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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00138-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00138-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Gloria Inés Sanz 28 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000- 2013-00065-01 (1908-2014). 28 Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022) Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre Aguirre en contra del municipio de Pereira, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2020-00138-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre
Demandados: Municipio de Pereira

Tema: Relación laboral encubierta

Sentencia de segunda instancia

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Segunda de Decisión, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Gloria Inés Sanz Aguirre presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 21409 del 11 de mayo de 2019, por medio del cual
la directora administrativa del talento humano del municipio de Pereira le negó la
existencia de una relación laboral por sus servicios como auxiliar de servicios
generales entre el 19 de enero de 2004 y el 30 de noviembre de 2018 y el pago de
las prestaciones laborales que se derivaban de ella.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que: i) se declarara la existencia de la relación laboral entre las partes por el período
reclamado; ii) se concedieran las prestaciones sociales, tales como primas de
servicios, navidad y vacaciones, auxilio de transporte, dotación, cesantías y sus
intereses, vacaciones, subsidio de alimentación, bonificación por recreación y
trabajo suplementario, liquidadas con el valor mensual del salario que devengaban

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

los auxiliares de servicios generales de planta de la entidad; iii) se pagaran los
aportes efectuados a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación
familiar, entre otros; iv) se reconociera el tiempo laborado para efectos pensionales,
así como la indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones; v)
se indexaran las sumas que resultaren; y vi) se condenara en costas a la parte
vencida.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Gloria Inés Sanz Aguirre laboró de forma ininterrumpida como auxiliar de servicios
generales en diferentes instituciones educativas del municipio de Pereira (Las
Brisas, Jorge Eliecer Gaitán, Las Américas, Gimnasio Risaralda, Manos Unidas y
Villa Santana) del 19 de enero de 2004 al 30 de noviembre de 2018 a través
contratos de prestación de servicios y de empresas de servicios temporales (entre
el 18 de enero al 3 de diciembre de 2010, el 24 de enero al 31 de julio de 2011 y el
1º de julio al 30 de noviembre de 2018), periodo en el que realizó sus funciones de
manera personal, bajo la continua dependencia y subordinación de los rectores de
los colegios en los que prestó sus servicios, dentro de unos horarios en los turnos
impuestos (6:00 am a 2:00 pm, 2:00 a 10:00 pm y 10:00 pm a 6:00 am) y con una
remuneración pactada.

• Desempeñó actividades de apoyo operativo y asistencial, dentro de las que se
encontraba realizar el aseo de las instalaciones de la institución educativa asignada.

• El municipio de Pereira cuenta en su planta de personal con 86 auxiliares de
servicios generales de colegios, identificados con el código 470, grado 04.

• Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por
ley, propias de los empleados de planta que ejercían sus funciones, no le fueron
reconocidas y tuvo que pagar por cuenta propia la seguridad social.

• En los períodos en los cuales fue contratada a través de empresas de servicios
temporales su cargo se denominada auxiliar operativo o de operación, aunque en
realidad desarrollaba las funciones de un auxiliar de servicios generales en los
colegios o instituciones asignadas. En este tiempo fueron pagadas a su favor las
prestaciones de ley, pero solamente con base en el salario mínimo legal mensual
vigente.

• El 29 de abril de 2019, solicitó al municipio de Pereira la existencia de una relación
laboral por sus servicios como auxiliar de servicios generales entre el 19 de enero
de 2004 y el 30 de noviembre de 2018 y el pago de las prestaciones laborales que

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se derivaban de ella; no obstante, fue negada a través del Oficio 21409 del 11 de
mayo de 2019, expedido por la directora administrativa del talento humano del
municipio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53, 90, 209, 229 y 300,
numeral 7, de la Constitución Política; 1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; y 23,
35 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; las leyes 21 de 1982; 50 de 1990; y 100
de 1983; y los decretos 1848 de 1969; y 1295 de 1994.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:

• Con la negativa del municipio de Pereira se quebrantó el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, no obstante haberse configurado los
elementos propios de una relación laboral; además, vulneró el artículo 53 de la
Constitución Política, toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo
desarrollado de manera personal como auxiliar de servicios generales, permanente
y subordinado o dependiente respecto de los rectores de los colegios en los que
laboró, consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartirle órdenes en relación con la labor contratada, bajo la fijación de un horario
de trabajo para la prestación de sus servicios y con una remuneración mensual
como retribución por las labores que realizaba.

• El trato que se le dio vulneró el principio de igualdad y el derecho al trabajo y demás
garantías laborales, toda vez que desempeñó idénticas funciones que un empleado
de planta, pero no recibió igual trato en cuanto a las prestaciones económicas que
estos percibían.

• Los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes no cumplen con
sus características propias, toda vez que i) para ser auxiliar de servicios generales
y aseo de instituciones educativas no se requería experiencia, capacitación ni
formación profesional en determinada materia; ii) no existió ninguna autonomía e
independencia de la contratista desde el punto de vista técnico y científico; y iii) la
actividad siempre fue permanente.

• El contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestre
la subordinación o dependencia respecto del empleador, la prestación personal de
las labores y la remuneración recibida por las actividades desempeñadas, evento
en el cual surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista,

2 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 1, actuación «Reparto y Radicación»,
documento «2_002ESCRITODEMANDA(.PDF) NroActua 1».

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en aplicación del principio de la prevalencia de la realidad sobre las formas en las
relaciones de trabajo.

• Bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios se pretendió desdibujar
el vínculo laboral que rigió la relación con el municipio demandado y así evitar la
carga prestacional a la cual tenía derecho la demandante.

• Así entonces, entre Gloria Inés Sanz Aguirre y el municipio de Pereira existió una
relación laboral por el período en que trabajó como auxiliar de servicios generales,
esto es entre el 19 de enero de 2004 y el 30 de noviembre de 2018, lo que le generó
el derecho al pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que
procedían de ella.

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Pereira se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en las siguientes consideraciones3:

• La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la Ley
80 de 1993, normativa que autorizó a las entidades públicas para celebrar contratos
de prestación de servicios con el objeto de realizar actividades no solamente de
carácter permanente, sino las que de manera excepcional se requieran para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad y estas no puedan realizarse con el personal de planta o requieran
conocimientos especializados; no obstante, estos no generan un vínculo laboral ni
el derecho a percibir prestaciones sociales.

• No se configuraron los elementos constitutivos para declarar la existencia de una
relación laboral entre las partes, en especial el de la subordinación o dependencia,
toda vez que la demandante contaba con autonomía e independencia para el
desarrollo de sus funciones y no debía cumplir con un horario. Lo que existió fue
una labor coordinada entre la contratista y el contratante, que implicó que la primera
se sometiera a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad
encomendada, que llevó a la supervisión o intervención de sus funciones.

• No existió vínculo laboral entre las partes, ya que el contrato de prestación de
servicios se dio de forma interrumpida en el tiempo y no se demostraron los tiempos
de vinculación.

• La actora no tuvo la calidad de empleada pública, toda vez que su contrato fue de

3 Ibidem, índice 5, actuación «Diligencia de notificación personal», documento
«12_012CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 5».

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prestación de servicios, por lo tanto, no existió una relación de carácter laboral entre
las partes.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, en sentencia
del 18 de noviembre de 2021 accedió de manera parcial a las pretensiones de la
demanda. Al efecto dispuso lo siguiente4:

«1. Declárase probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva del
derecho, formulada por la entidad demandada, respecto de los períodos comprendidos
del 17 de marzo de 2011 al 23 de diciembre de 2011 (vinculación por EST), 08 de agosto
de 2013 al 07 de septiembre de 2013, 16 de septiembre de 2013 al 30 de noviembre de
2013 y 13 de enero de 2014 al 12 de mayo de 2014 (vinculación por contratos de
prestación de servicios), salvedad hecha de las cotizaciones adeudadas al sistema de
seguridad social en pensiones, en tanto imprescriptibles, de conformidad con lo
argumentado en la parte motiva de esta sentencia.

2. Se declara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 21409 del 11
de mayo de 2019, expedido por el municipio de Pereira, mediante el cual fue negado el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales solicitadas por la parte demandante,
conforme a las razones expresadas en la parte motiva del presente fallo.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del
derecho, se condena al municipio de Pereira al reconocimiento y pago en favor de la
demandante Gloria Inés Sanz Aguirre, por concepto de las prestaciones sociales
legales liquidadas conforme el valor que recibía ésta como contraprestación por sus
servicios (honorarios) como auxiliar de servicios generales, por los mismos conceptos
que recibían los funcionarios de la entidad del mismo nivel -auxiliar de servicios
generales-, incluida la compensación en dinero de las dotaciones de vestido y calzado
de labor, durante los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación
laboral, del 19 de enero de 2015 al 18 de abril de 2015, 20 de abril de 2015 al 19 de junio
de 2015, 30 de junio de 2015 al 27 de noviembre de 2015, 13 de enero de 2016 al 12 de
febrero de 2016, 01 de marzo de 2016 al 02 de diciembre de 2016, 24 de enero de 2017
al 23 de marzo de 2017, 25 de marzo de 2017 al 14 de junio de 2017, 29 de junio de
2017 al 28 de noviembre de 2017 y del 10 de enero de 2018 al 17 de junio de 2015
(vinculación por contratos de prestación de servicios), dentro del marco de las
consideraciones de esta providencia.

4. Igualmente, se condena al ente demandado a pagar en favor de la parte actora la
diferencia prestacional entre lo que le pagó la empresa de servicios temporales y
lo que realmente debió percibir la actora, conforme al cargo de planta de la entidad, por
el período comprendido del 03 de julio al 30 de noviembre de 2018, conforme los
argumento expuestos en la parte motiva del presente proveído.

5. La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los
contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
actora, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados
por aquella como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, se ordena

4 Ibidem, índice 14, actuación «Sentencia Primera Instancia», documento
«21_021SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.PDF) NroActua 14».

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cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión, solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador. Para
tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema
durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o
existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el
caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las
consideraciones de esta providencia.

6. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios y como
trabajadora en misión (del 17 de marzo de 2011 al 30 de noviembre de 2018), salvo las
interrupciones, se debe computar para efectos pensionales.

7. Se condena a las demandadas a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor del demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará lo
señalado en la parte motiva de este fallo.

8. La entidad demandada darán cumplimiento al presente fallo en los términos referidos
en el artículo 192 del CPACA.

9. Niéganse las demás súplicas de la demanda, por las razones expresadas en este
proveído.

10. Sin costas en esta instancia, por las razones vertidas en esta providencia.

(…)» (sic).

Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:

• En atención a los contratos de prestación de servicios y las demás pruebas
documentales, es posible declarar la existencia de la relación laboral entre las partes
por los periodos comprendidos entre el 17 de marzo de 2011 y el 30 de noviembre
de 2018, salvo interrupciones, toda vez que se acreditaron los elementos para su
configuración, esto es la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación o dependencia.

• Lo anterior, toda vez que Gloria Inés Sanz Aguirre i) realizó sus actividades como
auxiliar de servicios generales de forma personal en las instituciones educativas en
las cuales fue asignada por el municipio de Pereira; ii) en los contratos de prestación
de servicios suscritos entre las partes se pactó una remuneración por las labores
desarrolladas; iii) no tenía libertad para realizar las funciones encomendadas, las
que fueron prestadas en un horario, el cual era impuesto; y iv) las tareas que
desarrolló fueron conforme con las órdenes y directrices impartidas por los rectores
de los colegios en las que prestó los servicios, las que no podían ser ejecutadas de
manera autónoma e independiente.

• No obstante, frente a los derechos causados por el período comprendido entre el
17 de marzo de 2011 y el 12 de mayo de 2014 operó el fenómeno jurídico de la

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prescripción, puesto que la solicitud de reconocimiento de las prestaciones sociales
y salariales que se derivaban de la relación laboral se presentó el 29 de abril de
2019, es decir que la reclamación de ese tiempo contractual no tuvo lugar dentro
del término de 3 años siguientes a la culminación de la relación respectiva, en el
que a su finalización se presentó una interrupción superior a 30 días hábiles.

• Así entonces, la actora tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones legales
generadas con ocasión de sus servicios, liquidadas con el valor que recibía como
contraprestación por sus servicios (honorarios) como auxiliar de servicios
generales, por los conceptos que recibían los funcionarios de la entidad de igual
nivel, durante el período comprendido desde el 19 de enero de 2015 al 17 de junio
de 2018, salvo las interrupciones.

• Asimismo, a la diferencia prestacional entre lo que pagaron las empresas de
servicios temporales y lo que realmente debió percibir, conforme al cargo de planta
de la entidad, por el período comprendido del 3 de julio al 30 de noviembre de 2018
y al cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales.

• Hay lugar al reconocimiento de la dotación de vestido y calzado de labor causadas
del 19 de enero de 2015 al 18 de abril de 2015, 20 de abril de 2015 al 19 de junio
de 2015, 30 de junio de 2015 al 27 de noviembre de 2015, 13 de enero de 2016 al
12 de febrero de 2016, 01 de marzo de 2016 al 02 de diciembre de 2016, 24 de
enero de 2017 al 23 de marzo de 2017, 25 de marzo de 2017 al 14 de junio de 2017,
29 de junio de 2017 al 28 de noviembre de 2017 y del 10 de enero de 2018 al 17 de
junio de 2018, pues en estos lapsos la remuneración de la actora fue inferior a 2
veces el salario mínimo legal mensual vigente.

• Es improcedente el reconocimiento: i) de la devolución de los aportes al sistema
de seguridad social, en tanto su contribución es obligatoria con una destinación
específica y con carácter parafiscal; ii) de las cotizaciones efectuadas a la caja de
compensación familiar, toda vez que no se demostró que la actora era beneficiaria
de los planes con los que cuentan dichas entidades por este concepto; iii) del trabajo
suplementario, pues no se observó en el expediente material probatorio que
certificara su configuración; iv) del auxilio de transporte, en consideración a que no
están acreditados los presupuestos que exige la norma para ser su beneficiario; v)
de la prima de servicios y el subsidio de alimentación, puesto que su aplicación es
exclusiva para los empleados del orden nacional y la actora prestó sus servicios
para una entidad territorial; y vi) de la indemnización por mora en el pago
prestaciones sociales, por cuanto el derecho surge a partir de la ejecutoria de la
sentencia y que se radica a cargo del verdadero empleador la obligación de pago
de tales emolumentos.

• No hay lugar a la condena en costas, en la medida en que no se encontraron

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acreditadas y no existió conducta alguna que ameritara su imposición, en
consideración a las previsiones de los artículos 188 del CPACA y 365 del Código
General del Proceso5.

1.4. El recurso de apelación

El municipio demandado interpuso recurso de apelación con fundamento en los
siguientes argumentos6:

• La relación contractual entre las partes obedeció a lo estatuido por el artículo 32
de la Ley 80 de 1993, el cual autorizó a las entidades públicas para celebrar
contratos de prestación de servicios, sin que generara un vínculo laboral y el
derecho a recibir prestaciones sociales.

• El hecho de cumplir y desarrollar las tareas propias del objeto del contrato de
prestación de servicios y que estas hayan sido vigiladas y controladas, no es un
aspecto que configurara una relación de subordinación entre las partes.

• Existió una indebida valoración de las pruebas, pues no se demostró la
acreditación de los elementos para la declaratoria de la relación laboral entre las
partes, en especial la subordinación o dependencia.

• Es incorrecto el análisis efectuado por el a quo para declarar la prescripción, pues
es clara la solución de continuidad con los términos de la terminación de la relación
contractual de los contratos 11101937 (adición) y 895, que contabilizados los días,
superan los señalados por la jurisprudencia para que se aplique este fenómeno.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

5 En adelante CGP.
6 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 18, actuación «Recibe memoriales», documento

«23_023RECURSOAPELACIONSENTENCIA(.PDF) NroActua 18».

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2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a
determinar ¿si existió una relación laboral entre Gloria Inés Sanz Aguirre y el
municipio de Pereira? y ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones derivadas de esa relación laboral y al reajuste salarial?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Por su parte, el Decreto 2209 de 19987 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de
planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

7 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)8 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En
igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización9, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

8 Aprobada el 11 de abril de 1919.
9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»10 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del CST señala los elementos esenciales
del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

10 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

11

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación11 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales12». (Resalta la Sala).

Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
12 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

12

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que solo
es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la labor
contratada.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 202113 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Lo probado dentro del proceso

Al expediente se aportaron los siguientes documentos14:

• Contrato de prestación de servicios celebrado entre el municipio de Pereira y la
empresa Servitemporales SA, suscrito el 29 de diciembre de 2009 y para ser
ejecutado en el plazo de 6 meses, esto es, en el primer semestre de 2010, cuyo
objeto era la «Administración y Suministro de Personal Temporal de Apoyo Técnico,
Administrativo y Operativo en los Plateles Educativos Oficiales del Municipio de Pereira
para la Vigencia 2010».

• Contratos adicionales al anterior por un término de 2 meses y medio y por 22 días.

• Contrato de prestación de servicios suscrito entre el municipio de Pereira y la
empresa Servitemporales SA, suscrito el 30 de diciembre de 2010 y para ser
ejecutado en el plazo de 6 meses, esto es, en el primer semestre de 2011, con el
objeto de la «Administración y Suministro de Personal Temporal de Apoyo Técnico,
Administrativo y Operativo en los Plateles Educativos Oficiales del Municipio de Pereira
para la Vigencia 2011».

• Contratos adicionales al anterior, uno por un término de 1 mes y medio, otro sin
especificar el plazo y el último por 23 días.

• Certificación del 19 de abril de 2012, expedida por la oficina de talento humano de
Asservi LTDA, en la que se informó que la actora «laborao por intermedio nuestro en
la Alcaldia de Pereira desde el 17 de Marzo de 2.011 hasta el 23 de diciembre de 2.011;
desempeñando el cargo en Servicios Generales, con una asignación mensual de
$535.600.oo más auxilio de transporte» (sic).

• Constancias del 12 de enero de 2016 y del 8 de septiembre de 2017, suscritas por
la directora administrativa de prestación del servicio educativo y administración de

14 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 1, actuación «Reparto y Radicación»,
documento «3_003ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 1».

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

plazas docentes del municipio de Pereira, certificación del 12 de diciembre de 2017,
expedida por la Secretaría de Educación de ese municipio, y contratos de prestación
de servicios, junto con sus actas de inicio, según los cuales entre la demandante y
la entidad se suscribieron los siguientes:

Contrato de prestación
Valor mensual Duración Objeto
de servicios
08-08-2013
«Prestación de servicios para
11101335 $819.880 a
realizar actividades de apoyo
07-09-2013
operativo y asistencial en uno de
16-09-2013 los Establecimientos Educativos
11102012 y adición $819.880 a Oficiales del Municipio de Pereira
30-11-2013 o donde la Secretaría de
13-01-2014 Educación Municipal lo
11100619 $819.880 a requiera». (Sic).
12-05-2014
19-01-2015
11100607 $844.476 a
«Prestar servicios de apoyo a la
18-04-2015
gestión para realizar actividades
20-04-2015
asistenciales en uno de los
11101252 $844.476 a
Establecimientos Educativos
19-06-2015
Oficiales o donde la Secretaría
30-06-2015
de Educación lo requiera». (Sic).
11101937 y adición $844.476 a
27-11-2015
13-01-2016
000411 $844.476 a
12-02-2016
01-03-2016
895 $844.476 a
02-12-2016
24-01-2017
826 $903.589 a
«Prestación servicios de apoyo a
23-03-2017
la gestión para realizar
25-03-2017
actividades operativas en uno de
2517 $903.589 a
los Establecimientos Educativos
14-06-2017
Oficiales del Municipio de Pereira
29-06-2017 o donde la Secretaría Municipal
3176 $903.589 a de Educación lo requiera, por
28-11-2017 necesidad del servicio». (Sic).
10-01-2018
760 $942.963 a
17-06-2018

En los contratos de prestación de servicios se pactó el alcance del objeto así:

«El contratista apoyará al Establecimiento Educativo del Municipio de Pereira, para la
adecuada prestación del servicio educativo así: 1. En la organización y control de los
espacios locativos de la Institución Educativa. 2. Comunicando al Rector de la Institución
Educativa las recomendaciones, sugerencias e inconsistencias de que tenga
conocimiento en virtud de la ejecución del objeto contratado. 3. Realizando actividades
objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo las necesidades del
Establecimiento Educativo respectivo». (sic).

«1. Realizar la organización y control de los espacios locativos de la institución educativa.
2. Apoyar las actividades que requiera el Establecimiento Educativo inherente al proceso
operativo. 3. Comunicar al rector de la Institución educativa las recomendaciones,

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

sugerencias e inconsistencias de que tenga conocimiento en virtud del objeto
contratado». (Sic).

En los contratos se estableció que «la supervisión del presente contrato será ejercida
por el Municipio de Pereira, a través del supervisor que para el efecto designe el Secretario
de Educación Municipal, quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento»
(sic).

• Actas de inicio de los contratos de prestación de servicios suscritos entre la actora
y el municipio de Pereira, en los que se señaló que la supervisión de estos sería
ejercida por el rector de los colegios en los cuales fue asignada para realizar
actividades asistenciales y operativas (servicios generales), como lo eran las
instituciones educativas Compartir las Brisas y Villa Santana.

• Oficios de abril de 2015 y 24 de enero de 2017, suscritos por el secretario de
educación del municipio de Pereira y dirigidos al rector(a) o director(a) rural de los
establecimientos educativos Compartir las Brisas y Villa Santana, a través de los
cuales se les asignó la supervisión de los contratos de prestación de servicios
suscritos por la actora.

• Desprendibles de liquidación de nómina expedidos por el municipio de Pereira a
favor de Gloria Inés Sanz Aguirre para agosto a noviembre de 2013, enero a abril
de 2014, enero a noviembre de 2015 y enero y febrero de 2016, así como las
órdenes de pago firmadas por la secretaria de hacienda y finanzas públicas de ese
municipio, a nombre de aquella, por el pago de los contratos de prestación de
servicios de los años 2017 y 2018.

• «Contrato de obra o labor contratada» suscrito entre Gloria Inés Sanz Aguirre y el
Grupo Empresarial SEISO SAS, como «empleador», «(e)n el cargo de Auxiliar de Aseo
y Limpieza. En el puesto de Risaralda Municipio Pereira Orden de Compra 29411 las
labores serán realizadas a partir 03 de Julio de 2018 hasta la duración de la obra
contratada». «El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios la suma
de 781.242 mensuales». (Sic).

• Oficio de «Finalización de Contrato» del 26 de noviembre de 2018, dirigido por el
Grupo Empresarial SEISO SAS a Gloria Inés Sanz Aguirre, mediante el cual le
informó que «(d)esde el área de Talento Humano nos permitimos informarle que la labor
para la cual usted fue contratado como Auxiliar de Aseo y Limpieza, en el puesto de
trabajo Alcaldía de Pereira Risaralda Orden De Compra 29411. Finalizará exitosamente
el día 30 de Noviembre de 2018 (…)» (sic).

• A través de escrito radicado el 29 de abril de 2019, Gloria Inés Sanz Aguirre solicitó
al municipio de Pereira que se reconociera la existencia de una relación laboral entre
las partes por el período comprendido entre el 19 de enero de 2004 y el 30 de

16

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

noviembre de 2018 y el pago de las prestaciones laborales que se derivaran de ella.
Esta petición fue negada a través del Oficio 21409 del 11 de mayo de 2019, suscrito
por la directora de talento humano del municipio, toda vez que «el tipo de vinculación
que la señora Sanz Aguirre identificada con CC. 30.356.312, tuvo con la Alcaldía Municipal,
no cumple con los requisitos establecidos para que se le reconozcan las prestaciones
sociales solicitadas, esto es cesantías, vacaciones, primas, horas extras, recargos
nocturnos y todo| aquello que constituya factor salarial pues se le reitera que en ningún
caso los contratos de prestación de servicios generan relación laboral alguna» (sic).

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Gloria Inés Sanz Aguirre y el
municipio de Pereira.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

De las pruebas relacionadas, se tiene que la demandante prestó servicios en el
cargo de servicios generales y/o auxiliar de aseo y limpieza en establecimientos
educativos del municipio de Pereira mediante de contratos de prestación de
servicios, suscritos directamente con ese municipio, del 8 de agosto al 7 de
septiembre de 2013, del 16 de septiembre al 30 de noviembre de 2013, del 13 de
enero al 12 de mayo de 2015, del 19 de enero al 18 de abril de 2015, del 20 de abril
al 19 de junio de 2015, del 30 de junio al 27 de noviembre de 2015, del 13 de enero
al 12 de febrero de 2016, del 1º de marzo de 2016 al 2 de diciembre de 2016, del
24 de enero al 23 de marzo de 2017, del 25 de marzo al 14 de junio de 2017, del 29
de junio al 28 de noviembre de 2017 y del 10 de enero al 17 de junio de 2018, por
medio Asservi LTDA del 17 de marzo de 2011 al 23 de diciembre de 2011 y a través
del Grupo Empresarial SEISO SAS del 3 de julio al 30 de noviembre de 2018, tal y
como se advierte en el siguiente cuadro:

Forma de vinculación
– contrato u orden de Fecha Interrupción en
Entidad Fecha inicio
prestación de terminación días hábiles
servicios
Asservi LTDA Contrato a término fijo 17-03-2011 23-12-2011 -
Municipio de
11101335 08-08-2013 07-09-2013 396
Pereira
Municipio de
11102012 y adición 16-09-2013 30-11-2013 5
Pereira
Municipio de
11100619 13-01-2014 12-05-2014 27
Pereira
Municipio de
11100607 19-01-2015 18-04-2015 167
Pereira

17

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

Municipio de
11101252 20-04-2015 19-06-2015 -
Pereira
Municipio de
11101937 y adición 30-06-2015 27-11-2015 5
Pereira
Municipio de
000411 13-01-2016 12-02-2016 28
Pereira
Municipio de
895 01-03-2016 02-12-2016 11
Pereira
Municipio de
826 24-01-2017 23-03-2017 34
Pereira
Municipio de
2517 25-03-2017 14-06-2017 1
Pereira
Municipio de
3176 29-06-2017 28-11-2017 8
Pereira
Municipio de
760 10-01-2018 17-06-2018 26
Pereira
Grupo Empresarial
Contrato a término fijo 03-07-2018 30-11-2018 10
SEISO SAS

En consecuencia, de las copias de los contratos de prestación de servicios, las
constancias, certificación y demás pruebas documentales, se advierte que la
demandante en efecto fue contratada para desarrollar funciones de servicios
generales y/o auxiliar de aseo y limpieza al servicio de instituciones educativas del
municipio de Pereira del 17 de marzo de 2011 al 30 de noviembre de 2018, con
algunas interrupciones que superaran más de 30 días hábiles.

2.4.1.2. Remuneración

Ahora bien, Gloria Inés Sanz Aguirre percibió una remuneración15 por el trabajo
realizado, tal y como se evidencia en las constancias, certificación, desprendibles
de liquidación de nómina, órdenes de pago y los contratos de prestación de servicios
que suscribió, en los que se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo
que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, se tiene que
las funciones desempeñadas por la demandante no se realizaron de forma
autónoma e independiente, sino que este estuvo sujeta a horarios, instrucciones y
órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al control de un superior
(rector y/o director rural de establecimientos educativos) para ejecutar las
obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de ella hacia el municipio
demandado y, en tal sentido, este contaba en todo momento con la posibilidad de
disponer de su servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de
obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad.

15 $535.600, $781.242, $819.880, $844.476, $903.589 y $942.963.

18

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar para que
la trabajadora desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de
independencia.

Esto se advierte luego de contrastado el objeto y las obligaciones que se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales y demás pruebas documentales aportadas como las
constancias y certificaciones de servicios. En ellos se aprecian actividades que
exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala,
al realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible
determinar la existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable
el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los
servicios de la demandante.

En efecto, Gloria Inés Sanz Aguirre laboró y realizó funciones de servicios generales
en colegios del municipio de Pereira, como lo son Compartir las Brisas y Villa
Santana, y cumplió, entre otras tareas, las de la: «organización y control de los espacios
locativos de la Institución Educativa» y la realización de las «actividades objeto del
presente contrato en forma proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento
Educativo respectivo».

Lo anterior denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de servicios
generales y/o auxiliar de aseo y limpieza al servicio de colegios del municipio de
Pereira, al tiempo que corrobora que no puede dejar de existir imposición de
órdenes en la ejecución de su objeto contractual para desempeñar esa labor, la cual
no puede considerarse prestada de forma autónoma e independiente, puesto que
de la naturaleza propia de esta se desprende que debe ser realizada de forma
permanente, continua y controlada, pues el servicio de aseo de las instituciones
debe ser garantizado en todo momento, a fin de que quienes ocupan el
establecimiento gocen de condiciones de salubridad y así lograr la prestación del
servicio educativo con eficiencia y calidad, máxime si se tiene en cuenta que la
mayoría del personal que lo ocupa son los menores estudiantes, a los que se debe
brindar un ambiente limpio y sano para el desarrollo de sus actividades escolares.

Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»16.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

19

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su
empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»17.

Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto que
el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a medidas
u órdenes del municipio de Pereira, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de unos turnos y la sujeción a directrices de los rectores y/o directores
rurales de las instituciones educativas de ese municipio de las que se resalta que
debía «(r)ealizar la organización y control de los espacios locativos de la institución
educativa», «(a)poyar las actividades que requiera el Establecimiento Educativo inherente
al proceso operativo» y «(c)omunicar al rector de la Institución educativa las
recomendaciones, sugerencias e inconsistencias de que tenga conocimiento en virtud del
objeto contratado», lo que demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora,
contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de la actora, y denota la existencia
de una indiscutible subordinación.

Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas temporales que
atiendan la oferta y la demanda en la prestación de las labores de servicios
generales para las instituciones educativas a su cargo. Por lo tanto, la ausencia de
personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue contratada la
demandante no es un argumento que enerve las consideraciones expuestas en esta
decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad y
desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la
entidad.

Así las cosas, para los periodos comprendidos entre el 17 de marzo de 2011 al 30
de noviembre de 2018, salvo sus interrupciones, se encuentra demostrada la
existencia de los elementos de la relación laboral.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones laborales a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

17 Ibidem.

20

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación18 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: sentencia de unificación de jurisprudencia conforme
al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho,
Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

21

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

«(…)

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).

Así las cosas, esta Sala reitera lo expuesto en precedencia, según lo cual «(q)uien
pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»19.

En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante el municipio demandado
el 29 de abril de 2019, se establece que acaeció el fenómeno jurídico de la
prescripción respecto de todas las prestaciones laborales causadas en los periodos
ocurridos del 17 de marzo de 2011 al 12 de mayo de 2014, como lo estableció el a
quo, toda vez que la reclamación de estos no tuvo lugar dentro del término de 3
años siguientes a la culminación de la relación contractual respectiva y a que entre
estas se presentaron interrupciones superiores a 30 días hábiles que implicó la
solución de continuidad en la prestación del servicio y exigía presentar la
reclamación administrativa en forma oportuna.

Lo anterior, toda vez que entre el contrato finalizado el 23 de diciembre de 2011 y
el iniciado el 8 de agosto de 2013 y el culminado el 12 de mayo de 2014 y el que
empezó el 19 de enero 2015, se presentaron unas interrupciones de 396 y 167 días
hábiles, respectivamente, las cuales no se encuentran justificadas y generaron la

19 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

22

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

solución de continuidad en la prestación del servicio y, a su vez, la obligación de
reclamar dentro de los 3 años siguientes la existencia de la relación laboral.

De tal manera que a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los
emolumentos prestacionales por los periodos ocurridos entre el 17 de marzo de
2011 y el 12 de mayo de 2014, previamente analizados, pues entre la segunda fecha
y la presentación de la solicitud transcurrieron más de 30 días hábiles, lo que llevó
a que la reclamación debía presentarse dentro de los 3 años siguientes a la
finalización del vínculo que termino en el 2014, lo que no se hizo.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

Por lo dicho, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que
por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, en consideración al salario de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó y, en caso de no existir, con base
en los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios,
correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de enero de 2015 y el 30 de
noviembre de 2018, salvo sus interrupciones.

Sin embargo, el municipio de Pereira deberá calcular el ingreso base de cotización
(IBC) pensional de Gloria Inés Sanz Aguirre, que corresponde a los salarios de un
empleado de planta que desarrollara funciones de vigilante y/o conserje para el
periodo comprendido entre el 19 de enero de 2015 y el 30 de noviembre de 2018,
salvo sus interrupciones, y solo en caso de no existir se tendrá como base los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios en ese periodo. La
entidad territorial deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que
le correspondía como empleador.

Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales20 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración

20 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

23

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas21.

En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Gloria Inés Sanz Aguirre debía ser remunerada conforme
con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas.

Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.

En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los elementos
constitutivos de una relación laboral encubierta en el periodo comprendido entre el
17 de marzo de 2011 y el 30 de noviembre de 2018, salvo sus interrupciones, y el
consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de esta; sin embargo,
las causadas entre el 17 de marzo de 2011 y el 12 de mayo de 2012 se encuentran
prescritas y no hay lugar a ellas.

Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán
ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia22 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

En consideración a esto, a la actora le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta de
la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como
vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
21 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

24

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

Lo explicado con anterioridad, que es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a la cuales tendría derecho la demandante
y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC), daría lugar a la modificación
de la orden proferida por el a quo al establecer que la entidad demandada debía
realizar ello «conforme el valor que recibía como contraprestación por sus servicios
(honorarios)»; no obstante, al haber apelante único en este asunto no se modificará
la providencia en este aspecto en ánimo de no desmejorar su situación en virtud del
principio de la non reformatio in pejus.

Ahora, si bien la demandante no solicitó expresamente que se reajustaran los
salarios percibidos, esto es las diferencias entre lo recibido por concepto de
honorarios y lo devengado por un empleado de planta, la Sala encuentra necesario
exponer las siguientes consideraciones al advertir que es un aspecto que se
encuentra íntimamente ligado con el consecuente restablecimiento del derecho
cuando se reconoce la existencia de una relación laboral pues de las pretensiones
no puede escindirse el reconocimiento del reajuste salarial al estar este íntimamente
ligado con el de las prestaciones, en tanto que estas se componen entre otros de la
asignación básica.

Si bien en oportunidades anteriores esta Subsección ha señalado que por el
reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales»23; esta Sala modifica su postura para señalar que en
estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta, además, el
reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo devengado por los
empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron pagados a los
contratistas.

Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales24, en virtud de los cuales le corresponde al juez
proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus
condiciones laborales.

En efecto situaciones como las expuestas en el sub judice plantean un dilema que
debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
24 Artículo 53 de la Constitución Política.

25

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

vaciar el contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que los de
los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe existir
proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una lógica
consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»25.

Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones similares a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominado honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.

Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las
diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.

De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en material laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil a los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.

Sobre el particular, valga señalar que la Corte Constitucional ha indicado que en
«tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a
efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma
constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente»26,
esto efectiviza y asegura la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido,
la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales impone un
cambio en el papel del juez que se sustenta entre otras en la «aplicación preferente
de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador que
debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento
jurídico (…) La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), más aún
cuando este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la vigencia
de los derechos fundamentales»27.

25 Sentencia T-102 de 1995.
26 Sentencia C-197 de 1999.
27 Sentencia SU-039 de 1997.

26

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

Así las cosas, correspondería reconocer el reajuste salarial en tanto se constituye
no solo una vulneración a la legislación laboral contenida en el ordenamiento
interno, sino también a los tratados internacionales ratificados por Colombia, los
cuales al tenor del artículo 93 de la Constitución hacen parte del bloque de
constitucionalidad.

Ahora, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales, esta Sala ha señalado que en asuntos relativos
a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y pago de
las diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho cargo de la
entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la entidad demandada funge
como apelante único, razón por la cual en virtud del principio de la non reformatio in
peius no habrá lugar a modificar la sentencia en este aspecto y, en consecuencia,
bajo ese entendido se confirmará la sentencia de primera instancia.

Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye, como lo estableció el a quo, que
se demostraron los elementos constitutivos de una relación laboral encubierta entre
las partes en los periodo comprendido entre el 17 de marzo de 2011 al 30 de
noviembre de 2018, salvo sus interrupciones, y el consecuente pago de las
prestaciones laborales que surjan de esta; no obstante, las causadas entre el 17 de
marzo de 2011 y el 12 de mayo de 2012 se encuentran prescritas y no hay lugar a
ellas.

Así entonces, la Sala confirmará la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

27

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Gloria Inés Sanz Aguirre y el municipio de Pereira del 17 de marzo de 2011 al
30 de noviembre de 2018, salvo sus interrupciones, y por lo tanto, tiene derecho al
consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de esta, tiempo que se
tendrá en cuenta para efectos pensionales. Sin embargo, las causadas entre el 17
de marzo de 2011 y el 12 de mayo de 2012 se encuentran prescritas y no hay lugar
a ellas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, que accedió de
manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Gloria Inés Sanz

28 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00138-01 (2913-2022)
Demandante: Gloria Inés Sanz Aguirre

Aguirre en contra del municipio de Pereira, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

29

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