República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-02082-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: personal del SENA. Subtema 2:
elementos de la relación laboral.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el
15 de diciembre de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Anayibe Serrano Cuervo solicitó la nulidad del Oficio 2-2015-003560 del 14
de mayo de 2015, mediante el cual el SENA negó el reconocimiento de la relación
laboral que, según afirmó, estuvo encubierta mediante la celebración sucesiva de
órdenes de trabajo y contratos de prestación de servicios entre 1994 y 2015.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones,
al considerar acreditados la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación, y ordenó el reconocimiento de prestaciones sociales desde el contrato
000017 de 2012 hasta el contrato 796 de 2015, con base en el salario de instructor de
planta, así como aportes pensionales por todo el periodo contractual reclamado.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado modificará la
sentencia de primera instancia, porque la relación laboral encubierta solo se acreditó
desde el contrato 0236 de 2006 hasta el contrato 796 de 2015. En consecuencia,
precisará el restablecimiento del derecho en cuanto a la base de liquidación de las
prestaciones y el periodo respecto del cual proceden los aportes pensionales.
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Anayibe Serrano Cuervo, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 9 de septiembre de
20151 contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA), con las
siguientes pretensiones2:
2. Que se declarara la nulidad del Oficio 02-2015-003560 del 14 de mayo de 2015,
mediante el cual el SENA negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales,
las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social y los demás derechos
derivados de la relación laboral que, según afirmó, existió entre las partes.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declarara la existencia de
una relación laboral entre la señora Anayibe Serrano Cuervo y el SENA, durante el
periodo comprendido entre el 31 de mayo de 1994 y el 26 de enero de 2015.
4. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condenara a la entidad
demandada al reconocimiento y pago de: i) cesantías; ii) intereses a las cesantías; iii)
prima de servicios; iv) prima de navidad; v) prima de vacaciones; vi) prima quinquenal
o de antigüedad; vii) bonificación por servicios prestados; y viii) cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
5. Asimismo, pidió que se ordenara el pago de intereses comerciales y moratorios,
de conformidad con la norma aplicable, y que las sumas reconocidas sean
debidamente indexadas.
2.1.1. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
7. La señora Anayibe Serrano Cuervo prestó sus servicios al SENA, como
contratista, desde el 31 de mayo de 1994 hasta el 26 de enero de 2015, en calidad de
instructora. En desarrollo de esa labor, impartió formación profesional a los aprendices
y técnicos atendidos por el SENA en el Centro Regional del Distrito Capital, en los
bloques modulares de cosmetología básica, peinador estilista, estética facial y áreas
afines.
8. La demandante afirmó que prestó sus servicios de manera personal, a cambio
de la contraprestación pactada en cada uno de los contratos celebrados y bajo
subordinación del SENA, pues durante toda la relación contractual, recibió órdenes
relacionadas con el tiempo, modo y lugar de ejecución de sus obligaciones.
1 Cuaderno principal, pp. 124 a 146.
2 Cuaderno principal, pretensiones visible en las pp. 128 a 129.
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Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
9. Indicó que la entidad le fijó horarios de trabajo en cada uno de los centros donde
laboró, le exigió presentar informes periódicos y evaluaciones, así como controles de
seguimiento disciplinario respecto de sus aprendices. Asimismo, sostuvo que debía
asistir a las reuniones programadas por los supervisores del SENA, quienes le
impartían instrucciones administrativas y relacionadas con las políticas institucionales.
10. En esa línea, afirmó que el SENA, con fundamento en el artículo 32 de la Ley
80 de 1993, encubrió una verdadera relación laboral mediante la suscripción sucesiva
de contratos de prestación de servicios, con el fin de evitar el pago de prestaciones
sociales y aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
11. Sostuvo que su contratación no obedeció a la ejecución de una actividad
especializada, sino al déficit de personal de planta.
12. Asimismo, agregó que la ejecución de los contratos no fue temporal, sino
permanente, pues durante 21 años desempeñó las mismas funciones que los
instructores de planta, con lo cual, en su criterio, se transgredió el artículo 7 del
Decreto 1950 de 1973.
13. El 22 de abril de 2015, la señora Anayibe Serrano Cuervo solicitó al SENA, el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales
derivadas de la relación laboral que, según afirmó, estuvo encubierta mediante
contratos de prestación de servicios.
14. Mediante Oficio 2-2015-003560 del 14 de mayo de 2015, el SENA negó la
solicitud.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
15. En la demanda se citaron como vulnerados los artículos 1, 13, 25, 38, 39, 40,
53 y 125 de la Constitución Política; el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968, modificado
por el Decreto 3074 de 1968; el artículo 7 del Decreto 1950 de 1973; el Decreto 2503
de 1998; la Ley 80 de 1993; la Ley 909 de 2004; la Ley 790 de 2002; la Ley 734 de
2002; la Ley 119 de 1994; y los Decretos 1424 y 1426 de 1998, entre otras
disposiciones.
16. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante afirmó que el SENA
desconoció los derechos al trabajo, a la igualdad y a la seguridad social, así como el
principio de primacía de la realidad sobre las formas, porque acudió a una modalidad
contractual que, en su criterio, no correspondía a la verdadera naturaleza del vínculo
existente entre las partes.
17. Indicó que, conforme al artículo 53 de la Constitución Política y a la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, cuando se acreditan la
prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación, debe prevalecer
la realidad de la relación laboral sobre la denominación formal dada por las partes al
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Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
contrato.
18. Enfatizó que la contratación estatal de prestación de servicios, prevista en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es excepcional y procede para desarrollar actividades
que no puedan realizarse con personal de planta o que requieran conocimientos
especializados. Por ello, estimó que dicha figura no podía utilizarse para atender
funciones permanentes, ordinarias y misionales de la entidad.
19. En esas condiciones, las actividades de formación profesional integral
desempeñadas por la demandante correspondían a la misión institucional del SENA
y a funciones propias del cargo de instructor, de acuerdo con la Ley 119 de 1994 y los
Decretos 1424 y 1426 de 1998.
20. También afirmó que el uso prolongado de contratos de prestación de servicios
desconoció las limitaciones previstas en el Decreto 2400 de 1968, el Decreto 1950 de
1973 y la Ley 909 de 2004, en cuanto impiden acudir a esa modalidad para el ejercicio
de funciones permanentes que deben ser atendidas mediante empleos de planta.
21. Por último, sostuvo que la celebración sucesiva de contratos de prestación de
servicios permitió al SENA desconocer las garantías mínimas derivadas de una
relación laboral, en especial el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones.
2.2. Contestación de la demanda
22. El SENA se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que entre las
partes no existió una relación laboral, sino varios contratos de prestación de servicios
celebrados al amparo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en armonía con la Ley
1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008. En cada contrato se pactaron expresamente
el objeto, las obligaciones, el plazo, las actividades y las condiciones de pago3.
23. Explicó que la demandante fue vinculada como instructora contratista para
apoyar el cumplimiento de la misión institucional del SENA, debido a la necesidad de
cubrir la oferta de formación profesional. Sin embargo, precisó que esa circunstancia
no desnaturalizaba la modalidad contractual, pues las actividades se desarrollaron con
autonomía técnica, administrativa y financiera.
24. Refirió que no se acreditó el elemento de la subordinación. Al respecto, indicó
que la concertación de horarios, la programación de cursos, la presentación de
informes, la supervisión de las actividades y la verificación del cumplimiento del objeto
contractual correspondían a una relación de coordinación propia de los contratos
estatales y no a una relación de dependencia laboral.
25. Añadió que la demandante no recibió salario, sino honorarios, de conformidad
con lo pactado en los respectivos contratos. Además, sostuvo que la prestación
3 Cuaderno principal, pp. 213 a 225.
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personal del servicio tampoco demostraba, por sí sola, la existencia de una relación
laboral, pues ese elemento también puede estar presente en los contratos de
prestación de servicios.
26. En cuanto a la continuidad, sostuvo que los contratos fueron celebrados por
periodos determinados y que existieron interrupciones entre uno y otro. Por ello, indicó
que no era procedente reconocer prestaciones sociales causadas por periodos
anuales de servicio continuo y que, en caso de declararse la existencia de una relación
laboral, debían tenerse en cuenta las interrupciones y cada periodo contractual.
27. Frente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social, afirmó que, dada
la naturaleza de la vinculación, correspondía a la contratista asumir el pago de sus
cotizaciones, conforme a las reglas aplicables a los contratos de prestación de
servicios.
28. Finalmente, propuso como excepciones la ausencia de los presupuestos
básicos para la prosperidad de las pretensiones y el pago total de las obligaciones
emanadas de los contratos de prestación de servicios, bajo el argumento de que el
SENA canceló los honorarios pactados y no adeudaba suma alguna por concepto de
prestaciones sociales o acreencias laborales.
2.3. Sentencia de primera instancia
29. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 15 de diciembre de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas4, en los siguientes
términos:
PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada, de conformidad a la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar la nulidad del Oficio Nro. 2-2015-003560 de 14 de mayo de 2015,
proferido por el Director Regional de Cundinamarca del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, mediante el cual se le negó a la señora Anayibe Serrano Cuervo
el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como el pago de las
respectivas acreencias laborales que se derivan de este, conforme a lo explicado en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, ordenar al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagar a la señora
Anayibe Serrano Cuervo, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.623.594 de
Fusagasugá, lo siguiente:
i) Las diferencias de todas y cada una de las prestaciones sociales que resulten entre
lo que recibió por concepto de los contratos de prestación de servicios y lo que en el
mismo periodo hubiese percibido, tomando el ingreso base de cotización sobre el
4 Cuaderno principal, pp. 276 a 290.
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Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
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salario devengado por un instructor de planta, dentro del lapso de tiempo comprendido
entre el contrato de prestación de servicios No. 000017 de 8 de febrero de 2012, hasta
que culminó el vínculo contractual, en virtud del contrato de prestación de servicios No.
796 de 2015 que terminó el 27 de diciembre de 2015; toda vez que se configuró el
fenómeno de la prescripción de los contratos conforme a lo dicho en la parte motiva;
ii) los porcentajes de cotización al sistema de seguridad social en pensiones, desde el
31 de mayo de 1994 hasta el 27 de diciembre de 2015 lapso en que prestó sus
servicios y que la entidad demandada no trasladó al fondo de pensiones, salvo las
interrupciones, para lo cual la demandante deberá acreditar los aportes que efectuó.
Pero en el caso de que no los hubiese realizado, se deberán efectuar las cotizaciones
respectivas y descontar el porcentaje que le correspondía a ella, tal y como se precisó
en la parte motiva de esta providencia; y iii) no hay lugar al reembolso por concepto de
afiliación de salud que el contratista hubiese realizado por la naturaleza parafiscal que
envuelve estos conceptos.
CUARTO: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, hará la actualización sobre las
sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final)
de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el
DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de
Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
QUINTO: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá dar cumplimiento a la
sentencia, de conformidad a lo dispuesto en los términos establecidos en los artículos
187, 189, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: Por secretaría de la subsección, devolver a la parte demandante el
remanente, si lo hubiere, de la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del
proceso.
OCTAVO: Sin condena en costas, de conformidad a la parte motiva de esta
providencia.
NOVENO: Ejecutoriada esta decisión archivar las diligencias, previas las anotaciones
que fueren menester.
30. En el análisis del caso concreto, el Tribunal advirtió que la controversia
consistía en establecer si la vinculación contractual de la señora Anayibe Serrano
Cuervo con el SENA encubrió una verdadera relación laboral durante el periodo
comprendido entre el 31 de mayo de 1994 y el 27 de diciembre de 2015.
31. Bajo ese marco, al analizar la prestación personal del servicio, consideró que
la demandante ejecutó directamente las actividades contratadas como instructora,
pues debía impartir formación profesional a los aprendices en los municipios que le
eran asignados, cumplir la programación académica definida por la entidad,
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
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acompañar el proceso de formación, presentar reportes e informes y asistir a las
reuniones y capacitaciones dispuestas por el SENA.
32. En cuanto a la subordinación, el Tribunal concluyó que la demandante no
desarrolló sus actividades con autonomía e independencia. Para ello, tuvo en cuenta
que estaba sometida a horarios, directrices y programación académica fijada por los
coordinadores de la entidad; que debía desplazarse a los municipios asignados; que
sus actividades eran supervisadas, y que cumplía funciones similares a las de los
instructores de planta.
33. Además, sostuvo que la vinculación de la demandante no tuvo carácter
temporal o excepcional, pues se prolongó durante aproximadamente 20 años,
mediante la suscripción de 34 contratos de prestación de servicios, con sus
respectivas adiciones y prórrogas. Por ello, estimó que la entidad acudió a esa
modalidad contractual para atender una necesidad permanente del servicio.
34. Respecto de la remuneración, advirtió que en cada contrato se pactó un valor
por las actividades ejecutadas y que los pagos fueron realizados de manera mensual.
Por tanto, encontró acreditados los elementos de la relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración.
35. No obstante lo anterior, el Tribunal declaró probada la prescripción respecto de
los factores salariales y prestacionales causados con anterioridad al contrato 00017
de 2012, iniciado el 8 de febrero de 2012. Para ello, tuvo en cuenta que entre la
finalización del contrato 357 de 2011, el 15 de diciembre de 2011, y el inicio del
contrato 00017 de 2012, transcurrió un lapso superior a 30 días hábiles.
36. En consecuencia, ordenó al SENA reconocer y pagar, por el periodo
comprendido entre el 8 de febrero de 2012 y el 27 de diciembre de 2015, las
diferencias salariales y las prestaciones sociales dejadas de percibir, tomando como
ingreso base de liquidación el salario devengado por un instructor de planta y
descontando las interrupciones que se hubieran presentado entre contratos.
37. Asimismo, dispuso que el tiempo servido por la demandante bajo la modalidad
de contratos de prestación de servicios, desde el 31 de mayo de 1994 hasta el 27 de
diciembre de 2015, fuera computado para efectos pensionales, con exclusión de las
interrupciones entre contratos, y ordenó al SENA efectuar los aportes pensionales que
no hubieran sido trasladados al respectivo fondo, previo descuento del porcentaje que
le correspondía asumir a la demandante.
38. Finalmente, negó el reembolso de los aportes realizados al sistema de salud,
al considerar que estos tienen naturaleza parafiscal, y se abstuvo de condenar en
costas.
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Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
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2.4. Recurso de apelación
39. El SENA interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y solicitó que fuera revocada, para que, en su lugar, se negaran las
pretensiones de la demanda5.
40. En primer lugar, adujo que el Tribunal no valoró adecuadamente los objetos
contractuales ejecutados por la demandante, pues, según afirmó, entre 1994 y 2006
prestó apoyo en actividades administrativas; entre 2006 y 2011 se desempeñó como
instructora; y entre 2012 y 2015 actuó como gestora de fortalecimiento rural. Por ello,
indicó que no era posible concluir que durante toda la vinculación contractual ejerció
las mismas funciones, bajo iguales condiciones.
41. Refirió que la sentencia declaró la existencia de la relación laboral con
fundamento en la actividad de formación, pese a que, durante el periodo objeto de
condena, la demandante no se desempeñó como instructora, sino como gestora de
fortalecimiento rural. En consecuencia, reprochó que no se hubiera efectuado un
análisis diferenciado de cada etapa contractual.
42. También cuestionó que el Tribunal hubiera aplicado una presunción de
subordinación propia de la actividad docente, pues, en su criterio, los instructores del
SENA tienen una naturaleza jurídica distinta de la de los docentes. Para sustentar este
argumento, explicó que el SENA es una entidad de formación técnica profesional y
que sus instructores se rigen por una regulación especial, diferente a la prevista para
los docentes universitarios o de hora cátedra.
43. En relación con la subordinación, consideró que no se acreditó que la
demandante recibiera órdenes, instrucciones obligatorias, llamados de atención o
memorandos. Añadió que el cumplimiento de horarios, la programación de
actividades, la presentación de informes y la supervisión del contrato no demostraban,
por sí solos, dependencia laboral, sino una relación de coordinación necesaria para
garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
44. Agregó que la primera instancia no valoró integralmente las pruebas, pues, a
su juicio, se limitó a considerar los aspectos que favorecían a la parte demandante y
omitió las respuestas que permitían advertir contradicciones en los testimonios.
Insistió en que las actividades desarrolladas por la contratista fueron ejecutadas con
autonomía técnica, administrativa y financiera, conforme a las obligaciones pactadas
en cada contrato.
45. De otra parte, controvirtió que se hubiera ordenado liquidar las condenas con
base en el salario devengado por un instructor de planta. Al respecto, sostuvo que la
remuneración de los instructores del SENA depende del grado de vinculación y del
Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para Instructores —SSEMI—, por lo cual,
en caso de mantenerse alguna condena, esta debía calcularse con fundamento en el
5 Cuaderno principal, pp. 296 a 298.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
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Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
valor de los contratos suscritos en cada vigencia.
46. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revocara la sentencia apelada,
al considerar que no se acreditó la configuración de una relación laboral encubierta,
sino la ejecución de contratos de prestación de servicios bajo una relación de
coordinación entre contratante y contratista.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
47. Mediante auto del 9 de agosto de 20246, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada, conforme a lo previsto en el numeral
3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
habida cuenta de que el recurso fue interpuesto con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 2080 de 2021.
48. El Ministerio Público rindió concepto, en el que solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia7, al considerar que en el caso se acreditaron los elementos de
una relación laboral encubierta. Para ello, señaló que la prestación personal del
servicio y la remuneración se demostraron con los contratos suscritos entre las partes,
mientras que la subordinación se configuró porque la demandante desarrolló sus
actividades en condiciones similares a las de los funcionarios de planta, con sujeción
a horarios fijados por el coordinador, asistencia a reuniones institucionales y
seguimiento de instrucciones impartidas por la entidad.
49. Además, indicó que la labor ejecutada por la demandante era propia de la
misión del SENA y que, por tanto, procedía el reconocimiento de las prestaciones
sociales legales derivadas del vínculo declarado. No obstante, precisó que, debido a
las interrupciones entre contratos, debía aplicarse la prescripción, en particular,
respecto del lapso anterior al contrato 00017 de 2012, iniciado el 8 de febrero de ese
año.
50. A su vez, la parte demandante8 se pronunció sobre el recurso de apelación y
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, bajo el argumento de que la
entidad demandada utilizó indebidamente los contratos de prestación de servicios
para encubrir una relación laboral, pues la vinculación se prolongó durante varios años
para el ejercicio de funciones misionales y permanentes, sin que existiera
temporalidad ni excepcionalidad.
51. En esa línea, argumentó que los contratos y las pruebas testimoniales
demostraban la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación,
toda vez que la demandante ejecutó labores similares a las de los instructores de
planta, con la programación, medios y control institucional del SENA. Frente a la
prescripción, afirmó que no existió solución de continuidad relevante, pues las
6 Samai, índice 4.
7 Samai, índice 9.
8 Samai, índice 10.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
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interrupciones entre contratos coincidieron con periodos de vacaciones colectivas o
sin programación académica.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
52. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
53. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y debido a la competencia del juez de segunda instancia,
de conformidad con el artículo 3289 del CGP, corresponde a la Sala definir si:
54. ¿Se acreditaron la prestación personal del servicio, la remuneración y, en
especial, la subordinación en la ejecución de los contratos de prestación de servicios
suscritos entre las partes, atendiendo a las actividades efectivamente desarrolladas
por la demandante en el SENA y al reparo según el cual no en todos los vínculos
contractuales habría desempeñado funciones de instructora?
55. De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿cuál es la base salarial que debe
emplearse para liquidar las prestaciones sociales y demás derechos derivados de la
relación laboral declarada: la asignación de un instructor de planta o los honorarios
efectivamente percibidos por la demandante?
56. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) relación laboral encubierta; (ii) distinción entre coordinación y
subordinación; (iii) la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de
subordinación; (iv) naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del
SENA y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad; (v) hechos
probados; y (vi) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos formulados.
9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
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3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
57. La jurisprudencia unificada de esta corporación10 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.
58. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
59. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
60. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».
61. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en conjunto
bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación
continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje
formal del contrato de prestación de servicios.
62. Entre esos elementos se encuentran la prestación del servicio en las
instalaciones de la entidad, la imposición de horarios o turnos, la dirección y el control
materializados en órdenes sobre el modo, el tiempo y la cantidad de trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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También constituye un indicio de subordinación que las actividades contratadas
correspondan al objeto misional de la entidad y sean equivalentes a las asignadas a
los empleados de planta.
63. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»11.
64. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con
el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos en que el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»12.
65. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes
o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados»13.
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales»14.
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
11 Ídem.
12 Ídem.
13 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
14 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
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segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados15.
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
66. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del
9 de septiembre de 202116 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos
«no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales
de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y
reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma
subordinada funciones misionales, permanentes y propias del personal de planta,
debe reconocerse la existencia de una relación laboral encubierta.
67. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
68. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
69. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
(i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
(ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.
(iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la
práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar si
lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».
3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación
70. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Esto no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»17.
71. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202118, que entre el contratante y el contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
17 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados19».
72. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación
laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que
desarrollan los empleados de planta.
73. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá
de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,20 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
20 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
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aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas
labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación
74. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia ha
expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato
de prestación de servicios.
75. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello,
ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que las pruebas se
practiquen o se aporten»21, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 164
del CGP consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee
en consonancia con el artículo 167 ídem que regula el principio de necesidad de la
prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso».
76. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.
77. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»22, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
21 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
22 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
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desconocido». Sin embargo, el hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), pues este constituye un «requisito
central para que a partir del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido» 23.
78. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual
remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la
sana crítica (art. 176 CGP).
79. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
80. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. Al respecto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la
cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.3.4. Naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del SENA
y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad
81. El Gobierno nacional expidió el Decreto 118 de 1957, por medio del cual creó
el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—24, que de conformidad con el Decreto
164 de 195725, se encargaría de dar formación profesional a los trabajadores jóvenes
y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería.
82. La anterior normativa fue subrogada por el Decreto 3123 de 1968 26, en el que
se estableció entre sus funciones la formación profesional a los trabajadores de todas
las actividades económicas y en todos los niveles del empleo.
83. Más adelante, mediante el Decreto 2149 de 199227, el SENA se reestructuró.
En tal sentido, se definió que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como funciones, entre otras, se le asignó:
diseñar y mantener un servicio nacional de aprendizaje que se ajuste a las
23 Ibidem.
24 Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA.
25 Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA) y se dictan otras disposiciones.
26 Por el cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA).
27 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
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disposiciones que regulan el contrato de aprendizaje; y adelantar, previa aprobación
de las autoridades competentes, programas de formación tecnológica y técnica
profesional.
84. El anterior decreto fue derogado por la Ley 119 de 199428, que mantuvo la
naturaleza jurídica de la entidad y dispuso que su misión radica en «intervenir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando
la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y
tecnológico del país». Asimismo, estableció como objetivo del SENA «dar formación
profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a
quienes, sin serlo, requieran dicha formación», entre otros.
85. Bajo esas consideraciones, se advierte que la entidad se encuentra adscrita al
Ministerio de Trabajo y tiene como misión la formación y capacitación de aprendices.
Así, aun cuando no está subordinada al Ministerio de Educación, lo cierto es que
ejerce una labor docente con el fin de poder desarrollar los programas de formación
de educación no formal que ofrece29.
86. Aclarado lo anterior, se destaca que dentro de los empleos de la planta de
personal del SENA se encuentran los instructores, grupo que según el artículo 2 del
Decreto 1424 de 199830 «comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de coordinación
académica de la formación e investigación aplicada». En este punto, se señala que
conforme con el manual específico de funciones, contenido en la Resolución 986 del
25 de mayo de 200731 (vigente entre el año 2007 y 2015), los instructores tienen las
siguientes funciones:
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el
programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
28 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se
dictan otras disposiciones.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13
de junio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya.
30 Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio Nacional
de Aprendizaje-SENA.
31 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los
empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
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2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en
las características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares
vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de
conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual
de Procedimientos para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo
con el Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo.
87. El anterior manual de funciones se actualizó en el año 2015, cuando se expidió
la Resolución 1302 del 8 de julio del mismo año32, y en el año 2017 al proferirse la
Resolución 1458 del 30 de agosto de 201733, en la que se establecieron las funciones
de los instructores en diferentes áreas temáticas. Para el caso en estudio, resulta
importante traer a colación aquellas dispuestas para quienes se desempeñan en el
área temática de emprendimiento, que son:
PROPÓSITO PRINCIPAL
Impartir formación profesional integral, de conformidad con los niveles de formación y
modalidades de atención, políticas
institucionales, la normatividad vigente y la programación de la oferta educativa.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles
de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los
lineamientos institucionales, para el área temática
de Emprendimiento
2. Participar en la construcción del desarrollo curricular que exige el programa y el perfil
de los sujetos en
formación de acuerdo con los lineamientos institucionales, de acuerdo con los
lineamientos institucionales,
para el área temática de Emprendimiento.
3. Ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los resultados
de aprendizaje definidos en
los programas de formación y de acuerdo con el desarrollo curricular relacionado con
el área temática de
Emprendimiento.
32 Por la cual se actualiza y reúne en un solo conjunto de leyes el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales de los empleados de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
33 Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de
la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
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4. Evaluar los aprendizajes de los sujetos en formación y los procesos formativos de
acuerdo con los
procedimientos y lineamientos establecidos, relacionados con los programas de
formación del área temática
de Emprendimiento.
5. Participar en el diseño curricular de programas de formación profesional conforme
a las necesidades
regionales y los lineamientos institucionales requeridos por el área temática de
Emprendimiento.
6. Participar en proyectos de investigación aplicada técnica y/o pedagógica en función
de la formación.
profesional en programas relacionados con el área temática de Emprendimiento.
7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, según el área de
desempeño y la naturaleza del
Cargo.
88. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 1° de
septiembre de 201434, definió que, como la función del SENA, a través de sus
instructores, se dirige a la formación integral, profesional o laboral certificada de sus
estudiantes, por su naturaleza la entidad se encuentra en el sistema de educación no
formal. Ello, en los siguientes términos:
[…] la función prestada por el SENA a través de los Instructores se orienta a una
formación integral, profesional y laboral certificando a sus estudiantes, o sea, que
por estas características y su naturaleza se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace parte de los
niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de
1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de la
definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación. (Se destaca)
89. Así, toda vez que el SENA ejecuta una actividad académica, el contenido de
sus programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119
de 199435, debe ceñirse a la normativa aplicable, esto es, a la Ley 30 de 199236. Sobre
el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación37 concluyó lo
siguiente:
La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4
permite al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional,
en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.
Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de septiembre de 2014, proceso con radicado 20001-23-
31-000-2011-00503-01(3517-2013). M.P. Alfonso Vargas Rincón
35 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
36 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
37 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de 2010, proceso con
radicado 11001-03-06-000-2010-00089-00. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a los
trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.
ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo cual
es concordante con la ley 30 de 1992, y,
iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico de
esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.
Esto último significa que, en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga
a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la ley 30 de
1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la ley 749 de
2002.
Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión
específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe
agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio.
De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica y
técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes 30 y 749 sobre
el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y con la
naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin que
ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de
una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.
3.4. Hechos probados relevantes
90. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
91. El SENA y la señora Anayibe Serrano Cuervo suscribieron las siguientes
órdenes de trabajo y contratos de prestación de servicios:
21
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
N.º de Objeto Valor Fecha Fecha
orden de inicial final
trabajo/
contrato
9405124 del «Prestar servicios de apoyo $1.400.000 31 de 31 de
31 de mayo mecanográfico en el Centro mayo de marzo de
de 199438 Múltiple de Fusagasugá» 1994 1995
Interrupción: 8 días hábiles
95030463 «Prestar servicios de apoyo $1.996.800 17 de abril 16 de
del 30 de mecanográfico en el Centro de 1995 diciembre
marzo de Múltiple de Fusagasugá» de 1995
39
1995
Interrupción: 54 días hábiles
96030350 «Prestar servicios de apoyo $2.100.000 6 de marzo 6 de
del 6 de mecanográfico en el Centro de 1996 septiembre
marzo de Múltiple de Fusagasugá» de 1996
199640
Interrupción: 115 días hábiles
97000019 «Prestar servicios de apoyo $1.350.000 25 de 25 de
del 25 de mecanográfico en el Centro febrero de mayo de
febrero de Múltiple de Fusagasugá» 1997 1997
1997 41
Interrupción: 0 días hábiles
970000145 «Prestar servicios de apoyo $1.350.000 26 de 26 de
del 26 de mecanográfico en el Centro mayo de septiembre
mayo de Múltiple de Fusagasugá» 1997 de 1997
199742
Interrupción: 2 días hábiles
9700980 del «Prestar servicios de apoyo $1.350.000 1 de 1 de enero
1 de octubre mecanográfico en el Centro octubre de de 1998
de 199743 Múltiple de Fusagasugá» 1997
Interrupción: 24 días hábiles
98000015 «Prestar servicios de apoyo $3.900.000 6 de 6 de
del 6 de mecanográfico en el Centro febrero de agosto de
febrero de Múltiple de Fusagasugá» 1998 1998
44
1998
Interrupción: 0 días hábiles
98000802 «Prestar servicios de apoyo $390.006 6 de 24 de
del 6 de mecanográfico en el Centro agosto de agosto de
agosto de Múltiple de Fusagasugá» 1998 1998
1998
(adición)45
Interrupción: 5 días hábiles
38 Cuaderno principal, pp. 12.
39 Cuaderno principal, pp. 12, 22 y 99.
40 Cuaderno principal, pp. 12, 23 y 99.
41 Cuaderno principal, pp. 12 y 99.
42 Cuaderno principal, pp. 12 y 99.
43 Cuaderno principal, pp. 12, 24 y 100.
44 Cuaderno principal, pp. 13, 25 y 100.
45 Cuaderno principal, pp. 13, 26 y 100.
22
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
98000898 «Prestar servicios como $2.800.000 1 de 1 de
del 1 de instructora contratista en el área septiembre diciembre
septiembre de mecanografía, lenguaje y de 1998 de 1998
de 199846 archivo»
Interrupción: 2 días hábiles
98001164 «Prestar servicios de apoyo $3.250.000 4 de 4 de mayo
del 4 de mecanográfico en el Centro diciembre de 1999
diciembre de Múltiple de Fusagasugá» de 1998
199847
Interrupción: 45 días hábiles
287 del 13 de «Prestar servicios de apoyo $4.578.000 13 de julio 13 de
julio de mecanográfico en el Centro de 1999 enero de
48
1999 Múltiple de Fusagasugá» 2000
Interrupción: 2 días hábiles
287 «Prestar servicios de apoyo $2.289.000 18 de 18 de abril
49
(adición) mecanográfico en el Centro enero de de 2000
Múltiple de Fusagasugá» 2000
Interrupción: 1 día hábiles
210 del 24 de «Prestar servicios de apoyo $7.600.000 24 de abril 24 de
abril de técnico administrativo en el de 2000 diciembre
50
2000 Centro Multisectorial de de 2000
Fusagasugá»
Interrupción: 38 días hábiles
121 del 20 de «Prestar servicios de apoyo $6.000.000 20 de 19 de
febrero de técnico administrativo en el febrero de agosto de
51
2001 Centro Multisectorial de 2001 2001
Fusagasugá»
Interrupción: 0 días hábiles
411 del 20 de «Prestar servicios de apoyo $4.400.000 20 de 30 de
agosto de técnico administrativo en el agosto de diciembre
52
2001 Centro Multisectorial de 2001 de 2001
Fusagasugá»
Interrupción: 0 día hábiles
1361 del 31 «Prestar servicios de apoyo $1.433.319 31 de 13 de
de diciembre técnico administrativo en el diciembre febrero de
de 200153 Centro Multisectorial de de 2001 2002
Fusagasugá»
Interrupción: 11 días hábiles
086 del 1 de «Prestar servicios de apoyo $6.240.000 1 de marzo 1 de
marzo de técnico administrativo en el de 2002 septiembre
54
2002 Centro Multisectorial de de 2002
Fusagasugá»
46 Cuaderno principal, pp. 13, 27 y 100.
47 Cuaderno principal, pp. 13 y 28.
48 Cuaderno principal, pp. 13, 29 y 100.
49 Cuaderno principal, pp. 13, 30 y 100.
50 Cuaderno principal, pp. 13, 31 y 100.
51 Cuaderno principal, pp. 13, 32 y 100.
52 Cuaderno principal, pp. 33 y 100.
53 Cuaderno principal, pp. 34 y 101.
54 Cuaderno principal, pp. 101.
23
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
Interrupción: 839 días hábiles
099 del 27 de «Prestar servicios como $14.633.850 27 de 27 de
enero de contratista en el área de registro enero de diciembre
200655 de vacantes y oferentes, 2006 de 2006
desarrollo de talleres de
información ocupacional y demás
áreas de atención del servicio
público de empleo»
Interrupción: 1 día hábiles
0236 del 29 «Prestar servicios como $3.260.000 29 de 29 de
de diciembre instructora contratista en el área diciembre marzo de
56
de 2006 de planeación de acciones de de 2006 2007
mercadeo, administración de
fuerzas de ventas»
Interrupción: 25 días hábiles
089 del 9 de «Prestar servicios como $5.134.500 9 de mayo 7 de
mayo de instructora contratista en el área de 2007 agosto de
57
2007 de mentalidad emprendedora» 2007
Interrupción: 0 días hábiles (superposición de contratos)
122 del 21 de «Prestar servicios como $9.413.250 21 de junio 18 de
junio de instructora de formación de 2007 diciembre
58
2007 profesional en el área de de 2007
formación en la especialidad de
mentalidad emprendedora,
asesoría en planes de negocio,
creación y fortalecimiento
empresarial, ruedas de negocio,
eventos y trabajo de campo»
Interrupción: 0 días hábiles (superposición de contratos)
249 del 14 de «Prestar servicios como $4.980.000 14 de 19 de
noviembre instructora contratista en el área noviembre diciembre
de 200759 de planes de negocio en banca de de 2007 de 2007
oportunidades, impartiendo
formación profesional»
Interrupción: 19 días hábiles
081 del 21 de «Prestar servicios como $9.254.100 21 de 21 de julio
enero de instructora contratista en el área enero de de 2008.
200860 de planificación para la creación y 2008
gestión de empresas»
Interrupción: 0 días hábiles (superposición de contratos)
212 del 1 de «Prestar servicios como $7.1880.000 1 de julio 15 de julio
julio de instructora contratista en el área de 2008 de 2008
61
2008 de mentalidad emprendedora»
Interrupción: 75 días hábiles
55 Cuaderno principal, pp. 101.
56 Cuaderno principal, pp. 36 a 37 y 101.
57 Cuaderno principal, pp. 41 a 43 y 101.
58 Cuaderno principal, pp. 44 a 46 y 101.
59 Cuaderno principal, pp. 38 a 40 y 101.
60 Cuaderno principal, pp. 47 a 50 y 102.
61 Cuaderno principal, pp. 51 a 53 y 102.
24
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
212 «Prestar servicios como $2.695.500 4 de No refiere
(adición)62 instructora contratista en el área noviembre (400
de mentalidad emprendedora» de 2008 horas)
Interrupción: no se puede calcular
054 del 22 de «Prestar servicios como $15.480.00 22 de 18 de
enero de instructora contratista en el área enero de diciembre
200963 de emprendimiento y 2009 de 2009
empresarismo»
Interrupción: 22 días hábiles
069 del 23 «Prestar servicios como $30.923.200 23 de 23 de
de enero de instructora contratista en la enero de diciembre
201064. especialidad de tecnólogo en 2010 de 2010
formulación de proyectos»
Interrupción: 15 días hábiles
04 del 15 de «Prestación de servicios $15.862.000 15 de 29 de junio
enero de personales y de apoyo para enero de de 2011
201165 orientar procesos de formación 2011
por proyectos en el programa de
formación regular titulada y
complementaria en el área de
formulación de proyectos»
Interrupción: 9 días hábiles
147 del 13 de «Apoyar el desarrollo del $11.800.000 14 de julio 14 de
julio de programa jóvenes rurales de 2011 noviembre
2011 66 emprendedores y contribuir en el de 2011
fortalecimiento y consolidación de
unidades productivas creadas a
través de este programa en la
Regional Cundinamarca »
Interrupción: 4 días hábiles
357 del 19 de «Prestación de servicios $2.317.000 19 de 15 de
noviembre personales para orientar noviembre diciembre
de 201167 procesos de formación por de 2011 de 2011
proyectos en el programa de
formación regular, titulada y
complementaria, en el área de
formulación de proyectos»
Interrupción: 40 días hábiles
017 del 8 de «Prestación de servicios para $14.382.233 13 de 29 de junio
febrero de asesorar a la población de febrero de de 2012
2012 68 usuarios de unidades de 2012
emprendimiento del SENA, la
formulación de planes de negocio,
el desarrollo de programas de
62 Cuaderno principal, pp. 53.
63 Cuaderno principal, pp. 55 a 58 y 102.
64 Cuaderno principal, pp. 59 a 61.
65 Cuaderno principal, pp. 62 a 67.
66 Cuaderno principal, pp. 73 a 76 y 103.
67 Cuaderno principal, pp. 15.
68 Cuaderno principal, pp. 68 a 72 y 103.
25
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
base tecnológica y puesta en
marcha por medio de diferentes
fuentes de financiación que
estimulen la creación de nuevas
empresas»
Interrupción: 8 días hábiles
170 del 13 de «Prestación de servicios de $16.711.750 13 de julio 13 de
julio de carácter temporal de un (1) gestor de 2012 diciembre
2012 69 para asesorar a la población de de 2012
usuarios de las unidades de
emprendimiento del SENA en la
formulación de planes de negocio,
el desarrollo de proyectos de base
tecnológica y puesta en marcha
por medio de diferentes fuentes
de financiación que estimulen la
creación y desarrollo de nuevas
empresas con carácter innovador,
tecnológico y de clase mundial»
Interrupción: 121 días hábiles
1860 del 17 «Prestación de los servicios de $20.265.000 17 de junio 27 de
de junio de carácter temporal para asesorar de 2013 diciembre
201370 la población de usuarios de las de 2013
unidades de emprendimiento del
SENA en la formulación de planes
de negocio, el desarrollo de
proyectos de base tecnológica y
puesta en marcha por medio de
diferentes fuentes de financiación
que estimulen la creación y
desarrollo de nuevas empresas
con carácter innovador,
tecnológico y de clase mundial»
Interrupción: 14 días hábiles
1285 del 21 «Prestación de los servicios de $30.070.768 21 de 30 de
de enero de carácter temporal para asesorar enero de diciembre
201471 la población de usuarios de las 2014 de 2014
unidades de emprendimiento del
SENA en la formulación de planes
de negocio, el desarrollo de
proyectos de base tecnológica y
puesta en marcha por medio de
diferentes fuentes de financiación
que estimulen la creación y
desarrollo de nuevas empresas
con carácter innovador,
tecnológico y de clase mundial»
69 Cuaderno principal, pp. y 77 a 81 y 103.
70 Cuaderno principal, pp. y 82 a 85 y 110.
71 Cuaderno principal, pp. y 86 a 91 y 110.
26
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
Interrupción: 18 días hábiles
796 del 28 de «Prestar servicios profesionales $37.076.136 28 de 27 de
enero de en el apoyo y asesoría necesarios enero de diciembre
2015 72 a los usuarios de las unidades de 2015 de 2015
emprendimiento en sus procesos
de ideación, formulación,
creación y puesta en marcha de
proyectos y empresas atendidas
de acuerdo con los lineamientos
fijados por la entidad del Fondo
Emprender y especialmente a lo
determinado por el líder regional
de emprendimiento, así como en
el cumplimiento de las metas e
indicadores asignados a la
regional»
Fin de la relación contractual
Tabla 1: contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes
92. De conformidad con el Informe de Gestión de Servicio Público de Empleo SENA
Centro Multisectorial de Fusagasugá del 2006, se advierte que como funciones del
referido servicio se tienen, entre otras: i) ofrecer servicios de reclutamiento de
personal, atendiendo los perfiles asignados por las empresas; ii) recibir las
inscripciones de las personas interesadas en el programa; y iii) facilitar a los
empresarios el proceso de selección de personal y contribuir a la ubicación laboral de
personas inscritas73.
93. La señora Anayibe Serrano Cuervo presentó, el 22 de abril de 2015, una
petición ante el SENA, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y de los aportes al Sistema de Seguridad Social derivados de
los contratos de prestación de servicios que ejecutó, primero como técnica
administrativa y, posteriormente, como instructora en las áreas de planeación y
creación de empresas, entre 1994 y 201574.
94. El SENA, mediante Oficio 2-2015-003560 del 14 de mayo de 2015, negó el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las acreencias reclamadas por la
demandante. La entidad resolvió que las órdenes y contratos de prestación de
servicios celebrados con la demandante se rigieron por lo dispuesto en el artículo 32
de la Ley 80 de 199375.
3.5. Caso concreto
95. En el asunto bajo análisis, corresponde a la Sala determinar si se configuró una
relación laboral encubierta entre la señora Anayibe Serrano Cuervo y el SENA, con
72 Cuaderno principal, pp. y 92 a 94.
73 Cuaderno principal, pp. 119 a 121
74 Cuaderno principal, pp. 3 a 5.
75 Cuaderno principal, pp. 6 a 7.
27
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
ocasión de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, o si,
como lo sostiene la entidad apelante, la vinculación correspondió a una relación
contractual ejecutada con autonomía y bajo parámetros de coordinación.
96. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que se acreditaron la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación, bajo el entendimiento de que la demandante desarrolló, durante toda
la vigencia de la relación contractual, actividades misionales y permanentes del SENA,
estuvo sometida a horarios, programación académica, directrices de los
coordinadores y supervisión institucional, y cumplió funciones similares a las de los
instructores de planta.
97. El SENA cuestionó esa conclusión, bajo el argumento de que no se valoraron
de manera diferenciada los objetos contractuales ejecutados por la demandante,
pues, según afirmó, no siempre se desempeñó como instructora, sino que también
cumplió actividades de apoyo administrativo y de gestión de fortalecimiento rural.
Además, sostuvo que la programación de actividades, la presentación de informes, la
supervisión contractual y el cumplimiento de horarios no demostraban subordinación,
sino coordinación propia de los contratos de prestación de servicios.
98. Así, corresponde a la Sala establecer si, a partir de la prueba allegada al
proceso, es posible deducir una verdadera relación laboral o si, por el contrario, la
demandante ejecutó sus obligaciones contractuales con autonomía. En caso de
mantenerse la declaratoria del vínculo laboral, también deberá determinarse si la
condena debe liquidarse con base en el salario de un instructor de planta o en los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
99. Como se ha expuesto, la demandante considera que el SENA encubrió una
relación laboral mediante la celebración sucesiva de órdenes y contratos de prestación
de servicios.
100. En primer término, se encuentra acreditado que el SENA y la señora Anayibe
Serrano Cuervo celebraron sucesivas órdenes de trabajo y contratos de prestación de
servicios, algunos de los cuales fueron adicionados o reanudados. La ejecución de
esos vínculos se extendió entre el 31 de mayo de 1994 y el 27 de diciembre de 2015,
con interrupciones entre determinados vínculos contractuales.
101. De dicha relación contractual se advierte que los objetos pactados variaron a lo
largo de la vinculación, pues, entre 1994 y 2002, la demandante prestó principalmente
servicios de apoyo mecanográfico y técnico-administrativo en el Centro Multisectorial
de Fusagasugá; durante parte de 2006, realizó labores relacionadas con el registro de
vacantes, la información ocupacional y la realización de talleres; entre finales de 2006
y 2011, impartió formación profesional y apoyó programas de emprendimiento,
formulación de proyectos y atención a jóvenes rurales; y, entre 2012 y 2015, asesoró
a los usuarios de las unidades de emprendimiento del SENA, formuló planes de
negocio, desarrolló proyectos de base tecnológica y apoyó la creación y puesta en
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
marcha de nuevas empresas.
102. En relación con la reclamación administrativa, está probado que la señora
Anayibe Serrano Cuervo presentó el 22 de abril de 2015 una petición ante el SENA,
mediante la cual solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
encubierta y el pago de las prestaciones sociales y aportes al Sistema General de
Seguridad Social derivados de los contratos de prestación de servicios que ejecutó
entre 1994 y 2015.
103. El SENA negó la solicitud mediante Oficio 2-2015-003560 del 14 de mayo de
2015, al considerar que las órdenes y contratos de prestación de servicios celebrados
con la demandante se rigieron por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993
y no dieron lugar a una relación laboral ni al reconocimiento de prestaciones sociales.
104. Ahora bien, además de los documentos relacionados en el acápite de hechos
probados, el Tribunal practicó, en la audiencia celebrada el 24 de agosto de 2023, los
testimonios de Constanza García Rojas y Pedro Gustavo Meléndez Castro, solicitados
por la parte demandante76.
105. (i) Constanza García Rojas77: manifestó que conoció a la señora Anayibe
Serrano Cuervo porque fueron compañeras de trabajo en el SENA, desde
aproximadamente 2005 o 2006, cuando la demandante ingresó como instructora de
emprendimiento, y que posteriormente, hacia 2011 o 2012, ambas trabajaron en la
unidad de emprendimiento, hasta el año 2016, cuando la testigo se pensionó.
106. La declarante narró que la demandante debía cumplir un horario de lunes a
viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en igualdad de condiciones con los funcionarios de
planta, y que su jefe inmediato era el coordinador de la unidad de emprendimiento,
quien le indicaba las condiciones de modo, tiempo y lugar para la ejecución de sus
actividades. Agregó que la señora Serrano Cuervo no tenía autonomía para escoger
el horario ni el lugar de trabajo, pues debía desplazarse a los municipios asignados
por el coordinador, en algunos casos pernoctar en ellos y, cuando era necesario por
la programación del grupo, laborar también sábados o domingos.
107. También indicó que la demandante debía pedir permiso para ausentarse, asistir
a capacitaciones y reuniones institucionales, suscribir planillas de asistencia y atender
los diseños curriculares elaborados por el SENA, sin que pudiera impartir una
formación distinta a la definida por la entidad. Además, afirmó que los coordinadores
realizaban supervisión en los municipios, verificaban el trabajo, hablaban con los
aprendices y revisaban los proyectos, aunque aclaró que no le constaba que la
demandante hubiera recibido llamados de atención.
108. Finalmente, la testigo sostuvo que existían instructores de planta que
realizaban las mismas funciones de capacitación que la demandante, y precisó que
76 Cuaderno principal, pp. 249 a 250.
77 Cuaderno principal, pp. 248.
29
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
ella misma, en su condición de funcionaria de planta, cumplía labores similares a las
desarrolladas por la señora Serrano Cuervo. Asimismo, al ser interrogada por la
entidad demandada, indicó que le constaba el desplazamiento de la demandante a
los municipios, pues en algunas oportunidades coincidieron en esos lugares, cada una
con grupos distintos de aprendices.
109. (ii) Pedro Gustavo Meléndez Castro78: instructor del SENA por más de 30 años,
manifestó que conocía a la señora Anayibe Serrano Cuervo desde hacía más de 25
años, primero como aprendiz de la entidad y luego con ocasión de los contratos de
prestación de servicios que suscribió con el SENA.
110. El testigo indicó que fue coordinador académico entre 2006 y 2010 y que,
durante ese periodo, en algunas oportunidades tuvo a cargo a la demandante en su
rol de instructora, por lo que le correspondía programarle formación, asignarle cursos
y definir el municipio en el que debía orientar las actividades, de acuerdo con la
cobertura del Centro de Formación de Fusagasugá.
111. Adujo que el trabajo de los instructores contratistas estaba sujeto a la
programación de los cursos y que, al suscribir el contrato, debían estar dispuestos a
desarrollar sus actividades en cualquiera de los municipios de cobertura del centro,
los cuales, según indicó, eran 21. Además, explicó que se realizaban reuniones
generales cada mes o cada dos meses, a las que eran convocados tanto instructores
de planta como contratistas, y que, en caso de requerir ausentarse, lo importante era
informar previamente para no dejar abandonados los grupos y poder organizar la
atención de los aprendices.
112. En cuanto a las actividades desarrolladas, afirmó que el rol de los instructores
de planta y contratistas era el mismo, esto es, orientar formación, aunque aclaró que
existían distintas profesiones según los sectores atendidos por el SENA. También
señaló que los contratistas recibían capacitaciones pedagógicas, debían observar el
reglamento del aprendiz, rendir informes mensuales sobre asistencia, evaluación y
matrícula de los aprendices, y reportar aspectos relacionados con el proceso
académico, aunque precisó que él no realizaba visitas de supervisión al sitio de
trabajo, pues su labor se limitaba a recibir dichos informes y la parte contractual
correspondía al supervisor del contrato.
113. Los testimonios practicados resultan pertinentes para establecer las
circunstancias en que se ejecutaron algunos de los contratos objeto de controversia.
Sin embargo, su valoración debe atender al alcance del conocimiento directo de cada
declarante, especialmente si se tiene en cuenta que la vinculación contractual de la
demandante se extendió entre 1994 y 2015 y que, como se indicó, los objetos
pactados no fueron uniformes durante todo ese periodo.
114. En particular, Constanza García Rojas manifestó que conoció a la señora
Anayibe Serrano Cuervo porque fueron compañeras de trabajo en el SENA desde
78 Cuaderno principal, pp. 248.
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aproximadamente 2005 o 2006 y hasta 2016, cuando la testigo se pensionó. Por ello,
su declaración resulta relevante para establecer las condiciones en que la
demandante desarrolló actividades de instrucción y, posteriormente, de asesoría en
la unidad de emprendimiento, pero no permite dar cuenta directa de la forma en que
se ejecutaron los contratos celebrados con anterioridad a ese periodo.
115. Por su parte, Pedro Gustavo Meléndez Castro indicó que conocía a la
demandante desde hacía más de 25 años, primero como aprendiz de la entidad y
luego con ocasión de los contratos de prestación de servicios que suscribió con el
SENA; no obstante, su conocimiento directo sobre la programación de cursos,
asignación de municipios y recepción de informes se circunscribe, principalmente, al
periodo comprendido entre 2006 y 2010, cuando se desempeñó como coordinador
académico y, en algunas oportunidades, tuvo a la demandante a su cargo en su rol
de instructora.
116. Ahora bien, en cuanto a su imparcialidad, conviene precisar que la condición
de contratistas o excontratistas de la entidad demandada no conduce, por sí sola, a
excluir sus declaraciones. De conformidad con el artículo 211 del CGP, tal
circunstancia no impide valorar sus dichos, sino que exige apreciarlos con especial
rigor, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y atendiendo la claridad y coherencia
de los relatos, la razón de ciencia expuesta, la verosimilitud de las afirmaciones y su
concordancia con los demás medios de prueba79.
117. En ese estado de cosas, las declaraciones serán valoradas de manera conjunta
con el resto del material probatorio obrante en el expediente, bajo criterios de sana
crítica, de conformidad con el artículo 176 del CGP, sin perder de vista que resultan
especialmente útiles para analizar las condiciones de ejecución de los contratos
relacionados con actividades de instrucción, formación profesional y emprendimiento,
pero no para extender automáticamente esas mismas condiciones a toda la relación
contractual, en particular a los primeros contratos de apoyo mecanográfico o técnico
administrativo.
3.5.1. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral encubierta
118. En primer lugar, se destaca que, conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: i) la prestación personal del servicio; ii) la subordinación continua; y iii) la
remuneración como contraprestación del servicio.
119. En este caso, aunque el Tribunal tuvo por demostrados dichos elementos a
partir de una valoración general de la vinculación contractual, la Sala advierte que el
79 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencias del 23 de mayo de 2024, radicado: 66001-23-
33-000-2017-00083-01 (2190-2020); sentencia del 28 de noviembre de 2024, radicado: 50001-23-33-000-2021-
00340-01 (7137-2023).
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
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recurso de apelación cuestiona, precisamente, que no se hubieran examinado de
manera diferenciada los objetos pactados en cada etapa. Por ello, el análisis se
realizará en función de los tres periodos que se desprenden de la relación contractual
acreditada, esto es: i) el comprendido entre 1994 y 2006, relativo a actividades de
apoyo mecanográfico, técnico administrativo e información ocupacional; ii) el
desarrollado entre finales de 2006 y 2011, asociado a labores de instrucción,
formación profesional, emprendimiento y apoyo a programas de jóvenes rurales; y iii)
el ejecutado entre 2012 y 2015, relacionado con asesoría a unidades de
emprendimiento, formulación de planes de negocio, proyectos de base tecnológica y
fortalecimiento rural.
3.5.1.1. Prestación personal del servicio
120. En cuanto a la prestación personal del servicio, la Sala advierte que este
elemento se encuentra acreditado en los tres periodos identificados, pues las órdenes
de trabajo y los contratos de prestación de servicios fueron suscritos directamente por
la señora Anayibe Serrano Cuervo y tenían por objeto la ejecución de actividades a
su cargo, sin que del expediente se desprenda que pudiera delegar en terceros el
cumplimiento de las obligaciones pactadas.
3.5.1.2. Remuneración
121. Asimismo, en cada una de las órdenes de trabajo y contratos de prestación de
servicios se pactó un valor como contraprestación por las actividades contratadas. Por
ello, de la relación contractual previamente expuesta y de los soportes obrantes en el
expediente se tiene por acreditada la remuneración de la demandante durante los
periodos efectivamente ejecutados.
3.5.1.3. Continua subordinación o dependencia
122. Sobre el particular se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de
una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.
123. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que la vinculación pueda adquirir un
carácter permanente ni implicar la integración del contratista a la estructura
organizacional de la entidad.
124. Cabe destacar que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que los
contratos de prestación de servicios no generan relación laboral ni prestaciones
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
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sociales. No obstante, dicha regla cede cuando se acredita, en aplicación del principio
de primacía de la realidad sobre las formas, que la prestación del servicio encubrió
una verdadera relación laboral subordinada. Para ello, la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o indicios que, valorados en conjunto, permiten inferir la
existencia de ese vínculo.
125. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso80.
126. En el caso concreto, se reitera que el SENA, según el Decreto 2149 de 199281,
es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Dicha entidad, según la Ley 119 de 199482, tiene por misión intervenir en el
desarrollo de los trabajadores colombianos; de manera que ofrece y ejecuta formación
profesional con carácter integral, para su incorporación en actividades productivas.
127. Para el cumplimiento de esa misión institucional, el SENA cuenta en su planta
de personal con el empleo de instructor, encargado de desarrollar procesos de
formación profesional y de orientar actividades de enseñanza, aprendizaje y
evaluación. Para el periodo en que la demandante ejecutó labores de instrucción y
formación profesional, las competencias aplicables a dicho empleo se encontraban
previstas en la Resolución 986 del 25 de mayo de 200783, como se indicó en el marco
normativo de esta providencia.
128. Esta precisión resulta relevante para valorar el periodo en el que la demandante
ejecutó actividades de instrucción y formación profesional, pues permite establecer si
las labores contratadas guardaban identidad o similitud con aquellas asignadas a los
instructores de planta. No obstante, también debe tenerse en cuenta que la
vinculación contractual de la señora Anayibe Serrano Cuervo no fue homogénea
durante todo el periodo reclamado, pues los objetos pactados permiten distinguir tres
etapas: i) la correspondiente a actividades de apoyo mecanográfico, técnico
administrativo e información ocupacional; ii) la relacionada con labores de instrucción,
formación profesional, emprendimiento, formulación de proyectos y apoyo a
programas de jóvenes rurales; y iii) la asociada a actividades de asesoría a usuarios
de las unidades de emprendimiento, formulación de planes de negocio, desarrollo de
proyectos de base tecnológica y fortalecimiento rural.
80 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2025, radicado: 63001-
23-33-000-2021-00181-01 (4467-2023).
81 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
82 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se
dictan otras disposiciones.
83 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los
empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
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129. En consecuencia, contrario a lo resuelto por el fallador de primera instancia, el
análisis de subordinación no puede efectuarse de manera global ni partir de que
durante toda la vinculación la demandante desempeñó funciones propias de
instructora, sino que debe atender el rol efectivamente desarrollado en cada etapa
contractual.
130. Por ello, la Sala examinará, respecto de cada uno de esos periodos, si la forma
en que se ejecutaron las órdenes y contratos permite tener por acreditada la
subordinación, a partir de los indicios relativos al lugar de prestación del servicio, la
programación de actividades, las instrucciones y mecanismos de seguimiento
ejercidos por el SENA, la eventual integración a la estructura organizacional de la
entidad y la relación de las labores desarrolladas con sus necesidades permanentes.
i) Primer periodo: actividades de apoyo mecanográfico, técnico administrativo
e información ocupacional (1994 – 2006)
131. En relación con el primer periodo, la Sala advierte que no se encuentra
acreditado el elemento de subordinación. En efecto, durante esta etapa la vinculación
de la señora Anayibe Serrano Cuervo se formalizó únicamente mediante órdenes de
trabajo o de servicio, y aunque estas permiten establecer que prestó sus servicios al
SENA y recibió una contraprestación por las actividades contratadas, lo cierto es que
no contienen elementos suficientes para determinar las circunstancias concretas de
tiempo, modo y lugar en que se ejecutó la relación contractual.
132. Lo anterior obedece a que las órdenes de trabajo allegadas al expediente
fueron expedidas en formatos generales y escuetos, en los que apenas se identificó a
la contratista, el objeto, el valor, el plazo y la fecha de ejecución, sin precisar
obligaciones específicas, condiciones de prestación del servicio, horarios, lugar de
ejecución, mecanismos de dirección, instrucciones concretas, controles institucionales
o elementos que permitan inferir que la demandante estuvo sometida al poder
subordinante de la entidad.
133. Esta ausencia de información resulta relevante, pues en este periodo los
objetos contractuales estuvieron asociados, principalmente, a actividades de apoyo
mecanográfico, técnico administrativo e información ocupacional, las cuales, por sí
solas, no permiten concluir que la contratista hubiera estado integrada a la estructura
organizacional del SENA en condiciones propias de una relación laboral subordinada.
Para llegar a esa conclusión era necesario contar con elementos adicionales que
demostraran cómo se desarrollaron esas actividades en la práctica, aspecto que,
como se expuso antes, no se desprende de las órdenes de trabajo aportadas.
134. A ello se suma que los testimonios practicados tampoco permiten suplir esa
deficiencia probatoria. Constanza García Rojas manifestó que conoció a la
demandante aproximadamente desde 2005 o 2006, cuando esta desarrollaba
actividades de instrucción y, posteriormente, de asesoría en la unidad de
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emprendimiento, mientras que Pedro Gustavo Meléndez Castro refirió un
conocimiento directo sobre la programación de cursos principalmente entre 2006 y
2010, cuando se desempeñó como coordinador académico. Por tanto, sus
declaraciones no dan cuenta directa de la forma en que se ejecutaron las órdenes
celebradas en los años anteriores ni de las condiciones concretas bajo las cuales se
desarrollaron las labores de apoyo mecanográfico, técnico administrativo e
información ocupacional.
135. Tampoco influye en esa conclusión el hecho de que en el expediente obren
constancias de elementos devolutivos asignados a la demandante, tales como
equipos o insumos de oficina, correspondientes al año 2005. Si bien dichos
documentos pueden dar cuenta de que la entidad le entregó algunos elementos para
el desarrollo de las actividades contratadas, esa circunstancia, por sí sola, no permite
acreditar subordinación laboral, pues no demuestra la existencia de órdenes, horarios,
controles, instrucciones permanentes, ejercicio de poder disciplinario o integración de
la contratista a la estructura organizacional del SENA en condiciones propias de una
relación de trabajo.
136. En consecuencia, frente a este primer periodo, la Sala concluye que no se
acreditó la subordinación continua exigida para declarar la existencia de una relación
laboral encubierta, pues el material probatorio únicamente permite establecer la
celebración de órdenes de trabajo, la prestación personal del servicio y el pago de una
contraprestación, pero no la sujeción de la demandante a órdenes, horarios,
reglamentos, controles o instrucciones propias de un vínculo laboral.
ii) Segundo periodo: instrucción, formación profesional, emprendimiento y
apoyo a programas de jóvenes rurales (2006 – 2011)
137. En cuanto al lugar de prestación del servicio, la prueba documental permite
advertir que, durante este segundo periodo, las actividades contratadas se
desarrollaban en el ámbito de cobertura del Centro Agroecológico y Empresarial del
SENA. En efecto, varios de los contratos celebrados entre 2006 y 2011 señalaron que
la demandante debía atender alumnos de dicho centro en los diferentes municipios de
cobertura, así como apoyar procesos de formación, emprendimiento, formulación de
proyectos, planes de negocio y fortalecimiento empresarial, conforme a los programas
y necesidades institucionales.
138. Esa circunstancia guarda correspondencia con lo declarado por Constanza
García Rojas, quien indicó que la demandante debía desplazarse a los municipios
asignados por el coordinador, entre ellos algunos ubicados en las zonas de Sumapaz
y Oriente, y que no escogía libremente el lugar en el que desarrollaba sus actividades.
En similar sentido, Pedro Gustavo Meléndez Castro explicó que, en su condición de
coordinador académico entre 2006 y 2010, le correspondía programar la formación y
asignar los cursos y municipios en los que los instructores contratistas debían orientar
las actividades, de acuerdo con la cobertura del Centro de Formación de Fusagasugá.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
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139. Así, aunque la prestación del servicio no se desarrollaba necesariamente en
una única sede física, ello no permite afirmar que la demandante definiera
autónomamente el ámbito territorial de ejecución de sus actividades, pues este
dependía de los programas de formación, los grupos de aprendices, los municipios de
cobertura y la programación académica dispuesta por el SENA. Incluso, en algunos
contratos se previó expresamente que las actividades debían cumplirse en los
municipios de cobertura del centro, lo cual evidencia que el lugar de ejecución estaba
determinado por la necesidad institucional y no por la libre elección de la contratista.
140. De otro lado, en relación con el horario de trabajo, los documentos
contractuales también permiten advertir que la ejecución del servicio estaba sujeta a
la organización académica del SENA. En los contratos de este periodo se pactó, entre
otros aspectos, que la demandante debía impartir formación por horas o meses
docentes, atender la programación definida, registrar novedades académicas y
evaluaciones en el SIGAC, presentar informes, asistir a reuniones convocadas por el
subdirector o supervisor y cumplir actividades de formación, asesoría y seguimiento
dentro de los tiempos previstos por la entidad.
141. Lo anterior se corrobora con las declaraciones practicadas. Constanza García
Rojas sostuvo que la demandante cumplía horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a
6:00 p.m., al igual que los funcionarios de planta, que debía pedir permiso para
ausentarse y que, cuando la programación lo requería, también podía desarrollar
actividades los sábados o domingos. Por su parte, Pedro Gustavo Meléndez Castro
precisó que el trabajo de los instructores contratistas estaba sujeto a la programación
de los cursos y que, en su rol de coordinador académico, le correspondía asignarles
grupos, jornadas y municipios de acuerdo con las necesidades de formación.
142. Ahora bien, aunque esas declaraciones no permiten afirmar que durante todo
el periodo se hubiera impuesto una jornada laboral rígida, uniforme e idéntica a la de
los empleados de planta, sí evidencian que la demandante no tenía plena autonomía
para definir la oportunidad de ejecución de sus actividades. Su labor debía ajustarse
a la programación académica, a los grupos asignados, al horario de cobertura del
centro, a los registros institucionales, a la presentación de informes y a los
requerimientos del coordinador académico o del supervisor contractual.
143. En esa medida, la delimitación territorial y temporal de las actividades
constituye un indicio relevante de subordinación durante este segundo periodo, pues
muestra que la demandante se encontraba inserta en la organización académica del
SENA y que la entidad podía definir, orientar y ajustar el lugar, la oportunidad y las
condiciones de ejecución del servicio, de acuerdo con sus programas de formación,
cobertura territorial y necesidades institucionales, circunstancia que se aproxima al
ejercicio del ius variandi84 propio de las relaciones laborales subordinadas85.
84 El ius variandi consiste en la facultad que tiene el empleador de alterar las condiciones de trabajo en cuanto a
modo, lugar, cantidad y tiempo de labor, en virtud del poder subordinante que tiene sobre sus trabajadores.
85 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de octubre de 2025, radicado: 66001-23-
33-000-2014-00140-02 (3910-2024).
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144. Con todo, aunque la delimitación del lugar y de la programación temporal
constituye un indicio relevante, su acreditación no basta, por sí sola, para tener por
demostrada la subordinación. En consecuencia, corresponde establecer si la
intervención del SENA se limitó a la coordinación propia del contrato de prestación de
servicios o si, por el contrario, implicó el ejercicio efectivo de facultades de dirección y
control sobre la forma en que la demandante debía ejecutar las actividades
contratadas.
145. Sobre este aspecto, obran en el expediente los contratos de prestación de
servicios suscritos por la señora Anayibe Serrano Cuervo durante este segundo
periodo, en los que se definieron con mayor detalle los objetos y obligaciones a su
cargo. De su contenido se advierte que las labores contratadas estuvieron vinculadas
con la formación profesional integral a cargo del SENA, particularmente en áreas de
emprendimiento, formulación de proyectos, planes de negocio, creación y gestión de
empresas, orientación ocupacional y apoyo a programas de jóvenes rurales.
146. En esa línea, resulta pertinente contrastar dichas obligaciones con las
competencias previstas para el nivel instructor en la Resolución 986 de 2007, aplicable
para la época en que la demandante se desempeñó como instructora, a efectos de
establecer si las actividades contratadas guardaban correspondencia con los
procesos de formación, acompañamiento y evaluación propios de ese empleo.
No. de Obligaciones contractuales que Funciones/competencias del
contrato evidencian inserción en la actividad nivel instructor según
formativa del SENA e indicios de Resolución 986 de 2007
subordinación
Contrato Registrar en el SIGAC las novedades El nivel instructor comprende
0236 de académicas y evaluaciones de cada competencias asociadas a guiar y
2006 estudiante como requisito para autorizar el dirigir grupos, establecer y
pago; ejecutar el objeto contractual bajo mantener la cohesión necesaria
seguimiento del SENA; presentar soportes para alcanzar resultados de
e informes para el pago; y someterse a aprendizaje, mantener motivados
cláusulas de cumplimiento, multas y a los aprendices, fomentar
caducidad por incumplimiento de las comunicación clara y directa,
actividades pactadas. constituir y mantener grupos de
Contrato Acompañar planes de negocio en el Banco trabajo a partir de guías de
249 de de Oportunidades, Fondo Emprender y aprendizaje, promover la eficacia
2007 otras fuentes de financiación; apoyar redes del equipo, generar clima positivo
de emprendedores de la unidad de y de seguridad, fomentar la
emprendimiento; apoyar formación de participación en procesos de
alumnos en emprendimiento; orientar reflexión y toma de decisiones, y
actividades para que los alumnos unificar esfuerzos hacia los
diseñaran y desarrollaran planes de resultados de aprendizaje.
mejoramiento; dictar talleres de orientación Además, incluye competencias de
ocupacional; cumplir el objeto en los aprendizaje continuo, trabajo en
municipios de cobertura del centro; y equipo, colaboración con otros
someterse a vigilancia administrativa del agentes educativos, toma de
coordinador académico, quien verificaba decisiones, creatividad e
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
calidad, eficiencia, rendimiento, asistencia innovación y adaptabilidad al
y calidad de la formación. cambio.
Contrato Desarrollar formación profesional en
089 de formulación, evaluación y seguimiento de
2007 planes de negocio; impartir horas de
formación sin exceder las programadas;
registrar novedades académicas y
evaluaciones en el SIGAC; ejecutar
actividades programadas; y someterse al
seguimiento del coordinador
académico/interventor sobre calidad,
eficiencia, asistencia, trato y rendimiento
de la formación impartida.
Contrato Prestar servicios de formación profesional
0122 de en mentalidad emprendedora, asesoría en
2007 planes de negocio, creación y
fortalecimiento empresarial, ferias, ruedas
de negocio, eventos, trabajo de campo y
actividades de inducción o capacitación;
atender alumnos de formación titulada y
complementaria; registrar novedades y
evaluaciones en SIGAC; y someterse a
supervisión sobre cumplimiento del objeto,
calidad, eficiencia, asistencia, trato y
factores relevantes de la formación.
Contrato Impartir formación profesional en creación
081 de y gestión de empresas para alumnos del
2008 Centro Agroecológico y Empresarial;
cumplir horas de formación programadas;
registrar novedades académicas y
evaluaciones en SIGAC; desarrollar
actividades y clases impartidas conforme a
la programación; y someterse a
supervisión del coordinador
académico/interventor sobre eficiencia,
calidad, asistencia, trato y rendimiento.
Contrato Impartir 400 horas de formación
212 de profesional en mentalidad emprendedora
2008 para alumnos del Centro Agroecológico y
Empresarial en distintos municipios;
registrar novedades académicas y
evaluaciones en SIGAC; acatar las
instrucciones impartidas por el SENA por
conducto del interventor; cumplir
lineamientos del centro definidos por la
Dirección General; y someterse a
seguimiento sobre clases, evaluaciones,
asistencia, calidad y trato.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
Contrato Impartir 400 horas de formación
054 de profesional en emprendimiento y
2009 empresarismo; orientar acciones de
formación para fortalecer competencias en
emprendimiento; asesorar
emprendedores; formular planes de
negocio; hacer seguimiento a unidades
productivas; presentar informes
mensuales; documentar procesos de
formación; apoyar ferias, conferencias y
talleres; promover la participación de
aprendices; registrar novedades y
evaluaciones en SIGAC; acatar
instrucciones del SENA; y ejecutar
actividades en municipios de cobertura del
centro.
Contrato Prestar servicios como instructor en la
069 de especialidad de tecnólogo en formulación
2010 de proyectos; procesar información,
determinar oportunidades de mercado,
coordinar proyectos, diseñar propuestas
de consultoría, evaluar impacto ambiental,
hacer inventario de proyectos y proyectar
necesidades conforme a procesos o
unidades de negocio; asistir a reuniones
programadas por el subdirector o
supervisor; reportar inicios y finalización de
cursos; registrar información en plataforma
tecnológica; presentar informes
mensuales; participar en formación
pedagógica; asistir a comités; vigilar
bienes asignados; y someterse a
seguimiento sobre actividades
programadas, clases, evaluaciones,
asistencia, calidad y trato.
Tabla 2: Relación de obligaciones desempeñadas por la demandante en el periodo en que desarrollo
actividades de instrucción y formación académica
147. Del contraste anterior se advierte que, durante este segundo periodo, las
actividades contratadas guardaban correspondencia sustancial con los procesos de
formación profesional integral a cargo del SENA y con las competencias previstas para
el nivel instructor en la Resolución 986 de 2007. En efecto, la demandante fue
vinculada para impartir formación, orientar procesos de emprendimiento, acompañar
planes de negocio, asesorar aprendices, registrar novedades académicas y
evaluaciones, presentar informes y apoyar actividades institucionales relacionadas
con la formación y el fortalecimiento empresarial.
148. Además, dichas obligaciones no fueron pactadas como actividades autónomas
o aisladas frente a la organización de la entidad, pues su ejecución estaba sometida
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
a la programación académica del centro, al registro de información en los aplicativos
institucionales, a la presentación de informes, al cumplimiento de lineamientos del
SENA y al seguimiento del coordinador académico, del interventor o del supervisor
contractual, quienes verificaban aspectos como la calidad, eficiencia, asistencia, trato,
evaluaciones y actividades desarrolladas.
149. Lo anterior encuentra respaldo en las declaraciones de Constanza García
Rojas y Pedro Gustavo Meléndez Castro. La primera señaló que, como funcionaria de
planta del SENA, desarrollaba labores similares a las de la demandante en actividades
de formación y capacitación, y que esta debía sujetarse a la programación asignada,
desplazarse a los municipios definidos por el coordinador, asistir a reuniones y
capacitaciones, atender los diseños curriculares elaborados por la entidad y ejecutar
sus actividades bajo seguimiento de los coordinadores. El segundo indicó que, entre
2006 y 2010, como coordinador académico, le correspondía programarle formación,
asignarle cursos y definir el municipio en el que debía orientar las actividades, además
de recibir informes relacionados con asistencia, evaluación y matrícula de aprendices.
150. En ese contexto, la intervención del SENA no se limitó a verificar un resultado
final propio de una relación contractual autónoma, sino que comprendió la definición
de condiciones relevantes para la ejecución de la actividad formativa, tales como los
grupos a atender, los municipios de cobertura, los registros académicos, los informes,
las evaluaciones y los lineamientos institucionales aplicables. Por ello, las pruebas
documentales y testimoniales permiten inferir una injerencia funcional constante de la
entidad en la forma en que la demandante debía cumplir las actividades contratadas.
151. En consecuencia, respecto del periodo comprendido entre finales de 2006 y
2011, la Sala encuentra acreditado el elemento de subordinación, pues la señora
Anayibe Serrano Cuervo ejecutó actividades propias de la formación profesional
integral, materialmente compatibles con el nivel instructor y similares a las
desarrolladas por personal de planta, bajo programación, control y seguimiento del
SENA.
iii) Tercer periodo: asesoría a unidades de emprendimiento, formulación de
planes de negocio y fortalecimiento rural (2012 – 2015)
152. En cuanto al lugar de prestación del servicio durante este tercer periodo, la Sala
advierte que los contratos no se limitaron a una sede única, pues las actividades de
asesoría, acompañamiento y fortalecimiento empresarial estaban dirigidas a usuarios,
aprendices, unidades productivas y emprendedores vinculados a los programas del
SENA, en particular a la unidad de emprendimiento, el Fondo Emprender y el
programa Jóvenes Rurales Emprendedores. Además, en algunos contratos se previó
la ejecución de actividades en municipios de cobertura del centro o del área de
influencia, así como el reconocimiento de gastos de desplazamiento cuando la
contratista debiera trasladarse a lugares distintos al domicilio contractual.
153. En relación con la organización temporal de las actividades, los contratos no
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
permiten tener por acreditada una jornada laboral rígida y uniforme durante este
periodo. Sin embargo, sí muestran que su ejecución debía articularse con la dinámica
de los programas de emprendimiento de la entidad, aspecto que será valorado junto
con las obligaciones específicas pactadas en cada contrato.
154. Ahora bien, los testimonios practicados deben valorarse con cautela frente a
este periodo. Pedro Gustavo Meléndez Castro refirió conocer a la demandante desde
hacía varios años y explicó la forma en que el SENA organizaba la programación de
actividades de formación; sin embargo, su conocimiento directo se circunscribe
principalmente al periodo en que se desempeñó como coordinador académico, entre
2006 y 2010, y a la etapa en que la señora Serrano Cuervo desarrollaba labores de
instrucción. Por ello, sus afirmaciones no resultan suficientes, por sí solas, para
establecer las condiciones específicas en que se ejecutaron los contratos de asesoría
y emprendimiento celebrados con posterioridad.
155. Por su parte, Constanza García Rojas señaló que hacia 2011 o 2012 coincidió
con la demandante en la unidad de emprendimiento y que ambas desarrollaban
actividades vinculadas con esa área, razón por la cual su declaración ofrece
elementos de contexto sobre la ejecución de dichas labores. No obstante, su dicho no
permite reconstruir de manera detallada las condiciones de tiempo, modo y lugar de
cada uno de los contratos de este periodo, por lo que debe valorarse conjuntamente
con la prueba documental.
156. En todo caso, como se indicó en capítulos anteriores, la acreditación del lugar
de prestación del servicio o de una determinada organización temporal no resulta, por
sí sola, determinante para declarar la existencia de subordinación, pues lo relevante
es establecer si la intervención del SENA se limitó a la coordinación propia del contrato
de prestación de servicios o si, por el contrario, implicó control funcional sobre la forma
en que la demandante debía ejecutar sus actividades. Por ello, a continuación, se
examinarán las obligaciones pactadas en los contratos de este periodo y su
correspondencia con las competencias del nivel asesor previstas en el manual de
funciones aplicable.
No. de Obligaciones de asesoría, Competencias del nivel asesor
contrato seguimiento e indicios de según Resoluciones 986 de 2007
subordinación y 1302 de 2015
Contrato Orientar procesos de formación por Resolución 986 de 2007: para el
004 de proyectos en el programa de formación nivel asesor se prevén
2011 regular, titulada y complementaria, en el competencias relacionadas con la
área de formulación de proyectos; aplicación del conocimiento
participar en equipos de desarrollo profesional en la resolución de
curricular interdisciplinarios; diseñar problemas y su transferencia al
actividades de aprendizaje, talleres e entorno laboral; la orientación de
ítems de evaluación; participar en la proyectos especiales para el logro
inducción de aprendices; reportar de resultados institucionales; la
actividades en Sofía Plus; comunicar al asesoría en materias propias del
coordinador académico inconsistencias, campo de conocimiento; la emisión
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
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novedades y hallazgos; asistir a de conceptos, juicios o propuestas
reuniones programadas por el ajustadas a lineamientos técnicos;
subdirector o supervisor; realizar registro el conocimiento del entorno
semanal de novedades académicas; organizacional; la construcción de
implementar el procedimiento de relaciones con actores internos y
ejecución de acciones de formación externos; y la iniciativa para
profesional integral; presentar informes anticipar problemas, proponer
mensuales de gestión; y responder por soluciones y hacer viables
materiales y bienes asignados. oportunidades.
Contrato Apoyar el desarrollo del programa
147 de Jóvenes Rurales Emprendedores y
2011 contribuir al fortalecimiento de unidades
productivas creadas en ese programa;
identificar ideas de negocio; apoyar la
estrategia de formación por proyectos;
acompañar la creación y fortalecimiento
de empresas de jóvenes vulnerables;
hacer seguimiento a planes de negocio y
a empresas de aprendices SENA; apoyar
la integración del emprendimiento a la
formación; asesorar aprendices en la
identificación de ideas de negocio,
planeación y puesta en marcha de
proyectos; formular planes de negocio
para convocatorias del Fondo
Emprender; realizar seguimiento,
evaluación y planes de mejoramiento;
apoyar ferias, ruedas de negocio y
estrategias de formación; participar en
equipos de desarrollo curricular; y apoyar
procesos de inducción, vigilancia
tecnológica y buenas prácticas
ambientales.
Contrato Asesorar a usuarios de la unidad de
017 de emprendimiento del SENA en la
2012 formulación de planes de negocio,
desarrollo de proyectos de base
tecnológica y puesta en marcha de
nuevas empresas; apoyar formación
titulada y Jóvenes Rurales
Emprendedores; identificar perfiles
emprendedores e ideas de negocio en
articulación con instructores técnicos;
fortalecer unidades productivas; articular
con parques tecnológicos y tecnoparque;
acompañar población desplazada;
apoyar formulación, seguimiento y
evaluación de planes de negocio;
participar en inducciones, foros,
seminarios, capacitaciones, comités y
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reuniones; trabajar en equipo para
cumplir metas de la unidad de
emprendimiento; cumplir actividades
requeridas por el líder regional; registrar
actividades en Sofía Plus; utilizar
formatos institucionales; aplicar rutas de
atención; y presentar informes
mensuales.
Contrato Asesorar a usuarios de la unidad de
170 de emprendimiento en formulación de
2012 planes de negocio, proyectos de base
tecnológica y creación de empresas;
afianzar competencias transversales de
emprendimiento en formación titulada y
Jóvenes Rurales Emprendedores;
identificar perfiles emprendedores en
articulación con instructores técnicos;
apoyar unidades productivas; participar
en la planeación de proyectos
productivos; acompañar la puesta en
marcha de empresas; apoyar
formulación y seguimiento de planes de
negocio; participar en inducciones,
reuniones, comités, eventos y
capacitaciones; cumplir actividades
requeridas por el líder regional o líder de
unidad de emprendimiento; registrar
actividades en Sofía Plus; utilizar
formatos institucionales; aplicar rutas de
atención; asistir obligatoriamente a
reuniones convocadas por la Dirección
Regional; y acompañar procesos
conforme a lineamientos, acciones y
estrategias socializadas por el líder
regional de emprendimiento.
Contrato Prestar servicios como gestor de
1860 de fortalecimiento rural en sitio de unidades
2013 productivas del programa Jóvenes
Rurales Emprendedores; identificar
necesidades de fortalecimiento; aplicar
herramientas de diagnóstico y test de
perfil emprendedor; diseñar e
implementar planes de fortalecimiento
empresarial en componentes técnico,
comercial, operativo, organizacional y
financiero; brindar asesoría y
acompañamiento a integrantes de
unidades productivas; entregar avances
y actas de visita al líder de
emprendimiento; definir estrategias de
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
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comercialización; promover
agronegocios, innovación, biotecnología
y protección de propiedad intelectual;
apoyar al emprendedor en planes de
negocio; acompañar formalización y
puesta en marcha de empresas; atender
requerimientos del supervisor; presentar
informes mensuales; y ejecutar
actividades en municipios de cobertura
del centro.
Contrato Asesorar a usuarios de las unidades de
1285 de emprendimiento del SENA en
2014 formulación de planes de negocio,
proyectos de base tecnológica y puesta
en marcha de empresas; asistir a
reuniones y actividades programadas
por el líder regional; apoyar la creación
de empresas conforme a metas
semestrales asignadas; acreditar la
constitución legal de nuevas empresas y
la prestación del servicio conforme a
procesos y formatos del sistema de
gestión de calidad definidos por la
Coordinación Nacional de
Emprendimiento y Empresarismo;
asesorar usuarios en convocatorias de
emprendimiento; articular competencias
de emprendimiento en formación titulada
y Jóvenes Rurales Emprendedores;
apoyar formulación, seguimiento y
evaluación de planes de negocio;
participar en planeación de proyectos,
comités, capacitaciones y eventos;
cumplir actividades requeridas por el
líder regional o de unidad; registrar
actividades en Sofía Plus; presentar
agenda mensual con fechas y horas de
atención; participar en sesiones
semanales de monitoreo de resultados; y
apoyar la estrategia de territorios de
aprendizaje.
Contrato Prestar servicios profesionales de apoyo Resolución 1302 de 2015: para el
796 de y asesoría a usuarios de las unidades de último tramo de la vinculación, el
2015 emprendimiento en procesos de nivel asesor mantiene
ideación, formulación, creación y puesta competencias asociadas a
en marcha de proyectos y empresas, de experticia profesional,
acuerdo con los lineamientos fijados por conocimiento del entorno,
la entidad, el Fondo Emprender y, construcción de relaciones e
especialmente, lo determinado por el iniciativa, orientadas a aplicar
líder regional de emprendimiento; conocimientos especializados,
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
cumplir metas e indicadores asignados a asesorar en asuntos propios del
la regional; y ejecutar el objeto conforme campo profesional, formular
a la supervisión y certificación de propuestas o conceptos técnicos,
cumplimiento exigida para el pago de comprender las dinámicas
honorarios. institucionales, interactuar con
actores internos y externos y
proponer alternativas para el
cumplimiento de objetivos
institucionales.
Tabla 3: Relación de obligaciones desempeñadas por la demandante en el periodo en que desarrollo
actividades de asesoría en actividades de asesoría y emprendimiento.
157. De esta relación funcional se advierte que, durante este tercer periodo, las
obligaciones asumidas por la demandante no correspondieron a una asesoría externa,
aislada o libremente definida, sino a actividades insertas en la gestión institucional de
emprendimiento del SENA, en la medida en que comprendían el acompañamiento a
usuarios y aprendices, la formulación y el seguimiento de planes de negocio, el
fortalecimiento de unidades productivas, la articulación con el Fondo Emprender y el
programa Jóvenes Rurales Emprendedores, el registro de actividades en Sofía Plus,
la presentación de informes mensuales, la asistencia a reuniones, comités y
capacitaciones, la aplicación de rutas y formatos institucionales, el cumplimiento de
metas e indicadores y la ejecución de las actividades requeridas por el líder regional
de emprendimiento o por el supervisor contractual.
158. Tales obligaciones evidencian una intervención funcional relevante del SENA
en la forma de ejecución del servicio, pues, aunque las labores tenían un componente
técnico de asesoría, su desarrollo estaba integrado a los programas, procedimientos
y mecanismos de seguimiento institucional. Además, guardaban correspondencia
sustancial con las competencias previstas para el nivel asesor en la Resolución 986
de 2007 y en la actualización contenida en la Resolución 1302 de 2015, en cuanto
exigían aplicar conocimiento profesional, orientar proyectos, asesorar en materias
propias de su campo, formular propuestas técnicas, comprender el entorno
institucional y articular relaciones con usuarios y actores internos o externos.
159. A ello se suma que dichas actividades se relacionaban directamente con la
misión del SENA prevista en la Ley 119 de 1994, pues estaban orientadas a fortalecer
competencias de emprendimiento, acompañar proyectos productivos, apoyar la
creación de empresas, articular fuentes de financiación y contribuir a la incorporación
de usuarios y aprendices en actividades productivas, por lo que no fueron accidentales
ni marginales frente al objeto de la entidad.
160. Por consiguiente, frente al tercer periodo, la Sala encuentra acreditado el
elemento de subordinación, no por la sola existencia de reuniones, informes o
supervisión contractual, sino porque las obligaciones pactadas, valoradas en conjunto,
muestran que la demandante ejecutó actividades materialmente compatibles con el
nivel asesor, bajo lineamientos, metas, seguimiento y control funcional del SENA, en
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
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desarrollo de programas misionales de emprendimiento y fortalecimiento productivo.
161. Bajo ese entendido, la declaratoria de existencia de la relación laboral
encubierta se limitará al periodo comprendido entre 2006 y 2015, en el que se
demostró que la demandante desarrolló actividades de instrucción y, posteriormente,
de asesoría y fortalecimiento productivo bajo subordinación del SENA, sin que sea
posible extender tal conclusión al primer tramo contractual, respecto del cual no se
acreditó ese elemento.
162. Ahora bien, sobre los salarios y prestaciones objeto de restablecimiento, se
advierte que esta Subsección ha precisado que, declarada la existencia de una
relación laboral encubierta, procede el reconocimiento de las prestaciones sociales
que debieron causarse durante los periodos en los que se acreditó el vínculo, en
igualdad de condiciones frente al cargo de planta funcionalmente equivalente86.
163. Al punto, el fallador de primera instancia dispuso que la base de liquidación se
determinaría a partir de la remuneración correspondiente al empleo de instructor de
planta. Sin embargo, como viene de explicarse, las actividades desarrolladas por la
demandante no fueron homogéneas durante todo el periodo en el que se acreditó la
relación laboral encubierta.
164. En efecto, entre 2006 y 2011 la señora Anayibe Serrano Cuervo desarrolló
labores de instrucción y formación profesional que guardan correspondencia con el
empleo de instructor de la planta de personal del SENA, por lo cual las prestaciones
sociales causadas en ese periodo deberán liquidarse con fundamento en la
remuneración asignada a dicho empleo, de acuerdo con el régimen salarial y
prestacional aplicable para cada vigencia.
165. En cambio, frente al periodo comprendido entre 2012 y 2015, en el que la
demandante ejecutó actividades de asesoría a unidades de emprendimiento,
formulación de planes de negocio y fortalecimiento rural, no resulta procedente liquidar
automáticamente las prestaciones con base en el salario de instructor, pues, como
quedó expuesto, tales labores guardan correspondencia funcional con el nivel asesor.
En consecuencia, la entidad deberá verificar la remuneración asignada al empleo de
planta equivalente para dicho nivel y, con base en ella, efectuar la liquidación
correspondiente.
3.6. De la prescripción
166. De conformidad con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, las acciones que
emanan de los derechos consagrados en dicho estatuto prescriben en tres años,
contados desde que la obligación se hace exigible, término que se interrumpe, por una
86 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2025, radicado: 25000-
23-42-000-2021-00754-01 (3165-2024); sentencia del 12 de febrero de 2026, radicado: 08001-23-33-000-2019-
00026-01 (1073-2021); sentencia del 26 de julio de 2025, radicado 68001-23-33-000-2020-00711-01 (0356-2025);
sentencia del 26 de febrero de 2026, radicado: 17001-23-33-000-2021-00013-01 (0659-2025); sentencia del 28 de
mayo de 2026, radicado: 17001-23-33-000-2021-00030-01 (5377-2024).
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
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sola vez, con la reclamación administrativa presentada por el interesado. Asimismo,
la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 estableció un periodo de 30
días hábiles como referente para determinar si las interrupciones entre contratos
rompen la unidad del vínculo, caso en el cual la prescripción debe contabilizarse desde
la terminación de cada relación laboral identificada.
167. En el presente asunto, la relación laboral encubierta se acreditó desde el
contrato 0236 de 2006. No obstante, entre la terminación del contrato 357 de 2011,
ocurrida el 15 de diciembre de 2011, y el inicio del contrato 017 de 2012, el 13 de
febrero siguiente, transcurrieron 40 días hábiles, esto es, un lapso superior al
parámetro jurisprudencial de 30 días hábiles. Por tanto, dicha interrupción rompió la
unidad del vínculo para efectos de la prescripción y obliga a distinguir dos tramos: el
primero, comprendido entre el contrato 0236 de 2006 y el contrato 357 de 2011, y el
segundo, desde el contrato 017 de 2012 hasta el contrato 796 de 2015.
168. Como la reclamación administrativa fue presentada el 22 de abril de 2015, para
esa fecha ya había transcurrido el término trienal respecto de las prestaciones sociales
y demás emolumentos causados en el primer tramo, finalizado el 15 de diciembre de
2011. En consecuencia, frente a ese periodo únicamente procede el reconocimiento
de los aportes pensionales, dada su imprescriptibilidad, con exclusión de los lapsos
en los que no existió prestación efectiva del servicio.
169. En cambio, los derechos causados durante el segundo tramo no se encuentran
prescritos, pues entre el inicio del contrato 017 de 2012 y la reclamación administrativa
no transcurrieron más de tres años. Por tanto, respecto de los contratos ejecutados
desde el 13 de febrero de 2012 hasta el 27 de diciembre de 2015, procederá el
reconocimiento de las prestaciones sociales, demás emolumentos y aportes
pensionales derivados de la relación laboral encubierta, con exclusión de las
interrupciones contractuales acreditadas.
170. En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia para precisar
que los aportes pensionales no proceden desde 1994, sino únicamente respecto de
los periodos contractuales en los que se acreditó la existencia de la relación laboral
encubierta, esto es, desde el contrato 0236 de 2006 hasta la finalización del contrato
796 de 2015, sin perjuicio de excluir los lapsos en los que no hubo prestación efectiva
del servicio.
3.8. Conclusión
171. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que se acreditó la existencia
de una relación laboral encubierta entre la señora Anayibe Serrano Cuervo y el SENA
únicamente respecto de los contratos ejecutados desde el contrato 0236 de 2006
hasta la finalización del contrato 796 de 2015, periodo en el que se demostraron la
prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación.
172. En consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por el SENA prospera
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parcialmente, por lo que se modificará la sentencia de primera instancia en cuanto
extendió los efectos de la relación laboral a periodos en los que no se acreditó
subordinación y tomó como base de liquidación, para todo el periodo reconocido, la
remuneración del empleo de instructor.
173. Así, las prestaciones sociales y demás emolumentos se reconocerán
únicamente respecto del periodo no prescrito, esto es, desde el contrato 017 de 2012
hasta la finalización del contrato 796 de 2015, mientras que los aportes pensionales
procederán desde el contrato 0236 de 2006, con exclusión de los lapsos en los que
no hubo prestación efectiva del servicio.
3.9. Costas
174. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 87 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
175. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 15 de diciembre
de 2023, el cual quedará así:
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, ordenar al Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA— pagar a la señora
87 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
Anayibe Serrano Cuervo, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.623.594 de
Fusagasugá, lo siguiente:
i) Las prestaciones sociales y demás emolumentos que se hubieren causado durante
el periodo no prescrito, esto es, desde el contrato de prestación de servicios No.
000017 de 2012 hasta la finalización del contrato de prestación de servicios No. 796
de 2015, ocurrida el 27 de diciembre de 2015, con exclusión de los lapsos en los que
no existió prestación efectiva del servicio.
Para tal efecto, la liquidación deberá efectuarse con base en la remuneración
correspondiente al empleo de planta funcionalmente equivalente a las labores
desempeñadas por la demandante durante ese periodo, esto es, el nivel asesor o aquel
que corresponda según la planta de personal vigente para cada anualidad.
ii) Los aportes al sistema de seguridad social en pensiones correspondientes a los
periodos contractuales en los que se acreditó la existencia de la relación laboral
encubierta, esto es, desde el contrato de prestación de servicios No. 0236 de 2006
hasta la finalización del contrato de prestación de servicios No. 796 de 2015, con
exclusión de los lapsos en los que no existió prestación efectiva del servicio.
Para ello, la demandante deberá acreditar los aportes que efectuó como contratista.
En caso de que no los hubiere realizado, deberán efectuarse las cotizaciones
respectivas y descontarse el porcentaje que legalmente le correspondía asumir, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
iii) No hay lugar al reembolso de los aportes efectuados al sistema de seguridad social
en salud, dada su naturaleza parafiscal, conforme a lo señalado en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 15 de diciembre de 2023, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-02082-02 (3638-2024)
Demandante: Anayibe Serrano Cuervo
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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