prueba que demuestre que la causal de terminación ocurrió por la condición
de salud de la señora Uribe y menos a que haya sido obligada a presentar su renuncia y
si bien las partes pueden terminar de mutuo acuerdo la relación contractual, este no fue
el caso, como se observa del acta de terminación referida, sin que se encuentre sustento
alguno de los hechos que alega la demandante.

25
Expediente Samai Tribunal – archivo contestación de la demanda índice 0044

21

Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

58. Así mismo, la demandante argumenta que, no fue afiliada a la ARL; sin embargo, en

el dosier probatorio que obra en el expediente, la señora Uribe Álvarez, se encontraba
afiliada a Positiva Compañía de Seguros S.A., como contratista de la empresa Hospital
General San Isidro Empresa Social del Estado, desde el 10 de abril de 2019 hasta el fin
del contrato el 31 de mayo de 2019. Así las cosas, los argumentos, para solicitar los
perjuicios morales que, invocó la demandante son contrarios a la verdad procesal, pues,
no se invocó dolor o angustia y menos los perjuicios discutidos fueron demostrados, por
este motivo, la Sala despachará desfavorablemente esta pretensión.

59. Siguiendo con los argumentos de la apelación, la demandante solicita la
indemnización contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por discriminación de
persona en situación de discapacidad, la cual establece una indemnización a quienes
fueran despedidos o el contrato terminado por razón de discapacidad, tendrá derecho a
una indemnización de 180 días de salario; sin embargo, en el expediente no se encuentra
probado que, la terminación del contrato, haya sido por la condición de salud que padeció
la actora. Toda vez que, la relación contractual fue por terminación del plazo como se
estableció con anterioridad, en ese sentido. Así las cosas, se denegará esta pretensión.

60. Finalmente, la actora solicita el pago de las horas extras, toda vez que, ejerció la

función de enfermera jefe, y trabajaba 12 horas en el horario habitual, con turnos rotativos
de cuatro turnos semanales, laborando festivos y domingos.

61. Para acreditar lo anterior, la demandante aportó al proceso las siguientes pruebas

documentales:

62. Relación de los tiempos suplementarios durante los periodos de junio a diciembre de

2018 y enero a mayo de 2019, de los cuales, se puede establecer unos valores de horas
extras, nocturnas, recargos y festivos, sin que, se demuestren que estas fueran
establecidas por la entidad demanda, por cuanto, no tienen logo alguno institucional,
menos corresponden a una certificación de la misma y no tiene firma de algún funcionario
de la demandada.

63. Siguiendo con los medios de prueba que, fundamenta la actora dicho reconocimiento,

presenta calendarios durante los periodos de junio a diciembre de 2018, en los que se

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Número Interno: 659-2025
Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

indican unos turnos, pero en estos no se indica que, estos correspondan a la demandante
en la prestación del servicio a la entidad.

64. En ese mismo sentido, se observan los periodos de enero a mayo de 2019, por lo

tanto, la demandante con estos medios de prueba no acredita, los tiempos
suplementarios y si bien, los testimonios de las señora Valentina Garzón Cañas y Judith
Andrea Duque Giraldo, se indicó que, los turnos se realizaban de doce (12) horas, no se
puede desconocer que, también estos compensaban, además, las declaraciones no
indicaron las fechas sobre las cuales se realizaron las horas extras que reclama la
demandante.

65. Finalmente, en el expediente obran unas planillas de horarios los cuales son ilegibles,

sin que, la demandante, logre demostrar el trabajo suplementario reclamado, en esas
consideraciones, la actora no logró probar los supuestos de hecho de las normas que
consagra el efecto jurídico que persigue, así las cosas, se denegará esta pretensión.

66. Sin más consideraciones, la Sala procederá a confirmar integralmente la sentencia de

primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.6 Condena en costas

67. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad

o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

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Demandante: Paola Andrea Uribe Álvarez
Demandado: Hospital Geriátrico San Isidro

68. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Tres (3) de febrero de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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