Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01485-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01485-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01485-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado :
25000-23-42-000-2019-01485-01
Nº Interno :
7292-2023
Demandante :
María Visitación Rentería Lozano
Demandada :
Empresa Social del Estado Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Contrato realidad
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 23 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección E), que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
La señora María Visitación Rentería Lozano, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para
solicitar la nulidad del Oficio No.20192100068471 del 23 de abril de 2019, mediante
el cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. negó la
existencia de una relación laboral entre las partes y el pago de las correspondientes
prestaciones laborales y sociales.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare la existencia de
una relación entre las partes desde el 20 de junio de 2012 hasta el 31 de octubre de
2016 y se condene a la demandada a: (i) pagar «las prestaciones sociales a que
tiene derecho un auxiliar de enfermería […]», como lo son las cesantías, prima de
servicios, prima de navidad, vacaciones, prima vacacional, subsidio de transporte,
subsidio familiar, dotaciones, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas
extras festivas y dominicales; ii) así como reintegrar a la demandante al empleo que
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Folios 1 a 27.
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
de Salud Occidente del Sur
ocupaba como auxiliar de enfermería; iii) al pago de la sanción moratoria por el no
pago de las cesantías conforme la Ley 50 de 1990, la indemnización por despidos
injusta causa, la sanción moratoria por la no afiliación al sistema de seguridad social,
y la sanción moratoria por el pago no oportuno de las acreencias laborales; iv) se
ordene a la entidad accionada efectuar el pago de los valores que le correspondía
asumir en calidad de empleador por concepto de seguridad social y caja de
compensación familiar, tomando como ingreso base de cotización el salario
devengado por un auxiliar de enfermería, y el reintegro a favor de la actora de los
dineros asumidos por concepto de seguridad social (salud, pensión y riesgos
laborales) y v) Todo lo anterior, indexado conforme al índice de precios al
consumidor y las costas procesales.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La señora María Visitación Rentería Lozano Batista laboró como auxiliar de
enfermería para la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente,
mediante contratos de prestación de servicios ejecutados entre el 20 de junio de
2012 al 31 de octubre de 2016 y del 1 de junio al 31 de diciembre de 2018.
La demandante durante el tiempo de servicio, cumplió con un horario de trabajo, de
lunes a viernes de 8 am a 5:00 pm, igualmente le asignaban turnos algunos días
como sábados y domingos, los cuales no eran reconocidos como horas extras o
adicionales y en condiciones de subordinación, como todas las enfermeras de la
planta de personal de la entidad.
Señaló que siempre tuvo a su cargo funciones permanentes y propias de la ESE,
prestando atención a los usuarios vinculados a ella, labores que se cumplía en
instalaciones y con herramientas de propiedad de la entidad.
Afirmó que, durante los años 2015 y 2016, le fueron asignadas actividades
diferenciales por parte de la coordinadora zonal, las cuales consistieron en levantar
cajas, cambiarlas de lugar, entre otras, y como consecuencia de ello sufrió un
accidente enfermedad laboral, por lo que fue remitida al Hospital Universitario
Méderi, y como consecuencia enviada a medicina laboral, quien determinó que
padeció de una enfermedad de origen laboral.
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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El 8 de abril de 2019, la demandante mediante petición presentada al Hospital del
Sur E.S.E, solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las
acreencias laborales adeudadas, negada a través del oficio acusado.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
De la Constitución Política, los artículos 2, 6, 13, 25, 53, 58, 90, 121, 123, 125 y 209.
Los articulos23, 24, 25, 29, 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 6 de
1945, la Ley 7 de 1979, la Ley 50 de 1990, la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003,
el Decreto 3115 de 1968, el Decreto1848 de 1969, y el Decreto 1048 de 1978.
La demandante sostuvo que el contrato de prestación de servicios no puede
enmascarar una relación laboral, toda vez que se encuentran reunidas la
subordinación, la prestación personal del servicio y su remuneración, situación que
conlleva a que la entidad pague las prestaciones reclamadas, en aplicación del
principio constitucional de primacía de la realidad sobre la forma. articulo 53
Constitución Política de Colombia.
2. Contestación de la demanda2.
La entidad demandada contestó la demanda por fuera del término legal, de modo
que no se tendrán en cuenta los argumentos allí expuestos3.
3. La sentencia de primera instancia4.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección E),
mediante sentencia proferida el 23 de junio de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda (sin condena en costas).
Antes de estudiar el fondo del asunto, discurrió nuevamente sobre la caducidad por
cuanto con la reforma de la demanda, se cambiaron varias aspectos que
modificaron la fecha de notificación del acto administrativo demandado y es así que
dijo: «[…] Con el objeto de dar claridad sobre la fecha de la notificación del acto
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Folios 119 a 124.
3 Audiencia inicial fl 156 - 157
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Folios 191 a 213.
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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demandado, se dispuso requerir a ambas partes mediante los autos del 25 de
agosto de 2021, del 11 de noviembre de 2022 y del 27 de febrero de 2023, con el
objeto de que aportaran la constancia de notificación del acto demandado, y la parte
actora rindiera un informe del porqué el cambio en la fecha de notificación, frente a
los cuales únicamente esta última se manifestó indicando que la expedición del acto
corresponde al 23 de abril de 2019, pero su notificación se llevó a cabo hasta el29
de abril de la misma anualidad en la recepción del edificio Monserrate donde para
ese momento se ubicaba la oficina del apoderado, y dado que no cuenta con la
constancia elevó una solicitud ante la empresa de seguridad para obtener copia de
la minuta libro de la recepción de la notificación.
Teniendo en cuenta que la parte demandante se notificó el oficio demandado el 29
de abril de 2019, el conteo del término de caducidad de los cuatro (4) meses se
debe realizar desde el día siguiente, es decir, desde el 30 de abril al 30 de agosto
de 2019, sin embargo, en el presente caso se radicó solicitud de conciliación el 23
de agosto de 2019, es decir, faltándole ocho (8) días para que caducara el medio
de control, por ello se suspendió el término de caducidad entre el 23 de agosto y el
11 de octubre de 2019 (cuando se hizo la conciliación), así las cosas el conteo de
dicho término faltante inicio al día siguiente de la expedición de la constancia de la
conciliación, es decir del 12 de octubre y finalizandoel19 de octubre de 2019, pero
como este día era inhábil (19 de octubre de 2019 -sábado), la demanda podía ser
radicada hasta el siguiente día hábil, es decir el 21 de octubre de 2019, y como la
misma fue presentada el 16 de octubre de la misma anualidad, se tiene que se
presentó dentro del tiempo estipulado en la ley y no operó el fenómeno en cuestión».
Después, de lo explicado en precedencia, declaró la nulidad parcial del oficio
demandado y ordenó a la E.S.E. accionada pagar a la actora: «[…] las prestaciones
sociales de carácter legal dejadas de percibir y las que tenía derecho un empleado
de planta que ejercía el cargo de auxiliar de enfermería y/o similar por el periodo
comprendido entre el 20 de junio de 2012 al 31 de octubre de 2016 y del 1 de junio
al 31 de diciembre de 2018 (salvo interrupciones) de conformidad a los honorarios
pactados en cada contrato» y calcular si existe diferencia entre los aportes a pensión
durante el lapso en que estuvo vinculada, así como los que se debieron efectuar en
calidad de empleados. El tiempo laborado deberá computarse para efectos
pensionales.
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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Señaló que era improcedente el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
extralegales y/o convencionales, negó horas extras, recargos nocturnos,
dominicales y festivos, es decir el trabajo suplementario; así como a obtener el pago
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, la dotación por no
cumplir con los requisitos, indemnización por despido injusto, reintegro retención en
la fuente, de valores correspondientes al reintegro a favor de la demandante de las
diferencias de los aportes a pensión, salud, riesgos laborales, caja de
compensación.
Reitera que el desempeño de las actividades que ejecutó la demandante no fue de
manera autónoma e independiente como Io refirió la entidad accionada, sino que se
desarrollaron conforme al quehacer diario, en armonía con otras dependencias del
área de la salud, como normalmente funciona este tipo entidades prestadoras del
servicio de salud y de atención médica. Si bien en los diversos contratos se
estableció que la demandante cumpliría con el objeto contractual de forma
independiente, es decir que no existiría subordinación alguna, así como también se
estableció contradictoriamente que no se configuraría relación laboral con la entidad
demandada, de las pruebas recaudadas se desvirtuó tal situación, pues de acuerdo
con la forma como se ejecutaron las actividades se observa de forma clara que se
configuró el elemento de la subordinación, máxime si se tiene en cuenta que es
una labor necesaria (auxiliar de enfermería) para el correcto desarrollo del objeto de
la entidad.
Quedó probado que la demandante prestó de forma personal sus servicios como
auxiliar de enfermería, recibió remuneración por sus servicios (honorarios pactados)
y prestó la labor bajo coordinación, dependencia y subordinación de los superiores
dentro de la entidad y, por tanto, se debe dar aplicación al principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades contenido en el artículo 53 en conexidad con
el artículo 228 de la Constitución Política.
Advirtió que no operó el fenómeno jurídico de la prescripción de los derechos
laborales y la reclamación administrativa se presentó el 8 de abril de 2019.
4. Los recursos de apelación.
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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4.1. La parte demandada5 pidió revocar la sentencia de primera instancia, y
manifestó que entre las partes pactaron de forma autónoma los contratos de
prestación de servicios, por lo que se establece independencia a la hora de prestar
los servicios. Igualmente se pronunció frente al acto administrativo que fue emitido
en derecho y goza de presunción de legalidad.
Señaló que durante el tiempo que existió la relación contractual con la demandante
jamás hizo un reclamo a la entidad demandada, todo ello con el firme
convencimiento, de que se actuó con la más absoluta buena fe en la relación que
tuvo con la demandante, pues siempre procedió con la creencia de que dicha
relación estaba condicionada a los términos contractuales, los cuales siempre
cumplió sin reparo alguno de su contraparte.
Afirmó que entre las partes se hicieron unos acuerdos para el cumplimiento del
contrato, existió una articulación con la entidad, ya que no sería acorde permitirle a
cada contratista que hiciera Io que a bien tenga, ,y no por ello se puede afirmar
como lo hizo el Tribunal “que las funciones desempeñadas por la demandante son
de carácter misional", pues nadie puede indicar Io contrario, sin embargo, el que el
hospital no contaba con el personal de planta suficiente, si es un indicio para crearle
la necesidad de contratar personal que apoye las labores misionales Io que es
diferente.
4.2. La accionante6 presentó recurso de apelación (parcial), en lo que atañe a la
negativa de reconocer el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, la dotación, indemnización por despido injusto, reintegro de valores
correspondientes a aportes a pensión, salud, riesgos laborales, caja de
compensación, fundamenta la petición de conformidad con los artículos 64 y 65 del
CST, por incumplimiento del contrato laboral se generan unas indemnizaciones, por
la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa e indemnización por
falta de pago, «[…] Las indemnizaciones son sanciones que castigan el mal actuar
de los empleadores frente a los trabajadores, quienes al estar en unas condiciones
de inferioridad o desfavorable, deben tener las mejores garantías laborales que
otorga el C.S.T., no son capricho del trabajador, sino que constituyen derechos que
se adquieren y deben ser protegidos y garantizados por las diferentes instancias
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Folios 221 a 225.
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Folios 227 a 234.
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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judiciales; en nuestro caso en esta primera instancia, reconocen la existencia del
contrato laboral bajo las condiciones del artículo 23 del C.S:T., reconociendo así,
las acreencias laborales que a título de restablecimiento del derecho, se condenó
a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. - Hospital del
Sur E.S.E., a pagar a la demandante María Visitación Rentería Lozano, todas y
cada una de las prestaciones sociales de carácter legal dejadas de percibir iguales
a las que tenía derecho un empleado de planta que ejercía el cargo de auxiliar de
enfermería, pero en la misma providencia niega otras pretensiones como el pago
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, la dotación,
Indemnización por despido injusto, reintegro de valores correspondientes a
aportes a pensión, salud, riesgos laborales, caja de compensación, y no se
pronuncia frente a la indemnización del articulo 65 del C.S.T […]»
5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021
Con auto de 8 de marzo de 20247, este Despacho admitió los recursos de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se
prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
25 de Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
De igual forma, esta Subsección de conformidad con la facultad concedida por el
inciso segundo del art. 328 del CGP, no tiene limitaciones para resolver el recurso
de apelación luego que fue promovido por las partes.
2.2. Problema jurídico.
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Folio 272
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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En los términos de los recursos de apelación interpuestos por la actora (parcial) y la
E.S.E. accionada, la Sala determinará si a la demandante le asiste el derecho para
reclamar de la Subred Integrada de Salud Sur occidente E.S.E. el pago de las
prestaciones sociales no devengadas y las diferencias salariales durante el tiempo
que permaneció vinculada como contratista, en aplicación del principio de «primacía
de la realidad sobre formalidades»; o, por el contrario, esos tipos de vínculo se
ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos
de subordinación y continua dependencia que alega, propios de una relación
laboral.
Para resolver el anterior problema jurídico la Sala desarrollará los siguientes temas:
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad y de las cooperativas
de trabajo asociado; 2.2.2. Hechos relevantes probados; 2.2.3. Caso concreto y
2.2.4. Alcance del restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia
de la relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad.
En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación de
servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración
o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que
no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe
actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la
ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
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[…] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó
las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral,
así:
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio,
la continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una
persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en
la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato
de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus
elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste
singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto
para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra
un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada,
no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu,
en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto
a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino,
más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del
mandato respectivo.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 19688, «[p]or el cual se modifican las
normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por una persona natural.
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Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo
y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de
la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales,
como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de
un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública
y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer
a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse
contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de
funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque
constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no
sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino
también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado
de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender
funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las
labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos
especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales
con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones
permanentes en la administración pública debe realizarse con el
personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a
la administración mediante el concurso de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
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Demandante: María Visitación Rentería Lozano
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derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la
materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata
en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de
la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales 9.
De igual manera, la subsección B de esta sección segunda 10 recordó que (i) la
subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público
el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse
durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia,
es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el
parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos
necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia
del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el
hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse
derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no
se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es
indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su
correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema
y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.
Empresas Sociales del Estado:
Como preámbulo se recuerda que el artículo 49 de la Constitución Política prevé
que la atención a la salud y saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo
del Estado, corresponde a éste [Estado]:organizar, dirigir y reglamentar estos
servicios [la salud y saneamiento ambiental]. También establecer las políticas para la
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En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de
2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
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Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-
2012-00020-01 (316-2014).
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prestación de servicio de salud por entidades privadas, y ejercer su control y
vigilancia. Los servicios de salud de organizarán en forma descentralizada por
niveles de atención.
De conformidad con los artículos 194, 195 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876
de 1994, 2.5.3.8.4.1.1. y 2.5.3.8.4.1.2 Decreto 780 de 2016 , el artículo 38-2 literal
d. , de la Ley 489 de 1998 ; los servicios de salud que son prestados en forma directa
por la Nación o por las entidades territoriales, se hace a través de las Empresas
Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso,
sometidas al régimen jurídico previsto en la ley; son parte integrante del Sistema de
Seguridad Social en Salud, y de la estructura y organización de la administración
pública.
A la luz del artículo 2º del Decreto 1876 de 1994 y 2.5.3.8.4.1, del Decreto 780 de
2016, las Empresas Sociales del Estado tienen por objeto, la prestación de servicios
de salud, entendido como un servicio público a cargo del Estado. Asimismo, la
legislación prevé:
1. Las entidades que presten servicios de salud, se clasifican atendiendo el grado
de complejidad del servicio, en primer11, segundo12 y tercer nivel. [Decreto 1760 de
1990, 2.5.3.3.2 Decreto 780 de 2016]
2.Las Empresas Sociales del Estado, en su organización comprenden tres áreas, a
saber:
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Artículo 2.5.3.3.4Administración entidades de primer nivel. Las entidades clasificadas como de primer nivel, podrán ser
administradas por los departamentos en virtud del principio de subsidiariedad conforme a las normas
vigentes.
Artículo 2.5.3.3.7Administración entidades de segundo y tercer nivel. Las entidades clasificadas como de segundo y tercer
nivel podrán ser administradas por los municipios con base en el principio de complementariedad conforme a las normas
vigentes.
12
Artículo 8° Las entidades se clasificarán como de segundo nivel si cumplen como mínimo con los siguientes criterios:
a) Frecuencia de los problemas de salud que justifiquen los servicios ofrecidos por la entidad;
b) Cobertura y atención a poblaciones de uno o varios municipios o comunas que cuenten con atención hospitalaria de primer
nivel;
c) Atención por personal profesional especializado, responsable de la prestación de los servicios;
d) Tecnología de mediana complejidad que requiere profesional especializado para su manejo, en la consulta externa,
hospitalización, urgencias y en los servicios de diagnóstico y tratamiento de patologías de mediana severidad;
e) Amplia base poblacional que cubra uno o varios entes territoriales según sus necesidades de atención;
f) Existencia de planes de desarrollo socioeconómicos en el área, para convertirse en polo de desarrollo de regiones mayores
en el país.
13
Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
de Salud Occidente del Sur
«CAPITULO II. DE LA ORGANIZACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO
Artículo 5º. Organización. Sin perjuicio de la autonomía otorgada por la
Constitución Política y la ley a las Corporaciones Administrativas para crear o
establecer las Empresas Sociales del Estado, estas se organizarán a partir de una
estructura básica que incluya tres áreas, así:
a) Dirección. Conformada por la Junta Directiva y el Gerente y tiene a su cargo
mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la Misión
y Objetivos institucionales; identificar las necesidades esenciales y las
expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la
estrategia del servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y
calidad controlando su aplicación en la gestión institucional, sin perjuicio de las
demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la entidad;
b) Atención al usuario. Es el conjunto de unidades orgánico-funcionales
encargadas de todo el proceso de producción y prestación de Servicios de Salud
con sus respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la atención
administrativa demandada por el usuario. Comprende la definición de políticas
institucionales de atención, el tipo de recursos necesarios para el efecto, las
formas y características de la atención, y la dirección y prestación del servicio;
c) De logística. Comprende las Unidades Funcionales encargadas de ejecutar, en
coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición,
manejo, utilización, optimización y control de los recursos humanos, financieros,
físicos y de información necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la
organización y, realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación.
Parágrafo. A partir de la estructura básica, las Empresas Sociales del Estado
definirán su estructura organizacional de acuerdo con las necesidades y
requerimientos de los servicios que ofrezca cada una de ellas.» [artículos 5 del
Decreto 1876 de 1994; 2.5.3.8.4.2.1 Decreto 780 de 2016]
3. «Todas» las instituciones que ofrezcan servicios de salud están obligadas a
prestar atención inicial de urgencia independientemente de la capacidad
socioeconómica de los solicitantes de este servicio. [artículos 2 del Decreto 412 de
1992, y 2.5.3.2.2 del Decreto 780 de 2016]
4.Las personas que se vinculan como servidores, a una Empresa Social del Estado
tendrán el carácter de empleados públicos o trabajadores oficiales. [ artículos 17
Decreto 1876 de 1994, 674 Decreto-Ley 1298 de 1994, 2.5.3.8.4.3.3. Decreto 780 de 2016]
5.El Decreto-Ley 785 de 2005, por medio del cual establece el sistema de
nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos
de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de
2004, entre los empleos estipula:
Nivel Directivo: Director de Hospital - Gerente empresa social del Estado
Nivel profesional: -Médico General
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
de Salud Occidente del Sur
-Médico Especialista
-Odontólogo
-Odontólogo especialista
-Profesional especializado área de salud
-Profesional universitario área de salud
-Enfermero especializado
-Enfermero
-Profesional especializado
-Profesional universitario
Nivel técnico: -Técnico Administrativo
-Técnico Área Salud
-Técnico Operativo
Nivel asistencial: Auxiliar Administrativo y Auxiliar Área Salud
El numeral 4.5. del artículo 4ºibídem estipula que el nivel asistencial comprende los
empleos «cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que
se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple
ejecución.»
2.2.2. Hechos probados
i) La accionante prestó servicios de auxiliar de enfermería, a la Empresa Social del
Estado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, a través de los
siguientes contratos de prestación de servicios13:
CONTRATOS DE OBJETO DURACIÓN
PRESTACIÓN DE
SERVICIO
CPS No. 472- Auxiliar de Desde el 20 al 31 de
2012 Enfermería julio de 2012 (1 mes y 11 días
CPS No. 1255- 2012 Auxiliar de Enfermería Desde el 1 al 31 de agosto de 2012 (1
mes)
CPS No. 1573- Auxiliar de Desde el 1 de septiembre al 31 de
2012 Enfermería octubre de 2012
13
Según contratos de prestación de servicios con sus adiciones y prórrogas y certificación emanadas de la dirección de
contratación de la ESE el 13 de agosto de 2014, 26 de julio de 2017 y 4 de diciembre de 2018, visibles en los folios 45 a 91.
15
Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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(2 meses
Adición CPS No. 1573-2012 Ibidem
Adición en valor $
Adición y prórroga Auxiliar de Prorroga en tiempo desde el 1 al 20 de
CPS No. 1573-2012 Enfermería noviembre de 2012 (20 días)
Adición en valor $
Adición y prórroga CPS No. 1573- 2012 Auxiliar de Prórroga en tiempo desde el 21 de
Adición en valor $ Enfermería noviembre al 31 de diciembre de 2012 (1
mes y 10 días
CPS No. 48-2013 Auxiliar de Desde el 1 de enero
Enfermería al 28 de febrero de 2013
(2 meses)
CPS No. 1085- 2013 Auxiliar de Desde el 1 al 31 de
Enfermería marzo de 2013 (1 mes)
CPS No. 1521-2013 Auxiliar de Desde el 1 de abril al 31 de mayo de
Enfermería 2013 (2 meses)
CPS No. 2175- 2013 Auxiliar de Desde el 4 al 30 de junio de 2013 (27
Enfermería días)
CPS No. 3224- 2013 Auxiliar de Desde el 2 de julio
Enfermería al 31 de agosto de 2013 (29 días y 1
mes)
CPS No. 3957- 2013 Auxiliar de Desde el 2 al 30 de septiembre de 2013
Enfermería (29 días
CPS No. 4419- Auxiliar de Desde el 1 al 31 de octubre 2013 (1 mes)
2013 Enfermería
CPS No. 5039- 2013 Auxiliar de Desde el 1 de noviembre
Enfermería al 31 de diciembre de
2013 (2 meses)
CPS No. 324- 2013 Auxiliar de Desde el 2 de enero al 28 de febrero de
Enfermería 2014
(1 mes y 29 días
Adición y prórroga Auxiliar de Desde el 1 marzo al 30 de abril de 2014
CPS No 324 2013 Enfermería (2 meses)
CPS No. 1422- 2014 Auxiliar de Desde el 2 de mayo
Enfermería al 30 de junio (1 mes y 29 días
Adición y prórroga CPS No. 1422- 2014 Auxiliar de Desde el 1 al 31 de julio de 2014
Enfermería
Adición y prórroga Auxiliar de Desde el 1 al 31 de agosto de 2014 (1
CPS No. 1422- 2014 Enfermería mes)
Adición y prórroga Auxiliar de Desde el 1 al 30 de septiembre de 2014
CPS No. 1422- Enfermería (1 mes)
CPS No. 2556- 2014 Auxiliar de Desde el 1 al 31 de octubre de 2014 (1
Enfermería mes)
Adición y prórroga Auxiliar de Desde el 1 al 30 de noviembre de 2014
CPS No. 2556- 2014 Enfermería (1 mes)
CPS No. 00398- 2015 Auxiliar de Desde el 2 al 16 de enero de 2015 (15
Enfermería días)
CPS No. 00841- 2015 Auxiliar de Desde el 17 de enero
Enfermería al 31 de marzo de 2015
(2 meses y 14 días
CPS No. 2023- 2015 Auxiliar de Desde el 1 de abril al 31 de agosto de
Enfermería 2015 (5 meses)
CPS No. 03028- 2015 Auxiliar de Desde el 1 de septiembre al 31 de
Enfermería octubre de 2015
(2 meses)
CPS No. 03914-2015 Auxiliar de Desde el 3 de noviembre al 31 de
Enfermería diciembre de 2015
(1 mes y 28 días)
CPS No. 0258- 2016 Auxiliar de Desde el 4 al 31 de enero de 2016 (28
Enfermería días)
CPS No. 01171- 2016 Auxiliar de Desde el 1 al 15 de febrero de 2016 (15
Enfermería días)
CPS No. 1571- Auxiliar de Desde el 16 de febrero al 31 de mayo de
2016 Enfermería 2016
(3 meses y 15 días)
CPS No 767-2016 Auxiliar de Desde el 1 de septiembre al 31 de
Enfermería octubre de 2016
16
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Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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(2 meses)
CPS No. 4359-2018 Prestar servicios de apoyo a la gestión Desde el 1 al 30 de junio de 2018 (1
administrativa y/o asistencial en el área de mes)
PIC, dentro de los diferentes procesos y
procedimientos de la entidad.
Adición y prórroga Prestar servicios de apoyo a la gestión Desde el 1 al 31 de julio de 2018
CPS No. 4359- 2018 administrativa y/o asistencial en el área de
PIC, dentro de los diferentes procesos y
procedimientos de la entidad.
Adición y prórroga Prestar servicios de apoyo a la gestión Desde el 1 al 31 de agosto de 2018
CPS No. 4359- 2018 administrativa y/o asistencial en el área de
PIC, dentro de los diferentes procesos y
procedimientos de la entidad.
Adición y prórroga Prestar servicios de apoyo a la gestión Desde el 1 septiembre al de diciembre
CPS No. 4359- 2018 administrativa y/o asistencial en el área de 2018 (4 meses)
PIC, dentro de los diferentes procesos y
procedimientos de la entidad.
Actividades Específicas:
Caracterizar, identificar y/o actualizar familias y escenarios, de los microterritorios asignados, sobre
el estándar promedio de la SOS de 9 a 10 visitas por día sin tener en cuenta para el cumplimiento.
de la meta las visitas fallidas. Apoyar el proceso de georreferenciación que de este proceso se derive.
Suministrar periódicamente a la coordinación del territorio la información de su competencia
necesaria para consolidar y diligenciar el SISPIC, instrumentos o sistemas de información (bases de
datos etc.) de acuerdo a la solicitud de la SDS-ESE
Presentar pre-auditoría y auditoria de su intervención de acuerdo a las fechas estipuladas por la
firma auditora, SDS y/o Hospital y acompañar la respuesta a las glosas parciales generadas a las
intervenciones del territorio y/o componente bajo su responsabilidad.
Diligenciar integral, oportuna y con calidad los instrumentos necesarios y requeridos para el
desarrollo de las actividades. (Ficha de caracterización, Plan Familiar, Ficha de notificación, ficha de
canalización, escala de vulnerabilidad, formato AIEPI, Formato Gestantes, Formato Sb, Formato 6
de novedades, formato traslado de fichas y otros que se requieran).
Entrega de Cronograma en formato establecido por la SDS el día 25 -de cada mes, informes de
gestión según requerimiento de la coordinación del territorio, realizar sistematización con
periodicidad mensual, bimensual, trimestral o semestral según sea el caso de acuerdo a los criterios
definidos por la SDS- ESE, en el que se relacione los avances, dificultades y logros de los diferentes
procesos que se desarrollan en el componente de los procesos de la intervención bajo su
responsabilidad. Formatos requeridos para cada intervención según lineamiento publicado en el
WIKI.
Por ser acciones de salud pública, se debe tener disponibilidad de tiempos sábados y domingos, de
acuerdo al tiempo que se defina con la comunidad y en caso de contingencia y/o emergencias en
salud pública tener disponibilidad las. 24 horas del día según se requiera.
Presentar al área de financiera, cuentas por pagar y al supervisor de la orden, informe mensual de
actividades, copia del recibo del pago mensual de los aportes al SSS (Salud, pensión y ARP), en los
porcentajes que indique la ley para tal fin.
Realizar las visitas domiciliarias identificadas, canalizadas o priorizadas por los equipos territoriales
de acuerdo a cada perfil, entre otras.
-En el medio magnético obra certificación proferida por el Profesional Especializado
de talento Humano del Hospital del Sur Empresa Social del Estado14:
14 Expediente Administrativo
17
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Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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-Obran las carpetas de cada uno de los contratos suscritos, en los cuales se aporta
hoja de vida, pago de pólizas de cumplimiento, certificado de registro presupuestal,
invitación a presentar propuesta contratación en forma directa (obligaciones del
contratista, propuesta económica, exigencias de garantía, documentación); así
como la necesidad y conveniencia de la prestación del servicio requerido.
-Certificado de la jefe de la Oficina Jurídica de la personería de Bogotá, donde
consta que la señora María Visitación Rentería Lozano no registra antecedentes
disciplinarios durante los últimos 5 años, según revisión del banco de datos que
contiene anotaciones o sanciones disciplinarias e inhabilidades que reportan
entidades distritales.
• Declaración rendida por las señoras Olga Lucia Castro Guevara y Matilde Bustos
Yepes, así como el interrogatorio de parte de la accionante declarada de oficio por
el despacho, sobre los hechos objeto de controversia15.
Las declarantes manifestaron lo siguiente: Matilde Bustos Yepes: Indicó que es
técnico en auxiliar de enfermería y que prestó sus servicios en la entidad desde el
2008 hasta el 2016; Que en la entidad conoció a la demandante quien se
desempeñó en todo los relacionado al programa de salud pública, como auxiliar de
enfermería en el PIC caracterizando a las familias de los territorios asignados,
15
Link lifesize
18
Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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identificando y priorizando la vulnerabilidad de las mismas para hacer visitas
domiciliarias (visitando jóvenes, diabéticos, personas de la tercera edad, entre
otros). Indicó que a final de mes la jefe le verificaba las visitas y daba el visto bueno
para pasarla a cuenta de cobro; el horario que cumplían como contratistas era de
7:00 a.m. a 5:00 p.m.(debían firmar una carpeta de cumplimiento) y el personal de
planta cumplían el horario de oficina, en su concepto esta era la única diferencia
entre ambos; el grupo de trabajo estaba compuesto por médicos, psicólogos,
nutricionistas, auxiliares de enfermería, odontólogos, trabajadores sociales, entre
otros; y los elementos para ejercer labores PIC fueron la chaqueta, carné, tabla
soporte de papelería, tensiómetro, glucómetro, y cuando apoyaron el PAI emplearon
las herramientas de vacunación. La accionante se encargaba de adelantar las
visitas domiciliarias asignadas por la jefe, y apoyando las jornadas de vacunación.
Igualmente, la testigo Olga Lucia Castro Guevara: señaló que conoció a la
demandante en el 2011 en el Hospital del Sur como auxiliar de enfermería, dado
que fueron compañeras de trabajo vinculadas mediante contratos de prestación de
servicios en un horario fijado por la coordinadora de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
5:00 p.m., y los fines de semana se encargaban de jornadas de vacunación, en caso
de requerir ausentarse un permiso debían pedirlo a la coordinadora. Ante la
pregunta del apoderado de la entidad accionada relacionada con manifestar si la
accionante prestó sus servicios en los años 2016 a 2018, la testigo señaló que
siempre estuvo vinculada, en un principio en el Hospital del Sur y luego a la Subred.
Sostuvo que la labor desempeñada por la actora consistió en dirigirse a las UPAS y
a los barrios de las localidades asignadas, y que los elementos necesarios fueron
suministrados por la entidad, la entidad ejercía un tipo de control del horario a través
de visitas imprevistas de otras UPAS; para el pago del contrato debían presentar un
formato de cumplimiento de meta a la coordinadora.
En el interrogatorio ordenado de oficio por el Tribunal, la señora Marta Visitacion
Rentería Lozano: Relató que en la actualidad se encuentra prestando sus servicios
en la Subred. Manifestó que entre el 2016 y el 2018 sufrió un accidente laboral y no
le renovaron los contratos de prestación de servicios, por lo que dada la precaria
situación económica se desplazó al departamento del Chocó donde vivió una
situación de desplazamiento. Señaló que se desempeñó como auxiliar de
enfermería en la entidad accionada del 2012 a 2016 y seis meses en el año 2018,
en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., algunos fines de semana, y tuvo diversos jefes
19
Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
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quienes le suministraban órdenes. Sostuvo que el accidente ocurrió cuando le
asignaron cargar unas cajas muy pesadas, y al tercer día sintió un dolor umbilical y
en la espalda, y le apareció una “bolita”, reportando tal situación a la administradora
de riesgos laborales, y fue sometida a una cirugía. Señaló que en caso de requerir
un permiso debía ser solicitado y autorizado por sus superiores, debía cumplir las
metas fijadas (jornadas de vacunación, visitas a territorios, entre otras), rindiendo
informes de cumplimiento de forma mensual, y sus compañeras eran contratistas al
igual que ella, aunque existía personal de planta.
Actuación administrativa
i) El día 8 de abril de 2019, solicitó el reconocimiento del contrato realidad que existió
entre las partes durante el 20 de junio de 2012 al 31 de octubre de 2016.
ii) A través de oficio con radicación N° 20194220077592 del 23 de abril de 2019, la
entidad dio respuesta a la petición, negando la existencia de una relación laboral
por cuanto no le es aplicable las disposiciones del código Sustantivo del trabajo y la
vinculación fue a través de contratos de prestación de servicios artículo 32 de la Ley
80 de 1993.16
2.2.3. Caso concreto
En el trámite de primera instancia se logró demostrar la prestación personal del
servicio de la señora María Visitación Rentería Lozano, al evidenciarse que realizó
labores como auxiliar en enfermería en la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente de conformidad con el objeto de los contratos, para ejercer
funciones PIC-PAI en el acompañamiento de diferentes actividades.
Respecto a la contraprestación económica, de acuerdo a los contratos de
servicios allegados, se observa que la demandante percibió unos honorarios
pactados con el Hospital en contraprestación por los servicios prestados como
auxiliar en enfermería.
Respecto de la subordinación y dependencia se configuró este elemento por
cuanto se demostró que las labores que la demandante desempeñó en la E.S.E.
16
Fl 63-65
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
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Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente eran las de auxiliar de
enfermería, funciones relacionadas a “…participar activamente en las jornadas de
salud pública (vacunación, comunitarias, institucionales, territoriales) programadas
tanto por la SDS como por el Hospital o las contempladas en el plan de acción del
territorio, diligenciar integral, oportuna y con calidad los instrumentos necesarios y
requeridos para el desarrollo de las actividades. (Ficha de caracterización, Plan
Familiar, Ficha de notificación, ficha de canalización, escala de vulnerabilidad,
formato AIEPI, Formato Gestantes, Formato Sb, Formato 6 de novedades, formato
traslado de fichas y otros que se requieran), por ser acciones de salud pública, se
debe tener disponibilidad de tiempos sábados y domingos, de acuerdo al tiempo
que se defina con la comunidad y en caso de contingencia y/o emergencias en salud
pública tener disponibilidad las 24 horas del día según se requiera,”.
Además, cumplió con el horario estipulado para el desarrollo de las actividades
asignadas de acuerdo con las necesidades del servicio y según lo establecido por
el jefe, ya que dichas funciones son propias de la entidad, y no eran meramente
temporales, teniendo en cuenta que laboró desde el 2012 al 2016, 2018, lo que
desvirtúa la autonomía e independencia con la que se prestó el servicio.
Por su parte, las testigos y la declaración del interrogatorio ratificaron lo manifestado
en la demanda en lo referente a que las funciones estaban relacionadas a temas de
salud pública como vacunas, programas de diabetes, adultos mayores, los cuales
hacen parte de la naturaleza de la entidad.
Igualmente fueron contestes en que para el cumplimiento de las labores asignadas
recibió órdenes de sus jefes, le entregaron chaqueta, carné, tabla soporte de
papelería, tensiómetro, glucómetro y otros implementos médicos, así como que se
le programaban turnos los fines de semana y debían honrar el horario estipulado.
Esta Corporación en sentencia del 21 de abril de 201617, sostuvo que la
subordinación en la función desempeñada por las enfermeras, se infiere, en tanto
no es posible hablar de autonomía cuando de ellas se trata. No obstante, señaló
que esto no impide que en algunos casos las enfermeras puedan actuar de manera
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de abril de
2016. Radicación: 13001 23 31 000 2012 00233 01 (2820-2014). M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Actor: Luz Elvira Montes
Díaz. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
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independiente, situación que deberá probar la entidad demandada a fin de
desvirtuar esta deducción. Al respecto, manifestó:
“(…) la labor de enfermera no puede desempeñarse de forma autónoma,
ya que quienes ejercen dicha profesión no pueden definir ni el lugar ni el
horario en que prestan sus servicios. Además de lo anterior, la actividad
que desarrollan no se puede suspender sin justificación pues se pone en
riesgo la prestación del servicio de salud.
Adicionalmente, se debe tener en consideración que en términos
generales les corresponde a los médicos dictar las directrices y órdenes
respecto de los cuidados especiales que requiere cada paciente, así
como establecer condiciones respecto de cómo asistirlos en todo
procedimiento médico y cómo se debe realizar el control de los pacientes
en los centros de salud. Lo anterior implica que la relación entre médicos
y enfermeras por lo general va más allá de la simple coordinación y pasa
a ser de subordinación”.
De conformidad con lo expuesto, es posible colegir que la labor de las enfermeras
por regla general se enmarca en una verdadera relación laboral, y ello es así, por
cuanto permiten el desarrollo del objeto misional de la entidad.
Así las cosas, para la Sala se encuentra probado que la prestación de los servicios
profesionales por parte de la actora en la E.S.E. demandada contó con el elemento
de la subordinación y dependencia, lo cual se desprende de los testimonios,
interrogatorio de parte y los documentos arrimados al expediente.
En este orden, desvirtuadas tanto la autonomía e independencia en la prestación
del servicio, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de
servicios, y probados los elementos de la relación laboral en el sub examine, esto
es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración y la
subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala que
la entidad demandada utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la
naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que se configura en este caso el
contrato realidad en aplicación de los principios constitucionales consagrados en los
artículos 13 y 53, en tanto la demandante atendió funciones inherentes al servicio
público a cargo de la E.S.E. de manera subordinada, en las mismas condiciones
que los demás empleados públicos de sus mismas calidades al interior de la
Entidad.
En lo atinente a la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria de
22
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existencia de la relación laboral, en la sentencia de unificación de 25 de agosto de
201618, esta Sección estimó:
[...] quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y,
en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades,
deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir
de la terminación de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica
el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la
condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos
constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad [se resalta].
Ahora bien, en la mencionada sentencia del 9 de septiembre de 202119 de la sección
segunda de esta Corporación, sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, se determinó que la existencia de
vinculaciones contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus
interrupciones, con el fin de comprobar si se presentó o no solución de continuidad
en la relación laboral declarada. En ese sentido, la Sala consideró adecuado
establecer un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal de
la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, habrá de examinar si hubo o no la ruptura del vínculo que se
reputa laboral.
En el asunto sub judice se tiene que la relación contractual sostenida entre la
demandante y la Subred data del 20 de junio de 2012 al 31 de octubre de 2016 y
del 1 de junio al 31 de diciembre de 2018, de donde se establece que tuvo una
interrupción, pero la misma no afectó puesto que la parte demandante formuló la
reclamación ante la entidad el 8 de abril de 2019, por lo que a la actora le asiste
derecho a que le sean reconocidos los emolumentos prestacionales derivados de la
totalidad de contratos de prestación de servicios suscritos con sus adiciones y
prórrogas.
En cuanto al recurso de apelación de la entidad, no le asiste razón frente al
argumento de que existía una coordinación para el adecuado cumplimiento de los
18
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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contratos suscritos, puesto que de las pruebas y declaraciones recaudadas se
establece la inexistencia de distinción entre el personal de planta y los contratistas
con labores de enfermería como la accionante, luego que cumplen iguales
funciones, pagos y horarios de turnos, de donde emerge con contundencia la
desestimación de la afirmación enrostrada por la demandada sobre la no
configuración de los elementos propios de la relación laboral (subordinación,
prestación personal y remuneración).
En este punto, merece destacarse lo expresado por los testimonios ya referidos,
comoquiera que relataron de manera amplia y detallada como la demandante
ejecutó los servicios para los cuales fue contratada, lo cual permite evidenciar la
concurrencia de los elementos que permiten estructurar una relación laboral, y
ante todo patentizan que la labor de enfermera es subordinada y dependiente
respecto del empleador, por ende, sujeta a órdenes al interior de la entidad.
En cuanto al recurso de la parte demandante, se estudiarán las prestaciones
solicitadas para determinar si tiene derecho o están conforme a la decisión del a
quo:
*La sanción moratoria cuando se declara la existencia de una relación laboral que
subyace de la relación contractual estatal bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios, en cuanto que, el reconocimiento y pago de las cesantías,
surge sólo con ocasión de la declaratoria de la relación laboral, por lo que, no podría
reclamarse la sanción moratoria luego que apenas con ocasión de la sentencia que
declara la primacía de la realidad sobre las formalidades surge la obligación a cargo
de la administración de reconocer y pagar el aludido auxilio.
En otras palabras, la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
sólo es viable en tanto las cesantías hayan sido reconocidas, y no cuando está en
litigio la declaración del derecho a percibirlas, es decir, cuando está en discusión el
derecho al reconocimiento y pago del aludido auxilio de cesantías, en consecuencia,
al no acreditarse el presupuesto necesario para que se genere la sanción como es
la mora, resulta improcedente su reconocimiento.
*Indemnización por despido sin justa causa: No procede tal reconocimiento,
porque conforme lo dispone la Ley 789 de 2002 esta indemnización se deriva de la
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
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de Salud Occidente del Sur
finalización injustificada del contrato de trabajo, y en este asunto la actora no fue
vinculada a través de dicha figura.
*Reintegro de valores correspondientes a aportes a pensión, salud, riesgos
laborales, caja de compensación se niega por cuanto: «esos recursos del sistema
integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos
y no constituyen un crédito a favor del contratista, motivo por el cual no es posible
que se entreguen directamente al interesado, razón suficiente para no disponer el
reembolso por los mencionados conceptos.»20
*La dotación: de acuerdo con el contenido del artículo 1º de la Ley 70 de 1988 21,
hay lugar a reconocer el suministro de calzado y vestido de labor, siempre que el
trabajador demuestre que su asignación básica sea inferior a dos (2) salarios
mínimos mensuales legales vigentes (Resaltado fuera del texto); sin embargo,
de acuerdo a los contratos de prestación de servicio se observa que los honorarios
cancelados fueron superiores a los 2 salarios mínimos, aunque cada contrato tuvo
su valor y fue diferente, siempre superaron el tope de los smlmv, por lo que no tiene
derecho a la reclamación. Para ilustración de lo anterior, se cita el siguiente cuadro:
AÑO VALOR SMLMV DEVENGADO EN CADA CONTRATO NORMA
*1 al 30 de junio de 2018: $1.613.395
781.242x2: *1 al 31 de julio de 2018: $1.613.395
2018 Decreto 2269 de 2017
$1.562.484 * 1 al 31 de agosto de 2018: $1.613.395
*1 septiembre 31 de diciembre de 2018: $6.453.580
*14 al 31 de enero de 2016: 1.451.240
$689.455 x2: *1 al 15 de febrero de 2016, 16 de febrero al 31 de mayo de
2016 Decreto 02552 de 2015
$1.378.910 2016: $6.588.035
*1 septiembre 31 de octubre de 2016: $ 3.320.00
*2 al 16 de enero de 2015, 17 de enero al 31 de marzo: $
4.500.000
$644.350 x2:
2015 *1 de abril al 31 de agosto de 2015: $7.774.500 Decreto 02731 de 2014
1.288.700
*1 septiembre 31 de octubre de 2015: 3.109.800
*3 de noviembre al 31 de diciembre de 2015: $ 3.109.800
*2 de enero al 28 de febrero de 2014: $ 3.000.000
*1de marzo al 30 de abril de 2014: $ 3.000.000
*2 de mayo al 30 de junio de 2014 $ 3.000.000
$616.000 x2: *1 al 31 de julio de 2014: $ 1.500.000
2014 Decreto 03068 de 2013
$1.232.00 *1 al 31 de agosto de 2014: $ 1.500.000
*1al 30 septiembre 2014: $ 1.500.000
• 1 al 31 de octubre de 2014: $ 1.500.000
• 1 al 30 noviembre 2014: $ 1.500.000
*1 de enero al 28 de febrero de 2013: $ 2.728.000
*1 al 31 de marzo de 2013: 1.449.000
$589.500 x 2: *1 de abril al 31 de mayo de 2013: Valor: 2.898.800
2013 Decreto 02738 de 2012
$1.179.000 *4 al 30 de junio de 2013: $1.304.460
*2 de julio al 31 de agosto de 2013: 2.898.800
*2 al 30 de septiembre de 2013: 1.500.000
20
Radicación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021. número: 66001-23-33-000-2017-00518-01(5609-19) del 13
de agosto de 2021
21 «los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de
tipo oficial y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4)
meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior
a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente. Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más
de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora» Resaltado fuera del texto
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Demandante: María Visitación Rentería Lozano
Demandado: Subred Integrada de Servicios
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AÑO VALOR SMLMV DEVENGADO EN CADA CONTRATO NORMA
*1 al 30 de junio de 2018: $1.613.395
781.242x2: *1 al 31 de julio de 2018: $1.613.395
2018 Decreto 2269 de 2017
$1.562.484 * 1 al 31 de agosto de 2018: $1.613.395
*1 septiembre 31 de diciembre de 2018: $6.453.580
*14 al 31 de enero de 2016: 1.451.240
$689.455 x2: *1 al 15 de febrero de 2016, 16 de febrero al 31 de mayo de
2016 Decreto 02552 de 2015
$1.378.910 2016: $6.588.035
*1 septiembre 31 de octubre de 2016: $ 3.320.00
*1 al 31 de octubre de 2013: 1.500.000
*1 de noviembre al 31 de diciembre de 2013: $3.000.000
*20 de junio al 31 de julio de 2012: $1.640.000
*1 al 31 de agosto de 2012: $1.200.000
$566.700 x 2:
2012 *1 septiembre 31 de octubre de 2012: $2.400.000 Decreto 04919 de 2011
$1.133.400
*Prórroga 1 al 20 de noviembre, 21 al 31 de diciembre de
2012: $2.400.000
Las razones esbozadas en precedencia son suficientes para desestimar la alzada
propuesta por la demandante.
En la dirección propuesta, la Subsección debe modificar la sentencia apelada en
cuanto a la liquidación de los emolumentos económicos pues estos deben tomar
como referencia el salario del cargo de planta que realizaba las funciones de la
demandante, que en este caso es el de auxiliar de enfermería y no el de los
honorarios.
Es decir, que en la controversia sub judice, el pago de los derechos económicos
laborales reconocidos a la accionante durante el período comprendido entre el 20
de junio de 2012 al 31 de octubre de 2016 y del 1 de junio al 31 de diciembre de
2018 (salvo sus interrupciones), procede a título de restablecimiento del derecho y,
en tal sentido, de acuerdo con las sentencias de unificación, SUJ2-005-16 de 25 de
agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 de esta
sección y la jurisprudencia imperante en esta Sala, se deben tener en cuenta las
prestaciones sociales de orden legal percibidas por los servidores públicos de la
entidad vinculado laboralmente a dicha planta y que cumplan las mismas funciones
que desempeñaba el demandante, liquidadas sobre el salario de estos. Para este
caso se tomará como referencia el cargo de auxiliar de enfermería.
Siguiendo el discurso planteado, debe decirse que en este caso se debe condenar
a la entidad al pago del reajuste salarial, es decir, entre lo percibido por concepto
de honorarios y lo devengado por un empleado de planta, que en este caso es una
auxiliar de enfermería.
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Numero interno: 7292-2023
Demandante: María Visitación Rentería Lozano
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En efecto, la Subsección es del criterio que el reconocimiento de una relación laboral
encubierta apareja también el de la diferencia entre lo que devenga un empleado
de la entidad y los honorarios pagados a los contratistas.
Esta Sala ha discurrido que pese a ejecutar las mismas funciones de los empleados
de planta, los contratistas solo reciben los honorarios, por lo que resulta una
consecuencia propia de la declaración de contrato realidad la de equipararlos.
Por consiguiente, se reconocerá oficiosamente el reajuste salarial para de esta
forma materializar los mandatos constitucionales de dar prevalencia al derecho
sustancial, lo que implica adicionar el fallo apelado.
Debe decirse que esta decisión no entraña un quebrantamiento de la no reformatio
in pejus al haberse formulado la alzada por las dos partes, lo que a la luz del art.
328 del CGP habilita a esta Sala a adoptar la decisión.
Sobre la condena en costas
No habrá lugar a condena en costas por no reunirse los presupuestos exigidos en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del
Código General del Proceso.
III. DECISIÓN
Visto lo anterior, la Sala modificará el ordinal tercero de la sentencia de primera
instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda -
subsección E, que accedió las pretensiones de la demanda conforme a lo indicado
en precedencia y se confirmará en lo demás la sentencia apelada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. – MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia el 23 de junio de 2023
la cual quedará así:
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Demandante: María Visitación Rentería Lozano
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“TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, ordénese a la SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE – Hospital del
Sur, pagar a la señora María Visitacion Rentería Lozano las correspondientes
prestaciones sociales de orden legal devengadas por un servidor de la misma
categoría [auxiliar de enfermería], vinculado laboralmente a la planta de la entidad,
liquidadas sobre el salario de estos en el periodo entre el 20 de junio de 2012 al 31
de octubre de 2016 y del 1 de junio al 31 de diciembre de 2018 (salvo sus
interrupciones).
Ordénese al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE
ESE – Hospital del Sur el reconocimiento y pago del reajuste salarial, es decir, entre
lo percibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado planta,
que en este caso sería el de auxiliar de enfermería.”
SEGUNDO. - CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 23 de junio de 2023.
TERCERO. – Aceptase la renuncia de la abogada Erika Johanna Mora Beltran,
identificada con C.C. 53.052.774 de Bogotá y T.P. 251455 del C.S. de la J. como
apoderada de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.., de
acuerdo al memorial registrado en SAMAI en el índice 10.
CUARTO. - Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
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