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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00577-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00577-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar los ordinales 1 y 3 de la sentencia proferida el 10 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán así: Primero. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva del derecho, formulada por la entidad demandada, respecto de los períodos anteriores al contrato que finalizó el 30 de diciembre de 2016, salvedad hecha de las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, en tanto imprescriptibles, de conformidad con lo argumentado en la parte motiva de esta sentencia. Tercero. Condenar al municipio de Pereira a reconocer a Carlos Alberto Osorio Arbeláez las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene derecho y la diferencia salarial, para lo cual tomará como referente los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, por el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral y que no se encuentra afectado por la prescripción, es decir entre 2 de marzo y el 9 de mayo de 2017, conforme con lo expuesto en la parte motiva. Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 10 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, que accedió 31 Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022) Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Carlos Alberto Osorio Arbeláez contra el municipio de Pereira. Quinto. No condenar en costas en esta instancia. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23- 33-000-2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2020-00577-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez
Demandado: Municipio de Pereira

Tema: Relación laboral encubierta

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el 10 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Primera de Decisión, mediante la cual se accedió de forma parcial a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Carlos Alberto Osorio Arbeláez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que se
declarara la nulidad del Oficio 17175 del 1 de junio de 2020, por medio del cual la
directora administrativa de Talento Humano de la Secretaría de Educación del
municipio de Pereira le negó la existencia de una relación laboral por el servicio
prestado como vigilante y/o conserje entre el 3 de marzo de 2005 y el 10 de mayo de
2017; y el consecuente pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por el periodo
en que se desempeñó como vigilante y/o conserje; ii) el reconocimiento de las
prestaciones sociales de ley que devengaba un empleado de planta que

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

desempeñaba iguales funciones a las suyas, tales como cesantías y sus intereses,
primas de servicios, navidad y vacaciones, auxilio de alimentación, bonificación por
recreación, dotación de calzado y vestido de labor, horas extras, dominicales,
festivos y recargos, así como del tiempo laborado para efectos pensionales; iii) el
reajuste salarial; iv) el pago de los aportes efectuados a seguridad social (salud,
pensión y caja de compensación familiar); v) la indexación y actualización de los
valores que resultaren de lo que en esta instancia llegare a resolverse; y vi) la
condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

3.1. Carlos Alberto Osorio Arbeláez laboró de manera ininterrumpida como vigilante
y/conserje al servicio de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira entre el
3 de marzo de 2005 y el 10 de mayo de 2017, a través de contratos de prestación de
servicios y de una empresa de servicios temporales (entre 2010 y 2011).

3.2. Realizósus funciones de manera personal, bajo la continua dependencia y
subordinación de los rectores de los colegios en los que prestó sus servicios, como
lo eran La Victoria, Rafael Uribe Uribe, Hans Drews Arango y Byron Gaviria, dentro
de unos horarios en los turnos impuestos de 12 horas comprendidas entre las 6:00
am y las 6:00 pm o viceversa, incluso en dominicales y festivos, y con una
remuneración pactada.

3.3. Dentro de las actividades que desempeñó se encontraban las de controlar el
ingreso de personal al establecimiento educativo asignado en el turno determinado,
velar por el buen estado y conservación de los mecanismos de seguridad (alarmas),
así como por el mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes en las zonas
de vigilancia, informar de manera oportuna las anomalías detectadas y colaborar en
la prevención de situaciones de emergencia, entre otras.

3.4. Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por
ley, propias de los empleados que ejercían sus funciones, no le fueron reconocidas
y tuvo que pagar por cuenta propia la seguridad social.

3.5. Nunca tuvo una queja o un llamado de atención en su contra por parte de la
administración municipal.

3.6. El 8 de mayo de 2020, solicitó al municipio de Pereira el reconocimiento de la
relación laboral por sus servicios como vigilante y/o conserje entre el 3 de marzo de
2005 y el 10 de mayo de 2017 y el pago de las prestaciones laborales y sociales que

2

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

se derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada por la directora
administrativa de Talento Humano de la Secretaría de Educación del municipio a
través del Oficio 17175 del 1 de junio de 2020.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53, 90, 209, 229 y 300,
numeral 7, de la Constitución Política; 1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; y 23 del
Código Sustantivo del Trabajo; las leyes 21 de 1982 y 100 de 1993; y los decretos
1848 de 1969 y 1295 de 1994.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:

5.1. Con la negativa del municipio de Pereira se quebrantó el principio constitucional
de la primacía de la realidad sobre las formalidades, no obstante haberse configurado
los elementos propios de una relación laboral, toda vez que se acreditó la existencia
de un trabajo desarrollado de manera personal como vigilante y/o conserje, de forma
permanente y subordinado o dependiente respecto de los rectores de los colegios en
los que laboró; esto último consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartirle órdenes en relación con la labor contratada, bajo la fijación
de un horario de trabajo por turnos para la prestación de sus servicios y con una
remuneración mensual como retribución por las funciones que realizaba.

5.2. El trato que se le dio vulneró el principio de igualdad, el derecho al trabajo y demás
garantías laborales, toda vez que desempeñó idénticas funciones que un empleado
de planta, pero no recibió las prestaciones económicas que estos percibían.

5.3. Elcontrato de prestación de servicios podía ser desvirtuado cuando se
demostrara la subordinación o dependencia respecto del empleador, evento en el
cual surgía el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la prevalencia de la realidad sobre las formas en las
relaciones de trabajo.

5.4. Bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios se pretendió desdibujar
el vínculo laboral que rigió la relación con el municipio demandado y así evitar la
carga prestacional a la cual tenía derecho.

1.2. Contestación de la demanda

2 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 8, actuación «Expediente digital», documento

«1_001ESCRITODEMANDA(.PDF) NroActua 8».

3

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

6. Elmunicipio de Pereira se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en las siguientes consideraciones3:

6.1. Era inexistente la relación laboral pretendida, pues lo que se presentó entre las
partes fue una de orden contractual que obedeció a lo señalado por el artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, el cual autorizó a las entidades públicas para que celebraran
contratos de prestación de servicios, sin que se generara un vínculo laboral y el
derecho a recibir prestaciones sociales.

6.2. No se acreditaron los elementos necesarios para la configuración de una relación
laboral entre las partes, en especial el de la subordinación o dependencia, toda vez
que se trató de una labor coordinada entre el contratista y el contratante, que implicó
que el primero se sometiera a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente
de la actividad encomendada, que llevó a cumplir con un horario de trabajo, recibir
una serie de instrucciones de sus superiores y tener que reportar informes sobre
resultados.

6.3. Los contratos de prestación de servicios suscritos por el demandante contaban
con un tiempo de ejecución, por lo tanto, existió solución de continuidad en la
prestación del servicio.

6.4. El hecho de haber cumplido con un horario en turnos, que fueron concertados por
las partes, y recibir honorarios, por sí solos no configuraron una relación laboral.

6.5. El actor no tuvo la calidad de empleado público, toda vez que su contrato fue de
prestación de servicios, por lo tanto, no existió una relación de carácter laboral entre
las partes.

6.6. Por último, propuso las excepciones que denominó; i) inexistencia de causa para
demanda; ii) cobro de lo no debido; iii) buena fe; y iv) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, en sentencia del
10 de junio de 2022 accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda. Al
efecto dispuso lo siguiente4:

«1. DECLÁRASE PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN

3 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 8, actuación «Expediente digital», documento

«20_020CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 8».
4 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 25, actuación «Sentencia Primera Instancia»,

documento «39_039SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 25».

4

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

extintiva del derecho, formulada por la entidad demandada, respecto de los períodos
comprendido entre el 03 de marzo de 2005 y el 30 de diciembre de 2009, salvedad
hecha de las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, en
tanto imprescriptibles, de conformidad con lo argumentado en la parte motiva de esta
sentencia

2. SE DECLARA LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio No. 17175
del 01 de junio de 2020, expedido por el municipio de Pereira, mediante el cual fue negado
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales solicitadas por la parte
demandante, conforme a las razones expresadas en la parte motiva del presente fallo.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA AL MUNICIPIO DE PEREIRA al reconocimiento y pago en favor
del demandante, de las prestaciones sociales legales liquidadas conforme el valor que
recibía ésta como contraprestación por sus servicios (honorarios) como conserje o
vigilante, por los mismos conceptos que recibían los funcionarios de la entidad del mismo
nivel incluida la compensación en dinero de las dotaciones de vestido y calzado de labor,
por el período no afectado de prescripción comprendido entre el 1º de julio de 2011 al 31
de diciembre de 2011, del 02 de enero de 2012 al 29 de febrero de 2012, del 01 de marzo
de 2012 al 30 de junio de 2012, del 01 de agosto de 2012 al 15 de septiembre de 2012,
del 16 de septiembre de 2012 al 30 de octubre de 2012, del 01 de noviembre de 2012
al31 de diciembre de 2012, del 02 de enero de 2013 al 15 de agosto de 2013, del 16 de
agosto de 2013 al 15 de septiembre de 2013, del 16 de septiembre de 2013 al 15 de
octubre de 2013, del 16 de octubre de 2013 al 30 de octubre de 2013, del 01 de noviembre
de 2013 al 30 de diciembre de 2013, del 02 de enero de 2014 al 30 de junio de 2014, del
01 de julio de 2014 al 31 de julio de 2014, del 01 de agosto de 2014 al 31 de octubre de
2014, del 01 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, del 02 de enero de 2015
al01 de abril de 2015, del 02 de abril de 2015 al 15 de junio de 2015, del 16 de junio de
2015 al 31 de diciembre de 2015, del 01 de enero de 2016 al 30 de enero 69 de 2016, del
01de febrero de 2016 al 30 de diciembre de 2016, del 02 de marzo de 2017 al 9 de mayo
de 2017, dentro del marco de las consideraciones de esta providencia.

4. La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los
contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la actora,
mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquella
como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo
en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos, la
parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos
contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en
su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que
le incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

5. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se debe
computar para efectos pensionales.

6. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará lo
señalado en la parte motiva de este fallo

7. La entidad demandada darán cumplimiento al presente fallo en los términos referidos

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

en el artículo 192 del CPACA.

8. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, por las razones expresadas en este
proveído.

9. Sin costas en esta instancia, por las razones vertidas en esta providencia.

(…)» (sic).

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

8.1. En atención a los elementos de juicio allegados al expediente, era posible declarar
la relación laboral entre las partes por los periodos comprendidos entre el 3 de marzo
de 2005 y el 9 de mayo de 2017, salvo sus interrupciones, pues se acreditaron los
elementos para su configuración, esto es, la prestación personal del servicio, la
continua subordinación en relación con la entidad empleadora y la remuneración
como contraprestación por las labores realizadas. Ese tiempo se debía computar
para efectos pensionales.

8.2. Carlos Alberto Osorio Arbeláez acreditó que i) realizó sus actividades de forma
personal en las instituciones educativas en las cuales fue asignado por el municipio
de Pereira; ii) en los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes
se pactó una remuneración por las labores desarrolladas; iii) no tenía libertad para
realizar las funciones encomendadas, las que fueron prestadas en un horario por
turnos de 12 horas, el cual era impuesto, permanente y continuo; y iv) las tareas que
desempeñó fueron conforme con las órdenes y directrices impartidas por los rectores
de los colegios en las que prestó el servicio, las que no podían ser ejecutadas de
manera autónoma e independiente.

8.3. No obstante, frente a los derechos causados con anterioridad al periodo que
finalizó el 30 de diciembre de 2009 operó el fenómeno jurídico de la prescripción,
puesto que la solicitud de reconocimiento de las prestaciones sociales que se
derivaban de la relación laboral se presentó el 8 de mayo de 2020, es decir que la
reclamación de los períodos contractuales anteriores a esa fecha no tuvo lugar dentro
del término de 3 años siguientes a la culminación de las relaciones respectivas, en
los que se presentaron interrupciones superiores a 30 días hábiles.

8.4. Así entonces, el actor tenía derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales legales generadas con ocasión de sus servicios, las que se debían liquidar
con base en los honorarios derivados de los contratos de prestación de servicio, por
los periodos comprendidos entre el 1 de julio de 2011 y el 9 de mayo de 2017, salvo
sus interrupciones.

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

8.5. Los aportes al sistema de seguridad social incidían en el derecho pensional, el
cual tenía carácter imprescriptible, por lo que el municipio de Pereira debía tomar
todos los períodos en los que el demandante fungió como contratista para calcular el
ingreso base de cotización (IBC) pensional de aquel, mes a mes, teniendo en cuenta
todos los honorarios pactados, y si existía diferencia entre los aportes realizados
como contratista y los que se debieron efectuar, debía cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el
porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador.

8.6. Para tales efectos, la parte actora debía acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema durante todos los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las
hubiera efectuado o existiera diferencia, tenía la carga de cancelar o completar el
aporte, según sea el caso, en el porcentaje que le incumbía como trabajador.

8.7. No era posible tener en cuenta el tiempo que se alegó por el demandante en el
que laboró para el municipio de Pereira como trabajador en misión a través de la
Servitemporales (2010 y parte del 2011), pues no se demostró de forma fehaciente,
a través de los diferentes medios de prueba allegados al plenario, que aquel hacía
parte del personal destinado por dicha empresa para cumplir con los contratos, en
tanto no se evidenció su vínculo laboral para con esta.

8.8. Dentro del periodo que no se encontraba afectado por el fenómeno jurídico de la
prescripción, había lugar al reconocimiento de la dotación de vestido y calzado de
labor causadas, pues en los lapsos allí ocurridos la remuneración del actor fue inferior
a 2 veces el salario mínimo legal mensual vigente.

8.9. No había lugar al reconocimiento i) de la devolución de los aportes al sistema de
seguridad social, en tanto su contribución era obligatoria con una destinación
específica y con carácter parafiscal; ii) de las cotizaciones efectuadas a la caja de
compensación familiar, toda vez que no se demostró que el actor fuera beneficiario
de los planes con los que cuentan dichas entidades por este concepto; iii) del trabajo
suplementario, pues no se observó en el expediente material probatorio que
acreditara su configuración; iv) del auxilio de transporte, en consideración a que no
están demostrados los presupuestos que exige la norma para ser su acreedor; v) de
la prima de servicios, puesto que su aplicación es exclusiva para los empleados del
orden nacional y el actor prestó sus servicios para una entidad territorial; y vi) del
reajuste del salario percibido, por cuanto este emolumento dependía de las
condiciones particulares demostradas en cada caso concreto y, aceptada la
existencia del contrato realidad, debía también aceptarse como válido el pacto que
las partes hicieron de la remuneración.

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

8.10. La condena en costas era improcedente, en la medida en que no se encontraron
acreditadas y no existió conducta alguna que ameritara su imposición, en
consideración a las previsiones de los artículos 188 del CPACA y 365 del Código
General del Proceso5.

1.4. El recurso de apelación

9. El
municipio demandado interpuso recurso de apelación bajo los siguientes
argumentos6:

9.1. La relación que existió entre las partes fue una de orden contractual que estuvo
regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, normativa que autorizó a las
entidades públicas para celebrar contratos de prestación de servicios con el objeto
de realizar actividades no solamente de carácter permanente, sino las que de manera
excepcional se requieran para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad y estas no pudieran realizarse con el
personal de planta por su escasez; no obstante, estos no generaban un vínculo
laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales y se celebrarían por el término
estrictamente indispensable.

9.2. El hecho de que el municipio tuviera injerencia en la labor desarrollada y la
orientación de las funciones por parte del rector de los colegios en los que el actor
prestó sus servicios, no son aspectos que configuraran una relación de subordinación
entre las partes, toda vez que se trató de una relación coordinada entre el contratista
y el contratante con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades, en
la cual ello se podía presentar.

9.3. No se acreditó la configuración de los elementos para la existencia de una relación
laboral, ya que el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista no
desvirtuó la relación contractual por la prestación de un servicio.

9.4. Era inexistente el quebrantamiento del principio de la igualdad, ya que una es la
situación del empleado público, que da origen al pago de las prestaciones que
corresponden a este tipo de servidores; otra, muy distinta, la que se originó en razón
de un contrato de prestación de servicios, que no generaba relación laboral ni
prestaciones sociales; y otra, finalmente, a la que dio lugar el contrato de trabajo, que
con la administración no tiene ocurrencia sino solo cuando se trataba de la
construcción y el mantenimiento de obras públicas.

5 En adelante CGP.
6 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice 29, actuación «Recibe memoriales», documento

«41_041RECURSOAPELACIONMPIOPEREIRA(.pdf) NroActua 29».

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

10. En esta oportunidad las partes no efectuaron pronunciamiento alguno.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia, con un modificación, toda vez que, de acuerdo con la naturaleza
de las actividades y funciones que el actor ejerció, y algunos elementos probatorios
interpretados de conformidad con el reciente pronunciamiento de unificación por
parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, si bien es cierto que entre las
partes existió una relación laboral entre el 3 de marzo de 2005 y el 9 de mayo de
2017 y en consecuencia el demandante tenía derecho al reconocimiento de las
prestaciones que se derivaban de ella, lo cierto es que las causadas con anterioridad
al periodo que finalizó el 30 de diciembre de 2016 se encuentran prescritas 7.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso8, la competencia
del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, en esas condiciones, los problemas jurídicos que se deben
resolver en esta instancia se contraen a determinar ¿si entre Carlos Alberto Osorio
Arbeláez y el municipio de Pereira se configuró una relación laboral?, en caso
afirmativo, ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
derivadas de esa relación laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

7 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, índice
11, actuación «RECIBE MEMORIALES POR
CORREO ELECTRONICO», documento
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 11».
8 En lo que sigue CGP.

9

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

14. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar
labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De allí que la
consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación laboral y con
ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y
«en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio de
tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la
utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada y
dependiente.

17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

10

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y
el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En
igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 11, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de
trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a
este respecto».

19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

20. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señaló los
elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

11

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que
faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse
por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad
y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados
en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

12

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales14». (Resalta la Sala).

23. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se
excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de
reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los
derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios».

25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como

14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

13

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo
de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de
continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos
de naturaleza parafiscal».

28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público
a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de
la Carta Política».

29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Lo probado dentro del proceso

30. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

30.1. Constancias del 28 de noviembre de 2016 y 2 de noviembre de 2018, expedidas
por la directora administrativa de prestación del servicio educativo y administración

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
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de plazas docentes del municipio de Pereira y contratos de prestación de servicios16,
en virtud de los cuales se advierte que entre el actor y la entidad demandada se
suscribieron los siguientes:

Contrato de Interrupción días
prestación de Valor Duración Objeto hábiles
servicios
03-03-2005
SN $1.460.000 a -
30-04-2005
01-05-2005
SN $730.000 a -
31-05-2005
01-06-2005
SN $730.000 a -
30-06-2005
01-07-2005
SN $730.000 a -
30-07-2005
01-09-2005
SN $730.000 a 22
30-09-2005
01-10-2005
328 $730.000 a -
31-10-2005 Prestar servicios de conserje
01-11-2005 y/o de apoyo
329 $1.460.000 a a la gestión para realizar -
31-12-2005 actividades operativas en
01-01-2006 uno de los establecimientos
180 $730.000 a educativos oficiales del -
31-01-2006 Municipio de Pereira o donde
01-02-2006 la Secretaría de Educación lo
327 $1.460.000 a requiera. -
31-03-2006
07-04-2006
328 $1.460.000 a 4
31-05-2006
01-06-2006
328 $1.460.000 a -
31-07-2006
01-08-2006
330 $730.000 a -
31-08-2006
01-09-2006
SN $2.920.000 a -
31-12-2006

-

02-01-2007
184 $1.460.000 a
28-02-2007

01-03-2007
683 $1.533.000 -
a

16 Samai, índice 8, actuaciones «Expediente digital», documentos «3_003ANEXO2_1(.PDF) NroActua

8» y «4_004ANEXO2_2(.PDF) NroActua 8».

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

30-04-2007

01-05-2007
1200 $1.533.000 a -
30-06-2007
01-07-2007
1748 $127.500 a -
05-07-20007
06-07-2007
2290 $2.171.750 a -
30-09-2007
01-10-2007
2867 $766.500 a -
31-10-2007
01-11-2007
3424 $766.500 a -
30-11-2007
01-12-2007
4001 $766.500 a Prestar servicios de conserje -
31-12-2007 y/o de apoyo
02-01-2008 a la gestión para realizar
193 $817.166 a actividades operativas en -
31-01-2008 uno de los establecimientos
01-02-2008 educativos oficiales del
755 $817.166 a Municipio de Pereira o donde -
28-02-2008 la Secretaría de Educación lo
04-03-2008 requiera.
1085 $8.062.704 a 2
29-12-2008
01-01-2009
193 $10.639.500 a -
30-12-2009
01-07-2011
196 $4.235.796 a 369
31-12-2011
02-01-2012
195 $2.182.000 a -
29-02-2012

01-03-2012
832 $4.364.000 a
30-06-2012
-

01-08-2012
1132 $1.636.500 a 20
15-09-2012
16-09-2012
1773 $1.636.500 a -
30-10-2012
01-11-2012
2407 $2.218.366 a 1
31-12-2012
02-01-2013
204 $8.509.800 a -
15-08-2013
16-08-2013
11101573 $1.134.640 a -
15-09-2013
16-09-2013
11102239 $1.134.640 a
15-10-2013

16

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

16-10-2013
11102555 $567.320 a -
30-10-2013
01-11-2013
11102850 $2.269.280 a 1
30-12-2013
02-01-2014
11100191 $4.538.560 a -
30-06-2014
01-07-2014
11100870 $1.134.640 a Prestar servicios de conserje -
31-07-2014 y/o de apoyo
01-08-2014 a la gestión para realizar
11101540 $3.403.920 a actividades operativas en -
31-10-2014 uno de los establecimientos
01-11-2014 educativos oficiales del
11102050 $2.269.280 a Municipio de Pereira o donde -
31-12-2014 la Secretaría de Educación lo
02-01-2015 requiera.
11100211 $3.506.037 a -
01-04-2015
02-04-2015
11100691 $2.882.742 a -
15-06-2015
16-06-2015
11101492 $7.596.413 a -
31-12-2015
01-01-2016
000182 $1.168.679 a -
30-01-2016
01-02-2016
11100698 $12.855.469 a -
30-12-2016
02-03-2017
1911 $11.647.834 a 42
09-05-2017

30.2. En el desarrollo de los contratos de prestación de servicios se pactaron, entre
otras, las siguientes obligaciones:

«1. Controlar el ingreso del personal autorizado. 2. Comunicar al supervisor en forma
oportuna sobre las inconsistencias y anomalías relacionadas con los asuntos elementos
o situaciones operativas que se presenten en desarrollo de sus actividades. 3. Realizar
las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo las
necesidades del Establecimiento Educativo respectivo» (sic).

«1. Velar y coordinar el acceso del personal autorizado que ingrese al plantel educativo,
garantizando la tranquilidad del servicio educativo, el orden y la tranquilad de la
comunidad educativa que le habita. 2. Velar por la puntual apertura y cierre de los portales
y accesos. 3. Asistir por el buen cuidado de los cuartos contadores y motores y de las
entradas de energía eléctrica, así como de la conducción general de agua, bajantes y
sumideros receptores de aguas fluviales en las terrazas, azoteas, patios de acceso por
servicios comunales y que no entrañen peligrosidad. 4. Recepción de alarmas producidas
durante el servicio y colaborar en la prevención y control de situaciones de emergencia.
5. Contribuir con el uso adecuado, mantenimiento y el buen cuidado del material, muebles
y enseres confiados a su manejo. 6. Informar al Interventor, en forma oportuna, sobre las
inconsistencias, anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o situaciones

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

operativas que se presenten en desarrollo de sus actividades. 7. Cumplir con los turnos
de conserjes que se le asignen y en coordinación con el Rector de la Institución y /o
Director Rural, el área o zona de la Institución que se le haya designado. 8. Asistir por el
buen cuidado y conservación de los mecanismos de seguridad (alarmas), e informar
oportunamente las anomalías detectadas» (sic).

• En los contratos se estableció que «la supervisión del presente contrato será ejercida
por el Municipio de Pereira, a través del supervisor que para el efecto designe el Secretario
de Educación Municipal, quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento». (sic).

30.3. Libros de bitácora para los años 2011 a 2017, en las que se consignaron las
fechas laboradas por el actor, los turnos trabajados, lo ocurrido en estos y las
personas a las que los recibía o entregaba, así como los elementos devueltos17.

30.4. Solicitud del 8 de mayo de 202018, por medio de la cual el actor solicitó al
municipio de Pereira el reconocimiento de la relación laboral por sus servicios como
vigilante y/o conserje entre el 3 de marzo de 2005 y el 10 de mayo de 2017 y el pago
de las prestaciones laborales y sociales que se derivaban de ella.

30.5. Oficio 17175 del 1 de junio de 202019, suscrito por la directora administrativa de
Talento Humano de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, a través del
cual se negó la anterior petición toda vez que «(l)a relación que sostuvo el Municipio de
Pereira con CARLOS ALBERTO OSORIO ARBELAEZ fue a través de contratos de
prestación de servicios (…). Los derechos que tiene el contratista no es otro que el pago de
sus honorarios, más los que se hayan acordado en el respectivo contrato. Se deja claro que
el contrato de servicios no da derecho a nada de lo que es normal en un contrato de trabajo,
como lo es el pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos, ni
prestaciones sociales, ni siquiera a seguridad social, por esta no es responsabilidad del
contratante sino del contratista» (sic).

40. En la audiencia de pruebas celebrada el 8 de febrero de 202220, se recibieron los
testimonios de Fabio Alberto Vélez López y Luis Humberto Gutiérrez Ortiz, pedidos
por la parte demandante, de los cuales se extrae lo siguiente:

40.1. Fabio Alberto Vélez López licenciado en educación y al momento era el

17 Samai, índice 8, actuaciones «Expediente digital», documentos «5_005ANEXO3(.PDF) NroActua

8», «6_006ANEXO3_1(.PDF) NroActua 8», «7_007ANEXO3_2(.PDF) NroActua 8»,
«8_008ANEXO4(.PDF) NroActua 8», «9_009ANEXO5(.PDF) NroActua 8», «10_010ANEXO6(.PDF)
NroActua 8», «11_011ANEXO7(.PDF) NroActua 8», «12_012ANEXO8(.PDF) NroActua 8» y
«13_013ANEXO9(.PDF) NroActua 8».
18 Samai, índice 8, actuación «Expediente digital», documento «4_004ANEXO2_2(.PDF) NroActua 8»,

folios 20 a 22.
19 Samai, índice 8, actuación «Expediente digital», documento «3_003ANEXO2_1(.PDF) NroActua 8»,

folios 6 a 9.
20 https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/public/detail/4991042

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

tesorero del Colegio Gabriel Trujillo del municipio La Virginia. No tenía parentesco
con el demandante, únicamente tuvieron una relación de trabajo.

40.1.1. Conocía a Carlos Alberto Osorio desde aproximadamente 11 años, los que
iniciaron cuando llegó a trabajar como tesorero contratista en el 2011 al Colegio
Byron Gaviria del municipio de Pereira. Carlos ya se desempeñaba en la institución
educativa como celador con igual vinculación a la suya y trabajaba por turnos de 12
horas, de 6:00 a 6.00 fuera en la noche o en el día. Esto le constó al testigo ya que
laboró en las jornadas diurnas y nocturnas.

40.1.2. El servicio del actor fue hasta el año 2017 o 2018 y continuo, si bien sus
contratos eran establecidos hasta noviembre de cada año, lo cierto es que siempre
eran adicionados hasta diciembre. Asimismo, debía solicitar permiso para
ausentarse, recibía órdenes del rector del colegio, cumplía correctamente el trabajo
y su labor no podía ser reemplazada por alguien más, esta debía prestarse de
manera personal.

40.1.3. Como contratistas para recibir el pago debían presentar una cuenta de cobro y
asumir por cuenta propia la seguridad social.

40.1.4. Los celadores del colegio llevaban una bitácora en la que consignaban las
actividades ejercidas en sus turnos, de las cuales el rector estaba pendiente para el
correcto desempeño de la labor.

40.1.5. No tenía conocimiento si el actor se ausentó en alguna ocasión de su sitio de
trabajo, así como tampoco que la institución educativa le haya suministrado los
elementos, como lo eran los uniformes y el calzado.

40.2. Luis Humberto Gutiérrez Ortiz bachiller y al momento trabajaba en panadería.
Fue compañero de trabajo del actor desde el año 2012 en el Colegio Byron Gaviria
del municipio de Pereira; no obstante, conocía que él ya venía prestando sus
servicios de años atrás. Ambos ejercían como conserjes y/o vigilantes con
vinculación por contratos, bajo la orden del rector y tenían un horario impuesto de
trabajo por turnos de 6:00 am a 6:00 pm y viceversa.

40.2.1. Para ausentarse de su sitio de trabajo siempre tenían que pedir autorización al
rector de la institución educativa y, en caso de ser concedida, sus labores no podían
ser reemplazadas por personal ajeno al colegio, únicamente con sus compañeros de
trabajo.

40.2.2. Si bien entre los contratos existieron interrupciones, lo cierto es que en estas
debían prestar sus labores, el plantel no podía quedarse sin sus servicios.

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

40.2.3. A
ellos como contratistas les correspondía pagar la seguridad social, no
recibían dotación de uniformes y calzado por parte del colegio y debían presentar
informes para recibir el pago mensual como contraprestación de su trabajo.

40.2.4. El testigo también presentó demanda con iguales pretensiones a las solicitadas
en este asunto.

2.3.3. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta

41. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Carlos Alberto Osorio Arbeláez y el
municipio de Pereira.

2.3.3.1. Prestación personal del servicio

42. De las pruebas relacionadas se tiene que el demandante prestó sus servicios
como vigilante y/o conserje de instituciones educativas del municipio de Pereira,
vinculado a través de contratos de prestación de servicios suscritos directamente con
la entidad territorial, ejecutados entre el 3 de marzo de 2005 y el 9 de mayo de 2017,
con varias interrupciones superiores a 30 días hábiles, como lo son las ocurridas
entre el 31 de diciembre de 2009 y el 30 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de
2016 y el 2 de marzo de 2017.

43. En consecuencia, de los testimonios, las constancias, las copias de los contratos
de prestación de servicios y demás pruebas documentales, se advierte que
efectivamente el demandante fue contratado para desarrollar funciones de vigilante
y/o conserje al servicio del municipio de Pereira, de manera interrumpida, desde el 3
de marzo de 2005 y el 9 de mayo de 2017.

44. Tal consideración, es producto de una valoración probatoria basada en la sana
crítica, según la cual el juez puede otorgarle el valor que corresponde a cada
elemento con el cual se cuenta, y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción
del que, a lo largo del proceso, se han valido las partes.

45. Bajo tal perspectiva, esta Sala encuentra que en efecto el contrato estatal de
prestación de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
es un instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite
satisfacer las necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los

20

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

fines del Estado21, que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge
el estatuto general de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato típico,
a la luz de lo dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su perfeccionamiento
se exige la solemnidad del escrito.

46. Sin embargo, esto no justifica que se imponga como requisito para demostrar el
elemento de la prestación del servicio22 que se aporte al proceso judicial el aludido
instrumento jurídico, pues imponer una tarifa legal probatoria implicaría abandonar la
tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle vigencia a los
derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través de otros
medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme su propio
convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la conducta de las
partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia y materializa los
derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá exponer
razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

47. De manera que, para esta Subsección, las constancias y demás documentos
allegados al proceso, los cuales gozan de la presunción de autenticidad a la que
alude el artículo 244 del CGP23, tienen el valor suficiente para demostrar la prestación
del servicio en el periodo analizado y los elementos que se proceden a estudiar.

2.3.1.2. Remuneración

48. Ahora bien, aquel percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidencia de lo dicho por los testigos, de los contratos de prestación de servicios
suscritos, las constancias y las demás pruebas documentales, en los que se advierte

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de

2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
22 Como uno de los elementos determinantes que distinguen la relación laboral de las demás

modalidades de prestación de servicios a través de contratos estatales, los cuales se encuentran
previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
23 «Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la

persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente,
incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los
poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad
y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma
de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones».

21

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración
pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su
denominación (honorarios o salario).

2.3.1.3. Continuada subordinación o dependencia

49. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por el demandante
no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a
horarios por turnos, instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues
atienden al control de un superior (rector) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción del municipio demandado, y en tal
sentido este contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio,
y aquel, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el
ejercicio del ius variandi por parte de la entidad.

50. Los testimonios de Fabio Alberto Vélez López y Luis Humberto Gutiérrez Ortiz dan
buena cuenta de las condiciones bajo las cuales el actor prestaba sus servicios al
municipio demandado en las instituciones educativas, de las que se resalta que en
ejercicio de sus funciones cumplía con un horario por turnos y seguía órdenes e
instrucciones de los rectores. Además, que las labores desarrolladas debían
realizarse de forma continua y no podían ejecutarse de manera autónoma e
independiente y para ausentarse libremente de su lugar de trabajo debía contar con
previa autorización.

51. Así las cosas, para esta Sala, el empleador impuso las condiciones de tiempo,
modo y lugar, para que el trabajador desarrollara sus labores, sin que le hubiere
asistido ningún tipo de independencia.

52. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre las
partes, de los testimonios recibidos en el proceso y demás pruebas documentales
aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las
reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una
relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad
contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios del
demandante como vigilante y/o conserje, pues la labor se desarrolló por espacio de
10 años y 7 meses aproximadamente.

53. En efecto, Carlos Alberto Osorio Arbeláez prestó sus servicios como vigilante y/o
conserje de colegio del municipio de Pereira y cumplió, entre otras funciones, las de:

22

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

«(v)elar y coordinar el acceso del personal autorizado que ingrese al plantel educativo,
garantizando la tranquilidad del servicio educativo, el orden y la tranquilidad de la comunidad
educativa que le habita», «(v)elar por la puntual apertura y cierre de los portales y accesos»,
«(c)umplir con los turnos de conserjes que se le asignen y en coordinación con el
Rector de la Institución y /o Director Rural, el área o zona de la Institución que se le
haya designado» y «(r)ealizar las actividades objeto del presente contrato en forma
proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo» (sic) (se
resalta).

54. Lo anterior denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
vigilante y/o conserje al servicio de colegios del municipio de Pereira, al tiempo que
corrobora que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su
objeto contractual para desempeñar esa labor, la cual no puede considerarse
prestada de forma autónoma pues el celador no puede decidir en qué lugares presta
el servicio ni en qué horario. Es más, ni siquiera puede ausentarse del trabajo sin
causa previa y debidamente justificada pues pondría en riesgo los bienes confiados
a su cuidado.

55. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las actividades
que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución
eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en armonía con las
condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce
control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»24.

56. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»25.

57. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaban sujetos a
medidas u órdenes del municipio de Pereira, a saber: la imposición de un horario por
turnos y la sujeción a directrices de los rectores de las instituciones educativas de
ese municipio, lo que demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora,
contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del actor y en consecuencia denota
la existencia de una indiscutible subordinación.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
25 Ibidem.

23

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58. Es incuestionable el hecho de que la ejecución del objeto convenido no se realizó
de forma autónoma e independiente como corresponde a una relación de carácter
contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató de una en la
que las funciones se ejercieron bajo los condicionamientos fijados por los rectores,
lo que la asimila a una de carácter laboral, en la que se asignaron responsabilidades
indispensables en el funcionamiento de la entidad.

59. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de seguridad y/o
conserjería para las instituciones educativas a su cargo. Por tanto, la ausencia de
personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue contratado el
demandante no es un argumento que enerve las consideraciones expuestas en esta
decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad y
desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la
entidad.

60. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los
contratos de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la
insuficiencia de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente
en una situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse
como argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que
la ley prevé en su favor»26, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

61. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar a que aluden los artículos
32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser entendida como
una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías laborales, pues lo
cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza contractual con la
cual se revistió la vinculación del demandante y el municipio de Pereira se
desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se
constituyen en las características propias de la referida relación contractual.

62. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para el periodo comprendido entre el 3
de marzo de 2005 y el 9 de mayo de 2017, salvo sus interrupciones, afirmación que
se desprende de los testimonios, de los contratos de prestación de servicios, las
constancias y las demás pruebas documentales.

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

24

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

63. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

64. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación27 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección Segunda
aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe computarse
la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales consecutivas hace
necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer si se presentó o no la
solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese sentido, la Sala considera
adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal
de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro
del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa
laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.(Subrayado
fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

27Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

25

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

65. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no hay
solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

66. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201628, proferida por
el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de
reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los
derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los
hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

67. Así, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»29.

68. De acuerdo con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad demandada el
8 de mayo de 202030, se establece que acaeció el fenómeno jurídico de la
prescripción respecto de todas las prestaciones causadas antes del periodo
finalizado el 30 de diciembre de 2016, toda vez que la reclamación de los periodos
anteriores a esta fecha no tuvo lugar dentro del término de 3 años siguientes a la
culminación de la relación contractual respectiva, en los cuales se presentaron
interrupciones superiores a 30 días hábiles.

28 SUJ2-005-16.
29 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.
30 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_17001233300020170089(.pdf) NroActua 2», folios 81 y 82.

26

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69. Lo anterior, toda vez que entre los contratos 11100698 y 1911, que se ejecutaron
entre el 1 de febrero y el 30 de diciembre de 2016 y el 2 de marzo al 9 de mayo de
2017, se presentó una interrupción de 42 días hábiles, la cual no se encuentra
justificada, de manera que generó la solución de continuidad en la prestación del
servicio y, a su vez, la obligación de reclamar dentro de los 3 años siguientes la
existencia de la relación laboral.

70. De tal manera que a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los
emolumentos prestacionales por los periodos ocurridos con anterioridad al contrato
que finalizó el 30 de diciembre de 2016, pues en efecto, el fenómeno prescriptivo se
contabiliza a partir de la terminación del vínculo contractual.

71. Así entonces, se deberá modificar la fecha de prescripción de las prestaciones
laborales establecida por el a quo, quien tuvo en cuenta las causadas con
anterioridad al contrato que terminó el 30 de diciembre de 2009.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del derecho

72. Por lo analizado, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores
que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendrá que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes al periodo
comprendido entre el 3 de marzo de 2005 y el 9 de mayo de 2017, salvo sus
interrupciones; no obstante, como ya se analizó, las causadas con anterioridad al
periodo finalizado el 30 de diciembre de 2016 se encuentran prescritas y no hay lugar
a ellas.

73. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales31 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración

31 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce

de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas32.

74. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá que
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional. De manera que se deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía al
empleador. Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó
al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga
de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.

75. Esimportante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia33 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

76. En consideración a esto, al actor le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta del
municipio de Pereira que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como
vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.

77. Lo explicado con anterioridad, que es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a las cuales tendría derecho el demandante
y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC), daría lugar a la modificación
de la orden proferida por el a quo al establecer que la entidad demandada debía
realizar la liquidación con base en los honorarios derivados de los contratos de
prestación de servicios; no obstante, al ser la entidad el apelante único en este
asunto, no se modificará la providencia en este aspecto con el ánimo de no
desmejorar su situación en virtud del principio de la non reformatio in pejus.

78. En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional que
impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
32 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales, esta Sala ha señalado que en asuntos relativos a las
relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió el demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho cargo de la
entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la entidad demandada funge
como apelante único, razón por la cual en virtud del mencionado principio no habrá
lugar a modificar la sentencia en este aspecto y, en consecuencia, bajo ese entendido
se confirmará.

79. Ahora, es importante señalar que no por el hecho de haber laborado para el
Estado se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones especiales
que se predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la Ley. Por lo
tanto, al actor no se le puede dar dicha connotación.

80. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y
la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta entre el actor y el
municipio de Pereira en los periodos comprendidos entre el 3 de marzo de 2005 y el
9 de mayo de 2017, salvo sus interrupciones y, por lo tanto, tiene derecho al
consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de esta.

81. No obstante, como ya se analizó, las causadas con anterioridad al contrato que
finalizó el 30 de diciembre de 2016 se encuentran prescritas y no hay lugar a ellas,
empero, tiene derecho a que se efectúen los aportes a pensión por todo el tiempo
acreditado.

82. Resulta importante señalar que por el periodo que no es afectado por la
prescripción, este es el transcurrido entre el 2 de marzo y el 9 de mayo de 2017, no
hay lugar a la dotación de vestido y calzado de labor, toda vez que, según la Ley 70
de 1988, reglamentada por el Decreto 1978 de 1989, «(p)ara tener derecho a la dotación
a que se refiere este Decreto, el trabajador debe haber laborado para la respectiva entidad
por lo menos tres (3) meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha de cada
suministro» (se resalta) y el actor únicamente cuenta con un tiempo de servicio por
ese periodo de 2 meses y 7 días, con lo cual se incumple con lo previsto en la normas
para su reconocimiento. En tal sentido, era improcedente la compensación en dinero
por tal concepto dispuesta por el a quo y por lo tanto habrá de modificarse el numeral
que lo dispuso.

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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

83. Así entonces, la Sala confirmará con una modificación la sentencia proferida el 10
de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de
Decisión, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda, en torno
a la prescripción de las prestaciones laborales del orden legal a las que tiene derecho
el actor y al reconocimiento de la compensación de la dotación de vestido y calzado
de labor.

2.4. Costas

84. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

85. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

86. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma34.

87. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

88. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

34 En igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

30

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

3. Conclusión

89. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Carlos Alberto Osorio Arbeláez y el municipio de Pereira durante el periodo en
el que prestó sus servicios como vigilante y/o conserje, es decir entre el 3 de marzo
de 2005 y el 9 de mayo de 2017, salvo sus interrupciones y, por lo tanto, tiene
derecho al consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de esta.

90. En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones laborales
de orden legal, para lo cual tomará como referente los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios. Sin embargo, las causadas antes del 30 de
diciembre de 2016 se encuentran prescritas y no hay lugar a ellas, empero, tiene
derecho a que se efectúen los aportes a pensión por todo el tiempo acreditado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar los ordinales 1 y 3 de la sentencia proferida el 10 de junio de 2022
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los cuales
quedarán así:

Primero. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva del
derecho, formulada por la entidad demandada, respecto de los períodos anteriores
al contrato que finalizó el 30 de diciembre de 2016, salvedad hecha de las
cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, en tanto
imprescriptibles, de conformidad con lo argumentado en la parte motiva de esta
sentencia.

Tercero. Condenar al municipio de Pereira a reconocer a Carlos Alberto Osorio
Arbeláez las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene derecho y la
diferencia salarial, para lo cual tomará como referente los honorarios pactados en
los contratos de prestación de servicios, por el tiempo en el cual se demostró la
existencia de la relación laboral y que no se encuentra afectado por la prescripción,
es decir entre 2 de marzo y el 9 de mayo de 2017, conforme con lo expuesto en la
parte motiva.

Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 10 de junio de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, que accedió

31

Radicado: 66001-23-33-000-2020-00577-01 (5225-2022)
Demandante: Carlos Alberto Osorio Arbeláez

parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Carlos Alberto Osorio
Arbeláez contra el municipio de Pereira.

Quinto. No condenar en costas en esta instancia.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

32

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