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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00711-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00711-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual, se negaron las pretensiones de la demanda promovida por el señor Juan Carlos Cadena Fajardo contra la Policía Nacional – Dirección de Sanidad. En su lugar: SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. S-2018-119641-DEBOY del 4 de diciembre de 2018, expedido por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, por medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral y, en consecuencia, el pago de prestaciones sociales al demandante. TERCERO: DECLARAR la existencia de una relación laboral encubierta entre el señor Juan Carlos Cadena Fajardo y la Policía Nacional – Dirección de Sanidad, durante el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2003 al 13 de abril de 2018, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, pese a reunir los elementos propios de un vínculo laboral. CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Policía Nacional – Dirección de Sanidad a pagar al señor Juan Carlos Cadena Fajardo las prestaciones sociales de orden legal, tales como prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y demás emolumentos correspondientes a un servidor público de planta en el cargo de auxiliar de enfermería o equivalente, si existiere, y si no, con base en los honorarios efectivamente pactados en los contratos, en proporción al tiempo de servicio comprendido entre el 15 de septiembre de 2003 al 13 de abril de 2018. 42 Numero interno: 0356-2025 Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad. QUINTO: ORDENAR a la Policía Nacional – Dirección de Sanidad el reconocimiento y pago de la diferencia entre lo percibido por el actor a título de honorarios y lo que debió recibir como salario conforme al cargo equivalente en planta, si existiere. SEXTO: ORDENAR el pago de las diferencias en los aportes al sistema general de pensiones correspondientes al período comprendido entre el 15 de septiembre de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2020-00711-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 68001-23-33-000-2020-00711-01 (356-2025) 1
Demandante : Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
control 2011
Tema : Relaciones laborales encubiertas (auxiliar de
enfermería)
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
judicial de la parte actora contra la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander2, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, las cuales versan sobre el reconocimiento de una
relación laboral encubierta.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda3.

1.1.1 Pretensiones.

El señor Juan Carlos Cadena Fajardo, actuando por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de solicitar la nulidad del acto administrativo identificado con el radicado No. S-
2018-119641-DEBOY del 4 de diciembre de 2018, proferido por el Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional le negó el reconocimiento de una relación
laboral y el pago de prestaciones y emolumentos reclamados.

1 Expediente digital Samai y Onedrive (680012333000-2020-00711-00 NYR - OneDrive)
2 Magistrados: Francy Del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada Macías y Julio Edisson Ramos Salazar.
3 Folio 1 y ss 03. CUADERNO ppal NO. 1 - OneDrive

2

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó:

• Que se declare la existencia de una relación laboral de carácter legal y
reglamentario, bajo la figura del contrato realidad, entre el Ministerio de
Defensa Nacional y el señor Juan Carlos Cadena Fajardo, desarrollada sin
solución de continuidad desde el 15 de septiembre de 2003 hasta el 13 de
abril de 2018.
• Que se determine que el salario que debió percibir el actor corresponde al
asignado al cargo de “Auxiliar de Apoyo de Seguridad y Defensa” (sic), grado
28, o, en su defecto, al cargo equivalente dentro de la planta de personal del
Ministerio de Defensa Nacional, con funciones análogas a las efectivamente
ejecutadas durante el periodo mencionado.
• Que se ordene la liquidación y el pago de todas las prestaciones sociales de
ley correspondientes al vínculo laboral declarado, incluyendo cesantías,
intereses a las cesantías, primas legales y extralegales, vacaciones y demás
emolumentos a los que hubiere lugar.
• Que se reliquide y pague la diferencia positiva entre los valores efectivamente
cancelados bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios y la
asignación salarial que corresponde al cargo mencionado o su equivalente,
durante el periodo de vinculación.
• Que se liquide y se ordene la devolución de las retenciones practicadas en
cada uno de los pagos efectuados durante la vigencia de la relación laboral.
• Que se restituyan los valores correspondientes a los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral que fueron sufragados por el actor y que, conforme
a la ley, correspondían al empleador asumir de manera compartida.
• Que se reconozca y se ordene el pago del valor correspondiente al subsidio
familiar no recibido por no haber sido afiliado a una caja de compensación
familiar, así como la devolución de los valores pagados por concepto de
pólizas de aseguramiento exigidas como requisito previo al desembolso de
su remuneración mensual.
• Que se condene a la entidad demandada al pago de la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, causada desde el 14 de
febrero de 2004 y hasta la finalización del vínculo laboral.
• Que las sumas reconocidas se indexen con base en el índice de precios al
consumidor hasta la fecha efectiva de pago.

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Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

• Que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo
192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
• Que se condene en costas y agencias en derecho.

1.1.2 Hechos

Según lo expuesto por el apoderado judicial de la parte actora, su poderdante prestó
los servicios a la Policía Nacional en el cargo de auxiliar de enfermería durante el
lapso comprendido entre el 15 de septiembre de 2003 y el 13 de abril de 2018,
mediante la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios.

Sostuvo que, a pesar de la formalidad contractual con la que se estructuró el vínculo,
en la práctica existió una relación subordinada, en tanto su representado cumplía
funciones permanentes propias del mencionado cargo, bajo órdenes e instrucciones
impartidas por superiores jerárquicos, y percibiendo una retribución económica
regular por la labor desempeñada.

Indicó que, hasta el año 2009, el actor reportó el cumplimiento de sus funciones
ante la Dirección de Sanidad de Santander; sin embargo, a partir de ese año y hasta
2018, los reportes de sus actividades debieron dirigirse a la Dirección de Sanidad
de Boyacá, con sede en la ciudad de Tunja, sin modificación alguna en las funciones
asignadas ni en el esquema operativo de trabajo.

Adicionalmente, señaló que, entre la terminación del contrato No. 18720359 y el
inicio del contrato No. 95720114, no existe constancia contractual suscrita ni adición
formalizada por parte de la entidad demandada; no obstante, el actor continuó
desempeñando sus funciones en iguales condiciones materiales, lo cual —según
aduce— evidencia la continuidad de una relación laboral no reconocida formalmente
por la administración.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones presuntamente vulneradas se citaron los artículos 1, 13, 25 y
53 de la Constitución Política; los artículos 23, 65 y 143 del Código Sustantivo del
Trabajo; el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA); así como el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

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Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Como concepto de violación, se sostuvo que la realidad de la relación contractual
desarrollada por el demandante y el esquema utilizado por la Policía Nacional para
su vinculación, contrastan con la concepción del trabajo consagrada en el
preámbulo y en el bloque de constitucionalidad, en tanto desconocen los principios
fundantes del Estado Social de Derecho, como la dignidad humana, la igualdad
material y la protección del trabajo en condiciones dignas. A juicio del demandante,
la actuación de la entidad denigra de los valores esenciales que rigen el orden
constitucional colombiano, al pretender confundir la prestación personal y
subordinada de servicios, propia de una relación laboral, con un vínculo de
naturaleza civil o contractual.

En consecuencia, solicitó la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
las formas y que se reconozca el verdadero carácter laboral de la relación que lo
unió con la administración, con el fin de restablecer los derechos que le fueron
desconocidos en su condición de trabajador.

1.2. Contestación de la demanda4.

La Policía Nacional, a través del área de sanidad de Boyacá, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que el actor no fue
vinculado como servidor público, sino que celebró contratos de prestación de
servicios profesionales ante la imposibilidad de suplir las necesidades del servicio
en salud mediante personal de planta, dada la ausencia de profesionales en dicha
área.

Sostuvo que los contratos suscritos tuvieron como objeto la prestación de servicios
como auxiliar de enfermería (sic) en el área que fuera requerido, y que tales
acuerdos se celebraron conforme a las disposiciones legales aplicables a la
contratación estatal. Afirmó que, si bien el demandante debía prestar sus servicios
en el área de sanidad de Boyacá, la relación jurídica fue de naturaleza contractual
y su finalidad fue la ejecución de una obligación de hacer, característica esencial
del contrato de prestación de servicios. Por tanto, las actividades desarrolladas —
inherentes a su formación académica— requerían su ejecución personal y
presencial, dado que estaban orientadas a la atención de los usuarios del
Subsistema de Salud de la Policía Nacional. Sin embargo, insistió en que dicha

4 Folios 1 a 9 del archivo 04ContestaciónDemanda.pdf

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Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

presencia no implicaba subordinación ni desvirtuaba el carácter civil del vínculo, y,
por ende, no podía derivarse la existencia de una relación laboral.

Adujo, que dicha situación fue conocida y aceptada por el contratista desde el
proceso de entrevista, y que las condiciones contractuales, incluida la sede de
prestación del servicio, le fueron plenamente informadas. Añadió que no se
configuró la subordinación alegada, puesto que el actor no se encontraba sujeto a
órdenes jerárquicas, horarios rígidos ni reglamentos institucionales, sino que se
limitaba a cumplir las obligaciones libremente pactadas como contratista.

Con fundamento en lo anterior, propuso como excepciones de mérito las que
denominó: inexistencia de un contrato de trabajo e inexistencia de una obligación.

1.3. La sentencia de primera instancia5.

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de primera instancia negó las
pretensiones de la demanda, como sustento de su decisión, sostuvo que del análisis
de las pruebas quedó en evidencia que el actor suscribió numerosos contratos para
prestar servicios como auxiliar de enfermería en distintas dependencias de sanidad
de la Policía Nacional, particularmente en Santander y Boyacá; y que, si bien las
pruebas permitieron establecer que prestó sus servicios de forma personal y recibió
remuneración, el tribunal no encontró demostrada una verdadera subordinación, ya
que las actividades desarrolladas respondían a esquemas de coordinación propios
de la contratación estatal y no a una relación laboral típica.

Respecto de las declaraciones rendidas, sostuvo que tampoco fueron concluyentes
en cuanto a la imposición de órdenes, instrucciones o el cumplimiento de horarios
de forma obligatoria, aspectos que en su mayoría se ajustaban a la necesaria
coordinación del servicio y no constituían subordinación jurídica. Además, que, no
se demostró que existieran estudios previos que evidenciaran una indebida
prolongación de los contratos más allá del término estrictamente indispensable.

En virtud de lo anterior, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se acreditaron los elementos del contrato realidad.
Adicionalmente, en aplicación del nuevo criterio jurisprudencial sobre costas

5 Ver índice 0041 de Samai.

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Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

procesales, se abstuvo de imponer condena en costas, al no advertirse actuación
temeraria ni carencia de fundamento jurídico en la demanda.

1.4. El recurso de apelación6.

Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte actora
interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que el A-quo realizó una indebida
valoración probatoria y omitió la apreciación de pruebas determinantes y que
incurrió en una deficiente aplicación de las reglas jurisprudenciales vigentes.

El apelante destacó que durante más de catorce años su representado ejecutó
funciones propias de un auxiliar de enfermería de manera continua, personal, en las
instalaciones de la entidad y bajo condiciones que desbordaban el marco de un
contrato de prestación de servicios. Esta prestación sostenida del servicio, a su
juicio, fue probada mediante la suscripción sucesiva de 25 contratos entre 2003 y
2018, sin interrupciones sustanciales y con objetos contractuales idénticos, lo que
evidenciaba una necesidad permanente de la entidad, contrariando lo dispuesto por
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado,
particularmente la contenida en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021,
en la cual se definió que la contratación por prestación de servicios no puede
emplearse para suplir funciones permanentes ni ser indefinidamente prorrogada.

A juicio del recurrente, el fallo de primera instancia omitió analizar la abundante
prueba documental allegada, como los informes contractuales, constancias de
funciones, agendas de turnos y testimonios que daban cuenta de la existencia de
un vínculo subordinado. Señaló que, contrario a lo afirmado por el tribunal, su
representado cumplía una jornada diaria reglada, debía reportar a un jefe inmediato,
recibía instrucciones directas de profesionales superiores, asumía tareas
administrativas y misionales adicionales a las propias de su cargo, y en múltiples
ocasiones actuó como coordinador del área de sanidad, todo lo cual demostraba
que estaba sujeto al poder de dirección, organización y control de la entidad,
conforme lo establece el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Así mismo,
enfatizó que su labor no era autónoma ni independiente, sino claramente integrada
a la estructura funcional de la entidad.

6 Índice 0044 de Samai.

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Nacional – Dirección de Sanidad.

Reprochó también que el Tribunal no hubiera valorado adecuadamente los
testimonios de los compañeros de trabajo y usuarios del servicio de salud, quienes
confirmaron la sujeción jerárquica, la ejecución de órdenes superiores y el
cumplimiento de un horario inflexible. Asimismo, puso de presente que las funciones
desarrolladas por su mandante coincidían con aquellas descritas en el manual de
funciones del cargo de auxiliar de enfermería de planta de la Policía Nacional, lo
que reforzaba la tesis de desnaturalización del vínculo contractual. En este sentido,
reiteró que el uso del contrato de prestación de servicios fue artificioso y encubrió
una verdadera relación laboral, contrariando principios constitucionales como el de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, consagrado en el artículo 53 de la
Carta Política.

Finalmente, advirtió que, el fallo desconoció el precedente vinculante del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional, como la Sentencia T-388 de 2020, que
presume la subordinación en labores propias del área de salud cuando se
demuestran condiciones objetivas de dependencia funcional y cumplimiento de
horarios. Insistió en que la prolongación del vínculo, la permanencia en el cargo, la
prestación continua del servicio y la inserción del actor en el aparato organizacional
de la entidad, con funciones esenciales para el cumplimiento de su misión
institucional, configuraban en su conjunto todos los elementos esenciales del
contrato de trabajo, por lo que solicitó la revocatoria de la sentencia apelada y el
reconocimiento de los derechos laborales y prestacionales derivados de la relación
laboral real existente.

1.5. Trámite de segunda instancia

Con auto de 1 de abril de 20257, este despacho admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el artículo 247 8 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); y, por no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de
conclusión.

1.5.1 Concepto del ministerio público9.

7 Índice 0009 de Samai.
8
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
9 Índice 008 de Samai-segunda instancia.

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Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

La Procuraduría delegada de Intervención 7 ante el Consejo de Estado10 rindió
concepto dentro del proceso promovido por Juan Carlos Cadena Fajardo contra la
Policía Nacional, correspondiente a un medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. El actor solicitó que se declarara la existencia de una
relación laboral entre el 15 de septiembre de 2003 y el 13 de abril de 2018, pese a
haber estado vinculado formalmente mediante contratos de prestación de servicios.

La delegada del Ministerio Público consideró acreditados los tres elementos
esenciales de una relación laboral conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Con
fundamento en el acervo probatorio, concluyó que el actor prestó sus servicios como
auxiliar de enfermería en instalaciones de la Policía Nacional durante más de 14
años, mediante 25 contratos consecutivos, con funciones que excedieron el mero
cumplimiento de obligaciones contractuales, incluyendo la atención directa a
pacientes, la asignación de citas, participación en comités y desarrollo de
actividades en programas de salud pública.

En cuanto a la subordinación, destacó que el actor debía cumplir horarios
establecidos, reportar permisos al ordenador del gasto, recibir instrucciones de
médicos y odontólogos, y entregar informes mensuales, lo cual denotó ausencia de
autonomía e inserción en la estructura organizativa de la entidad. A juicio del
Ministerio Público, estas condiciones desnaturalizaron la figura del contrato de
prestación de servicios y evidenciaron una relación de trabajo subordinada, de
carácter permanente y necesaria para el cumplimiento de funciones misionales de
la Dirección de Sanidad.

A partir de testimonios, documentos contractuales y certificaciones de cumplimiento,
la Procuraduría concluyó que la Policía Nacional ejerció control efectivo sobre las
condiciones de trabajo del demandante. Además, precisó que, aunque algunos
derechos prestacionales se encontraban prescritos, debían reconocerse aquellos
causados a partir del 28 de septiembre de 2015.

En consecuencia, la delegada solicitó revocar la sentencia del Tribunal
Administrativo de Santander que había negado las pretensiones del actor, y declarar

10
Dra. Claudia Patricia Hernández León

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Nacional – Dirección de Sanidad.

la existencia de una verdadera relación laboral encubierta, reconociendo los
derechos derivados de ella.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 111 del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico.

Con base en los términos del recurso de apelación formulado por la parte actora, le
corresponde a la Sala determinar si, durante el periodo comprendido entre el año
2003 y el 2018, se configuró una relación laboral entre el señor Juan Carlos Cadena
Fajardo y la Policía Nacional, pese a que su vinculación formal se produjo mediante
la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios, y si, en
consecuencia, resulta procedente declarar la existencia de dicha relación laboral y
ordenar el reconocimiento de los derechos laborales y prestacionales reclamados.

Para ello, será preciso establecer si en el expediente se encuentran acreditados los
elementos constitutivos del contrato de trabajo, con énfasis en el elemento de la
subordinación, aspecto central del recurso de apelación, y cuya inexistencia fue
afirmada por el Tribunal en la sentencia de primera instancia.

En el marco de este análisis, se deberá valorar si las pruebas allegadas —incluidas
las certificaciones contractuales, agendas, testimonios y manuales de funciones — permiten

concluir que la ejecución del servicio obedeció a una integración funcional en la
estructura organizativa de la entidad, con sujeción a órdenes, jerarquía, jornada y
funciones propias del cargo de planta, o si, por el contrario, las condiciones en las
que se prestó el servicio se ajustaron al régimen legal y a la autonomía propia del
contrato estatal de prestación de servicios.

11 modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021
12 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales,
o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.

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Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
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Nacional – Dirección de Sanidad.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la existencia de una relación
laboral encubierta y/o subyacente

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que
debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato
y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general
relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo

32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre
el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se
requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio,
en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada,
puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la
subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en
la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación
de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes,
de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se
hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto
de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el
previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la
calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario

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Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se
le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia
al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni
pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del
contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la
actividad del mandato respectivo.»

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 13, «[p]or el cual se modifican las normas
que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

«Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la
ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por
una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha
tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como
los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros
contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares
de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por
no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos
correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de
servicios para el desempeño de tales funciones.»

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional en sentencia C-614 de 2009, al señalar que la permanencia,
entre otros criterios, es un elemento más que indica la existencia de una relación
laboral. En esa oportunidad, la Corte expuso:

«La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar
contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter
permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección
a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones
laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo
excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo
parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran
conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado,
en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública
debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que
ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.»

13 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.

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Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

De lo anterior, se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la
materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata
en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de
la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales 14; y, para reforzar
su tesis, el demandante puede valerse de los criterios de la permanencia del empleo
para constatar si se está encubriendo una auténtica relación laboral15.

En el mismo sentido, la Subsección B de esta Sección Segunda 16 recordó que (i)
la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor
público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe
mantenerse durante el vínculo y, (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la
permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o
similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de
planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar
de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación
laboral.

14 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27 de enero
de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
15 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-040 de 2016.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-
2012-00020-01 (316-2014).

13

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples oportunidades,
consolidando así una línea jurisprudencial uniforme en torno a la materia. En
consecuencia, será con fundamento en dicho marco normativo y jurisprudencial que
se desarrollará el análisis del presente asunto.17

2.2.2. Material probatorio

• Obra en el expediente copia de 20 contratos de prestación de servicios profesionales18
suscritos entre Juan Carlos Cadena Fajardo y la Policía Nacional – Dirección de
Sanidad, ejecutados en diferentes vigencias comprendidas entre el 15 de septiembre de
2003 y el 2 de abril de 2018, en virtud de los cuales el actor prestó sus servicios como
auxiliar de enfermería en los departamentos de Santander y Boyacá, así:

CONTRATO DE TÉRMINO
PRESTACIÓN DE OBJETO DE DESDE/HASTA VALOR
No.
SERVICIOS DURACIÓN

[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 68-
área donde sea
700468 3 meses y 15 15/09/2003 al
1 requerido por la $ 3.420.000
días. 30/01/2004
Seccional de
Folios 66-78
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-

Sin interrupción
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 68-7-
área donde sea 01/02/2004 al
01044
2 requerido por la 10 meses 01/12/2004 $ 7.600.000
Seccional de
Folios 80-89
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-
Interrupción de 1 día
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 068-7- área donde sea
0448 requerido por la
3 7 meses 03/12/2004 al $ 5.740.000
Seccional de
07/07/2004
Folios 90 a 99 Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-

Sin interrupción

17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera sentencias identificadas
con los radicados internos 0199-2023, 2164-2023, 3767-2023, 4845-2023, 7292-2023, entre otros.

18 Que reposan en el archivo 02. CD ANEXOS fol 30 c1 - OneDrive a partir del folio 66 y en el 04. CUADERNO ppal No. 2 -
OneDrive folios 1 a 33.

14

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 68-7-0231
área donde sea
4 5 meses 01/07/2004 al $ 4.100.000
requerido por la
Folios 100 a 113 30/11/2004
Seccional de
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-
Sin interrupción
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 68-7-0418 área donde sea
5 requerido por la 3 meses 01/12/2005 al $ 2.760.000
Folios 114-129 Seccional de 28/02/2006
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-
Interrupción de 3 días

Contrato No. 68-7- […] “Prestar los
011006 servicios de auxiliar
de enfermería en el
Adición No. 049806 del área donde sea
12 meses y
6 7 de noviembre de requerido por la 06/03/2006 al $ 11.806.667
25 días
2006 al contrato Seccional de 31/03/2007
principal No. 68-7- Sanidad Santander
011006 de la Policía
Nacional” -sic-
Folios 130-168
Sin interrupción

[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 68-7-
área donde sea 02/04/2007 al
014307 9 meses y 29
7 requerido por la 30/01/2008 $ 10.086.267
días
Seccional de
Folios 170-225
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-

Sin interrupción

[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 68-7- 31/01/2008 al
área donde sea
0021-08 30/04/0919
8 requerido por la 10 meses $ 10.120.000
Seccional de
Folio 224-240
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-

Interrupción de 10 días
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 18-7-
área donde sea
20199-09 6 meses y 13
9 requerido por la 18/05/2009 al $ 6.836.060
días
Seccional de 30/11/2009
Folio 242-260
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-

19
No se cuenta con el acta de terminación ni con el acta de liquidación del contrato, se establece dicha fecha con base en la
certificación obrante en el plenario expedida por la llamada a juicio el 14 de marzo de 2018

15

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Sin interrupción
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 18-7-
área donde sea
20435-09 23/11/2009 al
10 requerido por la 7 meses $ 7.438.200
23/06/201020
Seccional de
Folio 262-275
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-
Interrupción de 15 días
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 18-7-
área donde sea
20167-10 16/07/2010 al
11 requerido por la 8 meses $ 8.500.000
15/03/201121
Seccional de
Folio 276-293
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-
Interrupción de 15 días
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 18-7-
área donde sea
20147-11
12 requerido por la 12 meses 31/03/2011 al $ 12.745.995
Seccional de 31/03/2012
Folio 294-303
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-
Interrupción de 6 días
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 18-7-
área donde sea
20108-12
13 requerido por la 12 meses 12/04/2012 al $ 12.607.226
Seccional de 31/03/2013
Folio 304-324
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic-
Interrupción de 2 días
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 18-7-
área donde sea
20078-13 7 meses y 28
14 requerido por la 03/04/2013 al $ 8.697.106
días
Seccional de 30/11/2013
Folio 326-363
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic
Interrupción de 17 días
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 18-7-
área donde sea
20298-13 7 meses y 4
15 requerido por la 25/12/2013 al $ 8.132.963
días
Seccional de 30/07/2014
Folio 364-389
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic
Interrupción de 3 días

20
No se cuenta con el acta de terminación ni con el acta de liquidación del contrato, se establece dicha fecha con el término de
duración del contrato celebrado.
21
No se cuenta con el acta de terminación ni con el acta de liquidación del contrato, se establece dicha fecha con el término de
duración del contrato celebrado.

16

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 18-7-
área donde sea
20175-14
16 requerido por la 4 meses 05/08/2014 al $ 4.560.000
Seccional de 04/12/2014
Folio 390-417
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic
Interrupción de 2 días
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 18-7-
área donde sea
20359-14 5 meses y 21
17 requerido por la 10/12/2014 al $ 6.498.770
días
Seccional de 31/05/2015
Folio 419-453
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic
Sin interrupción
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 95-7-
área donde sea
20114-15 11 meses y
18 requerido por la 01/06/2015 al $ 13.111.652
15 días
Seccional de 15/05/2016
Folio 455-474
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic
Sin interrupción

[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 95-7-
área donde sea
20068-16
19 requerido por la 12 meses 10/05/2016 al $ 13.681.619
Seccional de 09/05/2017
Folio 1-22
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic

Sin interrupción
[…] “Prestar los
servicios de auxiliar
de enfermería en el
Contrato No. 95-7-
área donde sea
20052-17 10 meses y
20 requerido por la 5/05/2017 al $ 936.000
28 días
Seccional de 13/04/201822
Folio 23-
Sanidad Santander
de la Policía
Nacional” -sic

• Se aportó copia de una constancia de fecha 25 días de febrero de 2013, expedida por
el Ministerio de Defensa Nacional- Seccional Sanidad Santander, en la que se indica

22 Extremo final tomado de la certificación obrante en el plenario expedida por la demandada el
14 de marzo de 2018

17

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

que Juan Carlos Cadena Fajardo, prestó sus servicios a esa institución en calidad de
auxiliar de enfermería bajo los siguientes contratos de prestación de servicios23:

CONT. PS No. CON PLAZO DE FECHA DE INICIO
68-7-00468 90 DIAS 15-09-2003
68-7-0144 300 DIAS 21-01-2004
68-7-0448 210 DIAS 27-11-2004
68-7-0231 150 DIAS 01-07-2005
68-7-0418 30 DIAS 01-12-2005
68-7-0110-06 390 DIAS 06-03-2006
68-7-0143-07 304 DIAS 02-04-2007
68-7-0021-08 454 DIAS 01-02-2008

• Copia de la certificación de fecha 14 de marzo de 2018, expedida por el Área de Sanidad
de Boyacá de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional por medio de la cual se
hizo constar que el demandante Juan Carlos Cadena Fajardo, prestó sus servicios como
auxiliar de enfermería a dicha institución, a través de los siguientes contratos de
prestación de servicios24:

Contrato No. 68-7-0231 de 02/10/2005

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería.

Fecha de inicio: 1/07/2005 fecha de término: 30/11/2005

Duración: 150 días

Contrato No. 68-7-0231 de 02/10/2005

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería

Fecha de inicio: 1/12/2005 fecha de término: 28/02/2006

Duración: 90 días

Contrato No. 68-7-011006 de 02/03/2006

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería

Fecha de inicio: 6/03/2006 fecha de termino: 31/03/2007

Duración: 390 días

23
Ver folio 33 del archivo 04. CUADERNO ppal No. 2 - OneDrive
24
Ver folios 35 a 38 ibidem.

18

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Contrato No. 68-7-0143/07 de 22/04/2007

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería

Fecha de inicio: 2/04/2007 fecha de termino: 31/01/2008

Duración: 304 días

Contrato No. 68-7-002108 de 22/03/2008

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería

Fecha de inicio: 1/02/2008 fecha de termino: 30/04/2009

Duración: 454 días

Contrato No. 18-7-20199-09 de 21/05/2009

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería

Fecha de inicio: 7/05/2009 fecha de termino: 16/11/2009

Duración: 193 días

Contrato No. 18-7-20147-2011 de 12/04/2011

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería

Fecha de inicio: 4/04/2011 fecha de termino: 27/12/2011

Duración: 267 días

Contrato No. 18-7-20108-2012 de 07/06/2012

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería.

Fecha de inicio: 16/04/2012 fecha de termino: 27/12/2012

Duración: 255 días

Contrato No. 18-7-20078-2013 de 12/09/2013

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería.

19

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Fecha de inicio: 3/04/2013 fecha de termino: 30/11/2013

Duración: 241 días

Contrato No. 28-7-20175-2014 de 14/08/2014

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería.

Fecha de inicio: 8/05/2014 fecha de termino: 5/09/2014

Duración: 120 días

Contrato No. 28-7-20175-2014 de 14/08/2014

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería.

Fecha de inicio: 8/05/2014 fecha de termino: 5/09/2014

Duración: 120 días

Contrato No. 18-7-20359-2014 de 12/12/2014

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería.

Fecha de inicio: 10/12/2014 fecha de termino: 30/05/2015

Duración: 171 días

Contrato No. 95-7-20114-2015 de 03/06/2015

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería.

Fecha de inicio: 1/06/2015 fecha de termino: 15/05/2016

Duración: 349 días

Contrato No. 95-7-20068-16 de 13/05/2016

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería.

Fecha de inicio: 16/05/2016 fecha de termino: 15/05/2017

Duración: 364 días

Contrato No. 95-7-20052-17 de 14/05/2017

Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
Objeto contractual
como auxiliar de enfermería.

20

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Fecha de inicio: 16/05/2016 fecha de termino: 13/04/2018

Duración: 332 días

Se aclara que, si bien la certificación allegada y que fue expedida el 14 de marzo de 2018
da cuenta los contratos suscritos por el actor e indica los extremos laborales de aquellos;
este documento solo será tenido en cuenta frente a los contratos números 8 y 10,
comoquiera que respecto de ellos, no se cuenta con acta de inicio y/o terminación.

Situación análoga se presentó respecto de los contratos números 10 y 11, en los cuales se
fijó su fecha de finalización conforme al término de duración pactado en sus cláusulas, ante
la ausencia de otros documentos que permitieran acreditar de forma directa su culminación,
dato que tampoco reposa en la ya citada certificación del 14 de marzo de 2018.

En los demás contratos, la información pertinente fue tomada directamente de los
documentos obrantes en el expediente, los cuales sí contienen actas de inicio, de
liquidación u otros elementos que permiten conocer con mayor precisión las condiciones
contractuales del vínculo entre las partes.

• También se aportaron al plenario 30 agendas de trabajo mensual, correspondientes a
los años 2007, 2009, 2011, 2012 y 2013 elaboradas por la Policía Nacional,
específicamente por la Seccional de Sanidad Santander (Coordinación grupo red de
servicios de salud nivel I), subintendente Fernando Torres Sanguino o por el intendente
Carlos Parra Ruiz, a nombre del profesional Juan Carlos Cadena Fajardo, cada una de
las 30 agendas corresponde a un mes especifico, dichas agendas incluyen la siguiente
información25:

Todos siguen un formato idéntico, que incluye:

• Días del mes, clasificados por día de la semana.
• Hora de inicio de actividades (HORA I.A.): usualmente 07:00 a.m. o 08:00 a.m.
• Horas asignadas a Consulta Externa (C.E.).
• Horas asignadas a Promoción y Prevención (PYP).
• Total, de horas mensuales, discriminadas entre I.A., C.E. y PYP.

Distribución de horas:

• Horas laborales totales por mes: en promedio 190 horas.
• Consulta externa (C.E.): alrededor de 168 horas mensuales.
• Promoción y prevención (PYP): entre 21 y 22 horas mensuales.

Observaciones comunes: Las observaciones reiteran actividades como:

• Elaboración de historias clínicas.
• Ingreso de RIPS a computador.

25
Ver folios 65 a 179 ibidem.

21

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

• Elaboración de informes (costos, hospital, consultorio).
• Actividades de promoción y prevención (PYP).
• Asignación de citas.
• Material para curaciones y nebulizaciones.
• Actividades programadas todos los sábados.

• A continuación, se transcriben las ordenes impartidas en las agendas: «Toma casual de
T.A.H. una hora diaria. Buscar y organizar historias clínicas todos los días, media hora. Programa
de endotelio durante los primeros días de cada mes, nueve (9) horas. Ingreso de RIPS al
computador mediante base de datos, una hora y media. Elaboración de informes hospitalarios,
de consultorio y de programas de Promoción y Prevención (PyP), cinco (5) horas. Elaboración
de informe de costos, ocho (8) horas. Todos los sábados, elaboración de material para
curaciones, infectología y nebulizaciones. Asignación de citas diarias, dos (2) horas.»

• Se aportaron, igualmente copias de diversos oficios o constancias de envío de las
agendas de trabajo que le realizaba la Dirección Seccional de Sanidad Santander ESP
Barbosa, al señor intendente Edwin Caballero Carrillo26.

• Se aportó copia del acta de apertura de buzones de la Policía Nacional, donde se deja
constancia de la apertura del buzón frente a los testigos y el auxiliar de enfermería Juan
Carlos Cadena, como funcionario de la Oficina de Atención al Usuario27:

• Copia de las actas de realización de talleres de fecha 14 de septiembre de 2011 y 07
de diciembre de 2011, suscritas por Juan Carlos Cadena Fajardo como auxiliar de
enfermería de la oficina de atención al usuario28.

• Se allegaron copias de diversas actas de reuniones, talleres y comités institucionales
en los que participó el demandante en calidad de auxiliar de enfermería. A continuación,
se relacionan los documentos correspondientes29:

1. Acta No. 11 – ESPAB – SABAR (08 de noviembre de 2013)

Lugar: Sanidad Barbosa.
Asunto: Socialización Comité de Historias Clínicas.
Asistentes: Incluye a Juan Carlos Cadena como “Auxiliar de Enfermería”.
Participan médicos, odontólogos, auxiliares y personal de oficios varios.
Se registra verificación de asistencia, lectura de acta anterior, verificación de
compromisos y temas a tratar.
Se identifican compromisos y responsables.

2. Acta No. 11 – ESPAB – SABAR (Continuación)

Se reiteran compromisos adquiridos en el acta anterior (25 de octubre de 2013).

26
Ver folios 127, 134, 139, 130, 138, 146, 147, 151, 154, 154, 155, 159, 166, 167 193 ibidem.
27
Ver folio 193 ibidem.
28
Ver folios 202 y 203 ibidem.
29
Ver folios 199 a 315 ibidem.

22

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Participan como responsables: Dr. Óscar Bernal, Dra. Vivian Gutiérrez, Área
Sanidad Tunja, Coordinadora Sanidad Barbosa.
Se detallan compromisos relacionados con el flujo de citas y atención en Sanidad
Barbosa. Incluye modalidad de solicitud de servicios: remisión, interconsulta, orden
de servicio, apoyo tecnológico y urgencias.

3. Acta No. 11 – ESPAB – SABAR (página 3)

Tema: Funciones de las Direcciones Seccionales y Locales de Salud.
Contiene funciones relacionadas con el Régimen de Referencia y Contrarreferencia.
Se consignan compromisos institucionales.
Se registra asistencia nominal, correos electrónicos, teléfonos celulares y firmas,
incluyendo la de Juan Carlos Cadena como “Auxiliar de Enfermería – SABAR”.

4. Acta No. 20 – Reunión grupo veedores (08 de abril de 2012)

Lugar: Tercer Distrito Barbosa.
Tema: Horario de atención de los profesionales.
Dirigido a funcionarios.
Participan 3 personas.
Firma como funcionario Juan Carlos Cadena Fajardo.

5. Acta No. 01 – Reunión grupo ELI (27 de abril de 2012)

Lugar: Tercer Distrito Barbosa.
Tema: Referencia y contrarreferencia.
Participan 7 personas.
Firma como funcionario Juan Carlos Cadena Fajardo.

6. Acta No. 31 – Reunión usuarios (25 de abril de 2012)

Lugar: ESPAB SABAR.
Tema: Trámite pendiente de sugerencias hechas por los usuarios.
Participan usuarios, Coordinador de Sanidad y Juan Carlos Cadena como auxiliar
de enfermería.
Resultado: “Recibido con satisfacción”.

7. Acta No. 42 – Reunión usuarios (15 de junio de 2012)

Lugar: Hospital Integrado San Bernardo.
Tema: Mejorar atención en ortopedia.
Participa Juan Carlos Cadena como auxiliar de enfermería.
Firma como responsable del acta.

8. Acta No. 46 – Reunión usuarios (19 de junio de 2012)

Lugar: Tercer Distrito Barbosa.
Tema: Asistencia a consultas y solución de servicios.
Participa Juan Carlos Cadena como auxiliar de enfermería.
Firma el acta.

9. Acta No. 48 – Reunión usuarios (18 de julio de 2012)

23

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Lugar: Hospital Integrado San Bernardo.
Tema: Atención de fisioterapia.
Participa y firma Juan Carlos Cadena como auxiliar de enfermería.

10. Acta No. 57 – Reunión usuarios (24 de septiembre de 2012)

Lugar: ESPAB SABAR.
Tema: Ampliación de horario de profesionales.
Participa Juan Carlos Cadena como auxiliar de enfermería.
Firma el acta.

11. Acta (sin número visible) – Reunión usuarios

Participan: Intendente Carlos Parra Ruiz, usuario Orlando Murcia, Auxiliar Juan
Carlos Cadena.
Firma Juan Carlos Cadena.
Conclusiones sobre colaboración de profesional de medicina general.

12. Acta No. 57 – Reunión usuarios (04 de septiembre de 2012)

Tema: Comentario constructivo de usuaria Gladys Durán.
Participan: Intendente Carlos Parra Ruiz, Juan Carlos Cadena como auxiliar de
enfermería.
Resultado: Recibido con satisfacción.

13. Acta (sin número visible) – Reunión usuarios

Firma Juan Carlos Cadena como auxiliar de enfermería.
Conclusiones dirigidas a usuaria Gladys Durán.

14. Acta No. 23 – Reunión usuarios (30 de marzo de 2012)

Tema: Mejorar servicios de odontología.
Participa: Juan Carlos Cadena como auxiliar de enfermería.
Resultado: Recibido con satisfacción.

15. Oficio No. 0180 – 01 de diciembre de 2011

Dirigido a enfermera jefe del Hospital San Bernardo (Yadira Ariza Ortiz).
Asunto: Entrega de documentos sobre actividades infantiles.
Firma: Juan Carlos Cadena como auxiliar de enfermería y coordinador Sanidad
Tercer Distrito Barbosa.

16. Oficio No. 0107 – 16 de diciembre de 2011

Asunto: Entrega de encuesta.
Firma: Juan Carlos Cadena como auxiliar de enfermería y coordinador de Sanidad.

17. Oficio No. 0184 – 15 de diciembre de 2011

Asunto: Entrega de documentos sobre ejecución de programas.
Firma: Juan Carlos Cadena como auxiliar de enfermería y coordinador Sanidad.

18. Oficio No. S-2011-2388 – 01 de noviembre de 2011

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Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Dirigido a Juan Carlos Cadena como Coordinador (E) de Sanidad ESPAB Barbosa.
Asunto: Informe de auditoría de calidad.
Remitente: Mayor Luis Ariel Tovar Lombo, jefe Área Sanidad Boyacá.

19. Informe de Auditoría de Calidad a Red Propia – Área de Sanidad Boyacá (31 de
octubre de 2011)

Responsable: Auxiliar de Enfermería Juan Carlos Cadena.
Cargo: Coordinador (E) de Sanidad.
Auditor: Dra. Mabel Puentes.
Contenido: Verificación del cumplimiento de estándares de habilitación (Resolución
1043 de 2006).
Se registran hallazgos, compromisos, responsables, fechas de seguimiento y
soportes.

20. Informe de Auditoría de Calidad (continuación)

Se detallan hallazgos sobre historia clínica, interdependencia de servicios, e
indicadores institucionales.
Responsable: Auxiliar de Enfermería Juan Carlos Cadena.
Aparecen fechas de seguimiento y soportes documentales (libros, manuales, listas
de chequeo).

21. Acta No. 009 – Comité GAGAS – ESPAB – DESAN (24 de febrero de 2012)

Lugar: Establecimiento de Sanidad Policía – Tercer Distrito Barbosa.
Asunto: Socialización del instructivo para el ahorro y uso eficiente del papel.
El señor Juan Carlos Cadena Fajardo aparece como Coordinador de Sanidad
Barbosa.
Se registra su verificación de asistencia del comité y el desarrollo de la agenda.

22. Acta No. 009 – Comité GAGAS (continuación)

Compromisos: Disminución del consumo de papel, reutilización y aplicación del
programa.
Se registran asistentes, cargos, unidades y firmas, incluyendo la de Juan Carlos
Cadena.

23. Acta No. 007 – Comité GAGAS – ESPAB – DESAN (26 de enero de 2012)

Tema: Conformación del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria.
Juan Carlos Cadena figura como Coordinador de Sanidad.
Se consigna su verificación de asistencia y lectura del orden del día.

24. Comité GAGAS – Conformación y funciones (página de listado)

Aparece el nombre de Juan Carlos Cadena Fajardo como Coordinador de Sanidad
Barbosa.
Se relacionan nombres, cargos y firmas de integrantes del grupo GAGAS.

25. Comité GAGAS – Página de asistentes

Registro de asistentes al comité, con firma de Juan Carlos Cadena Fajardo.

25

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Se observa listado con unidades, cargos y firmas de otros participantes del área de
sanidad.

26. Acta No. 007 – Comité GAGAS – Tratamiento de aguas residuales (29 de febrero
de 2012)

Lugar: Establecimiento de Sanidad Policía – Tercer Distrito Barbosa.
Coordinador del comité: Juan Carlos Cadena Fajardo.
Verificación de quórum, lectura de acta anterior y exposición técnica sobre aguas
residuales.

27. Acta No. 007 – Comité GAGAS (continuación)

Desarrollo del proceso de tratamiento de aguas residuales: canalización, filtración,
cloración.
Se registran asistentes, unidad, cargo y firma, incluyendo nuevamente a Juan Carlos
Cadena.

28. Oficio No. S-2012-01082 / DEBOY-GRUSA.29 (26 de junio de 2012)

Dirigido a los Coordinadores de Establecimientos de Sanidad Policial del
Departamento de Boyacá.
Asunto: Cumplimiento de actividades del Grupo GAGAS.
Se solicita remisión de actas y formatos diligenciados con fechas, firmas y temas.

• Copia de un documento expedido por la Empresa Social del Estado Hospital
Integrado San Bernardo de Barbosa, fechado el 1° de marzo de 2012, dirigido al
señor Juan Carlos Cadena, Coordinador de Sanidad del Tercer Distrito Barbosa. El
contenido informa el valor de la facturación de servicios realizados en el mes de
febrero de 2012, específicamente por concepto de urgencias, por un monto de
$1.677.156. El documento está firmado por Nayilene Hernández Hernández, quien
se identifica como Coordinadora de Facturación30.

• Copia del oficio del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional –
Departamento de Policía Boyacá, fechado el 13 de marzo de 2012, dirigido al señor
Juan Carlos Cadena Fajardo, Coordinador de Sanidad del Tercer Distrito de Policía
Barbosa. El asunto es “Notificación” de designación como supervisor de un contrato
específico. El documento está firmado por el coronel Miguel Fernando Roa Ramírez,
comandante del Departamento de Policía Boyacá. Incluye anotaciones manuscritas
al margen derecho inferior31.

• Copia del oficio fechado el 11 de marzo de 2012, del Departamento de Policía
Boyacá, dirigido al señor Juan Carlos Cadena Fajardo, con asunto “Notificación” de
designación como supervisor de contrato. El documento contiene membrete

30
Ver folio 317 ibidem.
31
Ver folio 321 ibidem.

26

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

institucional, firma del coronel Miguel Fernando Roa Ramírez y código QR. Al pie
del documento se incluye una nota sobre la diferencia entre supervisor e
interventor32.

• Copia del oficio fechado el 28 de diciembre de 2013, suscrito por el coronel Carlos
Antonio Gutiérrez Martínez, comandante del Departamento de Policía Boyacá. Está
dirigido a la patrullera Carmen Nayibe Acevedo Quintana y notifica que el señor Juan
Carlos Cadena Fajardo fue designado como supervisor del contrato de prestación
de servicios como auxiliar de enfermería. Incluye sello de radicación y código QR33.

• Copia de comunicación expedida por la Asociación de Veteranos de la Policía de
las Provincias de Vélez y Ricaurte –ASOVETPOVERI–, dirigida al Brigadier General
Jorge Enrique Rodríguez Peralta, director de Sanidad de la Policía Nacional, en la
que se solicita tener en cuenta el nombre del señor Juan Carlos Cadena Fajardo
para un nombramiento en propiedad en el área de sanidad. Está firmada por el
presidente de la asociación, José A. Hernández Ardila34.

• Copia del oficio del Departamento de Policía Boyacá, fechado el 1° de abril de 2011,
mediante el cual el Subintendente Díaz Pérez Freidy Emilson, Coordinador de
Sanidad Barbosa, solicita al comandante del Departamento de Policía Boyacá
estudiar la posibilidad de renovar la contratación del señor Juan Carlos Cárdenas
Fajardo como auxiliar de enfermería. El documento está también firmado por el jefe
del Área de Sanidad Boyacá, teniente Jorge Mario Orjuela Márquez35.

• Copia del oficio de fecha 26 de noviembre de 2013, suscrito por la Patrullera Carmen
Nayibe Acevedo Quintana, Coordinadora de Sanidad del Tercer Distrito Policía
Barbosa. Dirigido al coronel Carlos Antonio Gutiérrez Martínez. Se solicita
autorización para iniciar proceso de contratación de servicios de salud para el señor
Juan Carlos Cadena Fajardo, como auxiliar de enfermería por un periodo de siete
meses y ocho días, por valor de $8.284.981. También está firmado por la jefe del
Área de Sanidad Boyacá, teniente coronel Carmen Katherine Giraldo Serrano36.

• Copia del documento identificado como Acta No. 077 de 2013, suscrita por el Comité
para la Contratación Administrativa del Área de Sanidad de la Policía Nacional en
Boyacá. Se consigna que la reunión se realizó el 23 de diciembre de 2013 entre las
10:00 y 11:50 horas. En el acta se recomienda al comandante del Departamento de

32
Ver folio 323 ibidem.
33
Ver folio 327 ibidem.
34
Ver folio 329 ibidem
35
Ver folio 331 ibidem
36
Ver folio 333 ibidem

27

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Policía Boyacá la contratación directa de varios profesionales de salud, incluyendo
médicos generales, odontólogos y auxiliares de enfermería.

Según se lee, a dicha reunión asistieron el jefe Administrativo DEBOY TC. Camilo
Torres Pineda y la CT. Yolanda Alfonso Bohórquez, jefe del Área de Sanidad Boyacá
(E). Allí se listan los servicios a contratar, especificando ubicación, profesión y
número de horas asignadas. En el cuadro de "Servicios por Orden de Prestación de
Servicios (OPS)", se menciona al señor Juan Carlos Cadena Fajardo, identificado
con cédula de ciudadanía 91.015.390, como Auxiliar de Enfermería, contratado por
siete meses y cuatro días, con un valor presupuestado de $8.284.981 y asignación
de 8 horas. La conclusión del acta recomienda la contratación de los profesionales
enlistados37.

• Copia del documento identificado como Anexo No. 5, expedido por la Dirección de
Sanidad – Área de Sanidad Boyacá, titulado “Constancia de Planta de Personal”.
En él se deja constancia que, tras verificación de la planta de personal de la
Dirección de Sanidad, no se cuenta con personal disponible con el título de Auxiliar
de Enfermería para cubrir la necesidad planteada por el Área de Sanidad del III
Distrito de Policía Barbosa. El documento está fechado el 26 de noviembre de 2013
y firmado por el PS Ferney Augusto Gómez Toro, Líder del Grupo Talento Humano
del Área de Sanidad Boyacá38.

• Copia del documento titulado “Constancia de Idoneidad y Experiencia”, identificado
como Anexo No. 6, expedido por la Dirección de Sanidad – Área de Sanidad Boyacá
del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Firmado por la patrullera
Carmen Nayibe Acevedo Quintana, Coordinadora de Sanidad del Tercer Distrito de
Policía Barbosa. Consta que, tras verificación documental, el señor Juan Carlos
Cadena Fajardo cuenta con la idoneidad y la experiencia requeridas para
desempeñarse como Auxiliar de Enfermería. La constancia fue expedida el 28 de
noviembre de 201339.

• Copia del oficio fechado el 25 de julio de 2017, suscrito por un grupo de veedores
de sanidad, dirigido al Capitán Gustavo Adolfo Venegas Velásquez, jefe del Área de
Sanidad del Departamento de Policía Boyacá. En el documento se describe la
situación operativa de la unidad y se exalta la trayectoria de 14 años del señor Juan
Carlos Cadena Fajardo, como enfermero en el ESPAB Barbosa, solicitando se tenga
en cuenta su hoja de vida para eventual nombramiento en planta40.

37
Ver folio 341 a 349 ibidem
38
Ver folio 347 ibidem
39
Ver folio 349 ibidem
40
Ver folio 351 ibidem

28

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

• Copia del oficio No. 003885 del Departamento de Policía Boyacá, fechado el 13 de
febrero de 2012, dirigido a representantes de la Asociación de Veteranos de la
Policía. Se da respuesta a una queja y se informa que la Coordinación de Sanidad
venía siendo atendida provisionalmente por el señor Juan Carlos Cadena Fajardo,
y que, a partir del 13 de febrero de 2012, fue designado el señor Fredy Emilson Díaz
para desarrollar las actividades. Se incluye mención normativa sobre la contratación
directa41.

• Copia del oficio No. S-2017-055668 – JEFAT-3.1, expedido el 28 de julio de 2017
por el Capitán Gustavo Adolfo Venegas Velásquez, jefe del Área de Sanidad
Boyacá, dirigido al Mayor General Óscar Atehortúa Duque, director de Sanidad de
la Policía Nacional. En el documento se solicita la posibilidad de ordenar el
nombramiento del señor Juan Carlos Cadena Fajardo como Auxiliar de Enfermería
en el ESPAB SABAR, destacando su desempeño continuo por más de 14 años. Se
anexa informe de veedurías42.

• Declaración de Cristian Alberto Mendoza Beltrán43:

Manifestó haber conocido al demandante durante el mes de agosto de 2015, cuando
este prestó sus servicios en el municipio de Barbosa, Santander, en calidad de
auxiliar de enfermería bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.
Señaló que actuó como supervisor del respectivo contrato, en razón a su
pertenencia al área de sanidad del departamento de Boyacá.

En su condición de supervisor, tenía a su cargo la verificación del cumplimiento de
las funciones contractuales, entre las que se incluían actividades de atención en
enfermería, control de inventarios asignados, participación en comités, asignación
de citas a los usuarios de la Policía Nacional y organización del archivo clínico.

Indicó que la jornada laboral se desarrollaba con base en las macroagendas
programadas por los contratistas, quienes debían cumplir con un total de 190 horas
mensuales, conforme a las necesidades misionales del servicio, y debían informar
dicha programación al supervisor del contrato.

Agregó que, en casos de calamidad doméstica, el contratista debía comunicar la
situación al ordenador del gasto – jefe de Sanidad –, quien debía autorizar el
permiso y permitir la gestión de un reemplazo para continuar con las actividades. La
programación de la macroagenda se efectuaba a través de una plataforma digital,
en la cual se especificaban los tiempos destinados para el desarrollo de cada
actividad. Finalmente, señaló que la entidad era la encargada de suministrar los
elementos necesarios para la ejecución de las labores contratadas.

• Declaración de Milcíades Hernández Peña44.

41
Ver folio 355 ibidem
42
Ver folio 359 ibidem.
43
Min. 35:16 a 1:03:38 de la audiencia de pruebas celebrada el día 17 de mayo de 2022
https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/public/detail/5685005

44
Min. 1:05:44 a 1:24:50 ibidem.

29

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Afirmó haber prestado sus servicios en la Policía Nacional durante un periodo de
veintiún (21) años, hasta el año 2012. Señaló que conoció al demandante en el área
de Sanidad del municipio de Barbosa, aproximadamente en el año 2003, cuando
este se desempeñaba como contratista encargado de la atención a los usuarios. En
ese contexto, indicó que el actor tenía a su cargo la asignación de citas médicas, la
recepción de fórmulas prescritas y el acompañamiento en el proceso de entrega de
medicamentos.

• Declaración de Andrea Martínez Ariza45.

Manifestó haber conocido al demandante en razón a que este se desempeñaba
como enfermero en el área de sanidad de Barbosa, entre los años 2002 y 2015.
Señaló que coincidían frecuentemente en espacios de capacitación realizados en
Bucaramanga y Tunja. Indicó, además, que ella también estuvo vinculada como
contratista con la Policía Nacional durante un periodo de diecinueve (19) años.

Describió que sus funciones incluían actividades de vacunación, elaboración de
informes de costos y gestión, asignación de citas médicas, atención directa a los
pacientes, apoyo al médico general, participación en programas de Promoción y
Prevención (PYP), así como en comités institucionales.

Indicó que el actor estaba sujeto a la supervisión del funcionario designado como
supervisor del contrato. Señaló, igualmente, que ambos cumplían la misma jornada
laboral, comprendida entre las 7:00 a. m. y las 12:00 m., y entre las 2:00 p. m. y las
6:00 p. m.

Explicó que, mensualmente, se remitía un informe a las respectivas coordinaciones
de cada dependencia, detallando el cumplimiento de las actividades asignadas.
Añadió que el área de sanidad era la encargada de entregar los elementos de
dotación necesarios para el desarrollo de las funciones, los cuales eran
suministrados desde el almacén institucional.

Respecto de la planificación del tiempo, señaló que se debía presentar
mensualmente una macroagenda en la cual se indicaba la forma en que se cumpliría
con el total de las 190 horas requeridas, lo cual generalmente se organizaba en
jornadas diarias de 8 a 9 horas. En caso de no cumplir con el total de horas, estas
debían ser compensadas.

Cabe anotar que esta testigo fue objeto de tacha por presunta falta de imparcialidad,
al encontrarse en condiciones contractuales similares a las del demandante.

• Declaración de Carlos Alfonso Collazos Tao46.

Indicó ser pensionado de la Policía Nacional. Manifestó haber conocido al
demandante por cuanto ambos prestaron sus servicios en las mismas instalaciones
de la Policía en el municipio de Barbosa, Santander; el actor en calidad de auxiliar
de enfermería en el área de sanidad y él como operador de comunicaciones,
ubicados ambos en el mismo bloque.

Señaló que tenía conocimiento que el demandante iniciaba labores a las 7:00 a. m.,
y que conocía las funciones que desempeñaba, dado que, en su rol de enlace entre
las diferentes estaciones que integraban el Distrito y el Departamento, recibía las
órdenes institucionales y las distribuía a las distintas dependencias, entre ellas, al
área de sanidad, utilizando principalmente comunicación radial.

45
Min. 1:11:50 a 1:32:33 ibidem.
46
Min. 1:34:33 a 2:01:28 ibidem.

30

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
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Nacional – Dirección de Sanidad.

Precisó que a través de dicha labor conocía de los programas que debían ejecutarse
y recibía reportes relacionados con la asignación de citas médicas y la entrega de
medicamentos. Añadió que el demandante tenía a su cargo la gestión documental
de la dependencia, incluyendo el manejo de las historias clínicas que debía remitir
al médico de turno.

Indicó haber recibido servicios de salud en la unidad hasta el año 2018 y afirmó que
el actor debía cumplir jornada tanto en la mañana como en la tarde.
• Declaración de Abelardo Pinilla47

Sostuvo haber sido agente de la Policía Nacional hasta el año 1978. Señaló que
conoció al demandante en el área de sanidad del municipio de Barbosa, donde este
le brindaba atención a partir del año 2004, siendo el encargado de asignar las citas
médicas a los usuarios del servicio.

• Declaración de María Delia Diaz Reyes48

Señaló haber conocido al demandante desde el año 2003 en el dispensario de
Barbosa, donde este se desempeñaba como enfermero. Indicó que era el
encargado de orientar a los usuarios sobre el procedimiento para reclamar los
medicamentos formulados, así como de agendar las citas médicas. Afirmó que,
hasta aproximadamente mediados del año 2018, no tuvo conocimiento de otra
persona que prestara el servicio de enfermería en dicha unidad, aparte del actor

2.2.3. Caso concreto

El demandante solicitó se declare la existencia de una relación laboral encubierta
con la Policía Nacional, por los servicios prestados a esa entidad como auxiliar de
enfermería entre los años 2003 y 2018, en virtud de la suscripción sucesiva de
veinticinco (25) contratos de prestación de servicios, sin solución de continuidad
sustancial, con objeto contractual idéntico y funciones permanentes desarrolladas
dentro de la estructura operativa de la entidad.

La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que, si bien se encontraba acreditada la prestación personal del servicio
y la remuneración, no se demostró el elemento de subordinación, dado que las
actividades desarrolladas obedecían a esquemas de coordinación institucional y no
a una relación de trabajo subordinado. Además, el Tribunal sostuvo que las
declaraciones no resultaban concluyentes respecto de la existencia de órdenes
directas o la imposición obligatoria de horarios, y que no se probó la indebida
prolongación del vínculo contractual.

Inconforme con esta decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de
apelación, en el que argumentó que el A-quo incurrió en una errónea valoración

47
Min. 2:03:00 a 2:11:23 ibidem.
48
Min. 2:13:40 a 2:21:00 ibidem.

31

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Nacional – Dirección de Sanidad.

probatoria al omitir el análisis de pruebas fundamentales que demostraban la
existencia de una relación laboral subordinada. Reprochó que se ignorara el hecho
que su representado prestó servicios por más de catorce (14) años de manera
continua, bajo condiciones estructurales propias de un trabajador dependiente, y
que los contratos suscritos encubrían una necesidad permanente de la entidad, en
contravía del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, particularmente la contenida en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021.

Afirmó que el demandante debía reportar a superiores, acatar órdenes directas,
cumplir jornadas fijas, desarrollar funciones administrativas propias del cargo de
planta, asumir roles de coordinación, y que ello configuraba plenamente el elemento
de subordinación contemplado en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
Señaló que las pruebas testimoniales confirmaban ese carácter subordinado y que
las funciones desarrolladas correspondían a las previstas en el manual institucional
para el cargo de auxiliar de enfermería.

Finalmente, el recurrente sostuvo que el fallo desconoció precedentes vinculantes
como la Sentencia T-388 de 2020 de la Corte Constitucional, en la que se presume
la existencia de subordinación cuando se acreditan condiciones objetivas de
dependencia funcional, jornadas fijas y ejecución de funciones esenciales, por lo
que solicitó la revocatoria de la sentencia y el reconocimiento de la relación laboral
real con todos los efectos legales derivados de ella.

Ahora bien, conforme al material probatorio recaudado en el proceso, se encuentra
acreditado que el señor Juan Carlos Cadena Fajardo prestó sus servicios a la
Policía Nacional – Seccional de Sanidad Santander y Boyacá, en calidad de auxiliar
de enfermería, en virtud de múltiples contratos de prestación de servicios suscritos
entre los años 2003 y 2018.

En ese sentido, la Sala encuentra debidamente acreditada la prestación personal
del servicio, ya que, los elementos materiales probatorios detallados líneas atrás,
tales como: los contratos de prestación de servicios y todos los testimonios
recibidos, evidencian que el señor Juan Carlos Cadena Fajardo ejecutó
directamente las actividades propias del cargo de auxiliar de enfermería en el área
de sanidad de la Policía, en virtud de veinte (20) contratos de prestación de servicios
suscritos entre los años 2003 y 2018.

32

Numero interno: 0356-2025
Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
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Nacional – Dirección de Sanidad.

Se insiste, la documentación allegada, consistente en copias de contratos,
constancias institucionales, agendas de trabajo mensual, actas de reuniones, oficios
y certificaciones, evidencian que fue el propio demandante quien desarrolló de
forma ininterrumpida las funciones asistenciales, administrativas y de apoyo
misional, dentro de las instalaciones de la entidad y sin posibilidad de delegación.
Dicha circunstancia también fue corroborada por los testimonios rendidos por
Cristian Alberto Mendoza Beltrán49, Andrea Martínez Ariza50, Milcíades Hernández
Peña51, Carlos Alfonso Collazos Tao52, Abelardo Pinilla53y María Delia Díaz Reyes54,
en el proceso, los cuales coinciden en señalar que el actor asistía de manera
regular, cumplía jornadas fijas, reportaba a superiores y desempeñaba
personalmente sus labores asignadas, lo cual permite -como ya se dijo- tener por
acreditado este elemento del contrato realidad.

En cuanto a la remuneración, se advierte que, los contratos establecieron un pago
bajo la modalidad de honorarios, determinados conforme al número de horas o
turnos efectivamente ejecutados, según las agendas previamente aprobadas por la
entidad. Esta modalidad contractual se reflejó en los respectivos clausulados y se
ve confirmada por las certificaciones emitidas por la Seccional de Sanidad. Sin
embargo, dicha forma de pago no revela una negociación libre de condiciones
económicas ni autonomía financiera del contratista, sino que estuvo sujeta al
cumplimiento de una jornada preestablecida, bajo control institucional y con total
dependencia de los recursos y directrices de la entidad contratante. En tal sentido,
la remuneración recibida por el actor obedecía a la ejecución directa y continua de
las funciones propias del cargo, circunstancia que desvirtúa la naturaleza
independiente del vínculo contractual y sugiere, en cambio, una relación de tipo
laboral en la que existía subordinación económica y dependencia funcional.

En cuanto al elemento determinante de la subordinación, en los términos exigidos
por el ordenamiento jurídico para configurar una relación laboral encubierta la Sala
también la encuentra acreditada. En efecto, del acervo probatorio recaudado se

49
Señaló que el demandante realizaba funciones específicas como atención en enfermería, control de inventarios, asignación de
citas y archivo de historias clínicas, y que debía reportar su macroagenda.
50
Indicó que tanto ella como el demandante cumplían la misma jornada laboral diaria y que él era quien ejecutaba funciones
como atención de pacientes, asignación de citas y participación en actividades de salud pública.
51
Describió que el actor atendía personalmente a los usuarios, asignaba citas, recibía fórmulas y acompañaba la entrega de
medicamentos
52
Señaló que el demandante era quien manejaba directamente las historias clínicas y gestionaba documentos que luego remitía
al médico de turno.
53
Fue más conciso, pero señaló que el actor era quien asignaba las citas médicas, lo que también refleja que era el ejecutor
directo de esa función.
54
Afirmó que conocía al actor desde 2003 y que él era quien orientaba a los usuarios, agendaba citas y prestaba el servicio de
enfermería, agregando que hasta mediados de 2018 no tuvo conocimiento de otro enfermero en la unidad.

33

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desprende que el señor Juan Carlos Cadena Fajardo desarrolló durante más de
catorce años funciones de carácter permanente, propias del giro ordinario de la
actividad de la Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, en virtud de 20
contratos de prestación de servicios que, si bien fueron formalmente
independientes, encubrieron un vínculo funcional, organizacional y jerárquico. Las
agendas de trabajo mensual, elaboradas por la misma entidad, reflejan la
asignación sistemática de actividades diarias, con horarios prefijados, distribución
detallada de tareas, controles de cumplimiento y ejecución directa en instalaciones
institucionales, bajo parámetros previamente definidos por el área de coordinación.

A lo anterior se suman diversas constancias, actas de comités, oficios institucionales
(detallados en el acápite de material probatorio) y los testimonios, especialmente el
de Cristian Alberto Mendoza Beltrán, quien actuó como supervisor del contrato y
confirmó que debía verificar funciones, horarios y permisos del actor, así como
validar las macroagendas y coordinar la entrega de elementos de trabajo. También
el de Andrea Martínez Ariza quien señaló que el demandante estaba sujeto a
supervisión, cumplía jornadas fijas, debía reponer horas no trabajadas y reportaba
actividades a sus superiores; y, el de Carlos Alfonso Collazos Tao quien aseguró
que el actor cumplía turnos regulares y ejecutaba funciones vinculadas a programas
institucionales en la unidad de sanidad. Finalmente, también cobra relevancia para
efectos de demostrarse la subordinación el testimonio de María Delia Díaz Reyes,
quien señaló que, hasta mediados de 2018, no tuvo conocimiento de otra persona
que prestara el servicio de enfermería en la unidad, lo que, a juicio de esta
Corporación refleja su presencia continua y estable en dicha dependencia.

En tal sentido, para esta Subsección resulta incuestionable que el acervo probatorio
demuestra la existencia de una relación laboral subordinada, en la medida en que
el actor debía reportar a superiores jerárquicos, acatar instrucciones precisas sobre
el desarrollo de sus funciones, remitir informes periódicos, cumplir horarios y
solicitar autorización para ausentarse o modificar sus turnos. Estas circunstancias
desvirtúan la autonomía e independencia propias del contratista y revelan una
situación de dependencia funcional y administrativa continuada, propia de un
vínculo laboral. Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-154 de
1997, al precisar que la subordinación implica la facultad de impartir órdenes
respecto de la ejecución de las labores contratadas y la imposición de horarios,
elementos que, una vez demostrados, configuran un contrato realidad con derecho

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al reconocimiento de las prestaciones sociales, sin que la forma jurídica del vínculo
pueda prevalecer sobre la realidad de los hechos.

De igual forma, conforme al criterio funcional, de habitualidad, de continuidad y
de igualdad, definidos por la Corte Constitucional en las sentencias C-614 de 2009,
resulta evidente que las funciones desarrolladas por el actor eran ejecutadas de
manera constante y sin solución de continuidad sustancial, recuérdese que estas
actividades se ejecutaron por más de 14 años, lo cual denota que no se trató de
labores ocasionales, especializadas, ni excepcionales, sino de actividades que
debieron atenderse mediante la creación del respectivo cargo en la planta de
personal. En ese sentido, el uso reiterado del contrato de prestación de servicios
para cubrir funciones permanentes vulneró el principio de la primacía de la realidad
sobre las formas establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, y
desnaturalizó la finalidad excepcional de dicha modalidad contractual.

Se itera, en criterio de la Sala, las labores ejecutadas por el demandante no fueron
de carácter temporal, se probaron los tres elementos configurativos de un contrato
realidad, quedando demostrado que el demandante fue vinculado por la demandada
de forma permanente a través de 20 contratos de prestación de servicios, eludiendo
así el pago de los emolumentos salariales y prestacionales que devendrían si
hubiera sido vinculado laboralmente.

De ahí que la Corte Constitucional haya dicho55 sobre los auxiliares de enfermería:
«[…] que cuando se trata de un presunto contrato realidad oculto en la sucesiva suscripción
de contratos de prestación de servicios para el ejercicio de las funciones de auxiliar de
enfermería en una entidad prestadora de salud, el elemento de la subordinación se presume
de la naturaleza misma de las funciones y de la necesidad, por regla general, que aquellas
se ejerzan bajo el control y mando sobre sus actividades . Por lo tanto, es la entidad
contratante la que debe, en estos casos, demostrar la ausencia de una relación de
dependencia entre las partes.»

Sobre el particular, esta Corporación56 ha aceptado que el elemento de
subordinación en la vinculación de auxiliares de enfermería subyace del objeto

55 T-366 de 2023
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 26 de junio de
2020; expediente No. 50001-23-33-000-2014-00141-01(4594-17); C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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mismo y las funciones pactadas, dado que tal oficio es desarrollado bajo órdenes
de superiores en el desarrollo de su labor, así:
«28. De tal manera, en cuanto al estudio de los elementos fundantes de la relación laboral y
de acuerdo a que las partes no divergen de la (i) prestación del servicio, ni de la (ii)
remuneración del mismo; determinar si la labor se ejecutó de forma subordinada será
determinante para aclarar el litigio, y se encuentra que este aspecto se afirma por sí mismo,
en el objeto y las funciones transcritas de los contratos, como de otras especificidades
determinadas en los mismos, atiéndase a que se escribe que las funciones deberán ser
desarrolladas “estrictamente con los turnos prefijados para cumplir con el objeto de esta
OPS”, sin “abandonar el servicio donde este desarrollando las actividades inherentes al
objeto de este contrato hasta tanto no haya terminado el turno prefijado” y “al momento
para el cual podrá ausentarse de la institución so pena de imponer las multas del caso”, entre
otros.

Cierto resulta entonces, que probados resultan los elementos de una verdadera relación
laboral atendiendo a los principios de la sana crítica al revisar el caudal probatorio obrante,
siendo incuestionable (i) que existió el ánimo permanente de contratar a la actora por parte
de la entidad accionada, al reflejarse la continuada y atemporal contratación descrita,
atendiendo a que las funciones desarrolladas son de (ii) la naturaleza de la entidad
demandada, y fueron desarrolladas de forma (iii) subordinada, como lo es para una
AUXILIAR DE ENFERMERÍA, que se encuentra bajo las órdenes de superiores en el
desarrollo de su labor. (…)»

Asimismo, esta Colegiatura ha establecido una suerte de presunción del elemento
de subordinación en la prestación de servicios de enfermería 57, en los siguientes
términos:
«c) Subordinación y dependencia.
Respecto de este elemento de la relación laboral, en lo que tiene con la función
desempeñada por las enfermeras, esta corporación ha sostenido que se presume, pues no
es posible hablar de autonomía cuando se trate de una enfermera jefe, como quiera que
«esta no puede definir en qué lugar presta sus servicios ni en que horario, es más, su labor
de coordinación de las demás enfermeras y la obligación de suministro de medicación y
vigilancia de los pacientes no puede ser suspendida sino por justa causa, previamente
informada, pues pondría en riesgo la prestación del servicio de salud, o sea, que existe una
relación de subordinación»58

En efecto, dicha presunción existe en atención a que por regla general se debe tener en
cuenta que a los médicos les corresponde direccionar a las enfermeras y emitir órdenes
tendientes a que estas ejecuten un cuidado particular a cada paciente en los centros de
salud, pues las dolencias, medicamentos y tratamientos varían en cada uno de ellos; lo que
significa que, entre médicos y enfermeras hay más que una coordinación de actividades.
Empero, esto no impide que en algunos casos las enfermeras puedan actuar de manera
independiente, situación que deberá probar la entidad demandada a fin de desvirtuar la
aludida presunción.59 En estos términos, es viable colegir que la labor de las enfermeras por
regla general se enmarca en una verdadera relación laboral.»

De manera que, el ejercicio de la labor de enfermería, en tratándose de auxiliares y
profesionales en enfermería, tiene vocación de subordinación cuando aquel servicio
es prestado en una institución que impone labores y actividades que se encuentran

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 18 de julio de
2018; expediente No. 52001-23-31-000-2011-00207-01(0501-17); C.P. William Hernández Gómez.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de junio de
2010. Expediente: 250002325000200204144 01 (2384-2007). Actor: María Amelia Arboleda Ocampo.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de abril de
2016. Radicación: 13001 23 31 000 2012 00233 01 (2820-2014). Actor: Luz Elvira Montes Díaz. Demandado: Nación,
Ministerio De Defensa Nacional, Policía Nacional.

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inexorablemente atadas a los conceptos que emitan los respectivos médicos
tratantes y autoridades administrativas.

Dicha conclusión, sin embargo, no supone la inaplicación del principio de necesidad
de la prueba consagrado en el artículo 164 del Código General del Proceso, en
virtud del cual «[t]oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso», toda vez que atañe a la parte interesada probar los elementos

de la relación laboral, para que el operador judicial logre establecer si la mencionada
presunción puede ser aprovechada.

En tal sentido, a partir del conjunto de pruebas recaudadas, que incluyen copias de
los contratos, registros de programación de horarios y actividades, constancias de
participación en reuniones y talleres, evidencias de atención al usuario, informes de
supervisión contractual y los testimonios practicados, puede concluirse con claridad
que la relación sostenida entre el señor Juan Carlos Cadena Fajardo y la entidad
demandada excedió los límites propios de una contratación civil, configurando en
su lugar una auténtica relación de carácter laboral, encubierta bajo la apariencia
formal de contratos de prestación de servicios. Esta situación constituye una
transgresión del artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, así como una vulneración del
principio de primacía de la realidad sobre las formas, consagrado en el artículo 53
de la Constitución Política.

De otra parte, se tiene que, la entidad no logró acreditar, por ningún medio, la
existencia de una autonomía material en el desarrollo de las actividades
contratadas, ni desvirtuar los indicios de subordinación puestos de presente por los
documentos y testigos del proceso. En consecuencia, se tiene configurada una
relación laboral encubierta reclamada por el actor, la cual se llevó a cabo entre el
15 de septiembre de 2003 y el 13 de abril de 2018, lo cual le otorga el derecho al
reconocimiento de las correspondientes prestaciones sociales y aportes a la
seguridad social omitidos durante el periodo de vinculación.

Respecto de la oportunidad en el ejercicio de la acción, debe destacarse que la
reclamación administrativa fue presentada el 28 de septiembre de 2018, dentro del
término de tres (3) años contados desde la finalización del último contrato, ocurrido
el 13 de abril de 2018. Además, no se evidencian interrupciones significativas entre
los contratos suscritos, lo cual descarta la configuración del fenómeno extintivo de
la prescripción en lo relativo a las acreencias laborales. Por su parte, los aportes al

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Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
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Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, dada su naturaleza periódica
e imprescriptible, continúan siendo exigibles conforme lo ha reconocido la
jurisprudencia.

2.2.4. Restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de la
relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.

Referente al pago de prestaciones sociales a que tiene derecho el accionante es
consecuencia de la nulidad del acto acusado, como se determinó en la referida
sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, de la Sección Segunda de esta
corporación, la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base
de quien debe asumirlas.

Para que ello ocurra, se requiere la existencia jurídica del cargo, que se haya
ejercido en la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona
designada regularmente.

Asimismo, en la controversia sub judice, el pago de los derechos económicos
laborales reconocidos al actor se llevará a cabo durante el período del 15 de
septiembre de 2003 y el 13 de abril de 2018, en que se declaró la existencia de la
relación laboral encubierta; lo cual procede a título de restablecimiento del derecho
y, en tal sentido, de acuerdo con las sentencias de unificación, SUJ2-005-16 de 25
de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 de esta
sección y la jurisprudencia imperante en esta Sala, se deben tener en cuenta las
prestaciones sociales de orden legal percibidas por los servidores públicos de planta
de la entidad de igual categoría vinculado laboralmente a dicha planta, liquidadas
sobre el salario de estos.

Debe decirse que en este caso se debe condenar a la entidad al pago del reajuste
salarial, es decir, entre lo percibido por concepto de honorarios y lo devengado por
un empleado de planta, esto en el evento de la existencia del mismo cargo u otro
que se le asimile en la planta de la entidad.

En efecto, la Subsección es del criterio que el reconocimiento de una relación laboral
encubierta apareja también el de la diferencia entre lo que devenga un empleado
de la entidad y los honorarios pagados a los contratistas.

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En lo referente al pago de las prestaciones sociales, esta Sala, en sentencia de 4
de febrero de 201660, precisó que «con el fin de determinar cuáles son las prestaciones
sociales que se deberán reconocer […] al declararse una relación de carácter laboral, […] acude a
la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas. En
ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que
se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral. Dentro de
las prestaciones sociales que están a cargo directamente del empleador se encuentran las
ordinarias o comunes como son entre otras las primas, las cesantías; y las prestaciones sociales
que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social,
los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada
sistema debe mediar una cotización» [negrillas para resaltar]. Asimismo, en providencia

de 6 de octubre siguiente61, aclaró que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre
la formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un
contrato de prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público,
por lo que no es posible reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen
otros funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado, máxime cuando el
accionante no acreditó dentro del proceso cuales son las prestaciones a las que considera tener
derecho ni el origen de las mismas» [negrillas de la Sala]. Así las cosas, al momento de

dar cumplimiento a la condena deberá acudir a la normativa que regule dichos
emolumentos en favor del personal la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

Tomar mes a mes el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante-
apelante, con fundamento en el salario legalmente sufragado a quienes
desempeñaban el empleo en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional,
conforme lo anotado en precedencia, en cada uno de los periodos contratados con
la accionante, del 15 de septiembre de 2003 y el 13 de abril de 2018 y si existe
diferencia entre los aportes realizados por el contratista y los que efectivamente
debió cumplir, cotizar al respectivo fondo de pensiones el valor faltante de
aportes a pensión en el porcentaje que le incumbía como empleador. Por su parte,
el actor acreditará las cotizaciones efectuadas al mencionado sistema durante estos
vínculos contractuales y si no las hubiese hecho o se verificara diferencia alguna en
su contra, tendrá la obligación de completar o cancelar, según corresponda, el
porcentaje que le concernía como trabajador, según lo analizado en los acápites
pertinentes de la sentencia de unificación.

60
Expediente 81001-23-33-000-2012-00020-01 (316-2014).
61
Expediente 66001-23-33-000-2013-00091 01 (237-2014).

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No obstante, se aclara que, ante la imposibilidad de establecer un cargo dentro de
la planta de cargos de la entidad, igual o similar al ejercido por el demandante, se
efectuarán las indemnizaciones aquí ordenadas de acuerdo con los honorarios
pactados.

En lo relacionado con la devolución de los aportes efectuados por el actor a
pensión y salud, así como las retenciones que por tales conceptos se le hayan
hecho, lo cierto es que, en criterio de la sala mayoritaria62, esos recursos del
sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines
específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, por lo tanto, no es
dable que se le sufraguen directamente al interesado. En consecuencia, resulta
improcedente que se disponga el reembolso por los mencionados conceptos.

En igual sentido se negará la pretensión de ordenar el pago del subsidio familiar y
la sanción moratoria. Referente a la sanción moratoria por el no pago de las
prestaciones sociales aquí reconocidas durante el tiempo que duró la relación, debe
indicarse que, en esto casos no aplica por cuanto la obligación a cargo de la
demandada surge a partir de la ejecutoria de esta sentencia en que se declara la
existencia de un contrato realidad. Ahora, en cuanto al subsidio familiar debe
indicarse que no es procedente por cuanto el pago de aquel, en el hipotético caso
que el demandante cumpliera los requisitos para gozar de él, no es una prestación
a cargo de la entidad demandada sino de las Cajas de Compensación Familiar,
desconociéndose si durante el lapso de tiempo en que se configuró la relación
laboral, al actor dicha entidad se lo canceló.

Conforme lo indicado, durante el tiempo en que se reconoció la relación laboral, esto
es, entre el 15 de septiembre de 2003 y el 13 de abril de 2018, la demandada
deberá reconocer y pagar las diferencias salariales originadas en contra del
demandante, con respecto a la asignación salarial prevista por la entidad para
remunerar el mismo cargo que desempeñaba el actor (en caso que lo hubiere), así
como el pago de las prestaciones sociales legales devengadas igualmente por
aquellos, las mismas cuya liquidación se llevará a cabo tomando como base la
asignación salarial definida por la entidad, para el cargo de auxiliar de enfermería
vinculado en la misma categoría que aquel y para la misma fecha en que inició la
prestación de sus servicios o con base en lo efectivamente percibido si esta cifra

62 Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 21 de septiembre de 2021.

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resultare superior. Con la precisión que, ante la existencia de diferentes grados de
auxiliares de enfermería, la entidad en aplicación de un criterio objetivo deberá
determinar el grado de remuneración a partir de la hoja de vida del actor, con la
salvedad que, en todo caso, no podrá corresponder a una remuneración menor a la
equivalente a los honorarios fijados.

En esos términos, se analizaron las pruebas en conjunto para demostrar que en el
presente caso sí se configuraron los elementos de la relación laboral.

Por último, sin perjuicio que pueda declararse la existencia de la relación laboral y
puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación
laboral, por este sólo hecho no se le puede otorgar la calidad de empleado público.

En conclusión, se encuentran demostrados los tres elementos esenciales del
contrato de trabajo —prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación—. Por consiguiente, conforme al principio de primacía de la realidad
y a la línea jurisprudencial vigente, se impone revocar la sentencia apelada en su
integridad.

• Sobre la condena en costas

No habrá lugar a dicha condena, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos
por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dicha norma otorga
al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar
la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y
constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente
el simple resultado adverso del proceso.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se impondrá
condena en costas.
III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, para en su

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Nacional – Dirección de Sanidad.

lugar acceder parcialmente a las mismas, declarando la relación laboral encubierta
en el periodo del 15 de septiembre de 2003 y el 13 de abril de 2018; así como el
pago de las prestaciones sociales y diferencia salarial deprecada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual, se negaron las pretensiones
de la demanda promovida por el señor Juan Carlos Cadena Fajardo contra la Policía
Nacional – Dirección de Sanidad. En su lugar:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. S-2018-119641-DEBOY del 4 de
diciembre de 2018, expedido por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, por
medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral y,
en consecuencia, el pago de prestaciones sociales al demandante.

TERCERO: DECLARAR la existencia de una relación laboral encubierta entre el
señor Juan Carlos Cadena Fajardo y la Policía Nacional – Dirección de Sanidad,
durante el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2003 al 13 de abril
de 2018, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, pese a reunir
los elementos propios de un vínculo laboral.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Policía
Nacional – Dirección de Sanidad a pagar al señor Juan Carlos Cadena Fajardo las
prestaciones sociales de orden legal, tales como prima de servicios, cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones y demás emolumentos correspondientes a un
servidor público de planta en el cargo de auxiliar de enfermería o equivalente, si
existiere, y si no, con base en los honorarios efectivamente pactados en los
contratos, en proporción al tiempo de servicio comprendido entre el 15 de
septiembre de 2003 al 13 de abril de 2018.

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Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

QUINTO: ORDENAR a la Policía Nacional – Dirección de Sanidad el
reconocimiento y pago de la diferencia entre lo percibido por el actor a título de
honorarios y lo que debió recibir como salario conforme al cargo equivalente en
planta, si existiere.

SEXTO: ORDENAR el pago de las diferencias en los aportes al sistema general de
pensiones correspondientes al período comprendido entre el 15 de septiembre de
2003 al 13 de abril de 2018, en los términos establecidos en la parte motiva de esta
providencia. El empleador deberá asumir el porcentaje que legalmente le
corresponde, y el actor deberá acreditar o completar, según sea el caso, el valor
correspondiente a su contribución como trabajador.

SÉPTIMO: DECLARAR que el tiempo laborado por el demandante bajo la
modalidad de contratación por prestación de servicios en la Policía Nacional –
Dirección de Sanidad, entre el 15 de septiembre de 2003 al 13 de abril de 2018,
debe ser computado para efectos pensionales.

OCTAVO: ORDENAR a la Policía Nacional – Dirección de Sanidad realizar la
actualización monetaria de las sumas reconocidas en esta providencia, conforme a
lo previsto en el artículo 187 del CPACA y los parámetros fijados en la parte motiva
de esta sentencia.

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

DÉCIMO: No se condena en costas en esta instancia.

UNDÉCIMO: Por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen,
una vez ejecutoriada esta decisión.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

43

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Demandante: Juan Carlos Cadena Fajardo
Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad.

Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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