Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje1
Temas: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 28 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Diana Collazos Reyes presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 63-9-2021-010-221 del 16 de diciembre de 2021,
por medio del cual el Sena le negó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral, el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella y la
devolución de los aportes a la seguridad social en salud y pensiones.
1 En lo que sigue Sena.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reconocimiento de la existencia de la relación laboral «entre el 01 de
abril de 1991 al 30 de junio de 2001 y el 16 de septiembre de 2014 al 3 de diciembre de
2018»; ii) el reconocimiento y pago de los conceptos salariales y prestacionales que
de ello se derivaran; iii) el pago y/o reajuste de los aportes a la seguridad social
correspondientes al empleador por el tiempo de la relación laboral o la devolución
de estos; iv) el pago de los intereses moratorios sobre las sumas reconocidas,
desde el 14 de diciembre de 2018 y hasta cuando se cumpla con la obligación, a
la tasa de interés de mora de los certificados de depósito a término (CDT) a 90
días, certificada por el Banco de la República o la indexación de las sumas debidas;
v) el pago de los aportes al Fondo de Contingencias de que trata la Ley 448 de
1998 de conformidad con el artículo 194 del CPACA y mediante el trámite
establecido en el artículo 195 ejusdem; v) la condena en costas a la entidad
demandada; y vi) el cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y
siguientes del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Diana Collazos Reyes laboró en el Sena mediante contratos de prestación de
servicios en 2 periodos, así: entre el 1 de abril de 1991 y el 30 de junio de 2001 y
desde el 16 de septiembre de 2014 hasta el 3 de diciembre de 2018; se desempeñó
como instructora de formación titulada y complementaria en el Centro Agroindustrial,
Regional Quindío, y en las diferentes sedes de la entidad ubicadas en Armenia.
• A través de esos contratos se trató de ocultar una relación laboral pues desarrolló
sus funciones bajo la subordinación de los coordinadores académicos y el
subdirector del Centro Agroindustrial, en un horario de trabajo en el que cumplió la
programación académica en las instalaciones del Sena, así como en iglesias,
colegios y municipios a donde debía desplazarse para promocionar la institución,
recibió una remuneración por la prestación de sus servicios personales
profesionales, era evaluada y le suministraban elementos de trabajo.
• El 3 de diciembre de 2021 solicitó el reconocimiento de una relación laboral y el
consecuente pago de salarios y prestaciones que de ello emanaban; sin embargo,
a través del acto demandado, el Sena negó tal petición. Decisión notificada por
correo electrónico el 16 de diciembre de 2021.
2
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Demandante: Diana Collazos Reyes
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13 y 53 de la Constitución Política; 20
y 204 de la Ley 100 de 1993; 32 de la Ley 80 de 1985; 8 y 11 del Decreto 3135 de
1968; del 43 al 46 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 8, 17, 20, 24, 25, 29, 32, 33, 40
y 45 del Decreto 1045 de 1978; 42, 45, 46, 47, 49, 58, 59, 60, 97, 102 y 103 del
Decreto 1042 de 1978; decretos 2351 de 2014, 2278 y 330 de 2018 y la Ley 995 de
2005.
En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos3:
El Sena desnaturalizó los contratos de prestación de servicios para disfrazar un
verdadero vínculo laboral, comoquiera que cumplió sus funciones por 14 años
durante dos períodos como instructora, de forma personal, bajo la permanente
subordinación y dependencia de sus inmediatos superiores, a través de órdenes e
instrucciones, recibió una contraprestación o remuneración quincenal o mensual y
cumplió un horario al igual que el personal de instructores de planta de la entidad.
Asimismo, celebró de forma consecutiva contratos de prestación de servicios para
cumplir las funciones que son del giro ordinario, normal y constante de la entidad,
con lo cual se evidencia el ánimo de emplear de forma permanente y continua
servicios para cumplir su misión.
Con la expedición de los actos acusados el Sena omitió la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formalidades, no obstante, haberse
configurado los elementos propios de una relación laboral; además, desconoció los
principios mínimos de los trabajadores contenidos en el artículo 53 de la
Constitución Política y el derecho a la igualdad.
Por lo anterior, con la modalidad de vinculación utilizada no se le garantizó el
reconocimiento de las prestaciones sociales, en los términos que establece la ley y
los decretos reglamentarios para el personal de planta.
1.2. Contestación de la demanda
El Sena se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en que:
La vinculación de la demandante fue de carácter contractual, modalidad que no
genera una relación laboral ni el reconocimiento de prestaciones sociales; razón por
3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_2810202(.zip) NroActua 2»,
documento 002 DemandaAnexosDianaCollazoz.pdf
3
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Demandante: Diana Collazos Reyes
la cual no está obligada a reconocer y pagar prestaciones sociales o cualquier otro
emolumento de quien no haya prestado sus servicios a la entidad en virtud de una
relación legal y reglamentaria; además pagó los honorarios convenidos sin que le
sea posible reconocer un valor que exceda lo pactado en las órdenes y/o contratos
de prestación de servicios.
No existió prueba sumaria de que la demandante se desempeñó en igualdad de
condiciones al de un instructor de la planta de personal, que se le impuso un horario
o se le impartieron órdenes, pues, contrario a ello, prestó sus servicios bajo el
principio de coordinación de actividades.
La dependencia se desvirtuó si se tiene en cuenta los objetos contractuales
pactados, de los que se sigue que realizó sus funciones con plena autonomía
técnica y financiera y sin subordinación.
La supervisión en la contratación estatal se realizó para vigilar y controlar las
acciones del contratista y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las
actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en
los contratos y con ello constatar la observancia de las obligaciones contraídas por
las partes intervinientes, sin que ello implique necesaria y obligatoriamente la
subordinación o dependencia del contratista.
Actuó acorde con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993,
puesto que desarrolló diferentes objetos contractuales en cada una de las órdenes
de servicio pactadas, cuya duración fue siempre por un tiempo limitado e
indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, por lo que no es cierto
que la prestación del servicio fue ininterrumpida, además, porque no existió prueba
de que prestara servicio alguno durante las interrupciones contractuales4.
Propuso las siguientes excepciones: i) prescripción; ii) buena fe y presunción de
legalidad; iii) cobro de lo no debido; y iv) la genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia proferida el 28 de julio de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y en consecuencia dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad
4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_2810202(.zip) NroActua 2»,
carpeta 009 ContestacionDda, documento Contestación.pdf
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Demandante: Diana Collazos Reyes
demandada, denominadas: inexistencia de la obligación y del demandado Sena –
Regional Bolívar, buena fe y presunción de legalidad, cobro de lo no debido e
insuficiencia probatoria.
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción en lo que corresponde a
los derechos prestacionales derivados de las vinculaciones que tuvo la demandante con
el SENA entre el 17 de julio de 1995 al 30 de junio de 2001. Lo anterior no afecta lo
relacionado con los aportes pensionales, los cuales son imprescriptibles.
TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio Nro.
Oficio Nro. 63-9-2021-010221 del 16 de diciembre de 2021, mediante el cual el SENA
negó la existencia de una relación laboral entre la señora Diana Collazos Reyes y la
entidad pública SENA, durante los periodos en los que estuvo vinculada
contractualmente y su consecuente reconocimiento prestacional.
CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento de derecho se dispone:
➢ CONDENAR a la entidad SENA a reconocer, liquidar y pagar a la señora Diana
Collazos Reyes el valor equivalente a la totalidad de prestaciones sociales que se
reconocen a los empleados vinculados legalmente por parte de la entidad y que
desempeñan similar labor (formador y/o instructor), tomando como base para dicha
liquidación los honorarios contractuales pactados a favor de la contratista en cada uno
de los contratos celebrados, liquidación que se deberá hacer respecto a los periodos (no
prescritos) en los que la demandante estuvo vinculada, esto es del 19 de septiembre de
2014 al 13 de diciembre de 2018, descontando el término de interrupción entre cada uno
de los contratos de celebrados.
➢ CONDENAR al SENA a determinar mes a mes, desde el 17 de julio de 1995 al 30 de
junio de 2001 y del 19 de septiembre de 2014 al 13 de diciembre de 2018, (descontando
el término de interrupción entre cada uno de los contratos celebrados) si existe
diferencias entre los aportes a pensión que debió efectuar la contratista de acuerdo a su
ingreso base de cotización – IBC (honorarios pactados) y los efectivamente realizados,
y si existe diferencias, cotizará al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador. Para estos efectos, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso el porcentaje que le incumbía como trabajador.
QUINTO: CONDENAR al SENA a indexar las sumas que resulten a favor de la
demandante de conformidad con lo señalado en el último inciso del artículo 187 del
CPACA, con la fórmula establecida en esta providencia.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEPTMO: ORDENAR a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia y reconocer
los intereses moratorios una vez ejecutoriada esta providencia y hasta la fecha de su
pago total o definitivo, según lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA.
OCTAVO: Sin costas en esta instancia. […]»
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Demandante: Diana Collazos Reyes
Para tal efecto se pronunció en estos términos5:
De las pruebas documentales aportadas al plenario en relación con los contratos
ejecutados entre el 1 de abril de 1991 y el 30 de junio de 2001 se acreditó: i) la
prestación personal de los servicios; ii) la remuneración recibida por esta; y ii) la
subordinación, puesto que las asesorías empresariales se equiparaban al ejercicio
de la formación de aprendices y, en todo caso, debieron desarrollarse bajo los
parámetros impartidos por la entidad y en los horarios permitidos por ésta, según el
programa que se ofertara; ahora, si bien es cierto en las declaraciones se mencionó
que para brindar las asesorías a empresarios se podía concertar un horario y lugar,
también lo es que ello no desvirtúo el sometimiento a las pautas generales
establecidas por la entidad, ni implicó que se gozara de autonomía para cumplir con
la labor contratada.
Pese a lo anterior, estos servicios se extendieron únicamente hasta el 30 de junio
de 2001 y el segundo periodo de contratación fue hasta el año 2014 con el contrato
787 del 19 de septiembre de 2014, por lo que transcurrió un lapso superior a 13
años para que la demandante retornara al Sena, lo que conllevó a que no se
presentara continuidad en la prestación del servicio y por ende que los derechos
derivados de estas vinculaciones se afectaran por el fenómeno de la prescripción,
comoquiera que los emolumentos derivados de esta relación fueron reclamados el
3 de diciembre de 2021, esto es, más de 20 años después desde que finalizó el
último contrato del primer período laboral; lo anterior, sin perjuicio de los aportes a
pensión.
En cuanto a los contratos ejecutados entre el 19 de septiembre de 2014 y el 13 de
diciembre de 2018 se probó: i) la prestación personal del servicio ya que las
obligaciones de la demandante se enmarcaron en orientar actividades pedagógicas
y ejecutar la formación profesional integral titulada y complementaria en el área de
administración de empresas y/o afines, de forma presencial y/o virtual a través de
un proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación; ii) la remuneración se
corroboró con los contratos y comprobantes que dieron cuenta de su valor y forma
de pago; y iii) la continua subordinación, pues existió una relación de dependencia
entre esta y quienes ejercían su supervisión, esto es, los coordinadores académicos
del Sena, quienes dirigían los métodos y condiciones de enseñanza, asignaban los
horarios; además, la demandante rendía informes, hacia uso de las herramientas
virtuales y administrativas del Sena, utilizaba los elementos pedagógicos de la
entidad, asistía a las reuniones académicas, y sus labores estaban enmarcadas en
las condiciones también dispuestas para los formadores de planta de la entidad
5 Índice 36 de Samai Tribunal Administrativo del Quindío
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
demandada.
Diana Collazos cumplió con obligaciones funcionales propias del objeto misional del
Sena, su labor no fue temporal u ocasional porque se trató de una vinculación que
se extendió por más de 4 años con igual objeto y de la naturaleza de las labores no
puede colegirse la autonomía o independencia.
Frente a que la coordinación entre un contratista y la entidad no genera la existencia
de una relación laboral, se advirtió que las funciones ejecutadas por la demandante
en desarrollo de los contratos estaban estrechamente ligadas a las actividades
misionales del Sena y la inexistencia de autonomía para su desarrollo permitieron
inferir en este caso la subordinación y no la coordinación pues la demandante no
actuó bajo su propia dirección en la ejecución de los contratos.
1.4. El recurso de apelación
El Sena interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo siguiente6:
El tribunal realizó una indebida valoración de los testimonios, entre ellos, los de
Martha Yolanda Montoya, pensionada de la entidad y amiga de la demandante,
Anstrong Alberto Gómez y Hernán Arenas Ocampo, supervisores contractuales,
que dan cuenta de que Diana Collazos era contratada por sus conocimientos
especializados en temas ambientales, pues del recurso humano con el que contaba
la entidad no había personal especializado en esta área y por lo tanto los servicios
contratados no podían realizarse con estos.
De las declaraciones rendidas por dichos supervisores se observa la autonomía con
la que contaba la contratista para determinar por su cuenta y de acuerdo con lo
concertado con los grupos de formación, que ella debía conseguir, la hora y lugar
para dictar la programación; asimismo, comoquiera que existe flexibilización de
franjas, espacios y horarios de los programas de formación brindados por la entidad,
a los instructores se les asignan equipos, herramientas y material de formación,
basados en las solicitudes preparadas por ellos.
Adicionalmente, los contratos de prestación de servicios no fueron continuos,
razones para encontrar desvirtuado el elemento de la subordinación.
Según el reporte de horas dictadas, la forma de remuneración se pactó en
honorarios, por lo que el pago era fijo o variable.
6Índice 39 de Samai Tribunal Administrativo del Quindío
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Demandante: Diana Collazos Reyes
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
Diana Collazos Reyes se pronunció frente a los argumentos del recurso de
apelación para indicar que:
El Sena no demostró que fuera contratada específicamente por sus conocimientos
en temas ambientales, pues aunque una de sus responsabilidades era contribuir al
plan ambiental del Centro Agroindustrial, esta no era la única ni la principal razón
de su contratación según los contratos firmados entre septiembre de 2014 y
diciembre de 2018; además, no hay evidencia que indique tal afirmación, ya que no
tiene especialización en temas ambientales ni es ingeniera química especializada
en el área, como lo afirmó el testigo Hernán Alfonso Arenas Ocampo.
No solo tenía que cumplir con el horario asignado por los coordinadores del Sena
en las instalaciones de la entidad y reportar el número de horas dictadas en la
plataforma Sofía Plus, sino que la carga superaba a la de los instructores de planta,
pues se le imponían labores adicionales para promover los programas de la
institución y conseguir los aprendices, tales como recibir capacitación pedagógica y
tecnológica, asistir a reuniones programadas por los coordinadores de planta, recibir
instrucciones y establecer metas, y se evaluó su desempeño como condición para
suscribir un nuevo contrato. Asimismo, la jornada laboral era la establecida por el
Sena y debía contar con la disponibilidad para tareas adicionales, como las
mencionadas, obligaciones específicas del contrato. Además, seguía órdenes y
directrices constantes de sus superiores, comunicadas a menudo por correo
electrónico, todo lo cual demostró su continua subordinación y dependencia.
El objeto de los contratos suscritos en el período 16 de septiembre de 2014 al 13 de
diciembre de 2018, no tuvo ninguna variación y la entidad no desvirtuó la vocación
de permanencia del servicio prestado; además porque prestó un servicio personal
en calidad de instructora inicialmente por más de 10 años (1 de abril de 1991 al 30
de junio de 2001) y luego por más de 4 años (16 de septiembre de 2014 al 13 de
diciembre de 2018), no tuvo otros contratos en esos interregnos y las interrupciones
entre la terminación de un contrato y la iniciación de uno nuevo, se debió a la
naturaleza de las actividades de instrucción que cumple la entidad que cesaban en
el periodo de vacaciones colectivas, de ahí que tampoco fueron de duración
temporal, ni se ajustaron a la Ley 80 de 1993.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha manifestado que la suscripción de este
tipo de contratos con especialistas debe reservarse para casos en los que la entidad
necesite realizar tareas ocasionales, transitorias, extraordinarias, accidentales o
que temporalmente excedan su capacidad organizativa y funcional, no obstante,
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Demandante: Diana Collazos Reyes
contratar a personas para desempeñar funciones idénticas a las de los empleados
permanentes, como ocurrió en este caso, desvirtúa la naturaleza contractual de
estos.
Llamar honorarios a un pago que por su naturaleza es salarial no hace que
desaparezca la realidad de una relación laboral, tampoco que los pagos a la
seguridad social los haya hecho la demandante como independiente, pues es
apenas lógico que se realizaran de tal forma en atención a la naturaleza del contrato.
En cuanto a la prescripción, el tribunal aplicó correctamente la excepción de
prescripción, dejando claro en la sentencia que los emolumentos deben calcularse
para los períodos no prescritos, teniendo en cuenta los honorarios contractuales y
descontando los intervalos entre cada contrato. En ese sentido, determinó que la
prescripción no operó para la mayoría de los períodos, excepto para el comprendido
entre el 17 de julio de 1995 y el 30 de junio de 2001, sin afectar los aportes
pensionales7.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio8.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
Consisten en determinar ¿si entre Diana Collazos Reyes y el Sena se configuró una
relación laboral? y si, en consecuencia, ¿aquella tiene derecho al reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de contratos
de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
7 Índice 4 de Samai
8 Índice 9 de samai
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Demandante: Diana Collazos Reyes
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales»,
contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció
que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal
subordinada y dependiente.
De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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Demandante: Diana Collazos Reyes
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Resalta la Sala].
Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 11, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».
Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales14». (Resalta la Sala).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que solo
es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la labor
contratada.
Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
000-1998-03542-01(0202-10)».
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
13
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.2.2. En torno a los instructores del Sena
El Sena fue creado mediante el Decreto Ley 118 de 195716 y según el Decreto 164
del 6 de agosto de 195717 sus funciones iniciales consistían en brindar formación
16 «Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA».
17 «Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras
disposiciones».
14
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura, la minería
y la ganadería.
Posteriormente, la Ley 119 de 199418 dispuso que el Sena sería un establecimiento
público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e
independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, cuya
misión, de acuerdo con su artículo 2, consiste en «cumplir la función que le corresponde
al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos;
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país». Asimismo, los objetivos específicos de acuerdo con
el componente misional son los siguientes:
«Artículo 3. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes
objetivos:
1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese
medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.
2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico».
Así, la misión especial encomendada al Sena comprende la formación y
capacitación de los aprendices, funciones de carácter permanente que cumple en
desarrollo de su actividad. Como se dijo, la entidad está adscrita al Ministerio del
Trabajo y, por ende, no está sometida a las orientaciones del Ministerio de
Educación o las secretarías de educación; no obstante, ejerce una labor docente
para desarrollar programas de formación de educación no formal que ofrece la
institución.
Ahora bien, el instructor es una figura propia de esa entidad y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1424 de 199819, este grupo ocupacional
«comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional y desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e
investigación aplicada». Según el manual específico de funciones, requisitos mínimos
y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Sena
contenido en el Decreto 986 del 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y 2015),
el cargo de instructor hace parte de dicha planta, con la descripción de las siguientes
18 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149
de 1992 y se dictan otras disposiciones».
19 «Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del
Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena»
15
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
funciones20:
«ii. Propósito principal
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.
iii. Descripción de funciones esenciales
Instructor:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa
de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad
con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos
para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con
le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo».
En relación con la actividad que desarrollan los instructores, la Sección Segunda
del Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia del 10 de
septiembre de 201421. Al respecto, la autoridad judicial señaló:
«DOCENTES O CATEDRÁTICOS OCASIONALES O POR HORAS
Esta Corporación ha señalado que los profesores de cátedra también tienen una relación
laboral subordinada por cuanto cumplen una prestación personal del servicio. Igual que
los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, ellos
devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una
subordinación, como se les exige a los otros, con horarios, reuniones, evaluaciones, etc.
contemplados en el reglamento. Dada la similar situación de hecho que identifica la
misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos debe
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben
pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado, pues otro tratamiento
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio.
20 Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de septiembre de 2014, radicado 20001
23 31 000 2011 00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.
16
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Demandante: Diana Collazos Reyes
Igualmente la Corte Constitucional22 señaló que al igual que los catedráticos, cumplen
las mismas funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos
de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas
obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba en
su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad de la misma, lo cual
no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Textualmente señaló:
Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional
al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de
igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta,
en el sentido de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.",
las cuales no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros
profesores, pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la
dignidad de dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las
primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al
trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser
excluido de los programas de capacitación y mejoramiento profesional.
(…)
No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la
disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en tanto
trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional, de las
prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando ellas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios mínimos
irrenunciables:
La regulación anterior aplicable a los Instructores del SENA, establece que dicha
entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y profesional
certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos que imparte; define la
educación como todos aquellos procesos especializados tendientes a la obtención de
certificados, títulos o grados; e indica que el cargo de Instructor coordina y ejecuta
actividades académicas.
Conforme con la normativa citada, la función prestada por el SENA a través de los
Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral certificando
a sus estudiantes, o sea, que por estas características y su naturaleza se clasifica dentro
de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace
parte de los niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley
115 de 1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de
la definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación». [se resalta].
En efecto, en la medida en que esta entidad ejecuta una actividad académica, debe
ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a lo dispuesto en la
normativa aplicable, por expresa disposición del numeral 6 del artículo 4 de la citada
Ley 11923. Es decir que el contenido de los programas que ofrece el Sena está
22 Sentencia C-006 de 1996, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz
23 artículo 4o. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
[…]
17
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
sometido al régimen académico previsto en la Ley 30 de 199224. Así lo concluyó la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado25, que sobre su naturaleza,
misión y funciones precisó:
«La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4 permite
al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.
Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:
i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación
a los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.
ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,
iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.
Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que
otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la
ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de
la ley 749 de 2002.
Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la modalidad
de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma en institución
de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico definido por ley ha
establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión específica encomendada
y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe agregarse que nunca ha sido
considerada como institución de educación superior por las normas que rigen ese
servicio
De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes
30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y
con la naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin
que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias
de una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.[…]» [se
resalta].
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en
las disposiciones legales respectivas. […]”. (se resalta).
24 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
25 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de
2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00089- 00, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
18
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
De esta manera el Consejo de Estado26 ha reconocido que la función prestada por
el Sena a través de los instructores se orienta a una formación integral, profesional
y laboral, dentro de un sistema de educación no formal. Sin embargo, tal
clasificación no desconoce su calidad de labor educativa, es decir, de docencia.
Con todo, esta corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de determinar
la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que los
instructores se vincularon al Sena a través de contratos de prestación de servicios.
En efecto, a través de sus diferentes subsecciones ha exigido la comprobación de
todos los elementos que sirven para determinar sobre la existencia de dicha relación
a efectos de declararla27. En específico, sobre la subordinación ha exigido que obren
«elementos de convicción, acerca de las actividades ejecutadas»28 pues, aunque se haya
señalado que estas hacen parte las funciones propias de la entidad, «tal situación no
evidencia una relación de sujeción directa frente a la prestación del servicio», puesto que
puede coincidir con el estricto cumplimiento del objeto contractual. De esta manera,
ha privilegiado un análisis del material probatorio «bajo las reglas de la sana crítica»29
a fin de establecer la configuración o no del elemento de la subordinación
continuada.
2.3. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente30:
• Diana Collazos Reyes celebró los siguientes contratos de prestación de servicios
con el Sena, en 2 períodos, tal y como consta en los diferentes instrumentos
jurídicos aportados, certificados, constancias, actas de inicio y contratos:
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10 de
septiembre de 2014, expediente identificado con número único de radicación 20001 23 31 000 2011
00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente identificado con número único de
radicación 20001 23 31 000 2011 00312 01, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-
31-000-2012-00241-01(2525-14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-
01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16);
iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre de
2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado
18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-
23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
30 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_2810202(.zip) NroActua 2»,
documento 002 DemandaAnexosDianaCollazoz.pdf y carpeta 009 ContestaciónDda, subcarpeta
Antecedentes
19
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Primer período
Fecha Duración
Contrato Objeto Fecha inicio
terminación pactada
Apoyar actividades relacionadas con el 30 de abril de
464 del 1° plan Nacional de rehabilitación, 1991, por
1° de abril
de abril de concretamente en las tareas que para el mutuo acuerdo 1 mes
de 1991
1991 efecto le formule el SENA en el plan de según acta 464
operaciones. de 1991
Apoyar y desarrollar las actividades
144 del 17 relacionadas con el programa de
17 de julio 16 de octubre
de julio de Asistencia Integral a la pequeña y 3 meses
de 1995 de 1995
1995 mediana industria, de acuerdo al plan
de operaciones.
534 del 12 Impartir formación profesional y 17 de 22 de
de octubre asesorar a las empresas en el octubre de diciembre de
de 1995 Programa de Desarrollo Empresarial 1995 1995
Apoyar y desarrollar las acciones
relacionadas con el Programa de
014 del 18
Desarrollo Empresarial, en la 18 de enero 17 de julio de
de enero 6 meses
especialidad de Economista, de acuerdo de 1996 1996
de 1996
con el plan operativo del Programa de
Desarrollo Empresarial
Apoyar y desarrollar las acciones
relacionadas con el Programa de
170 del 18 Desarrollo Empresarial, en la 20 de
18 de julio 5 meses y
de julio de especialidad de asesoría de las diciembre de
de 1996 3 días
1996 Microempresas, de acuerdo con el plan 1996
operativo del Programa de Desarrollo
Empresarial
Apoyar y desarrollar las acciones
relacionadas con el Programa de
042 del 27 Desarrollo Empresarial, en la
27 de enero 1° de julio de 5 meses y
de enero especialidad de atención a las
de 1997 1997 5 días
de 1997 Microempresas, de acuerdo con el plan
operativo del Programa de Desarrollo
Empresarial
Apoyar y desarrollar las acciones
relacionadas con el Programa de
Desarrollo Empresarial, en la
especialidad de atención a las
Microempresas, de acuerdo con el plan
351 del 21 operativo del Programa de Desarrollo
21 de julio 20 de octubre
de julio de Empresarial. Con una adición 3 meses
de 1997 de 1997
1997 relacionada a apoyar los procesos de
Formación de Asesores en el marco del
desarrollo Industrial sostenibles a través
de talleres especializados en la
aplicación del Decreto 901 del 1 de abril
de 1997.
Apoyar y desarrollar las acciones
relacionadas con el Programa de
Desarrollo Empresarial, en la
509 del 21 21 de 19 de
especialidad de atención a las 1 mes y 29
de octubre octubre de diciembre de
Microempresas, de acuerdo con el plan días
de 1997 1997 1997
operativo del Programa de Desarrollo
Empresarial y apoyo al Centro
Agroindustrias
20
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Impartir formación profesional en el área
010 del 2 de proyectos y atención a la
2 de febrero 16 de mayo de 3 meses y
de febrero microempresa en el sitio y en las
de 1998 1998 15 días
de 1998 instalaciones que disponga la parte
contratante
17 de agosto
de 1998.
Según acta 240
suscrita el 1°
de junio de
Apoyar y desarrollar las acciones 1998 el
relacionadas con el Programa de contrato se
240 de 18 Desarrollo Empresarial, en la suspendió
18 de mayo
de mayo especialidad de atención a las desde esa 3 meses
de 1998
de 1998 Microempresas, de acuerdo con el plan fecha hasta el
operativo del Programa de Desarrollo 30 de junio de
Empresarial 1998 y se
prorrogó por 1
mes y 15 días
desde el 18 de
agosto al 3 de
octubre de
1998
455 del 29 29 de 18 de
Impartir formación profesional y brindar
de octubre octubre de diciembre de 272 horas
asesoría en gestión ambiental
de 1998 1998 1998
063 del 17 Impartir formación profesional en el área 17 de
22 de abril de
de febrero de dimensión ambiental en el programa febrero de 250 horas
1999
de 1999 de Comercio y Servicios 1999
205 del 12
Impartir formación profesional en el área 12 de mayo 31 de agosto
de mayo 432 horas
de Desarrollo Humano Integral de 1999 de 1999
de 1999
627 del 14 14 de 17 de
Impartir formación profesional en el área
de octubre octubre de diciembre de 402 horas
de Dimensión Ambiental
de 1999 1999 1999
127 del 14 14 de
Impartir formación profesional en el área 7 de abril de
de febrero febrero de 325 horas
de Dimensión Ambiental 2000
de 2000 2000
237 del 14
Impartir formación profesional en el área 14 de abril 5 de mayo de
de abril de 90 horas
de Dimensión Ambiental de 2000 2000
2000
391 del 24
Impartir formación profesional en el área 8 de junio 15 de julio de
de mayo 150 horas
de Dimensión Ambiental de 2000 2000
de 2000
579 del 25 20 de
Impartir formación profesional en el área 25 de julio
de julio de diciembre de 440 horas
de Dimensión Ambiental de 2000
2000 2000
Impartir formación profesional en el área
de Dimensión Ambiental y Ética.
171 del 21 21 de 64 horas y
Adición para impartir formación 30 de junio de
de febrero febrero de adición de
profesional en vinculación del recurso 2001
de 2001 2001 44 horas
humano
288 del 23
Impartir formación profesional en 23 de abril 30 de junio de
de abril de 66 horas
vinculación del recurso humano de 2001 2001
2001
21
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Y segundo período
Fecha Duración
Contrato Objeto Fecha inicio
terminación pactada
Prestar los servicios personales
temporales, para orientar actividades
pedagógicas y de ejecución de la
formación profesional integral titulada y
complementario en el área de
787 del 16
Administración de Empresas y/o afines 19 de 13 de
de 2 meses y
a su perfil en la modalidad presencial septiembre diciembre de
septiembr 15 días
y/o virtual a través del proceso de de 2014 2014
e de 2014
enseñanza- aprendizaje evaluación,
desde su planeación y ejecución,
basada en competencias y aprendizaje
por proyectos, para el Centro
Agroindustrial
Prestar los servicios personales
temporales, para orientar actividades
pedagógicas y de ejecución de la
formación profesional integral titulada y
complementario en el área de
318 del 20 Administración de Empresas y/o afines
22 de enero 13 de 10 meses
de enero a su perfil en la modalidad presencial
de 2015 diciembre y 22 días
de 2015 y/o virtual a través del proceso de
enseñanza- aprendizaje evaluación,
desde su planeación y ejecución,
basada en competencias y aprendizaje
por proyectos, para el Centro
Agroindustrial
Prestar los servicios personales
temporales, para orientar actividades
pedagógicas y de ejecución de la
formación profesional integral titulada y
complementario en el área de
354 del 27 Administración de Empresas y/o afines 15 de
1 de febrero 10 meses
de enero a su perfil en la modalidad presencial diciembre de
de 2016 y 15 días
de 2016 y/o virtual a través del proceso de 2016
enseñanza- aprendizaje evaluación,
desde su planeación y ejecución,
basada en competencias y aprendizaje
por proyectos, para el Centro
Agroindustrial
Prestar los servicios personales
temporales, para orientar actividades
pedagógicas y de ejecución de la
formación profesional integral titulada y
24 de enero
complementario en el área de
de 2017
185 del 23 Administración de Empresas y/o afines 12 de
según acta 10 meses
de enero a su perfil en la modalidad presencial diciembre de
de prorroga y 15 días
de 2017 y/o virtual a través del proceso de 2017
se adicionó
enseñanza- aprendizaje evaluación,
en 4 días
desde su planeación y ejecución,
basada en competencias y aprendizaje
por proyectos, para el Centro
Agroindustrial
289 del 18 Prestar los servicios personales 13 de
29 de enero 10 meses
de enero temporales, para orientar actividades diciembre de
de 2018 y 15 días
de 2018 pedagógicas y de ejecución de la 2018
22
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
formación profesional integral titulada y
complementario en el área de
Administración de Empresas y/o afines
a su perfil en la modalidad presencial
y/o virtual a través del proceso de
enseñanza- aprendizaje evaluación,
desde su planeación y ejecución,
basada en competencias y aprendizaje
por proyectos, para el Centro
Agroindustrial
• Obran informes finales de ejecución de contratos de prestación de servicios, en
los que se relacionan entre otros datos las obligaciones y las actividades ejecutadas
y sus evidencias de los contratos celebrados entre los años 2014 y 2018; informes
de supervisión de contratos mensuales de actividades dirigidos a los supervisores
de contratos en esos años; así como las actas de liquidación bilateral de estos.
• Se aportaron mensajes remitidos por correo electrónico entre la demandante y
directivas del Sena en el año 2018 entre los que constan: solicitud de reporte de
horas; convocatoria a reuniones para «tratar temas sobre la ejecución de la formación
profesional integral», «lineamientos en lo concerniente al trasporte»; información para
asistencia a la semana de alistamiento y evaluación del 2 semestre del 2018 en el
que se envía las actividades programadas de la semana del 3 al 6 de julio de ese
año, con indicación de la actividad, el horario, el lugar e instructor responsable;
solicitud para tener en cuenta la propuesta de recuperación de sesiones de clases
en ausencia de la instructora; programación de compensatorios para los días
hábiles 26, 27 y 28 de marzo de 2018 con ocasión de la semana santa.
• Se aportó, en los antecedentes administrativos, la historia laboral de Diana
Collazos Reyes, y copias de diplomas de Economista de la Universidad la Gran
Colombia con maestría en ecoauditorías y planificación empresarial del medio
ambiente.
• Constancias de horas dedicadas a las actividades académicas de los meses de
octubre y noviembre de 2014; de septiembre y octubre de 2015; y de febrero de
2018.
• Se aportaron Fotos de chalecos con logo del Sena, sin que los esté usando alguien
en particular.
• Petición del 3 de diciembre de 2021 en el que Diana Collazos Reyes solicitó al
Sena el pago de las diferencias salariales, así como de los aportes a seguridad
social y de todas las prestaciones sociales y salariales a su juicio adeudadas por los
servicios prestados entre el 17 de julio de 1995 y el 30 de junio de 2001 y desde el
16 de septiembre de 2014 hasta el 13 de diciembre de 2018.
23
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
• Respuesta del 16 de diciembre de 2021 emitida en el radicado 63-9-2021-010221,
en el que el director regional del Sena respondió de forma negativa a la solicitud
presentada por la demandante respecto del reconocimiento de las prestaciones
reclamadas, para tal efecto argumentó que los vínculos que tuvo con la entidad no
generan a su favor el pago de dichos emolumentos.
• Conforme con el requerimiento efectuado por el tribunal, el Sena presentó la
información relacionada con el salario y las prestaciones sociales estipuladas en el
Manual de Prestaciones Sociales y otros pagos asociados a la nómina para
empleados públicos y trabajadores oficiales del Sena, en los que se enlistaron los
siguientes: auxilio de transporte, subsidio de alimentación, primas de localización,
navegación, quinquenal, semestral, de navidad, y de vacaciones, bonificación por
servicios prestados, vacaciones, bonificación especial de recreación, auxilio de
cesantías y seguro de vida31.
• En la audiencia de pruebas celebrada el 7 de junio de 2022, se recibieron los
siguientes testimonios32:
i) Martha Yolanda Montoya Caviedes es ingeniera agrónoma, tecnóloga en recursos
naturales con especialización en educación ambiental, pensionada y ex empleada
del Sena, entidad a la que entró por concurso de méritos hasta su jubilación.
Conoció a la demandante en 1995 como contratista del Sena, quien para esa época
prestaba asesoría en formación a empresarios y en el área de gestión ambiental.
Coincidían en algunas capacitaciones por lo que tenía conocimiento de las
actividades que ella desempeñaba.
En el desarrollo de los programas de formación los instructores de planta y los
contratistas tenían un horario que era de 6:45 a 5:15 pm, incluso a estos últimos les
asignaban un horario extendido en la noche o los sábados porque tenían que visitar
empresarios, quienes no los recibían en el día o requerían asesorías en diferentes
horarios y debían tener disponibilidad para atenderlos; las jornadas eran de lunes y
hasta sábados; y, quien asignaba los horarios era el jefe inmediato, que era como
el coordinador/supervisor.
La demandante realizaba actividades de docencia y asesoría de empresas, la cual
era una labor netamente docente porque les ensañaba a los empresarios a mejorar
31 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_2810202(.zip) NroActua 2»,
carpeta 027ResReq Acta 05-05-2022
32 Índice 32 de Samai del Tribunal
24
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
su acción ambiental, lo que recuerda bien porque ella cumplía con iguales tareas,
pero dirigida a otras entidades u organizaciones como las alcaldías o las
contralorías y Diana Collazos Reyes hacía lo mismo, pero con empresarios. Desde
«mil novecientos noventa y pico», algunos instructores de planta empezaron a tener
horarios nocturnos, pero los contratistas cumplían con el suyo de noche, día y a la
hora que los empresarios lo requerían porque debía cumplir con la oferta, si era de
8 horas. Recuerda que debían cumplir 160 horas al mes.
La prestación del servicio se desarrollaba en las instalaciones de las empresas o en
algunos municipios pues las alcaldías solicitaban asesorías, inclusive la
demandante iba hasta municipios del Valle; en cuanto al servicio de instrucción o
de enseñanza las podía realizar tanto en las instalaciones del Sena o fuera de estas.
El servicio que prestaba podía realizarse por asesores de empresas vinculados a la
planta de la entidad, pero no había quien tuviera conocimiento en gestión ambiental
y, a pesar de no conocer las razones por las que la contrataban era buena en gestión
ambiental y empresarial, en la docencia y a quienes asesoraba hablaban de su buen
desempeño. Tenía dos habilidades particulares ser economista y trabajar en gestión
ambiental, sin embargo, cumplía con las mismas actividades de un asesor de planta
y recibía igual capacitación.
Para ausentarse del Sena todos debían pedir permiso, tanto los de planta como los
contratistas, el cual debía dirigirse por regla general al jefe inmediato, es decir, al
supervisor o coordinador académico.
En relación con las vacaciones, los únicos que las tenían remuneradas eran los de
planta, a los contratistas se les acababa su contrato, pero en general todos los
instructores salían por vacaciones colectivas del 25 de diciembre a enero.
A las reuniones convocadas por parte del subdirector del centro o del director
general asistían tanto instructores de planta como contratistas y se trataban asuntos
relacionados con metas, ajustes a la programación, algún anuncio sobre actividades
deportivas, organización de tareas, por diferentes motivos. En cuanto a las
capacitaciones también participaban todos, por ejemplo, la de formación
pedagógica, didáctica, manejo de grupos era obligatoria. Asimismo, eran evaluados
por su desempeño, en el caso de los de planta se les llamaba la atención o se les
asignaba un plan de mejoramiento, a los contratistas les repercutía en su
contratación posterior.
Los elementos e insumos eran suministrados por la entidad a través del coordinador
académico o el supervisor con ayuda del secretario de la oficina y consistían, en
25
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
principio, en una bata blanca y un carné que incluso eran más requeridos para los
contratistas porque los de planta permanecían en el centro, mientras que ellos
debían desplazarse a las empresas, además proporcionaban un kit con borrador,
marcadores de colores, tizas, hojas de block y planillas de asistencia.
Para salir los días de semana santa se debía compensar el tiempo en las noches o
los sábados.
Para el pago de honorarios Diana Collazos Reyes tenía que entregar unas planillas
de asistencia y la inscripción de los estudiantes, último requisito que también era
exigido a los de planta.
Era recurrente que la entidad contratara por prestación de servicios a bastantes
personas, quienes trabajan en las condiciones exigidas a los de planta, pero sin
derecho a las prestaciones; sin conocer las razones de este tipo de contratación
posiblemente era escasez de personal, tal vez por la falta de concursos y ante la
creciente demanda en el campo, en especial, los empresarios que solicitaban el
servicio y los pocos concursos para que la gente entrara de planta pudieron propiciar
esta práctica.
Aunque no le constan las obligaciones estipuladas en el contrato suscrito entre
Diana Collazos Reyes y el Sena sí tiene conocimiento que realizaba actividades de
promoción y difusión de los programas en las calles. Frente a las actividades
administrativas, estas consistían en diligenciar las planillas, elaborar documentos,
en el caso de los de planta rendir informes mensuales o periódicos.
Su función era asesorar a las empresas, no solo en temas ambientales porque la
contrataron como economista si no también en calidad, en ISO 9000, ISO 14000,
después entró al tema ambiental.
ii) Martha Inés Amézquita Camacho es licenciada en tecnología educativa con
especialización en gerencia del talento humano y estudios de maestría en
comunicación educativa; actualmente trabaja en el Sena.
Conoció a Diana Collazos Reyes en la década de los 90 como compañera de trabajo
quien ingresó al Sena a prestar sus servicios como contratista en el programa de
desarrollo empresarial, luego se retiró y volvió a trabajar al Centro Agroindustrial
como instructora y finalmente entró por concurso «hace muy poco tal vez 2 años».
Coincidieron muchas veces porque tenían un horario que lo permitía y porque eran
instructoras (ella desde hace 36 años) y además ha sido dirigente sindical.
26
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
El horario mínimo son 8.5 horas diarias según el Decreto 1475, para los contratistas
en muchas ocasiones es superior, entre 10 y 12, pese a que en el contrato se
estipulan 8, porque ellos en su mayoría deben atender a los grupos que aparecen
a última hora, ir a una reunión que no estaba programada, realizar asesorías que
no están consideradas dentro del contrato, pero que se requieren, es el común
denominador para ellos no solo para la demandante; por ejemplo, los de planta
cumplen un horario de 32 horas de formación directa a la semana y los contratistas
de 40, en total el contrato dice que ellos deben orientar 160 horas al mes, mientras
que para los empleados son 128 en promedio, en un mes de 30 días y que no tenga
lunes festivos y la asignación de los horarios la hacen los coordinadores
académicos.
En cuanto a los días que laboran es igual, les asignan horarios de lunes a domingo
dependiendo de las necesidades del servicio, como lo denominan, lo que no ocurre
con los de planta porque tendrían que asumir el pago del recargo nocturno, horas
extras, dominicales, cualquier pago adicional que no les reconocen a ellos, es más,
cuando existe la necesidad de desplazarse por fuera de la sede solo les pagan el
valor del transporte contrario a lo que les implicaría enviar a un empleado de planta.
Diana Collazos Reyes impartía formación en algunos casos y asesoraba creación
de empresas y proyectos en municipios con asociaciones de campesinos o con las
organizaciones que le correspondiera trabajar. Desarrollaba actividades misionales
del Sena, esto es, orientar formación profesional a los trabajadores del país y para
ello en el Sena hay unos programas; los sectores productivos definen cuales son
las áreas de capacitación a través de unas mesas sectoriales, en las que se hacen
las investigaciones llamadas análisis funcional del cual se derivan unas
competencias laborales que reglamenta el Ministerio de Industria y en el Sena se
convierten en competencias de formación, a partir de las cuales se hace el diseño
pedagógico de los diferentes programas que contienen la definición de las
competencias que debe tener el aprendiz y que son las que se entregan a cada
instructor para su desarrollo metodológico, es decir, la formación impartida por el
Sena está reglamentada por competencias laborales y no es posible impartir
formación que no corresponda al programa.
En el Sena nadie tiene libertad de ausentarse cuando lo requiera, para ello se debe
tener autorización del jefe inmediato y mucho más un contratista; este superior es
el coordinador, quien es, generalmente, el coordinador del contratista y quien tiene
a cargo la verificación del cumplimiento de tareas.
A los instructores de planta se les evalúa 2 veces al año y a los contratistas los
evalúan y los aprendices también califican el desempeño, las que se tienen en
27
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
cuenta para la continuación del contrato.
Las vacaciones colectivas son para los instructores entre el 20 de diciembre y la
segunda semana de enero, a los administrativos se las otorgan por año cumplido,
a los contratistas por su parte se les termina el contrato pues a quienes les va bien
se los hacen por 10 u 11 meses.
Los coordinadores, los subdirectores, el director regional hacen con menos
frecuencia reuniones, pero los subdirectores y coordinadores las programan más
seguidas y son para todo el personal de carácter obligatorio, incluidos los
contratistas y la demandante. En la actualidad como los grupos son tan grandes las
citan por programa y realizan una para los de planta y otra para los contratistas ya
que estos son muchos y no caben en las instalaciones; en ellas se tratan asuntos
de programación, cómo se va a trabajar en el año, qué novedades hay,
implementación de las plataformas. También se realizan jornadas de capacitación
a las que asisten los contratistas si son virtuales o locales, es decir, en Armenia,
porque de acuerdo con el Decreto 1572 del 2005 ellos no pueden recibir
capacitación que signifiquen erogaciones para la entidad; en algunos casos estas
se realizan en horarios laborales, lo cierto es que algunas son obligatorias para ellos
y deben presentar las certificaciones, por ejemplo, las pedagógicas, de plataformas,
de manejo de TICs.
La razón por la que el Sena acude a la contratación por prestación de servicio viene
desde el año 85, pues durante muchos años la planta de personal estuvo congelada
mientras las funciones se ampliaron sin tener con quien atender toda la demanda,
por lo que empezó a crecer la contratación al punto que hoy son 10.000 de planta y
30.000 contratistas, a pesar de la ampliación de la planta en el 2005 que se concretó
en el 2012 y del 2016 que ingresaron en 2018.
Como distintivos se debía contar con el carné, con unas batas con el logo de la
entidad y chalecos, a los de planta se las otorgaban y a los contratistas les
correspondía comprarlas; para impartir instrucciones se usan video beam,
computador, en alguna época aparatos proyectores en general ayudas visuales o
carteleras.
Para la época de vinculación de Diana Collazos Reyes el proceso de selección se
hacía por valoración de la hoja de vida y además se practicaba una prueba
pedagógica para los contratistas, por lo que debían evidenciar unos dominios
mínimos en las funciones que le correspondieran.
Aunque no le consta que la sancionaran, le hubiesen llamado la atención, o le
28
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
suspendieran el contrato, sí puede afirmar que no solo a la demandante sino a
muchos contratistas les daban órdenes, como se puede observar en los correos
electrónicos que les enviaban.
iii) Anstrong Alberto Gómez Ríos es ingeniero agroindustrial con especialización es
gestión de proyectos para el desarrollo, actualmente es subdirector del Centro
Agroindustrial de la Regional Quindío y fue coordinador académico en el Centro
Agroindustrial de la Regional Quindío y supervisor del contrato de Diana Collazos
Reyes.
La demandante realizaba actividades de formación profesional integral según los
lineamientos del Sena, enfocadas en la parte ambiental; tenía autonomía técnica y
financiera para organizar y llevar a cabo las actividades de formación, adaptándolas
a las necesidades y capacidades de los aprendices.
La formación titulada consistía en cursos más largos y formales, como operarios o
tecnólogos, con una duración establecida y los cursos complementarios eran más
cortos y se adaptaban a las necesidades específicas del sector productivo, con una
duración de 40 a 100 horas y ella impartía ambos tipos de formación. Para los cursos
complementarios, debía acordar con los aprendices el horario y lugar según las
necesidades de la comunidad, que podían ser fines de semana, noches, etc. a su
vez la comunidad podía solicitar formación específica, y los instructores gestionaban
directamente con ellas para ofrecer los cursos; en la titulada existe una
programación porque es un compromiso que tiene el Sena con las personas que se
inscriben en esta modalidad, es decir, los aprendices se inscriben en una jornada
específica, entonces se ofrecía esta formación en esa jornada, por ende a los
instructores se les adjudicaba esas horas ofertadas en ese horario específico o un
sábado; pero no había horarios fijos, ni definidos, ni de entrada o salida sino
simplemente unos horarios programados en las jornadas de formación y como cada
ficha de formación era independiente podían ser fichas donde sus jornadas de
formación eran en la mañana, en la tarde, en la noche, hasta los fines de semana.
En la formación titulada el horario se acuerda con los aprendices según la oferta de
la institución, mientras que, en la complementaria, se negocia entre la instructora y
los aprendices según su disponibilidad.
No se le otorgaban permisos para ausentarse y los instructores contratistas tienen
la libertad para coordinar con los aprendices si necesitaban cambiar las clases, lo
importante para los supervisores era que se cumpliera con los resultados de
aprendizaje de la competencia académica.
29
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
El Sena proporciona elementos de protección personal, como chalecos, pero no
dotaciones.
Diana Collazos Reyes debía presentar informes mensuales para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Era parte de sus obligaciones
contractuales hacer divulgación de la oferta académica del Sena, lo cual implicaba
promover los cursos en reuniones con aprendices o sectores productivos, así como
replicar información en redes sociales y cumplía con las obligaciones específicas
del contrato como orientar formación, emitir juicios evaluativos, participar en algunas
reuniones donde se necesitaba coordinar actividades de formación, elaborar
carpetas, evidencias de la formaciones que ella impartía, publicarlas en el aplicativo
blackboard, emitir los videos en la plataforma especial Sofía Plus, eso era parte del
trabajo autónomo por parte de ella para el cumplimiento de las obligaciones.
Tampoco se le realizaron llamados de atención por incumplimiento alguno.
En cuanto a las horas de trabajo, los instructores cumplían hasta 160 horas
mensuales de formación, pero variaba según las actividades y el contrato
específico, en todo caso eran máximo las 160. No tenía conocimiento de que la
demandante realizara otras actividades fuera de las establecidas en su contrato con
el Sena.
Las contrataciones temporales de Diana Collazos Reyes entre 2014 y 2018 se
debían a las necesidades específicas de formación que surgían cada año, y los
contratos se adaptaban en duración y modalidad según esas necesidades,
asimismo, eran interrumpidas cada año y no correspondía a las actividades
misionales de la entidad, sino que su contratación se debía simplemente al
conocimiento especializado que ella tenía en el área ambiental.
Su función como coordinador era facilitar la comunicación entre los instructores y
las comunidades y ayudar a coordinar los cursos según la disponibilidad de
instructores y las necesidades de formación.
Pese a no tener clara la profesión de la demandante recuerda que es experta en
proyectos ambientales, una necesidad específica no cubierta por los instructores de
planta y su función era orientar formación para el trabajo y transferir conocimiento
especializado en el área ambiental desde el año 2014. Por su parte, la misión del
Sena es contribuir al desarrollo económico del país mediante la formación y
capacitación de los trabajadores colombianos, según el Decreto 246.
El cierre del periodo académico depende del calendario y resolución de la Dirección
de Formación Profesional, generalmente a mediados de diciembre. Sin embargo,
30
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
las vacaciones colectivas no coinciden con el cierre académico, ya que los
contratistas terminan sus labores a principios de diciembre y los instructores de
planta realizan evaluaciones de desempeño hasta el 18 de diciembre, por lo que
salen a vacaciones entre el 20 y el 22 de diciembre.
El Sena contrata instructores a través de prestación de servicios debido a la
insuficiencia de instructores de planta y la necesidad de especialistas en ciertas
temáticas. Los contratistas trabajan principalmente en horarios nocturnos y fines de
semana, mientras que los instructores de planta tienen un horario de lunes a viernes
de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., luego, el de planta cumple
jornada laboral, mientras que al contratista se le reconoce jornada de formación.
Desde el nivel central del Sena se asignan metas a la Regional Quindío, incluyendo
la ejecución presupuestal y metas de formación, las que consisten en programar
anualmente un número específico de tecnólogos, operarios, auxiliares y cupos de
inscripción para formación complementaria; para su cumplimiento la regional cuenta
con personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios y los recursos
y presupuestos son asignados al inicio de cada año según las metas establecidas,
lo que permite contratar al personal profesional necesario para atender las
formaciones.
El descanso compensatorio se autoriza para todo el personal de planta en semana
santa, pero no para el personal vinculado mediante prestación de servicios.
En cuanto a la proporción entre instructores de planta y contratistas, la mayoría son
contratistas, específicamente, en la regional hay aproximadamente 25 instructores
de planta en el Centro de Construcción, 42 en el Centro Agroindustrial, y unos 40
en Comercio y Servicios, lo que suma alrededor de 105, en cuanto a los contratistas,
hay 83 en el Centro de Construcción e Industria y al menos 140 en el Centro
Agroindustrial, con un número indeterminado en Comercio.
iv) Hernán Alonso Arenas Ocampo es bachiller y actualmente es instructor de la
planta de personal del Sena con funciones de coordinación académica
Diana Collazos Reyes prestó sus servicios profesionales hace tiempo, comoquiera
que es una profesional con conocimiento en temas ambientales y al no contar con
empleados de planta con esa especialidad y por necesidades del servicio se
contrataban sus servicios profesionales y no para la ejecución de actividades
misionales del Sena.
31
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
No se cumplen horarios, lo que se contrata es una prestación de servicios por unas
horas determinadas coordinadas con los aprendices y comunicadas a la
coordinación académica; las formaciones complementarias son libres de
concertación con quien presta el servicio y en las tituladas si interviene la
coordinación, no suman más de 160 horas al mes. Ella aportaba conocimiento en
las 2 modalidades de formación.
En el Sena no se pedían permisos, lo que se hace es coordinar con los aprendices
las modificaciones en las clases y se comunican a la coordinación académica como
supervisor del contrato para que en todo caso al cumplir esa función de supervisión
se tuviera conocimiento de tal modificación.
La entidad no suministra dotación a los contratistas, sí se proporcionan los
materiales de formación en cumplimiento de los compromisos con los aprendices.
Se deben presentar informes mensuales del objeto contractual y se verifica en la
plataforma Sofía plus con las obligaciones del clausulado y al encontrar su
cumplimiento se da el visto bueno del desarrollo de actividades mensuales.
En calidad de supervisor no realizó amonestaciones por incumplimiento de las
obligaciones contractuales.
Los pagos por conceptos de seguridad social corresponden al prestador del servicio,
lo que se hace por parte de la supervisión es verificar que este se encuentre a paz
y salvo.
Las obligaciones que cumplía son las estipuladas en el clausulado del contrato y
ninguna diferente a ellas.
Las compensaciones son para funcionarios de planta, no obstante, los contratistas
lo que hacen es concertar con los aprendices la forma en que van a cumplir las 160
horas del mes en el que caería por ejemplo la semana santa.
La demandante es profesional, aunque no tiene certeza si es ingeniera química
especialista en temas ambientales, sí que su contratación se debía a sus
conocimientos específicos en materia ambiental. La formación avanzada o
altamente calificada de la demandante se justifica al no contar con esta especialidad
en los perfiles de los empleados de planta de la entidad.
32
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
En atención a que lo que se pretende es que se declare la existencia de una relación
laboral encubierta entre Diana Collazos Reyes y el Sena en 2 períodos de
vinculación que transcurrieron entre el 1° de abril de 1991 y el 30 de junio de 2001
y, posteriormente, del 19 de septiembre de 2014 al 13 de diciembre de 2018 y,
comoquiera que, se advierte objetos contractuales diferentes en dichos períodos se
hace necesario un análisis de los elementos que configuran la relación laboral de
forma separada para cada uno ellos.
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Diana Collazos Reyes y el
Sena.
2.4.1.1. Primer período de vinculación que comprende los contratos
celebrados entre el 1° de abril de 1991 y el 30 de junio de 2001
2.4.1.1.1. Prestación personal del servicio
De las pruebas obrantes en el plenario, se tiene que la demandante prestó sus
servicios al Sena como asesora de empresas para apoyar y desarrollar acciones
relacionadas con el Programa de Desarrollo Empresarial e impartir formación
profesional en el área de proyectos y asesorías de empresas en el curso de los
contratos del 464 del 1° de abril de 1991 hasta el 240 del 18 de mayo de 1998 y,
posteriormente, para impartir formación profesional en el área de dimensión
ambiental o gestión ambiental en la ejecución de los contratos del 455 del 29 de
octubre de 1998 al último de este primer periodo el 288 del 23 de abril de 2001.
Frente a las aludidas vinculaciones y de acuerdo con los contratos aportados y
declaraciones recibidas se puede inferir la prestación personal de los servicios, por
cuanto, además de las declaraciones de las que se advierte que su desempeño se
enfocaba en la gestión empresarial y ambiental, lo que da cuenta de que era ella
quien debía ejecutar los contratos justamente por su perfil de formación, en las
obligaciones comunes señaladas en los aludidos contratos, entre otras, se tiene:
«Realizar en el lugar que le indique el SENA, la Inducción que lo habilite para cumplir en el
departamento del Quindío con las labores y responsabilidades señaladas pertinentes a la
atención, a las empresas en el campo de la asesoría», es decir, que era ella y no otra
persona quien debía capacitarse y recibir inducción para ejecutar las actividades y
cumplir con la labor de brindar asesoría a las empresas.
33
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Asimismo, obran formatos de evaluación de desempeño en el que se media con
indicadores generales y específicos el nivel de rendimiento de la contratista en el
ejercicio del cargo de asesora de empresas, lo que evidencia que la prestación del
servicio era personal.
2.4.1.1.2. Remuneración
Diana Collazos Reyes percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidencia en los contratos de prestación de servicios que suscribió, en los que
se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación (honorarios o salario).
2.4.1.1.3. Continuada subordinación o dependencia
De los documentos aportados y relacionados con en este primer período, así como
de las declaraciones rendidas es posible determinar una continua subordinación en
la prestación del servicio, pues de los primeros contratos suscritos en este período
y que están relacionados con la asesoría empresarial se tiene que, entre las
obligaciones estipuladas para la contratista, están:
«b) Ejecutar todas las actividades pertinentes al rol de asesoría a empresas de acuerdo
con los cronogramas de trabajo que se establezcan en el plan de operaciones
establecido conjuntamente con el responsable Regional' del Programa de Desarrollo
empresarial. c) Coordinar con las dependencias del SENA y con otras entidades de
fomento empresarial la prestación de los servicios especializados que requieren las
empresas por él asesoradas. d.) Llevar las carpetas de empresas asesoradas y los
registros de programación y ejecución de las acciones propias de su labor aplicando
los procedimientos e instrumentos establecidos por el SENA. e) Presentar los
informes sobre su trabajo solicitados por la coordinación del Programa de Desarrollo
Empresarial. k) Capacitarse en la formación pedagógica básica que programe e
imparta el SENA durante el primer semestre, sin que se afecte las horas de
formación directa para el cual ha sido contratada.» (sic) [Se resalta].
De lo transcrito se advierte que no existió autonomía para ejecutar los contratos,
pues debía atender el cronograma de trabajo, aplicar los procedimientos e
instrumentos establecidos por el Sena y capacitarse en los programas que imparte
el Sena, entre otros. Además, es preciso indicar que entre las funciones del Sena
está la de «dar capacitación en aspectos socioempresariales a los productores y
comunidades del sector informal urbano y rural» lo que da cuenta de que en general
cumplía con la actividad misional del Sena de bridar formación en este caso a
empresarios; asimismo, según lo mencionado por Martha Yolanda Montoya
Caviedes en su declaración, las asesorías empresariales eran equivalentes a la
formación de aprendices, y siempre debían realizarse siguiendo las directrices de la
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
entidad y en los horarios que ésta permitía, de conformidad con el programa que
ofrecía, es decir, bajo una continua subordinación.
Ahora, si bien cierto que Anstrong Alberto Gómez señaló que la demandante podía
acordar el horario y lugar para las asesorías con los empresarios, también lo es que
no se desvirtúa la sujeción a las directrices de la entidad y el control ejercido a sus
actividades.
De lo anterior, también dan cuenta las evaluaciones de desempeño realizadas en
este período, pues es justamente en una relación laboral que se evalúa el
rendimiento de una persona en el desempeño de un cargo con miras a una
estabilidad, lo cual ocurrió este caso.
En este punto, la Sala se permite aclarar que como en efecto lo encontró el tribunal
de instancia pese a que en la demanda se solicita el reconocimiento de la relación
laboral en el período que comprende los contratos celebrados entre el 1° de abril de
1991 y el 30 de junio de 2001, en la reclamación administrativa se solicitó para el
lapso transcurrido entre el 17 de julio de 1995 y el 30 de junio de 2001. Además,
según consta en acta 464, el 30 de abril de 1991 se dio terminación por mutuo
acuerdo al primer contrato y la siguiente contratación tuvo lugar el 17 de julio de
1995 con la suscripción del contrato 144, es decir, transcurrieron más de 4 años
entre los mencionados extremos que no denotan continuidad.
Aclarado lo anterior, con todo se aprecia el desarrollo de obligaciones que exigen
para su ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al
realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible
determinar la existencia de una relación laboral subordinada, pues es incuestionable
el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los
servicios de la demandante por alrededor de 6 años, comprendidos entre el 17 de
julio de 1995 y el 30 de junio de 2001.
2.4.1.2. Segundo período de vinculación que comprende los contratos
celebrados entre el 19 de septiembre de 2014 al 13 de diciembre de 2018
2.4.1.2.1. Prestación personal del servicio
De las pruebas relacionadas, se tiene que la demandante prestó servicios al Sena
como instructora para impartir formación profesional integral titulada y
complementario en el área de administración de empresas y afines, en la modalidad
presencial y/o virtual a través de contratos de prestación de servicios desde el año
2014 al 2018.
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
En efecto, de los contratos de prestación de servicios, los informes finales de
ejecución de contrato, de supervisión y mensuales de actividades dirigidos a los
supervisores de contratos, de los años 2014 al 2018 y demás documentos allegados
al expediente y lo narrado en los testimonios, se advierte que efectivamente la
demandante fue contratada por el Sena en la Regional para prestar «servicios
personales» como instructora de formación profesional integral titulada y
complementaria, pues así se dejó consignado en el clausulado de los contratos.
La labor se desarrolló en forma personal, debido a que una vez iniciaba el plazo
contractual debía desarrollar todas las actividades curriculares definidas por la
contratante lo que implica claramente que era ella quien debía ejecutarlas, de
conformidad con su perfil de formación.
Asimismo, obran constancias de capacidad para ejecutar el objeto del contrato
expedidas por el subdirector del Centro Agroindustrial de la Regional Quindío, en el
cual se certifica la idoneidad y experiencia de la demandante para ejecutar los
contratos, de lo que se advierte que se tenía en cuenta su perfil y experiencia para
prestar el servicio y que era ella y no otra persona quien debía ejecutarlos.
2.4.1.2.2. Remuneración
Diana Collazos Reyes percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidencia de los formatos para pago de contrato de prestación de servicios
personales y de los contratos de prestación de servicios que suscribió, en los que
se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación (honorarios o salario).
2.4.1.2.3. Continuada subordinación o dependencia
Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por la demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que esta estuvo sujeta a
horarios por turnos, instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada
pues atienden al control de un superior (supervisor de contrato o coordinadores
académicos) para ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe una
sujeción de esta hacia la entidad demandada y, en tal sentido, ella contaba en todo
momento con la posibilidad de disponer de su servicio, y aquella, a su vez, tenía la
obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi
por parte del Sena.
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Los testimonios de Martha Yolanda Montoya Caviedes y Martha Inés Amézquita
Camacho dan cuenta de las condiciones bajo las cuales esta prestaba sus servicios
al Sena, de las que se resalta que en ejercicio de sus funciones cumplía un horario,
incluso con más horas de formación directa que de las que les correspondían a ellas
como instructoras de planta, seguía órdenes e instrucciones, debía reportar sus
actividades a los supervisores de contrato o coordinadores académicos, no podía
ausentarse o, en otras palabras, debía pedir permiso para faltar a las horas de
clases programadas, era objeto de evaluaciones de desempeño, recibía
capacitaciones y no tenía autonomía frente a la formación impartida, pues esta es
reglamentada por competencias laborales y todos los instructores debían
implementarla.
Incluso del testimonio de Anstrong Alberto Gómez se advierte que en los cursos de
formación titulada el horario estaba establecido y por lo tanto a los instructores se
les adjudicaba esas horas ofertadas en horarios específicos.
Ahora bien, también coinciden en que la entidad determinaba el número de horas
en que se impartía la formación y que para la contratista correspondía a 8 horas
diarias de ejecución de formación, o a 160 horas mensuales. También que el Sena
proporcionaba o suministraba elementos como chalecos con logos distintivos de la
entidad.
Asimismo, se demostró que Diana Collazos debía presentar informes mensuales
para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales tal y como lo
indicó Anstrong Alberto Gómez, además, realizaba divulgación de la oferta
académica del Sena, orientaba formación, emitía juicios evaluativos, participaba en
algunas reuniones donde se necesitaba coordinar actividades de formación, lo cual
se corrobora con las pruebas documentales aportadas y que da cuenta que ejercía
las funciones esenciales de los instructores.
De igual forma, se evidencia que la actividad ejercida se realizó según las
orientaciones emanadas del centro educativo y no bajo su propia dirección y
gobierno; pues, por correos electrónicos, se le señalaron actividades como asistir a
reuniones, actividades evaluativas y eventos en general, y reportar horas laboradas.
En el mismo sentido, en los informes mensuales de ejecución de los contratos se
relaciona como acción implementada para tal fin «orientar formación profesional a
los diferentes grupos asignados de acuerdo a la programación definida y a las pautas
establecidas en el plan de acción […], las cuales incluyen actividades teórico prácticas.»,
en los informes de supervisión se enlista como obligación de la contratista, entre
otras, participar en las reuniones programadas por la institución, reportar las
actividades académicas realizadas, cumplir con la programación que le asigne la
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Coordinación Académica, participar con enfoque emprendedor en la planeación,
administración, ejecución y evaluación de los proyectos de formación, realizar las
actividades de alistamiento, ejecución y cierre de los cursos oportunamente en cada
estrategia de formación y realizar los juicios de evaluación correspondientes a los
resultados de aprendizaje en las fechas establecidas y en oportunidad.
Obligaciones concordantes con las estipuladas en los contratos «[p]articipar en las
reuniones que programe el SENA. […] [r]eportar al aplicativo SOFIAPLUS mínimo 160
horas mensuales. [r]eportar las horas de ejecución del contrato en las fechas indicadas por
la coordinación académica y/o supervisión de contratistas. i) Responder por la buena
calidad de los servicios contratados. [c]umplir con la programación que le asigne la
coordinación académica y participar con enfoque emprendedor en la planeación,
administración, ejecución y evaluación de los proyectos de formación. [e]ntregar copia de
los archivos producidos en desarrollo del objeto contractual. [c]onformar los equipos de
desarrollo curricular, interdisciplinario para garantizar la integralidad en la formulación de
proyectos formatios. [r]ealizar las actividades de alistamiento, ejecución y cierre de los
cursos oportunamente en cada estrategia de formación. [p]articipar en las actividades de
difusión de la oferta académica del SENA en el caso de ser requerido. [d]iseñar las guías
de aprendizaje y los instrumentos de evaluación que se requieren para el desarrollo de cada
proyecto y presentarlas a la coordinación académica para su revisión y aprobación y
posteriormente publicarlas en las plataformas del SENA [p]articipar en la programación y
ejecución del proceso de inducción de aprendices de formación titulada y el reconocimiento
de aprendizajes previos de acuerdo a las necesidades del proceso de formación. [r]ealizar
los juicios evaluativos correspondiente a los resultados de los instrumentos de evaluación
a los aprendices, oportunamente. [v]elar por el uso correcto de los ambientes de
aprendizaje, así como equipo, herramientas y materiales […]»
Asimismo, se advierte que la misión del Sena es la «cumplir la función que le
corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del país», función que cumple en desarrollo
de su actividad y que guarda similitud con las actividades desempeñadas por la
demandante, es decir, ejecutó labores que permitían el desarrollo del objeto
misional de la entidad, tal y como coincidieron en señalarlo los testigos pues la labor
formadora es de carácter permanente y para su desarrollo se llevan a cabo procesos
de selección, programación y orientación de enseñanza, evaluación según los
programas o módulos de formación y calendario académico, así como reporte de
información, lo cual se probó que ejecutó la demandante.
Razón por la cual esta Sala encuentra que, contrario a lo señalado por la entidad
recurrente, la valoración de los testimonios fue adecuada y encuentran soporte en
las pruebas documentales allegadas al expediente, entre las cuales, se reitera,
38
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
están los contratos de prestación de servicios suscritos entre la demandante y el
Sena, las evaluaciones de desempeño, los correos electrónicos, los informes de
supervisión, mensuales de actividades y finales.
Ahora bien, en cuanto al argumento según el cual la contratación de la demandante
se debía a sus conocimientos especializados en el área ambiental, lo cierto es que
la Diana Collazos Reyes es profesional en economía con estudios relacionados en
planificación empresarial del medio ambiente, no obstante, no obran pruebas que
demuestren que su contratación se debió a dichos conocimientos específicos, ni se
hace referencia a ello en el clausulado de los contratos, y aun cuando ello fuera así,
lo cierto es que tales consideraciones no enervan lo probado en el proceso, esto es,
que la labor la desarrolló sin autonomía e independencia, sino de forma subordinada
a sus superiores y a las precisas instrucciones emanadas de ellos. En todo caso los
sucesivos contratos dan cuenta de la vocación de permanencia en el servicio, sin
que se denote excepcionalidad y transitoriedad, contrario a ello ejecutó actividades
misionales o del giro ordinario de la entidad en cumplimiento de funciones del cargo
de instructor que hace parte de la planta de personal del Sena.
Adicionalmente, de los testimonios se observa que la posible justificación para este
tipo de contratación es la falta de empleados de planta para cubrir la demanda de
formación brindada por la entidad, como así lo indicó Hernán Alonso Ocampo sin
que para la Sala sea una razón aceptable pues corresponde a toda entidad contar
con una planta de personal propia, idónea, adecuada y suficiente que les permita
atender y desarrollar sus funciones33.
Sobre el particular, echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas
en la Ley 909 de 2004, el Sena no haya hecho uso de la creación de plantas
temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por
lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las
cuales fue contratada la demandante no es un argumento que enerve las
consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de
planeación y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.
Ahora bien, pese a que en el recurso de apelación se indica que no se tuvo en
cuenta los argumentos presentados en los alegatos de conclusión, una vez
verificada la plataforma de Samai se advierte que la entidad no presentó alegatos,
no obstante, se analizaron los elementos de la relación laboral de cara a las pruebas
aportadas al plenario en la forma y oportunidad señalada en la ley, por lo que tal
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de noviembre de 2014,
radicado 05001-23-33-000-2012-00275-01 (3222-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
reproche no tiene la entidad suficiente para desvirtuar los argumentos del a quo en
torno a la existencia de una relación laboral encubierta en contratos de prestación
de servicios.
Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»34.
Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su
empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»35.
De esta manera, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes del Sena, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de un esquema formativo, la sujeción a directrices de los supervisores
o coordinadores académicos de las que se resalta el ejercicio del ius variandi al
establecerle responsabilidades particulares en cuanto a los programas de
formación, aprendices, empresas usuarias, y actividades curriculares, lo que
demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad
de disponer del trabajo de la demandante y denota la existencia de una indiscutible
subordinación.
Por ello, la circunstancia de que, consciente y libremente, la demandante haya
aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el contrato
de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la expuesta
pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para que el
trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»36, tal y
como lo señala el artículo 53 de la Constitución Política.
Así las cosas, se encuentra demostrada la existencia de los elementos de la relación
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
35 Ibidem.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Demandante: Diana Collazos Reyes
laboral de acuerdo con los contratos de prestación de servicios y las demás pruebas
documentales y testimoniales practicadas, razón por la cual, en este punto se
confirmará la sentencia de primera instancia.
2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación37 dispuso que:
«[…] 150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
37Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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Demandante: Diana Collazos Reyes
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse […]».
Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales […]».
Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:
«[…]
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).
Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual»38.
En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 3 de diciembre de
2021 para el reconocimiento de la relación laboral encubierta en 2 períodos de
vinculación, se tiene que desde que finalizó el último contrato del primer período el
38 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
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Demandante: Diana Collazos Reyes
30 de junio de 2001 y comenzó el primer contrato del segundo período 19 de
septiembre de 2014 transcurrieron aproximadamente 13 años y 2 meses, es decir,
que existió una interrupción muy superior entre los lapsos en los que se declaró la
existencia de la relación laboral y generó la falta de continuidad entre estos; ello
dicho en otras palabras, implicó la solución de continuidad en la prestación del
servicio y la necesidad de presentar la reclamación administrativa dentro de los 3
años siguientes a la culminación del último de los contratos del primer período
señalado.
Sin embargo, comoquiera que la reclamación se presentó hasta el 3 de diciembre
de 2021, se determinará que acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho antes del 30 de junio de 2001, sin que
sea necesario verificar si entre los contratos suscritos entre el 17 de julio de 1995 y
el 30 de junio de 2001 se presentaron interrupciones superiores a 30 días hábiles,
puesto que es evidente el tiempo que se dejó trascurrir entre la finalización de ese
último contrato y la reclamación administrativa; sin que se afecte con la prescripción
lo relacionado con los aportes pensionales.
Ahora bien, en relación con el segundo período se advierte que no existió una
interrupción injustificada superior a 30 días hábiles entre los lapsos en que se
declaró la existencia de la relación laboral, esto es, entre el 19 de septiembre de
2014 y el 13 de diciembre de 2018 y cumplió con la exigencia de presentar la
reclamación administrativa dentro de los 3 años siguientes a la terminación de la
relación contractual. Lo anterior se advierte en el siguiente recuento:
Interrupción
Contra Fecha
Objeto Fecha inicio en días
to terminación
hábiles
Prestar los servicios personales temporales,
para orientar actividades pedagógicas y de
ejecución de la formación profesional
integral titulada y complementario en el área
de Administración de Empresas y/o afines a 19 de 13 de
787 de
su perfil en la modalidad presencial y/o septiembre diciembre de -
2014
virtual a través del proceso de enseñanza- de 2014 2014
aprendizaje evaluación, desde su
planeación y ejecución, basada en
competencias y aprendizaje por proyectos,
para el Centro Agroindustrial
Prestar los servicios personales temporales,
para orientar actividades pedagógicas y de
ejecución de la formación profesional
integral titulada y complementario en el área
de Administración de Empresas y/o afines a 13 de
318 de 22 de enero
su perfil en la modalidad presencial y/o diciembre 26
2015 de 2015
virtual a través del proceso de enseñanza- 2015
aprendizaje evaluación, desde su
planeación y ejecución, basada en
competencias y aprendizaje por proyectos,
para el Centro Agroindustrial
43
Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Prestar los servicios personales temporales,
para orientar actividades pedagógicas y de
ejecución de la formación profesional
integral titulada y complementario en el área
de Administración de Empresas y/o afines a
15 de
354 de su perfil en la modalidad presencial y/o 1 de febrero
diciembre de 32
2016 virtual a través del proceso de enseñanza- de 2016
2016
aprendizaje evaluación, desde su
planeación y ejecución, basada en
competencias y aprendizaje por proyectos,
para el Centro Agroindustrial
Prestar los servicios personales temporales,
para orientar actividades pedagógicas y de
ejecución de la formación profesional
integral titulada y complementario en el área 24 de enero
de Administración de Empresas y/o afines a de 2017
12 de
185 de su perfil en la modalidad presencial y/o según acta
diciembre de 27
2017 virtual a través del proceso de enseñanza- de prorroga
2017
aprendizaje evaluación, desde su se adicionó
planeación y ejecución, basada en en 4 días
competencias y aprendizaje por proyectos,
para el Centro Agroindustrial
Prestar los servicios personales temporales,
para orientar actividades pedagógicas y de
ejecución de la formación profesional
integral titulada y complementario en el área
de Administración de Empresas y/o afines a
13 de
289 de su perfil en la modalidad presencial y/o 29 de enero
diciembre de 31
2018 virtual a través del proceso de enseñanza- de 2018
2018
aprendizaje evaluación, desde su
planeación y ejecución, basada en
competencias y aprendizaje por proyectos,
para el Centro Agroindustrial
En efecto, si bien entre los contratos 318 y 354, y 185 y 289 hubo interrupciones
superiores a 30 días, estas se encuentran justificadas en el periodo de vacaciones
según el calendario académico, pues se dieron entre diciembre y enero. En igual se
sentido se ha determinado en anteriores oportunidades por esta subsección39 y así
fue corroborado también por los testimonios rendidos en el proceso, especialmente
los de Martha Yolanda Montoya Caviedes, Martha Inés Amézquita Camacho y
Anstrong Alberto Gómez Ríos.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
Con base en todo lo anterior, Diana Collazos Reyes tiene derecho al reconocimiento
y pago de los valores que por concepto de prestaciones legales derivadas de la
relación laboral debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de mayo de 2024,
radicado 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022).
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
tendría que realizarse en consideración al salario de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó.
Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales40 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas41.
En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
la labor desempeñada por Diana Collazos Reyes debía ser remunerada conforme
con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas.
Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendría que
reconocer el reajuste salarial, esto es, las diferencias entre lo devengado por un
empleado de planta y lo percibido por concepto de honorarios. Al respecto, es
importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán ser
reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia42 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que
no impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
40 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
41 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Esto, en aplicación de las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales43. Con fundamento en ello, esta Sala ha señalado que
en asuntos relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el
reconocimiento y pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió el
contratista por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de
condiciones de dicho cargo de la entidad.
Lo explicado con anterioridad, es la posición adoptada por la Sala para la liquidación
de las prestaciones laborales a la cuales tendría derecho la demandante y para el
cálculo del ingreso base de cotización (IBC); sin embargo, comoquiera que ello daría
lugar a la modificación de la orden proferida por el a quo al establecer que la entidad
demandada debía reconocer las prestaciones «tomando como base para dicha
liquidación los honorarios contractuales pactados a favor de la contratista en cada uno de
los contratos celebrados»; y al ser la entidad el apelante único en este asunto no se
modificará la providencia en este aspecto con el ánimo de no desmejorar su
situación en virtud del principio de la non reformatio in pejus.
2.4. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
43 Artículo 53 de la Constitución Política.
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.44
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala concluye que hubo una relación laboral entre Diana
Collazos Reyes y el Sena entre el 1 de abril de 1991 y el 30 de junio de 2001 y el
16 de septiembre de 2014 hasta el 3 de diciembre de 2018, salvo sus interrupciones.
Sin embargo, las prestaciones a que tiene derecho corresponden al lapso del 16 de
septiembre de 2014 al 3 de diciembre de 2018, en tanto las anteriores se
extinguieron en virtud de la prescripción, sin que este fenómeno extintivo del
derecho afecte los aportes pensionales.
A diferencia de ello, por el periodo restante, esto es, desde el 16 de septiembre de
2014 hasta el 3 de diciembre de 2018, la demandante tiene derecho al
reconocimiento de las prestaciones de orden legal reconocidas por el a quo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda incoada por Diana Collazos Reyes contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
44 En ese sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022)
Demandante: Diana Collazos Reyes
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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