República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-03722-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
Tema: relación laboral encubierta – coordinador de la oficina de registro y control
académico. Subtema 1: elementos que permiten declarar la existencia de una
relación laboral. Subtema 2: prueba del contrato de prestación de servicios.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el
27 de mayo de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Óscar Eduardo Villa Rodríguez solicitó la nulidad del Oficio del 6 de abril de
2015, mediante el cual la UNAD negó el reconocimiento de la relación laboral y de las
acreencias derivadas de los contratos de prestación de servicios celebrados entre
2007 y 2012. Adujo que desarrolló actividades en la oficina de registro y control
académico de la universidad de manera personal, remunerada y bajo la dirección de
la entidad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la existencia de una relación
laboral entre las partes desde el 1º de marzo de 2007 hasta el 31 de diciembre de
2012, salvo las interrupciones, y ordenó el reconocimiento de prestaciones sociales y
de las diferencias correspondientes a los aportes a pensión.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado modificará la
sentencia para declarar la caducidad respecto de las pretensiones salariales y
prestacionales. No obstante, confirmará la existencia de la relación laboral y sus
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
efectos en materia pensional, al encontrar acreditadas la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Óscar Eduardo Villa Rodríguez, mediante apoderado, presentó demanda
contra la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (en adelante UNAD), el 18 de
diciembre de 20151, con las siguientes pretensiones2:
2. Que se declare la nulidad del Oficio del 6 de abril de 2015, mediante el cual la
UNAD negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales y demás acreencias reclamadas por el demandante.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declare que entre él y la
UNAD existió una relación laboral durante el periodo comprendido entre el 1º de marzo
de 2007 y el 31 de diciembre de 2012, pese a que su vinculación se formalizó mediante
sucesivos contratos de prestación de servicios.
4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
las prestaciones y acreencias laborales causadas durante dicho periodo. Entre otros
conceptos, reclamó cesantías, prima de servicios, vacaciones, intereses a las
cesantías, horas extras, bonificaciones y aportes a salud y pensión. Aunque formuló
esta pretensión respecto de todo el periodo de vinculación, cuantificó para el año 2012
las siguientes sumas: i) $1.844.890 por cesantías; ii) $1.844.890 por prima de
servicios; iii) $922.445 por vacaciones; iv) $614.963 por intereses a las cesantías; y v)
$8.301.960 por horas extras diurnas.
5. Asimismo, pidió el pago de $23.676.088 por concepto de salarios y
prestaciones sociales correspondientes al año 2013, al considerar que, como la UNAD
no le comunicó con 30 días de anticipación su intención de no continuar con la
vinculación al finalizar el último contrato, esta debía entenderse renovada por un año
adicional.
6. En la liquidación de sus pretensiones estimó, además, en $2.517.120 los
aportes a salud y pensión correspondientes al año 2012 y solicitó el reconocimiento
de un día de salario por cada día de mora en el pago de las acreencias laborales.
1 La demanda fue presentada inicialmente el 18 de diciembre de 2015 ante los Juzgados Laborales del Circuito de
Bogotá. Mediante auto del 13 de abril de 2016 se dispuso su remisión a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y, posteriormente, el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá remitió el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por competencia. Esta corporación ordenó adecuar la demanda a las
disposiciones del CPACA y, mediante auto del 26 de septiembre de 2016, la inadmitió. En cumplimiento de esta
última providencia, la parte demandante presentó escrito de subsanación e incorporó la corrección de la demanda
en un solo cuerpo, cuyas pretensiones son las que se sintetizan en este acápite.
2 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 6 a 14 –
pretensiones visibles pp. 8 a 9, y archivo
“19_2500023420002016037220010EXPEDIENTEDIGI20220628083710_T133026326090058602”.
2
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7. Finalmente, pidió la indexación de las sumas reconocidas, el pago de los
intereses moratorios previstos en el artículo 192 del CPACA y la condena en costas.
2.1.1. Hechos
8. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
9. El señor Óscar Eduardo Villa Rodríguez prestó sus servicios a la UNAD
mediante sucesivas órdenes de prestación de servicios celebradas entre el 1º de
marzo de 2007 y el 31 de diciembre de 2012.
10. Durante ese periodo desarrolló actividades relacionadas con la capacitación del
personal de registro y control, soporte técnico, inducción a los funcionarios de esa
dependencia, orientación sobre procesos y procedimientos, manejo de
documentación, sistematización de inquietudes, procesos de matrícula y trámite de
peticiones presentadas por los usuarios.
11. Manifestó que, aunque su vinculación se formalizó mediante contratos de
prestación de servicios, las actividades desarrolladas tenían carácter permanente y
fueron ejecutadas de manera continua durante aproximadamente seis años.
12. Afirmó que prestó personalmente sus servicios en las instalaciones de la
universidad ubicadas en el barrio Restrepo de Bogotá y que debía cumplir un horario
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., conforme a las instrucciones impartidas
por su superior inmediato.
13. Agregó que, una vez finalizada la jornada ordinaria, debía permanecer atento a
las llamadas e instrucciones de su superior y suministrar información relacionada con
su trabajo mediante correo electrónico, entre las 7:00 p. m. y las 10:00 p. m. Por esa
razón, afirmó que laboraba, en promedio, tres horas extras diarias, equivalentes a 18
horas semanales y 72 mensuales.
14. Relató que los domingos recibía instrucciones para cargar notas y calificaciones
en el sistema desde su residencia, actividad que le tomaba aproximadamente cuatro
horas. Igualmente señaló que, por instrucciones de su superior, debía desplazarse a
diferentes ciudades y centros regionales del país para el cumplimiento de sus
actividades, desplazamientos por los cuales recibía viáticos.
15. Indicó que durante la ejecución de los contratos recibía órdenes de su superior
inmediato relacionadas con el horario, las actividades que debía desarrollar y las
fechas de entrega. Asimismo, afirmó que utilizaba las instalaciones y los elementos
de trabajo proporcionados por la Universidad.
16. Adujo que durante su vinculación recibió una remuneración mensual, pero no
le fueron reconocidas cesantías, prima de servicios, vacaciones, intereses a las
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cesantías ni horas extras. Agregó que debía acreditar su afiliación al sistema de salud
y pensiones y asumir directamente el pago de los respectivos aportes.
17. El 26 de marzo de 2015 presentó ante la UNAD una petición mediante la cual
solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, horas extras,
bonificaciones, vacaciones, intereses a las cesantías y demás acreencias que
consideró derivadas de la relación laboral.
18. Mediante respuesta del 6 de abril de 2015, la Universidad negó la reclamación,
con fundamento en que la vinculación entre las partes se desarrolló mediante
contratos de prestación de servicios y que, por esa razón, no había lugar al
reconocimiento de las acreencias laborales solicitadas.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
19. En la demanda se citaron como vulnerados, entre otros, los artículos 23 y 46
del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Asimismo, se
invocó jurisprudencia constitucional relacionada con la prohibición de celebrar
contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter
permanente.
20. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que la UNAD
utilizó de manera indebida la figura del contrato de prestación de servicios para
encubrir una verdadera relación laboral, pese a que desarrolló durante
aproximadamente seis años funciones permanentes y propias del funcionamiento de
la entidad, bajo las órdenes de un superior y sujeto al cumplimiento de un horario.
Afirmó que ello desconoció la naturaleza excepcional de esta modalidad contractual y
los límites previstos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
21. Agregó que durante la ejecución de los contratos concurrieron los elementos
propios de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación, esta última reflejada, entre otros aspectos, en el
cumplimiento de horarios, la sujeción a órdenes, la asignación de actividades y fechas
de entrega y la utilización de las instalaciones y elementos proporcionados por la
Universidad. Por ello, consideró que tenía derecho al reconocimiento de las
prestaciones sociales y demás acreencias laborales reclamadas.
22. Bajo ese marco, adujo que la entidad le trasladó la carga de efectuar los aportes
a salud y pensión y omitió reconocer las prestaciones sociales y las horas extras que,
según afirmó, se causaron durante la relación laboral. Asimismo, sostuvo que, al no
haberle comunicado con 30 días de anticipación la terminación del vínculo al 31 de
diciembre de 2012, este debía entenderse renovado por un año adicional.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
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2.2. Contestación de la demanda
23. La UNAD3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que la
vinculación del demandante se desarrolló mediante contratos de prestación de
servicios que no generaron relación laboral ni derecho al reconocimiento de
prestaciones sociales.
24. Expresó que los contratos celebrados entre 2007 y 2012 tuvieron objetos,
plazos y valores expresamente determinados y fueron suscritos para atender
necesidades específicas del área de Registro y Control Académico, ante la
insuficiencia de personal de planta. Agregó que la prestación de los servicios no fue
continua, pues existieron interrupciones entre algunos contratos, lo que, a su juicio,
desvirtuaba la existencia de una única relación laboral durante todo el periodo
reclamado.
25. Frente al elemento de subordinación, afirmó que los contratos no establecieron
el cumplimiento de un horario y que la supervisión ejercida por la universidad tenía
como única finalidad verificar la adecuada ejecución de las obligaciones contractuales,
por lo que no podía equipararse al poder subordinante propio de una relación laboral.
En ese sentido, indicó que el seguimiento, la solicitud de informes y las instrucciones
relacionadas con la ejecución del objeto contratado correspondían a las funciones
legales y contractuales del supervisor.
26. Como excepciones, propuso la caducidad del medio de control, al considerar
que entre la comunicación del Oficio 210-320 del 6 de abril de 2015 y la presentación
de la demanda transcurrieron más de cuatro meses, sin que se hubiera adelantado
conciliación extrajudicial que suspendiera dicho término; inepta demanda por falta de
agotamiento de ese requisito de procedibilidad; prescripción de las acreencias
derivadas de los contratos ejecutados entre 2007 y 2011; inexistencia de la relación
laboral y de las obligaciones reclamadas; cobro de lo no debido; y las demás
excepciones que resultaran probadas en el proceso.
2.3. Trámite relevante en primera instancia
27. En audiencia inicial celebrada el 29 de agosto de 20174, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió las excepciones propuestas por la UNAD.
Declaró parcialmente probada la de caducidad del medio de control, al considerar que
el Oficio 210-320 del 6 de abril de 2015 fue comunicado el 7 de abril siguiente y que
la demanda, presentada el 18 de diciembre de ese año, se promovió por fuera del
término de cuatro meses. No obstante, exceptuó de dicha decisión la pretensión
relacionada con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y
Pensión, por considerar que estos se encontraban excluidos de la caducidad.
3 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“23_2500023420002016037220014EXPEDIENTEDIGI20220628083711_T133026326026590715”, pp. 1 a 21.
4
Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“27_2500023420002016037220018EXPEDIENTEDIGI20220628083713_T133026325937584413”.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
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28. De igual manera, declaró no probada la excepción de inepta demanda por falta
de agotamiento de la conciliación prejudicial y difirió para la sentencia el estudio de la
prescripción. En cuanto a las excepciones de inexistencia de la relación laboral y de
las obligaciones reclamadas y cobro de lo no debido, consideró que correspondían a
argumentos de fondo que debían resolverse al decidir la controversia.
29. Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de
apelación contra la decisión que declaró parcialmente probada la excepción de
caducidad5.
30. Mediante auto del 28 de enero de 2021, esta Subsección revocó la decisión
que había declarado parcialmente probada la excepción de caducidad. Consideró que,
al estar involucrada la reclamación de aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, respecto de los cuales no opera dicho fenómeno, era necesario analizar
previamente la existencia de la relación laboral y los derechos derivados de ella.
Precisó que la eventual configuración de la caducidad frente a las acreencias
salariales y prestacionales debía ser objeto de pronunciamiento en la sentencia y
ordenó devolver el expediente al Tribunal para continuar con el trámite del proceso6.
2.4. Sentencia de primera instancia
31. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 27 de mayo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada7, en los
siguientes términos:
PRIMERO: DECLÁRASE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN de las
pretensiones relativas al reconocimiento de las prestaciones sociales dejadas de
percibir por el demandante, durante el periodo comprendido entre el 1º de marzo y el
30 de diciembre de 2007, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE la NULIDAD del oficio de 6 de abril de 2015 proferido por
Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, mediante el cual negó el
reconocimiento de la relación laboral y las respectivas consecuencias prestacionales
al señor Oscar Eduardo Villa Rodríguez.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que entre el señor Oscar Eduardo Villa
Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 80.435.887 y la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, existió una relación laboral, en la que el
demandante desempeñó las funciones de coordinador zonal de la oficina de registro y
control académico, desde el 1º de marzo de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012
(salvo las interrupciones), de conformidad con los extremos temporales de la relación
señalados en el acápite 10.1 de este proveído.
5 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“28_2500023420002016037220019EXPEDIENTEDIGI20220628083714_T133026325918219063”.
6
Samai, índice 6 (25000234200020160372201).
7 Samai, índice 40 (de primera instancia).
6
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Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
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CUARTO: CONDÉNESE a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, a
pagar al señor Oscar Eduardo Villa Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía
No. 80.435.887, el valor de las prestaciones sociales ordinarias o comunes de carácter
legal devengadas por un empleado de planta que tuviera similar categoría y funciones
a las desempeñadas por él (coordinador zonal), tales como: (i) las cesantías, (ii) los
intereses a las cesantías, (iii) la compensación en dinero de las vacaciones y, (iv) las
primas de carácter legal percibidas por los empleados públicos de la UNAD en las
condiciones referidas; para el efecto, tendrá en cuenta como base de liquidación las
sumas pactadas y pagadas como honorarios en los diferentes contratos, durante los
períodos en los que se demostró la existencia de la relación laboral, esto es, el
comprendido entre el 18 de febrero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012, salvo los
días no cubiertos por los contratos, de conformidad con los extremos temporales de la
relación señalados en el acápite 10.1., dado que frente a esas fechas no operó la
prescripción.
QUINTO: CONDÉNESE a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, a
calcular la diferencia existente entre los aportes a pensión realizados mes a mes por
el señor Oscar Eduardo Villa Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No.
80.435.887, entre el 1.º de marzo de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012, salvo las
interrupciones existentes de acuerdo a los extremos temporales señalados en el
acápite 10.1 de la presente providencia, teniendo en cuenta los honorarios pactados
en cada uno de los contratos, y los que se debieron efectuar en calidad empleador,
debiendo cotizar al respectivo régimen la suma que resultare faltante por concepto de
aportes a pensión, y en el caso en que exista diferencia o no se hubieran efectuado,
deberá asumir el porcentaje correspondiente. Todas estas sumas deben ser
indexadas.
SEXTO: DECLÁRASE que el tiempo laborado por el señor Oscar Eduardo Villa
Rodríguez, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios suscritos con la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, entre el 1º de marzo de 2007 y el 31 de
diciembre de 2012, salvo las interrupciones, se deben computar para efectos
pensionales.
SÉPTIMO: Las sumas resultantes de la condena impuesta a favor de la parte
demandante se actualizarán, aplicando para ello la siguiente fórmula:
R= RH Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R), se determina multiplicando el valor histórico (RH), que
es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de
ejecutoria de esta providencia, entre el índice vigente a la fecha en la cual se causó el
derecho.
OCTAVO: NEGAR las restantes pretensiones de la demanda.
NOVENO: Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195
de la Ley 1437 de 2011.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
DÉCIMO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas.
[…]
32. Como fundamento de su decisión, el Tribunal destacó que la prestación
personal del servicio y la remuneración se encontraban acreditadas con los contratos
de prestación de servicios, sus respectivas liquidaciones y la prueba testimonial. En
esa medida, precisó que la controversia se concentraba en determinar si el
demandante estuvo sometido a subordinación durante la ejecución de los contratos.
33. Frente a dicho elemento, concluyó que las funciones desarrolladas por el actor
como coordinador zonal de la oficina de registro y control académico eran
permanentes y necesarias para el normal funcionamiento de la Universidad, pues
comprendían, entre otras actividades, el manejo de matrículas, calificaciones y bases
de datos, la capacitación de funcionarios y el apoyo a los procesos de registro y control
académico. Agregó que estas labores hacían parte del soporte académico,
administrativo, técnico y logístico requerido para el cumplimiento de la misión
institucional de la UNAD.
34. Asimismo, encontró demostrado que el demandante desarrollaba sus
actividades bajo las órdenes del coordinador nacional de registro y control, quien
determinaba sus horarios y las labores que debía ejecutar. Resaltó, además, que
debía prestar sus servicios en las instalaciones de la entidad, atender los
requerimientos de profesores y funcionarios y utilizar los elementos de trabajo
suministrados por la Universidad. En esas condiciones, concluyó que el actor carecía
de autonomía para determinar el modo y el tiempo de ejecución de las obligaciones
contratadas.
35. Precisó que la inexistencia de un empleo de planta con funciones idénticas a
las desempeñadas por el demandante no desvirtuaba la relación laboral, pues las
labores desarrolladas correspondían al giro ordinario de la oficina de registro y control
académico y estaban directamente relacionadas con el funcionamiento y la misión
institucional de la Universidad. En consecuencia, consideró desvirtuadas la
autonomía, independencia y temporalidad propias de los contratos de prestación de
servicios y declaró la existencia de una relación laboral entre el 1º de marzo de 2007
y el 31 de diciembre de 2012, con las interrupciones acreditadas entre los diferentes
contratos.
36. En cuanto a la prescripción, advirtió que entre la terminación del contrato
ejecutado en 2007 y el inicio del siguiente vínculo transcurrieron 33 días hábiles,
mientras que las restantes interrupciones fueron inferiores a 30 días hábiles. Con
fundamento en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, concluyó que
operó la prescripción respecto de las prestaciones sociales causadas entre el 1º de
marzo y el 30 de diciembre de 2007, pues la reclamación administrativa solo fue
presentada el 26 de marzo de 2015. Por el contrario, consideró oportunamente
reclamados los derechos derivados de la vinculación comprendida entre el 18 de
8
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febrero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. Precisó que la prescripción no operaba
respecto de los aportes pensionales.
37. Como restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales ordinarias o comunes de carácter legal que percibiera un
empleado de planta de similar categoría y funciones a las desempeñadas por el actor
como coordinador zonal, entre ellas las cesantías, los intereses a las cesantías, la
compensación en dinero de las vacaciones y las primas legales. Dispuso que estas
fueran liquidadas con fundamento en los honorarios pactados y pagados en los
contratos ejecutados entre el 18 de febrero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012, con
exclusión de los periodos de interrupción.
38. También ordenó a la UNAD calcular y pagar las diferencias entre los aportes
pensionales efectuados por el demandante y aquellos que correspondía realizar en
calidad de empleador durante el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2007 y
el 31 de diciembre de 2012, con las respectivas interrupciones, y dispuso que dicho
tiempo fuera computado para efectos pensionales.
39. Por otra parte, negó el reconocimiento de horas extras, al considerar que,
aunque la prueba testimonial daba cuenta de que el actor permanecía en la entidad
hasta horas de la noche, no permitía determinar con precisión los días y horas
efectivamente laborados por fuera de la jornada ordinaria ni que dicho trabajo
adicional hubiera sido autorizado.
40. Finalmente, negó la devolución de los aportes efectuados al Sistema General
de Seguridad Social, así como la indemnización por el pago tardío de las prestaciones
y por despido injusto. Frente a esta última, señaló que la declaratoria de la relación
laboral no otorgaba al demandante la condición de empleado público ni un fuero de
estabilidad que impidiera a la entidad terminar los contratos de prestación de servicios.
2.5. Recurso de apelación
41. La UNAD interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y solicitó revocar los numerales segundo a séptimo para, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda, absolverla de las declaraciones y condenas
impuestas y ordenar el archivo del proceso. Subsidiariamente, pidió declarar la
caducidad del medio de control respecto de las sumas reclamadas por concepto de
prestaciones sociales8.
42. Como fundamento principal, sostuvo que el Tribunal valoró equivocadamente
el material probatorio y concluyó que existió una relación laboral pese a que, a su
juicio, el demandante no desvirtuó la naturaleza contractual de la vinculación ni
acreditó de manera cierta el elemento de subordinación. Señaló que los contratos de
prestación de servicios se encontraban amparados por el artículo 32 de la Ley 80 de
1993 y que el Oficio 210-320 del 6 de abril de 2015 gozaba de presunción de legalidad,
8 Samai, índice 43 (de primera instancia).
9
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
por lo que correspondía al actor demostrar los elementos constitutivos de la relación
laboral que alegaba.
43. Explicó que la contratación estuvo justificada en la insuficiencia de personal de
planta para desarrollar las actividades requeridas por la Universidad, circunstancia
que, según afirmó, estaba acreditada mediante las certificaciones expedidas por la
Gerencia de Talento Humano y los respectivos estudios de conveniencia y
oportunidad. Añadió que cada contrato estableció un objeto, plazo de ejecución, valor,
forma de pago y obligaciones determinadas, y que estos fueron suscritos libre y
voluntariamente por el demandante, quien previamente presentó las propuestas que
sirvieron de fundamento para definir las actividades contratadas.
44. Agregó que en los contratos se pactó expresamente la exclusión de una
relación laboral, la obligación del contratista de acreditar y asumir sus aportes al
Sistema de Seguridad Social y la existencia de un supervisor encargado de verificar
el adecuado cumplimiento del objeto contractual. Asimismo, resaltó que el actor
suscribió las correspondientes actas de liquidación, en las que las partes se declararon
a paz y salvo, y que durante el interrogatorio reconoció que celebró voluntariamente
los contratos, presentó las propuestas y ejecutó las obligaciones allí previstas.
45. Frente a la subordinación, cuestionó que el Tribunal hubiera equiparado la
supervisión contractual con el ejercicio del poder subordinante. Precisó que Rafael
Ramírez, coordinador nacional de registro y control académico, únicamente ejerció la
supervisión de los contratos correspondientes a 2009, 2011 y 2012, mientras que los
de 2007, 2008 y 2010 estuvieron a cargo de la Vicerrectoría Académica y de
Investigaciones. Por ello, consideró que no podía concluirse que aquel impartiera
órdenes al demandante durante toda la vinculación. Añadió que no existían registros
de ingreso o salida, llamados de atención, memorandos, solicitudes de permisos u
otros elementos que evidenciaran el ejercicio permanente de facultades de dirección
o disciplina.
46. En el mismo sentido, sostuvo que las solicitudes de información, instrucciones,
informes y demás actuaciones atribuidas a los supervisores correspondían a las
facultades legales de seguimiento y vigilancia de los contratos estatales. Indicó que la
supervisión tenía por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
exigir la información necesaria y elaborar las respectivas actas de liquidación, de modo
que tales actuaciones no demostraban, por sí mismas, una relación de dependencia
laboral.
47. También controvirtió la valoración efectuada sobre el interrogatorio de parte del
demandante. Destacó que este reconoció que las actividades efectivamente
desarrolladas —administrar bases de datos, cargar calificaciones, capacitar
funcionarios, atender los periodos de matrícula y prestar apoyo en las zonas
asignadas— correspondían a aquellas incluidas en los objetos contractuales. Además,
señaló que el propio actor manifestó que la Universidad no ejercía un control sobre su
horario y que la necesidad de prestar algunos servicios en sus instalaciones obedecía
10
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a razones de seguridad de la información manejada en las bases de datos. De igual
forma, explicó que los desplazamientos a otras ciudades hacían parte de las
obligaciones previamente convenidas en los contratos.
48. Respecto del testimonio de Gustavo Adolfo Castro Jiménez, afirmó que no
ofrecía certeza sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que el actor prestó
sus servicios, pues el testigo reconoció que desconocía su horario, el cargo que
desempeñaba y la forma de vinculación, y que sus encuentros con el demandante
fueron ocasionales. Por ello, consideró insuficiente su declaración para acreditar que
aquel cumpliera una jornada impuesta por la entidad o recibiera órdenes sobre la
forma, cantidad y tiempo de ejecución de sus labores.
49. En relación con la declaración de Milton Edwin Gómez Melo, destacó que este
manifestó que Rafael Ramírez coordinaba las actividades del demandante y le
solicitaba información relacionada con estadísticas, matrículas y demás asuntos
propios de registro y control. No obstante, la recurrente reiteró que esas instrucciones
correspondían a las obligaciones previstas en los contratos y evidenciaban una
relación de coordinación con el supervisor, mas no subordinación.
50. De igual forma, agregó que el cumplimiento de actividades en las instalaciones
de la Universidad, la utilización de un escritorio o equipos de cómputo, la atención de
estudiantes y docentes y la necesidad de desarrollar determinadas labores en
momentos específicos eran circunstancias propias de la ejecución coordinada del
objeto contractual y no demostraban necesariamente subordinación.
51. Por otra parte, controvirtió que las funciones desempeñadas por el demandante
fueran suficientes para inferir la existencia de un vínculo laboral por su carácter
permanente. Afirmó que las labores de apoyo y soporte tecnológico desarrolladas en
el área de registro y control académico no correspondían directamente al objeto
misional de la UNAD y podían ser ejecutadas mediante contratos de prestación de
servicios cuando el personal de planta resultara insuficiente.
52. Añadió que no se acreditó la existencia en la planta de personal de un empleo
de coordinador zonal de registro y control académico ni de otro cargo cuyas funciones
fueran equivalentes a las desarrolladas por el actor. Tampoco, según afirmó, se
demostró que empleados de planta realizaran las mismas labores. A su juicio, esta
circunstancia reforzaba la conclusión de que las actividades contratadas respondían
a una necesidad de apoyo que no podía ser atendida suficientemente con la planta
existente y desvirtuaba la similitud funcional considerada por el Tribunal.
53. Con fundamento en lo anterior, insistió en que la prueba documental,
testimonial y el interrogatorio de parte no demostraban de manera cierta y continua el
ejercicio de facultades de dirección, imposición de reglamentos o poder disciplinario
sobre el demandante. Por el contrario, consideró que las pruebas daban cuenta de
una relación de coordinación necesaria para el cumplimiento de los objetos
contractuales y, por tanto, que no se desvirtuó la naturaleza de los contratos de
prestación de servicios celebrados entre las partes.
11
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54. Finalmente, reiteró la excepción de caducidad del medio de control. Reconoció
que los aportes pensionales derivados de una eventual relación laboral son
imprescriptibles y están excluidos de la caducidad, pero consideró que esa regla no
podía extenderse a las prestaciones sociales reclamadas, pues estas no tienen
naturaleza periódica ni vitalicia. En consecuencia, afirmó que, como la demanda fue
presentada después de transcurridos cuatro meses desde la comunicación del Oficio
210-320 del 6 de abril de 2015, debía declararse subsidiariamente la caducidad
respecto de las pretensiones prestacionales.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
55. Mediante auto del 29 de junio de 20239, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada, conforme a lo previsto en el numeral
3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
habida cuenta de que este fue interpuesto con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 2080 de 2021.
56. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio frente al recurso
de apelación.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
57. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
58. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y en razón de la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad
con el artículo 32810 del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala
definir si:
59. ¿Operó la caducidad del medio de control respecto de las pretensiones
9 Samai, índice 4.
10 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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dirigidas al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas por el
demandante?
60. ¿Se acreditó que la prestación de servicios desarrollada por el demandante
para la UNAD, entre el 1º de marzo de 2007 y el 31 de diciembre de 2012, estuvo
sometida a subordinación y, por tanto, que existió una relación laboral encubierta
mediante sucesivos contratos de prestación de servicios?
61. Con ese propósito, la Sala abordará los siguientes aspectos: (i) caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; (ii) la relación laboral
encubierta; (iii) la distinción entre coordinación y subordinación; (iv) la carga de la
prueba y los indicios frente al elemento de subordinación; (v) los hechos probados; y
(vi) el análisis del caso concreto, en el que se resolverán los problemas jurídicos
formulados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
62. La caducidad constituye un fenómeno jurídico de orden público que, en
aplicación del principio de seguridad jurídica, supone la extinción del derecho a ejercer
acciones judiciales orientadas a reclamar derechos individuales y subjetivos, como
resultado del vencimiento del término que la ley establece para su ejercicio. Dicho
presupuesto procesal opera como una sanción y un límite temporal que, una vez
cumplido, impide el análisis de fondo de la controversia planteada en razón del
ejercicio extemporáneo del medio de control respectivo.
63. El literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA establece que en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo las excepciones previstas
en otras disposiciones legales, la demanda deberá ser presentada dentro de los cuatro
meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo cuya nulidad se pretende, según corresponda; de manera que, si el
medio de control se promueve con posterioridad a dicho término, se configura la
caducidad.
64. Ahora bien, en relación con la aplicación de este fenómeno jurídico en
controversias que versan sobre la declaración de la existencia de una relación laboral
encubierta, la Sección Segunda de esta Corporación, mediante sentencia de
unificación CE-SUJ2 No. 5 de 201611, precisó lo siguiente:
En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al
sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción
extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164,
numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y demandados en
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
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cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede
repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con
la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una
relación de trabajo.
[…]
3.5 Síntesis de la Sala. A guisa de corolario de lo que se deja consignado, respecto de
las controversias relacionas con el contrato realidad, en particular en lo que concierne a
la prescripción, han de tenerse en cuenta las siguientes reglas jurisprudenciales:
[…]
iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de
seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y
prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de
control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).
65. De acuerdo con lo anterior, se concluye que, en aquellos asuntos en los que se
pretende el reconocimiento de una relación laboral encubierta, no opera la caducidad
de las pretensiones referentes a los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, en tanto son prerrogativas laborales de naturaleza periódica e
irrenunciable, que inciden directamente en el derecho a obtener una pensión. En tal
sentido, sí resulta procedente aplicar la caducidad respecto de las demás
pretensiones, comoquiera que, una vez terminado el vínculo contractual o la relación
laboral, las acreencias laborales y prestacionales dejaron de tener el carácter de
periódico.
3.3.2. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
66. La jurisprudencia unificada de esta corporación12 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que, aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no se aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.
67. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
68. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
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a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
69. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».
70. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en conjunto
bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación
continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje
formal del contrato de prestación de servicios.
71. Entre los elementos que permiten identificar la existencia de subordinación se
encuentran los siguientes: que el lugar de prestación del servicio corresponda a las
instalaciones de la entidad; la imposición de un horario o turnos; la dirección y el
control materializados en órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo; la
participación en reuniones obligatorias; y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de subordinación que las actividades contratadas
correspondan al objeto misional de la entidad y sean equivalentes a las desarrolladas
por los empleados de planta.
72. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»13.
73. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con
el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»14.
13
Idem.
14 Idem.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
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74. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes
o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados»15.
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales»16.
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados17.
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
75. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del
9 de septiembre de 202118 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos
«no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales
de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y
reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma
subordinada funciones misionales, permanentes y propias del personal de planta,
debe reconocerse la existencia de una relación laboral encubierta.
15 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
16 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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76. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
77. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
78. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
(i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
(ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.
17
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
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(iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la
práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar si
lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».
3.3.3. Distinción entre coordinación y subordinación
79. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Esto no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»19.
80. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202120, que entre el contratante y el contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados21».
81. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación
laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que
desarrollan los empleados de planta.
82. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá
19 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,22 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas
labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».
3.3.4. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación
83. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia ha
expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato
22
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
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de prestación de servicios.
84. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello,
ese interés en la causa conlleva la obligación de «procurar que las pruebas se
practiquen o se aporten»23, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167
del CGP consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee
en consonancia con el artículo 164 ibidem, que regula el principio de necesidad de la
prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso».
85. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.
86. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»24, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del
mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»25.
87. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual
remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la
sana crítica (art. 176 CGP).
88. En consecuencia, estos preceptos enfatizan que el indicio permite inferir, a
través de una deducción lógica, la existencia de un hecho desconocido, siempre que
el hecho base esté debidamente probado y las inferencias sean razonables y
concatenadas con otras pruebas del proceso.
89. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En ese sentido, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la
23 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Edición de 2017, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
24 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Edición de 2017, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a
416.
25 Ibidem.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
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cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.4. Hechos probados relevantes
90. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
91. Entre Óscar Eduardo Villa Rodríguez y la UNAD se celebraron los siguientes
contratos y órdenes de prestación de servicios26:
Orden o Fecha de Fecha de Valor del Objeto
contrato inicio terminación contrato
Orden 1º de 30 de $9.911.866 Prestar servicios para el soporte
242 de marzo de diciembre técnico y de inducción, a través de
2007 2007 de 2007 diferentes medios de
comunicación, a los funcionarios de
registro y control, principalmente en
las zonas de Atlántico, Bogotá y
Cundinamarca, sobre procesos y
procedimientos, documentación y
sistematización de inquietudes y
sugerencias.
Interrupción: 33 días hábiles
Orden 18 de 31 de julio $10.660.650 Brindar soporte técnico y de
156 de febrero de de 2008 inducción a los funcionarios de
2008 2008 registro y control, principalmente en
las zonas de Atlántico, Bogotá y
Cundinamarca, sobre
procedimientos, procesos,
documentación y sistematización
de inquietudes y sugerencias.
Interrupción: 0 días hábiles
Orden 1º de 30 de $7.614.750 Brindar soporte técnico y de
739 de agosto de diciembre inducción a los funcionarios de
2008 2008 de 2008 registro y control, principalmente en
las zonas Caribe, Bogotá,
Cundinamarca, Tolima y Boyacá,
sobre procedimientos, procesos,
documentación y sistematización
de inquietudes y sugerencias.
Interrupción: 12 días hábiles
Orden 20 de 30 de $19.681.200 Brindar soporte técnico y de
215 de enero de diciembre inducción a los funcionarios de
2009 2009 de 2009* registro y control, principalmente en
las zonas de Atlántico y Bogotá-
Cundinamarca, sobre
procedimientos, procesos,
26
Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 18 a 20.
21
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
documentación y sistematización
de inquietudes y sugerencias.
Interrupción: 15 días hábiles
Orden 25 de 30 de $20.468.448 Dar soporte profesional, a través de
262 de enero de diciembre diferentes medios de
2010 2010 de 2010 comunicación, a los funcionarios de
registro y control, principalmente en
las zonas Caribe y Centro Bogotá,
sobre procedimientos, procesos,
documentación y sistematización
de inquietudes y sugerencias.
Interrupción: 6 días hábiles
Orden 11 de 30 de $20.695.875 Apoyar la administración de bases
249 de enero de diciembre de datos del área de registro y
2011 2011 de 2011 control y realizar el control de
cartera en la zona Centro Bogotá.
Interrupción: 4 días hábiles
Orden 6 de enero 30 de junio $11.069.340 Colaborar con los procedimientos
001 de de 2012 de 2012 de control de cartera de los
2012 estudiantes de las zonas asignadas
—Centro Bogotá— y solucionar
inconvenientes presentados en el
proceso de matrícula.
Interrupción: 4 días hábiles
Orden 9 de julio 31 de $11.069.340 Dar soporte profesional sobre
549 de de 2012 diciembre procedimientos y procesos a los
2012 de 2012 funcionarios de registro y control,
principalmente en la zona Centro
Bogotá, mediante los diferentes
medios de comunicación.
Fin de la relación contractual
Tabla 1: Relación de los contratos de prestación de servicios celebrados entre el demandante y la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-
92. La vicerrectora académica y de investigación de la UNAD, en calidad de
interventora, certificó que Óscar Eduardo Villa Rodríguez cumplió a satisfacción el
objeto de la Orden de Prestación de Servicios 242 de 2007 y autorizó pagos por
$941.000 mensuales, correspondientes, entre otros, a los meses de abril, julio y
octubre de 2007. Asimismo, respecto de la Orden 739 de 2008, certificó el
cumplimiento satisfactorio del objeto contractual y autorizó pagos mensuales por
$1.522.950, correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 200827.
93. Oscar Eduardo Villa Rodríguez, el 29 de agosto de 2008, presentó al
coordinador nacional de registro y control de la UNAD un informe de actividades en el
que reportó la recepción y publicación en el sistema de 6.230 registros de
calificaciones, remitidos por distintos CEAD y directores de curso. Asimismo, informó
27
Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 30 a 35.
22
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
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que durante ese mes realizó actividades relacionadas con la activación de cursos, la
legalización de homologaciones, la solución de novedades académicas y la atención
de solicitudes de estudiantes y funcionarios de los CEAD, entre ellas, 420 correos
electrónicos. El documento fue suscrito por el demandante bajo la denominación
«funcionario registro y control»28.
94. El 8 de febrero de 2012, el coordinador nacional de registro y control de la
UNAD solicitó al jefe de la Oficina de Talento Humano que autorizara el
desplazamiento de Óscar Eduardo Villa Rodríguez para apoyar el proceso de
matrículas en uno de los CEAD, ante el retiro de funcionarios de la unidad de Registro
y Control Académico. En la misma comunicación pidió la elaboración del
correspondiente otrosí contractual29.
95. Asimismo, la directora de la zona centro Boyacá de la UNAD certificó que el
demandante permaneció en el nodo zona centro Boyacá los días 2, 3 y 4 de febrero
de 2012, donde realizó actividades de capacitación al personal de registro y control
académico30.
96. En agosto de 2012, Óscar Eduardo Villa Rodríguez participó en una visita de
verificación del archivo documental y de la información registrada en el sistema
EDUNAT, adelantada por la Coordinación Nacional de Registro y Control Académico
de la UNAD. En el informe respectivo fue identificado como «contratista de registro y
control académico» e integrante del equipo encargado de la actividad. La visita tuvo
por objeto verificar la documentación registrada en el aplicativo EDUNAT y
confrontarla con las carpetas físicas de los estudiantes beneficiarios de la Ordenanza
214 de 2007 de la Gobernación de La Guajira, para lo cual se revisaron los archivos
documentales y la información contenida en las bases de datos. El documento señala,
además, que al demandante le correspondió la verificación de las respectivas carpetas
y aparece suscrito por él en esa calidad31.
97. El 28 de diciembre de 2012, con ocasión de la terminación de su vinculación,
Óscar Eduardo Villa Rodríguez suscribió con la UNAD un acta de entrega
correspondiente a la unidad de Registro y Control Académico, sede José Celestino
Mutis, en la que fue identificado como contratista. En dicho documento dejó constancia
de la entrega de elementos institucionales que tenía a su cargo, entre ellos una
cámara digital, copias de seguridad de los equipos de Registro y Control, una silla y
un escritorio, así como de documentación e información relacionada con convenios y
estudiantes. Asimismo, efectuó la entrega y explicación de diversos procedimientos
que venía desarrollando, entre ellos los relacionados con recaudos, autoevaluación
docente, cargue de calificaciones, creación de periodos y materias, activación de
28 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 42 a 43.
29 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 45.
30 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 46.
31
Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 36 a 38.
23
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
matrículas, diplomados, convenios, atención de PQR, devolución de derechos
pecuniarios, pruebas ECAES, promedios académicos y consultas en bases de datos.
El acta fue recibida por Luis Alfonso Páez Mayoral, funcionario de Registro y Control
Académico32.
98. Óscar Eduardo Villa Rodríguez solicitó, el 26 de marzo de 2015, a la UNAD el
reconocimiento y pago de las acreencias que, a su juicio, se derivaban de la relación
laboral encubierta mediante los contratos de prestación de servicios celebrados entre
2007 y 2012. En sustento de su petición afirmó que desarrolló actividades de soporte
técnico y apoyo a Registro y Control, cumplió horario, recibió instrucciones del
coordinador nacional de esa dependencia, efectuó desplazamientos a otras ciudades
y utilizó elementos suministrados por la Universidad. Asimismo, reclamó el pago de
cesantías, prima de servicios, vacaciones, intereses a las cesantías, horas extras,
aportes a salud y pensión e indemnizaciones, además de salarios y prestaciones
correspondientes a 2013, al considerar que el vínculo debía entenderse renovado por
falta de preaviso33.
99. Mediante Oficio 210-320 del 6 de abril de 2015, el secretario general de la
UNAD negó la reclamación presentada por Óscar Eduardo Villa Rodríguez. La entidad
reconoció que entre las partes existió una vinculación mediante contratos de
prestación de servicios, pero sostuvo que esta se celebró conforme a la normativa de
contratación estatal y a sus estatutos internos, por el tiempo estrictamente necesario,
sin que generara una relación laboral ni el derecho al reconocimiento de prestaciones
sociales. Añadió que el demandante no fue vinculado mediante acto administrativo ni
desempeñó labores que permitieran considerarlo trabajador oficial o empleado
público34.
3.5. Caso concreto
100. En el asunto bajo análisis, el demandante solicitó que se declarara la existencia
de una relación laboral encubierta con la UNAD, derivada de la celebración sucesiva
de contratos de prestación de servicios entre el 1º de marzo de 2007 y el 31 de
diciembre de 2012, para desarrollar actividades relacionadas con el área de registro y
control académico. Sostuvo que prestó sus servicios de manera personal, remunerada
y bajo subordinación, pese a que su vinculación se formalizó mediante contratos de
prestación de servicios.
101. El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar acreditados
los elementos de la relación laboral durante los periodos cubiertos por los contratos
celebrados entre las partes. En particular, concluyó que las actividades desarrolladas
por el demandante eran permanentes y necesarias para el funcionamiento del área
de registro y control académico y que las condiciones en que fueron ejecutadas, entre
32 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 47 a 53.
33 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 55 a 60.
34
Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 61.
24
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
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ellas el cumplimiento de horarios, la recepción de instrucciones, la prestación del
servicio en las instalaciones de la universidad y la utilización de elementos
suministrados por esta, demostraban la existencia de subordinación. Asimismo,
declaró prescritas las prestaciones sociales correspondientes al vínculo contractual de
2007 y reconoció las causadas entre el 18 de febrero de 2008 y el 31 de diciembre de
2012, además de ordenar el pago de las diferencias en los aportes pensionales
correspondientes al periodo comprendido entre 2007 y 2012.
102. La UNAD cuestionó esa decisión, al sostener, de una parte, que operó la
caducidad del medio de control respecto de las pretensiones dirigidas al
reconocimiento de prestaciones sociales, pues la imprescriptibilidad y exclusión de la
caducidad predicables de los aportes pensionales no podían extenderse a aquellas
acreencias. De otra, afirmó que no se acreditó el elemento de subordinación, pues las
instrucciones impartidas al demandante y la supervisión de sus actividades
correspondían a la coordinación necesaria para la ejecución de los contratos. Agregó
que no existía prueba de la imposición de un horario ni del ejercicio de potestades
disciplinarias, que las labores contratadas respondieron a la insuficiencia de personal
de planta y que no se demostró la existencia de un empleo de planta con funciones
equivalentes a las desarrolladas por el actor.
103. En ese contexto, la Sala adoptará la siguiente metodología: primero,
determinará si operó la caducidad del medio de control respecto de las pretensiones
dirigidas al reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Para ello, precisará el
alcance de lo resuelto por esta corporación en el auto del 28 de enero de 2021,
mediante el cual se revocó la decisión que inicialmente había declarado probada dicha
excepción. Luego, con independencia de la conclusión a la que se llegue sobre ese
punto, y dado que la pretensión relacionada con los aportes al sistema pensional no
se encuentra afectada por la caducidad, valorará las pruebas relevantes para
establecer si las condiciones en que el demandante prestó sus servicios para la UNAD
desbordaron la coordinación propia de los contratos de prestación de servicios y
demostraron la existencia de subordinación y, por consiguiente, de una relación
laboral encubierta.
3.5.1. Caducidad del presente medio de control
104. Sobre este aspecto, es conveniente agregar que la caducidad ya fue objeto de
discusión durante el trámite de primera instancia. En efecto, en la audiencia inicial del
29 de agosto de 2017, el Tribunal declaró parcialmente probada la excepción
propuesta por la UNAD, al establecer que el Oficio 210-320 del 6 de abril de 2015
había sido recibido por la apoderada del demandante el 7 de abril siguiente y que la
demanda solo fue presentada el 18 de diciembre de ese año, una vez vencido el
término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del CPACA. No obstante, exceptuó
de esa decisión las pretensiones relacionadas con los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones.
105. Esta decisión fue apelada por la parte demandante y revocada por esta
25
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
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Subsección, mediante auto del 28 de enero de 2021, tras considerar que, al
encontrarse involucrada una reclamación relacionada con aportes al sistema de
seguridad social, resultaba necesario continuar el trámite del proceso y establecer
previamente si entre las partes había existido una relación laboral. Sin embargo,
precisó expresamente que, independientemente de que se configurara o no la
caducidad respecto de las acreencias salariales y prestaciones sociales, ese aspecto
debía ser objeto de pronunciamiento en la sentencia, pues el estudio de la procedencia
de los aportes exigía determinar previamente la existencia del vínculo laboral alegado.
106. Pese a lo anterior, en la sentencia apelada el tribunal no resolvió nuevamente
la caducidad de las pretensiones salariales y prestacionales. Se limitó a reseñar que
el auto del 28 de enero de 2021 había revocado la decisión adoptada en la audiencia
inicial y, luego de declarar la existencia de la relación laboral, examinó directamente
la prescripción de las acreencias reclamadas, sin pronunciarse respecto a la
caducidad.
107. En el recurso de apelación, la UNAD insiste en que la demanda fue presentada
después de los cuatro meses siguientes a la comunicación del Oficio 210-320 del 6
de abril de 2015. Reconoce que las reclamaciones relacionadas con aportes
pensionales derivados del contrato realidad, por su carácter imprescriptible y
periódico, están exceptuadas de la caducidad, pero sostiene que dicha excepción no
comprende las prestaciones sociales, cuya reclamación se encuentra sometida al
término previsto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
108. En este punto, se recuerda que la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16
del 25 de agosto de 201635 precisó que las reclamaciones de aportes pensionales
adeudados al sistema integral de seguridad social derivados de una relación laboral
encubierta, por su carácter imprescriptible y periódico, se encuentran exceptuadas de
la caducidad del medio de control. Esa excepción, sin embargo, no se extiende a las
demás pretensiones salariales y prestacionales derivadas del contrato realidad,
respecto de las cuales resulta aplicable el término de caducidad previsto en el artículo
164 del CPACA.
109. En el presente asunto, el Oficio 210-320 del 6 de abril de 2015, mediante el cual
la UNAD negó el reconocimiento de la relación laboral y de las acreencias reclamadas,
fue recibido por la apoderada del demandante el 7 de abril de 2015 36. En
consecuencia, el término de cuatro meses comenzó a correr el 8 de abril siguiente y
venció el 8 de agosto de ese mismo año. Como la demanda fue presentada el 18 de
diciembre de 201537, se concluye que el medio de control fue ejercido por fuera de la
oportunidad legal respecto de las pretensiones salariales y prestacionales.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
36 Sami, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 61.
37 Sami, índice 2, expediente digital, archivo
“11_250002342000201603722002EXPEDIENTEDIGI20220628083706_T133026326289364057”, pp. 62 -acta
individual de reparto-.
26
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
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110. Por tanto, prospera el cargo de apelación en este aspecto y deberá declararse
la caducidad respecto de las pretensiones sobre acreencias salariales y
prestacionales derivadas de la relación laboral alegada. No ocurre lo mismo con la
reclamación relativa a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, respecto de la cual no opera dicho fenómeno y cuyo estudio exige
determinar si entre las partes existió la relación laboral invocada.
3.5.2. Sobre la existencia de la relación laboral encubierta
111. Como viene exponiéndose, el demandante celebró con la UNAD ocho contratos
de prestación de servicios entre 2007 y 2012, cuyo objeto estuvo dirigido, en términos
generales, a brindar apoyo técnico y profesional al área de registro y control
académico, mediante actividades de soporte e inducción a sus funcionarios, gestión
de procedimientos y documentación, administración de bases de datos, control de
cartera y atención de asuntos relacionados con los procesos de matrícula.
112. Además de las pruebas documentales relacionadas en el acápite de hechos
probados relevantes, obran en el plenario la declaración de parte del demandante y
los testimonios de Gustavo Castro Jiménez y Milton Edwin Gómez Melo, recibidos en
la audiencia de pruebas celebrada por el a quo el 1° de marzo de 202238.
113. (i) Óscar Eduardo Villa Rodríguez39 manifestó que suscribió libremente los
contratos de prestación de servicios con la UNAD, previa presentación de las
respectivas propuestas, y que en aquellos se establecían las actividades que debía
desarrollar. Señaló que cumplió personalmente las obligaciones pactadas y que de su
ejecución se dejó constancia para autorizar los pagos correspondientes. Asimismo,
reconoció que suscribió las actas de liquidación, en las que declaró a la universidad a
paz y salvo por concepto de la prestación de servicios, y que asumió directamente el
pago de los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales. Indicó, además, que los
contratos contaban con un supervisor encargado de verificar su cumplimiento y de
autorizar los pagos mensuales.
114. Respecto de la forma en que ejecutó sus actividades, explicó que se
encargaba, entre otras labores, de administrar las bases de datos de la universidad,
cargar y corregir calificaciones, capacitar a funcionarios, atender los procesos de
matrícula y desempeñarse como coordinador zonal de registro y control para las zonas
Caribe y Centro Bogotá. Afirmó que recibía instrucciones del coordinador nacional de
registro y control, Rafael Antonio Ramírez, a quien identificó como su jefe inmediato,
pues le indicaba las fechas de matrícula, le solicitaba informes estadísticos para
Rectoría y le impartía instrucciones relacionadas con capacitaciones, cargue y
verificación de calificaciones. También sostuvo que su vinculación se desarrolló de
manera continua, pues al finalizar cada año retomaba sus actividades al inicio del
siguiente, y afirmó que durante ese tiempo no disfrutó de vacaciones ni descansos
38 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“35_2500023420002016037220026EXPEDIENTEDIGI20220628083732_T133026325760872942”.
39 Audiencia descargada del sistema de audiencias de la rama judicial.
27
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
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Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
autorizados.
115. (ii) Gustavo Castro Jiménez40 indicó que conocía al demandante desde hacía
aproximadamente veinte años atrás y que coincidió con él en la UNAD, primero como
estudiante y posteriormente mientras el testigo se desempeñaba como docente de la
institución. Señaló que no conocía con precisión la modalidad ni el contenido de los
contratos celebrados por Óscar Eduardo Villa Rodríguez, aunque le constaba que este
prestaba sus servicios en el área de registro y control, tanto en la sede José Acevedo
y Gómez como en la José Celestino Mutis. Indicó que allí atendía requerimientos
relacionados con estudiantes, entre ellos consultas sobre calificaciones e información
académica, y que tenía asignado un escritorio y utilizaba computadores de la
universidad, además de un equipo personal.
116. En relación con la forma de ejecución de las actividades, afirmó que el
demandante recibía instrucciones del director nacional de registro y control, pues
presenció ocasiones en las que este le ordenaba suministrar información o datos
requeridos. También refirió que lo observó desarrollar sus actividades en las
instalaciones de la UNAD en horas de la tarde y, en varias oportunidades, permanecer
en la oficina de Registro y Control hasta aproximadamente las 10:00 p.m. No obstante,
aclaró que desconocía cuál era el horario asignado al demandante, si existía algún
mecanismo para controlar su cumplimiento y si las ocasiones en que lo encontraba a
esa hora correspondían efectivamente a la ejecución de sus obligaciones
contractuales, dado que aquel también era estudiante de ingeniería de sistemas en la
Universidad.
117. Finalmente, señaló que tuvo conocimiento de desplazamientos del demandante
a Girardot y a la costa para atender asuntos relacionados con registro y control,
aunque aclaró que desconocía las condiciones en que estos se dispusieron.
Asimismo, manifestó que no conocía la planta de personal de la UNAD ni podía
establecer si existía un empleo con las mismas funciones desarrolladas por aquel.
Sobre la remuneración, indicó que los pagos en la universidad se efectuaban
mensualmente.
118. (iii) Milton Edwin Gómez Melo41 declaró que conoció al demandante durante
aproximadamente quince años y que trabajó con él en la UNAD entre 2007 y 2012,
particularmente en la oficina de registro y control. Indicó que Óscar Eduardo Villa
Rodríguez se desempeñaba como coordinador zonal para las zonas Cundinamarca-
Bogotá y Centro Caribe y desarrollaba actividades relacionadas con estadísticas,
matrículas, aplazamientos y cancelaciones, eliminación de cursos, cargue de
calificaciones, administración de la base de datos de Registro y Control, capacitación
a docentes y funcionarios y auditorías en centros regionales. Agregó que tenía amplio
conocimiento de los procesos de esa dependencia y que atendía requerimientos
formulados por el coordinador nacional de registro y control, Rafael Antonio Ramírez.
40
Audiencia descargada del sistema de audiencias de la rama judicial.
41 Audiencia descargada del sistema de audiencias de la rama judicial.
28
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
119. Sobre la forma de ejecución de esas actividades, señaló que Rafael Antonio
Ramírez coordinaba directamente el trabajo del demandante y le impartía
instrucciones personalmente, por teléfono, correo electrónico o comunicaciones
escritas, entre ellas la elaboración de estadísticas e informes para la Rectoría. Refirió
que ambos compartían el mismo espacio de trabajo y que el demandante permanecía
habitualmente en la oficina desde las 7:00 a.m. hasta después de las 5:00 p.m. y, en
ocasiones, hasta las 8:00 o 9:00 p.m., además de desarrollar actividades algunos
sábados y domingos. Aclaró que desconocía si existía un sistema biométrico de
control de asistencia aplicable a los contratistas, pero afirmó que el coordinador le
exigía verbalmente permanecer en la oficina hasta terminar las labores asignadas.
120. Por último, afirmó que el demandante efectuaba desplazamientos a otros
centros de la universidad, incluso fuera de Bogotá, para desarrollar actividades de
registro y control, entre ellas auditorías, y explicó que estos requerían el visto bueno
del coordinador de la dependencia y la correspondiente autorización institucional.
Señaló, además, que el actor tenía un espacio de trabajo en la sede nacional, con
escritorio y computador suministrados por la UNAD, aunque también utilizaba un
equipo portátil personal. Además, manifestó que los pagos se realizaban
mensualmente, previa presentación de un informe de actividades y del soporte de los
aportes a salud y pensión efectuados por el contratista, y con el visto bueno de Rafael
Antonio Ramírez. No obstante, precisó que desconocía el valor de los honorarios y si
el demandante estuvo vinculado simultáneamente con otra entidad.
121. En cuanto al testimonio de Gustavo Adolfo Castro Jiménez, la Sala observa que
su declaración resulta pertinente para establecer algunas de las condiciones en las
que el demandante desarrollaba sus actividades en la UNAD, pues manifestó
conocerlo desde hacía aproximadamente veinte años, inicialmente porque ambos
fueron estudiantes de esa universidad y, posteriormente, porque coincidieron en las
sedes José Acevedo y Gómez y José Celestino Mutis mientras el actor prestaba sus
servicios en el área de registro y control y el testigo se desempeñaba como docente.
122. No obstante, el alcance de su declaración debe circunscribirse a los hechos
que conoció directamente. En efecto, el testigo manifestó desconocer la modalidad y
el contenido de los contratos celebrados por el demandante, las funciones exactas
que le correspondían, el horario que debía cumplir y la existencia de mecanismos para
controlar su jornada, así como la planta de personal de la universidad y las condiciones
en que se dispusieron sus desplazamientos. Por tanto, sus manifestaciones serán
valoradas principalmente respecto de las circunstancias que afirmó haber observado
personalmente, entre ellas la presencia del actor en las instalaciones de la UNAD, las
actividades que desarrollaba en la oficina de registro y control y algunas instrucciones
que presenció por parte del responsable de esa dependencia.
123. Distinta es la situación de Milton Edwin Gómez Melo, cuyo testimonio resulta
particularmente pertinente para establecer las condiciones en las que se ejecutaron
los contratos, toda vez que trabajó con el demandante en la UNAD entre 2007 y 2012
y compartió con él actividades en la oficina de registro y control. En esa medida, tuvo
conocimiento directo de las funciones que desarrollaba, el lugar donde prestaba sus
29
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
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servicios, las instrucciones impartidas por el coordinador nacional de registro y control,
su permanencia en las instalaciones de la universidad, los desplazamientos realizados
y el procedimiento seguido para la presentación de informes y autorización de los
pagos. Con todo, aquellas afirmaciones que no provengan de su percepción directa o
que correspondan a apreciaciones sobre procedimientos generales de la entidad
serán contrastadas con los demás elementos de prueba.
124. En ese estado de cosas, la declaración de parte del demandante y los
testimonios de Gustavo Adolfo Castro Jiménez y Milton Edwin Gómez Melo serán
apreciados conjuntamente con las pruebas documentales obrantes en el expediente,
conforme a las reglas de la sana crítica previstas en el artículo 17642 del CGP.
3.5.3. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral encubierta
125. En primer lugar, se destaca que, conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta providencia, para que proceda la declaratoria de la existencia
de una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar la concurrencia
de los tres elementos previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo: (i)
la prestación personal del servicio, (ii) la subordinación continuada y (iii) la
remuneración como contraprestación directa del servicio.
3.5.3.1. Prestación personal del servicio
126. De acuerdo con la certificación expedida por el coordinador jurídico de
contratación de la Secretaría General de la UNAD, las certificaciones de cumplimiento
y los informes de actividades obrantes en el expediente, se encuentra acreditado que
el demandante ejecutó personalmente las labores contratadas por la UNAD en el área
de registro y control académico entre 2007 y 2012.
127. En desarrollo de esas actividades, realizó labores relacionadas con soporte
técnico, administración de bases de datos, cargue y corrección de calificaciones,
procesos de matrícula, control de cartera, capacitación a funcionarios y apoyo a los
procedimientos propios de dicha dependencia, aspectos que también fueron
corroborados por las declaraciones recibidas en el proceso.
128. En consecuencia, la Sala encuentra acreditado el elemento de prestación
personal del servicio.
3.5.3.2. Remuneración
129. Cada una de las órdenes de prestación de servicios celebradas con el
demandante tenía asignado un valor como contraprestación por las actividades
contratadas. Asimismo, las certificaciones de cumplimiento allegadas al proceso dan
42 Artículo 176. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez
expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
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cuenta de que los pagos se efectuaban periódicamente previa verificación de la
ejecución de las obligaciones. Así las cosas, se encuentra acreditado el elemento de
remuneración.
3.5.3.3. Continua subordinación o dependencia
130. Sobre el particular, se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de
una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.
131. Por otra parte, se advierte que la contratación por prestación de servicios con
personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.
132. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta regla admite
prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado una serie de
elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la existencia de una
relación laboral subordinada encubierta.
133. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso43.
134. Bajo ese marco, corresponde establecer si las pruebas aportadas al proceso
contienen indicios que, valorados en conjunto, permitan acreditar la subordinación a
partir de las condiciones en las que el demandante ejecutó sus actividades en la
UNAD.
135. En cuanto al lugar de prestación del servicio, las pruebas documentales y
testimoniales permiten establecer que el demandante desarrollaba habitualmente sus
actividades en las instalaciones de la UNAD, particularmente en las dependencias de
la oficina de registro y control académico. En efecto, el acta de entrega del cargo
suscrita al finalizar su vinculación con la universidad en 2012 da cuenta de que tenía
a su cargo, en la sede José Celestino Mutis, elementos institucionales como escritorio,
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2025, radicado: 63001-
23-33-000-2021-00181-01 (4467-2023).
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
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silla, cámara digital, copias de seguridad y documentación de esa dependencia. A su
vez, Gustavo Adolfo Castro Jiménez manifestó haberlo visto desempeñar sus labores
en las sedes José Acevedo y Gómez y José Celestino Mutis, mientras que Milton
Edwin Gómez Melo señaló que contaba con un espacio de trabajo en la sede nacional
y compartía oficina con el coordinador nacional de Registro y Control.
136. Asimismo, se acreditó que la ejecución de sus actividades implicó
desplazamientos a otras sedes y centros regionales de la universidad. En febrero de
2012 realizó actividades de capacitación en la zona Centro Boyacá y en agosto del
mismo año, participó en una visita de verificación documental en La Guajira. También
obra una comunicación mediante la cual el coordinador nacional de registro y control
solicitó a la Oficina de Talento Humano autorización para que el demandante se
desplazara a un CEAD con el propósito de apoyar el proceso de matrículas,
circunstancia que coincide con lo relatado por Milton Edwin Gómez Melo acerca de
que esos desplazamientos respondían a requerimientos de la dependencia y estaban
precedidos por la correspondiente gestión institucional.
137. Bajo esas consideraciones, aunque las actividades no se ejecutaron
exclusivamente en una única sede, el lugar de su prestación estaba determinado por
las funciones propias de la oficina de registro y control y por las necesidades de la
universidad, bien fuera en las dependencias en las que habitualmente desarrollaba
sus labores o en los centros a los que debía desplazarse para atender actividades de
capacitación, apoyo o verificación. Por tanto, no se advierte que el demandante
escogiera autónomamente el lugar en el que ejecutaba los servicios contratados.
138. Esa conclusión no se desvirtúa por el argumento de la apelante según el cual
la presencia del demandante en las instalaciones de la UNAD y sus desplazamientos
a otras ciudades obedecían al objeto contractual. Si bien este comprendía el apoyo a
distintas zonas, las pruebas muestran que la definición de los lugares en los que debía
prestar el servicio y la realización de los desplazamientos estaban vinculadas a
necesidades concretas de la dependencia y eran gestionadas institucionalmente,
como ocurrió con la autorización solicitada por el coordinador nacional de registro y
control ante la Oficina de Talento Humano.
139. De otro lado, en relación con el horario de trabajo, Milton Edwin Gómez Melo
manifestó que el demandante permanecía habitualmente en las instalaciones de la
UNAD desde las 7:00 a.m. hasta después de las 5:00 p.m. y, en ocasiones, hasta las
8:00 o 9:00 p.m., además de atender actividades algunos fines de semana. Añadió
que el coordinador nacional de registro y control le indicaba que debía permanecer en
la oficina hasta culminar las labores asignadas.
140. Lo anterior fue corroborado parcialmente por Gustavo Adolfo Castro Jiménez,
quien afirmó haber visto al demandante desarrollar sus actividades en las oficinas de
registro y control durante las tardes y, en varias oportunidades, permanecer allí hasta
aproximadamente las 10:00 p.m. En consecuencia, las declaraciones permiten
establecer que la ejecución temporal de las actividades estaba condicionada por las
necesidades de la dependencia y por los requerimientos impartidos por el coordinador
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nacional de Registro y Control.
141. En esa medida, las condiciones espaciales y temporales en las que se
ejecutaron las actividades constituyen un indicio relevante de subordinación, pues
muestran que el demandante desarrollaba habitualmente sus labores en las
dependencias de registro y control, debía desplazarse a otras sedes o centros
regionales cuando las necesidades de la UNAD así lo requerían y permanecía en la
oficina durante el tiempo que fuera necesario para atender las actividades asignadas.
Tales circunstancias, en contexto, son indicativas del ejercicio del ius variandi44 propio
de las relaciones laborales subordinadas45.
142. Corresponde ahora establecer si la intervención de la UNAD en la ejecución de
los contratos se limitó a la coordinación propia de esta modalidad contractual o si, por
el contrario, implicó el ejercicio efectivo de facultades de dirección y control sobre las
actividades desarrolladas por el demandante.
143. Para efectuar ese análisis, se precisa que, aunque no obra en el expediente el
texto íntegro de las órdenes ni de los contratos de prestación de servicios celebrados
entre las partes, ello no impide establecer las condiciones en las que se ejecutó la
prestación del servicio. Recuérdese que en los procesos en los que se discute la
existencia de una relación laboral encubierta no existe tarifa legal probatoria, por lo
que corresponde valorar conjuntamente los elementos recaudados para determinar si,
más allá de la forma contractual adoptada, las actividades se desarrollaron bajo
subordinación. En el presente asunto, la certificación expedida por la UNAD permite
identificar el objeto de las órdenes de prestación de servicios, mientras que los
informes de actividades, las certificaciones de cumplimiento y las declaraciones
recibidas en el proceso dan cuenta de la forma concreta en que aquellas fueron
ejecutadas46.
144. Así pues, se tiene acreditado que, entre 2007 y 2010, las órdenes de prestación
de servicios estuvieron orientadas al apoyo técnico y profesional de la oficina de
registro y control académico, especialmente en lo relacionado con sus procedimientos
y procesos, la documentación y sistematización de información y el acompañamiento
a funcionarios de distintas zonas del país. En 2011 y 2012, las actividades contratadas
comprendieron, además, la administración de bases de datos, el control de cartera, la
solución de novedades en los procesos de matrícula y el soporte profesional a los
funcionarios de esa dependencia.
145. La forma concreta en que se desarrollaron esas actividades también se
encuentra documentada. En el informe del 29 de agosto de 2008, el demandante
44 El ius variandi consiste en la facultad que tiene el empleador de alterar las condiciones de trabajo en cuanto a
modo, lugar, cantidad y tiempo de labor, en virtud del poder subordinante que tiene sobre sus trabajadores.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de octubre de 2025, radicado: 66001-23-
33-000-2014-00140-02 (3910-2024); Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2026, radicado: 25000-23-42-
000-2017-06067-02 (2913-2023); Subsección B, sentencia del 25 de junio de 2026, radicado: 05001-23-33-000-
2021-01763-01 (0636-2026); Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2026, radicado: 25000-23-42-000-2016-
02082-02 (3638-2024).
46
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, radicado: 05001-23-33-
000-2016-00993-01 (0332-2021).
33
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
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Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
reportó al coordinador nacional de registro y control labores relacionadas con la
recepción y publicación de calificaciones, activación de cursos, legalización de
homologaciones, solución de novedades académicas y atención de solicitudes
formuladas por estudiantes y funcionarios de los CEAD. En esa oportunidad informó,
entre otros aspectos, la recepción y publicación de 6.230 registros de calificaciones y
la atención de 420 correos electrónicos durante el respectivo mes.
146. De igual forma, el informe elaborado con ocasión de la visita institucional
realizada en agosto de 2012 evidencia que el actor integró el equipo de la
Coordinación Nacional de Registro y Control Académico encargado de verificar la
información registrada en el sistema EDUNAT y confrontarla con las carpetas físicas
de los estudiantes beneficiarios de la Ordenanza 214 de 2007 de la Gobernación de
La Guajira. En ese documento fue identificado como «contratista de registro y control
académico» y se dejó expresamente a su cargo la verificación de las respectivas
carpetas, actividad que comprendía la revisión de la documentación y su
correspondencia con la información contenida en las bases de datos institucionales.
147. A ello se suma el acta de entrega suscrita al finalizar su vinculación con la
UNAD en 2012, en la que se dejó constancia de que tenía a su cargo información,
documentación y procedimientos relacionados, entre otros asuntos, con recaudos,
cargue de calificaciones, creación de periodos y materias, activación de matrículas,
diplomados, convenios, atención de PQR, devolución de derechos pecuniarios,
pruebas ECAES, promedios académicos y consultas en bases de datos.
148. Estos elementos guardan correspondencia con las declaraciones recibidas en
el proceso. Milton Edwin Gómez Melo relató que el demandante elaboraba
estadísticas, realizaba matrículas, aplazamientos y cancelaciones, cargaba
calificaciones, administraba las bases de datos de registro y control, capacitaba a
funcionarios y docentes y participaba en auditorías en centros regionales. Por su
parte, Gustavo Adolfo Castro Jiménez corroboró que el actor desarrollaba sus
actividades en esa dependencia y atendía requerimientos relacionados con
información académica de los estudiantes, especialmente sobre calificaciones,
aunque precisó que no conocía con exactitud la totalidad de las funciones que tenía
asignadas. Estas manifestaciones coinciden, además, con lo expuesto por el propio
demandante acerca de las labores que desempeñaba.
149. La naturaleza de esas actividades permite advertir que no se trataba de labores
ajenas al funcionamiento ordinario de la universidad, sino de tareas directamente
vinculadas con la gestión académica de sus estudiantes. En efecto, el Reglamento
General Estudiantil adoptado mediante el Acuerdo 008 del 26 de octubre de 2006,
vigente durante el periodo objeto de controversia, regulaba la programación
académica, los procesos de matrícula y los trámites de homologación y nivelación,
entre otros aspectos propios de la relación académica entre la institución y sus
estudiantes. A su vez, la programación académica de la UNAD atribuía a la
dependencia de registro y control académico actuaciones relacionadas con la gestión
de la información de esa naturaleza. De este modo, las funciones desarrolladas por el
demandante se insertaban en los procesos institucionales necesarios para la
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prestación del servicio educativo47.
150. Ahora bien, las pruebas muestran que el demandante no ejecutaba esas
actividades con plena autonomía. El informe de 2008 evidencia que debía dar cuenta
de su gestión al coordinador nacional de registro y control. A su vez, las certificaciones
correspondientes a las órdenes 242 de 2007 y 739 de 2008 indican que el pago
mensual estaba sujeto a la verificación del cumplimiento satisfactorio del objeto
contratado. Finalmente, en 2012, el coordinador de la dependencia gestionó ante
Talento Humano la autorización de uno de sus desplazamientos para atender una
necesidad concreta del proceso de matrículas.
151. Sobre el mismo asunto, Milton Edwin Gómez Melo explicó que el coordinador
nacional de registro y control le asignaba al demandante actividades concretas de la
dependencia a la que estaba vinculado, y le impartía instrucciones personalmente, por
teléfono, correo electrónico o comunicaciones escritas, sobre la forma en que debía
ejecutarlas. El propio demandante señaló que recibía indicaciones relacionadas con
los periodos de matrícula, la elaboración de estadísticas, las capacitaciones y el
cargue y corrección de calificaciones. Lo anterior evidencia que la intervención de la
entidad no se agotaba en la verificación del resultado contratado, sino que alcanzaba
la forma en que se organizaban y desarrollaban las actividades.
152. Frente a ello, la UNAD sostiene que dichas actividades correspondían a las
obligaciones aceptadas por el demandante en los contratos y en los lineamientos
fijados antes de su celebración y resalta que en aquellos se pactó expresamente la
inexistencia de una relación laboral. Sin embargo, la denominación otorgada al
vínculo, la aceptación voluntaria de los contratos o la inclusión de una cláusula de
exclusión laboral no determinan su naturaleza jurídica, pues esta depende de las
condiciones en las que materialmente se ejecutó el servicio.
153. Al margen de lo anterior, se reitera que en el expediente no obran el texto
íntegro de los contratos, los términos de referencia ni las propuestas invocadas en la
apelación. La certificación aportada permite conocer el objeto general de las órdenes,
pero no la totalidad de las obligaciones ni las condiciones específicas pactadas para
su cumplimiento. En consecuencia, la sola afirmación de la entidad no basta para
establecer que las instrucciones acreditadas en el proceso estuvieran previamente
delimitadas en esos documentos.
154. Asimismo, no altera lo anterior la precisión de la UNAD según la cual Rafael
Antonio Ramírez solo ejerció formalmente la supervisión de los contratos
correspondientes a 2009, 2011 y 2012, mientras que, en 2007, 2008 y 2010 dicha
función estuvo a cargo de la vicerrectoría académica y de investigaciones. Esa
circunstancia permite identificar quién tenía atribuida la supervisión contractual en
47 Consejo Superior Universitario de la UNAD, Acuerdo 008 del 26 de octubre de 2006, «Por el cual se adopta el
Reglamento General Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)», arts. 23 y 24 y 48 a 50.
Asimismo, Consejo Académico de la UNAD, Acuerdo 007 de 2008, mediante el cual se modificó la programación
académica de esa vigencia y se previó la publicación, por parte de Registro y Control Académico, de los listados
de cursos académicos.
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cada periodo, pero no demuestra la autonomía del demandante en la ejecución de sus
labores. Por el contrario, las certificaciones de cumplimiento de 2007 y 2008 muestran
que la vicerrectoría verificaba la ejecución del objeto para autorizar los pagos, mientras
que las declaraciones dan cuenta de la intervención de Rafael Ramírez, en su
condición de coordinador nacional de registro y control, en la organización de las
actividades. La supervisión contractual y la dirección funcional corresponden a
ámbitos distintos y no tenían que recaer necesariamente en la misma persona.
155. Ahora bien, aunque la documentación no permite reconstruir individualmente
cada momento de la ejecución contractual entre 2007 y 2012, los elementos
correspondientes a distintas etapas de la vinculación revelan una dinámica
coincidente. Las certificaciones de cumplimiento de 2007 y 2008, el informe de
actividades de este último año y los documentos de 2012 relativos a capacitaciones,
verificaciones y entrega de los procesos a cargo del actor muestran condiciones de
ejecución concordantes. A ello se suma que los objetos contratados conservaron un
hilo funcional común alrededor de las actividades de registro y control académico y
que Milton Edwin Gómez Melo, quien trabajó con el demandante en esa dependencia
entre 2007 y 2012, tuvo conocimiento directo de las condiciones en las que este
desarrollaba sus labores durante prácticamente toda la vinculación contractual. Estas
circunstancias permiten inferir razonablemente que la forma de prestación del servicio
mantuvo características sustancialmente semejantes, sin que exista prueba de una
modificación relevante en las condiciones de ejecución entre uno y otro contrato.
156. Valorados en conjunto, estos elementos exceden el ámbito de la coordinación
propia del contrato de prestación de servicios. Aunque esta modalidad admite
orientaciones y mecanismos de seguimiento para asegurar el cumplimiento del objeto
convenido, presupone que el contratista conserve autonomía en la organización y
ejecución de sus actividades. En el presente asunto, por el contrario, las pruebas
evidencian que el demandante se encontraba integrado al funcionamiento de la oficina
de registro y control académico, rendía cuenta de su gestión y atendía requerimientos
e instrucciones concretas provenientes de la coordinación de esa dependencia. En
consecuencia, la relación trascendió la simple articulación contractual y comportó el
ejercicio efectivo de facultades de dirección sobre la prestación del servicio.
157. De otro lado, la UNAD sostiene que la contratación del demandante estuvo
justificada en la insuficiencia de personal de planta para atender las necesidades de
la oficina de registro y control académico. Sin embargo, aun si se admitiera esa
circunstancia, esta no desvirtúa la existencia de una relación laboral cuando las
condiciones materiales de ejecución revelan subordinación. Además, la duración y
continuidad de la vinculación entre 2007 y 2012, mediante sucesivas órdenes dirigidas
sustancialmente a atender las mismas actividades de registro y control académico,
permiten descartar que se tratara de una necesidad ocasional o estrictamente
transitoria. Por el contrario, evidencian que la Universidad requería de manera
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permanente la prestación de esos servicios48.
158. En esa misma línea, la circunstancia de que no se hubiera identificado un
empleo de planta con funciones idénticas a las desarrolladas por el actor no excluye
la existencia de la relación laboral. La identidad funcional con un servidor de planta
puede constituir un elemento indicativo, pero no es requisito para demostrarla, pues
lo determinante es establecer si en la ejecución material del vínculo concurrieron la
prestación personal, la remuneración y la subordinación.
159. Finalmente, tampoco resulta determinante que no se hubiera acreditado el
ejercicio de potestades disciplinarias sobre el demandante. La subordinación no exige
la concurrencia simultánea de todas sus posibles manifestaciones, sino que puede
establecerse a partir del conjunto de circunstancias que evidencien el sometimiento
del prestador del servicio al poder de dirección de la entidad. En este caso, las
instrucciones impartidas, la rendición de cuentas sobre las actividades desarrolladas
y las demás condiciones de ejecución previamente analizadas resultan suficientes
para establecer ese elemento.
160. En suma, el material probatorio permite concluir que el demandante no
desarrolló su actividad con la autonomía propia de un contratista independiente, sino
que se integró de manera permanente a la estructura funcional de la UNAD para
ejecutar labores propias del funcionamiento ordinario de la oficina de registro y control
académico, directamente vinculadas con los procesos necesarios para la prestación
del servicio educativo.
161. En ese orden de ideas, la Sala encuentra acreditados los elementos que
caracterizan una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En consecuencia, se confirmará la sentencia de
primera instancia en cuanto declaró la existencia de la relación laboral. Sin embargo,
se declarará la caducidad respecto de las pretensiones salariales y prestacionales y,
por tanto, se revocarán las determinaciones adoptadas sobre su prescripción y
reconocimiento. En cuanto a los efectos pensionales de la relación laboral, estos se
mantendrán, sin perjuicio de las precisiones que se efectuarán en el acápite siguiente.
3.5.4. Del restablecimiento del derecho
162. Conforme se expuso en el acápite 3.5.1 de esta sentencia, respecto de las
pretensiones dirigidas al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales
derivadas de la relación laboral operó la caducidad del medio de control, por lo que no
hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo sobre tales conceptos. No obstante,
como los aportes al sistema de pensiones tienen carácter imprescriptible e
irrenunciable, corresponde determinar las consecuencias de la relación laboral
declarada exclusivamente en materia pensional, por el periodo comprendido entre el
1º de marzo de 2007 y el 31 de diciembre de 2012, salvo las interrupciones existentes.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2026, radicado: 50001-23-
33-000-2021-00218-01 (6408-2023); Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2026, radicado: 25000-23-42-
000-2017-06067-02 (2913-2023).
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163. Como consecuencia de la declaratoria de existencia de la relación laboral, el
accionante tiene derecho a que se efectúen los aportes al sistema de pensiones que
correspondan durante los periodos en los que se acreditó la prestación del servicio.
Para la Subsección, la base para efectuar tales cotizaciones debe corresponder al
salario asignado al empleo de la planta de personal cuyas funciones sean iguales o
equivalentes a las desempeñadas por el demandante.
164. En efecto, los contratos de prestación de servicios determinan las actividades
que debe desarrollar el contratista. Por consiguiente, cuando en la planta de personal
exista un empleo con funciones iguales o equivalentes a las pactadas
contractualmente, deberá tomarse como parámetro el salario asignado a dicho cargo.
La equivalencia a la que se alude es de carácter funcional, de manera que, aun cuando
no exista en la planta un empleo idéntico, deberá establecerse si alguno de los cargos
existentes comprende funciones similares o equivalentes a las desempeñadas por el
contratista.
165. La Subsección49 precisa que no se acude a los honorarios, en tanto estos se
fijan a través de un acuerdo de voluntades en el marco de una relación contractual y
dependen, además, de los estudios previos de la entidad para celebrar el contrato.
Estos aspectos, a juicio de la Sala, difieren de los criterios especializados que se
tienen en cuenta para fijar los salarios en el sector público. Ciertamente, en materia
salarial existe una competencia compartida entre el legislador que dicta las leyes
marco y el Gobierno nacional, como lo señala el literal e) del numeral 19 del artículo
150 de la Carta Política.
166. Nótese que cuando se declara la existencia de la relación laboral, a la luz del
principio de supremacía de la realidad sobre las formas (artículo 53 de la Constitución
Política), justamente se está indicando que el contrato de prestación de servicios
desconoció el orden superior, lo cual conlleva que deba preferirse el salario del cargo,
en lugar de acudir a los honorarios.
167. De ello se colige que lo pactado por las partes, o lo fijado internamente por la
entidad como pago para los contratistas, no puede, en principio, constituir la base para
determinar el valor de las prestaciones sociales cuando se demuestra la existencia de
una relación laboral con una entidad pública. Ello en modo alguno equivale a que la
declaración de la existencia de la relación laboral otorgue la calidad de empleado
público, sino que propende por acudir a un parámetro de equidad y proporcionalidad,
por haberse utilizado el contrato de prestación de servicios para ocultar una relación
laboral.
49 En el fallo de unificación del 9 de septiembre de 2021 se acudió a los estudios previos para que debían justificar la
necesidad temporal para celebrar el contrato de prestación de servicios. Por ello, en la primera regla de unificación se
determinó que «el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio
de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de
forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia». Consejo de Estado, Sección
Segunda, proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
168. De hecho, para poder concluir que existió una relación laboral, uno de los
indicios a evaluar consiste en estudiar si las actividades contractuales también son
realizadas por los servidores de planta. Por ello, el fallo de unificación 50 explicó que
«el hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la
entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente». Así entonces, este análisis materializa el principio de «a trabajo igual,
salario igual»51. Por consiguiente, en sana lógica lo razonable es que se acuda al
salario del cargo en planta respecto del cual se hace la comparación.
169. Al respecto, esta Sala ya ha venido considerando que, como consecuencia de
la declaratoria de existencia de la relación laboral y en virtud del mencionado principio,
la base para calcular las prestaciones debe corresponder al salario del cargo en la
planta de personal, así52:
Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual, salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de
los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad,
cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de
condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de
hipótesis distintas.
En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Carlos Alberto Díaz Guzmán debía ser remunerada conforme
con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas.
Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.
170. Sin embargo, de forma residual, solamente cuando en la planta de personal no
haya un cargo con funciones iguales o equivalentes, se acudirá al valor de los
honorarios como base para efectuar las cotizaciones correspondientes.
171. En esas condiciones, correspondería, en principio, verificar la existencia de un
empleo en la planta de personal cuyas funciones fueran equivalentes a las
desempeñadas por el señor Óscar Eduardo Villa Rodríguez y, solo en caso de que no
se acredite la existencia de un empleo equivalente, la entidad deberá efectuar el
cálculo con base en los honorarios pactados, esto, con el fin de establecer el valor que
debería tomarse como base para determinar los aportes al sistema de pensiones.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
51 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 143. 1. «A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones
de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que
se refiere el artículo 127».
52
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022).
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
172. Sobre este punto debe precisarse que dicha determinación no desconoce el
principio de la non reformatio in pejus. En efecto, si bien la sentencia de primera
instancia dispuso que las diferencias por aportes pensionales se liquidaran con
fundamento en los honorarios pactados en los contratos, en esta instancia se dejará
sin efecto la condena al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales,
como consecuencia de la caducidad declarada respecto de esas pretensiones.
Valorada en conjunto la situación de la UNAD como apelante única, el alivio que
representa dejar sin efecto dicha condena resulta considerablemente mayor que el
eventual incremento derivado de ajustar la base de cotización pensional al salario del
cargo equivalente. Por tanto, esta última modificación no comporta, en términos
globales, un agravamiento de la situación de la entidad apelante.
173. Por último, se reitera que no hay lugar a efectuar un análisis de prescripción
respecto de las diferencias por concepto de aportes al sistema de pensiones, pues,
como se explicó en precedencia, tales cotizaciones tienen carácter imprescriptible. En
consecuencia, la obligación pensional deberá comprender todo el periodo en el que
se acreditó la relación laboral, esto es, entre el 1º de marzo de 2007 y el 31 de
diciembre de 2012, salvo las interrupciones correspondientes.
3.6. Conclusión
174. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, entre el 1º de marzo de
2007 y el 31 de diciembre de 2012, salvo las interrupciones acreditadas, el
demandante prestó personalmente sus servicios en la oficina de registro y control
académico de la UNAD, recibió una remuneración por esa actividad y desarrolló sus
labores bajo la dirección y control de la entidad, en condiciones incompatibles con la
autonomía propia de un contratista independiente. Asimismo, se acreditó que las
actividades encomendadas respondían a necesidades permanentes del
funcionamiento académico de la universidad y se encontraban directamente
vinculadas con la prestación del servicio educativo.
175. En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia para declarar
la caducidad respecto de las pretensiones salariales y prestacionales y se confirmará
en cuanto declaró la existencia de la relación laboral y reconoció sus efectos en
materia pensional. Para determinar las diferencias correspondientes a los aportes a
pensión, deberá tomarse como base el salario asignado al empleo de la planta de
personal cuyas funciones sean iguales o equivalentes a las desempeñadas por el
demandante y, solo en caso de que no exista un cargo con tales características, se
acudirá al valor de los honorarios pactados en los respectivos contratos.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
3.7. Costas
176. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 53 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Declarar probada la excepción de caducidad del medio de control respecto
de las pretensiones dirigidas al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones
sociales derivadas de la relación laboral, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: Revocar los ordinales primero y cuarto de la sentencia del 27 de mayo de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, mediante los cuales, respectivamente, se declaró probada la excepción
de prescripción respecto de las prestaciones sociales causadas entre el 1º de marzo
y el 30 de diciembre de 2007 y se condenó a la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia - UNAD al reconocimiento y pago de prestaciones sociales ordinarias o
comunes de carácter legal.
Tercero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada, el cual quedará así:
«Segundo: Declarar la nulidad del Oficio del 6 de abril de 2015, proferido por la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), únicamente en cuanto negó la
existencia de la relación laboral y las consecuencias de carácter pensional derivadas
de ella».
53 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-03722-02 (4645-2022)
Demandante: Óscar Eduardo Villa Rodríguez
Demandada: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
Cuarto: Modificar el ordinal quinto de la sentencia apelada, el cual quedará así:
«Quinto: CONDÉNESE a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, a
calcular la diferencia existente entre los aportes a pensión realizados mes a mes por
el señor Oscar Eduardo Villa Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No.
80.435.887, entre el 1º de marzo de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012, salvo las
interrupciones existentes entre contratos. Para tal efecto, la entidad deberá tomar
como ingreso base de cotización el salario devengado por un empleado de la planta
de personal cuyas funciones fueran equivalentes a las desempeñadas por el señor
Óscar Eduardo Villa Rodríguez y, solo en caso de que no se acredite la existencia de
un empleo equivalente, deberá efectuar el cálculo con base en los honorarios
pactados. Establecida la diferencia, la UNAD deberá cotizar al respectivo régimen
pensional la suma faltante y asumir el porcentaje que le corresponda en calidad de
empleador. Las sumas resultantes deberán ser indexadas».
Quinto: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Sexto: Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
42
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