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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00140-02

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00140-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Óscar Vásquez Díaz contra el municipio de Pereira. Segundo No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto 33 Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024) Demandante: Oscar Vásquez Díaz JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 34

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2014-00140-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Óscar Vásquez Díaz
Demandado: Municipio de Pereira

Tema: Relación laboral encubierta

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Tercera de Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Óscar Vásquez Díaz presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que se
declarara la nulidad del Oficio 29715 del 8 de octubre de 2013, por medio del cual la
secretaria de educación y la directora administrativa de prestación del servicio y
administración de plazas docentes del municipio de Pereira le negaron la existencia
de una relación laboral por el servicio prestado como vigilante entre el 1° de enero
de 1998 y el 13 de junio de 2013, y el consecuente pago de las prestaciones sociales
que se derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por el periodo

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

en que se desempeñó como vigilante; ii) el reconocimiento de las prestaciones
sociales de ley que devengaba un empleado de planta que desempeñaba iguales
funciones a las suyas, tales como cesantías y sus intereses, primas de servicios,
navidad y vacaciones, horas extras diurnas; iii) el reajuste salarial; iv) la
compensación del pago de los aportes efectuados a seguridad social (salud, pensión,
riesgos profesionales y caja de compensación familiar); v) la indexación y
actualización de los valores que resultaren de lo que en esta instancia llegare a
resolverse; vi) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los [artículos 192 y
195 del CPACA]2; y vii) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

3.1. Óscar Vásquez Díaz laboró de manera ininterrumpida como vigilante al servicio
de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira entre el 1° de enero de 1998
y el 13 de junio de 2013, a través de contratos de prestación de servicios.

3.2. Realizó sus funciones de manera personal, bajo la continua dependencia y
subordinación de los directores o rectores de los colegios en los que prestó sus
servicios, y por ello recibió una contraprestación.

3.3. Dentro de las actividades que desempeñó se encontraban las de controlar el
ingreso y salida del personal, de los vehículos y de los objetos del establecimiento
educativo, cumplir con los turnos de celaduría, cuidar las zonas de las diferentes
instituciones, velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes en
las zonas de vigilancia, entre otras.

3.4. Las labores las cumplió en turnos de 12 horas de trabajo alterno, es decir, una
semana entre las 6 am y las 6 pm y otra de 6 pm a 6 am, incluidos domingos y
festivos, por lo que trabajaba dos semanas de día y dos de noche con un día de
descanso a la semana.

3.5. Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por
ley y que eran propias de los empleados que ejercían sus funciones, no le fueron
reconocidas y tuvo que pagar por cuenta propia la seguridad social.

3.6. El 27 de septiembre de 2013, solicitó al municipio de Pereira el reconocimiento
de la relación laboral por sus servicios como vigilante y el pago de las prestaciones

2 La demanda se refirió a los artículos 176, 177 y ss del CCA, sin embargo, se interpuso el 4 de julio

de 2014, esto es en vigencia del CPACA

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

laborales y sociales que se derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada
a través del acto administrativo demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 25, 48, 53 y 209 de la Constitución
Política; 17 de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 99, 102 y 104 de la Ley 50
de 1990; 20 de la Ley 100 de 1993; 13 y 14 de la Ley 344 de 1996; 12 de la Ley 780
de 2002; 8, 9, 11 y 41 del Decreto 3135 de 1968; 43 a 49 y 51 del Decreto 1848 de
1969; 8 a 26 y 28 a 33 del Decreto 1045 de 1978; 58 y 59 del Decreto 1042 de 1978;
y 67 a 70 del Código Sustantivo del Trabajo.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

5.1. Con la negativa del municipio de Pereira se quebrantaron los principios
constitucionales de toda relación laboral, entre ellos, el de la primacía de la realidad
sobre las formalidades, no obstante haberse configurado los elementos propios de
una relación laboral, comoquiera que acreditó la existencia de un trabajo desarrollado
de manera personal como vigilante, de forma permanente y subordinado o
dependiente, bajo la fijación de un horario de trabajo por turnos para la prestación de
sus servicios y con una remuneración mensual como retribución por las funciones
que realizaba.

5.2. Lademandada pretendió desconocer y menoscabar los derechos laborales
mínimos e irrenunciables del trabajador, al hacerle firmar supuestos acuerdos como
miembro de una cooperativa de trabajo asociado, convenio que, a su vez, le permitía
a esta contratar el servicio con la Secretaría de Educación del municipio de Pereira,
sin que existiera la voluntad y el ánimo asociativo que caracteriza este tipo de
agremiaciones.

5.3. Lo anterior, toda vez que «la vinculación de una cooperativa como su permanencia,
deben ser totalmente libre y voluntaria, por lo que la manipulación del actor para que afiliara
a la cooperativa Servitemporales, como requisito para prestar sus servicios en el [m]unicipio
de Pereira es totalmente ilegal y contraria a la Carta Política» (sic).

5.4. En esa medida, la administración encubrió la existencia de una verdadera relación
laboral para evadir las obligaciones salariales y prestacionales del personal que
requería para prestar servicios ordinarios y permanentes.

3 índice 2 de Samai, actuación «Expediente digital», archivo «5ED_EXP
DIGITA_66001233300020140014(.zip)» carpeta cuaderno principal, documento
«001_001CD1PRINCIPALFOLIO1A192», páginas 5 a 32.

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

1.2. Contestación de la demanda

6. Elmunicipio de Pereira se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en las siguientes consideraciones4:

6.1. La relación laboral pretendida no existió, pues lo que se presentó fue una de orden
contractual que obedeció a lo señalado por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el
cual autorizó a las entidades públicas para que celebraran contratos de prestación
de servicios en el evento en el que no contaran con personal suficiente para
desempeñar a cabalidad los servicio que presta, sin que, por ello, se generara un
vínculo laboral y el derecho a recibir prestaciones sociales.

6.2. No se acreditaron los elementos necesarios para la configuración de una relación
laboral entre las partes, en especial el de la subordinación o dependencia, toda vez
que se trató de una labor coordinada entre el contratista y el contratante, que implicó
que el primero se sometiera a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente
de la actividad encomendada y que llevó a cumplir con un horario de trabajo, «pues
sería absurdo que ello fuera de otra forma cuando es de público conocimiento que los
colegios tienen unas jornadas académicas y horarios preestablecidos, requiriéndose
precisamente que la labor contratada fuera desarrollada en dichas jornadas, pues la
necesidad del servicio así lo demandaba, sin que con ello pueda acreditarse tampoco alguna
subordinación» (sic). No obstante, tales circunstancias no son prueba de una
subordinación, sino de un acuerdo de voluntades al momento de pactarse las
condiciones del contrato y de la coordinación propia de tareas a efectos de que la
ejecución de las obligaciones se realizara de manera satisfactoria.

6.3. Los contratos de prestación de servicios suscritos por el demandante contaban
con un tiempo indispensable para ejecutar el objeto contractual, por lo tanto, existió
solución de continuidad en la prestación del servicio y a su vez el contratista conocía
desde la suscripción de aquellos la fecha de expiración del plazo pactado.

6.4. Elactor no tuvo la calidad de empleado público sujeto a un régimen legal
prestablecido, toda vez que su contrato fue de prestación de servicios, por lo tanto,
no existió una relación de carácter laboral entre las partes; además, en aplicación del
principio de la realidad sobre las formalidades no se pueden desconocer los
elementos esenciales exigidos para acceder a la función pública.

6.5. El «principio de inescindibilidad» o «teoría del conglobamiento» implica que,
cuando una persona se encuentra vinculada bajo un determinado régimen jurídico o

4 índice 2 de Samai, actuación «Expediente digital», archivo «5ED_EXP
DIGITA_66001233300020140014(.zip)» carpeta cuaderno principal, documento
«001_001CD1PRINCIPALFOLIO1A192», páginas 132 a 167.

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

contractual, este debe aplicarse en su integridad y no de manera fragmentada, pues
hacerlo rompería el equilibrio del sistema. Aunque no está expresamente previsto en
la legislación colombiana, funciona como una regla de interpretación normativa
necesaria para garantizar coherencia y lógica en la aplicación del ordenamiento. En
esa medida, al contratista se le debe aplicar el régimen contractual en su integralidad
el cual no genera la obligación de pagar las sumas reclamadas por concepto de
salarios y prestaciones sociales.

6.6. Por último, propuso las excepciones que denominó; i) inexistencia del contrato de
trabajo o relación laboral; ii) inexistencia de causa para demandar y cobro de lo no
debido; iii) incongruencia entre lo solicitado tanto en vía administrativa como judicial
y lo probado; iv) prescripción; y v) genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, en sentencia del
9 de mayo de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Al efecto
dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de los derechos
prestacionales causados entre el tres (03) de marzo de 2004 y el 27 de septiembre de
2010 de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia, con la precisión que
en materia pensional, los derechos son imprescriptibles.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del oficio N° 29715 del 8 de octubre de 2013,
emanado del Municipio de Pereira, por la cual se negó el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales.

TERCERO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho al Municipio de Pereira
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene
derecho un empleado de orden territorial, excluyendo la prima de servicios y las demás
de carácter extralegal, tomando como base los honorarios contractuales derivados de
los contratos de prestación de servicios correspondientes a los períodos en los cuales se
demostró la existencia de la relación laboral, es decir, del 29 de junio de 2011 al 30 de
noviembre de 2013, de acuerdo con las consideraciones de este fallo.

CUARTO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho al Municipio de Pereira el
reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones,
por lo cual, la entidad accionada deberá completarlos al respectivo fondo de pensiones
en el porcentaje que le correspondía durante el período en los que se demostró la
existencia de la relación laboral esto es, los derechos causados con ocasión de los
contratos suscritos entre el 3 de marzo de 2004 y el 30 de noviembre de 2013; tomando
como base el valor de los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.

El municipio de Pereira deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los
contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de[l] actor,
mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquel

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero
solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos,
la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los
vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el
porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia.

El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio, se debe
computar para efectos pensionales.

QUINTO: La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos
referidos en el artículo 192 del CPACA.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en
esta providencia (…)» (sic).

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente5:

8.1. En atención a los elementos de juicio allegados al expediente, fue posible declarar
la relación laboral entre las partes por los periodos comprendidos entre el 3 de marzo
de 2004 y el 30 de noviembre de 2013, salvo sus interrupciones, pues se acreditaron
los elementos para su configuración, esto es, la prestación personal del servicio, la
continua subordinación en relación con la entidad empleadora y la remuneración
como contraprestación por las labores realizadas.

8.2. Si bien en algunos de los contratos se señalaron como objeto la vigilancia,
celaduría, conserjería, y otros el apoyo a la gestión, lo cierto era que los testimonios
y el alcance del objeto permitió evidenciar que realizaba funciones de portería de la
institución y conserjería, es decir, que tal como lo narraron los testigos no se limitaba
a la función de vigilancia y celaduría, sino que además realizaba el mantenimiento
de las instalaciones bajo las directrices y órdenes de los rectores.

8.3. Óscar Vásquez Díaz acreditó que: i) realizó sus actividades de forma personal en
las instituciones educativas oficiales del municipio de Pereira; ii) en los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes se pactó una remuneración por las
labores desarrolladas; iii) no tenía libertad para realizar las funciones encomendadas,
las que fueron prestadas en un horario por turnos de 12 horas diurnas o nocturnas;
y iv) las tareas que desempeñó fueron conforme con las órdenes y directrices
impartidas por los rectores de los colegios en las que prestó el servicio y de la
Secretaría de Educación del municipio de Pereira, que le concedían permisos y

5 Índice 58 de Samai de Juzgados y Tribunales.

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asignaban tareas precisas.

8.4. No le asistía ningún tipo de independencia puesto que, en principio, de la
naturaleza propia de las labores como conserje, vigilante y celador y del lugar donde
debía ejecutarse, esta debía ser realizada de forma permanente, continua y
controlada; además, eran necesarias para el funcionamiento correcto de las
instituciones educativas de la entidad territorial, contrario a lo manifestado por la
entidad demandada, dieron cuenta de la realización de actividades diarias, bajo las
órdenes de los rectores de las instituciones, lo que coincidió con lo declarado por los
testigos, quienes ejercieron iguales obligaciones en similares condiciones.

8.5. No obstante, frente a los derechos causados con anterioridad al 31 de agosto de
2009 operó el fenómeno jurídico de la prescripción, puesto que la solicitud de
reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de la relación laboral
se presentó el 27 de septiembre de 2013, «en consecuencia, al tomar las fechas en las
cuales existió interrupción superior a 30 días hábiles y contrastarla con la fecha de radicación
de la reclamación se colige que, los contratos anteriores al 27 de septiembre de 2010 en los
cuales se haya presentado una interrupción superior a 30 días se ha configurado el
fenómeno extintivo de la prescripción, por lo tanto teniendo en cuenta que, la última
interrupción considerable se produjo entre el 31/08/2009 y el 29/06/2011, se concluye que
todos los derechos causados hasta esta fecha (31/08/2009) se encuentran prescritos,
exceptuando los derechos pensionales» (sic).

8.6. Así entonces, el actor tenía derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales legales generadas con ocasión de sus servicios, las que se debían liquidar
con base en los honorarios derivados de los contratos de prestación de servicios,
entre el 29 de junio de 2011 y el 30 de noviembre de 2013, salvo sus interrupciones.

8.7. Sin embargo, no era procedente el reconocimiento de la prima de servicios
comoquiera que esta no tiene el carácter de prestación social sino salarial, de
conformidad con el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978. Además, la declaratoria de
la relación laboral no le otorgó al accionante la calidad de empleado público, luego
se requería de la actividad probatoria del interesado para obtener el pago del trabajo
suplementario lo que no ocurrió pues se señaló que la jornada laborada eran turnos
de 12 horas, pero no se especificaron los días de descanso, lo cual imposibilitó
establecer con precisión, los días y horas en los que se causaron.

8.8. Los aportes al sistema de seguridad social incidían en el derecho pensional, el
cual tenía carácter imprescriptible, por lo que el municipio de Pereira debía tomar
todos los períodos en los que el demandante fungió como contratista para calcular el
ingreso base de cotización (IBC) pensional de aquel, mes a mes, teniendo en cuenta
todos los honorarios pactados, y si existía diferencia entre los aportes realizados

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como contratista y los que se debieron efectuar, debía cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el
porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador.

8.9. Para tales efectos, la parte actora debía acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema durante todos los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las
hubiera efectuado o existiera diferencia, tenía la carga de pagar o completar el
aporte, según sea el caso, en el porcentaje que le incumbía como trabajador.

8.10. La condena en costas era improcedente, en la medida en que no se encontró
que la contestación de la demanda se hubiese interpuesto con manifiesta carencia
de fundamento legal o la causación de ellas, en consideración a las previsiones del
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 188 del CPACA.

1.4. El recurso de apelación

9. El
municipio demandado interpuso recurso de apelación bajo los siguientes
argumentos6:

9.1. La relación que existió entre las partes fue de orden contractual, regulada por el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, normativa que autorizó a las entidades públicas
para celebrar contratos de prestación de servicios con el objeto de realizar
actividades que no pudieran llevarse a cabo con el personal de planta por su escasez;
no obstante, estos no generaban un vínculo laboral ni el derecho a percibir
prestaciones sociales y se celebrarían por el término estrictamente indispensable.

9.2. La vinculación de Óscar Vásquez Díaz fue a través de contratos de prestación de
servicios, sin subordinación, con autonomía e independencia. No era procedente
afirmar que, por las obligaciones pactadas en el contrato o circunstancias como el
cumplimiento de un horario o de instrucciones para la eficacia de este y el pago de
honorarios, llevaran a la conclusión de la existencia de una relación laboral.

9.3. Contrario a ello, el objeto de los contratos, el horario y el lugar en donde debía
desempeñar las obligaciones eran aspectos de necesaria coordinación, teniendo en
cuenta que, por tratarse de una institución educativa, estos debían coincidir
necesariamente con la jordana estudiantil.

9.4. Entodo contrato de prestación de servicios, el contratista adquiere unos
compromisos y obligaciones que deben ejecutarse bajo la estricta vigilancia del
supervisor, sin que ello pueda traducirse como subordinación.

6 Índice 62 de Samai de Juzgados y Tribunales.

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

9.5. Existió un cese de actividades o interrupciones significativas con las cuales se
demostró una solución de continuidad, es decir, ello dio cuenta de la temporalidad
en la prestación del servicio.

1.5. Intervención en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto8.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso 9, la competencia
del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, en esas condiciones, los problemas jurídicos que se deben
resolver en esta instancia se contraen a determinar ¿si entre Óscar Vásquez Díaz y
el municipio de Pereira se configuró una relación laboral?, en caso afirmativo, ¿si
tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de
esa relación laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

7 Tal y como consta en el auto del 30 de agosto de 2024, visible a índice 4 de Samai.
8 Según se advierte de la constancia secretarial del 13 de noviembre de 2024, visible a índice 8 de

Samai.
9 En lo que sigue CGP.

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

14. Por su parte, el Decreto 2209 de 199810 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar
labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De allí que la
consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación laboral y con
ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y
«en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio de
tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la
utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada y
dependiente.

17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;

10 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y
el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)11 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En
igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 12, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de
trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a
este respecto».

19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»13 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

20. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señaló los
elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

11 Aprobada el 11 de abril de 1919.
12 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
13 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

11

Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que
faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse
por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad
y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación14 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados
en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales15». (Resalta la Sala).

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

12

Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

23. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se
excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de
reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los
derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios».

25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202116 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

13

Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo
de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de
continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos
de naturaleza parafiscal».

28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público
a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de
la Carta Política».

29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Lo probado dentro del proceso

30. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

30.1. Constancia del 4 de diciembre de 2013 expedida por la directora administrativa
de prestación del servicio educativo y administración de plazas docentes del

14

Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

municipio de Pereira17 y contratos u órdenes de prestación de servicios18, en virtud
de los cuales se advierte que entre el actor y la entidad demandada se suscribieron
los siguientes contratos:

Contrato de Interrupción
prestación de Objeto Desde Hasta en días
servicios hábiles
3 de marzo 30 de abril de --
S.N.
de 2004 2004
1° de mayo 30 de junio de -
S.N. «Prestar los servicios de conserjería
de 2004 2004
en el establecimiento educativo que la
30 de -
secretarla de educación lo requiera» 1° de julio de
S.N. septiembre
(sic) 2004
de 2004
31 de -
1° de octubre
S.N. diciembre de
de 2004
2004
1° de enero 28 de febrero -
S.N.
de 2005 de 2005
1° de marzo 30 de abril de -
S.N.
de 2005 2005
1° de mayo 31 de mayo -
S.N.
de 2005 de 2005
1° de junio de 30 de junio de -
S.N.
2005 2005
1° de julio de 30 de julio de -
S.N.
2005 2005
1° de 30 de 22
S.N. septiembre septiembre
de 2005 de 2005
1° de octubre 31 de octubre -
474 «Vigilancia de los bienes muebles e de 2005 de 2005
inmuebles del establecimiento
1° de 31 de -
educativo designado, el cual incluye
475 noviembre de diciembre de
además el de apoyar el control en el
2005 2005
acceso y salida del establecimiento
1° de enero 31 de enero -
252 educativo del personal de educandos,
de 2006 de 2006
docentes, personal administrativo y en
1° de febrero 31 de marzo -
472 general, la comunidad educativa» (sic)
de 2006 de 2006
7 de abril de 31 de mayo 4
474
2006 de 2006
1° de junio de 31 de julio de -
476
2006 2006
1° de agosto 31 de agosto -
476
de 2006 de 2006
2 de febrero 28 de febrero 103
260
de 2007 de 2007
1° de marzo 30 de abril de -
759
de 2007 2007
1° de mayo 30 de junio de -
1275
de 2007 2007
1° de julio de 5 de julio de -
1824
2007 2007

17 índice 2 de Samai, actuación «Expediente digital», archivo «5ED_EXP
DIGITA_66001233300020140014(.zip)» carpeta cuaderno principal, documento
«021_021RTAOFICIO1048MUNPEREIRA»
18 índice 2 de Samai, actuación «Expediente digital», archivo «5ED_EXP
DIGITA_66001233300020140014(.zip)» carpeta cuaderno principal, documento
«001_001CD1PRINCIPALFOLIO1A192», páginas 45 a 97.

15

Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

30 de -
6 de julio de
2366 septiembre
2007
de 2007
1° de octubre 31 de octubre -
2946
de 2007 de 2007
1° de 30 de -
3506 noviembre de noviembre de
2007 2007
1° de 31 de -
4079 diciembre de diciembre de
2007 2007
«Prestación de servicios para realizar2 de enero de 31 de enero -
269
actividades de apoyo asistencial 2008 de 2008
inherentes al manejo de -
administración eficiente...» (sic)19 y
«Vigilancia de los bienes muebles e
inmuebles del establecimiento
educativo designado, el cual incluye 1° de febrero 28 de febrero
S.N
además el de apoyar el control en el de 2008 de 2008
acceso y salido del establecimiento
educativo del personal de educandos,
docentes, personal administrativo y en
general, la comunidad educativa»20
«Realizar actividades que garanticen 224
la limpieza y aseo de la planta física
de los Establecimientos Educativos de
2 de febrero 31 de agosto
553 ciudad Boquia del municipio de
de 2009 de 2009
Pereira o en el Establecimiento
Educativo que se requiera por
necesidad del servicio» (sic)
«Prestar los servicios de Auxiliar en el 450
Establecimiento Educativo VILLA
SANTANA Municipio de Pereira, o en
el Establecimiento Educativo que la
Secretaría de Educación lo requiera,
por necesidades del servicio, el fin de
15 de
apoyar las actividades de Aseo, 29 de junio de
495 noviembre de
mantenimiento, mantenimientos de los 201121
201122
proyectos productivos agropecuarios y
control de documentación que
constituyen el material bibliográfico y
didáctico en los Establecimientos
Educativos Oficiales del Municipio
Pereira».
Apoyar las actividades de digitación, 41
expedición y archivo de los
documentos oficiales, control de la
documentación que constituyen el
material bibliográfico y didáctico, aseo,
mantenimiento, manutención de los
16 de enero 15 de marzo
608 proyectos productivos agropecuarios
de 2012 de 2012
en los Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira
(VILLA SANTANA), o donde la
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera por necesidad del servicio y/o
en la SEM

19 Según constancia
20 Según el contrato de prestación de servicios
21 Fecha del contrato
22 Plazo inicial de 3 meses y adicionado por 1 mes y 15 días

16

Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

4 de abril de 3 de agosto 12
1066
2012 de 2012
18 de -
4 de agosto
1397 septiembre
de 2012
de 2012
19 de 2 de -
2095 septiembre noviembre de
«Prestación de servicios para realizar de 2012 2012
actividades de apoyo, operativo, 3 de 2 de -
2786 asistencial en uno de los noviembre de diciembre de
establecimientos educativos oficiales 2012 2012
del municipio de Pereira o donde la 14 de enero 13 de junio de 27
447
Secretaría de Educación lo requiera de 2013 2013
por necesidad del servicio» (sic) 8 de julio de 7 de agosto 15
11100864
2013 de 2013
7 de -
8 de agosto
11101352 septiembre
de 2013
de 2013
16 de 30 de 5
11102029 septiembre noviembre de
de 2013 2013

30.2. En atención al requerimiento formulado por el a quo durante la audiencia
celebrada el 20 de octubre de 2023, el 10 de noviembre de la misma anualidad la
directora operativa de gestión jurídica del municipio de Pereira allegó la constancia
del 4 de diciembre de 2013, expedida por la directora administrativa de Prestación
del Servicio Educativo y Administración de Plazas Docentes del municipio, junto con
el expediente administrativo, y dio respuesta en los siguientes términos23:

«Requerimiento 1: (...) Los contratos de prestación de servicios suscritos entre el señor
ÓSCAR VÁSQUEZ DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 10.109.315, la
entidad territorial y/o la secretaría de Educación Territorial en el periodo comprendido
entre el 1° de enero de 1998 hasta el 30 de noviembre de 2013 con ocasión de la
prestación del servicio de vigilancia. (...).

Respuesta al requerimiento: Nos permitimos informar que la Secretaria de Educación del
Municipio de Pereira, procedió a realizar una búsqueda exhaustiva tanto en las bases de
datos físicas, como digitales, y procede a enviar todo el expediente administrativo que
contiene todas las piezas procesales que se encuentran en la dependencia de la relación
contractual " Contrato de Prestación Servicios", que tuvo el demandante con la Secretaría
de Educación. En este punto, es importante resaltarle al Despacho de conocimiento que
con respecto al señor OSCAR VASQUEZ DÍAZ, solo existen registros de contratos de
prestación de servicios desde el 03 de Marzo de 2004, hasta el 30 de Noviembre de 2013
(ver anexos).

Requerimiento 2: (...) Certifique si, el señor OSCAR VASQUEZ DÍAZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 10.109.315, prestó sus servicios en su institución, en caso
positivo se sirva manifestar, la fecha de inicio y la fecha en la que término de prestar sus
servicios así también manifestara, cuál era el salario y horario de trabajo. (...)

23 índice 2 de Samai, actuación «Expediente digital», archivo «5ED_EXP
DIGITA_66001233300020140014(.zip)» carpeta cuaderno principal, documentos
«021_021RTAOFICIO1048MUNPEREIRA» y «022_022RTAOFICIO1048YANEXOSMUNPEREIRA»

17

Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

Respuesta al requerimiento: Nos permitimos informar que el demandante celebró contrato
de prestación de servicios con el Municipio de Pereira, sin que tuviera salario, ni horario
de trabajo, ya que no eran contratos laborales, por lo cual se procede por parte de esta
dependencia a enviar las certificaciones que reposan en las bases de datos tanto físicas
y digitales, donde consta el Numero del Contrato - El Objeto - La Fecha Inicial – La Fecha
Final - Valor Total del Contrato. En este punto, es importante resaltarle al Despacho de
conocimiento que con respecto al señor OSCAR VASQUEZ DÍAZ, solo existen registros
de contratos de prestación de servicios desde el 03 de Marzo de 2004, hasta el 30 de
Noviembre de 2013, los cuales son los que se procedieron a certificar (ver anexos)» (sic)

30.3. El 27 de septiembre de 201324, Óscar Vásquez Díaz solicitó a la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira el reconocimiento de la relación laboral por sus
servicios como vigilante y/o conserje y el pago de las prestaciones laborales y
sociales que se derivaban de ella.

30.4. Mediante el Oficio 29715 del 8 de octubre de 2013 25, suscrito por la secretaria
de educación y la directora administrativa de prestación del servicio y administración
de plazas docentes del municipio de Pereira, se le negó la anterior petición toda vez
que «OSCAR VASQUEZ DÍAZ quien se desempeñó como vigilante en diferentes
instituciones educativas de la Secretaría de Educación de Pereira fue vinculado por contrato
de prestación de servicios y según lo contemplado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1.993,
artículo 32, Numeral 3., no tienen derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales
(primas, cesantías, vacaciones, horas extras, recargos nocturnos y todo aquello que
constituye factor salarial) igualmente a salud, pensión y ARP.(…) Son contratos de
prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no pueden realizarse
con personal de planta o requieran conocimiento especializado En ningún caso estos
contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el término
estrictamente indispensable» (sic).

40. En la audiencia de pruebas celebrada el 26 de enero de 202426, se recibieron los
testimonios de Yovany Antonio Castro Henao y Orlando Valencia Vanegas, pedidos
por la parte demandante, de los que se extrae lo siguiente:

40.1. Yovany Antonio Castro Henao estudió hasta el grado noveno, trabajó para el
municipio «15 años» empezó «como del 2006, como del 2004, hasta que completé,
no los 2004 que son, como, bueno, no, 2004» y terminó «como en el 2017» de

24 índice 2 de Samai, actuación «Expediente digital», archivo «5ED_EXP
DIGITA_66001233300020140014(.zip)» carpeta cuaderno principal, documento
«001_001CD1PRINCIPALFOLIO1A192», páginas 34 a 38
25 índice 2 de Samai, actuación «Expediente digital», archivo «5ED_EXP
DIGITA_66001233300020140014(.zip)» carpeta cuaderno principal, documento
«001_001CD1PRINCIPALFOLIO1A192», página 33
26 Índice 52 de Samai de Juzgados y Tribunal

18

Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

vigilante «lo que llaman conserje». El testigo también presentó demanda con iguales
pretensiones a las solicitadas en este asunto.

40.1.1. Conoció a Óscar Vásquez Díaz «desde niño, conozco toda la familia de él»,
pero también trabajaron «en el Instituto Kennedy, trabajamos en Villa Santana,
trabajó conmigo en el Aquilino Bedoya»; «En el Instituto Kennedy más o menos sería,
doctor, eso parece que fue más bien como en el 2008, más o menos». «En Villa
Santana 2008, como en 2011, más o menos» y «En el Aquilino Bedoya fue por ahí
en el 2006».

40.1.2. En el Aquilino Bedoya la rectora Lida era quien les daba órdenes «nos señalaba
todo lo que tiene que cuidar ustedes, a mí me tocaba para una parte y abajo, lo que era, todo
lo que era, instrumentos de música, que había instrumentos ahí que valían mucha plata,
doctor y ella se enojaba cuando no encontraba un vigilante para esa parte y abajo porque
era lo más valioso (…) ella llegaba de un momento a otro, llegaba a visitar allá el que no
encontraba, al que le pertenecía a eso allá , se la echaba de enemigo, que no se me va ya
para allá, y yo la pegué con esa doctora, eso porque yo no le fallaba al día y antes me
aplaudía, ah usted un hombre muy responsable, vea yo lo encuentro cada que vengo aquí
porque era un sitio para una cancha y la estoy con esa olla y entonces habían unos
instrumentos muy valiosos llegaba esa señora, nosotros nos pertenecía era cuidar todos los
bienes de la institución» [sic].

40.1.3. No les suministraban uniforme, sino a los de planta, pero si les daban una radio
y una linterna.

40.1.4. «Entrábamos de 7 de la mañana a 7 de la noche, se trabajaban dos días de día y dos
de noche y de 7 del día era de 7, de 7 de la mañana a 7 y en la noche en la noche de 7 de
la mañana de 7de la noche». El horario era asignado, «a uno lo manda el secretario de
Educación, preséntese a tal institución al rector o la rectora, que son los patrones y ellos son
los que le asignan a uno los horarios de trabajo, ellos son los que dan las instrucciones a
uno».

40.1.5. Para ausentarse debían solicitar el permiso a la rectora de la institución, quien
asignaba el reemplazo que era algún compañero de la institución pues «no podíamos
dejar la institución sola».

40.1.6. En Kennedy la jefe era la rectora Berta Araba, a quien también debían solicitarle
los permisos «uno tiene que ser por medio del patrón y es una calamidad doméstica
mostrando pruebas. Doctora, yo necesito un permiso urgente, a ver si usted me hace el favor
y me manda un compañero de remplazo, ah si don Yovany en seguida se lo mando tal, pero
a un mismo compañero de la institución porque no permiten un tipo de afuera sino de la
misma institución, un compañero» [sic] era ella quien les ponía de presente el horario
por escrito y les hacía reuniones para tal fin

19

Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

40.1.7. «En Villa Santana eran era el más distinto, el horario, se trabajan 24 por 24 con don
Ariel, se llamaba el Rector»

40.1.8. En algunas ocasiones él le entregaba el turno al demandante y este a él y en
otras trabajaban en igual jornada, pero cuidando diferentes sectores de las
instituciones.

40.1.9. No debían presentar informe para cobrar el pago por sus servicios «uno le asigna
la alcaldía, cuando uno hace el contrato le asignan un sueldo, un sueldito ahí, pero sin
prestaciones de ninguna clase ni nada, porque nos tocó trabajar con los compañeros de
planta que son nombrados, ellos les pagan, prima técnica, prima navideña, prima de junio,
dotación de ropa, dotación de guayos tienen todos los privilegios».

40.1.10. En las instituciones Aquilino Bedoya y Kennedy trabajó con personal de planta,
en Villa Santana no, lo que sabe porque ellos usaban carné, y veía los desprendibles
de pago en los que constaba que les pagaban prestaciones sociales «mientras que
uno, imagínese doctor que lo llaman a uno conserje para poderle robar las prestaciones
sociales a uno, cuando yo no entiendo que es conserje, uno siendo el vigilante que cuida los
bienes de la institución y ejerciendo las mismas funciones del que está nombrado de planta».

40.1.11. El demandante no podía delegar a otra persona para que cumpliera con sus
obligaciones «él no puede mandar absolutamente nadie, de la única manera tiene que ser
que le den una incapacidad o una calamidad doméstica, de acuerdo el patrón o la patrona
que le diga a uno vea aquí mando el reemplazo para que usted y el resto, doctor, de ninguna
manera puede uno ausentarse, eso es una regla que le ponen a uno, porque uno como, ni
en mandar un tipo particular, sino los mismos compañeros de la institución son los que lo
remplazaban a uno» [sic].

40.1.12. Los rectores de las instituciones hacían reuniones «a uno lo llaman, tal día se
van a reunir con el rector o la rectora porque para ellos ponerle a uno todos los todo lo que
es las funciones, todo lo que o lo que esté pasando en la en la institución, ahí le fijaban el
horario y todo» [sic].

40.1.13. A Óscar Vásquez Díaz «le toco en un tiempo le tocó irse de mantenimiento por un
tiempo, ya que estuvo por allá lo mandaron de mantenimiento» «dentro de la misma
institución educativa»[sic].

40.2. Orlando Valencia Vanegas trabajó para el municipio de Pereira en 3 colegios
de los cuales solo recuerda Villa Santana en el que compartió por 4 años con el
demandante. El testigo también presentó demanda con iguales pretensiones a las
solicitadas en este asunto

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

40.2.1. Aunque no recuerda el nombre de quien le daba las órdenes era el rector de la
institución y, entre otras, debía cuidar la portería.

40.2.2. En Villa Santana eran 4 vigilantes, 2 en la noche y 2 en el día. Coincidía con el
demandante pues «le recibí a él porque nos trocábamos, a veces trabajamos juntos,
a veces nos tocaba, entrar él a trasnochar y yo en el día y así nos lo pasábamos».

40.2.3. Para ausentarse del lugar de trabajo le pedían permiso de forma verbal al
rector.

40.2.4. Además, de la vigilancia cumplían con actividades como «que nos mandaba
que recogiéramos la basura cuando iba a pasar la basura y sacar las canecas hacia
afuera para así botar la basura y decirle a la niña, ya que ya estaban las canecas
vacías para que le hicieran el aseo».

40.2.5. En Villa Santana había un vigilante de planta, que era Alonso Bustamante.

40.2.6. Los horarios eran «de 6 a 6 de la mañana y cuando era de noche entramos a
las 6 de la tarde a entregar a las 6:00 de la mañana del otro día»; y si querían cambiar
de turno debían ponerle en conocimiento al rector porque en alguna ocasión se hizo
sin su consentimiento y él les dijo que por esa vez se quedaría callado, pero les pidió
informárselo «para (…) saber que en qué turno está usted y en qué turno está usted, si fue
por la noche o fue por la mañana, que sucedió alguna cosa».

40.2.7. No les pedían ningún informe para cobrar la retribución económica por sus
servicios, en ocasiones el rector les informaba y ellos le pedían el permiso para ir a
cobrar, pero sin dejar sola la portería porque «nunca podíamos abandonar, abandonar
el puesto sin permiso» y tampoco podían dejar encargado a otra persona fuera de la
institución, era el rector quien determinaba quien los reemplazaba.

2.3.3. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta

41. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Óscar Vásquez Díaz y el municipio de
Pereira.

2.3.3.1. Prestación personal del servicio

42. De las pruebas relacionadas se tiene que el demandante prestó sus servicios
como vigilante y/o conserje de instituciones educativas del municipio de Pereira,

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

vinculado a través de contratos de prestación de servicios suscritos directamente con
la entidad territorial, ejecutados en 2 periodos, el primero entre el 3 de marzo de 2004
y el 28 de febrero de 2008 y, el segundo, entre el 4 de abril de 2012 y el 30 de
noviembre de 2013. Periodos en los que se presentaron varias interrupciones
superiores a 30 días hábiles, como lo son las ocurridas entre el 31 de agosto de 2006
y el 2 de febrero de 2007, esto entre los contratos 476 y 260, y el lapso transcurrido
entre el 2 de febrero de 2009 y el 15 de marzo de 2012, igualmente con
interrupciones, en el que prestó el servicio de mantenimiento y limpieza para el
municipio.

43. En tales condiciones, se tiene que, en algunos contratos, el demandante
desarrolló labores relacionadas con la vigilancia, celaduría y conserjería, y de
mantenimiento y limpieza, lo que coincide con lo declarado por Yovany Antonio
Castro Henao.

44. Ahora, si bien el objeto de los contratos suscritos entre el 4 de abril de 2012 y el
30 de noviembre de 2013 fue la «prestación de servicios para realizar actividades de
apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Pereira o donde la Secretaría de Educación lo requiera por necesidad del
servicio», lo cierto es que de los testimonios y el alcance del objeto permite evidenciar
que realizaban funciones en la portería de la institución y de conserjería pues,
Orlando Valencia Vanegas en su declaración indicó que en el periodo en el que
coincidió con el demandante en el colegio Villa Santana cumplían labores de
vigilancia y en el alcance del objeto se señaló que «el contratista apoyará al
Establecimiento Educativo (VILLA SANTANA) del Municipio de Pereira, para la adecuada
prestación del servicio educativo así: 1. En la organización y control de los espacios
locativos de la Institución Educativa» (sic); lo que además fue afirmado en la
demanda y no fue controvertido por la entidad territorial.

45. En consecuencia, de los testimonios, las constancias, los contratos de prestación
de servicios y demás pruebas documentales, dan cuenta de que fue el demandante
y no otra persona quien ejecutaba las obligaciones pactadas sin que existiera la
posibilidad de que otra persona desarrollara la labor.

46. Tal consideración, es producto de una valoración probatoria basada en la sana
crítica, según la cual el juez puede otorgarle el valor que corresponde a cada
elemento con el cual se cuenta, y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción
del que, a lo largo del proceso, se han valido las partes.

2.3.1.2. Remuneración

47. Ahora bien, aquel percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

se evidencia de lo dicho por los testigos, de los contratos de prestación de servicios
suscritos, las constancias y las demás pruebas documentales, en los que se advierte
que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración
pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su
denominación (honorarios o salario).

2.3.1.3. Continuada subordinación o dependencia

48. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, la Sala encuentra que en lo que corresponde a los periodos que
transcurrieron entre el 3 de marzo de 2004 y el 28 de febrero de 2008 y, entre el 4
de abril de 2012 y el 30 de noviembre de 2013 las funciones desempeñadas por el
demandante, esto es las relacionadas con la celaduría y vigilancia no se realizaron
de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a horarios por turnos,
instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al control
de un superior (rector) para ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe
una sujeción del municipio demandado, y en tal sentido este contaba en todo
momento con la posibilidad de disponer de su servicio, y aquel, a su vez, tenía la
obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por
parte de la entidad.

49. Los testimonios de Yovany Antonio Castro Henao y Orlando Valencia Vanegas
dan buena cuenta de las condiciones bajo las cuales el actor prestaba sus servicios
al municipio demandado en las instituciones educativas, de las que se resalta que en
ejercicio de sus funciones cumplía con un horario por turnos y seguía órdenes e
instrucciones de los rectores. Además, que las labores desarrolladas debían
realizarse de forma continua y no podían ejecutarse de manera autónoma e
independiente y para ausentarse libremente de su lugar de trabajo debía contar con
previa autorización. Asimismo, la institución educativa en donde debía prestar el
servicio podía variar según la necesidad del servicio.

50. Así las cosas, para esta Sala, el empleador impuso las condiciones de tiempo,
modo y lugar, para que el trabajador desarrollara sus labores, sin que le hubiere
asistido ningún tipo de independencia.

51. Esto se advierte luego de contrastado el objeto y su alcance los cuales se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes,
de los testimonios recibidos en el proceso y demás pruebas documentales aportadas.
En ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las
reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una
relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad

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Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios del
demandante como vigilante y/o conserje, pues la labor se desarrolló, inicialmente,
por espacio de 3 años, 11 meses y 25 días y, posteriormente, por 1 año, 7 meses y
26 días.

52. En efecto, Óscar Vásquez Díaz prestó sus servicios como vigilante del colegio del
municipio de Pereira, de acuerdo con las siguientes condiciones: «(v)igilancia de los
bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo designado, el cual incluye
además el de apoyar el control en el acceso y salida del establecimiento educativo del
personal de educandos, docentes, personal administrativo y en general, la comunidad
educativa»27, y «(r)ealizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva,
atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo»28, «en uno de los
establecimientos educativos oficiales del municipio de Pereira o donde la Secretaría de
Educación lo requiera por necesidad del servicio»29 (sic).

53. Lo anterior denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
vigilante y/o conserje al servicio de colegios del municipio de Pereira, al tiempo que
corrobora que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su
objeto contractual para desempeñar esa labor, la cual no puede considerarse
prestada de forma autónoma pues el celador no puede decidir en qué lugares presta
el servicio ni en qué horario. Es más, ni siquiera puede ausentarse del trabajo sin
causa previa y debidamente justificada pues pondría en riesgo los bienes confiados
a su cuidado, tal y como lo manifestaron los declarantes. A igual conclusión llegó
esta Sala en otra oportunidad30.

54. Ahora bien, en torno a los contratos 553, 495 y 608, último que, si bien en la
constancia se registró con objeto de «prestación de servicios para realizar actividades de
apoyo, operativo, asistencial en uno de los establecimientos» en el alcance señalado en
el contrato se precisó que para su desarrollo «el contratista realizará las siguientes
actividades según la necesidad del servicio: 1. Limpieza de espacios y áreas de servicio de
circulación y recreación (corredores, pasillos, patios, sanitarios, lavamanos, orinales,
canchas deportivas); espacios administrativos (oficinas de servicios administrativos, sala de
reuniones y de espera, bodegas o locales para depósito o mantenimiento); y espacios de
servicios académicos y escolares (mobiliarios, laboratorios, aulas de clase, bibliotecas, local
de servicio didáctico, sala de profesores, sala de computadores, laboratorio y equipos)»,
razón por la que se incluyó en este aparte.

55. Así pues, pese a que los testimonios recibidos en el proceso no dieron cuenta de

27 Entre los contratos SN del 1° de enero de 2005 y SN del 1° de febrero de 2008
28 Entre los contratos 1066 del 4 de abril de 2012 y 11102029 del 16 de septiembre de 2013
29 Ibidem
30 Sentencia del 20 de febrero de 2025, radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022), C.P.

Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

las condiciones bajo las cuales el demandante prestó sus servicios para la entidad
territorial en el área de mantenimiento y limpieza pues sus declaraciones se limitaron
a las obligaciones relacionadas con la celaduría, vigilancia y consejería, que fueron
iguales a las desarrolladas por ellos, de los objetos contractuales y las obligaciones
pactadas se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación de quien ejerce el cargo de servicios generales y/o
auxiliar de aseo y limpieza al servicio de colegios del municipio de Pereira, al tiempo
que corrobora que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución
de su objeto contractual para desempeñar esa labor, la cual no puede considerarse
prestada de forma autónoma e independiente, puesto que de la naturaleza propia de
esta se desprende que debe ser realizada de forma permanente, continua y
controlada, pues el servicio de aseo de las instituciones debe ser garantizado en todo
momento, a fin de que quienes ocupan el establecimiento gocen de condiciones de
salubridad y así lograr la prestación del servicio educativo con eficiencia y calidad,
máxime si se tiene en cuenta que la mayoría del personal que lo ocupa son los
menores estudiantes, a los que se debe brindar un ambiente limpio y sano para el
desarrollo de sus actividades escolares.

56. Asimismo, se evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad
demandada, por ejemplo, en el lugar de trabajo al prever que el servicio se prestaría
en los «Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira (VILLA SANTANA),
o donde la Secretaría de Educación Municipal lo requiera por necesidad del servicio y/o en
la SEM». En igual sentido se ha pronunciado esta Sala en una oportunidad anterior31.

57. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las actividades
que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución
eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en armonía con las
condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce
control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»32.

58. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»33.

31 Sentencia del 18 de abril de 2024, radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022), C.P.

Juan Enrique Bedoya Escobar.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
33 Ibidem.

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Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

59. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaban sujetos a
medidas u órdenes del municipio de Pereira, a saber: la imposición de un horario por
turnos y la sujeción a directrices de los rectores de las instituciones educativas de
ese municipio, lo que demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora,
contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del actor y en consecuencia denota
la existencia de una indiscutible subordinación.

60. Es incuestionable el hecho de que la ejecución del objeto convenido no se realizó
de forma autónoma e independiente como corresponde a una relación de carácter
contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató de una en la
que las funciones se ejercieron bajo los condicionamientos fijados por los rectores,
lo que la asimila a una de carácter laboral, en la que se asignaron responsabilidades
indispensables en el funcionamiento de la entidad.

61. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de seguridad y/o
conserjería para las instituciones educativas a su cargo. Por tanto, la ausencia de
personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue contratado el
demandante no es un argumento que enerve las consideraciones expuestas en esta
decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad y
desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la
entidad.

62. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los
contratos de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la
insuficiencia de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente
en una situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse
como argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que
la ley prevé en su favor»34, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

63. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar a que aluden los artículos
32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser entendida como
una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías laborales, pues lo
cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza contractual con la
cual se revistió la vinculación del demandante y el municipio de Pereira se

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se
constituyen en las características propias de la referida relación contractual.

64. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para el periodo comprendido entre el 3
de marzo de 2004 y el 30 de noviembre de 2013, salvo sus interrupciones, afirmación
que se desprende de los testimonios, de los contratos de prestación de servicios, las
constancias y las demás pruebas documentales.

2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

65. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

66. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación35 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección Segunda
aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe computarse
la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales consecutivas hace
necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer si se presentó o no la
solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese sentido, la Sala considera
adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal
de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro
del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa
laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.(Subrayado
fuera de texto)

35Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

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Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
Demandante: Oscar Vásquez Díaz

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

67. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no hay
solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

68. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201636, proferida por
el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de
reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los
derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los
hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

69. Así, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»37.

70. En efecto, pese a que la existencia de la relación laboral se reconoció por el
periodo comprendido entre el 3 de marzo de 2004 y el 30 de noviembre de 2013,

36 SUJ2-005-16.
37 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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salvo sus interrupciones, por haberse acreditado sus elementos, el análisis referente
a la prescripción de los derechos en litigio se estudiaran en 3 periodos teniendo en
cuenta que los objetos contractuales cambiaron y de acuerdo con la primera regla de
la sentencia de unificación antes transcrita se tiene que no hay interrupción entre un
contrato y otro si el nuevo contrato comienza dentro de 30 días hábiles tras terminar
el anterior, y ambos contratos tienen objetos y obligaciones iguales o similares que
satisfacen las mismas necesidades.

71. Así pues, el primer periodo corresponde al transcurrido entre el 3 de marzo de
2004 y el 28 de febrero de 2008 cuyo objeto contractual estaba relacionado con la
prestación de servicios de celaduría, vigilancia y consejería. En el sub judice la
reclamación administrativa fue presentada el 27 de septiembre de 2013, por lo que,
acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de todas las prestaciones
causadas en el citado lapso, pues el demandante tenía hasta el 28 de febrero de
2011 y no lo hizo.

72. Valga precisar que no es necesario pronunciarse sobre las interrupciones
anteriores pues en todo caso superó la exigencia de los 3 años con los que contaba
el demandante para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la relación
laboral y por ende el pago de los salarios y prestaciones correspondientes. En
consecuencia, hubo solución de continuidad y respecto de este primer periodo
acaeció la prescripción de los derechos en litigio.

73. El segundo periodo corrió entre el 2 de febrero de 2009 y el 15 de marzo de 2012
cuyo objeto contractual se refirió a la prestación del servicio de mantenimiento, aseo
y limpieza, el fenómeno jurídico de la prescripción acaeció respecto de las
prestaciones causadas antes del 31 de agosto de 2009, pues el contrato 553 finalizó
el 31 de agosto de 2009 y el 495 inició el 29 de junio de 2011, plazo que excede, por
mucho, los 30 días hábiles. En tal sentido, y ante tal interrupción, la oportunidad para
que el demandante presentara la reclamación venció el 31 de agosto de 2012, sin
que ello ocurriera.

74. Aunque entre los contratos 495 y 608 hubo una interrupción superior a 30 días
hábiles, pues el primero finalizó el 15 de noviembre de 2011 y el segundo inició el 16
de enero de 2012, la reclamación se presentó el 27 de septiembre de 2013, es decir,
dentro de los 3 años siguientes a la finalización del contrato 495 [15 de noviembre
de 2011]. Por lo que, no hubo prescripción de la reclamación prestacional causada
entre el 29 de junio de 2011 y el 15 de marzo de 2012, salvo sus interrupciones.

75. Finalmente, el tercer periodo que inició el 4 de abril de 2012 y el 30 de noviembre
de 2013 cuyo objeto fue la prestación de servicios de celaduría, vigilancia y
consejería, como se llegó a la conclusión en el acápite de prestación personal del

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Radicado: 66001-23-33-000-2014-00140-02 (3910-2024)
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servicio, no hubo interrupciones superiores a los 30 días hábiles que generaran
solución de continuidad y la exigencia de reclamar dentro del periodo señalado en la
norma [artículo 41 del Decreto 3135 de 1968], se establece que el demandante
cumplió con la exigencia de presentar la reclamación administrativa dentro de los 3
años siguientes a la terminación de la relación contractual, en este caso, se presentó
el 27 de septiembre de 2013, es decir, antes de que el plazo de ejecución del último
contrato finalizara el 30 de noviembre de 2013 y, por lo tanto, no se configuró el
fenómeno de la prescripción extintiva del derecho.

76. Por todo lo anterior, se confirmará el ordinal primero con la aclaración de que si
bien en la sentencia de primera instancia el periodo prescrito se indicó entre el 3 de
marzo de 2004 y el 27 de septiembre de 2010, este último contando 3 años hacia
atrás desde la presentación de la reclamación administrativa [el 27 de septiembre de
2013], lo cierto es que para el caso particular el fenómeno jurídico de la prescripción
acaeció respecto de las prestaciones causadas exactamente antes del 31 de agosto
de 2009, pues fue entre el contrato 553 que finalizó el 31 de agosto de 2009 y el 495
que inició el 29 de junio de 2011 que hubo la interrupción superior a los 30 días
hábiles previstos en la sentencia de unificación antes citada, no obstante,
comoquiera que el lapso dispuesto por el a quo como prescrito cobija incluso el
señalado en esta sentencia no se hace necesario modificar la decisión.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del derecho

77. Por lo dicho, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores
que por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral debieron
liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que realizarse en
consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones
a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios.

78. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales38 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración

38 «Artículo 7 Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce

de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas39.

79. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
la labor desempeñada por Óscar Vásquez Díaz debía ser remunerada conforme con
lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las suyas.

80. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendría que
reconocer el reajuste salarial, esto es, las diferencias entre lo devengado por un
empleado de planta y lo percibido por concepto de honorarios. Al respecto, es
importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán ser
reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia40 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido principio
de «a trabajo igual salario igual».

81. Esto, en aplicación de las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales41. Con fundamento en ello, esta Sala ha señalado que,
en asuntos relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el
reconocimiento y pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió Óscar
Vásquez Díaz por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de
condiciones, de existir, en un cargo de la entidad.

82. Lo explicado con anterioridad, es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a la cuales tendría derecho el demandante
y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC); sin embargo, comoquiera que
ello daría lugar a la modificación de la orden proferida por el a quo al establecer que
la entidad demandada debía reconocer las prestaciones «tomando como base los

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
39 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
41 Artículo 53 de la Constitución Política.

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios
correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación
laboral, es decir, del 29 de junio de 2011 al 30 de noviembre de 2013»; y al ser la entidad
el apelante único en este asunto no se modificará la providencia en este aspecto con
el ánimo de no desmejorar su situación en virtud del principio de la non reformatio in
pejus.

2.4. Costas

83. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

84. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

85. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma42.

86. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

87. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

42 En igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

3. Conclusión

88. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Óscar Vásquez Díaz y el municipio de Pereira durante el periodo en el que
prestó sus servicios como vigilante y/o conserje, y en mantenimiento y limpieza, es
decir, entre el 3 de marzo de 2004 y el 30 de mayo de 2013, salvo sus interrupciones
y, por lo tanto, tiene derecho al consecuente pago de las prestaciones laborales que
surjan de esta.

89. En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones laborales
de orden legal, para lo cual tomará como referente los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios. Sin embargo, las causadas antes del 31 de
agosto de 2009 se encuentran prescritas y no hay lugar a ellas, empero, tiene
derecho a que se efectúen los aportes a pensión por todo el tiempo acreditado, salvo
sus interrupciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que accedió a las
pretensiones de la demanda incoada por Óscar Vásquez Díaz contra el municipio de
Pereira.

Segundo No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

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Demandante: Oscar Vásquez Díaz

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

MAG

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