República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2021-00218-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
Tema: relación laboral encubierta Subtema 1: auxiliar de enfermería. Subtema 2:
elementos de la relación laboral. Subtema 3: prueba del contrato de prestación de
servicios.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión
Oral No. 1, el 3 de agosto de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Niyireth Aguilar García solicitó la nulidad del acto ficto derivado del silencio
administrativo negativo que operó frente a la reclamación mediante la cual pidió que
se declarara la existencia de una relación laboral encubierta con la E.S.E. Hospital
San José del Guaviare. Como fundamento, sostuvo que prestó sus servicios como
auxiliar de enfermería, mediante contratos sucesivos de prestación de servicios, bajo
continua subordinación y dependencia de la entidad.
El Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al declarar la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 18
de julio de 2014 hasta el 31 de enero de 2019. Sin embargo, negó la extensión del
vínculo hasta el 31 de marzo de 2019, la diferencia salarial frente a los auxiliares de
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
enfermería de planta, las indemnizaciones moratoria y por despido indirecto, así como
el reembolso directo de los aportes a seguridad social.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la decisión
de primera instancia, al concluir que, si bien se acreditaron los elementos de una
relación laboral encubierta, no prosperan los reparos formulados por la demandante
respecto del alcance del restablecimiento del derecho reconocido.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Niyireth Aguilar García, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 15 de junio de 20211,
contra la E.S.E. Hospital San José del Guaviare con las siguientes pretensiones2:
2. Se declare la nulidad del acto administrativo ficto derivado del silencio
administrativo negativo que operó respecto de la reclamación presentada el 4 de
febrero de 2021, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la relación laboral que,
según afirmó, estuvo encubierta mediante la celebración sucesiva de contratos de
prestación de servicios, así como el pago de los derechos salariales y prestacionales
derivados de aquella.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la existencia de
una relación laboral entre la señora Niyireth Aguilar García y la E.S.E. Hospital San
José del Guaviare, durante el periodo comprendido entre el 18 de julio de 2014 y el
31 de marzo de 2019.
4. Como consecuencia de lo anterior, solicitó condenar a la entidad demandada
al pago de: i) la diferencia entre los honorarios percibidos con ocasión de los contratos
de prestación de servicios y el salario más alto devengado por un auxiliar de
enfermería de planta, durante todo el periodo reclamado; ii) las cesantías; iii) los
intereses a las cesantías; iv) las primas de servicios de mitad y fin de año; v) las primas
de vacaciones; y vi) las vacaciones causadas y no disfrutadas, estos últimos
conceptos respecto de los tres años anteriores a la finalización de la prestación del
servicio.
5. Asimismo, condenar a la demandada al pago de: i) el reembolso de las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud; ii) el reembolso de las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en ambos casos
por todo el periodo en que prestó sus servicios; iii) la indemnización por despido
indirecto; iv) la indemnización por mora en el pago de los derechos laborales; y v) la
indexación y actualización de las sumas reconocidas.
1
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “010DEMANDA”.
2 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “010DEMANDA” – pretensiones visibles en pp. 4 a 6.
2
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
6. Como pretensiones subsidiarias, y en caso de que se estableciera que la
remuneración correspondiente era inferior a dos salarios mínimos mensuales legales
vigentes, pidió que se condene a la entidad al pago del auxilio de transporte y de las
dotaciones dejadas de percibir durante todo el tiempo en que prestó sus servicios.
2.1.1. Hechos
7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
8. La señora Niyireth Aguilar García prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería para la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, mediante contratos de
prestación de servicios celebrados entre los años 2014 y 2019, así:
N.º Contrato de Fecha inicial Fecha final
prestación de
servicios
1 701 18 de julio de 2014 31 de diciembre de 2014
2 047 1.º de enero de 2015 30 de junio de 2015
3 525 1.º de julio de 2015 30 de septiembre de 2015
4 921 1.º de octubre de 31 de diciembre de 2015
2015
5 014 1.º de enero de 2016 30 de septiembre de 2016
6 807 1.º de octubre de 30 de noviembre de 2016
2016
7 1069 6 de diciembre de 31 de diciembre de 2016
2016
8 051 1.º de enero de 2017 31 de julio de 2017
9 659 1.º de agosto de 31 de diciembre de 2017
2017
10 068 1.º de enero de 2018 30 de septiembre de 2018
11 648 1.º de octubre de 31 de diciembre de 2018
2018
12 064 1.º de enero de 2019 31 de marzo de 2019
Tabla 1. Relación de los contratos celebrados entre las partes, de conformidad con los hechos
descritos en la demanda.
9. La demandante afirmó que, aunque el contrato de prestación de servicios 064
fue pactado hasta el 31 de diciembre de 2019, únicamente se ejecutó hasta el 31 de
marzo de ese año.
10. Manifestó que prestó personalmente sus servicios como auxiliar de enfermería
y bajo continua subordinación y dependencia de la E.S.E. Hospital San José del
Guaviare.
11. En ese sentido, señaló que, en aplicación del principio de primacía de la
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
realidad sobre las formas, entre las partes existió una relación laboral que la entidad
demandada ocultó mediante la celebración sucesiva de contratos de prestación de
servicios. Asimismo, afirmó que la prestación del servicio se desarrolló sin solución de
continuidad.
12. Adujo que, como consecuencia de dicho ocultamiento, la entidad omitió
reconocer y pagar la remuneración que correspondía al cargo desempeñado, las
prestaciones sociales y las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y Pensiones.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
13. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, artículos 13, 25 y 53.
La Ley 80 de 1993.
El Código Sustantivo del Trabajo.
14. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante manifestó que la
E.S.E. Hospital San José del Guaviare acudió indebidamente a la celebración
sucesiva de contratos de prestación de servicios para vincularla como auxiliar de
enfermería, pese a que dicho cargo existía en la planta de personal de la entidad y las
funciones asignadas podían ser desempeñadas por personal vinculado directamente
al hospital. Asimismo, afirmó que las labores ejecutadas no requerían conocimientos
especializados y que, en realidad, fueron cumplidas de manera personal, remunerada
y bajo continua subordinación y dependencia.
15. En ese sentido, señaló que la entidad desconoció los límites previstos en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 para la contratación de personas naturales mediante
contratos de prestación de servicios, pues esa modalidad no podía utilizarse para
encubrir el ejercicio permanente y subordinado de funciones propias de la entidad.
16. Agregó que el acto ficto desconoció el principio de primacía de la realidad sobre
las formas, dado que, con independencia de la denominación atribuida al vínculo, se
reunieron los elementos propios de una relación laboral, esto es, la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Por ello, consideró que tenía
derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales y aportes al Sistema General
de Seguridad Social derivados del vínculo que afirmó haber mantenido con la entidad
demandada.
17. Finalmente, aseveró que la modalidad de vinculación utilizada por el hospital la
situó en condiciones de desigualdad respecto de los auxiliares de enfermería de
planta, quienes percibían la remuneración y las prestaciones laborales propias del
cargo. Por ello, afirmó que el acto acusado también vulneró sus derechos a la igualdad
y al trabajo.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
2.2. Trámite procesal en primera instancia
18. El Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda, mediante auto del 30
de septiembre de 20213, providencia que se notificó personalmente a la E.S.E.
Hospital San José del Guaviare el 13 de octubre del mismo año4.
19. Vencido el término de traslado sin que la entidad demandada se pronunciara,
el Tribunal, mediante auto del 27 de enero de 2022, tuvo por no contestada la
demanda, no sin antes advertir que la E.S.E. Hospital San José del Guaviare había
sido vinculada en debida forma al proceso5.
2.3. Sentencia de primera instancia
20. El Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral No. 1, mediante
sentencia del 3 de agosto de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandada6, en los siguientes términos:
PRIMERO: DECLARAR la existencia del silencio administrativo negativo en relación
con la petición radicada el 4 de febrero de 2021, por la señora Niyireth Aguilar García
ante el Hospital San José del Guaviare E.S.E.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto, derivado del silencio
administrativo negativo, mediante el cual el Hospital San José del Guaviare E.S.E.
negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral con la demandante y
los derechos que de ella se derivan.
TERCERO: DECLARAR que entre el Hospital San José del Guaviare E.S.E. y la
señora Niyireth Aguilar García existió una relación laboral desde el 18 de julio de 2014
al 31 de enero de 2019, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
CUARTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho al Hospital San José
del Guaviare E.S.E. el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás
emolumentos laborales que devengue un empleado público en similar cargo al
desempeñado por la actora, que para el caso concreto es el auxiliar de enfermería. La
base de liquidación será los honorarios devengados por la demandante.
QUINTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho al Hospital San José
del Guaviare E.S.E. al reconocimiento y pago en favor de la demandante el equivalente
a los aportes a pensión, teniendo en cuenta los honorarios devengados por la actora,
desde el 18 de julio de 2014 al 31 de enero de 2019, sumas que deberán pagarse
directamente a la administradora de pensiones que corresponda, en la forma
establecida en las consideraciones.
SEXTO: NEGAR las demás prestaciones de la demanda.
3 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “14Auto Admite”.
4 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “17Notificacion Personal”.
5
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “20Auto Fija Fecha”.
6 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “044_SENTENCIA”.
5
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
SÉPTIMO: CONDENAR en costas parciales al Hospital San José del Guaviare E.S.E.,
equivalente a un 50% de la liquidación de costas que se practique.
[…]
21. Como fundamento de su decisión, el Tribunal explicó que, de acuerdo con la
certificación expedida por la entidad demandada, se acreditó que la actora celebró
sucesivos contratos de prestación de servicios para desempeñarse como auxiliar de
enfermería entre el 18 de julio de 2014 y el 31 de enero de 2019. No obstante, precisó
que no se probó su vinculación durante los primeros cinco días de diciembre de 2016
ni durante los meses de febrero y marzo de 2019.
22. En relación con la interrupción presentada entre el 1º y el 5 de diciembre de
2016, consideró que esta no configuró solución de continuidad, debido a que no
superó el término de treinta días hábiles establecido en la sentencia de unificación del
9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Por ello,
entendió que el vínculo laboral se mantuvo de manera continua desde el 18 de julio
de 2014 hasta el 31 de enero de 2019.
23. El Tribunal encontró acreditados los elementos constitutivos de la relación
laboral. Sobre la prestación personal del servicio y la remuneración, refirió que estaban
demostradas con la certificación contractual aportada al proceso y con los testimonios
recaudados en la audiencia de pruebas. En cuanto a la subordinación, sostuvo que
las funciones de auxiliar de enfermería, por su naturaleza, no podían ejecutarse de
forma autónoma, pues implicaban sujeción a turnos, horarios, áreas de servicio y
directrices impartidas por enfermeros jefes y médicos.
24. Añadió que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional aplicable a los auxiliares de enfermería vinculados mediante contratos
de prestación de servicios, la subordinación se presume cuando las labores tienen
carácter permanente y son indispensables para la prestación del servicio de salud. En
ese sentido, concluyó que la entidad demandada no desvirtuó dicha presunción y que
utilizó la contratación estatal para encubrir una verdadera relación laboral.
25. Respecto de la prescripción, el Tribunal concluyó que no operó, porque la
relación laboral finalizó el 31 de enero de 2019 y la demandante presentó la
reclamación administrativa el 4 de febrero de 2021, antes del vencimiento del término
trienal.
26. Como restablecimiento del derecho, condenó a la E.S.E. Hospital San José del
Guaviare al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás
emolumentos laborales correspondientes al cargo de auxiliar de enfermería,
liquidados con fundamento en los honorarios percibidos por la demandante.
Asimismo, dispuso el reconocimiento en dinero de la dotación correspondiente a los
años 2016, 2017 y 2018, al advertir que durante esos periodos la remuneración de la
actora fue inferior a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
27. En materia de seguridad social, ordenó a la entidad demandada determinar,
mes a mes, la diferencia entre los aportes a pensión efectuados por la actora como
contratista y aquellos que correspondía realizar como empleadora, con fundamento
en los honorarios devengados entre el 18 de julio de 2014 y el 31 de enero de 2019,
y pagar directamente el faltante a la administradora de pensiones correspondiente. En
contraste, negó el reembolso de los aportes realizados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, al considerar que se trata de contribuciones obligatorias
de naturaleza parafiscal, cuya devolución resulta improcedente aun cuando se declare
la existencia de una relación laboral encubierta.
28. Por otra parte, negó el reconocimiento de la diferencia salarial solicitada frente
a los auxiliares de enfermería de planta y de la indemnización por despido indirecto,
al considerar que la declaración de la relación laboral no le confería a la demandante
la condición de empleada pública. También negó la indemnización moratoria, por
estimar que la obligación de pagar las prestaciones surgía con la sentencia.
29. Finalmente, ordenó indexar las sumas reconocidas y condenó parcialmente en
costas a la entidad demandada, en un porcentaje equivalente al 50% de la liquidación
que se practicará, debido a que solo prosperó parcialmente la demanda.
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Parte demandante
30. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con el propósito de que se modificara la decisión en relación con: i)
el extremo final de la relación laboral declarada; ii) la base de liquidación de las
acreencias reconocidas y la diferencia salarial solicitada; iii) las indemnizaciones por
mora y por despido indirecto; y iv) el reembolso de los aportes efectuados al Sistema
General de Seguridad Social7.
31. En primer lugar, cuestionó que el Tribunal hubiera declarado la existencia de la
relación laboral únicamente hasta el 31 de enero de 2019. Sostuvo que la valoración
probatoria fue incompleta, pues la demandante manifestó que prestó sus servicios
hasta marzo de ese año y los testigos también ubicaron la finalización del vínculo
durante los meses de febrero y marzo de 2019. En esa misma línea, agregó que la
entidad demandada no controvirtió ese hecho, debido a que no contestó la demanda.
32. En segundo lugar, controvirtió que las prestaciones reconocidas se liquidaran
con fundamento en los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios y que se negara la diferencia salarial solicitada frente a los auxiliares de
enfermería de planta. Indicó que los testimonios practicados acreditaron que quienes
ocupaban ese cargo en la planta de personal percibían una remuneración superior a
la recibida por la demandante, pese a desarrollar las mismas labores.
7 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “045_MemorialWeb_Recurso”.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
33. Sobre este aspecto, indicó que reconocer la diferencia salarial no implicaba
conferirle la condición de empleada pública, sino restablecer los derechos afectados
por la utilización irregular de contratos de prestación de servicios para ocultar una
relación laboral. Por ello, consideró que las prestaciones sociales debían liquidarse
con fundamento en la remuneración correspondiente a los auxiliares de enfermería
vinculados a la planta de personal de la entidad.
34. En tercer lugar, manifestó que procedía el reconocimiento de la indemnización
moratoria, pues, en su criterio, la obligación de pagar los derechos laborales no surgió
con la sentencia, sino desde el momento en que se causaron durante la prestación
del servicio. Asimismo, señaló que debía reconocerse la indemnización por despido
indirecto, debido a que la terminación del vínculo obedeció al incumplimiento de las
obligaciones laborales por parte de la entidad demandada.
35. Finalmente, cuestionó la negativa al reembolso de los aportes realizados al
Sistema General de Seguridad Social. Argumentó que la pretensión no implicaba
disponer de recursos parafiscales ni ordenar la devolución de dineros administrados
por el sistema, sino condenar a la entidad al pago de los valores que la demandante
asumió durante la relación contractual y que, de haberse reconocido oportunamente
el vínculo laboral, habrían estado a cargo del empleador.
2.4.2. Parte demandada
36. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con el fin de que se revocara y, en su lugar, se negaran las
pretensiones de la demanda8.
37. Como fundamento de su inconformidad, insistió en que no se acreditaron los
elementos necesarios para declarar la existencia de una relación laboral entre las
partes, en particular, la subordinación. En su criterio, la demandante ejecutó las
actividades contratadas con autonomía e independencia, sin sujeción laboral a la
entidad.
38. En ese sentido, refirió que las directrices impartidas correspondían a la
supervisión contractual y a las indicaciones médicas propias de la atención de los
pacientes, sin que el cumplimiento de turnos permitiera concluir la existencia de una
vinculación laboral.
39. Añadió que los contratos de prestación de servicios se celebraron para atender
necesidades temporales de la entidad, ante la insuficiencia del personal de planta,
conforme con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
40. Finalmente, cuestionó la valoración de los testimonios, pues, según afirmó, los
declarantes se limitaron a señalar que la demandante cumplía cuadros de turnos, sin
8 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “046_MemorialWeb_Recurso”.
8
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
referirse a circunstancias que demostraran la subordinación alegada. Adicionalmente,
agregó que aquellos también habían promovido procesos judiciales contra el hospital
para obtener la declaración de un contrato realidad, circunstancia que, en su criterio,
afectaba la imparcialidad de sus manifestaciones.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
41. Mediante auto del 9 de mayo de 20249, el despacho ponente admitió los
recursos de apelación interpuestos por las partes, conforme a lo previsto en el numeral
3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
habida cuenta de que estos fueron interpuestos con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 2080 de 2021.
42. El Ministerio Público guardó silencio frente a los recursos de apelación.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
43. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
44. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación contra
la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y debido a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad
con el artículo 32810 del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala
definir si:
45. ¿Está acreditado que la demandante prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería, bajo subordinación y dependencia, de modo que procede declarar la
existencia de una relación laboral encubierta mediante contratos de prestación de
servicios?
46. En caso afirmativo, deberán revisarse las siguientes cuestiones:
9 Samai, índice 4.
10 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
9
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
47. ¿Está acreditado que la relación laboral se extendió hasta el 31 de marzo de
2019?
48. ¿La demandante acreditó que desempeñaba funciones similares a las de un
empleo existente en la planta de personal de la entidad demandada y, en tal sentido,
tiene derecho al reconocimiento de la diferencia salarial solicitada y a que sus
prestaciones sociales se liquiden con fundamento en la remuneración correspondiente
a dicho empleo?
49. ¿La demandante tiene derecho al reconocimiento de la indemnización
moratoria y de la indemnización por despido indirecto que solicitó en la demanda?
50. ¿La demandante tiene derecho al reembolso directo de los aportes que efectuó
al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones durante la relación
laboral declarada?
51. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) relación laboral encubierta; (ii) distinción entre coordinación y
subordinación; (iii) la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de
subordinación; (iv) la prueba del contrato de prestación de servicios; (v) hechos
probados; y (vi) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos formulados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
52. La jurisprudencia unificada de esta corporación11 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que, aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no se aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.
53. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
54. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
10
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
55. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».
56. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en conjunto
bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación
continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje
formal del contrato de prestación de servicios.
57. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en
reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son
elementos indicativos de la subordinación que las actividades contratadas
correspondan al objeto misional de la entidad con funciones equivalentes a los
empleados de planta de personal.
58. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»12.
59. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con
el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»13.
12
Idem.
13 Idem.
11
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
60. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes
o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados»14.
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales»15.
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados16.
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
61. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del
9 de septiembre de 202117 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos
«no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales
de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y
reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma
subordinada funciones misionales, permanentes y propias del personal de planta,
debe reconocerse la existencia de una relación laboral encubierta.
14 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
15 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
12
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
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Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
62. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
63. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
64. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
(i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
(ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.
13
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
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(iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la
práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar si
lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».
3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación
65. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»18.
66. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202119, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados20».
67. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación
laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que
desarrollan los empleados de planta.
68. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá
18 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
14
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de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,21 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas
labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación
69. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia ha
expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato
21
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
15
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de prestación de servicios.
70. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello,
ese interés en la causa conlleva la obligación de «procurar que las pruebas se
practiquen o se aporten»22, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167
del CGP consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee
en consonancia con el artículo 167 idem que regula el principio de necesidad de la
prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso».
71. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.
72. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»23, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del
mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»24.
73. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual
remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la
sana crítica (art. 176 CGP).
74. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
75. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En ese sentido, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la
22 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
23
López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
24 Ibidem.
16
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cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.3.4. La prueba del contrato de prestación de servicios
76. La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 10 de diciembre de
201525, se pronunció sobre el valor probatorio de las certificaciones para acreditar la
relación laboral, en el caso de quien pretendía la declaración de una relación laboral
por haber prestado sus servicios como informante de la fuerza pública.
77. Posteriormente, la Subsección A de la Sección Segunda, en sentencia del 6
de mayo de 202126, concedió valor probatorio a los contratos de servicios aportados
en copia simple, así:
Por consiguiente, estima la Sala que, en el presente caso, los contratos de prestación
de servicios aportados en copia simple por la parte demandante tienen pleno valor
probatorio, en tanto que por ley gozan de dicha condición y, además, la parte contra
quien se hicieron valer no utilizó las herramientas procesales para refutar la validez
de estos.
78. Luego, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 11 de abril de
202427, determinó que, si la parte no aporta el proceso los contratos de prestación de
servicios, es improcedente descartar dichos tiempos de servicios si en el expediente
constan las certificaciones sobre los tiempos laborados, planillas, constancias de
pago, entre otras pruebas, dado que no existe una tarifa legal:
En pronunciamientos anteriores, esta Sala ha descartado la exigencia única de los
actos jurídicos que respaldan la prestación del servicio, pues ha encontrado que tal
consideración es producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a
partir de la cual se señala a cada medio el grado de convicción que representa y
descarta aquellos que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho. Que,
con todo, esas restricciones le restan autonomía al juez, quien en ejercicio de la sana
crítica puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con el cual se
cuenta y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción del que, a lo largo del
proceso, han hecho uso las partes.
Bajo tal perspectiva, y sin desconocer que en efecto el contrato estatal de prestación
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer las
necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general
de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato típico, a la luz de lo
dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su perfeccionamiento se exige la
solemnidad del escrito; ha señalado que esto no justifica que se imponga como
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-31-000-2011-01694-
01(2592-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-00202-
01(4577-13), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00993-01
(0332-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
requisito para demostrar el elemento de la prestación del servicio que se aporte al
proceso judicial el aludido instrumento jurídico.
Lo anterior, pues, como se expuso, imponer una tarifa legal probatoria implicaría
abandonar la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle
vigencia a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través
de otros medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme
su propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la
conducta de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia
y materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá
exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar acreditado en
un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral encubierta, no es la
existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su formación, sino i) la
prestación efectiva de un servicio a favor de una entidad de orden estatal; ii) que esta
se haya desarrollado en forma subordinada; y iii) que como contraprestación por los
servicios haya recibido una remuneración. Esto permite otorgarle vigencia al principio
de la primacía de la realidad sobre las formas a que alude el artículo 53 de la
Constitución Política y descarta la exigencia de un medio probatorio con un valor
previamente establecido. En otras palabras, la Sala ha recordado que no es el acto
jurídico por medio del cual se vincula a una persona a la función pública el que
determina su relación con el Estado, sino lo que en realidad evidencia dicha relación.
3.4. Hechos probados relevantes
79. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
80. El Hospital San José del Guaviare fue creado mediante la Ordenanza 002 del
20 de marzo de 1996, como una empresa social del Estado, descentralizada, del orden
departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, adscrita a la Secretaría de Salud del departamento de Guaviare. En
dicha ordenanza se fijó como objeto de la entidad el siguiente28:
Artículo 4. Objeto: El objeto de la Empresa, será la prestación de servicios de salud,
entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del
Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo de este
objeto, adelantará acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación
de la salud.
81. El subgerente de Gestión Administrativa y Financiera de la E.S.E. Hospital
San José del Guaviare certificó que la señora Niyireth Aguilar García prestó sus
servicios a la entidad mediante los siguientes contratos de prestación de servicios29.
28
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “060PRUEBAS”.
29 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “020PRUEBAS”.
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Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
N.º contrato Objeto Valor Fecha Fecha final
inicial
701 de julio Prestación de servicios $6.976.700 18 de julio 31 de
de 2014 como auxiliar de enfermería de 2014 diciembre de
de la E.S.E. Hospital San 2014
José del Guaviare
Sin interrupción
047 de enero Prestación de servicios $7.800.000 1º de enero 30 de junio de
de 2015 como auxiliar de enfermería de 2015 2015
de la E.S.E. Hospital San
José del Guaviare
Sin interrupción
525 de julio Prestación de servicios $3.900.000 1º de julio 30 de
de 2015 como auxiliar de enfermería de 2015 septiembre de
de la E.S.E. Hospital San 2015
José del Guaviare
Sin interrupción
921 de Prestación de servicios $3.900.000 1º de 31 de
octubre de como auxiliar de enfermería octubre de diciembre de
2015 de la E.S.E. Hospital San 2015 2015
José del Guaviare
Sin interrupción
014 de enero Prestación de servicios $11.700.000 1º de enero 30 de
de 2016 como auxiliar de enfermería de 2016 septiembre de
de la E.S.E. Hospital San 2016
José del Guaviare
Sin interrupción
807 de Prestación de servicios $2.600.000 1º de 30 de
octubre de como auxiliar de enfermería octubre de noviembre de
2016 de la E.S.E. Hospital San 2016 2016
José del Guaviare
Interrupción de 5 días
1069 de Prestación de servicios $1.300.000 6 de 31 de
diciembre de como auxiliar de enfermería diciembre diciembre de
2016 de la E.S.E. Hospital San de 2016 2016
José del Guaviare
Sin interrupción
051 de enero Prestación de servicios $9.100.000 1º de enero 31 de julio de
de 2017 como auxiliar de enfermería de 2017 2017
de la E.S.E. Hospital San
José del Guaviare
Sin interrupción
659 de Prestación de servicios $6.500.000 1º de agosto 31 de
agosto de como auxiliar de enfermería de 2017 diciembre de
2017 de la E.S.E. Hospital San 2017
José del Guaviare
Sin interrupción
19
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
68 de enero Prestación de servicios $11.700.000 1º de enero 30 de
de 2018 como auxiliar de enfermería de 2018 septiembre de
de la E.S.E. Hospital San 2018
José del Guaviare
Sin interrupción
645 de Prestación de servicios $4.200.000 1º de 31 de
octubre de como auxiliar de enfermería octubre de diciembre de
2018 de la E.S.E. Hospital San 2018 2018
José del Guaviare
Sin interrupción
64 de enero Prestación de servicios $17.652.000 1º de enero 31 de enero
de 2019 como auxiliar de enfermería de 2019 de 2019
de la E.S.E. Hospital San
José del Guaviare
El contrato terminó antes de la fecha pactada
Tabla 2: Relación de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la demandante
y la E.S.E. Hospital San José del Guaviare
82. En el certificado se indica que el contrato 64 de enero de 2019 fue pactado
por un término superior al finalmente ejecutado. No obstante, se dejó una nota según
la cual dicho vínculo terminó de manera anticipada, por solicitud de la contratista 30.
83. El 4 de febrero de 2021, la señora Niyireth Aguilar García, por conducto de
apoderado judicial, presentó reclamación administrativa ante la E.S.E. Hospital San
José del Guaviare, con el fin de que se reconociera que, en aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre las formas, entre las partes existió una relación laboral
encubierta mediante la celebración sucesiva de contratos de prestación de servicios,
desde el 18 de julio de 2014 hasta el 31 de marzo de 2019. En dicha solicitud afirmó
que prestó personalmente sus servicios como auxiliar de enfermería, bajo continua
subordinación y dependencia de la entidad, sin solución de continuidad, y que el cargo
de auxiliar de enfermería se encontraba creado en la planta de personal del hospital31.
84. Como consecuencia de lo anterior, solicitó el reconocimiento y pago de la
diferencia salarial entre lo percibido por concepto de honorarios y el salario más alto
devengado por un auxiliar de enfermería vinculado a la planta de personal de la
entidad, así como de las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de servicios,
las vacaciones, las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y
Pensiones, la indemnización por terminación del contrato por causa imputable al
empleador y la indemnización por mora en el pago de los derechos laborales,
conceptos que pidió liquidar con fundamento en la remuneración correspondiente al
cargo de auxiliar de enfermería de planta.
85. La E.S.E. Hospital San José del Guaviare no contestó la petición presentada
por la demandante.
30
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “020PRUEBAS”.
31 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “35_AGREGARMEMORIAL_ILOVEPDF_MERGED5”.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
86. La E.S.E. Hospital San José del Guaviare certificó, el 17 de enero de 2022,
que, en su planta de personal, no se evidencia la existencia del cargo denominado
«auxiliar de enfermería»32.
87. La E.S.E. Hospital San José del Guaviare certificó, el 7 de junio de 2022, que
entre los años 2008 y 2019 celebró los siguientes contratos con el objeto de prestar
servicios como auxiliares de enfermería33:
Tabla 3. Cantidad de contratos celebrados por mes y años con auxiliares de enfermería, de
acuerdo con actas de inicio.
3.5. Caso concreto
88. En el asunto bajo análisis, la controversia de segunda instancia se contrae a
establecer si el Tribunal acertó al declarar la existencia de una relación laboral
encubierta entre la demandante y la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, derivada
de la celebración sucesiva de contratos de prestación de servicios para desempeñar
labores de auxiliar de enfermería.
89. La entidad demandada cuestionó esa decisión, al considerar que no se
acreditó el elemento de subordinación. En su criterio, la demandante ejecutó sus
actividades con autonomía e independencia, y las directrices recibidas correspondían
a la supervisión propia del contrato de prestación de servicios y a las indicaciones
médicas necesarias para la atención de los pacientes.
90. Asimismo, sostuvo que el cumplimiento de turnos no demostraba, por sí solo,
la existencia de una relación laboral. También discutió la valoración de los testimonios
practicados en el proceso, pues, según afirmó, los declarantes se limitaron a referirse
a los cuadros de turnos y, además, habían promovido procesos judiciales similares
contra la entidad.
32
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “25_AGREGARMEMORIAL_REQUERIMIENTOHOSPITA”.
33 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “25_AGREGARMEMORIAL_REQUERIMIENTOHOSPITA”.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
91. Por su parte, la demandante manifestó su inconformidad con el alcance del
restablecimiento del derecho reconocido en primera instancia. En primer lugar,
consideró que el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria al fijar como
extremo final de la relación laboral el 31 de enero de 2019, pues, a su juicio, su
declaración y los testimonios practicados permitían concluir que prestó sus servicios
hasta el 31 de marzo de ese año.
92. En segundo lugar, debatió que las prestaciones sociales se hubieran liquidado
con fundamento en los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios y no con la remuneración correspondiente al cargo de auxiliar de enfermería
de planta. En ese sentido, afirmó que el reconocimiento de la diferencia salarial no
implicaba conferirle la condición de empleada pública, sino restablecer los derechos
afectados por la utilización irregular de la contratación estatal.
93. Finalmente, la demandante controvirtió la negativa del Tribunal frente al
reconocimiento de la indemnización moratoria, la indemnización por despido indirecto
y el reembolso de los aportes efectuados al Sistema General de Seguridad Social en
salud y pensión, al estimar que dichos conceptos debían reconocerse como
consecuencia de la declaratoria de la relación laboral.
94. En ese contexto, la Sala adoptará la siguiente metodología: primero,
identificará y valorará las pruebas relevantes para resolver los cargos de apelación.
Luego, abordará los problemas jurídicos en el orden planteado, esto es: i) la existencia
de una relación laboral encubierta entre las partes; y, en caso afirmativo, ii) la
extensión temporal de dicha relación; iii) la equivalencia o similitud entre las funciones
desempeñadas por la demandante y las asignadas a un empleo existente en la planta
de personal; iv) el reconocimiento de la indemnización moratoria y de la indemnización
por despido indirecto; y v) la procedencia del reembolso directo a la demandante de
los aportes que efectuó al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones.
95. Pues bien, como viene exponiéndose, la demandante sostiene que la E.S.E.
Hospital San José del Guaviare encubrió una relación laboral mediante la celebración
sucesiva de contratos de prestación de servicios.
96. Para efectos de resolver este aspecto, se encuentra acreditado, de
conformidad con las certificaciones expedidas por la entidad demandada, que la
señora Niyireth Aguilar García estuvo vinculada con la E.S.E. Hospital San José del
Guaviare mediante contratos sucesivos de prestación de servicios, celebrados entre
el 18 de julio de 2014 y el 31 de enero de 2019. Asimismo, se observa que todos
tuvieron el mismo objeto contractual, consistente en la «prestación de servicios como
auxiliar de enfermería de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare».
97. También está probado que la contratación se desarrolló de manera continua,
pues, por regla general, al día siguiente de la terminación de cada contrato las partes
iniciaban uno nuevo con idéntico objeto. La única interrupción advertida se presentó
entre el contrato 807 de octubre de 2016 y el contrato 1069 de diciembre de 2016,
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
dado que el primero finalizó el 30 de noviembre de 2016 y el segundo inició el 6 de
diciembre del mismo año. En consecuencia, entre uno y otro vínculo transcurrieron
cinco días.
98. En esa misma línea, se acreditó que, entre 2014 y 2019, la E.S.E. Hospital
San José del Guaviare celebró contratos de prestación de servicios con auxiliares de
enfermería en la siguiente cantidad anual: i) 2014: 195; ii) 2015: 206; iii) 2016: 227; iv)
2017: 162; v) 2018: 176; y vi) 2019: 121.
99. De otro lado, se probó que la E.S.E. Hospital San José del Guaviare fue
creada mediante la Ordenanza 002 del 20 de marzo de 1996, cuyo objeto consiste en
«[l]a prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado
y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en
desarrollo de este objeto, adelantará acciones de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación de la salud».
100. De igual manera, quedó acreditado que el 4 de febrero de 2021, la señora
Niyireth Aguilar García, por conducto de apoderado judicial, presentó reclamación
administrativa ante la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, con el fin de que se
reconociera que, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formas, entre las partes existió una relación laboral encubierta mediante la celebración
sucesiva de contratos de prestación de servicios, desde el 18 de julio de 2014 hasta
el 31 de marzo de 2019. Petición que no fue resuelta por la entidad demandada.
101. Ahora bien, además de los documentos arrimados al proceso, relacionados
en el acápite de hechos probados relevantes, obran en el plenario la declaración de
parte de la demandante y los testimonios de los señores Eslendy Yulieth Poveda
Tunjano, Yeiner España Burgos y Jennyffer Andrea Aristizábal Ámbito, recibidos en la
audiencia de pruebas celebrada por el Tribunal el 24 de mayo de 202234.
102. (i) Niyireth Aguilar García35: explicó que, como auxiliar de enfermería, desarrollaba
funciones asistenciales en la E.S.E. Hospital San José del Guaviare. Al respecto,
precisó que sus actividades comprendían, entre otras, la realización de curaciones,
canalizaciones, administración de medicamentos y paso de dispositivos para la
atención de los pacientes.
103. Sobre la forma en que desarrollaba esas actividades, destacó que durante
cada turno había un jefe de enfermería encargado del servicio. Aclaró que no se
trataba de una persona que validara cada actuación de manera permanente, pues
«era un jefe para todo el servicio»; sin embargo, indicó que dicho profesional brindaba
apoyo a los auxiliares de enfermería en el cumplimiento de sus funciones.
104. En relación con la jornada, manifestó que debía cumplir turnos de 6 y 12 horas.
34 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “30_ACTADEAUDIENCIA_ACTAFINAL20210021”.
35
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “30_ACTADEAUDIENCIA_ACTAFINAL20210021” – video
descargado del sistema de audiencias de la Rama Judicial - Declaración a partir del minuto 11:55.
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Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
Indicó que algunos turnos eran de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y otros de 7:00 a. m. a 7:00
p. m. Además, afirmó que esos turnos eran fijados por el jefe o coordinador de
enfermería.
105. Frente al pago de los servicios, explicó que la vinculación se formalizaba
mediante contratos de prestación de servicios con pago mensual, aunque la entidad,
acostumbraba a cancelar los honorarios con retrasos de tres o cuatro meses. Para
obtener el pago, debía presentar mensualmente una cuenta de cobro, en la cual
especificaba las funciones asistenciales realizadas. Agregó que ese documento debía
estar firmado por el coordinador de enfermería.
106. Al ser interrogada sobre si podía desempeñar las funciones de auxiliar de
enfermería sin la observación o apoyo del jefe de enfermería, respondió que no.
Explicó que siempre requerían el apoyo de ese profesional, porque los auxiliares de
enfermería tenían una formación más básica que la del profesional de enfermería. En
ese sentido, afirmó que el jefe de enfermería era quien direccionaba el desempeño de
las funciones asistenciales.
107. La demandante también manifestó que las obligaciones contractuales se
ejecutaban en su totalidad dentro de las instalaciones del hospital. Al preguntársele si
podía prestar el servicio de manera remota o sin asistir a la entidad, respondió que no,
pues debía acudir presencialmente a la E.S.E. Hospital San José del Guaviare para
cumplir las actividades contratadas.
108. En cuanto a la existencia de personal vinculado de manera distinta, describió
que en el hospital había auxiliares de enfermería de planta y auxiliares vinculados
mediante contratos de prestación de servicios. Adujo que ambos grupos ejecutaban
las mismas actividades asistenciales; no obstante, existían diferencias en materia de
horarios y pagos.
109. Sobre este punto, precisó que al personal de planta se le reconocían turnos
nocturnos, dominicales y festivos, mientras que los contratistas debían presentar
cuentas de cobro para recibir sus honorarios. También indicó que los auxiliares de
enfermería de planta tenían, al igual que ella, un jefe de enfermería durante el turno
asistencial y un jefe administrativo.
110. Finalmente, al ser interrogada por la apoderada de la entidad demandada, la
señora Niyireth Aguilar García reiteró que las actividades contratadas se desarrollaban
en su totalidad en el hospital. Narró que las labores de canalización, toma de signos
vitales y demás actividades asistenciales hacían parte del cuidado integral del
paciente. Al preguntársele si ejecutaba esas funciones con total autonomía, reiteró
que los procedimientos se realizaban conforme a las órdenes del médico tratante y
del jefe de enfermería.
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Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
111. (ii) Eslendy Yulieth Poveda Tunjano36: manifestó que es técnica auxiliar de
enfermería, que no tiene vínculo de parentesco, contractual o económico con la
demandante y que, para el momento de la declaración, tampoco tenía vínculo vigente
con la E.S.E. Hospital San José del Guaviare. No obstante, afirmó que también
promovió un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la entidad,
relacionado con la declaratoria de un contrato realidad.
112. La testigo contó que conoció a la demandante en el Hospital San José del
Guaviare, cuando ingresó a trabajar en el área de urgencias, aproximadamente en
diciembre de 2014. Explicó que permaneció vinculada a la entidad hasta el 31 de
diciembre de 2019 y que, durante ese periodo, coincidió laboralmente con la
demandante en el servicio de urgencias.
113. En cuanto a las funciones, precisó que tanto ella como la demandante
desarrollaban actividades propias de auxiliar de enfermería. Entre ellas, mencionó la
toma de signos vitales, administración de medicamentos a pacientes pediátricos y
adultos, canalización de pacientes pediátricos, neonatos y adultos, paso de sondas
nasogástricas y vesicales, curaciones, atención de pacientes con diabetes y escaras,
apoyo a los médicos en salas de reanimación y participación en procedimientos de
reanimación cardiopulmonar. Agregó que, en algunas oportunidades, también
prestaban servicios de apoyo en ambulancia, lo que implicaba recoger pacientes
accidentados o desplazarse a algunas veredas.
114. Sobre las áreas en las que la demandante prestó sus servicios, indicó que
estuvo en urgencias, hospitalización, pediatría y UMI. En relación con el servicio de
urgencias, precisó que allí podía ser asignada a consultorios, reanimación,
observación pediátrica, observación de adultos, medicamentos y hospitalización de
urgencias. Añadió que le constaban esas circunstancias porque ella realizaba las
mismas actividades y, en muchas oportunidades, coincidió con la demandante en los
mismos turnos. En sus palabras, «las actividades de enfermería que ella realizaba
eran las mismas que yo también realizaba».
115. Respecto de los turnos, manifestó que estos eran rotativos y podían ser de 6
o 12 horas, por ejemplo, de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. o de
7:00 p. m. a 7:00 a. m. Explicó que los turnos se organizaban a través de un cuadro
mensual elaborado por el coordinador de enfermería, en el cual se definían los días,
horarios y áreas en las que debía prestar el servicio cada auxiliar.
116. En ese sentido, expresó que el coordinador era quien definía los turnos de
mañana, tarde o noche, según las necesidades del servicio. Al preguntársele si la
demandante tenía autonomía para prestar el servicio, respondió que no, pues el
coordinador elaboraba el cuadro de turnos y asignaba los días y horarios «como el
coordinador quería».
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Samai, índice 2, expediente digital, archivo “30_ACTADEAUDIENCIA_ACTAFINAL20210021” – video
descargado del sistema de audiencias de la Rama Judicial - Declaración a partir del minuto: 42:11.
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117. Frente a la diferencia entre coordinador y jefe de turno, destacó que en el
hospital a los profesionales de enfermería se les denominaba «jefes», razón por la
cual esa expresión se usaba tanto para referirse al coordinador de enfermería como
al jefe de turno. Precisó que el coordinador elaboraba los cuadros de turno y ejercía
seguimiento sobre las actividades, mientras que el jefe de turno permanecía durante
la jornada y supervisaba las labores ejecutadas por los auxiliares.
118. Sobre la forma en que se impartían las instrucciones durante el turno, relató
que, al iniciar la jornada, el enfermero jefe asignaba a los auxiliares en las distintas
áreas del servicio. En ese punto afirmó que «el enfermero jefe [...] distribuía a los
distintos auxiliares de enfermería dejándoles lo que tenían que hacer».
119. Mencionó que, cuando la demandante era asignada a consultorios, debía
recibir las historias clínicas y cumplir las órdenes médicas allí consignadas. Según su
relato, el médico indicaba si el paciente debía ser canalizado, si requería
medicamentos, toma de signos vitales o laboratorios, y la auxiliar debía ejecutar esas
órdenes. Adujo que, si se presentaba algún inconveniente con el paciente o si no
entendía una orden médica, la demandante debía acudir al enfermero jefe para que
le indicara el paso a seguir.
120. En relación con la autonomía en la ejecución de las actividades asistenciales,
la declarante reiteró que la demandante recibía órdenes del médico y del enfermero
jefe de turno. Ante la pregunta de la apoderada de la entidad sobre si la demandante
simplemente leía la orden médica y ejecutaba la actividad por sí sola, respondió que
«el jefe le decía a uno» y precisó que se refería al jefe de enfermería.
121. Por último, al ser interrogada por la apoderada de la entidad demandada, la
testigo respondió que las actividades de la demandante se desarrollaban, por regla
general, en el hospital. Sin embargo, declaró que algunas podían cumplirse fuera de
la institución cuando correspondía prestar servicios de ambulancia.
122. (iii) Yeiner España Burgos37: manifestó ser técnico auxiliar de enfermería.
Indicó que no tiene vínculo de parentesco, económico o contractual con la
demandante, aunque precisó que fueron compañeros de trabajo en la E.S.E. Hospital
San José del Guaviare. Agregó que, para el momento de la declaración, no tiene
vínculo vigente con la entidad demandada. No obstante, afirmó que también promovió
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la entidad, relacionado
con la declaratoria de un contrato realidad.
123. Este testigo afirmó que ingresó a trabajar al hospital en el año 2011 y que
conoció a la demandante en el servicio de urgencias, aunque no recordó con exactitud
la fecha. Dijo que ella inicialmente prestó servicios en hospitalización y luego pasó al
área de urgencias, lugar en el que coincidieron laboralmente. También mencionó que
no conocía la fecha exacta de ingreso ni de retiro de la demandante, aunque indicó
37
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “30_ACTADEAUDIENCIA_ACTAFINAL20210021” – video
descargado del sistema de audiencias de la Rama Judicial - Declaración a partir del minuto 1:07:32.
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que esta se habría retirado antes que él.
124. En cuanto a las funciones desempeñadas por la demandante, explicó que,
al pertenecer ambos al área de enfermería, desarrollaban prácticamente las mismas
actividades. Que los auxiliares de enfermería estaban encargados del cuidado del
paciente, asistían a los enfermeros, administraban medicamentos ordenados por los
médicos, trasladaban pacientes a diferentes unidades, apoyaban la higiene de
pacientes y ejecutaban las demás actividades asistenciales propias del servicio.
125. Sobre el lugar de la prestación del servicio, el testigo relató que las
actividades de la demandante solo podían desarrollarse en el Hospital San José del
Guaviare. Al ser interrogado por la apoderada de la entidad, precisó que la naturaleza
de esas funciones no permitía ejecutarlas en otro lugar, pues estaban relacionadas
con el cuidado directo de los pacientes.
126. En relación con la organización del trabajo, el testigo adujo que antes de
cada entrega de turno había un jefe o coordinador encargado de distribuir las
actividades que debía realizar cada auxiliar. Agregó que esa persona asignaba las
áreas o unidades en las que cada uno debía prestar el servicio, por ejemplo,
reanimación, hospitalización o pediatría. Sobre ese punto afirmó que «hay un
coordinador que siempre distribuía qué actividad le correspondía a cada uno».
127. Dijo que los auxiliares de enfermería no podían modificar por cuenta propia
la actividad o área asignada, pues se trataba de instrucciones impartidas por el jefe
de turno. Al respecto, denotó de manera expresa que «eso no se puede modificar» y
que «lo que él diga, eso toca hacerlo».
128. En cuanto a la diferencia entre jefe, coordinador y supervisor, explicó que en
el área de la salud se denomina «jefe» al enfermero profesional. Que el jefe de turno
era el enfermero profesional asignado durante la jornada, encargado de impartir las
instrucciones inmediatas y dirigir al grupo de auxiliares. A su vez, el coordinador de
enfermería también era enfermero profesional, pero cumplía un rol superior, pues
supervisaba al jefe de turno y verificaba que los auxiliares realizaran las actividades
correspondientes.
129. Sobre la supervisión durante la jornada, el testigo manifestó que el jefe de
turno era quien estaba encargado del grupo y quien realizaba llamados de atención
verbales cuando algún auxiliar no cumplía oportunamente una actividad, como aplicar
un medicamento, trasladar a un paciente o ejecutar un procedimiento solicitado por el
médico. Añadió que, si el auxiliar no atendía el llamado del jefe, este podía acudir al
coordinador.
130. Al ser preguntado por el apoderado de la demandante sobre si era posible
prestar el servicio sin coordinador o jefe, el testigo contestó que, con el tiempo, los
auxiliares adquirían experiencia y podían asumir muchas actividades propias del
servicio. No obstante, en el desarrollo posterior de su declaración destacó que la
organización de las labores dependía del jefe o coordinador, que las actividades se
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
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ejecutaban según lo asignado en el turno y que los auxiliares seguían las indicaciones
médicas.
131. Frente a la autonomía en la ejecución de las actividades asistenciales, indicó
que los auxiliares de enfermería actuaban con fundamento en las órdenes médicas.
Explicó que el médico impartía las indicaciones y los auxiliares debían seguirlas «al
pie de la letra». También aclaró que, en urgencias, algunas órdenes podían ser
verbales debido a la inmediatez del servicio, aunque por regla general constaban por
escrito.
132. De otro lado, informó que en el hospital también existían auxiliares de
enfermería vinculados a la planta de personal, aunque acceder a esa forma de
vinculación era difícil y que, por regla general, correspondía a personas con mayor
antigüedad.
133. Al respecto, advirtió que no existía diferencia sustancial entre las actividades
realizadas por los auxiliares de enfermería de planta y los vinculados por prestación
de servicios, pues ambos cumplían las mismas labores asistenciales. Sin embargo,
los contratistas trabajaban más tiempo que el personal de planta y que, según su
percepción, debían extender su horario laboral. En sus palabras, «nosotros tenemos
las mismas actividades de enfermería para realizar» y «la única diferencia es que
nosotros trabajamos más tiempo que ellos».
134. Finalmente, testificó que los auxiliares de planta hacían parte del mismo
cuadro de turnos de los contratistas, aunque generalmente eran asignados en la
mañana o en la tarde. Refirió que durante los turnos, el número de auxiliares
vinculados por prestación de servicios era superior al de auxiliares de planta, pues,
según explicó, si había uno o dos de planta por turno, los demás eran contratistas.
135. (iv) Jennyffer Andrea Aristizábal Ámbito38: dijo ser técnica en enfermería, no
tener vínculo de parentesco, económico o contractual con la demandante, aunque
precisó que fueron compañeras de trabajo en la E.S.E. Hospital San José del
Guaviare. En esa misma línea, reveló que también promovió un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la entidad, relacionado con la declaratoria de un
contrato realidad.
136. La testigo informó que conoció a la demandante en el hospital, durante los
turnos de trabajo asignados, pues en algunas oportunidades una ingresaba al servicio
cuando la otra terminaba su jornada, o se realizaban entregas de turno entre ellas.
Indicó que la demandante ya prestaba sus servicios en la entidad cuando ella ingresó
y que, para el momento en que se retiró, aquella continuaba vinculada al hospital.
137. En cuanto a las funciones desempeñadas por la demandante, destacó que
correspondían a actividades propias de enfermería. Enunció que recibía turno, tomaba
signos vitales, practicaba electrocardiogramas, tomaba y trasladaba laboratorios,
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Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
canalizaba pacientes, realizaba curaciones, administraba medicamentos, hacía baños
en cama y elaboraba notas de enfermería. También aclaró que, en algunas
oportunidades, prestaba servicios de apoyo en ambulancia.
138. Sobre las áreas en las que la demandante ejecutó sus actividades, mencionó
que, pese a que la conoció en urgencias, también le constaba que prestó servicios en
maternidad, hospitalización y pediatría. Contó que dentro del servicio podían asignarla
a consultorios, hospitalizados, observación, medicamentos o sala de reanimación,
según la distribución efectuada por el jefe de turno.
139. En relación con el jefe de turno, adujo que se trataba del enfermero superior
o de quien dirigía el servicio durante la jornada. Explicó que esa persona era quien
asignaba los puestos o áreas de cada auxiliar y también podía realizar llamados de
atención durante el turno. Indicó que, por regla general, esos llamados se hacían de
manera verbal e inmediata frente a situaciones presentadas en la prestación del
servicio.
140. Frente a los cuadros de turno, aclaró que no eran elaborados por los jefes de
turno, sino por los coordinadores. Señaló que el cuadro indicaba la jornada asignada
a cada auxiliar, esto es, mañana, tarde o noche, mientras que el jefe de turno distribuía
internamente las áreas del servicio durante la respectiva jornada.
141. En ese sentido, manifestó que el cambio de área se hacía conforme al
cronograma de los coordinadores y no por decisión autónoma de la auxiliar, y que solo
podía cambiar de turno con autorización del jefe o coordinador. De igual forma, refirió
que, por regla general, no se consultaba previamente la disponibilidad de los auxiliares
para elaborar los cuadros de turno, aunque excepcionalmente se efectuaban cambios
por razones personales.
142. Por último, declaró que en el hospital existían auxiliares de enfermería de
planta, aunque eran pocos, y que estos desempeñaban las mismas funciones que los
contratistas, pero no cumplían los mismos horarios.
143. A partir de lo anterior, se advierte que la declaración de parte de la señora
Niyireth Aguilar García será valorada junto con los demás medios de prueba allegados
al plenario, pues el artículo 16539 del CGP la reconoce como medio de prueba y el
artículo 19140 de la misma norma dispone que esta deberá ser valorada por el juez,
bajo criterios de la sana crítica.
144. En cuanto a los testimonios de Eslendy Yulieth Poveda Tunjano, Yeiner
España Burgos y Jennyffer Andrea Aristizábal Ámbito, es importante precisar que la
entidad demandada, en el recurso de apelación, consideró que no debieron ser
valorados, pues se trata de personas que promovieron demandas contra el mismo
39 Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el
testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
40
Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere: (…) La simple declaración de parte se valorará
por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.
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Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
centro asistencial por situaciones semejantes a las que dieron origen al presente
proceso. Por ello, debían ser apreciados como testigos sospechosos.
145. No obstante, la Sala observa que la entidad demandada no formuló tacha de
falsedad frente a los mismos, durante la audiencia de pruebas del 4 de octubre de
2022. Si bien su apoderada preguntó a los declarantes si tenían la calidad de
demandantes en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos
contra el hospital, no controvirtió formalmente su imparcialidad en esa oportunidad
procesal. Por tanto, no resulta procedente que, en el recurso de apelación, pretenda
acudir a una figura procesal que debió poner de presente ante el juez de primera
instancia, para que este adoptara las decisiones correspondientes.
146. Dicho esto, los testimonios rendidos por Eslendy Yulieth Poveda Tunjano,
Yeiner España Burgos y Jennyffer Andrea Aristizábal Ámbito tienen relevancia
probatoria, en la medida en que se trata de personas que desempeñaron funciones
de auxiliar de enfermería en la misma entidad y durante una época cercana o
coincidente con aquella en la que la demandante prestó sus servicios. Bajo esa
premisa, sus declaraciones resultan pertinentes para acreditar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron los contratos de prestación de servicios
celebrados entre las partes.
147. Ahora bien, el hecho de que los testigos hubieran promovido procesos
judiciales contra la misma entidad no conduce, por sí solo, a excluir sus declaraciones.
De conformidad con el artículo 211 del Código General del Proceso, la eventual
sospecha del testigo no impide su valoración, sino que exige al juez apreciar su dicho
con mayor rigor, atendiendo las reglas de la sana crítica, la claridad y coherencia del
relato, la razón de ciencia expuesta, la verosimilitud de las afirmaciones y su
concordancia con los demás medios de prueba41.
148. En ese estado de cosas, las declaraciones serán valoradas de manera
conjunta con el resto del material probatorio obrante en el expediente, bajo criterios
de la sana crítica, de conformidad con el artículo 176 del CGP.
3.5.1. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral
encubierta
149. En primer lugar, se destaca que, conforme se consignó en el marco normativo
y jurisprudencial de esta providencia, para que proceda la declaratoria de la existencia
de una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar la concurrencia
de los tres elementos previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo: (i)
la prestación personal del servicio, (ii) la subordinación continuada y (iii) la
remuneración como contraprestación directa del servicio.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencias del 23 de mayo de 2024, radicado: 66001-23-
33-000-2017-00083-01 (2190-2020); sentencia del 28 de noviembre de 2024, radicado: 50001-23-33-000-2021-
00340-01 (7137-2023).
30
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
3.5.1.1. Prestación personal del servicio
150. De acuerdo con las certificaciones expedidas por la E.S.E. Hospital San José
del Guaviare, se encuentra acreditado que la señora Niyireth Aguilar García estuvo
vinculada con la entidad mediante 12 contratos sucesivos de prestación de servicios,
entre el 18 de julio de 2014 y el 31 de enero de 2019.
151. Asimismo, se observa que todos los contratos tuvieron el mismo objeto,
consistente en la «prestación de servicios como auxiliar de enfermería de la E.S.E.
Hospital San José del Guaviare». De ello se desprende que la actividad contratada
recaía directamente en la demandante, quien debía ejecutar las labores asistenciales
propias de dicho oficio.
152. Así las cosas, la Sala encuentra acreditado el primer elemento de la relación
laboral, pues la demandante ejecutó personalmente las actividades para las cuales
fue contratada como auxiliar de enfermería en la E.S.E. Hospital San José del
Guaviare.
3.5.1.2. Remuneración
153. Al respecto, se advierte que en cada uno de los contratos de prestación de
servicios celebrados entre la E.S.E. Hospital San José del Guaviare y la demandante
se pactó el pago de honorarios como contraprestación por las labores desempeñadas
como auxiliar de enfermería.
3.5.1.3. Continua subordinación o dependencia
154. Sobre el particular, se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de
una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.
155. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de
servicios con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
En tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.
156. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la existencia
31
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
de una relación laboral subordinada encubierta.
157. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso42.
158. Bajo ese marco, corresponde establecer si las pruebas aportadas al proceso
contienen indicios que, valorados en conjunto, permitan acreditar la subordinación a
partir de las condiciones en las que la demandante ejecutó sus actividades en la E.S.E.
Hospital San José del Guaviare. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios señalados
por esta Sección en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021: (i) el
lugar de trabajo; (ii) el horario de labores; (iii) la dirección y el control efectivo de las
actividades ejecutadas; y (iv) la correspondencia entre las tareas desarrolladas y las
asignadas a los servidores de planta, siempre que concurran los demás elementos
configurativos de la relación laboral.
159. (i) Lugar de trabajo: se encuentra acreditado que la demandante ejecutaba
sus actividades en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare. En
efecto, explicó que la naturaleza del servicio de auxiliar de enfermería exigía su
presencia en la institución y no permitía su prestación de manera remota.
160. Esa circunstancia fue corroborada por la testigo Eslendy Yulieth Poveda
Tunjano que manifestó que la demandante prestó sus servicios en las áreas de
urgencias, hospitalización, pediatría y UMI, y precisó que, dentro del servicio de
urgencias, podía ser asignada a consultorios, reanimación, observación pediátrica,
observación de adultos, medicamentos y hospitalización de urgencias. A su turno
Yeiner España Burgos afirmó que las actividades desarrolladas por la demandante
«solo se pueden realizar en el Hospital San José» y que no podían cumplirse en otro
lugar, dada su relación con la atención directa de los pacientes.
161. En el mismo sentido, Jennyffer Andrea Aristizábal Ámbito relató que la
demandante desarrollaba sus funciones en las áreas de urgencias, maternidad,
hospitalización y pediatría. Si bien precisó que algunas actividades podían realizarse
fuera de las instalaciones del hospital cuando se prestaban servicios de ambulancia,
ello no desvirtúa que el lugar de trabajo estuviera determinado por la entidad, pues
esas salidas correspondían a actividades propias del servicio asistencial y se cumplían
en desarrollo de la misión institucional del hospital.
162. De este modo, se advierte que la demandante no podía escoger libremente el
lugar de ejecución de sus actividades, sino que debía prestar el servicio en las áreas
dispuestas por la E.S.E. Hospital San José del Guaviare o en los desplazamientos
asistenciales ordenados con ocasión del servicio de ambulancia.
42
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2025, radicado: 63001-
23-33-000-2021-00181-01 (4467-2023).
32
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
163. (ii) El horario de trabajo: aunque no se aportaron al proceso los cuadros de
turnos asignados a la demandante, las declaraciones rendidas en la audiencia de
pruebas permiten establecer que la prestación del servicio como auxiliar de enfermería
estaba sujeta a jornadas previamente programadas por la entidad.
164. La demandante manifestó que debía cumplir turnos de 6 y 12 horas, los cuales
podían desarrollarse, por ejemplo, de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. o de 7:00 a.m. a 7:00
p.m. Asimismo, indicó que esos turnos eran fijados por el jefe o coordinador de
enfermería.
165. Esta afirmación fue corroborada por Eslendy Yulieth Poveda Tunjano, quien
explicó que los auxiliares cumplían turnos rotativos de 6 y 12 horas, distribuidos en
jornadas de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. o de 7:00 p. m. a 7:00
a. m. Agregó que la programación se consignaba en un cuadro mensual elaborado
por el coordinador de enfermería, en el que se determinaban los días, horarios y áreas
asignadas.
166. Por su parte, Yeiner España Burgos refirió que antes de cada entrega de turno
un jefe o coordinador distribuía las actividades entre los auxiliares de enfermería. Si
bien no precisó los horarios de las jornadas, su declaración confirma que la prestación
del servicio se desarrollaba conforme a una organización previamente establecida por
el hospital.
167. A su vez, Jennyffer Andrea Aristizábal Ámbito señaló que existían jornadas de
mañana, tarde y noche, definidas en los cuadros elaborados por los coordinadores.
Mencionó que, por regla general, no se consultaba previamente la disponibilidad de
los auxiliares y que cualquier cambio requería la autorización del jefe o coordinador
de turno.
168. De este modo, aunque el cumplimiento de un horario no constituye, por sí
solo, prueba suficiente de subordinación, en este caso sí representa un indicio
relevante. Las declaraciones coinciden en que la demandante no determinaba
libremente sus jornadas ni podía modificarlas de manera unilateral, sino que debía
sujetarse a la programación interna del hospital.
169. (iii) La dirección y el control efectivo de las actividades ejecutadas: en
primer lugar, se precisa que, aunque no obra en el expediente el texto íntegro de los
contratos, ello no impide establecer la forma en que se prestó el servicio, pues en los
procesos en los que se discute la existencia de una relación laboral encubierta no
existe tarifa legal probatoria. Por tanto, el análisis no se limita al contenido formal del
vínculo contractual, sino que debe determinarse, con fundamento en las pruebas
recaudadas, si el servicio se prestó bajo subordinación. En el presente asunto, está
acreditado que todos los contratos tuvieron por objeto la prestación de servicios como
auxiliar de enfermería. Esta circunstancia debe valorarse conjuntamente con las
certificaciones expedidas por la entidad y las declaraciones rendidas en el proceso43.
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, radicado: 05001-23-33-
000-2016-00993-01 (0332-2021).
33
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
170. Sobre este aspecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que
la naturaleza asistencial de las labores de enfermería constituye un indicio relevante
de subordinación, dado que su ejecución exige coordinación permanente con el
personal médico y de enfermería para garantizar la adecuada atención de los
pacientes44.
171. No obstante, dicho indicio no permite concluir, por sí mismo, que existe una
relación laboral encubierta, pues la subordinación no se deriva automáticamente de la
denominación del cargo ni del objeto contractual45.
172. Por consiguiente, corresponde examinar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en las que se prestó el servicio, así como las demás pruebas aportadas al
proceso, con el fin de establecer si la actividad estuvo sometida a la dirección, el
control o la dependencia de la entidad contratante46.
173. En el presente asunto, las pruebas dan cuenta de que la labor de la
demandante no se desarrolló de manera autónoma. Ella manifestó que cumplía
funciones asistenciales —como curaciones, canalizaciones, administración de
medicamentos y paso de dispositivos para la atención de pacientes— y que durante
cada turno había un jefe de enfermería, bajo cuyas directrices se ejecutaban los
procedimientos, junto con las órdenes impartidas por el médico tratante.
174. Dicha versión fue corroborada por Eslendy Yulieth Poveda Tunjano, quien
explicó que la demandante debía cumplir las actividades asignadas por el jefe de turno
y que, al iniciar la jornada, el enfermero jefe distribuía a los auxiliares en las distintas
áreas del servicio. En particular, dijo que, cuando la demandante era ubicada en
consultorios, debía recibir las historias clínicas y cumplir las órdenes médicas allí
consignadas, de acuerdo con las necesidades del paciente.
175. La testigo agregó que, si se presentaba algún inconveniente con el paciente
o si la demandante no entendía una orden médica, debía acudir al enfermero jefe para
que le indicara el paso a seguir. En ese sentido, fue enfática en relatar que las
actividades de la demandante no se ejecutaban al margen de las instrucciones
impartidas en el servicio, pues «el enfermero jefe [...] distribuía a los distintos auxiliares
de enfermería dejándoles lo que tenían que hacer».
176. Por su parte, Yeiner España Burgos afirmó que, antes de cada entrega de
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 2016, radicado: 13001-23-31-
000-2012-00233-01 (2820-2014).
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2026, radicado: 54001-23-
33-000-2016-00292-01 (1492-2021); sentencia del 7 de mayo de 2026, radicado: 66001-23-33-000-2021-00429-
01 (1721-2024); sentencia del 29 de abril de 2026, radicado: 50001-23-33-000-2015-00458-01 (5542-2024);
sentencia del 28 de noviembre de 2024, radicado: 50001-23-33-000-2021-00340-01 (7137-2023); Subsección B,
sentencia del 26 de junio de 2025, radicado: 68001-23-33-000-2020-00711-01 (356-2025); sentencia del 3 de julio
de 2025, radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024); sentencia del 6 de agosto de 2025, radicado:
50001-23-33-000-2016-00070-01 (2266-2024).
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 2016, radicado: 13001-23-31-
000-2012-00233-01 (2820-2014); sentencia del 16 de febrero de 2023, radicado: 23001-23-33-000-2015-00168-
01 (4550-2021).
34
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
turno, había un jefe o coordinador encargado de distribuir las actividades entre los
auxiliares de enfermería. Explicó que esa persona asignaba las áreas o unidades en
las que cada uno debía prestar el servicio, como reanimación, hospitalización o
pediatría. Además, sostuvo que la demandante no podía modificar por cuenta propia
la actividad o área asignada, pues se trataba de órdenes directas del jefe de turno. En
sus palabras, «eso no se puede modificar» y «lo que él diga, eso toca hacerlo».
177. El mismo declarante anotó que los auxiliares seguían las indicaciones
médicas y que, en la atención de los pacientes, todo lo ordenado por el médico debía
cumplirse «al pie de la letra». También que, en el servicio de urgencias, algunas
instrucciones podían impartirse verbalmente, debido a la inmediatez propia de esa
área, sin que ello eliminara la sujeción a las directrices médicas y de enfermería.
178. A su vez, Jennyffer Andrea Aristizábal Ámbito mencionó que la demandante
conocía las actividades que debía cumplir porque el jefe de turno las asignaba. Que,
cuando era ubicada en consultorio, recibía la historia clínica del paciente y cumplía las
órdenes allí registradas. También aseveró que el jefe de turno era quien distribuía a
los auxiliares en los distintos puestos o áreas del servicio y podía realizar llamados de
atención verbales e inmediatos cuando se presentaban situaciones durante la
prestación del servicio.
179. De igual manera, la testigo adujo que la demandante no podía cambiar de
área por decisión propia, pues ello dependía del cronograma elaborado por los
coordinadores y de la asignación efectuada según las necesidades del servicio.
Aunque reconoció que algunas actividades, como las notas de enfermería, podían
realizarse de manera individual, aclaró que las labores se cumplían bajo la supervisión
de los jefes, quienes estaban a cargo del servicio y de la distribución de tareas durante
cada turno.
180. De lo anterior se desprende que la demandante no ejecutaba sus actividades
con plena autonomía técnica u organizativa, pues debía atender las órdenes médicas,
las instrucciones del jefe de enfermería y las directrices impartidas por los
coordinadores del servicio. Por tanto, su labor no se limitaba a la entrega de un
resultado independiente, sino que se integraba al funcionamiento ordinario del hospital
y a la dinámica propia de la atención en salud.
181. En efecto, los testimonios coinciden en que la entidad organizaba la prestación
del servicio mediante la asignación de turnos, áreas y actividades. Estas
circunstancias permiten tener por acreditado que el hospital ejercía dirección y control
efectivo sobre la forma en que la demandante desempeñaba sus labores como auxiliar
de enfermería.
182. (iv) Que las actividades o tareas desarrolladas correspondan a las
asignadas a servidores de planta, siempre que concurran los elementos
configurativos de la relación laboral: frente a este indicio, la Sala advierte que la
E.S.E. Hospital San José del Guaviare certificó, el 17 de enero de 2022, que en su
planta de personal no se evidenciaba la existencia del cargo denominado «auxiliar de
35
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
enfermería».
183. No obstante, esta circunstancia no permite concluir que las actividades
desarrolladas por la demandante fueran temporales, excepcionales o ajenas al
funcionamiento ordinario de la entidad. Por el contrario, la certificación expedida el 7
de junio de 2022 da cuenta de que, entre 2008 y 2019, la E.S.E. celebró de manera
recurrente contratos de prestación de servicios con auxiliares de enfermería. En
particular, durante el periodo en el que la demandante estuvo vinculada, se celebraron
195 contratos en 2014, 206 en 2015, 227 en 2016, 162 en 2017, 176 en 2018 y 121
en 2019.
184. Lo anterior demuestra que la vinculación de auxiliares de enfermería mediante
contratos de prestación de servicios no obedecía a una necesidad aislada o
accidental, sino a un requerimiento permanente del servicio. En esa medida, aunque
la entidad afirmó que no existía en su planta el cargo de auxiliar de enfermería, el
número y la recurrencia de contratos celebrados con ese mismo objeto permiten
concluir que dichas funciones resultaban necesarias para el funcionamiento ordinario
del hospital.
185. A ello se suma que las actividades ejecutadas por la demandante guardaban
relación directa con el objeto misional de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare. En
efecto, la Ordenanza 002 del 20 de marzo de 1996 estableció que su objeto consiste
en la prestación de servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado y
parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, mediante acciones de
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
186. Bajo esa premisa, las labores de auxiliar de enfermería —relacionadas con la
atención directa de pacientes, administración de medicamentos, toma de signos
vitales, canalizaciones, curaciones, apoyo en los servicios hospitalarios y demás
actividades asistenciales— se integraban al cumplimiento del objeto institucional de la
entidad. Por tanto, no podían entenderse como actividades marginales, esporádicas
o desligadas de la misión pública encomendada al hospital.
187. En ese mismo sentido, los testimonios recibidos fueron coincidentes en
señalar que en la entidad existían auxiliares de enfermería de planta y auxiliares
vinculados mediante contratos de prestación de servicios, y que ambos grupos
desarrollaban actividades asistenciales similares. La demandante insistió que
ejecutaban las mismas labores, aunque existían diferencias en materia de pagos,
horarios y forma de vinculación. Jennyffer Andrea Aristizábal Ámbito destacó que los
auxiliares de planta desempeñaban las mismas funciones que los contratistas, pero
no cumplían los mismos horarios, mientras que Yeiner España Burgos refirió que
«tenemos las mismas actividades de enfermería para realizar».
188. Sin embargo, dichas declaraciones no permiten establecer formalmente la
existencia, denominación y funciones de un empleo específico de auxiliar de
enfermería en la planta de personal, ni desvirtúan la certificación expedida por la
entidad. Por ello, no puede tenerse por acreditada, en sentido estricto, la
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
correspondencia entre las labores de la demandante y las asignadas a un cargo
determinado de la planta. Con todo, la prueba documental y testimonial sí demuestra
que las actividades contratadas eran permanentes, necesarias y directamente
relacionadas con el objeto misional de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare.
189. Así, aun cuando la entidad certificó que el cargo de auxiliar de enfermería no
se encontraba previsto en su planta de personal, lo cierto es que las pruebas obrantes
en el plenario permiten establecer que las actividades desarrolladas por la
demandante eran permanentes, necesarias y directamente relacionadas con el objeto
misional de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare.
190. En consecuencia, este indicio también concurre con los demás elementos
analizados: la prestación personal del servicio, la remuneración, el cumplimiento de
turnos fijados por la entidad, la asignación de áreas de trabajo, la sujeción a órdenes
médicas y de enfermería, y la supervisión ejercida por jefes de turno y coordinadores.
191. De este modo, la Sala concluye que la demandante no actuó como una
contratista autónoma encargada de ejecutar una actividad independiente, sino que se
integró a la estructura asistencial del hospital para cumplir labores propias,
permanentes y necesarias del servicio público de salud. En efecto, el material
probatorio demuestra que ejecutó sus actividades como auxiliar de enfermería bajo la
organización funcional de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, pues debía
cumplir turnos, prestar el servicio en las áreas asignadas y atender las órdenes
médicas y de enfermería impartidas durante la jornada.
192. En ese orden de ideas, la Sala encuentra acreditados los elementos propios
de una relación laboral, sin que sea posible concluir que la vinculación de la
demandante se hubiera limitado a una relación de coordinación contractual, como lo
sostuvo la entidad demandada en su recurso de apelación. En consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la existencia de una
relación laboral encubierta entre las partes.
3.5.2. Del restablecimiento del derecho
193. Determinada la existencia de una relación laboral encubierta entre la señora
Niyireth Aguilar García y la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, mediante la
celebración sucesiva de contratos de prestación de servicios, procede la Sala a
resolver los reparos formulados por la parte demandante frente al alcance del
restablecimiento del derecho reconocido en primera instancia.
3.5.2.1. Extensión temporal de la relación laboral
194. La demandante argumentó en el recurso de apelación que la relación laboral
se extendió hasta el 31 de marzo de 2019 y que el Tribunal incurrió en una indebida
valoración probatoria al fijar como extremo final el 31 de enero de ese año. Para
sustentar su reparo, indicó que su declaración y los testimonios practicados permitían
concluir que prestó sus servicios durante los meses de febrero y marzo de 2019,
37
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
además de que la entidad demandada no controvirtió ese hecho, al no contestar la
demanda.
195. Sobre el particular, la Sala precisa que los extremos temporales de la relación
laboral encubierta pueden acreditarse mediante los distintos medios de prueba
aportados al proceso. Sin embargo, la sola afirmación de la parte interesada no resulta
suficiente para extender el periodo reconocido cuando carece de respaldo probatorio.
En este caso, la certificación expedida por la E.S.E. Hospital San José del Guaviare
indicó que el contrato 64 de enero de 2019, aunque fue pactado inicialmente hasta el
31 de diciembre de ese año, terminó anticipadamente por solicitud de la contratista y
solo fue ejecutado entre el 1.º y el 31 de enero de 2019.
196. Además, aunque los testigos dieron cuenta de que conocieron a la
demandante en el hospital y que coincidieron con ella durante la prestación del
servicio, sus declaraciones no permiten establecer, con la precisión necesaria, que
aquella hubiera ejecutado labores asistenciales durante febrero y marzo de 2019. En
efecto, los declarantes se refirieron de manera general al tiempo en que compartieron
labores con la demandante, pero no señalaron circunstancias concretas, turnos,
áreas, fechas o hechos específicos que permitan desvirtuar la temporalidad certificada
por la entidad.
197. Por tal razón, no hay lugar a modificar el extremo final de la relación laboral
declarado por el Tribunal, y se mantendrá como periodo acreditado el comprendido
entre el 18 de julio de 2014 y el 31 de enero de 2019.
3.5.2.2. Equivalencia o similitud entre las funciones desempeñadas por la
demandante y las asignadas a un empleo existente en la planta de personal
198. La demandante también cuestionó que el Tribunal hubiera negado el
reconocimiento de la diferencia salarial frente a los auxiliares de enfermería vinculados
a la planta de personal de la entidad y que las prestaciones sociales se hubieran
liquidado con fundamento en los honorarios pactados en los contratos de prestación
de servicios.
199. Al respecto, la Subsección ha sostenido que, cuando se declara la existencia
de una relación laboral encubierta, el contratista tiene derecho al reconocimiento de
las prestaciones laborales que debieron liquidarse durante el vínculo. Para ese efecto,
la base de liquidación corresponde al salario del empleado de planta que desarrollaba
funciones equivalentes a las ejecutadas por el contratista; sin embargo, cuando dicho
empleo no existe en la planta de personal o no se acredita un cargo comparable, la
liquidación debe efectuarse con fundamento en los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios47.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2025, radicado: 25000-
23-42-000-2021-00754-01 (3165-2024); sentencia del 12 de febrero de 2026, radicado: 08001-23-33-000-2019-
00026-01 (1073-2021); sentencia del 26 de julio de 2025, radicado 68001-23-33-000-2020-00711-01 (0356-2025);
sentencia del 26 de febrero de 2026, radicado: 17001-23-33-000-2021-00013-01 (0659-2025).
38
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
200. Bajo ese marco, si bien se acreditó que la demandante desarrolló actividades
permanentes y necesarias para el cumplimiento del objeto misional de la E.S.E.
Hospital San José del Guaviare, ello no conduce, por sí solo, al reconocimiento de la
diferencia salarial pretendida. Para acceder a esa pretensión era necesario demostrar,
de manera concreta, la existencia de un empleo de planta comparable, las funciones
asignadas a dicho cargo, la remuneración correspondiente y la equivalencia material
con las labores efectivamente desempeñadas por la demandante.
201. En el presente caso, la propia entidad certificó el 17 de enero de 2022 que en
su planta de personal no se evidenciaba la existencia del cargo denominado «auxiliar
de enfermería». Además, aunque los testigos manifestaron que en el hospital existían
auxiliares de planta y que estos cumplían funciones similares a las de los contratistas,
sus declaraciones no permiten establecer, con la precisión exigida, cuál era el empleo
de planta comparable, cuáles eran sus funciones formalmente asignadas ni cuál era
la remuneración que debía servir de base para liquidar las acreencias reclamadas.
202. En esa medida, la prueba testimonial resulta suficiente para reforzar que las
labores de auxiliar de enfermería eran necesarias, recurrentes y articuladas al
funcionamiento ordinario del hospital, como se explicó al analizar la existencia de la
relación laboral encubierta. Sin embargo, no basta para acceder al reconocimiento de
una diferencia salarial, pues esta pretensión exige una comparación objetiva entre las
funciones efectivamente desempeñadas por la demandante y las asignadas a un
empleo existente en la planta de personal.
203. Así las cosas, no se advierte error del Tribunal al negar la diferencia salarial
solicitada y ordenar que las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
declarada se liquiden con fundamento en los honorarios percibidos por la demandante
durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios.
3.5.2.3. El reconocimiento de la indemnización moratoria y de la indemnización
por despido indirecto
204. Ahora bien, en la alzada, la demandante sostuvo que el Tribunal erró al negar
la indemnización moratoria, pues, en su criterio, la obligación de pagar los derechos
laborales no surgió con la sentencia, sino desde el momento en que estos se causaron
durante la prestación del servicio. Asimismo, solicitó el reconocimiento de la
indemnización por despido indirecto, al considerar que la terminación del vínculo
obedeció al incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la entidad
demandada.
205. Sobre el particular, debe precisarse que la obligación de pagar las
prestaciones sociales reclamadas surge como consecuencia de la declaratoria judicial
de la relación laboral encubierta. Por tanto, antes de dicha decisión no existía una
obligación clara y exigible a cargo de la entidad que permitiera configurar la mora
39
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
alegada48.
206. En esa medida, no hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria
solicitada, pues la condena impuesta a la entidad tiene origen en la declaratoria judicial
de la relación laboral encubierta y no en una obligación laboral previamente
reconocida, clara y exigible a cargo de la demandada.
207. Tampoco procede la indemnización por despido indirecto. Esta figura parte de
la existencia de un vínculo laboral formal y de la terminación atribuible al
incumplimiento del empleador, mientras que en este caso la relación laboral fue
declarada judicialmente en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
las formas. Además, no se acreditó que la finalización de la prestación del servicio
hubiera obedecido a una decisión imputable a la entidad que permitiera estructurar la
indemnización reclamada.
208. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
negó la indemnización moratoria y la indemnización por despido indirecto solicitadas
por la demandante.
3.5.2.4. La procedencia del reembolso directo a la demandante de los aportes
que efectuó al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones
209. En relación con los aportes al Sistema General de Seguridad Social, el
Tribunal ordenó que la entidad pagara al respectivo fondo de pensiones el porcentaje
que le correspondía como empleadora, previa verificación mensual de la diferencia
entre los aportes efectuados por la demandante y aquellos que debieron realizarse
con ocasión de la relación laboral declarada. A su vez, negó el reembolso de los
aportes efectuados a salud, por tratarse de contribuciones obligatorias de naturaleza
parafiscal y destinación específica.
210. La demandante no está de acuerdo con esa decisión, pues considera que la
entidad debe reembolsarle directamente los aportes a salud y pensión que asumió
durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios, al estimar que esos
valores debieron ser pagados por el hospital como empleador y no por ella como
contratista.
211. Sobre el particular, se advierte que el reconocimiento de una relación laboral
encubierta no habilita, por sí mismo, el reembolso directo a la demandante de los
aportes efectuados al Sistema General de Seguridad Social. La jurisprudencia de esta
Subsección49 ha sostenido que dichos recursos son de obligatorio pago, tienen una
destinación específica y no constituyen un crédito a favor del contratista, por lo que no
es procedente ordenar su pago directo al interesado.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2025, radicado 68001-23-33-
000-2020-00711-01 (0356-2025), sentencia del 26 de febrero de 2026, radicado: 17001-23-33-000-2021-00013-
01 (0659-2025).
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2025, radicado 68001-23-33-
000-2020-00711-01 (0356-2025), sentencia del 26 de febrero de 2026, radicado: 17001-23-33-000-2021-00013-
01 (0659-2025).
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
212. En materia pensional, la consecuencia de la declaratoria del contrato realidad
consiste en que la entidad determine, mes a mes, si existe diferencia entre los aportes
realizados por la contratista y aquellos que debieron efectuarse con ocasión del
vínculo laboral declarado, para que, de ser el caso, cotice al respectivo fondo de
pensiones el porcentaje que le correspondía como empleadora. A su vez, la
demandante debe acreditar las cotizaciones efectuadas y, si no las hizo o existe
diferencia a su cargo, completar el porcentaje que le correspondía como trabajadora.
213. En relación con los aportes en salud, la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202150 precisó que, frente a la no afiliación al sistema por parte de la
administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiera
asumido, en tanto se trata de recursos de naturaleza parafiscal. Por esa razón, aunque
se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta, dichos aportes no
pueden ser reconocidos como una suma reembolsable a favor de la demandante.
214. Por consiguiente, no prospera el reparo formulado por la parte demandante.
Lo resuelto por el Tribunal se ajustó a la regla jurisprudencial aplicable, pues ordenó
el pago de los aportes pensionales a cargo de la entidad directamente al respectivo
fondo de pensiones y negó el reembolso directo de los valores asumidos por la
demandante por concepto de seguridad social.
215. En suma, los argumentos expuestos en los recursos de apelación no
desvirtúan la decisión adoptada en primera instancia. De un lado, se acreditó la
existencia de una relación laboral encubierta entre la demandante y la E.S.E. Hospital
San José del Guaviare. De otro, no prosperan los reparos formulados por la parte
demandante frente a la extensión temporal del vínculo ni frente al alcance del
restablecimiento del derecho reconocido. En consecuencia, se confirmará la sentencia
apelada.
3.6. De la prescripción
216. Establecida la existencia de la relación laboral encubierta, procede la Sala a
verificar si operó el fenómeno de la prescripción trienal respecto de los derechos
derivados de aquella.
217. De conformidad con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, las acciones
que emanen de los derechos consagrados en dicho estatuto prescriben en tres años,
contados desde que la obligación se hace exigible. Dicho término se interrumpe, por
una sola vez, con la reclamación administrativa presentada por el interesado.
218. En el presente caso, se acreditó que la relación laboral encubierta finalizó el
31 de enero de 2019 y que la demandante presentó reclamación administrativa ante
la E.S.E. Hospital San José del Guaviare el 4 de febrero de 2021, esto es, antes de
que transcurriera el término trienal previsto en la norma citada. En consecuencia, no
50
Consejo De Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicado: 05001-23-33-000-
2013-01143-01(1317-16).
41
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
operó el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de los derechos derivados de
la relación laboral declarada.
3.7. Conclusión
219. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que se acreditó la existencia
de una relación laboral encubierta entre la demandante y la E.S.E. Hospital San José
del Guaviare, pues concurrieron los elementos de prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación. Por tanto, no prospera el recurso de apelación de la
entidad demandada, orientado a desvirtuar el vínculo laboral declarado en primera
instancia.
220. En cuanto al restablecimiento del derecho, tampoco prosperan los reparos de
la demandante, pues no se acreditó que la relación laboral se hubiera extendido hasta
el 31 de marzo de 2019, ni que existiera un empleo de planta comparable que
permitiera liquidar las prestaciones con una base distinta a los honorarios pactados.
Además, tampoco hay lugar al reconocimiento de las indemnizaciones moratoria y por
despido indirecto, ni el reembolso directo de los aportes efectuados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y Pensiones. En consecuencia, se confirmará
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
3.8. Costas
221. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 51 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
222. En ese contexto, pese a que no fue un aspecto apelado, la Sala revocará la
condena en costas impuesta en primera instancia porque esta no se sustentó en la
51 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
42
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00218-01 (6408-2023)
Demandante: Niyireth Aguilar García
Demandada: E.S.E. Hospital San José del Guaviare
acreditación de una conducta dilatoria o de mala fe del ente demandado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar el ordinal séptimo de la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral No. 1 y, en su lugar, se
dispone no condenar en costas de primera instancia, conforme a lo expuesto en este
proveído.
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
del Meta, Sala de Decisión Oral No. 1, el 3 de agosto de 2023, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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