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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00347-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2019-00347-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo1
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—

Tema: relación laboral encubierta. Subtema. Instructora del SENA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, el 29 de mayo de 2023, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Beatriz Villada Agudelo celebró contratos de prestación de servicios con el
Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA) durante varios periodos, con el
objeto de ejercer actividades como instructora o para ejecutar labores de promoción y
mercadeo. La demandante solicitó la nulidad del oficio mediante el cual la entidad negó
el reconocimiento de la existencia de una relación laboral. El Tribunal Administrativo
de Caldas accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar
acreditados los elementos constitutivos de dicha relación en los contratos que tenían
por objeto la prestación de servicios como instructora. La Subsección confirmará la
sentencia.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Beatriz Villada Agudelo, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 22 de junio de 20172,

1 Como aparece en la demanda, poder y firma de la cédula.
2 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034(.zip), 01ExpedienteEscaneado, p. 5.

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que se
sintetizan a continuación3.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio 2-2017-00563 del 23 de
febrero de 2017, mediante el cual el SENA negó el reconocimiento de prestaciones
sociales y demás acreencias laborales. Asimismo, pidió que se declarara la existencia
de una relación laboral con dicha entidad, durante la ejecución de múltiples contratos
de prestación de servicios suscritos entre el 19 de julio de 1993 y el 30 de junio de
2016.

3. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó el reconocimiento y pago de primas de servicios, cesantías e intereses a las
cesantías, primas de vacaciones y de navidad, bonificación por servicios prestados,
subsidio familiar, auxilios de transporte y alimentación, aumentos salariales, horas
extras, recargos nocturnos y aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión,
en igualdad de condiciones con el personal de planta.

4. Igualmente, pidió la devolución de los valores descontados por concepto de
retención en la fuente y pólizas de cumplimiento, así como el reconocimiento de la
indemnización por daños materiales, incluido el lucro cesante derivado de la pérdida
de la oportunidad de acceder a los beneficios económicos previstos en la Ley 1636 de
2013; la indemnización moratoria por la falta de consignación de las cesantías; los
perjuicios morales; la indexación de las sumas reconocidas, y el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2.1.2. Hechos

5. La demandante celebró contratos de prestación de servicios con el SENA
durante el periodo comprendido entre el 19 de julio de 1993 y el 22 de diciembre de
1995, en el que impartió formación a estudiantes mediante la planeación y ejecución
de clases teóricas, demostraciones prácticas, discusiones grupales, talleres y
seminarios, en el Centro Multisectorial de la entidad del municipio de La Dorada, con
jornadas de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

6. Entre el 23 de enero de 1995 y el 29 de julio de 1997, prestó servicios como
promotora de aprendices y aportes en la ciudad de Cali, actividad que comprendió la
promoción y mercadeo ante diversas empresas, la verificación del pago oportuno de
aportes parafiscales y seguimiento al cumplimiento de la cuota de aprendices. El
horario de ejecución de labores era de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

3 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034(.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 9 a 401

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

7. De la misma manera, entre el 16 de mayo de 2005 y el 1 de junio de 2016, se
desempeñó como instructora en la ciudad de Manizales.

8. El 31 de enero de 2017 [sic], solicitó al SENA el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y demás acreencias.
Mediante el Oficio 2-2017-00563 del 23 de febrero de 2017, la entidad negó dicha
solicitud.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

9. En la demanda se citaron como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 16, 25,
29, 53, 122 y 209 de la Constitución Política y 137 y 138 del CPACA.

10. Afirmó que el acto administrativo expedido por el SENA incurrió en falsa
motivación, toda vez que se enmarcó en una aparente legalidad derivada de la
contratación de servicios prevista en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 909 de 2004. Indicó
que la entidad negó el reconocimiento de prestaciones sociales con fundamento en la
existencia de contratos de prestación de servicios, pese a que las condiciones reales
en que se desarrollaron las actividades evidenciaron la configuración de una relación
laboral permanente. Destacó que las labores desempeñadas por la señora Beatriz
Villada Agudelo no fueron ocasionales ni temporales, sino continuas, circunstancia que
desdibujó la naturaleza de los contratos suscritos y permitió concluir que la vinculación
correspondió a una verdadera relación laboral encubierta.

11. Indicó que durante la ejecución de las funciones se configuraron los elementos
esenciales de la relación laboral, puesto que la demandante prestó personalmente sus
servicios, estuvo sometida a subordinación por parte de la entidad y recibió una
remuneración por la ejecución de actividades equivalentes a las desarrolladas por los
empleados de planta.

12. Alegó que el SENA incurrió en desviación de poder al acudir a contratos de
prestación de servicios para atender necesidades permanentes de su objeto misional,
utilizando una modalidad de vinculación distinta a la prevista legalmente para el
desempeño de funciones de carácter permanente.

13. Manifestó que la actuación administrativa vulneró derechos constitucionales
fundamentales, entre ellos, la igualdad, el trabajo en condiciones dignas y justas y el
de una remuneración proporcional al desconocer la verdadera naturaleza de la relación
laboral existente entre las partes.

14. Advirtió que la entidad desconoció el precedente constitucional aplicable, al
omitir la jurisprudencia que prohíbe la utilización de contratos de prestación de

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

servicios para el ejercicio de funciones permanentes y reconoce los efectos laborales
cuando se acredita la existencia de una relación laboral encubierta.

2.2. Contestación de la demanda

15. El SENA se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de
prescripción4.

16. Reconoció la celebración de los contratos de prestación de servicios señalados
por la parte actora. Sin embargo, sostuvo que dichos contratos tuvieron carácter
temporal, estuvieron sujetos a períodos determinados y presentaron interrupciones
entre sí, por lo que no existió una relación continua de dependencia. Asimismo, afirmó
que la demandante no ocupó un cargo específico dentro de la entidad y que durante
la ejecución de los contratos impartió distintos cursos conforme a las necesidades
institucionales. Con base en ello, negó la existencia de una relación laboral, al
considerar que los contratistas no formaban parte de la planta de personal y que su
vinculación se encontraba regulada por la Ley 80 de 1993.

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia el 29 de mayo de
2023, resolvió5:

PRIMERO. DECLARAR no probadas parcialmente las excepciones de “Inexistencia de
los elementos propios del contrato realidad, consecuentemente inexistencia del vínculo
o relación laboral”, “Honorarios no retribución” y “Cobro de lo no debido”, propuestas
por el SENA.

SEGUNDO: NO DECLARAR PROBADAS la excepción de compensación propuesta
por el SENA.

TERCERO: DECLÁRASE probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva
de los derechos laborales y prestaciones sociales derivadas de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre la señora Beatriz Villada Agudelo y el SENA,
causadas en relación con los períodos laborados con anterioridad al 28 de enero de
2013, excepto en lo relacionado con los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones.

CUARTO: DECLÁRASE la nulidad del oficio 2-2017-00563 del 23 de febrero de 2017,
expedido por el director del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- Regional Caldas
y con el cual negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales solicitadas
por la parte actora con ocasión de la existencia de una verdadera relación laboral entre
las partes.

4 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 415 a 455
5 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 13SentenciaPrimeraIntancia

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

QUINTO. DECLÁRASE la existencia de un contrato realidad entre la señora Beatriz
Villada Agudelo y el SENA, por la duración de los contratos con ocasión de los cuales
se desempeñó como instructor de dicha entidad, por los siguientes períodos:

Contrato y/o orden de trabajo Fecha inicio Fecha
finalización
Contrato 151 19/07/1993 18/12/1993
Orden de trabajo 043 17/02/1994 22/12/1994
Orden de trabajo 052 23/01/1995 22/12/1995
Contrato #23 16/05/2005 30/06/2005
Contrato # 70, modificación y adición 30/08/2005 30/12/2005
Contrato # 06 y su modificación 18/01/2006 30/07/2006
Contrato 142 09/08/2006 09/09/2006
Contrato No 102 y modificación 18/05/2009 18/10/2009
Contrato 173 18/11/2009 23/12/2009
Contrato No 24 21/01/2010 20-12/2010
Contrato No 63 01/02/2011 30/06/2011
Contrato No 174 11/07/2011 16/12/2011
Contrato No. 446 y adición 28/01/2013 27/10/2013
Contrato No. 957 28/10/2013 16/12/2013
Contrato 152 y modificación 20/01/2014 12/12/2014
Contrato No 611 13/02/2015 06/09/2015

SEXTO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
CONDÉNASE al SENA a reconocer y pagar a favor de la señora Beatriz Villada
Agudelo las mismas prestaciones sociales que hubiera percibido un empleado de
planta del SENA de igual o similar categoría, correspondientes al lapso por el cual se
reconoce la relación laboral y que no incluye los períodos prescritos, esto es: del
28/01/2013 al 27/10/2013; del 28/10/2013 al 16/12/2013; del 20/01/2014 al 12/12/2014;
del 13/02/2015 al 06/09/2015. Para la liquidación de tales prestaciones se tomará como
referencia el monto pactado como honorarios en cada contrato.

SÉPTIMO. DECLÁRASE que el tiempo laborado por la señora Beatriz Villada Agudelo
como instructora del SENA, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios
en los períodos en los cuales se demostró la existencia de una relación laboral, se debe
computar para efectos pensionales.

OCTAVO. CONDÉNASE al SENA a tomar el Ingreso Base de Cotización o IBC
pensional de la parte actora (los honorarios pactados) dentro de la totalidad de períodos
reconocidos como laborados, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo
de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, sólo en el porcentaje
que le correspondía como empleador.
[…]
NOVENO. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda. DÉCIMO. Las sumas que
deba cancelar la entidad accionada de acuerdo con lo antes expresado, serán

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

debidamente indexadas mediante la aplicación de los ajustes de valor, para lo cual, se
tendrá en cuenta la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia y la forma
como deberá hacer dichos ajustes.

DÉCIMO PRIMERO. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los
términos previstos por el artículo 192 del CPACA, sin perjuicio de la carga impuesta a
la parte actora en el inciso segundo de la disposición en mención.

DÉCIMO SEGUNDO. CONDÉNASE en costas en esta instancia a la parte demandada
[…]

18. Señaló que existió una verdadera relación laboral entre Beatriz Villada Agudelo
y el SENA cuando se desempeñó como instructora, en los períodos comprendidos
entre 1993 y 1995, 2005 y 2006, 2009 y 2011, y 2013 y 2015. Consideró demostrado
que, aunque fue vinculada mediante contratos de prestación de servicios, en la
práctica desarrollaba funciones permanentes y misionales de la entidad, equivalentes
a las realizadas por los instructores de planta, bajo condiciones de supervisión, control
y seguimiento que evidenciaban subordinación.

19. Por otra parte, determinó que no se acreditó la existencia de una relación laboral
respecto de las actividades de promoción y mercadeo de servicios del SENA
desarrolladas entre 1996 y 1998, porque no demostró una subordinación continuada,
con horarios impuestos, control efectivo, órdenes permanentes ni integración a la
estructura organizacional de la entidad. Además, los testigos no tenían conocimiento
directo sobre la forma en que se ejecutaron esas actividades.

20. Declaró la existencia de la relación laboral encubierta solo por los períodos en
que la demandante realizó actividades como instructora. En consecuencia, anuló el
acto administrativo mediante el cual el SENA negó el reconocimiento de sus derechos
laborales y dispuso su pago respecto de los causados antes del 28 de enero de 2013,
por prescripción trienal y por todo el tiempo reconocido como relación laboral para
efectos pensionales.

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. Parte demandante

21. Sostuvo que no operó la prescripción respecto de los derechos laborales y
prestaciones sociales derivados de los contratos de prestación de servicios, por cuanto
el reconocimiento de una relación laboral encubierta debía abarcar todo el período
declarado.

22. Señaló que la decisión desconoció los criterios de continuidad, permanencia e
igualdad, pues la demandante desempeñó de manera constante labores de instructora
bajo el mismo objeto contractual. Asimismo, argumentó que la contratación por

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

prestación de servicios constituyó una forma de vinculación que obligó a la señora
Beatriz Villada Agudelo a aceptar dichas condiciones para conservar la fuente de
ingresos, por lo que resultaba irrazonable exigir reclamaciones al finalizar cada
contrato.

23. Sostuvo que los derechos reclamados no podían considerarse prescritos
porque antes de la sentencia existía una mera expectativa de derecho y no un derecho
consolidado y exigible. La prescripción solo puede operar respecto de derechos
previamente reconocidos y que, en los casos de una relación laboral encubierta, estos
surgen con la sentencia que declara la existencia de la relación laboral.

24. De otra parte, alegó que la negativa de reconocimiento y pago de perjuicios
morales normaliza la afectación de los derechos fundamentales y laborales de los
trabajadores, al desconocer el desgaste emocional, documental y económico que
implica acudir durante varios años a un proceso judicial en procura del reconocimiento
de la relación laboral.

2.4.2. Parte demandada

25. Señaló que el tribunal fundamentó su decisión principalmente en una
presunción derivada del ejercicio de funciones de instructora y aplicó criterios
funcionales, de igualdad y de continuidad. No obstante, afirmó que dichas tesis no
bastaron para acreditar una relación laboral, pues no existieron pruebas directas de
subordinación, tales como llamados de atención, memorandos, sanciones,
investigaciones disciplinarias u órdenes permanentes impartidas por un superior
jerárquico.

26. Indicó que los testimonios valorados por el tribunal se limitaron a describir
aspectos generales del funcionamiento del SENA y de las labores de los instructores
sin aportar hechos concretos que demostraran subordinación por parte de la señora
Beatriz Villada Agudelo.

27. Argumentó que, aun en el supuesto de que existiera una relación laboral
encubierta, ello no otorgó a la contratista la condición de empleada pública ni permitió
equipararla plenamente a un servidor de planta.

28. Señaló que existieron interrupciones entre contratos que superaron el límite
establecido por la jurisprudencia y varias prestaciones reclamadas ya habían prescrito
cuando se presentó la reclamación administrativa.

29. Solicitó la revocatoria de la condena en costas, al considerar que la entidad
actuó de buena fe en la defensa de la legalidad de los contratos suscritos y que la
complejidad del asunto justificó la controversia judicial.

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

30. Mediante auto del 30 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por las partes y se prescindió del traslado para alegar de conclusión, en
aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda
instancia6.

2.6. Ministerio Público

31. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado señaló que los
contratos de prestación de servicios suscritos entre la señora Beatriz Villada Agudelo
y el SENA encubrieron una verdadera relación laboral. Indicó que se acreditaron los
elementos relacionados con la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación, toda vez que la demandante ejecutó directamente las funciones
asignadas, recibió una contraprestación económica y estuvo sometida a horarios,
instrucciones, supervisión y presentación de informes por parte de la entidad.

32. En consecuencia, concluyó que tenía derecho al reconocimiento de las
prestaciones sociales legales dejadas de percibir, como vacaciones, primas, cesantías
y aportes al sistema de seguridad social. Igualmente, consideró que no procedía la
condena en costas, al no demostrarse una actuación temeraria o de mala fe7.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

33. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

34. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por las partes contra el fallo de primera instancia, teniendo en cuenta lo
previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, a la Sala le corresponde
definir lo siguiente:

35. ¿Las condiciones en las que se ejecutaron los contratos de prestación de
servicios evidenciaron la existencia de subordinación, y, por ende, de una relación
laboral encubierta conforme a los medios de pruebas aportados en el expediente? Si
la respuesta es afirmativa:

6 Samai, índice 07.
7 Samai, índice 12.

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

36. ¿Los derechos salariales y prestacionales derivados de una relación laboral
encubierta se encontraban prescritos?

37. ¿Debe reconocerse el pago de perjuicios morales a favor de la parte
demandante?

38. Resueltos los anteriores interrogantes, la Sala determinará si procede o no la
condena en costas.

39. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala atenderá el siguiente
esquema metodológico: (i) presupuestos de configuración de la relación laboral
encubierta; (ii) distinción entre coordinación y subordinación; (iii) carga de la prueba
frente al elemento de subordinación; (iv) naturaleza de las funciones desempeñadas y
su correspondencia con las labores permanentes de la entidad; (v) hechos probados
relevantes y, (vi) análisis del caso concreto.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

40. La jurisprudencia unificada de esta corporación8 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.

41. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 53 de la Constitución Política,
conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre las formalidades. En
consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato de prestación de
servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la administración la
obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos laborales derivados de
dicha relación.

42. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

43. Al respecto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».

44. Dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la existencia de
una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en conjunto bajo los
principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación continuada y,
en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal del
contrato de prestación de servicios.

45. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
relacionados con los siguientes aspectos: que el lugar de prestación del servicio
corresponda a las instalaciones de la entidad; que se imponga un horario o turno; que
exista dirección y control de la labor, la cual se materializa en las órdenes sobre las
circunstancias de modo, tiempo y cantidad del trabajo; que exista el deber de participar
en reuniones y que se presente seguimiento de superiores jerárquicos. También es un
elemento indicativo de la subordinación, que las actividades contratadas correspondan
al objeto misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta
de personal.

46. En este orden de ideas, la Sección consideró, en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante, que, «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario»9.

47. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con
el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»10.

48. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

9 Idem.
10 Idem.

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes
o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».11

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».12

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo
se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie
de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados.13

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

49. A partir del análisis normativo y jurisprudencial expuesto, la providencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda determinó
que los contratos de prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de
manera definitiva las funciones permanentes de la entidad y que su objeto debe
atender únicamente necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto,
con estos contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones
permanentes o misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a
vinculaciones legales y reglamentarias». De tal suerte que, cuando se acredite que el
contratista cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y
propias del personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.

11 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo

externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
12 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la

práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, proceso

con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

50. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

51. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».

52. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

(i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

(ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.

(iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la
práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar si
lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».

3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación

53. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»14.

54. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202115, que entre el contratante y el contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados16».

55. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación
laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que
desarrollan los empleados de planta.

56. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

14 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-

33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, proceso

con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo
puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia
deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,17 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad,
de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones
en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento
por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de
coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en
las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó
la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria
observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la

17 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y

55.

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permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional
de la entidad».

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación

57. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia ha
expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

58. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que las pruebas se practiquen
o se aporten»18, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta
norma se lee en consonancia con el artículo 167 idem que regula el principio de
necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».

59. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.

60. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»19, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del
mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»20.

61. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual
remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la
sana crítica (art. 176 CGP)

62. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro

18 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
19 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
20 Idem.

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hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

63. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.3.4. Naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del SENA
y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad

64. El Gobierno nacional expidió el Decreto 118 de 1957, por medio del cual creó el
Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—21, que de conformidad con el Decreto 164
de 195722, se encargaría de dar formación profesional a los trabajadores jóvenes y
adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería.

65. La anterior normativa fue subrogada por el Decreto 3123 de 196823, en el que
se estableció dentro de sus funciones la formación profesional a los trabajadores de
todas las actividades económicas y en todos los niveles del empleo.

66. Más adelante, mediante el Decreto 2149 de 199224, el SENA se reestructuró.
En tal sentido, se definió que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. Como funciones, entre otras, se le asignó: el diseñar y
mantener un sistema nacional de aprendizaje que se ajuste a las disposiciones que
regulan el contrato de aprendizaje; y adelantar, previa aprobación de las autoridades
competentes, programas de formación tecnológica y técnica profesional.

67. El anterior decreto fue derogado por la Ley 119 de 199425, en la que se mantuvo
la naturaleza jurídica de la entidad, y dispuso que su misión radica en «intervenir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico
del país». Además, se estableció que el SENA tendría como objetivo, «dar formación

21 Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de

Aprendizaje, SENA.
22 Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA) y se dictan otras disposiciones.
23 Por el cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA).
24 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
25 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se

dictan otras disposiciones.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
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Demandado: SENA

profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a
quienes sin serlo, requieran dicha formación», entre algunos otros.

68. De acuerdo con lo expuesto, se advierte que la entidad se encuentra adscrita al
Ministerio de Trabajo y tiene como misión la formación y capacitación de aprendices.
Así, aun cuando no está subordinada al Ministerio de Educación, lo cierto es que ejerce
una labor docente enfocada al desarrollo de programas de formación en educación no
formal26.

69. Aclarado lo anterior, se destaca que dentro de los empleos de la planta de
personal del SENA se encuentran los instructores, grupo que según el artículo 2 del
Decreto 1424 de 199827 «comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de coordinación
académica de la formación e investigación aplicada».

70. El manual de funciones se actualizó en el año 2015, cuando se expidió la
Resolución 1302 del 8 de julio del mismo año28, y en el año 2017 al proferirse la
Resolución 1458 del 30 de agosto de 201729, en la que se establecieron las funciones
de los instructores en diferentes áreas temáticas.

71. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 1 de
septiembre de 201430, definió que, como la función del SENA, a través de sus
instructores, se dirige a la formación integral, profesional o laboral certificada de sus
estudiantes, por su naturaleza la entidad se encuentra en el sistema de educación no
formal. Ello, en los siguientes términos:

[…] la función prestada por el SENA a través de los Instructores se orienta a una
formación integral, profesional y laboral certificando a sus estudiantes, o sea, que
por estas características y su naturaleza se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace parte de los niveles
propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de 1994
(preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de la definición
de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas generales del
Servicio Público de Educación. (Se destaca)

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13

de junio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya.
27 Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio Nacional

de Aprendizaje-SENA.
28 Por la cual se actualiza y reúne en un solo conjunto de leyes el Manual Específico de Funciones y de

Competencias Laborales de los empleados de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
29 Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la

Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de septiembre de 2014, proceso con radicado 20001-23-

31-000-2011-00503-01(3517-2013). M.P. Alfonso Vargas Rincón

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

72. Así, toda vez que el SENA ejecuta una actividad académica, el contenido de
sus programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119
de 199431, debe ceñirse a la normativa aplicable, esto es, a la Ley 30 de 199232. Sobre
el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación33, concluyó lo
siguiente:

La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es reiterada
en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4 permite al SENA
adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos
previstos en las disposiciones legales respectivas”.

Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a los
trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.

ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,

iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico de
esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.

Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a
lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la ley 30 de 1992
y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la ley 749 de 2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión
específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe
agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio.

De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica y
técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes 30 y 749 sobre el
régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y con la naturaleza
jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin que ello signifique

31 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:

(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
32 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
33 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de 2010, proceso con

radicado 11001-03-06-000-2010-00089-00. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de una institución
de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza, misión, organización
y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.

3.4. Hechos probados

73. La señora Beatriz Villada Agudelo suscribió contratos de prestación de servicios
con el SENA, tal y como consta en la copia de estos, en las actas de inicio y liquidación
correspondientes y en la certificación allegada al expediente, como se muestra a
continuación34:

Contratos Objeto Desde Hasta Interrupción
de (días
prestación hábiles)
de servicios
Contrato «Apoyar el programa del Plan 19/07/1993 18/12/1993 -
15135 Nacional de Rehabilitación. Ley 55
de 1985 que en el artículo 16 previó
funciones del SENA de capacitación
Plan de Rehabilitación.»
Orden de «Desarrollar labores de formación 17/02/1994 22/12/1994 44 días
trabajo 04336 profesional»
Orden de «Instructora acción social» 23/01/1995 22/12/1995 23 días
trabajo 05237
Orden de «Promoción y mercadeo de 19/02/1996 21/12/1996 42 días
trabajo 19 servicios del Sena» 18/11/1996 18/12/1996
Orden 01/02/1996 31/07/1996
96504938
Orden
960051739
Orden de «Promoción y mercadeo de 30/01/1997 29/07/1997 29 días
trabajo # 29 servicios del Sena» 30/01/1997 29/07/1997
Orden
97030940
Orden «Promoción y mercadeo de 14/11/1997 31/12/1997 79 días
97220641 servicios del Sena»
Orden 7142 «Promoción y mercadeo de 04/02/1998 19/03/1998 26 días
Orden servicios del Sena» 02/02/1998 02/04/1998
98052043
Orden «Promoción y mercadeo de 16/05/2005 30/06/2005 + 360 días
98166044 servicios del Sena»

34 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado
35 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 13SentenciaPrimeraIntancia, p.7
36 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 13SentenciaPrimeraIntancia, p. 7
37 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 13SentenciaPrimeraIntancia, p. 7
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39 Samai, índice 18, 15RECIBEMEMORIAL_CDSProceso347zip(.zip), CDSProceso347, CD2, Orden9600517
40 Samai, índice 18, 15RECIBEMEMORIAL_CDSProceso347zip(.zip), CDSProceso347, CD2,
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41 Samai, índice 18, 15RECIBEMEMORIAL_CDSProceso347zip(.zip), CDSProceso347, CD2, Orden977206.
42 Samai, índice 18, 15RECIBEMEMORIAL_CDSProceso347zip(.zip), CDSProceso347, CD2, VILLADA AGUDELO

Beatriz_1, p. 3
43 Samai, índice 18, 15RECIBEMEMORIAL_CDSProceso347zip(.zip), CDSProceso347, CD2, VILLADA AGUDELO

Beatriz_1, p. 5
44 Samai, índice 18, 15RECIBEMEMORIAL_CDSProceso347zip(.zip), CDSProceso347, CD2, VILLADA AGUDELO

Beatriz_1, p. 4

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

Contrato 23 «Prestación de servicios como 16 de mayo 30 de junio
del 200545 Docente en el área de talleres de de 2005 de 2005
convivencia (para 800 alumnos
hasta junio 30/2005), apoyo y
asesoría en economía solidaria –
mentalidad empresarial»
Contrato 70 Docente en el área de lecto escritura 30 de agosto 30 de 41 días
del 200546 de proyectos de 2005 diciembre de
2005
Contrato 06 Docente en el área de lecto escritura 18 de enero 30 de julio de 10 días
de 200647 de proyectos y talleres de de 2006 2006
convivencia social
Contrato 142 «Prestación de servicios 9 de agosto 9 de 7 días
de 200648 profesionales como instructora de 2006 septiembre
contratista del área de servicio de 2006
social»
Contrato 102 «Prestación de servicios personales 18 de mayo 18 de agosto + 360 días
de 200949 como instructora contratista en el de 2009 de 2009
área de ética, servicio al cliente y
emprendimiento (formación virtual
y/o presencial)»
Contrato 173 Instructora contratista en el área de 18 de 23 de 64 días
de 200950 ética, servicio al cliente y noviembre diciembre de
emprendimiento de 2009 2009
Contrato 24 Instructora contratista en el área de 21 de enero 20 de 19 días
de 201051 ética, servicio al cliente y de 2010 diciembre de
emprendimiento 2010
Contrato 63 Instructora contratista en el área de 1.° de 30 de junio 31 días
de 201152 servicio al cliente febrero de de 2011
2011
Contrato 174 Instructora contratista en el área de 11 de julio de 16 de 5 días
de 201153 servicio al cliente 2011 diciembre de
2011
Contrato 448 «Prestación de servicios personales 28 de enero 27 de julio de 274 días
de 201354 de carácter temporal, como de 2013 2013
instructor, por periodo fijo, para la
ejecución de acciones de formación
profesional, presenciales o
virtuales, en el Centro de Comercio
y Servicios, apoyar el desarrollo de
las actividades de formación,
formulación de proyectos y diseño
de actividades de aprendizaje, en el
área de gestión administrativa, así
como las actividades de
capacitación y/o auditoría para el
Sistema Integrado de Gestión de
Calidad del SENA que acuerden las
partes»

45 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, p. 101
46 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 103 a 109
47 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 113 a 119
48 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 163 a 167
49 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 177 a 185
50 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 201 a 207
51 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 213 a 221
52 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 241 a 249
53 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp.269 a 277
54 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 315 a 325

20

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

Modificación Instructor, por periodo fijo, para la 28 de julio de 27 de 0 días
contrato 448 ejecución de acciones de formación 2013 octubre de
de 201355 profesional en el área de gestión 2013
administrativa
Contrato 957 Instructor, por periodo fijo, para la 28 de 16 de 0 días
de 201356 ejecución de acciones de formación octubre de diciembre de
profesional en el área de gestión 2013 2013
administrativa
Contrato 152 Instructor, por periodo fijo, para la 20 de enero 12 de 23 días
de 201457 ejecución de acciones de formación de 2014 diciembre de
profesional en el área de gestión 2014
administrativa
Contrato 611 «Prestación de servicios personales 13 de febrero 6 de 46 días
de 201558 de carácter temporal, como de 2015 septiembre
instructor, por periodo fijo, para la de 2015
ejecución de acciones de formación
profesional, virtuales y/o
presenciales, en el Centro de
Comercio y Servicios, apoyar el
desarrollo de las actividades de
formación, formulación de proyectos
y diseño de actividades de
aprendizaje, en el área de Ética.»
Tabla 1: contrato de prestación de servicios

74. La señora Beatriz Villada Agudelo presentó escrito ante el SENA el 1.º de
febrero de 2017, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral con la entidad y el pago de los emolumentos salariales, prestacionales
y de seguridad social causados durante el período en que prestó sus servicios 59.

75. A través del Oficio 2-2017-000563 del 23 de febrero de 2017, el director
Regional Manizales del SENA negó la petición anterior. En este acto administrativo no
se indicó la procedencia de recurso alguno60.

3.5. Caso concreto

76. En el asunto bajo estudio, la señora Beatriz Villada Agudelo celebró diversos
contratos de prestación de servicios con el objeto de prestar labores como instructora
en formación profesional del SENA, durante el periodo comprendido entre el 19 de julio
de 1993 y el 6 de septiembre de 2015, y periodos adicionales como promotora de
servicios. A partir de lo anterior, solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el
cual la entidad negó el reconocimiento de la existencia de la relación laboral y el pago
de las acreencias salariales, prestacionales y de seguridad social derivadas de esta.

77. El Tribunal Administrativo de Caldas accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, al considerar que se acreditaron los elementos que configuran la
55 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 339 a 341
56 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 301 a 311
57 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 351 a 360
58 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 361 a 371
59 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 51 a 58
60 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 61 a 74

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

relación laboral encubierta respecto de los periodos en los cuales la demandante
prestó servicios como instructora del SENA, al encontrar demostrada la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación.

78. La decisión fue apelada por las partes. La demandante cuestionó la declaración
parcial de la prescripción de los derechos laborales, al considerar que el
reconocimiento de la relación laboral frente a las actividades de instructora debía
comprender la totalidad del vínculo acreditado y el reconocimiento de los perjuicios
morales. Por su parte, la entidad demandada solicitó la revocatoria de la sentencia, al
sostener que no se demostró el elemento de subordinación y que la relación estuvo
regulada por contratos de prestación de servicios celebrados conforme a la Ley 80 de
1993.

79. A partir de lo expuesto, la Sala se ocupará de analizar si en el presente asunto
se acreditó el elemento de subordinación que el tribunal dio por acreditado para
declarar la existencia de la relación laboral encubierta entre la señora Beatriz Villada
Agudelo y el SENA, durante el tiempo que ejerció labores como instructora. Definido
este punto, se estudiará, si es el caso, la configuración de la prescripción respecto de
las acreencias reconocidas en la sentencia apelada y la procedencia del
reconocimiento de perjuicios morales.

3.5.1. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral encubierta

80. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la subordinación continua y (iii) la
remuneración como contraprestación del servicio.

81. En el asunto bajo análisis, el objeto central de controversia se circunscribe al
elemento de subordinación, toda vez que no se presentó inconformidad sobre la
prestación personal del servicio ni sobre la remuneración recibida. En este sentido, el
debate jurídico recae sobre la acreditación de imposición horarios, órdenes, control y
dependencia jurídica respecto de quien prestó el servicio, porque la ejecución material
de la actividad y la contraprestación económica no fueron cuestionadas.

3.5.2. Continuada subordinación o dependencia

82. En relación con el elemento de subordinación, esta Sección ha considerado que
constituye el aspecto diferenciador entre un contrato de prestación de servicios y una
verdadera relación laboral, pues implica la facultad del empleador de impartir órdenes
respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que debe ejecutarse la

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
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Demandado: SENA

actividad, así como la posibilidad de ejercer control sobre el cumplimiento de las
funciones asignadas.

83. Por otra parte, la contratación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión
por parte de las entidades públicas se encuentra permitida por el artículo 32 de la Ley
80 de 1993, para la ejecución de labores administrativas o de funcionamiento que «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».
Por tanto, dicha modalidad contractual no puede utilizarse para encubrir relaciones
laborales cuando en la realidad se presentan los elementos propios de un vínculo
laboral.

84. Al expediente se incorporaron los contratos que describen el objeto de la
prestación de labores, en los que se indican las labores de instrucción realizadas por
la demandante en el marco de las funciones misionales asignadas al SENA
relacionadas con el desarrollo de programas de formación en actividades productivas
que, dada la naturaleza de las mismas, no fueron desarrolladas bajo un criterio de
autonomía e independencia propio de un contratista, sino dentro del marco
organizativo y funcional de la entidad demandada.

85. Inicialmente, se observa, conforme quedó expuesto en el marco normativo, que
el SENA tiene a su cargo la implementación y ejecución de programas de formación y
capacitación para los trabajadores, que contribuyan al desarrollo económico y social
del país. Para cumplir dicha finalidad, la entidad cuenta dentro de su planta de personal
con el cargo de instructor, cuyas funciones consisten en orientar procesos de
formación, ejecutar actividades académicas, evaluar aprendices y desarrollar los
programas establecidos por la institución.

86. En el caso concreto, se encuentra acreditado con los contratos de prestación
de servicios que la señora Beatriz Villada Agudelo desempeñó funciones como
instructora en áreas relacionadas con ética, servicio al cliente, emprendimiento y
servicio social, actividad de gestión para la formación que hace parte de las funciones
misionales del SENA y no labores ocasionales de administración o de funcionamiento.

87. Resulta importante señalar frente a las competencias del SENA en la ejecución
de programas de formación para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas, que las mismas son ejecutadas por instructores de planta, en
las áreas temáticas descritas en la Resolución 1458 del 30 de agosto de 201761, a

61 Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la

Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
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Demandado: SENA

partir de las competencias generales dispuestas en la Resolución 986 del 25 de mayo
de 200762 (vigente entre el año 2007 y 2015), así:

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas Institucionales,
la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de
Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de
evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad con los
módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la
ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades institucionales
asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con el Manual
de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo.

88. Las funciones descritas coinciden con las obligaciones asumidas por la
demandante durante los periodos en los que prestó servicios como instructora (1993-
1995 y 2005-2016), relacionadas con la ejecución de programas de formación y de
diseño de actividades de aprendizaje, «en los horarios y lugares que el SENA indique»,
de acuerdo con la programación académica establecida por la institución en la red de
conocimiento del sector productivo en la que impartía las clases sobre
emprendimiento, ética, servicio al cliente y servicio social.

89. A manera de ejemplo, el siguiente cuadro presenta una comparación entre el
objeto del contrato y las obligaciones contractuales63, de la cual se desprende que
estas coinciden sustancialmente así:

Funciones instructor de planta Obligaciones contrato de prestación de
servicios
1. Desarrollar procesos de formación El objeto del contrato es la prestación de
profesional de conformidad con las servicios personales como instructor en el
políticas institucionales, la área de conocimiento «asignada».

62 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los empleados

públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
63 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip), 01ExpedienteEscaneado, pp. 113 a 119

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

normatividad vigente y la En este orden, la contratista se
programación de la oferta compromete a lo siguiente:
educativa.
1. Prestar servicios como instructor en
2. Seleccionar estrategias de el programa que le fue asignado.
enseñanza y evaluación según el 2. Cumplir el objeto del contrato en los
programa de formación profesional horarios y lugares que el SENA
y el enfoque metodológico indique.
adoptado. 3. Entregar los reportes estadísticos y
registros inherentes al proceso de
3. Programar las actividades de formación estipulados por el SENA,
enseñanza, y evaluación de de conformidad con los horarios de
conformidad con los módulos, el formación del Centro de Comercio y
calendario institucional y el manual Servicios de dicha entidad.
de procedimientos para la ejecución
de acciones de formación
profesional.

Tabla 2: Comparativo

90. Ahora, la entidad demandada manifestó que las declaraciones recibidas dentro
del proceso no demostraban la existencia de subordinación, debido a que las testigos
se limitaron a describir las actividades generales desarrolladas por los instructores
contratistas sin acreditar órdenes directas impartidas a la señora Beatriz Villada
Agudelo.

91. Sobre el particular, la Sala recuerda que los testimonios deben ser valorados
conforme a las reglas de la sana crítica, de acuerdo con lo previsto en los artículos 176
y 211 del Código General del Proceso, de manera conjunta con los demás elementos
probatorios incorporados al expediente. En este sentido, debe analizarse con las
pruebas documentales y las circunstancias particulares acreditadas dentro del
proceso, no puede valorarse de manera aislada.

92. Los testimonios solicitados por la demandante fueron practicados en la
audiencia de pruebas celebrada el 22 de septiembre y el 8 octubre de 2020 64, en el
siguiente orden:

93. La testigo Laura Marcela Valencia Marulanda manifestó que conoció a la señora
Beatriz Villada Agudelo desde el año 2013, cuando prestaban sus servicios como
instructoras contratistas del SENA, adscritas al Centro de Comercio y Servicios de
Manizales. Indicó que, durante su vinculación con la entidad comprendida entre los
años 2013 y 2015, desarrolló actividades como instructora, igual que la demandante,
que estaba encargada de impartir formación en programas técnicos y tecnológicos.

94. Señaló que la actora debía cumplir una carga horaria fija de aproximadamente
160 horas mensuales, según los grupos de formación asignados, los horarios
establecidos y las actividades requeridas. Manifestó que los instructores debían asistir

64 Samai, índice 02, ED_17001233300020190034 (.zip)

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

a reuniones de grupo primario, capacitaciones obligatorias, presentar informes
periódicos y entregar documentación para el trámite de pago, actividades que eran
objeto de seguimiento por parte de los interventores.

95. Asimismo, indicó que la señora Beatriz cumplía jornadas extensas que iniciaba
desde tempranas horas de la mañana y, en ocasiones, terminaba hasta la noche,
además de atender cursos complementarios cuando requería completar las horas
exigidas para el pago. Finalmente, expresó que la señora Beatriz fue una persona
dedicada y responsable, que cumplía con las labores asignadas y con las condiciones
establecidas por la entidad.

96. Por otra parte, María Aydee Marín Gómez narró que conoció a la señora Beatriz
Villada Agudelo desde el año 2009, cuando prestaban servicios en el SENA,
específicamente, en el Centro de Comercio y Servicios de Manizales. Indicó que la
señora Beatriz se desempeñaba como instructora contratista, que tenía a cargo
actividades de formación en eventos de divulgación tecnológica, cursos de formación
complementaria y formación titulada. Señaló que pertenecían a la misma área de
trabajo, por lo que tenía conocimiento de que la señora Beatriz impartía formación en
temas de ética, servicio al cliente y emprendimiento, además de prestar sus servicios
en empresas, con aprendices de la región y en el centro de formación.

97. Afirmó que la señora Beatriz Villada Agudelo recibía los horarios para las
actividades de formación mediante correos electrónicos o instrucciones impartidas en
reuniones en las cuales se indicaban las actividades y grupos que debía atender.
Señaló que los instructores eran objeto de seguimiento mediante interventores que
verificaban el cumplimiento de horarios, metodologías, planeaciones y resultados de
aprendizaje. De igual forma, indicó que debían presentar informes, entregar
documentación y registrar las actividades desarrolladas en la plataforma. Manifestó
que los instructores debían cumplir una carga aproximada de 160 horas mensuales e,
incluso, en algunas ocasiones, laborar jornadas extensas de lunes a domingo, desde
tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, según la programación
de los grupos y las necesidades de formación.

98. El análisis de los testimonios citados muestra relatos espontáneos, claros y
coherentes con la razón de su dicho, además de imparciales, pues de su contenido no
se advierte interés en desviar la verdad para favorecer a la demandante. En efecto, las
declaraciones coinciden en señalar que el servicio de instructora prestado por Beatriz
Villada Agudelo, se prestaba durante 160 horas al mes, esto es, 40 horas semanales
y 8 horas diarias, aproximadamente, lo que implica una jornada completa de trabajo.

99. Asimismo, los testimonios concuerdan al indicar que los instructores debían
presentar informes y entregar la documentación requerida por los interventores para
efectos del seguimiento contractual.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

100. Al respecto, Laura Marcela Valencia Marulanda señaló que los instructores
debían asistir a reuniones y capacitaciones, y presentar informes periódicos. Por su
parte, María Aydee Marín Gómez afirmó que la asignación de actividades se realizaba
mediante correos electrónicos o instrucciones impartidas en reuniones, en las cuales
se indicaban los grupos, horarios y obligaciones que debía atender cada instructor. La
testigo también señaló que existía seguimiento sobre el cumplimiento de horarios,
metodologías, planeaciones y resultados de aprendizaje, además del registro de
actividades en la plataforma Sofía Plus.

101. Para la Sala, estas circunstancias permiten establecer que la actividad
desarrollada por la demandante como instructora no estuvo limitada a una simple
coordinación contractual, sino que estuvo sometida a directrices permanentes
impartidas por la entidad. Lo anterior, porque las actividades de formación estaban
sujetas a la conformación de los grupos, la programación de horarios, el control de
actividades, la obligación de reportar información y la supervisión del cumplimiento de
los objetivos formativos, con la carga horaria mensual que implicaba el ejercicio de
funciones durante una jornada diaria completa.

102. Respecto del lugar de prestación del servicio se encuentra acreditado que la
demandante desarrolló sus actividades en las instalaciones del SENA, Centro de
Comercio y Servicios de Manizales, así como en los lugares donde la entidad
programaba actividades de formación, circunstancia que constituye un indicio de
subordinación, pues evidencia la imposición de condiciones para la ejecución del
servicio en centros zonales específicos, pertenecientes a la estructura funcional de la
entidad.

103. Aunado a ello, la demandante debía cumplir con procedimientos institucionales,
registrar actividades en plataformas internas y atender las instrucciones impartidas por
los responsables del proceso académico.

104. En relación con el argumento del SENA según el cual no existieron llamados de
atención, sanciones o memorandos que demostraran subordinación, la Sala precisa
que la configuración de este elemento no depende exclusivamente de la existencia de
dichos actos, porque el mencionado elemento puede acreditarse mediante diferentes
medios de prueba e indicios como lo mencionados en precedencia.

105. Es claro que la imposición de horarios, la asignación de grupos, la supervisión
de actividades, la obligación de asistir a reuniones y la ejecución de funciones propias
del personal de planta constituyen elementos suficientes para inferir la existencia de
una relación laboral encubierta respecto de los periodos en los que la demandante
ejerció funciones de instructora.

106. Para la Sala, dichas declaraciones resultan coincidentes entre sí y encuentran
respaldo en la documental incorporada al expediente, especialmente en los contratos

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Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

de prestación de servicios, razón por la constituyen un medio de prueba eficiente para
probar el elemento de subordinación.

107. Así, al encontrarse demostrados los elementos de prestación personal del
servicio, remuneración y subordinación en los contratos correspondientes a la
actividad de instructora, la Sala concluye que respecto de dichos periodos se configuró
una relación laboral encubierta entre la demandante y la entidad demandada.

3.5.3. Prescripción trienal

108. En cuanto a la prescripción de derechos en el marco de las relaciones laborales
encubiertas es pertinente hacer referencia a la subregla fijada en la sentencia de
unificación SUJ2-005-16, proferida por esta corporación el 25 de agosto de 2016, así:

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato
realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por
consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados
por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales. (Se destaca)

109. Frente a la no solución de continuidad en asuntos en los que se debate la
existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección en sentencia del 9 de
septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial
precedente, estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la finalización de un
contrato y la ejecución del siguiente. Término que debe entenderse como un marco de
referencia para la administración, el contratista y el juez de la controversia.

110. Por lo expuesto, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Estado y el pago de las prestaciones que de esta se deriven, deberá
reclamarlo dentro del término de tres años contados a partir de la finalización del
vínculo contractual65.

65 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con referencia

SUJ2-005-16.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

111. No obstante, frente a los aportes al sistema general de seguridad social en
pensiones no opera la prescripción, debido a la naturaleza periódica del derecho
pensional.

112. En el presente asunto, se encuentran prescritos los derechos laborales
reclamados que se hubieren causado con anterioridad al 28 de enero de 2013, toda
vez que la reclamación administrativa fue presentada el 1.º de febrero de 2017, cuando
había transcurrido el término trienal previsto para reclamar dichas acreencias respecto
de tales periodos. En consecuencia, el eventual reconocimiento de una relación laboral
únicamente puede generar efectos frente a las obligaciones causadas dentro del
término no afectado por el fenómeno prescriptivo.

113. En este sentido, el criterio según el cual el término de prescripción debía
contabilizarse a partir de la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral
encubierta no resulta aplicable, pues dicho término se cuenta desde el momento en
que los derechos laborales se hacen exigibles y no desde la declaración judicial de la
relación laboral. Así, tratándose de vínculos contractuales sucesivos, el cómputo de la
prescripción inicia desde la finalización efectiva de la relación que dio origen a las
prestaciones reclamadas.

3.5.4. Perjuicios morales

114. No resulta procedente el reconocimiento de los perjuicios morales solicitados
por la parte demandante, toda vez que dentro del proceso no se acreditó de manera
suficiente la existencia real y cierta de la afectación inmaterial alegada. La sola
afirmación de la señora Beatriz Villada Agudelo respecto de la afectación padecida no
constituye prueba del perjuicio, pues la indemnización de daños no puede sustentarse
en manifestaciones subjetivas, generales o carentes de respaldo probatorio.

115. Así, corresponde a quien pretende el reconocimiento de un perjuicio demostrar
los hechos que lo fundamentan y aportar elementos de convicción que permitan al juez
establecer la existencia, intensidad y consecuencias de la afectación alegada.

116. En el presente caso, al no obrar dentro del expediente pruebas testimoniales,
documentales o de cualquier otra naturaleza que permitan inferir razonablemente una
afectación moral cierta, no se encuentra acreditado el presupuesto necesario para
acceder a dicha pretensión indemnizatoria.

3.6. Conclusión de la decisión

117. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la señora Beatriz Villada
Agudelo acreditó la existencia de una relación laboral encubierta con el SENA durante
los periodos en los cuales prestó sus servicios como instructora.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

118. En efecto, se demostró que la demandante prestó personalmente sus servicios,
recibió una remuneración y estuvo sometida a condiciones propias de subordinación,
tales como cumplimiento de programación, asignación de horarios, seguimiento
institucional y ejecución de funciones permanentes de la entidad.

3.7. Costas

119. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe66.

120. Como en el caso bajo estudio no se encuentra acreditado que las partes hayan
incurrido en actuaciones de tal naturaleza, se considera procedente revocar la
condena en costas impuesta en la sentencia apelada y abstenerse de imponerlas en
esta instancia.

121. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 29 de mayo de 2023
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Sexta de Decisión, por medio de la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se revocará la condena
en costas.

122. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 29 de mayo de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Sexta de Decisión, conforme a las razones

66 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia
en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación
del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez
en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés
público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los
artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00347-01 (4716-2023)
Demandante: Beatriz Villada Agudelo
Demandado: SENA

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Revocar el ordinal décimo segundo de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Sexta de Decisión, el 29 de mayo de 2023, que
condenó en costas a la parte demandada.

Tercero. Sin condena en costas en las dos instancias.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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