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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00733-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00733-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Veintisiete (27) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda, conforme a las consideraciones consignadas en la parte motiva de este proveído. 17 Número interno: 680-2025 Demandante: Miguel Ángel Suárez González Demandada: Defensoría del Pueblo SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00733-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00733-01(0680-2025)1
Demandante: Miguel Ángel Suárez González
Demandada: Defensoría del Pueblo
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Relación laboral encubierta- contratos de
Tema:
prestación de servicios – defensor público
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la
sentencia del Veintisiete (27) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. El señor Miguel Ángel Suárez González, actuando en su propio nombre por ser

abogado inscrito, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA y solicitó la nulidad
del oficio del 27 de mayo de 2019, por medio del cual la Defensoría del Pueblo le negó la
existencia de la relación laboral y el reconocimiento y pago de los créditos laborales.

2. A título de restablecimiento del derecho, pretende: i) declaración de la existencia de la

relación laboral encubierta desde el 15 de septiembre de 2003 hasta el 31 de marzo de
2018, cuya terminación fue injusta; ii) el pago de las cesantías, los intereses a las

1
Expediente electrónico
2 Expediente digital tribunal de origen, archivo 0001

2

Número interno: 680-2025
Demandante: Miguel Ángel Suárez González
Demandada: Defensoría del Pueblo

cesantías, la primas y vacaciones; iii) indemnización por despido injusto consagrada en
el artículo 64 del CST; iv) indemnización moratoria dispuesta en el artículo 65 del CST;
v) el reembolso de lo descontado por concepto de retención en la fuente en los 17
contratos; vi) la devolución de lo pagado por pólizas, gastos de publicación y demás, en
todos los contratos; vii) reembolso de la diferencia de lo pagado por seguridad social y,
viii) condena en costas y agencias en derecho. Como pretensión subsidiaria solicitó el
reintegro al cargo y de no ser posible se condene a la entidad demandada al
reconocimiento y pago de la pensión sanción de que trata el artículo 133 de la Ley 100
de 1993.

1.1.2. Hechos relevantes

3. Relató el actor que para el año 2003 se presentó a una convocatoria en la Defensoría

del Pueblo en la que resultó seleccionado y a partir de allí surgió una relación laboral que
permaneció por el término de 14 años, 7 meses y 15 días, a través de 17 contratos de
prestación de servicios en la regional Atlántico.

4. Durante toda la relación laboral le correspondió asumir en su totalidad la seguridad
social en salud, pensiones y riegos laborales, desempeñándose primero en el programa
casa de justicia, luego en civil-familia, alternando con responsabilidad penal para
adolescentes, pero siempre en forma ininterrumpida.

5. Así mismo lo obligaron a adelantar más de 20 cursos de capacitación que no eran

optativos, en la medida que el no hacerlos incidía en la renovación del siguiente contrato.

6. Desarrolló la labor encomendada en forma personal los cinco días de la semana y la
última remuneración mensual fue de $4.120.000 que recibía por transferencia bancaria
dentro de los primeros 15 días de cada vencimiento.

7. En lo que tiene que ver con la subordinación, adujo que la labor la desarrolló bajo la
jefatura exclusiva del defensor regional y los coordinadores de gestión y de barra
académica, cumpliendo un turno semanal de atención a los usuarios con un horario
asignado por la Defensoría del Pueblo que era modificado cada año, de obligatorio
cumplimiento so pena de no renovación del contrato. Además, sus actividades las ejerció
con la dotación de la entidad de elementos como computador, escritorio, gorras,
chalecos, credenciales y fichas de recepción al usuario.

3

Número interno: 680-2025
Demandante: Miguel Ángel Suárez González
Demandada: Defensoría del Pueblo

8. Los procesos que adelantaba no los podía escoger él mismo, sino que lo hacía la
Defensoría y eran de forzosa aceptación. Además, cumplió obligaciones como
divulgación de derechos humanos, permanecer siempre disponible para cumplir cualquier
turno, asistir presencialmente a la barra académica semanal y a recibir el reparto o
asignaciones, cumplir turnos de vigilancia en las comisiones electorales y en otras
actuaciones, dictar cursos pedagógicos a los padres de adolescentes infractores,
conforme a la Ley 1106 de 2006.

9. Si se ausentaba o retardaba debía pedir excusas al coordinador de barra o de gestión,
según el caso, en general estaba sometido a las directrices de ese funcionario en relación
con la programación de su agenda y en varias oportunidades fue comisionado para
representar a la entidad en asuntos de interés general. Así mismo, no podía disponer con
autonomía sobre las audiencias por cuanto recibía instrucciones al respecto, amén de
que no podía delegarlas.

10. Para el 31 de marzo de 2018 la Defensoría no renovó su contrato sin motivación
alguna, por lo que presentó reclamación administrativa el 7 de diciembre de ese año,
recibida el día 11 siguiente, la cual fue respondida negativamente por la responsable del
grupo de registro y selección de operadores de la dirección nacional, aduciendo que los
contratos de prestación de servicios no generan las prestaciones reclamadas por no ser
de índole laboral sino que se rigen por la Ley 80 de 1993, además de las restricciones
contempladas en el artículo 26 de la Ley 941 de 2005.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

11. Invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 48, 53 y 209 de la

Constitución Nacional; Ley 80 de 1993, artículo 32; Ley 100 de 1993, artículos 15, 17, 18,
20, 22, 23, 128, 133, 157, 161 y 204; CST, artículos 64 y 64 y Decreto 1950 de 1973,
artículo 7.

12. Aunque no le endilgó cargos directos al acto administrativo demandado en la forma
prevista por el artículo 137 del CPACA, de su concepto de violación se puede extraer que
se trata de quebrantamiento a las normas en que debía fundarse, toda vez que, en su
sentir, la Defensoría del Pueblo utiliza una nómina paralela al abusar del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 vinculando abogados bajo la figura de contrato de prestación de servicios

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Número interno: 680-2025
Demandante: Miguel Ángel Suárez González
Demandada: Defensoría del Pueblo

o mal llamados defensores públicos, pero que ejercen las labores y actividades que se
encuentran dentro del giro ordinario de las encomendadas a la entidad por el artículo 282
de la Constitución.

13. Además la Defensoría desnaturalizó la figura del contrato de prestación de servicios
consagrada en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pues disfrazó una verdadera relación
laboral con su vínculo que perduró por más de 14 años ininterrumpidos.

1.2. Contestación de la demanda3

14. En su réplica la Defensoría del Pueblo se opuso a las pretensiones de la demanda y

sostuvo que en todos los contratos el demandante firmó la cláusula de exclusión de la
relación laboral, según la cual, el contratista prestará sus servicios con autonomía técnica
y administrativa sin exclusividad, por lo que no existirá vinculación de tipo laboral ni se
generan prestaciones sociales ni ninguna otra.

15. Aseveró que es falso que las actividades hayan sido ininterrumpidas por cuanto de
un contrato a otro transcurrieron días y hasta meses y cada uno fue independiente,
temporal y excepcional. Por otro lado, no es cierto que se le haya impuesto
capacitaciones obligatorias sino actividades de tipo transversal que interesaban a la
entidad. Tampoco es cierto que las labores las haya adelantado sin autonomía, por el
contrario, la Defensoría no tenía injerencia en el trámite de los procesos que eran de
acuerdo a sus capacidades profesionales que lo llevaron a celebrar los contratos que
nunca redarguyó durante más de 14 años.

16. Propuso las excepciones que denominó ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos

que permitan la prosperidad de las pretensiones, inexistencia del derecho y de la
obligación y ausencia de vínculo de carácter laboral.

1.3. La sentencia de primera instancia4

17. El Tribunal Administrativo del Atlántico, luego de apoyarse en providencias de esta

Corporación y de la Corte Constitucional, mediante sentencia proferida el 27 de
septiembre de 2024, denegó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

3 Expediente electrónico tribunal de origen, archivo 05.4
4
Actuaciones del tribunal de origen, archivo 0025

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Demandante: Miguel Ángel Suárez González
Demandada: Defensoría del Pueblo

18. Tras relacionar en un cuadro los 17 contratos de prestación de servicios profesionales
de abogado para ejercer como defensor público que halló probados, como sustento de
su decisión, el a quo encontró demostrada la relación contractual con escasas
interrupciones entre los años 2003 y 2018 y la remuneración como retribución o
contraprestación.

19. En lo que tiene que ver con la subordinación, la sentencia de primera instancia explicó
que de las pruebas documentales y testimoniales arrimadas al proceso, no se logró
demostrar, pues el hecho de tener que presentar informes de gestión, recibir correos
electrónicos y asistir a cursos de capacitación o actos académicos, no significa
sometimiento o dependencia, sino que son quehaceres propios de la actividad contractual
y, dada la relevancia de la defensa técnica ejercida por la entidad demandada, hacen
parte del sistema nacional de defensa pública regulada por la ley.

1.4. Recurso de apelación

20. En varios literales condensó la parte demandante5 los reparos a la sentencia de
primera instancia así: a) desconocimiento del precedente judicial del “contrato realidad”
(se deja así porque es el dicho del apelante) (esta sala ha acudido a la expresión: relación
laboral encubierta) del Consejo de Estado, puntualmente la sentencia SUJ-025-CE-S2-
2021 del 9 de septiembre de 2021, por aplicación indebida o por omisión en su aplicación;
b) no comprender los términos de subordinación o coordinación según el desarrollo
sistemático normal del día a día en la Defensoría; c) defecto fáctico por indebida
valoración probatoria tanto documental como testimonial; d) indebida apreciación de las
pruebas relacionadas con las funciones desempeñadas y e) no haber aplicado el principio
de favorabilidad o in dubio pro operario.

21. Precisó que el tribunal sí examinó la prueba documental y testimonial recaudada, pero
de manera irrazonable le restó eficacia probatoria, aplicó un precedente judicial de los
años 1997 y 2001, o sea no vigente y desconoció el actual sin esgrimir un motivo
suficiente para ello.

22. En general su inconformidad la basó en que el tribunal no declaró probada la

5
Samai, actuaciones del tribunal de origen, archivo 0028

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Demandante: Miguel Ángel Suárez González
Demandada: Defensoría del Pueblo

subordinación que, en su sentir, subyace en los contratos de prestación de servicios que
celebró con la Defensoría del Pueblo, desconocimiento que se dio por falta de valoración
de la prueba documental y testimonial.

23. Solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda
a las pretensiones de la demanda.

1.5. Trámite de segunda instancia

24. Por medio de auto del 30 de enero de Dos Mil Veintiséis (2026)6, el consejero ponente
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral
5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de
2011, no fue necesario surtir traslado para alegaciones.

25. El Agente del Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

26. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)7, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

27. Conforme a los reproches exhibidos en el recurso, corresponde a la Sala dilucidar si
efectivamente se demostró la existencia de una relación laboral encubierta en contratos
de prestación de servicios, a partir de la debida valoración probatoria por parte del A-

6
Samai - índice 00004.
7
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».

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Número interno: 680-2025
Demandante: Miguel Ángel Suárez González
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quo y, si aplicó en debida forma el precedente judicial. Conforme a ello, se deberá
establecer si hay lugar a la revocatoria de la sentencia apelada y, en su caso, acceder
a lo pretendido por el demandante.

28. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:

2.3. Marco normativo; 2.4. Pruebas recaudadas; 2.5 Caso concreto; 2.6 Costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la existencia de una relación laboral
encubierta y/o subyacente

29. Respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en
su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

30. Bajo los términos legales aducidos, el contrato de prestación de servicios es aquel
por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y no
admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar
con autonomía e independencia conforme a los alcances del contrato y de la ley
contractual.

31. Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta» y, «en ningún caso […] generan relación
laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la

Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de
prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de
servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de
la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración
como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la
actividad independiente desarrollada puede provenir de una persona jurídica con la que no
existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de

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Número interno: 680-2025
Demandante: Miguel Ángel Suárez González
Demandada: Defensoría del Pueblo

impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de
servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera
que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles
tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia
del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma
acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se
acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por
parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con
respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo
para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de
servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al
contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el
pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contr ato de trabajo,
sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato
respectivo.» -sic-

32. Por consiguiente, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo
que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de los trabajadores.

33. En otras palabras, la denominada relación laboral encubierta aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios
de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes
y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto
de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación
propia de las relaciones laborales8 y, para reforzar su tesis, el interesado puede valerse
de los criterios de la permanencia del empleo para constatar si se está encubriendo una
auténtica relación laboral9.

8 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011,
expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
9 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-040 de 2016.

9

Número interno: 680-2025
Demandante: Miguel Ángel Suárez González
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34. En el mismo sentido, la Subsección B de esta Sección Segunda 10 recordó que (i) la
subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo y,
(ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, esto es, la prolongación
en el tiempo; sumado a que la labor sea inherente a la entidad y, en algunos casos, la
equidad o similitud que es el parámetro de comparación con los demás empleados de
planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia para desentrañar de la
apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral.

35. Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples oportunidades,
consolidando así una línea jurisprudencial uniforme en torno a la materia. En
consecuencia, será con fundamento en dicho marco normativo y jurisprudencial que se
desarrollará el análisis del presente asunto11.

36. Finalmente, es preciso señalar que mediante sentencia del 15 de febrero de 2024 12,
esta Subsección reiteró en el contexto del contrato realidad las siguientes premisas:

No es procedente la devolución de los aportes efectuados a salud y pensión, por cuanto «esos
recursos del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines
específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, motivo por el cual no es posible
que se entreguen directamente al interesado, razón suficiente para no disponer el reembolso por
los mencionados conceptos.»13

La sanción moratoria por no consignación oportuna del auxilio, en estos casos no aplica por
cuanto la obligación surge a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la existencia de
un contrato realidad. La misma consideración opera respecto a la indemnización moratoria
regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo 14.

2.4 Pruebas recaudadas

37. Al plenario se allegaron las siguientes pruebas relevantes para la decisión:

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente:
81001-23-33-000-2012-00020-01 (316-2014).
11Sección Segunda. Subsección B. CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera sentencias identificadas con

los radicados internos 0199-2023, 2164-2023, 3767-2023, 4845-2023, 7292-2023, entre otros.
12 Sección Segunda- Subsección B consejero ponente: César Palomino Cortés, 15 de febrero de 2024.

Rad. 05001-23-33-000-2016-01454-01 No. Interno: 1056 – 2023 (Expediente híbrido)
13 Radicación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021. número: 66001-23-33-000-2017-00518-

01(5609-19) del 13 de agosto de 2021
14 Radicación número: 13001-23-33-000-2013-00639-01(1548-15), del 18 de noviembre de 2021.

10

Número interno: 680-2025
Demandante: Miguel Ángel Suárez González
Demandada: Defensoría del Pueblo

37.1 Contratos de prestación de servicios celebrados por el actor con la entidad
demandada, tal como se relacionan a continuación:15

15 Archivo 05.7 expediente digital tribunal de origen

11

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Demandante: Miguel Ángel Suárez González
Demandada: Defensoría del Pueblo

37.2 Dichos contratos fueron certificados por la responsable del grupo de registro y
selección de operadores de la Defensoría del Pueblo y allí se consignó que el
demandante, durante el desarrollo de los mismos, ejerció como defensor público y sus
últimos honorarios mensuales ascendieron a $4.120.000.16

37.3 Interrogatorio del demandante Miguel Ángel Suarez González y declaraciones de
Gloria Castaño y Moisés de la Cruz17.

37.3.1 El actor en su intervención narró que la subordinación con la Defensoría del Pueblo
se presentó desde el inicio de los contratos de prestación de servicios, puntualmente por
el trato que le prodigaron los coordinadores. Además, le correspondió tramitar toda la
documentación, cumplir turnos de atención al público, diligenciar formatos y fichas, rendir
informes y fue comisionado para dictar cursos de formación a los padres de los menores
infractores. Enfatizó que no litigaba en procesos independientes y tardó más de 14 años
para demandar toda vez que necesitaba de los contratos a fin de obtener recursos para
su sostenimiento y el de su familia.

37.3.2 La señora Gloria Castaño adujo que se desempeñó como asesora grado 17 en la
Defensoría del Pueblo Regional Atlántico desde 1994 hasta 2009, coincidiendo durante
ese período con el del demandante, al que, por los contratos de prestación de servicios,
le correspondía asistir procesos de civil-familia, atender público dos veces por semana,
dictar cursos de derechos humanos, portar los distintivos o emblemas de la Defensoría
como chalecos, gorras y carnet, presentar informes en unos formatos diseñados por la
entidad y asistir a la barra académica debidamente programada. La estrategia de defensa
no se la imponían, no suscribió cláusula de exclusividad y podía llevar procesos en forma
independiente.

37.3.3 El señor Moisés de la Cruz, en su declaración, manifestó que, al igual que el
demandante, también fue defensor público en lo penal desde el año de 1994, pero el
actor se desempeñó en civil-familia y en infancia y adolescencia e ingresó por contrato
de prestación de servicios. Sin embargo, la subordinación se presentó por parte de los
coordinadores de gestión y el defensor regional por cuanto lo obligaron a cumplir turnos,

16
Archivo 05.7 expediente digital tribunal de origen
17
Identificación: 08001233300020190073300, repositorio sistema de audiencias Rama Judicial

12

Número interno: 680-2025
Demandante: Miguel Ángel Suárez González
Demandada: Defensoría del Pueblo

usar el kit de dotación como chaleco, gorra y carnet, dictar charlas de formación a los
padres de los menores infractores y a los colegios en misión de difusión y promulgación
de derechos humanos, asistir a barras académicas y rendir informes mensuales en
formato y bajo directrices de la entidad. Prácticamente permanecían como “esclavos o
absorbidos” por la Defensoría, incluso sábados y domingos.

2.5 Reclamación administrativa

38. El 7 de diciembre de 2018, a través de correo certificado Deprisa, el actor presentó
reclamación ante la Defensoría del Pueblo solicitando los mismos emolumentos laborales
aquí pretendidos18.

39. Por medio de comunicado de la entidad demandada del 27 de mayo de 2019 y
apoyándose en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 26 de la Ley 941 de 2005, negó lo
pretendido por el actor por cuanto los contratos de prestación de servicios que celebró,
no generan relación laboral alguna ni prestaciones sociales19.

2.6 Análisis del caso concreto

40. Como quedó acreditado, el abogado Miguel Ángel Suárez González celebró 17
contratos de prestación de servicios con la Defensoría del Pueblo que, según relación
anterior, se inició desde el 15 de marzo de 2003 y perduró con algunas interrupciones
hasta el 31 de marzo de 2018, recibiendo unos honorarios como remuneración, el último
por valor de $4.120.000 mensuales.

41. El Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de sentencia del 27 de septiembre
de 2024, negó las pretensiones de la demanda, tras no hallar probada la subordinación
laboral alegada por el demandante, aunque si halló demostrados los otros dos elementos
que conforman dicha relación.

42. Al discrepar de la decisión inicial, el demandante formuló recurso de apelación
solicitando su revocatoria y, en su lugar, se acceda a lo pretendido en la demanda.

18 Expediente digital tribunal de origen, archivo 01 demanda-anexos, folios 28 a 34

19 Expediente digital tribunal de origen, archivo 01 demanda-anexos, folios 37 y 38

13

Número interno: 680-2025
Demandante: Miguel Ángel Suárez González
Demandada: Defensoría del Pueblo

43. Bajo este panorama, en el presente asunto no se discuten la prestación del servicio
ni la remuneración como elementos integrantes de la relación laboral, por lo que, el punto
en discordia es la subordinación que no encontró probada el A-quo y que fue tema objeto
de apelación. En tales condiciones, la Sala centrará su atención en los motivos de
inconformidad planteados por el extremo activo del medio de control en su impugnación
de la sentencia de primera instancia.

44. Como es bien sabido, la subordinación como elemento esencial de la relación laboral
es la facultad que ostenta el empleador respecto de su trabajador o empleado, para
impartirle órdenes, directrices, instrucciones y lineamientos respecto de la calidad,
cantidad y lugar de trabajo e imponerle reglamentos, la cual, debe imperar y permanecer
por todo el tiempo en que se tenga esa condición. En el ámbito laboral administrativo,
esa potestad puede ser ejercida por los directores, jefes de dependencias o cualquier
otro funcionario delegado por otro, por la ley o el reglamento.

45. El apelante adujo que el tribunal de primera instancia sí valoró las pruebas, pero
inexplicablemente les restó eficacia probatoria en tanto no halló demostrada la
subordinación. Partiendo de esa inconformidad, la sala procede a efectuar el análisis de
lo declarado por los testigos. En primer lugar, se aprecia la declaración de la señora
Gloria Castaño, quien fue empleada de planta de la entidad demandada y fue enfática
cuando manifestó que la estrategia de defensa no le era impuesta por la entidad. Además,
adujo que conoció al demandante como contratista de prestación de servicios y, pese a
que debía rendir unos informes mensuales, asistir a barras académicas, dictar cursos y
diligenciar fichas y formatos, no suscribió una cláusula de exclusividad con la Defensoría,
pues, podía litigar en procesos independientes. En general, de su dicho no se sigue la
dependencia que pretende probar el recurrente.

46. Por otro lado, la declaración del señor Moisés de la Cruz, apreciada en conjunto
conforme a las reglas de la sana critica como son la lógica y la experiencia, es de poco
convencimiento para el operador judicial, en la medida que, aunque según su dicho no
presentó demanda similar, sí ejerció también como defensor público en la entidad
demandada y bajo la misma modalidad de contrato de prestación de servicios. Al
observarse la audiencia de pruebas albergada en el repositorio de la Rama Judicial, se
detecta el interés en las resultas del proceso, al punto que al final de su declaración, le
sugirió al magistrado sustanciador para que lo resolviera a favor del demandante. Sobre
este punto, esta subsección en varias oportunidades ha expuesto que aun cuando el

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testigo tenga demanda similar, su declaración no se descarta, sino que debe ser valorada
con mayor rigor, en conjunto con las demás probanzas, en la medida que su testimonio
puede ser útil. Sin embargo, en esta oportunidad, como antes se expuso, no es dable
inferir de su dicho la subordinación o dependencia perseguida por el actor.

47. Lo propio acontece con la intervención del demandante en su interrogatorio, en la
medida que sus respuestas no le imprimen a la Sala la certeza suficiente que le permita
considerar que las labores se desarrollaron en forma subordinada, ya que, se limitó a
manifestar que le correspondía cumplir horarios, diligenciar formatos, dictar cursos a los
padres de los menores infractores y rendir informes mensuales para acreditar el
cumplimiento de los requisitos y materializar el pago de sus honorarios periódicos. La
doctrina y la jurisprudencia de esta Sección han sido pacíficas en el sentido que esta
clase de actividades son propias de la relación contractual y de las simples labores de
coordinación no se deriva la dependencia que desea hacer ver el contradictor.

48. En efecto, se ha decantado que, pese a que el cumplimiento de horarios es indicativo
de la posible existencia de una relación laboral, también se ha dicho que ello no siempre
es suficiente en la medida que, en este caso concreto, los horarios eran solamente para
atención al público que estaba programada con antelación dos veces por semana, según
lo manifestado por la declarante Gloria Castaño, pero que, como quedó expresado en
párrafos anteriores, la estrategia de defensa no era impuesta por la entidad demandada.
Además, no suscribió cláusula de exclusividad y podía litigar en otros procesos en forma
independiente.

49.Además, la prueba documental adosada con la demanda, esto es, excusas por
inasistencia a barra de abogados, informes sobre intercambio de turnos y excusa por
haber llegado tarde a un turno de civil familia, con la cual el actor se propone probar la
subordinación como elemento esencial de la relación laboral, no es suficiente para
demostrar la fijación de horarios o de sometimiento forzado a las directrices y órdenes de
la entidad demandada, en la medida que, como se ha decantado por esta Sección,
especialmente en los radicados 0574-2022 y 4796-2024, tales actuaciones solo son
puntos de coordinación para ejercer la labor encomendada en los contratos de prestación
de servicios.

50. No puede olvidarse que la misión de la entidad demandada es:

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Demandada: Defensoría del Pueblo

“La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad
de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en
el marco del Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista, mediante las siguientes
acciones integradas:

• Promover, ejercer y divulgar los derechos humanos.
• Proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones.
• Fomentar la observancia del derecho internacional humanitario.
• Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos.
• Proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la Ley.”20

51. Sobre la base de esta misión de la entidad es que celebra los contratos de prestación
de servicios con los abogados, que denomina defensores públicos y ejercen sus labores
con independencia y autonomía, según la definición consagrada en el ordinal 3°, artículo
32 de la Ley 80 de 1993.

52. Por otro lado, la Ley 941 de 2005, por la cual se organiza el sistema nacional de
defensoría pública, en el inciso final del artículo 26, dispone que “Los contratos de prestación
de servicios profesionales especializados podrán suscribirse con cláusula de exclusividad y no dará lugar
en ningún caso a vinculación laboral con la Institución”

53. Dicha norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-307
de 2023, en la que, luego de analizar los cargos de la demanda y recordar las reglas de
la carrera administrativa, el derecho al trabajo –en relación con el contrato de prestación
de servicios- y el derecho a la igualdad, concluyó que los enunciados normativos
demandados no desconocían los artículos 13 y 125 de la Constitución y por el solo hecho
de vincular a los defensores públicos por medio de contratos de prestación de servicios,
no vulnera sus derechos.

54. Sin embargo, la referida norma debe interpretarse bajo el entendido que, pese a la
autorización legal a la Defensoría del Pueblo para celebrar contratos de prestación de
servicios con los defensores públicos, si se demuestran con prueba idónea la existencia
de los tres elementos de la relación laboral, así debe declararse judicialmente, toda vez
que el artículo 26 de la Ley 941 de 2005 trae consigo una presunción legal que admite
prueba en contrario, lo que no ocurre en el caso bajo análisis, en que, como antes se
adujo, no se demostró la subordinación o dependencia.

55. En lo referente a la otra inconformidad del apelante, concretamente el
desconocimiento del precedente judicial atinente a las relaciones laborales encubiertas,

20 www.defensoría.gov.co

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el Consejo de Estado, en la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021,
por aplicación indebida o por omisión en su aplicación, precisó lo siguiente:

“108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades o funciones
propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de abogado) no descarta, per
se, la existencia de una relación laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas
frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista sean
desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de
coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de
justificación para ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.” (se
destaca)

56. Precisamente, tras la aplicación de la citada sentencia de unificación es que tanto el
A-quo como en esta segunda instancia y acorde con el material probatorio adosado al
plenario, no se observa que los contratos de prestación de servicios celebrados por el
censor con la Defensoría del Pueblo, disfracen u oculten una verdadera relación legal y
reglamentaria, concretamente por no haberse hallada probada la subordinación.

57. Siendo así las cosas, de las pruebas recaudadas, tanto documentales como
testimoniales, no se evidencia la subordinación como elemento esencial de la relación
laboral, por lo que la sentencia de primera instancia será confirmada en su integridad.

2.7 Condena en costas

58. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, por lo que no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 para
condenarla en costas.

59. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Veintisiete (27) de Septiembre
de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
negó las pretensiones de la demanda, conforme a las consideraciones consignadas en
la parte motiva de este proveído.

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SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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