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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00518-01

Contrato realidad

Fecha
13 de agosto de 2021
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
34 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00518-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia del veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda promovida por el señor RICARDO ANTONIO SÁNCHEZ BETANCOURT en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2017-00518-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

13 de agosto de 2021

CONTRATO REALIDAD / RELACIÓN LABORAL - Elementos / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS - Configuración / PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO - Acreditación / SUBORDINACIÓN – Configuración / CARGA DE LA PRUEBA / REMUNERACIÓN POR EL TRABAJO CUMPLIDO - Acreditación / VIGILANTE DE PLANTEL EDUCATIVO

[P]ara que se declare la existencia de un contrato realidad, la parte demandante está en la obligación de demostrar que durante la relación que se mantuvo entre las partes (particular y entidad pública), se materializaron los tres elementos que conforman un contrato laboral, según lo estima el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, a saber: la prestación personal del servicio, la continua subordinación y la retribución económica como contraprestación al servicio prestado. Así las cosas, cuando en la relación entre las partes existe de por medio un contrato de prestación de servicios escrito, se presume tanto la prestación personal del servicio como la retribución económica, no así con la subordinación la cual debe ser debidamente probada. (…) Ahora bien, en el caso particular encontramos que el señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt en el tiempo comprendido entre 2014 y 2016, ejecutó diversos contratos de prestación de servicios con el municipio de Pereira – Secretaría de Educación, como vigilante, cumpliendo horario y bajo las órdenes que le imponían los rectores de las instituciones educativas, en este caso en particular, por el coordinador a las cuales estuvo adscrito, siempre dentro de las instalaciones del ente público, con lo que se evidencia que el elemento de la subordinación siempre estuvo presente en la relación. (…) [A]l realizar un análisis integral de la prueba aportada al proceso, se puede llegar a la conclusión que las funciones desarrolladas no eran esporádicas o temporales, por el contrario, hacen parte del giro ordinario de la entidad territorial, desarrollando turnos asignados, cumplía horario de trabajo, ejercía las funciones al interior de los centros educativos, realizaba las funciones de vigilancia y conserjería, que permite concluir que en el caso particular, la entidad trató de ocultar una verdadera relación laboral, con el propósito de no reconocer los derechos y garantías labores que la Constitución y la ley le otorgan a esa especial relación, detrás de la suscripción de diferentes contratos de prestación de servicios, por lo que el señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt reunió los elementos de subordinación, dependencia, cumplir con un horario establecido, la prestación personal del servicio y una remuneración como contraprestación a las funciones ejecutadas, lo cual está acompasado con la permanente necesidad del servicio prestado y que hacen parte del giro ordinario de la entidad territorial demandada, lo que permite concluir, que en este caso se tendrá que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por la entidad demandada, no son suficientes para modificar la decisión adoptada por el a quo, motivo por el cual se confirmará la sentencia apelada en cuanto a la declaratoria del contrato realidad se refiere. (…) Así las cosas, es incuestionable el hecho de que la ejecución del objeto convenido no se hizo de manera independiente y autónoma como corresponde a una relación de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató de una relación en la que la labor asignada se cumplió bajo los condicionamientos fijados por el municipio de Pereira, lo que asimila dicha relación a una de carácter laboral, donde se asignaron responsabilidades indispensables en el funcionamiento de la entidad. NOTA DE RELATORIA: Sobre la figura del contrato realidad de cara a la protección del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, ver: C. de E, Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, Rad.: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Frente a las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997, Exp. D-1430, M.P Hernando Herrera Vergara. Respecto a la figura del contrato realidad, ver:

C. de E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 10 de mayo de 2018, Rad. 08001-23-33-000-2012-00161-01(3809-14), M.P: William Hernández Gómez. Sobre la forma de vinculación de los empleados públicos, ver: C. de E, Sentencia del 28 de julio de 2005, Exp. 5212-03, M.P. Tarcisio Cáceres Toro

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITÍCA - ARTÍCULO 53 / DECRETO LEY 222 DE 1983 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 / LEY 190 DE 1995 / LEY 909 DE 2004 / LEY 790 DE 2002 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 48 / DECRETO 2663 DE 1950 – ARTÍCULO 24 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 88

PRESCRIPCIÓN TRIENAL PARA RECLAMAR DERECHOS PRESTACIONALES – Configuración / IMPRESCRIPTIBILIDAD DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

[E]ntre diciembre de 2010 al 24 de junio de 2011, la relación entre las partes tuvo una interrupción de 5 meses y 23 días, según se observa en el cuadro relacionado en los hechos probados, con lo que se puede afirmar que hubo solución de continuidad en la relación durante esta temporada, conforme lo encontró probado el Tribunal. Por lo tanto, al verificar que la solicitud del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 20 de febrero de 2017, encontramos que todas las prestaciones sociales anteriores al periodo del 24 de junio de 2011 se encuentran prescritas, por no haber sido reclamadas dentro del término de los tres (3) años que la ley permite, siempre teniendo en cuenta que se deberán liquidar excluyendo las respetivas interrupciones entre periodos contractuales, de tal manera que a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los emolumentos prestacionales que se encuentran por fuera de este término, y solo se podrá reclamar lo debido entre el 24 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016, tal y como lo realizó el a quo en la sentencia objeto de apelación. No obstante lo argüido, se aplicará la tesis planteada por la Sala de Sección en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 , en lo que se refiere a la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, motivo por el que las entidades accionadas deberán tomar todos los interregnos comprendidos entre el 1 de febrero de 2008 y el 31 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta la interrupción, el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante, mes a mes y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista (si los hubo) y los que se debieron efectuar, para cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, conforme se estableció en la sentencia recurrida.

FUENTE FORMAL: DECRETO 3135 DE 1968 - ARTÍCULO 41 / DECRETO 1848 DE 1969- ARTÍCULO 102

CONTRATO REALIDAD / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS - Configuración / CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS DE RELACIÓN LABORAL NO OTORGA CONDICIÓN DE EMPLEADO PÚBLICO A CONTRATISTA / RECONOCIMIENTO PAGO DE TRABAJO SUPLEMENTARIO CONSECUENCIA DE DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE RELACION LABORAL – Improcedente

[E]sta Sala mediante sentencia del 6 de octubre de 2016 , al invocar las disposiciones del artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, sobre otros factores que constituyen salario , estableció que “tal regulación tiene como destinatarios a los empleados públicos, condición de la cual carece el actor y por la que no es posible admitir que estuvo sujeto a la jornada ordinaria laboral prevista en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, lo que excluye la posibilidad de reconocimiento y pago del trabajo suplementario”. Y, además, conforme a las previsiones del literal b) del artículo 36 ibidem, el “trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse”, lo cual no se demuestra en el proceso. Conforme con lo anterior, la calidad de empleado público se otorga por la vinculación generada en el nombramiento o elección y su correspondiente posesión, sin que sobrevenga por el eventual reconocimiento de una relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios, motivo por el cual no es viable acceder al reconocimiento del trabajo suplementario y recargos solicitado por el demandante en el recurso de alzada. NOTA DE RELATORIA: Sobre los factores que constituyen salario, ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de octubre de 2016, Rad. 66001-23-33-000-2013-00091-01(0237-14), M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1042 DE 1978 - ARTÍCULO 42 / DECRETO 1042 DE 1978 - ARTÍCULO 33

CONTRATO REALIDAD / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS - Configuración / DEVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE COTIZACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL COMO CONTRATISTA POR DECLARATORIA DE CONTRATO REALIDAD - Improcedente / APORTES A SEGURIDAD SOCIAL NO CONSTITUYEN UN CRÉDITO A FAVOR DEL INTERESADO

[E]n relación con la devolución de los aportes efectuados por el demandante a salud y pensión, esta Corporación ha sostenido que esos recursos del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, motivo por el cual no es posible que se entreguen directamente al interesado, razón suficiente para no disponer el reembolso por los mencionados conceptos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 66001-23-33-000-2017-00518-01(5609-19)

Actor: RICARDO ANTONIO SÁNCHEZ BETANCOURT

Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA (RISARALDA)

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema: Aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre la formalidad en las relaciones laborales

Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011

Se desata el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019) por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por el señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt en contra del Municipio de Pereira (Risaralda).

I. ANTECEDENTES

Demanda

1.1. Pretensiones

Ricardo Antonio Sánchez Betancourt, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, demandó al Municipio de Pereira – Secretaría de Educación, con el fin que se declare la existencia de una relación de carácter laboral dentro del período comprendido entre el 3 de mayo de 2004 al 30 de diciembre de 2016. Para tales efectos solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 10932 del 23 de marzo de 2017, por medio del cual la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales reclamados por los servicios personales prestados por el demandante, bajo la continuada dependencia y subordinación.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó liquidar y pagar, a título de compensación o indemnización de perjuicios lo correspondiente a: horas extras diurnas y nocturnas que supere la jornada máxima legal, cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, prima de servicio, vacaciones, prima de vacaciones, a compensar lo que se pagó al sistema de seguridad social, que como empleadora le correspondía pagarlo (salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación), y los demás salarios y prestaciones que se reconozcan a un empleado de planta del municipio de Pereira. De la misma forma, solicitó compensar al demandante por concepto de vestido y calzado que debía reconocer la entidad demandada, y la indemnización por el no reconocimiento y pago de cesantías equivalente a un día del último salario por cada día de retardo en su pago, y se condene en costas a la demandada.

1.2. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda (ff. 2 – 25), en síntesis, son los siguientes:

El demandante prestó sus servicios personales y remunerados bajo la continuada dependencia y subordinación de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, mediante contratos de prestación de servicios efectuados entre el 3 de mayo de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2016, período que laboró sin solución de continuidad, para prestar el servicio como vigilante de instituciones educativas.

Afirmó que recibía como contraprestación del servicio de vigilancia, pagos mensuales y tenía prohibido dejar reemplazos en establecimientos educativos, ya sea por todo el tiempo que durara la jornada laboral o por breves lapsos de tiempo.

Alegó que la relación laboral o de trabajo fue enmascarada o disfrazada por la entidad convocada en supuestos contratos de prestación de servicio con el único fin de evadir los mínimos derechos que le correspondían a un empleado si hubiese estado vinculado a través de una relación legal y reglamentaria. Refiere que los jefes inmediatos del demandante fueron los directores o rectores de los colegios o institutos oficiales donde este prestó sus servicios de vigilancia.

Manifestó que las funciones prestadas por el demandante fueron las inherentes a un vigilante, cumplir turnos de celaduría, custodia y cuidar las zonas de las diferentes instituciones, controlar la entrada y salida de las personas, vehículos y objetos de los planteles, velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes, cumplir las jornadas legales establecidas, entre otras que le asignarán los rectores o directores.

Afirmó que trabajó turnos de 12 horas alternadas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o viceversa, incluidos dominicales y festivos laborando en el mes dos semanas de día y dos semanadas de noche, de lunes a domingo teniendo un solo día de descanso a la semana. Mencionó que trabajaba en la jornada diurna, 44 extras diurnas y 44 horas extras nocturnas al mes.

Alegó que el demandante durante el término de prestación personal al municipio de Pereira a través de contratos de prestación de servicio, no le fue reconocido suma alguna por concepto de vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías y en general las prestaciones sociales a las que tiene derecho. Tampoco se le reconoció lo correspondiente al pago de la seguridad social (salud, pensión, ARL) como tampoco es beneficiario de ninguna caja de compensación familiar, por el contrario, el demandante asumió todo el pago. De la misma forma, sostuvo que no realizó legalmente los pagos correspondientes a prestaciones sociales, pago de horas extras diurnas y nocturnas y los aportes a la seguridad social.

El 20 de febrero de 2017, el demandante presentó solicitud ante la entidad convocada con el propósito de que se le reconociera y pagar todos los derechos, prestaciones e indemnizaciones conforme a la ley. A través del Oficio No. 10932 del 23 de marzo de 2017, el secretario de Educación del Municipio de Pereira, niega la reclamación con el argumento de la inexistencia del vínculo laboral.

1.3. Normas violadas

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

Los artículos 1, 2, 4, 25, 48, 53 y 209 de la Constitución Política; 8, 9, 10 y 11 del Decreto 3135 de 1968; 43 a 49, 51 del Decreto 1848 de 1969; 8 al 26, 31, 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978; decreto 451 de 1984; Ley 6ª de 1945; Ley 65 de 1946; Decreto 1160 de 1947; Decreto 3118 de 1968; Decreto 1582y 1453 de 1998; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; 13 y 14 de la Ley 344 de 1996; 20 de la Ley 100 de 1993; 7 y 204 de la Ley 797 de 2003; 12 de la Ley 780 de 2002; y, 67 a 70 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Contestación de la demanda

El municipio de Pereira (Risaralda) por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones (ff. 83 – 95) al considerar que carecen de fundamento de hecho y de derecho que las soporten. Sostuvo que el demandante no laboró para la administración municipal, sino que prestó sus servicios a través de contratos de prestación de servicios.

Afirmó que en ningún momento configuró una relación laboral, por lo que no se puede afirmar que tiene derecho a las prestaciones que reclama, por el contrario, la relación entre la entidad y el demandante, es únicamente una relación de apoyo administrativo. Sostuvo que el demandante aceptó contratar con el municipio de Pereira para cumplir determinadas funciones, por lo que los contratos se rigen por la ley laboral.

Manifestó que el demandante no cumplía con las características propias del contrato laboral, ya que sus funciones y las formas de desarrollar las mismas en ningún momento aplican para acceder a las pretensiones. De igual forma, alegó que el demandante tenía conciencia de que en ningún momento debía cumplir con horario, por el contrato, tenía la capacidad de coordinar sus horarios con la administración y demás contratistas, por lo que no se puede hablar del que cumplía una jornada laboral.

Reiteró que, el demandante coordinaba la realización de sus funciones con el debido desarrollo del programa de actividades donde se tenía en cuenta la experiencia al momento de realizar los contratos. Aclaró que “la relación de coordinación de actividades entre contratante y contratista, implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, sin que signifique necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.”

Propuso las excepciones de inexistencia del contrato de trabajo o relación laboral, inexistencia de causa para demandar, cobro de lo no debido y prescripción.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Risaralda a través de la sentencia del 24 de mayo de 2019 (ff. 217 – 240 reverso), accedió a las pretensiones de la demanda, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva del derecho de los períodos comprendidos desde el 1 de febrero al 1 de marzo de 2008; 6 de marzo a 31 de diciembre de 2008; 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2010; 1 de enero al 7 de octubre de 2010; del 8 de octubre al 11 de diciembre de 2010 y del 20 al 31 de diciembre de 2010, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, le ordenó al municipio de Pereira a reconocer y pagar al demandante las prestaciones sociales de orden legal tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicio de los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, del 24 de junio al 31 de diciembre de 2011; del 2 de enero al 2 de marzo de 2012; del 3 de marzo al 3 de agosto de 2012, del 3 de octubre de 2012; del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2012, del 2 de enero al 2 de junio de 2013, del 3 de junio al 18 de agosto de 2013; del 2 de enero al 2 de junio de 2013; del 3 de junio al 18 de agosto de 2013; del 19 de agosto al 19 de septiembre de 2013; del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2013, del 21 de octubre al 26 de noviembre de 2013; del 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2013; del 2 de enero al 2 de julio de 2014; del 1 de noviembre de 2014 al 1 de enero de 2015, del 2 de enero al 2 de abril de 2015, del 2 de abril al 15 de junio de 2015; del 15 de junio al 31 de diciembre de 2015; del 1 a31 de enero de 2016, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2016.

De la misma forma se condenó a la demandada a trasladar a los fondos respectivos los porcentajes de cotización a pensión y salud durante el período acreditado en el que el demandante prestó sus servicios y frente a los cuales no opera el fenómeno jurídico de la prescripción. Estableció que el municipio de Pereira deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización pensional del actor, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados y los que se debieron efectuar, Para ello, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad en que no los hubiese hecho o existiera diferencia, tendrá la carga de cancelar o completar.

También condenó a la entidad al pago compensatorio en dinero, de las dotaciones de vestido y calzado de labor causadas; se ordenó tener en cuenta todo el tiempo laborado por el demandante para el municipio de Pereira bajo la modalidad de contratista, para efectos pensionales.

Se refirió a las excepciones propuestas por la entidad demandada, para manifestar que la mismas no prosperan, en cuanto no se dirigen a atacar la pretensión mediante la formulación de hechos nuevos que por sí solos tengan la virtud de destruir, aplazar o modificar los efectos, sino que se limitan a negar los hechos de la demanda o los elementos constitutivos del derecho invocado.

Luego de realizar un análisis normativo y jurisprudencial en relación con el contrato de prestación de servicios, consideró que en este caso se reúnen los elementos que conforman una relación laboral durante el tiempo de vigencia de los contratos, en la que concurrían como elementos esenciales la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración como contraprestación del servicio de vigilancia brindado por el demandante.

Afirmó que, de las funciones desempeñadas en desarrollo del objeto contractual, hacen indiscutible asumir que efectivamente se presentó subordinación, puesto que de las labores de celaduría mal podía predicarse autonomía por parte de quien debe llevarlas a cabo. Refirió que las actividades encomendadas al demandante no son propias de un oficio que pueda ser desempeñado con autonomía e independencia, pues la función de vigilante implica el acatamiento de órdenes en cuanto a la forma de prestar el servicio, así como el cumplimiento de horario.

Infirió en virtud del principio de la primacía de la realidad, que en el presente caso existió una verdadera relación laboral durante el tiempo de vigencia de los contratos u ordenes de prestación de servicio, esto es, del 1 de febrero de 2008 al 31 de diciembre de 2016, en la que concurrían como elementos esenciales la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración como contraprestación del servicio dado por la parte accionante.

Desvirtuados los contratos de prestación de servicio y probada la existencia de una verdadera relación laboral, dispuso el reconocimiento del conjunto de prestaciones generados con ocasión del servicio desempeñado por la parte accionante y el consecuente cómputo de este tiempo para efectos pensionales, y el pago de las cotizaciones correspondientes a la seguridad social integral; prestaciones que se liquidarán tomando como base los honorarios contractuales derivados de los contratos correspondientes al período que habrá de reconocerse.

Consideró que las interrupciones presentadas a lo largo de los diferentes contratos, no generan la terminación o rompimiento del vínculo contractual, en atención a la duración del vínculo y por la labor desempeñada por el demandante que exige la permanencia de este a fin de evitar la pérdida de bienes públicos.

Se refirió a la sentencia de unificación jurisprudencia emitida por esta Corporación, de fecha 25 de agosto de 2016, con relación a la prescripción extintiva de los derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad, motivo por el cual ordenó reconocer las prestaciones sociales, incluidas las vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y primas legales a que haya lugar, durante los períodos comprendido entre el 24 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2016, así como el pago de los porcentajes de cotizaciones que debió pagar el demandante por concepto de seguridad social, por tener el carácter de imprescriptibles.

Con relación a las horas extras diurnas y nocturnas, manifestó que, con la declaratoria de la relación laboral, ello no le otorga al accionante la calidad de empleado público, pero si le permite acceder a prestaciones sociales que devenguen aquellos, en la medida en que se demuestren causadas, motivo por el cual no hay lugar a dicho reconocimiento, en razón em que en el plenario no se logró determinar con precisión el cumplimiento de las mismas. Por otro lado, ordenó la compensación en dinero de las dotaciones de vestido y calzado de labor durante el 24 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2016.

En cuanto a la prima de servicios sostuvo que, si bien en principio se había concedido a los funcionarios de entidades territoriales, la Corte Constitucional a través de la sentencia C – 402 del 3 de julio de 2013 declaró exequible la expresión del “orden nacional” contenida en el artículo 1 del Decreto 1042 de 1978, por lo que debe entenderse con efectos de cosa juzgada constitucional.

4. Fundamento del recurso de apelación

4.1. Por la parte demandante

Mediante memorial visible a folios 244 a 250 del expediente, la apoderada del demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia del 24 de mayo de 2019. Sostuvo que no se le dio valor probatorio a la testimonial que establece que el demandante trabajo de corrido, que cada fin de año firmaba contrato para el año siguiente, y en donde los colegios nunca debían estar solos, así que continuaba trabajando hasta que se firmara el nuevo contrato.

Solicitó que los aportes a la seguridad social sean cancelados al actor, toda vez que ya fueron pagados en un 100% al fondo de pensiones, entonces se trataría de un doble pago por el mismo concepto. También manifiesta que no es necesario demostrar nada por este concepto, por cuanto nadie puede estar vinculado a una labor, sin pagar los respectivos aportes.

Con relación al pago de horas extras, continuidad e indemnizaciones, mencionó que de los testimonios se puede extraer que el demandante cumplía turnos de 12 horas, dependiendo del horario que le imponía el colegio en el cual laboraba, por lo que se debe reconocer y pagar la labor realizado con posterioridad a las 44 horas de cada semana, por considerarse trabajo suplementario.

Y en relación con el pago de sanción moratoria, afirmó que la entidad responsable de la obligación tiene el deber de reconocerla hasta tanto se haga efectivo el pago.

4.2. Por parte de la entidad demandada

El municipio de Pereira (Risaralda) a través de apoderado judicial, formuló recurso de apelación en contra de la sentencia, solicitando se revoque y en su lugar se dicte una nueva providencia en la cual se nieguen las pretensiones de la demanda, con las siguientes consideraciones (ff. 242 a 243 del expediente):

Alegó que la demanda mite los parámetros de prestación de servicio bajo los cuales fue contratos el demandante, ya que si bien es cierto se encuentra bajo la vigilancia de un interventor para la debida ejecución del contrato, esto no sugiere en que se encontraba bajo un estándar laboral de subordinación.

Sostuvo que “no se puede inferir que el demandante como contratista de la administración en la modalidad de prestación de servicio pueda ser incluido en la nómina de servidores públicos o ser tratado jurídicamente con los lineamientos de los servidores públicos, por no cumplir con los requisitos que se consagra la norma para estos últimos, como es la subordinación de labores, son os contratistas los encargados entonces de desarrollar esas funciones que no pueden ser llevadas a cabo por los funcionarios de planta de la administración municipal.”

Alegó que el debate probatorio es deficiente en cuanto no ha logrado demostrarse que se configure los requisitos que la ley trae para que se dé una relación laboral como la figura de la primacía de la realidad sobre las formalidades, en cuanto la carga probatoria no la hizo valer en debida y oportuna forma por consiguiente no se debe acceder a las pretensiones.

5. Alegatos de conclusión

5.1. Por la entidad demandada

El municipio de Pereira, mediante apoderada judicial descorrió el término de traslado para alegar de conclusión, en memorial enviado vía correo electrónico, adjuntado a SAMAI, visible en el índice 12, en el cual solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

Solicito tener en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y enfatizó respecto de los presupuestos exigidos para determinar la primacía de la realidad en el presente litigio. Reiteró la coordinación de que puede ser susceptible cualquier contratista del Estado, que no puede desencadenar necesariamente una subordinación.

5.2. Por la parte demandante

Vencido el término concedido para alegar de conclusión, mediante auto del 17 de septiembre de 2020 (f. 278), el demandante guardó silencio.

6. Concepto del Agente del Ministerio Público.

El representante del Ministerio Público se abstuvo de realizar pronunciamiento alguno al respecto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si al señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt le asiste el derecho o no para reclamar del municipio de Pereira el pago de las prestaciones salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado como vigilante, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre formalidades, o, por el contrario, si los contratos de prestación de servicios que celebró con dicha entidad territorial se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y continua dependencia que alega, propios de una relación laboral.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de la sentencia del 24 de mayo de 2019, accedió a las demás pretensiones de la demanda.

2.3. Análisis de la Sala

2.3.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad.

La Sala entrará a estudiar lo relativo al contrato de prestación de servicios, para establecer que el mismo no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y, conforme a ello, en aras de hacer evidente la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir al precepto del artículo 53 de la Constitución Política, que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.

Así las cosas, en el presente caso, esta Sala reitera lo expuesto en la sentencia de 16 de julio de 2009, radicación 85001233100020030047801 (1258-07) y en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, radicación 2300123330020130026001 (0088-15) CE-SUJ2-005-16, en relación con los elementos y características propias del contrato de prestación de servicios y su distinción con las relaciones de carácter laboral. Por ende, se retoman los aspectos desarrollados en los precedentes, en punto del marco conceptual, legal y jurisprudencial de la figura de prestación de servicios frente a las relaciones laborales de carácter legal y reglamentario.

2.3.1.1. El contrato de prestación de servicios y la teoría de la relación laboral.

La Constitución Política de 1991, contempló en el Capítulo II, de la función pública, lo siguiente:

“Artículo 122.- No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (Inc. 1º)... ”

Por su parte, el artículo 125 ibidem, dispone:

“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.

De acuerdo con las citadas normas, el régimen jurídico tiene previstas tres clases de vinculaciones con entidades del Estado: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y, c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal). Si en el caso de los contratos de prestación de servicios se llegan a desdibujar sus elementos esenciales, corresponderá decidir, a la justicia ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo las mismas funciones que corresponden a un cargo de empleado público.

La contratación por prestación de servicios con el Estado ha sido desarrollada por nuestra legislación a través del Decreto Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y por la Ley 190 de 1995. La Ley 80 en su artículo 32, dispone:

“3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

En sentencia C -154 de 1997 la Corte Constitucional, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra apartes de la norma transcrita, estableció las características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo, concluyendo que:

“(…) el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente” (El resaltado es de la Sala).

Adicionalmente, el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto 3074 del mismo año, norma que se encuentra vigente, dispuso:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”.

La parte subrayada fue demandada ante la Corte Constitucional, que en sentencia C - 614 de 2009, señaló entre otros criterios, la permanencia como un elemento más que indica la existencia de una verdadera relación laboral.

Si bien la legislación colombiana ha previsto la posibilidad de acudir a la contratación de prestación de servicios en los casos y para los fines señalados en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, de igual forma, se han establecido limitantes para evitar el abuso de esta figura jurídica.

El artículo 7 del Decreto 1950 de 1973 prevé que “en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente Decreto (…) la función pública que implique el ejercicio de la autoridad administrativa no podrá ser objeto de contrato ni delegarse en el personal vinculado mediante esta modalidad.” (Resaltado fuera de texto).

La Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, dispuso en materia de empleo público:

“Art. 19 El Empleo Público.

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.

2. El diseño de cada empleo debe contener:

a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo;

c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales” (…)”

Para que una persona natural desempeñe un cargo en calidad de empleado público (relación legal y reglamentaria), es preciso que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en la ley, esto es, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, previo a ejercer las funciones propias de dicho empleo.

Por otra parte, como ya se ha dicho para evitar el uso indebido del contrato de prestación de servicios, la Ley 790 de 2002, por medio de la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al presidente de la República, prevé:

“ARTÍCULO 17. PLANTAS DE PERSONAL. La estructura de planta de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas del orden nacional tendrán los cargos necesarios para su funcionamiento. En ningún caso los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos.

En el evento en que sea necesario celebrar contratos de prestación de servicios personales, el Ministro o el Director del Departamento Administrativo cabeza del sector respectivo, semestralmente presentará un informe al Congreso sobre el particular.

PARÁGRAFO. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con la finalidad de reemplazar cargos que se supriman dentro del programa de renovación de la administración pública” (subrayado fuera de texto).

Por su parte, la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Único Disciplinario, establece en el artículo 48, numeral 29 como falta gravísima:

“29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”.

Como puede observarse, el ordenamiento jurídico ha previsto no sólo la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios para llevar a cabo funciones propias previstas en la ley o en los reglamentos para un empleo público, sino que también sanciona al servidor que realice dicha contratación por fuera de los fines contemplados en el estatuto de contratación estatal.

2.3.1.2. De la solución de las controversias judiciales con ocasión de los contratos de prestación de servicios

El principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad, el efecto del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con el fin de hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado.

Adicional a lo expuesto, el artículo 25 constitucional establece que el trabajo es un derecho fundamental que goza "...en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado". De ahí que se decida proteger a las personas que bajo el ropaje de un contrato de prestación de servicios cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter prestacional, independientemente de las formalidades adoptadas por las partes contratantes.

En sentencia de fecha 18 de noviembre de 2003, la Sala Plena del Consejo de Estado abordó el tema de los contratos de prestación de servicios y en aquella oportunidad, negó las pretensiones de la demanda porque se acreditó en el plenario que en la ejecución de las órdenes suscritas por la parte actora se encontraba presente el elemento “coordinación”. No obstante, esta pauta jurisprudencial no resulta aplicable en los eventos en los cuales se acuda al elemento “subordinación”, aspecto trascendente que como se anotó, requiere ser acreditado plenamente en la tarea de descubrir la relación laboral, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que la parte demandante pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.

Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte demandante demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral.

Adicional a lo anterior, y sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, por este sólo hecho de estar vinculado no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión como lo ha reiterado esta Corporación en diferentes fallos, entre los cuales cabe resaltar la sentencia del 28 de julio de 2005, Exp. 5212-03, C.P. Tarcisio Cáceres Toro, la cual efectuó un análisis de la forma de vinculación de los empleados públicos, precisando que:

“(…) para que una persona natural desempeñe un EMPLEO PÚBLICO, EN CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO (RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA) que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en nuestro régimen, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, para poder entrar a ejercer las funciones del empleo. Con ello la persona nombrada y posesionada es quien se halla investida de las facultades y debe cumplir sus obligaciones y prestar el servicio correspondiente”.

Así es dable concluir que no por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la Ley.

De otra parte, al reunir los elementos de juicio para que se declare una relación laboral entre quien prestó el servicio y la entidad que se benefició con el mismo, se debe reconocer el derecho a obtener las prerrogativas de orden prestacional.

Sobre el punto es dable destacar lo reiterado en diversos pronunciamientos de esta Sección, referente al reconocimiento a título de indemnización reparatoria de las prestaciones sociales dejadas de percibir, en los siguientes términos:

“El fundamento según el cual el contratista que desvirtúa su situación no se convierte automáticamente en empleado público, no restringe la posibilidad de que precisamente luego de probar la subordinación se acceda a la reparación del daño, que desde luego no podrá consistir en un restablecimiento del derecho como el reintegro, ni el pago de los emolumentos dejados de percibir, pues evidentemente el cargo no existe en la planta de personal, pero sí el pago de la totalidad de las prestaciones sociales que nunca fueron sufragadas…”

Respecto a la liquidación de la condena, encuentra la Sala, que es razonable la posición que ha venido sosteniendo la Sección Segunda al ordenar a título de reparación del daño, el pago de las prestaciones sociales, con base en los honorarios pactados en el contrato, pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal dichos emolumentos son la única forma de tasar objetivamente los perjuicios, ya que la otra forma sería asimilarlo a un empleado de condiciones parecidas presentándose una situación subjetiva de la Administración para definir esta identidad, implicando reabrir la discusión al momento de ejecutar la sentencia”.

Sin embargo, advierte la Sala que, en sentencia de 25 de agosto de 2016, la Sección Segunda de esta Corporación, unificó el criterio de interpretación sobre el título en virtud del cual se reconocen las prestaciones sociales derivadas de un contrato realidad, en los siguientes términos:

“Frente al anterior panorama jurisprudencial, resulta imperioso unificar el precedente con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los ciudadanos que acuden ante la justicia contencioso-administrativa en busca de obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación laboral pero que la Administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal, para lo cual ha de advertirse que el restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, ya que una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, el acto administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos y situaciones afectados deben volver a su estado inicial (…)

Por consiguiente, no resulta procedente condenar a la agencia estatal demandada al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista-trabajador a título de reparación integral de perjuicios, dado que estas se reconocen como efecto de la anulación del acto que las negó, pese a su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria, esto es, a pesar de tener una remuneración constituida por los honorarios pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo” (Subraya la Sala).

Ahora bien, con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales que se deberán reconocer al declararse una relación de carácter laboral, la Sala acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas.

En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral.

Dentro de las prestaciones que están a cargo directamente del empleador se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas y las cesantías; por otra parte, las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización.

Así, que en caso de que exista un contrato de trabajo o se posea la calidad de servidor público, la cotización debe realizarse por el empleador en el caso del sistema de riesgos profesionales y del sistema de subsidio familiar, y en el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud, deben realizarse por el empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos en la Ley para cada caso. La cotización al sistema de pensiones es del 16% del ingreso laboral la cual debe realizarse en un 75% por el empleador y en un 25% por el empleado; la cotización al sistema de salud es el 12.5% de lo netamente devengado correspondiéndole al empleador el 8.5 % y al empleado 4%.

Teniendo claro lo anterior, se advierte que la Sección Segunda de esta Corporación ha sostenido que es viable condenar y liquidar las prestaciones ordinarias, pero que no sucede lo mismo con las prestaciones que se encuentran a cargo de los sistemas de Seguridad Social, en los siguientes términos:

“En lo relativo a las prestaciones sociales comunes u ordinarias, esta Sala no advierte dificultad para su condena y liquidación, pues están establecidas en las normas especiales que rigen dicha situación y su pago está a cargo del empleador; sin embargo, tratándose de las prestaciones compartidas y aquellas que cumplen un fin social, la situación debe ser analizada con otros criterios dependiendo del sujeto activo que efectúa la cotización”.

Por lo expuesto es posible concluir que, en el caso de las prestaciones sociales a cargo de los sistemas de salud y pensiones, cubiertas por las entidades respectivas, derivadas de la financiación de las cotizaciones que efectúan las partes que integran la relación laboral, la entidad tendrá que aportar la cuota parte que dejó de trasladar a las entidades de seguridad social a las cuales cotizaba el contratista y no por la totalidad de la cotización que debía efectuar el actor.

Ahora bien, en relación con la carga probatoria que tiene quien pretenda obtener a su favor los beneficios del contrato de trabajo, vale la pena destacar las orientaciones señaladas por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1º de junio de 2004, con radicación 21554:

“Es verdad que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la presunción de que toda relación de trabajo personal se entiende regida por un contrato de trabajo, frente a la cual la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sido del criterio de que quien la alegue en su favor tiene que demostrar la prestación personal del servicio para entenderse cobijada por ella, mientras que al beneficiario de dicha prestación es a quien le corresponde desvirtuar que en la misma no existe el elemento de la subordinación” (Subrayas de la Sala).

2.3.2. De lo probado en el proceso

Obra a folios 27 a 61 y 130 a 180 del expediente, los contratos de prestación de servicios suscritos entre el señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt y la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, quien estuvo vinculado con la demandada, como vigilante de instituciones educativa, durante los siguientes períodos:

Fecha de inicio
Fecha de Finalización
01/02/2008
01/03/2008
06/03/2008
31/12/2008
01/01/2009
01/01/2010
01/01/2010
07/10/2010
08/10/2010
11/12/2010
20/12/2010
31/12/2010
24/06/2011
31/12/2011
02/01/2012
02/03/2012
03/03/2012
03/08/2012
03/08/2012
12/09/2012
16/09/2012
31/10/2012
01/11/2012
11/12/2012
02/01/2013
02/06/2013
03/06/2013
18/08/2013
19/08/2013
19/09/2013
20/09/2013
20/10/2013
21/10/2013
26/11/2013
27/11/2013
31/12/2013
02/01/2013
02/07/2014
03/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/10/2014
01/11/2014
01/01/2015
02/01/2015
02/04/2015
02/04/2015
15/06/2015
15/06/2015
31/12/2015
01/01/2016
31/01/2016
01/02/2016
31/12/2016

Mediante petición radicada el 20 de febrero de 2017 (ff. 67- 71), el demandante le solicitó al alcalde municipal de Pereira, se declare y acepte que se presentó una relación laboral entre las partes, por el período comprendido entre el 3 de mayo de 2004 al 30 de diciembre de 2016. Que, como consecuencia de lo anterior, se le liquide y pague los salarios y prestaciones sociales causados durante dicho período (horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos, cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones y demás derivadas de la relación laboral), junto con los porcentajes de cotización correspondientes a la seguridad social que debieron trasladar a los fondos correspondientes, junto con la dotación de calzado y vestido, la indemnización por el no reconocimiento en el pago de las cesantías conforme la Ley 344 de 1996, la indemnización por el no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales, sumas que deberán ser actualizadas hasta cuando se realice el pago.

A través del Oficio 10932 del 23 de marzo de 2017, la directora Administrativa de Prestación del Servicio Educativo y Administración de Plazas Docentes, en respuesta a la petición elevada por el demandante, dijo:

“(…)

Tal como lo señala en su escrito de reclamación (hecho 1), el señor Sánchez laboró en el Municipio de Pereira – Secretaría de Educación Municipal mediante contrato de prestación de servicio y orden de trabajo y no a través de un contrato aboral en el que claramente el contratista acuerda en forma voluntaria la realización de unas actividades, con una fecha de inicio y finalización de la ejecución del mismo sin el cumplimiento de horarios, manifestando a su vez que no existe relación laboral ni de subordinación y que bajo esta modalidad el mismo se compromete a cancelar lo correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad social a título de trabajador independiente, razón por la cual no es posible acceder a su solicitud.

(…).”

La Alcaldía de Pereira en respuesta al requerimiento realizado en el curso de la primera instancia, visible a folio 129 del expediente, sostuvo:

“(…)
El horario de un celador es de 8 horas de acuerda (sic) a las necesidades de la INTITUCION (sic) EDUCATIVA y cuando tiene jornada extendida el reconocimiento de horas extras.
La secretaría de educación en los años 2010 y 2011 realizó contratación con la empresa Servitemporales

(…).”

A folios 182 a 203 del expediente, la directora de Procesos Judiciales de Pensiones, remitió certificado expedido por la Dirección de Historia Laboral correspondiente al demandante.

En la audiencia de pruebas celebrada el 15 de febrero de 2019, se recaudó el testimonio del señor Carlos Arturo Pulgarín Mejía.

2.3.3. Caso concreto

Procede la Sala a analizar el reparo formulado por la entidad demandada, específicamente en que reprocha los argumentos esgrimidos en el fallo de instancia, en relación con la acreditación de la subordinación en la ejecución de los contratos convenidos por las partes.

Incumbe a la Sala analizar, si la actividad prevista en el objeto de las órdenes y contratos de prestación de servicios suscritos fue ejecutada de manera independiente por el contratista y correspondía a una labor coordinada entre éste y la respectiva entidad o, por el contrario, el demandante estaba sujeto en el caso concreto, a la subordinación que el Tribunal Administrativo de Risaralda encontró probada en la sentencia.

Tal como se ha venido advirtiendo, para que se declare la existencia de un contrato realidad, la parte demandante está en la obligación de demostrar que durante la relación que se mantuvo entre las partes (particular y entidad pública), se materializaron los tres elementos que conforman un contrato laboral, según lo estima el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, a saber: la prestación personal del servicio, la continua subordinación y la retribución económica como contraprestación al servicio prestado. Así las cosas, cuando en la relación entre las partes existe de por medio un contrato de prestación de servicios escrito, se presume tanto la prestación personal del servicio como la retribución económica, no así con la subordinación la cual debe ser debidamente probada.

En ese sentido, no se puede perder de vista que si bien en la justicia ordinaria opera la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo para que se declare la configuración del contrato realidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, no ocurre lo mismo cuando hay de por medio la discusión de un acto administrativo, pues según lo estima el artículo 88 del CPACA, este goza de presunción de legalidad y quien pretenda la declaratoria de ilegalidad del acto enjuiciado tendrá que probarla.

Por tal motivo, quien alegue la existencia del contrato realidad debe probar fehacientemente que en la relación con el ente público estuvo continuamente presente la subordinación, entendida como la potestad que tiene el empleador para dar órdenes, en cuanto a cantidad, calidad y tiempo de trabajo, aplicar reglamentos e imponer sanciones al trabajador por el incumplimiento de sus funciones, situaciones que van en contravía de la autonomía e independencia que caracterizan el contrato de prestación de servicios.

Ahora bien, debido a que la contratación es una actividad reglada del Estado, reiteramos, que los contratos de prestación de servicios con personas naturales han sido autorizados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en aquellos eventos en que el personal de planta no es suficiente o no está capacitado, profesional, científica o técnicamente para desarrollar la labor requerida, bien sea administrativa o funcional de la entidad contratante.

En concordancia con esto, el contratista debería estar investido de autonomía e independencia para desarrollar las actividades o funciones que se encuentran debidamente señaladas en el pacto realizado, y que deben desarrollarse dentro de un tiempo previamente delimitado, pues dichas funciones no pueden convertirse en permanentes.

Ahora bien, en el caso particular encontramos que el señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt en el tiempo comprendido entre 2014 y 2016, ejecutó diversos contratos de prestación de servicios con el municipio de Pereira – Secretaría de Educación, como vigilante, cumpliendo horario y bajo las órdenes que le imponían los rectores de las instituciones educativas, en este caso en particular, por el coordinador a las cuales estuvo adscrito, siempre dentro de las instalaciones del ente público, con lo que se evidencia que el elemento de la subordinación siempre estuvo presente en la relación.

Para efectos de demostrar la subordinación, la parte demandante aportó como pruebas los contratos firmados entre las partes (ff. 27 a 61 y 130 a 180), el testimonio del señor Carlos Arturo Pulgarín Mejía, en su condición de Directivo Docente de la Ciudadela Cuba, entidad en donde prestó servicios el demandante, quien, al indagársele sobre los hechos de la demanda, manifestó:

“Lo que le conste sobre el servicio prestado por el señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt, en las instituciones educativas del municipio de Pereira. Qué sabe usted al respecto.? CONTESTO: Se que ha pasado por varias instituciones, tengo entendido que por Ciudadela Cuba estuvo en un tiempo atrás, que fue donde lo conocí, mucho tiempo atrás. Después estuvo creo que por los lados de Matecaña, por este colegio de Nacederos, luego estuvo en el Ormanza y ahora está actualmente en Ciudadela Cuba Norte, en este momento. PREGUNTADO. Sírvase decirnos don Carlos Arturo, a usted por que le consta que ha estado en todas esas instituciones educativas.? CONTESTO: Me consta porque a raíz que lo conozco hace tiempo, cuando fue celador en Ciudadela Cuba hace alrededor, creo 10 años atrás, más o menos, después en sus traslados ha habido movimiento, porque hay otro trabajador, hermano de él, en la escuela donde estoy yo en este momento, que es Naranjito, que el señor se llama Héctor William Sánchez, entonces me ha tenido como al tanto de su recorrido y ahora que regreso nuevamente a Ciudadela Cuba. PREGUNTADO: Usted ha laborado o ha sido compañero en alguna institución educativa con el señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt.? CONTESTO: Si, en este momento, casi que soy jefe inmediato, porque el esta en este momento en la subsede Naranjito, y yo soy el Coordinador de la subsede Naranjito. PREGUNTADO: Y anteriormente, en el año 2016 y antes, usted ha sido compañero de trabajo de él.? CONTESTO: El estuvo una época en Ciudadela Cuba, uno años atrás, de Ciudadela Cuba salió, ahí fue compañero, porque ahí también fue jefe inmediato, yo era coordinador de la parte central, el rector era Francisco Javier Salazar, yo como coordinador lo tenía ahí pues en la mira, cierto, porque estaba en la misma institución. Y ahora que estoy en coordinación en Naranjito, de Ciudadela Cuba, el estuvo en Ciudadela Cuba y en este momento lo mandaron para Naranjito, hace alrededor de 15 días. PREGUNTADO: Sírvale decirle al despacho, que cuando usted dijo que era jefe inmediato del señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt, a que se refiere y porque lo dice.? CONTESTO: Porque cuando uno esta en una subsede, el rector por lo regular no puede estar continuamente, que es el jefe inmediato de él en la institución. Cuando lo mandan a ellos a una subsede, pasa el coordinador a tener prácticamente relación directa con ellos; ósea, a tener horarios, que acaten con cumplimiento, con los deberes que hay que hacer en la institución, prácticamente en este momento, inclusive, soy el jefe inmediato de él. PREGUNTADO: Sírvale decir a esta audiencia, desde cuando le consta a usted, que el señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt ha estado vinculado con el municipio de Pereira. Desde cuándo empezó, desde cuándo y hasta cuándo.? CONTESTO: Pues en la actualidad está. Y desde cuándo, pues yo llevo alrededor de doce años en Ciudadela Cuba, y el estuvo allá, me es difícil recordar en este momento, fecha exacta, pero si se que 6 años más atrás estuvo por allá también. PREGUNTADO: Sírvase decirnos si el señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt, cuando estuvo en la Ciudadela Cuba, anteriormente, y en la actualidad, él tenía que cumplir un horario, en el desarrollo de su labor.? CONTESTO: Todos, él y cualquier conserje debe cumplir horarios. Tiene horarios determinados, los alternan, una semana les toca de seis de la mañana a seis de la tarde, la siguiente semana les toca de seis de la tarde a seis de la mañana, y así van sucesivamente. No perdón, dos días de seis a seis, de seis de la mañana a seis de la tarde, dos días seguidos, se van, cuando regresan al otro día, de seis de la tarde a seis de la mañana, dos días más, se le da dos días de descanso, y vuelven a reintegrarse a las seis de la mañana. PREGUNTADO:

Sírvase decirnos que función ha cumplido el señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt en todos estos años que ha estado vinculado con las instituciones educativas del municipio de Pereira.? CONTESTO: En las que tiene que ver con la Ciudadela Cuba, de vigilancia o conserje, ahora lo llaman conserje, antiguamente vigilantes. Y dentro de su función de vigilantes, pues ellos colaboran mucho, les toca estar pendientes de la puerta, del teléfono, de sacar las basuras a la hora que es cuando pasa los carros de basura, esas son las funciones mas que todo de ellos. PREGUNTADO: Sírvase decirnos si a usted le consta que durante todo este lapso que ha estado el señor Ricardo Antonio Sánchez con el municipio de Pereira haya tenido interrupciones en la prestación del servicio, mientras se legaliza un contrato o una situación de esas.? CONTESTO: No puedo asegurarlo porque lo tenía de presente en ciudadela, sé que después paso a Ormanza (sic) y como con estas cuestiones de contratos con el municipio, a veces los dejan, dos o tres meses por fuera, no sé. Sinceramente esa parte no la puedo afirmar. Se que estuvo allá, que ha estado en varios colegios y que esta en este momento, hace alrededor de un año, en Ciudadela Cuba, cierto, pero ya que sea directo directo (sic) no puedo reafirmarlo, porque no he tenido la vista continua de él. PREGUNTADO: Sírvase decirnos como ha sido la vinculación del señor Ricardo Antonio Sánchez o bajo que modalidad de contrato.? CONTESTO: La alcaldía contrata es contratista. Los celadores los contratan no se si a través de, creo que a través directamente de la alcaldía. Las aseadoras las manejan por una empresa diferente, pero ellos son directamente por la alcaldía. Y él es directamente por la alcaldía, porque este año, la alcaldía está contratando a través de una empresa a otros, pero él no, el quedó directamente por la alcaldía. PREGUNTADO: Que tipo de contrato sabe usted que firmó él, es decir, me refiero si es laboral, si es prestación de servicios. CONTESTO: No sé sinceramente, laboral. No sé sinceramente como los contratan a ellos, porque es que, ese chicharrón es cada año, empieza, ellos antes les dan como tres meses, después seis meses, a veces los contratan máximo por diez meses, pero les renuevan el contrato continuamente. PREGUNTADO: Usted que ha dicho ser jefe inmediato del señor Ricardo Antonio Sánchez, cuando don Ricardo tiene que hacer una diligencia de tipo personal o una cita médica, que procedimiento debe agotar y quien lo reemplaza.? CONTESTO: La verdad es que en el tiempo que yo lo he tenido, el señor es muy cumplido (…). Para citas médicas, sinceramente en este trayecto, directamente no me ha pedido permiso ni nada en estas cuestiones. El señor es muy cumplido, no es que exagere, pero es demasiado cumplido. PREGUNTADO: Estos conserjes o vigilantes, les dan algún tipo de dotación, digo algún tipo de uniforme para prestar su servicio o no.? CONTESTO: Lamentablemente no. En ese sentido creo que todos son muy desprotegidos. Es lo que el colegio de pronto les dote, de pronto unas botas, de pronto una linterna, pero de resto mandan los señores como si nada. PREGUNTADO: Ellos tiene algún tipo de armamento, algún tipo para ejercer esa función de celaduría. CONTESTO: No. De vez en cuanto tienen un machetico por ahí escondido, pero de resto nada. (…).”

De la anterior declaración, se observa que el testigo fungió como jefe directo del demandante, en la Ciudadela Cuba, por ostentar la condición de Directivo Coordinador Docente, quien corroboró que desempeñó las funciones de vigilancia y conserjería al servicio de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, cumplían turnos de 12 horas, realizaban labores de aseo, vigilancia y servicios generales, es decir, declaró sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que prestó los servicios, los cuales aportan credibilidad a los hechos en que se funda la demanda.

Luego, al realizar un análisis integral de la prueba aportada al proceso, se puede llegar a la conclusión que las funciones desarrolladas no eran esporádicas o temporales, por el contrario, hacen parte del giro ordinario de la entidad territorial, desarrollando turnos asignados, cumplía horario de trabajo, ejercía las funciones al interior de los centros educativos, realizaba las funciones de vigilancia y conserjería, que permite concluir que en el caso particular, la entidad trató de ocultar una verdadera relación laboral, con el propósito de no reconocer los derechos y garantías labores que la Constitución y la ley le otorgan a esa especial relación, detrás de la suscripción de diferentes contratos de prestación de servicios, por lo que el señor Ricardo Antonio Sánchez Betancourt reunió los elementos de subordinación, dependencia, cumplir con un horario establecido, la prestación personal del servicio y una remuneración como contraprestación a las funciones ejecutadas, lo cual está acompasado con la permanente necesidad del servicio prestado y que hacen parte del giro ordinario de la entidad territorial demandada, lo que permite concluir, que en este caso se tendrá que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por la entidad demandada, no son suficientes para modificar la decisión adoptada por el a quo, motivo por el cual se confirmará la sentencia apelada en cuanto a la declaratoria del contrato realidad se refiere.

Esta Sección ha establecido que, la figura del contrato realidad es aplicable en aquellos eventos en los que se logra probar la continua prestación de los servicios personales remunerados “propios de la actividad misional de la entidad contratante”, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales, pues al desarrollarse en cumplimiento de órdenes directas de sus superiores, es claro que se desvanece la figura de la coordinación y por ende se desvirtúa la autonomía e independencia con la que se presta el servicio.

Así las cosas, es incuestionable el hecho de que la ejecución del objeto convenido no se hizo de manera independiente y autónoma como corresponde a una relación de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató de una relación en la que la labor asignada se cumplió bajo los condicionamientos fijados por el municipio de Pereira, lo que asimila dicha relación a una de carácter laboral, donde se asignaron responsabilidades indispensables en el funcionamiento de la entidad.

Ahora bien, como la sentencia de primera instancia también fue recurrida por la parte demandante, la Sala procede a analizar los argumentos presentados con el objeto de establecer si era procedente declarar la prescripción extintiva del derecho de los períodos comprendido desde el 1 de febrero al 1 de marzo de 2008; del 6 de marzo al 31 de diciembre de 2008, del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2010, del 1 de enero al 7 de octubre de 2010, del 8 de octubre al 11 de diciembre de 2010 y del 20 al 31 de diciembre de 2010, conforme lo realizó el a quo.

Encontrado probado que es procedente la declaratoria de la relación laboral conforme se dejó establecido en líneas anteriores, será necesario analizar lo relacionado con los extremos temporales de la relación laboral reconocida y la prescripción de algunos periodos de labores.

Con ese propósito, iniciaremos por resolver lo referente a la prescripción de las prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la declaratoria del reconocimiento del contrato realidad.

Oportuno es entonces, traer a colación lo manifestado por el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, en donde se establece el término de tres años para aplicar la prescripción extintiva de los derechos prestacionales, que deberán contarse a partir de la finalización de cada contrato, a menos que haya continuidad de estos, de conformidad con lo estimado en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, que erige:

“Artículo 10º.- Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad (…)”. (Negrilla fuera de texto).

Adicionalmente, haremos uso de las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, donde dispuso:

“(…)

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales (…)”. (Subrayado fuera de texto)

Y más adelante estableció, las siguientes reglas jurisprudenciales:

“(…)

i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual.

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.

iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo laboral).

vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador.

De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho (…).”

Conforme con lo anterior, es primordial examinar los contratos de prestación de servicios celebrados con el municipio de Pereira, entre el 3 de mayo de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2016, con el propósito de aclarar si hubo solución de continuidad en la relación, y finalmente establecer si se debe aplicar la prescripción de algunas de las prestaciones sociales reclamadas, conforme lo realizó en la sentencia objeto de apelación.

Bajo esa perspectiva, se pudo establecer que, entre diciembre de 2010 al 24 de junio de 2011, la relación entre las partes tuvo una interrupción de 5 meses y 23 días, según se observa en el cuadro relacionado en los hechos probados, con lo que se puede afirmar que hubo solución de continuidad en la relación durante esta temporada, conforme lo encontró probado el Tribunal.

Por lo tanto, al verificar que la solicitud del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 20 de febrero de 2017, encontramos que todas las prestaciones sociales anteriores al periodo del 24 de junio de 2011 se encuentran prescritas, por no haber sido reclamadas dentro del término de los tres (3) años que la ley permite, siempre teniendo en cuenta que se deberán liquidar excluyendo las respetivas interrupciones entre periodos contractuales, de tal manera que a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los emolumentos prestacionales que se encuentran por fuera de este término, y solo se podrá reclamar lo debido entre el 24 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016, tal y como lo realizó el a quo en la sentencia objeto de apelación.

No obstante lo argüido, se aplicará la tesis planteada por la Sala de Sección en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, en lo que se refiere a la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, motivo por el que las entidades accionadas deberán tomar todos los interregnos comprendidos entre el 1 de febrero de 2008 y el 31 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta la interrupción, el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante, mes a mes y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista (si los hubo) y los que se debieron efectuar, para cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, conforme se estableció en la sentencia recurrida.

También la parte demandante alegó no estar de acuerdo respecto a la negativa en el reconocimiento y pago de las horas extras diurnas y nocturnas, en la sentencia de primera instancia.

Al respecto, esta Sala mediante sentencia del 6 de octubre de 2016, al invocar las disposiciones del artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, sobre otros factores que constituyen salario, estableció que “tal regulación tiene como destinatarios a los empleados públicos, condición de la cual carece el actor y por la que no es posible admitir que estuvo sujeto a la jornada ordinaria laboral prevista en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, lo que excluye la posibilidad de reconocimiento y pago del trabajo suplementario”. Y, además, conforme a las previsiones del literal b) del artículo 36 ibidem, el “trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse”, lo cual no se demuestra en el proceso. Conforme con lo anterior, la calidad de empleado público se otorga por la vinculación generada en el nombramiento o elección y su correspondiente posesión, sin que sobrevenga por el eventual reconocimiento de una relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios, motivo por el cual no es viable acceder al reconocimiento del trabajo suplementario y recargos solicitado por el demandante en el recurso de alzada.

De otro lado, en relación con la devolución de los aportes efectuados por el demandante a salud y pensión, esta Corporación ha sostenido que esos recursos del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, motivo por el cual no es posible que se entreguen directamente al interesado, razón suficiente para no disponer el reembolso por los mencionados conceptos.

Por último, no hay lugar a acceder a la sanción moratoria pretendida, en la medida en que la obligación de pagar las prestaciones sociales, surge con la presente sentencia, conforme lo consideró el a quo en la sentencia objeto de recurso.

III. DECISIÓN

Atendiendo la normatividad en cita y el acervo probatorio, la Sala concluye que la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda será confirmada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia del veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda promovida por el señor RICARDO ANTONIO SÁNCHEZ BETANCOURT en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016. Corte Constitucional. Sentencia del 19 de marzo de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara. Ibidem. Consejo de Estado, Sala Plena, radicación IJ 0039-01, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Demandante: María Zulay Ramírez Orozco. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005, radicación Nro. 68001-23-15-000-1998-01445-01, referencia Nro. 02990-05, actor: Mónica María Herrera Vega, demandado: Municipio de Floridablanca, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sentencia de 15 de Junio de 2006, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, radicación No. 2603-05, C.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, en esta ocasión se expuso que: “cuando existe contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional”.(…)
“En consecuencia, se reconocerá una indemnización por las prestaciones sociales dejadas de percibir, para cuya liquidación se tomará como base el valor del respectivo contrato u orden de prestación de servicios”. Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. 3074-05. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 27 de febrero de 2014. Rad. 1994-13. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E). ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio. 2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. ARTICULO 24. PRESUNCION. <Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente>. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: William Hernández Gómez, Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018), radicación número: 08001-23-33-000-2012-00161-01(3809-14), actor: Piedad del Carmen González Mendoza, demandado: Municipio de Tubará (Atlántico), medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. Respecto de la oportunidad a partir de la cual debe contabilizarse el aludido interregno, es del caso interpretar los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en armonía con el mandato contenido en el artículo 12 (numeral 2) del convenio 95 de la OIT, de acuerdo con el cual los ajustes finales de los salarios debidos tienen lugar desde la terminación del nexo contractual con el empleador, por cuanto es desde ese momento en que se podrá demostrar que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral con el Estado (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación) y, en consecuencia, reclamar el pago de las prestaciones a las que tendría derecho de comprobarse ese vínculo, todo lo anterior en virtud de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, así como los derechos constitucionales al trabajo en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Demandante: Lucinda María Cordero Causil. Radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de octubre de 2016, expediente 66001-23-33-000-2013-00091-01(0237-14), Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Actor: Miguel Ángel Castaño Gallego. Decreto 1042 de 1978, artículo 42. «Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios».

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