República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2014-00347-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–
Tema: relación laboral encubierta – instructor del Sena.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 12 de agosto de 2022, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La accionante celebró contratos de prestación de servicios con el Sena como
instructor, cuya duración se extendió por más de nueve años. Solicitó la nulidad del
oficio que le negó el reconocimiento de una relación laboral con la mencionada
entidad.
El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al considerar que se acreditaron los elementos propios de la relación de
trabajo. No obstante, declaró la prescripción de lo causado con anterioridad al 8 de
febrero de 2012.
La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia toda vez que la parte
demandante acreditó la existencia de una relación laboral en la prestación del
servicio como instructor del Sena. En efecto, demostró la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación continua.
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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito el 22 de junio de 2014, la señora Fadile Yanett González
Narváez, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del Servicio Nacional
de Aprendizaje (en adelante Sena), según las pretensiones, hechos y fundamentos
de derecho que a continuación se sintetizan.
2. Solicitó que se declare la nulidad del Oficio 2-2014-003482 del 28 de marzo
de 2014, por medio del cual la entidad accionada le negó el reconocimiento de las
prestaciones sociales, salarios, seguridad social y otros emolumentos reclamados.
3. En consecuencia, pidió que se declare que existió una relación laboral entre
ella y el Sena derivada de la suscripción de múltiples contratos de prestación de
servicios entre el 21 de octubre de 2004 hasta el 15 de diciembre de 2013.
4. A título de restablecimiento, solicitó que se ordene a la demandada a
reconocer y pagar las prestaciones sociales dejadas de percibir —primas,
vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, seguridad social, viáticos, salarios
–, por la labor desempeñada en la entidad. Lo anterior, en igualdad de condiciones
al personal de planta.
5. También pidió que se ordene el pago de la indemnización moratoria; la
indemnización por despido injusto y el salario que debió devengar como asesora
del Sena; y que se condene en costas a la parte demandada.
2.1.1. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
7. La señora Fadile Yanett González Narváez celebró con el Sena contratos de
prestación de servicios desde el 21 de octubre de 2004 hasta el 30 de noviembre
de 2013, como instructora tutora en el área agroindustrial, con funciones de carácter
misional, tales como la formación profesional integral en programas institucionales
(jóvenes rurales, formación técnica, tecnológica y complementaria), en el Centro
Agroempresarial y Minero Regional Bolívar.
8. Durante la relación contractual, entre otras, se le exigió la prestación personal
del servicio sin posibilidad de delegarlo, subordinación al cumplir órdenes impartidas
por supervisores y directivos, controles institucionales y reportes periódicos, cumplir
un estricto horario de trabajo de lunes a viernes en jornadas de mañana y tarde y
una remuneración periódica condicionada a informes y certificaciones de
cumplimiento.
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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
9. La demandante le solicitó a la demandada el reconocimiento de una relación
laboral y el pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales, que se
derivaran de esta. Sin embargo, aquella le fue negada por la subdirectora del Centro
Agroempresarial y Minero, Regional Bolívar, a través del Oficio 2-2014-003482 del
28 de marzo de 2014.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. En la demanda se citaron las siguientes normas como vulneradas:
• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 6, 11, 13, 16, 20, 25, 29, 37, 38, 53,
90, 95, 122, 123, 124, 125, 365 y 366.
• Ley 6 de 1945.
• Ley 29 de 1989.
• Ley 70 de 1988.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 80 de 1993.
• Ley 21 de 1982.
11. Indicó que en su caso se debe dar aplicación al principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades, consagrado en el artículo 53 de la Constitución
Política, toda vez que en la ejecución de los contratos en cuestión concurrieron los
tres elementos constitutivos del contrato de trabajo, esto es, la prestación personal
del servicio, la subordinación y la remuneración.
12. Al respecto, señaló que existió subordinación continua pues estuvo sujeta a
órdenes directas de sus superiores, debía cumplir horarios rígidos, rendir informes,
someterse a evaluaciones y atender instrucciones específicas sobre el desarrollo
de sus funciones, lo que evidencia una relación de dependencia incompatible con
la autonomía propia del contratista independiente.
13. Señaló que esta modalidad contractual se utilizó de manera indebida para
cubrir necesidades permanentes de la entidad, particularmente en el desarrollo de
su misión institucional, lo cual contraría el carácter excepcional de dicha figura en el
derecho público.
14. Afirmó que las actividades ejecutadas correspondían directamente a los fines
esenciales del Sena —formación profesional integral—, por lo cual no podían ser
desarrolladas mediante contratación temporal, sino a través de cargos de planta.
15. Manifestó que realizaba las mismas funciones, bajo iguales condiciones de
tiempo, modo y lugar que los instructores de planta, pero sin recibir el mismo trato
salarial ni prestacional, lo cual vulnera el principio de igualdad.
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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
2.2. Contestación de la demanda
16. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
que se negaran. Como excepciones propuso las de prescripción, inexistencia de la
obligación, buena fe, cobro de lo no debido y las genéricas que resultaran
probadas1.
17. Sostuvo que la accionante fue vinculada mediante 17 contratos de prestación
de servicios, los cuales la contratista ejecutó con plena autonomía técnica,
administrativa y financiera, sin que mediara subordinación.
18. Señaló expresamente que la vinculación de la demandante se produjo al
amparo del numeral 3.° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y que la supervisión
ejercida por la entidad —consistente en vigilar y controlar el resultado de la labor,
no el modo de su ejecución— no comporta necesaria ni obligatoriamente la
subordinación o dependencia propia de una relación laboral, máxime en contratos
de tracto sucesivo en los que la inspección permanente de la actividad del
contratista es consustancial a la modalidad contractual.
19. Negó que la demandante hubiera suscrito el contrato 000062-2012, y afirmó
que en ningún momento se le capacitó, evaluó ni impartió órdenes en los términos
señalados en la demanda.
20. Explicó que los contratos se celebraron porque la planta de personal del
Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar no era suficiente para atender
las necesidades de formación en el área agroindustrial, ni contaba con personal
especializado para ello, lo que habilitaba legalmente la contratación externa. En este
sentido, destacó que las obligaciones contractuales se acordaron por un valor de
honorarios, proporcional al cumplimiento del objeto, y que la forma de pago se
efectuaba previa presentación de informes y comprobantes de pago de
autoliquidación de aportes a la seguridad social.
21. Señaló que la entidad contratante no está obligada a recibir lo que estime
pertinente el contratista como cumplimiento de lo pactado, por lo que es imperativo
que las partes coordinen actividades para garantizar la calidad y oportunidad del
servicio. Precisó que el cumplimiento de un horario determinado no configura por sí
solo subordinación, pues en determinados casos no es más que la manifestación
de una concertación contractual entre las partes, orientada a desarrollar el objeto
del contrato de forma coordinada con los usos y condiciones necesarias para
cumplir la labor.
22. Indicó que la demandante no podía ser reconocida como empleada pública,
por cuanto el ingreso a la función pública en virtud de una relación legal y
reglamentaria exige la existencia del empleo en la planta de personal, la
1 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,7_CUADERNOPRINCIPAL, PP 24 A 44.
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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
determinación de las funciones propias del cargo, la previsión de los recursos
presupuestales para su pago, y la designación válida mediante nombramiento o
elección seguida de posesión. Ninguno de estos requisitos constitucionales y
legales se cumplió en el caso de la señora González Narváez, quien sencillamente
fue contratada para impartir formación en el área de artesanías bajo la modalidad
de prestación de servicios regulada por la Ley 80 de 1993.
23. El Sena manifestó que pagó en su totalidad los honorarios convenidos con la
demandante, por lo que no existe causa jurídica para reclamar pagos adicionales
que excedan el valor pactado en los contratos, circunstancia que sustenta la
excepción de cobro de lo no debido.
2.3. Sentencia de primera instancia
24. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 12 de agosto de
2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas, en los siguientes términos2.
PRIMERO: Declarar la nulidad parcial del Oficio No. 2-2014-003482 del 28
de marzo del 2014, en cuanto negó el reconocimiento de una relación laboral
y el pago de las cotizaciones a la seguridad social en pensiones. En su lugar,
se declara que entre el demandante y la parte demandada existió una
relación laboral durante el tiempo de vigencia de los contratos de prestación
de servicios y órdenes de trabajo reseñados en la parte motiva.
Se declara probada la excepción prescripción extintiva de los derechos
derivados de la relación laboral con anterioridad al 8 de febrero de 2012,
salvo los de carácter pensional.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena al SENA,
que:
a). Reconozca y pague a la demandante las prestaciones sociales dejadas
de percibir entre el 8 de febrero de 2012 y el 14 de diciembre de 2013,
liquidadas conforme al valor pactado en los contratos suscritos, sin solución
de continuidad, debidamente indexadas.
b). Ordenar a la demandada tomar (durante el tiempo de duración de los
contratos reseñados en la tabla que figura en la parte motiva de esta
sentencia, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante
(los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo
2 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,7_SENTENCIA.
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Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
que la accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la
carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía
como trabajador; (iii) se declara que el tiempo laborado por la demandante
como Auxiliar Área Salud (Auxiliar de Enfermería) bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios u órdenes de trabajo con la accionada
durante el periodo descrito previamente, se debe computar para efectos
pensionales.
Las sumas que deberá cancelar la entidad accionada se actualizarán de
acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará al
multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la causación
de la prestación). La fórmula que debe aplicar la entidad demandada es la
siguiente:
R = Rh x índice final
Índice inicial
Se aclara que, por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula
debe aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al
momento de la causación de cada uno de ellos.
c) Se deniegan las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: El SENA deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo de
conformidad con el artículo 192 del CPACA.
25. El Tribunal encontró acreditados los tres elementos de la relación laboral.
Respecto de la prestación personal del servicio, tuvo en cuenta que la señora Fadile
Yanett González Narváez ejecutó de manera directa e indelegable las actividades
encomendadas como instructora en el área agroindustrial del Sena entre el 21 de
octubre de 2004 y el 30 de noviembre de 2013, con algunas interrupciones, hecho
que se encuentra respaldado en las certificaciones, informes de actividades y
reportes mensuales allegados al expediente, en los que consta el cumplimiento
cabal y personal de las labores contratadas.
26. En cuanto a la remuneración, valoró los contratos de prestación de servicios
suscritos entre las partes, en los que se pactó un valor a cambio de los servicios
prestados, así como los comprobantes de egreso, registros presupuestales y
recibos de pago que acreditan el pago efectivo de dichos honorarios, elementos que
la propia entidad demandada reconoció durante el curso del proceso.
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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
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27. Respecto a la subordinación, destacó que el Sena no aportó al proceso los
estudios previos que justificaran la contratación de la demandante, pero que de la
lectura de los contratos y de la contestación de la demanda se infería que la entidad
fundamentaba la vinculación en la insuficiencia de personal de planta para ejecutar
las labores. Precisó que la misión institucional de la entidad consiste en ofrecer y
ejecutar la formación profesional integral, por lo que las actividades desarrolladas
por la contratista correspondían directamente al objeto misional permanente de la
entidad, lo que descartaba su carácter temporal u ocasional.
28. El juez de primera instancia destacó que la demandante no ejerció sus labores
de forma autónoma, pues según los contratos la obligaban a cumplir sus actividades
de acuerdo con la programación y los parámetros fijados por el coordinador del
Centro Agroempresarial y Minero; a atender oportunamente los requerimientos del
supervisor del contrato; a presentar informes mensuales de ejecución; a hacer
reportes en el sistema Sofía Plus; y a reportar periódicamente su permanencia en
los lugares de ejecución, circunstancias que desbordaban ampliamente la simple
coordinación contractual.
29. Igualmente, encontró acreditado que la demandante cumplía una carga laboral
de hasta 160 horas mensuales, incluso en horarios de lunes a viernes de 8:00 o
9:00 a.m. hasta las 4:00 o 7:00 p.m., y que los implementos utilizados en sus
funciones pertenecían al Sena, como lo corroboró el testimonio del señor Alberto
Ávila Jiménez, quien, además, señaló que la accionante recibía órdenes e
instrucciones del supervisor del centro —quien fungía como su jefe inmediato— y
debía emitir cuentas de cobro dirigidas a la entidad por los servicios prestados.
30. El fallador de primera instancia hizo énfasis en que la duración y reiteración de
los contratos —suscritos durante aproximadamente nueve años con objeto
contractual análogo en cada período— denotaba que no se trató de una necesidad
temporal de la entidad, sino de una vinculación llamada a prestarse en forma
permanente y continua, en condiciones y con responsabilidades similares a las de
los instructores de planta. En otras palabras, que las funciones desempeñadas por
la demandante eran iguales o semejantes a las que normalmente cumplen los
servidores de planta del Sena, haciendo parte del giro ordinario de la entidad, lo que
resultaba incompatible con la naturaleza excepcional y temporal que legalmente
caracteriza al contrato de prestación de servicios.
31. Por lo expuesto, determinó que entre las partes existió una relación de
subordinación y no de simple coordinación, entre el 21 de octubre de 2004 y el 30
de noviembre de 2013, descartando los argumentos de la entidad accionada.
32. Precisó que el contrato 62 de 2012 no se incluía en el reconocimiento de la
relación laboral, al no haberse aportado copia de él al proceso, obrando por el
contrario una certificación del jefe de recursos humanos del Sena que no daba
cuenta de dicha vinculación.
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Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
33. En cuanto al restablecimiento del derecho y la prescripción, el Tribunal analizó
cada uno de los quince contratos acreditados en el proceso, determinando las
fechas de inicio, terminación e interrupción entre cada vínculo. Constató que entre
el contrato 245 de 2012 —finalizado el 23 de mayo de 2012— y el contrato 708 de
2012 existió una interrupción de tres meses, y entre este último y el contrato 1341
de 2013 se presentó una interrupción de diez meses.
34. No obstante, sostuvo que pese a la interrupción de los contratos 245 de 2012
y 708 de 2012, el término de prescripción se suspendió en atención a que la
demandante contaba hasta el 24 de mayo de 2014 para hacer la reclamación
administrativa y la petición se presentó el 14 de marzo de 2014; por ende, le asiste
derecho a que le sean reconocidos los emolumentos prestacionales derivados de
los contratos mencionados y se declare la prescripción trienal respecto de los demás
vínculos.
35. En relación con lo anterior, sostuvo que, si bien la prescripción opera frente a
las prestaciones derivadas del reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
ello no resulta procedente frente a los aportes en pensión, debido a la condición
periódica del derecho pensional, en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in
dubio pro operario, no regresividad y progresividad.
36. En tal sentido, sostuvo que, para efectos del restablecimiento del derecho, se
debía tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional del demandante (sobre
los honorarios pactados). Que el ingreso base se tomaría de los periodos laborados
por contrato de prestación de servicios, mes a mes, y si existía diferencia entre los
aportes realizados por la señora Fadile Yanett González Narváez, como contratista
y los que se debieron efectuar, se deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones
la suma faltante en concepto de aportes, pero solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador.
37. Asimismo, el demandante debía acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su
vinculación y, en el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su contra,
pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como
trabajador.
38. Finalmente, negó el pago de la sanción moratoria, por cuanto la sentencia
tiene carácter constitutivo del derecho; negó también el reconocimiento de salarios
y viáticos, al estar probado el pago de los honorarios pactados en los contratos; y
negó la indemnización por despido injusto, en tanto la relación laboral declarada
terminó por la expiración del plazo señalado en el último contrato suscrito, lo que
constituye una justa causa de terminación. No impuso condena en costas.
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Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
2.4. Recurso de apelación
39. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión y se nieguen las pretensiones de la demanda, bajo los
siguientes argumentos3:
40. Centró su inconformidad en que el juez de primera instancia realizó una
valoración errónea del acervo probatorio, pues de los contratos firmados y las
certificaciones allegadas al plenario no puede deducirse la configuración de la
subordinación.
41. Sostuvo que la demandante no estuvo vinculada de manera continua ni
permanente con el Sena, sino que la misma fue transitoria, excepcional y por el
término estrictamente necesario, conforme a las exigencias del numeral 3.° del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
42. Precisó que la autonomía e independencia en la prestación del servicio jamás
fueron desvirtuadas, y que la accionante fue contratada para ejecutar objetos
contractuales diferentes en distintos lugares del departamento de Bolívar, en
función de necesidades transitorias de grupos vulnerables, sin que ello evidenciara
vocación alguna de permanencia.
43. Cuestionó que el juez de instancia derivó el elemento de la subordinación de
la lectura del clausulado de los contratos, lo que contraviene el precedente vertical
del Consejo de Estado, según el cual la subordinación debe estar plenamente
acreditada con medios de prueba que vayan más allá del texto de aquellos.
44. Citó la sentencia del 30 de junio de 2022 del Consejo de Estado dictada dentro
del expediente con numero de radicado 13001-33-33-000-2015-00237-01, en la
que, dijo la recurrente, se precisó que, aun cuando un instructor-tutor cumpla
funciones similares a las del instructor de planta, ello no implica per se que se trate
de una actividad sujeta a subordinación o dependencia, pues los instructores del
Sena vinculados por contratos de prestación de servicios tienen la carga probatoria
de demostrar que estuvieron bajo una continua subordinación y dependencia
respecto de los funcionarios de la entidad.
45. Señaló que en el expediente no obran órdenes o instrucciones impartidas a la
contratista, llamados de atención, memorandos, sanciones, apertura de procesos
disciplinarios, otorgamiento de permisos ni ejercicio del poder disciplinario o del ius
variandi. Igualmente, indicó que la demandante no acreditó que estuviera sujeta a
un horario fijo e inflexible determinado por la entidad, y que el operador judicial
incurrió en conjeturas al señalar que la contratista cumplía horarios «de 8:00 o 9:00
a.m. hasta las 4:00 o 7:00 p.m.», sin tener certeza sobre los horarios reales de
3 Samai, índice 00009, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 9,12_RECIBEMORIAL.
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Demandante: Fadile Yanett González Narváez
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ingreso y salida, lo que revela la ausencia del nivel de convicción exigido al
sentenciador.
46. Añadió que el solo hecho de presentar informes mensuales de ejecución y
reportes de actividades no acredita la subordinación, pues hace parte del ejercicio
normal de coordinación entre contratante y contratista, necesario para garantizar el
cumplimiento idóneo del objeto pactado.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
47. Mediante auto del 9 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada, y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia4.
2.6. Ministerio Público
48. La Procuraduría Tercera Delegada5 ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
49. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
50. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala definir si:
51. ¿Las condiciones en las que se ejecutaron los contratos de prestación de
servicios suscritos entre la demandante y el Sena, evidencian la existencia de
subordinación, y, por ende, de una relación laboral encubierta conforme a los
medios de pruebas aportados en el expediente?
52. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) relación laboral encubierta; (2) distinción entre coordinación y subordinación; (3)
4 Samai, índice 00009, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 9,24_AUTOQUEADMITE.
5 Samai, índice 00020, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 22_CONCEPTOMINISTERIOPUBLICO.
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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación; (4)
naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del Sena y su
correspondencia con las labores permanentes de la entidad.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
53. La jurisprudencia unificada de esta corporación6 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.
54. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
55. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
56. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»7.
57. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
7 Ibidem.
11
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
58. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.
59. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»8.
60. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»9.
61. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, por qué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».10
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la
labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
8 Idem.
9 Idem.
10 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
12
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
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Demandado: Sena
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».11
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.12
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
62. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos
contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.
63. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
11 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
13
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
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Demandado: Sena
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
64. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».
65. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa-administrativa.
(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».
3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación
66. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
14
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Demandado: Sena
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»13.
67. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202114, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados»15.
68. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.
69. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.
b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
13 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-
23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
15
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Demandado: Sena
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,16 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad.
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación
70. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.
71. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»17, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
idem que regula el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión
16 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54
y 55.
17 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
16
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judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».
72. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.
73. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»18, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»19.
74. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP).
75. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
76. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.3.4. Naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del Sena
y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad
77. El Gobierno nacional expidió el Decreto 118 de 1957, por medio del cual creó
el Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena—20, que de conformidad con el Decreto
164 de 195721, se encargaría de dar formación profesional a los trabajadores
18 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
19 Idem.
20 Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional
de Aprendizaje, Sena.
21 Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y se dictan otras disposiciones.
17
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jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la
minería.
78. La anterior normativa fue subrogada por el Decreto 3123 de 196822, en el que
se estableció dentro de sus funciones la formación profesional a los trabajadores de
todas las actividades económicas y en todos los niveles del empleo.
79. Más adelante, mediante el Decreto 2149 de 199223, el Sena se reestructuró.
En tal sentido, se definió que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como funciones, entre otras, se le asignó:
el diseñar y mantener un sistema nacional de aprendizaje que se ajuste a las
disposiciones que regulan el contrato de aprendizaje; y adelantar, previa aprobación
de las autoridades competentes, programas de formación tecnológica y técnica
profesional.
80. El anterior decreto fue derogado por la Ley 119 de 1994 24, en la que se
mantuvo la naturaleza jurídica de la entidad, y dispuso que su misión radica en
«intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos;
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, económico y tecnológico del país». Además, se estableció que el Sena
tendría como objetivo, «dar formación profesional integral a los trabajadores de
todas las actividades económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación»,
entre algunos otros.
81. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la entidad se encuentra adscrita al
Ministerio de Trabajo y tiene como misión la formación y capacitación de aprendices.
Así, aun cuando no está subordinada al Ministerio de Educación, lo cierto es que
ejerce una labor docente con el fin de poder desarrollar los programas de formación
de educación no formal que ofrece25.
82. Aclarado lo anterior, se destaca que dentro de los empleos de la planta de
personal del Sena se encuentran los instructores, grupo que según el artículo 2 del
Decreto 1424 de 199826 «comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de
coordinación académica de la formación e investigación aplicada». En punto, se
señala que conforme con el manual específico de funciones, contenido en la
22 Por el cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
23 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena.
24 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
13 de junio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022). M.P. Juan Enrique
Bedoya.
26 Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio
Nacional de Aprendizaje-Sena.
18
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Resolución 986 del 25 de mayo de 200727 (vigente entre el año 2007 y 2015), los
instructores tienen las siguientes funciones:
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de
Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de
evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad con los
módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la
ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades institucionales
asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con el Manual
de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo.
83. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 1 de
septiembre de 201428, definió que como la función del Sena, a través de sus
instructores, se dirige a la formación integral, profesional o laboral certificada de sus
estudiantes, por su naturaleza la entidad se encuentra en el sistema de educación
no formal. Ello, en los siguientes términos:
la función prestada por el SENA a través de los Instructores se orienta a una
formación integral, profesional y laboral certificando a sus estudiantes, o sea, que
por estas características y su naturaleza se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace parte de los
niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de
1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de la
definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación. (Se destaca)
84. Así, toda vez que el Sena ejecuta una actividad académica, el contenido de
sus programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley
27 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los
empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del Sena, link:
https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de septiembre de 2014, proceso con radicado 20001-
23-31-000-2011-00503-01(3517-2013). M.P. Alfonso Vargas Rincón
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119 de 199429, debe ceñirse a la normativa aplicable, esto es, a la Ley 30 de 199230.
Sobre el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación31,
concluyó lo siguiente:
La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4
permite al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica
profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.
Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:
i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a
los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado
en 1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.
ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,
iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o
reformen.
Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga
a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la ley 30 de
1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la ley 749 de
2002.
Advierte la Sala que la autorización dada al Sena para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión
específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe
agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio.
De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al Sena para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica y
técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes 30 y 749 sobre
el régimen académico aplicable al Sena respecto de tales programas, y con la
naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin que
ello signifique que el Sena deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de
29 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
30 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de 2010, proceso
con radicado 11001-03-06-000-2010-00089-00. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
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Demandado: Sena
una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.
3.4. Hechos probados relevantes
85. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:
86. La señora Fadile Yanett González Narváez suscribió contratos de prestación
de servicios con el Sena, tal y como consta en la copia de estos y en la certificación
allegada al expediente expedida por la entidad demandada32, como se muestra a
continuación:
Contrato Objeto vigilancia Desde Hasta
«Prestar los servicios
como docente en el
Centro CAISAM desde
Orden de el 21 de octubre de -
trabajo 2004 al 30 de 21/10/2004 30/12/2004
995 diciembre de 2004
dictando el módulo de
composición química-
practicas»
«Prestar servicios
como docente en el
centro CAISAM desde
Orden de el 20 de junio de 2005 -
trabajo al 31 de octubre de 20/06/2005 16/10/2005
147 2005 dictando el
módulo de
generalidades de
leche y sus derivados»
«Prestar servicios
como docente en el
CAISAM del 20 de -
Orden de febrero de 2006 al 31
trabajo de julio de 2006 20/02/2006 31/07/2006
335 dictando el módulo
procesamiento de
frutas en el municipio
de morales»
«EL CONTRATISTA CLAUSULA OCTAVA:
se compromete a VIGILANCIA
desarrollar los ADMINISTRATIVA: EL
Módulos Técnicos del SENA ejercerá la
Orden de curso de Elaboración vigilancia del presente
trabajo de alimentos contrato a través del 15/05/2007 25/08/2007
190 Concentrados para SUPERVISOR de la
animales en el Contratación de horas
Municipio de formación, el control y
MONTECRISTO. por vigilancia acerca del
un total de 300 horas. cabal, completa y
32 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,7_EXPEDIENTEDMINISTRATIVO.
21
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
Acorde con la adecuada ejecución
autorización del del presente contrato
Director Regional No. de prestación de
000087 del 29 de servicios estará a
marzo de 2007 la cual cargo del señor
forma parte integral de LEONCIO JAIMES
la presente orden». TORRES, Supervisor
del Centro
Agroempresarial y
Minero del Sena
Regional Bolívar,
tendrán las siguientes
funciones: 1)
Cerciorarse que el
objeto del presente
contrato se cumpla a
cabalidad de acuerdo
con las normas y
estándares de calidad
y eficiencia. 2) Verificar
que el CONTRATISTA
cumpla con eficiencia y
calidad con las
actividades
programadas y las
clases impartidas. 3)
Efectuar las
evaluaciones
correspondientes con
los alumnos y la suya
propia acerca del
rendimiento y calidad
de la formación
impartida, el cual será
un factor determinante
en la continuidad del
contrato y del
CONTRATISTA. 4)
Supervisar
continuamente en las
aulas el desempeño,
asistencia, calidad,
trato y demás factores
que considere
relevantes y que
contribuyen al
mejoramiento continuo
de la calidad de la
formación profesional.
5) Informar al
Subdirector cualquier
demora e
incumplimiento en las
obligaciones del
contratista. 6) Las
demás que se hagan
necesarios para el
cabal cumplimiento del
objeto contractual.
Orden de CLAUSULA CLAUSULA OCTAVA:
trabajo PRIMERA: OBJETO: VIGILANCIA 05/10/2007 15/12/2007
434 El Contratista se ADMINISTRATIVA: EL
22
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
compromete a prestar SENA ejercerá la
los servicios de vigilancia del presente
ASESOR TUTOR EN contrato a través del
GESTION BASICA DE SUPERVISOR, el
AGRONEGOCIOS EN control y vigilancia
ELABORACION DE acerca del cabal,
CONCENTRADOS completa y adecuada
PARA ANIMALES ejecución del presente
(JOVENES RURALES contrato de prestación
SEGUNDO de servicios estará a
SEMESTRE 2007) cargo del señor JUAN
PARA EL CENTRO ESCORCIA MEDINA,
AGROEMPRESARIAL Supervisor del Centro
Y MINERO DEL SENA Agroempresarial y
REGIONAL BOLIVAR, Minero del Sena
para impartir módulos Regional Bolívar,
de Gestión Básica de tendrán las siguientes
Agronegocios en el funciones: 1) Verificar
curso de Jóvenes que el objeto del
Rurales, presente contrato se
ELABORACION DE cumpla a cabalidad de
CONCENTRADOS acuerdo con las
PARA ANIMALES, en normas y estándares
el Municipio de de calidad y eficiencia.
MOMPOX (BOLIVAR). 2) Verificar que el
Acorde con la CONTRATISTA
autorización del cumpla con eficiencia y
Director Regional N° calidad con las
000159 del 14 de actividades
agosto de 2007, la cual programadas y las
forma parte integral del clases impartidas. 3)
contrato. Efectuar las
evaluaciones
correspondientes con
los alumnos y la suya
propia acerca del
rendimiento y calidad
de la formación
impartida, el cual será
un factor determinante
en la continuidad del
contrato y del
CONTRATISTA. 4)
Supervisar
continuamente en las
aulas el desempeño,
asistencia, calidad,
trato y demás factores
que considere
relevantes y que
contribuyen al
mejoramiento continuo
de la calidad de la
formación profesional.
5) Informar al
Subdirector cualquier
demora e
incumplimiento en las
obligaciones del
contratista. 6) Las
demás que se hagan
necesarios para el
23
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
cabal cumplimiento del
objeto contractual.
CLAUSULA
PRIMERA.- Objeto: se
compromete a prestar
los servicios como -
Asesor Tutor para el
programa de jóvenes
Contrato rurales en el curso de
28/08/2008 06/11/2008
370 Elaboración de
Alimentos
Concentrados para
animales, presentada
por el contratista los
cuales hacen parte
integral del contrato.
CLAUSULA CLAUSULA
PRIMERA.- Objeto: El SEPTIMA.-
Contratista se Supervisión: De
compromete a prestar conformidad con lo
los servicios Asesor determinado por el
Tutor para atender artículo 6° de la
programas con Resolución 000668 de
población vulnerable, Abril 27 de 2005,
desplazados y proferida por el
retornados Director General del
contratación SENA, se designa
Complementaria, en el para ejercer la
curso supervisión del
PROCESAMIENTO presente contrato al
DE ALIMENTOS, para señor JOSE
desarrollar los MACHADO Supervisor
módulos: Manipulación del Centro
de Alimentos, Agroempresarial y
Contrato conservación de Minero SENA Regional
01/12/2008 31/12/2008
677 Alimentos, manejo de Bolívar, o quien este
equipos y delegue, quien
herramientas, además deberá velar
clasificación de por lo normado en el
materias primas e artículo 4 de la Ley 80
insumos, empaque y de 1993; ejercer las
embalajes y funciones que por su
procesamiento de índole y naturaleza le
alimentos, para un sean propias; requerir
total de 120 Horas, al Contratista cuando
para desarrollarse en se presenten fallas en
la ZODES DIQUE, la prestación del
este lugar puede ser servicio.
modificado de acuerdo
con la contratación y la
oferta presentada por
el contratista los
cuales hacen parte
integral del contrato.
«Prestar servicios de
asesor tutor
Contrato impartiendo formación -
05/03/2009 22/07/2009
81 profesional integral en
los programas de
formación titulada».
24
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
«Prestar servicios
como docente tutor en
la especialidad de
ingeniero de
alimentos, para
Contrato atender cursos de
10/11/2009 19/12/2009
499 formación
complementaria 2009,
atención a programa
de red juntos población
vulnerable, en el área
de agroindustria».
CLÁUSULA
PRIMERA.- Objeto:
Contratar la Prestación
de servicios de un
Instructor como
Ingeniero de Alimentos
para la ejecución de
acciones de formación
para el programa de
Jóvenes Rurales
Emprendedores año
Contrato
2010 del Centro 27/01/2010 27/06/2011
155
Agroempresarial y
Minero del SENA
Regional Bolívar, Las
demás funciones
asignadas por la
autoridad
competente de
acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el área
de desempeño del
cargo.
«Prestar servicios
profesionales de
carácter temporal
como instructor
impartiendo formación
Contrato
en los programas de 18/08/2010 18/12/2010
396
titulada y
complementaria en el
área de agroindustrial
en el departamento de
Bolívar».
CLÁUSULA
PRIMERA.- Objeto
específico: Prestar los .
servicios personales
de carácter temporal
como instructor para el
Contrato programa Formación
28/02/2011 30/06/2011
237 Técnica Área
Agroindustrial para
desarrollar acciones
de formación
complementaria y el
reconocimiento de
aprendizajes previos
25
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
siempre y cuando
cumpla con el objeto
contractual de ejecutar
acciones de formación
diferentes a la
inducción, con el
Instructor debe ser
parte integral de las
unidades de
emprendimiento. Su
labor como
instructor está
integrada a los
procesos de
formación,
participando en la
definición y
planeación de los
proyectos
productivos, en el
acompañamiento a la
gestión del Centro
Agroempresarial y
Minero o quien esta
delegue.
CLÁUSULA
PRIMERA.- Objeto -
específico: Prestar los
servicios personales
de carácter temporal
como Instructor para el
Programa de Jóvenes
Rurales
Emprendedores en el
área EMPRENDEDOR
Contrato EN
09/08/2011 20/12/2011
715 PROCESAMIENTO
DE ALIMENTOS
CARNICOS en los
diferentes municipios
del Departamento de
Bolívar de acuerdo al
anexo que hace parte
integral del presente
contrato y a las
necesidades de
formación del Centro.
CLÁUSULA El Supervisor del
PRIMERA.- Objeto: Contrato además de
Prestar los servicios velar por lo normado
personales de carácter en el artículo 4° de la
temporal, para Ley 80 de 1993, los
desarrollar artículos 44, 83, 84, 86
Contrato competencias en el y 118 de la Ley 1474
01/02/2012 23/05/2012
245 programa de de 2011
formación Jóvenes (anticorrupción), debe
Rurales cumplir las funciones
Emprendedores en el señaladas en la
área EMPRENDEDOR Resolución No. 00668
EN de 2005 o la que la
PROCESAMIENTO modifique o
26
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
DE EMBUTIDOS reemplace, así como
CARNICOS en los las demás que surjan
diferentes municipios por la naturaleza de
del Departamento de este contrato.
Bolívar de acuerdo al
anexo que hace parte
integral del presente
contrato y a las
necesidades de
formación del Centro
CLÁUSULA
PRIMERA.- Objeto:
Prestar los servicios
profesionales de
carácter temporal,
para desarrollar
competencias en el
programa de
formación
AGROINDUSTRIA, de
Contrato Formación
28/08/2012 14/12/2012
708 Complementaria
dirigida a Población
Vulnerable y apoyo a
la Formación Titulada,
en las actividades de
formación de acuerdo
al anexo que hace
parte integral del
presente contrato y a
las necesidades de
formación del Centro
«Prestación de
servicios profesionales
de carácter temporal, -
para la ejecución de
acciones de formación
profesional integral
aplicando la
metodología de
formación por
proyectos mediante el
Contrato
desarrollo de 28/10/2013 15/12/2013
1341
competencias y
resultados de
aprendizaje en el área
de AGROINDUSTRIA
de la formación titulada
y/o complementaria en
el Centro de formación
profesional
Agroempresarial y
Minero».
Tabla 1: contratos de prestación de servicios
87. El 14 de marzo de 2014 la accionante presentó petición al Sena en la que
solicitó que se reconociera la existencia de una relación laboral entre ambos y se le
27
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
pagaran los emolumentos salariales, prestacionales y de seguridad social,
causados durante el periodo en el que prestó sus servicios a la entidad33.
88. A través del Oficio 2-2014-003482 del 28 de marzo de 2014, la subdirectora
de Centro – Sena negó la petición anterior34.
89. En el plenario reposa la relación de plan de pagos realizados por el Sena a la
accionante, en los meses de los años en los que prestó servicios a la entidad35.
90. También obran los de informes que la demandante radicaba para el trámite de
cuenta de cobro –formato de ejecución mensual– al Sena, en los cuales consta las
fechas, horas y actividades realizadas por esta36.
• Testimonio del señor Alberto Ávila Jiménez
91. En su testimonio el señor Alberto Ávila Jiménez, manifestó que está vinculado
al Sena desde el 2005. Durante este tiempo conoció a la demandante, ya que
trabajó en el mismo programa donde ella se desempeñaba, específicamente en el
de agrominero de la entidad. La accionante estaba obligada a cumplir
personalmente con el horario establecido por el Sena y le rendía informes al
supervisor del Centro; además expresó que no tenía autonomía en las clases
dictadas, sino que se desarrollaban de acuerdo con la formación metodológica
impartida por la demandada.
92. El testigo aseguró que los implementos utilizados por la accionante en el
desempeño de sus funciones pertenecían al Sena, e insistió que recibía órdenes e
instrucciones por parte del supervisor, debía rendir informes mensuales sobre las
actividades desempeñadas y emitía cuentas de cobro dirigidas a la demandada por
los servicios prestados.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
93. El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, al considerar que se acreditaron los tres elementos de la relación
laboral encubierta, estos son: prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación. A su vez, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción
trienal de los derechos laborales, causados con anterioridad al 8 de febrero de 2012,
inclusive, excepto lo atinente a aportes al Sistema de Pensiones.
94. La decisión fue recurrida en apelación por la parte demandada, quien pide que
se revoque. Cuestionó la prueba de la subordinación. Sostuvo que el juez de
33 Según consta en el acto demandado. Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua
2,7_CUADERNOPRIMERAINSTACIA, PP 30.
34 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,7_CUADERNOPRIMERAINSTACIA, PP. 30 A 33.
35 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,7_EXPEDIENTEDMINISTRATIVO.
36 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,7_EXPEDIENTEDMINISTRATIVO.
28
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
primera instancia incurrió en una indebida valoración de las pruebas obrantes en el
expediente, pues de ellas no se desprenden los tres elementos constitutivos de una
relación laboral, es decir, no está demostrada la subordinación, la continuada
dependencia de la demandante ni tampoco la vocación de permanencia con la
entidad, sino que, por el contrario, está demostrado los elementos característicos
de una relación contractual de carácter estatal.
3.5.1. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral
encubierta
95. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.
3.5.1.1. Prestación personal del servicio
96. La parte recurrente cuestionó que el juez de instancia derivó el elemento de la
subordinación únicamente de la lectura del clausulado de los contratos en cuestión,
lo que contraviene el precedente vertical del Consejo de Estado, según el cual la
subordinación debe estar plenamente acreditada con medios de prueba que vayan
más allá del texto de aquellos.
97. Al respecto, la Sala encuentra que en el acervo probatorio; además, de los
contratos de prestación del servicio obra una certificación emitida por el Sena y el
testimonio del señor Alberto Ávila Jiménez, que se relacionaron en el acápite de
hechos probados de la presente providencia, las cuales analizados en conjunto
acreditan que la señora Fadile Yanett González Narváez prestó servicios al Sena
desde el 21 de octubre de 2004 hasta el 15 de diciembre de 2013; adicionalmente,
a lo siguiente:
98. Según la certificación del Sena y los contratos, estos tuvieron por objeto la
prestación de servicios como instructor en el área agroindustrial, mediante el
desarrollo de actividades de formación profesional integral, principalmente en el
marco del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores y Población Vulnerable.
99. La labor, conforme se prueba, la efectuó como instructor, con el propósito de
brindar formación profesional integral, principalmente en el marco del Programa
Jóvenes Rurales Emprendedores y Población Vulnerable.
100. Además, se observa que en los contratos de prestación de servicios se pactó
que la prestación del servicio debía ser personal y ejecutarse en el Centro de
Formación Profesional Agroempresarial y Minero del Sena.
29
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
3.5.1.2. Remuneración
101. La señora Fadile Yanett González Narváez percibió una remuneración por el
trabajo desempeñado, de acuerdo con los contratos de prestación de servicios y las
pruebas documentales que obran en el plenario, en los que se advierte que se
estableció el valor pactado por la labor desempeñada y la forma de pago.
3.5.1.3. Continuada subordinación o dependencia
102. Sobre el particular, se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica
reglamentos internos y puede imponer sanciones por incumplimiento,
características propias de una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma
del contrato de prestación de servicios.
103. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En
tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estrictamente indispensable, sin que tales
funciones puedan asumir un carácter permanente ni implicar integración a la
estructura organizacional de la entidad.
104. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la
existencia de una relación laboral subordinada encubierta.
105. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.
106. En el caso concreto, en primer lugar, se reitera que el Sena, según el Decreto
2149 de 199237, es un establecimiento público del orden nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Dicha entidad, según la Ley 119 de 199438, tiene por
misión la de intervenir en el desarrollo de los trabajadores colombianos; de manera
que ofrece y ejecuta formación profesional con carácter integral, para su
incorporación en actividades productivas.
37 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena
38 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones.
30
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
107. Al respecto, si bien es cierto que el Sena se encuentra adscrito al Ministerio
del Trabajo y no al Ministerio de Educación, lo cierto es que, como lo ha estudiado
esta corporación, ejecuta una actividad académica y, por ende, el contenido de sus
programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119
de 199439, debe ajustarse a la Ley 30 de 1992.
108. Ahora, para el desarrollo de la misión de la entidad en la planta de personal,
existe el cargo de instructor, que como se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, tiene como función principal impartir formación
profesional y ejecutar actividades de coordinación de la formación e investigación
aplicada.
109. Lo anterior permite precisar que el hecho de que el Sena no se encuentre
adscrito al Ministerio de Educación no desvirtúa su misión, que por orden legal es
la de capacitar e impartir formación profesional; máxime cuando conforme ya se
explicó, su funcionamiento se rige por las normas especiales que le son propias,
entre ellas, la Ley 30 de 1992. En tal sentido, no se puede pasar por alto que dentro
de la planta de personal existe el cargo de instructor que tiene como funciones
programar, orientar y evaluar procesos de aprendizaje; las cuales a su vez resultan
ser propias de la entidad.
110. En este orden de ideas, en el presente caso se encontró probado, conforme
con la documental allegada, que la señora Fadile Gonzales Narváez ejecutó la labor
de instructor en el Centro de Formación Profesional Agroempresarial y Minero del
Sena. Ello quiere decir que, en consonancia con lo antes mencionado, desempeñó
funciones inherentes a la misión de la entidad.
111. Lo expuesto tiene fundamento además en que cumplió, entre otras, las
siguientes obligaciones, según el objeto de los contratos de prestación de
servicios40:
• Prestar los servicios como docente en el Centro CAISAM, en módulos
técnicos del curso elaboración de alimentos concentrados para animales.
• Prestar los servicios como docente impartiendo los módulos de gestión
básica de agronegocios en el curso de jóvenes rurales.
• Prestar servicios profesionales de carácter temporal como asesor tutor para
el programa de jóvenes rurales en el curso elaboración de alimentos
concentrados para animales.
• Se compromete a prestar los servicios como asesor tutor para atender el
programa con población vulnerable, desplazados en el curso de
procesamiento de alimentos.
39 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
40 Para efectos prácticos solo se transcribirán algunas de las funciones pactadas en cada uno de los contratos
de prestación de servicios celebrados entre las partes.
31
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
• Atender cursos de formación complementaria 2009, atención a programa de
red juntos población vulnerable, en el área de agroindustria.
• Ejecución de acción de formación para el programa de jóvenes rurales
emprendedores.
• Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para
desarrollar acciones de formación profesional integral en el programa
Jóvenes Rurales Emprendedores.
• Prestación de servicios profesionales de carácter temporal, para la ejecución
de acciones de formación profesional integral aplicando la metodología de
formación por proyectos mediante el desarrollo de competencias y resultados
de aprendizaje en el área de agroindustria de la formación titulada y/o
complementaria.
• Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
• Participar en la definición y planeación de los proyectos productivos.
• Acompañar la gestión del Centro Agroempresarial y Minero.
• Las que surgieran de las necesidades de formación del Centro.
112. Las obligaciones transcritas, evidencian que la accionante realizó actividades
que tienen correspondencia con el poder subordinante del empleador y coincide con
las labores previstas en el manual de funciones del cargo de instructor, citadas en
el marco normativo y jurisprudencial de esta sentencia.
113. Ahora bien, el testigo Alberto Ávila Jiménez manifestó que la demandante
estaba obligada a cumplir personalmente con el horario establecido por la entidad
demandada. Este elemento es significativo, por cuanto la sujeción a un horario e
impuesto por el empleador constituye una de las manifestaciones más reales de la
subordinación laboral, en tanto suprime la autonomía de gestión del tiempo propia
de los contratos de prestación de servicios independientes.
114. Lo anterior, guarda relación con lo que se desprende del propio clausulado de
los contratos, que en múltiples oportunidades remite al cumplimiento de las
actividades «de conformidad con la programación y los parámetros dados por el
Coordinador»; además, acreditan que la demandante cumplía una carga de hasta
ciento sesenta horas mensuales de formación, en jornadas de lunes a viernes, en
horarios de ocho de la mañana a mediodía y de dos a seis de la tarde, según, se
insiste, conforme a la programación fijada por los coordinadores del Centro.
115. En segundo lugar, el testigo señala que la accionante no tenía autonomía en
el desarrollo de las clases que dictaba, pues estas debían ajustarse a la formación
metodológica impartida por la entidad. Lo que revela que la demandante no ejercía
su actividad con la independencia técnica que caracteriza al contratista autónomo,
sino que su labor estaba subordinada a los parámetros metodológicos definidos
unilateralmente por el Sena, lo que evidencia una dirección y control sobre el
contenido mismo de la prestación.
32
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
116. También, afirmó que la demandante recibía órdenes e instrucciones del
supervisor del Centro, lo cual, a juicio de la Sala, es un indicador de subordinación,
pues implica que el trabajador no disponía de libertad para determinar el modo, el
tiempo ni la forma de ejecución de sus obligaciones.
117. Tal manifestación, se acompasa, de manera particular, con la cláusula de
supervisión y vigilancia de los propios contratos, de las que se evidencia que los
supervisores designados por la entidad tenían facultades que desbordaban la
simple verificación del resultado, pues debían «supervisar continuamente en las
aulas el desempeño, asistencia, calidad, trato y demás factores» de la contratista;
«efectuar las evaluaciones correspondientes con los alumnos» y su propia
evaluación sobre «el rendimiento y calidad de la formación impartida», resultado
que constituía «un factor determinante en la continuidad del contrato y del
CONTRATISTA»; e informar al Subdirector sobre «cualquier demora e
incumplimiento en las obligaciones del contratista».
118. Estas facultades, en especial la de determinar la continuidad del vínculo con
la contratista en función de las evaluaciones de desempeño, suponen un poder de
dirección que va más allá de la coordinación ordinaria y se adentra en el terreno de
la sujeción laboral.
119. A ello se agrega que la demandante debía atender oportunamente los
requerimientos del supervisor, presentar informes mensuales de ejecución y
someter sus cuentas de cobro a la aprobación del supervisor como condición para
el pago, todo lo cual revela un seguimiento de la entidad que la alejó de cualquier
autonomía del contratista independiente.
120. En ese orden, el argumento de la recurrente en el sentido de que la supervisión
ejercida por la entidad era simplemente la verificación del resultado contractual —
propia de todo contrato de prestación de servicios— no resulta de recibo. Lo
anterior, comoquiera que las facultades de coordinación de un contratante se agotan
en asegurarse de que el objeto pactado se cumpla; no se extienden a controlar de
manera continua el modo, el lugar, el tiempo y la calidad del desempeño personal
del contratista durante la ejecución misma de su labor en las aulas, ni a condicionar
la continuidad del vínculo a evaluaciones de desempeño individuales. En el presente
caso, esas facultades fueron ejercidas de manera sistemática y permanente, como
se desprende de las cláusulas de vigilancia transcritas y de los informes mensuales
obrantes en el plenario.
121. Por otra parte, en su testimonio el señor Alberto Ávila Jiménez manifestó que
los implementos y herramientas utilizados por la accionante en el desempeño de
sus funciones pertenecían al Sena. Este hecho desvirtúa otro rasgo esencial del
contrato de prestación de servicios, cual es la utilización de medios propios por parte
del contratista, y refuerza en cambio la imagen de una trabajadora integrada a la
estructura operativa y logística de la entidad.
33
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
122. En consecuencia, el testimonio del señor Ávila Jiménez, valorado en su
conjunto y en articulación con los demás medios de prueba que obran en el
expediente, contribuye a demostrar que entre la demandante y el Sena existió una
relación de trabajo subordinado, susceptible de reconocimiento judicial con
fundamento en el principio de primacía de la realidad.
123. En conclusión, en el caso bajo análisis, se considera probado el elemento de
la subordinación. Lo anterior, en la medida que la accionante al desempeñar las
funciones de instructor, ejecutó labores que permitían el desarrollo del objeto
misional de la entidad.
124. Por último, en relación con el argumento del Sena, según el cual no existieron
llamados de atención o sanciones que demostraran subordinación, la Sala precisa
que la configuración de este elemento no depende exclusivamente de la existencia
de dichos actos por escrito, porque el mencionado elemento puede acreditarse
mediante diferentes medios de prueba e indicios, como los mencionados en
precedencia.
125. Aclarado lo anterior, al encontrarse acreditados en el caso concreto, los
elementos de prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, la
Sala considera que, del 21 de octubre de 2004 hasta el 15 de diciembre de 2013, la
parte demandante demostró la existencia de la relación laboral encubierta con el
Sena.
• Prescripción trienal
126. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso
de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la
prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los
fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá
al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en
aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por
las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos
de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del
derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día
a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos
económicos temporales. (Se destaca)
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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00347-01 (7077-2023)
Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
127. En relación con el término de la no solución de continuidad en asuntos en los
que se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección en
sentencia del 9 de septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo y
jurisprudencial precedente, estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Término que debe
entenderse como un marco de referencia para la administración, el contratista y el
juez de la controversia.
128. Por lo expuesto, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Estado, y el pago de las prestaciones que de esta se deriven,
deberá reclamarlo dentro del término de tres años contados a partir de la finalización
del vínculo contractual41.
129. Descendiendo al caso concreto, se advierte que entre los contratos 81 y 1341
se presentaron interrupciones inferiores y superiores a dicho referente, según la
siguiente tabla:
Contrato Contrato Fecha
Fecha fin Días hábiles
anterior siguiente inicio
Orden de trabajo 995 30/12/2004 Orden de trabajo 147 20/06/2005 114
Orden de trabajo 147 16/10/2005 Orden de trabajo 335 20/02/2006 85
Orden de trabajo 335 31/07/2006 Orden de trabajo 190 15/05/2007 192
Orden de trabajo 190 25/08/2007 Orden de trabajo 434 05/10/2007 29
Orden de trabajo 434 15/12/2007 Contrato 370 28/08/2008 170
Contrato 370 06/11/2008 Contrato 677 01/12/2008 15
Contrato 677 31/12/2008 Contrato 81 05/03/2009 43
Contrato 81 22/07/2009 Contrato 499 10/11/2009 74
Contrato 499 19/12/2009 Contrato 155 27/01/2010 24
Contrato 155 27/06/2011 Contrato 396 18/08/2011 34
Contrato 396 18/12/2010 Contrato 237 28/02/2011 49
Contrato 237 30/06/2011 Contrato 715 09/08/2011 25
Contrato 715 20/12/2011 Contrato 245 01/02/2012 29
Contrato 245 23/05/2012 Contrato 708 28/08/2012 62
Contrato 708 14/12/2012 Contrato 1341 28/10/2013 211
Contrato 1341 15/12/2013
Tabla 2: finalización e inicio de contratos de prestación de servicios
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con
referencia SUJ2-005-16.
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Demandante: Fadile Yanett González Narváez
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130. A manera de ejemplo, las interrupciones de 24, 25 y 29 días hábiles —entre
los contratos 499 y 155, 237 y 715, y 715 y 245, respectivamente— se encuentran
por debajo del referente de 30 días hábiles, por lo que, conforme a la jurisprudencia
citada, no tienen entidad para entender interrumpida la relación laboral, sin que sea
necesario un examen adicional sobre su causa. Igual situación se presenta en otros
intervalos de la relación contractual, como los de 29 y 15 días hábiles registrados
entre los contratos 190 y 434, y entre los contratos 370 y 677, respectivamente.
131. Distinta es la situación de las interrupciones de 34 y 49 días hábiles, entre los
contratos 155 y 396 y entre los contratos 396 y 237, respectivamente, las cuales,
aunque superan dicho referente, se estiman justificadas en la medida en que
corresponden a periodos de receso estudiantil, sin que por ello tengan la entidad de
romper la continuidad de la relación laboral encubierta, como en casos similares lo
ha precisado esta Subsección42.
132. No ocurre lo mismo con la interrupción de 62 días hábiles entre la finalización
del contrato 245, el 23 de mayo de 2012, y el inicio del contrato 708, el 28 de agosto
de 2012. Dicho lapso excede de forma considerable el periodo ordinario de receso
estudiantil, sin que exista en el expediente justificación adicional que permita
atribuirlo a dicha causa. Por tanto, esta interrupción sí tiene la entidad de romper la
continuidad de la relación laboral. Igual conclusión se impone frente a la interrupción
de 211 días hábiles entre la finalización del contrato 708, el 14 de diciembre de
2012, y el inicio del contrato 1341, el 28 de octubre de 2013.
133. En consecuencia, la relación laboral encubierta se fracciona, para efectos de
la prescripción, en los siguientes bloques: (a) el contrato 81 y los anteriores a este;
(b) el comprendido entre el contrato 499, iniciado el 10 de noviembre de 2009, y el
contrato 245, finalizado el 23 de mayo de 2012; (c) el contrato 708, ejecutado del 28
de agosto al 14 de diciembre de 2012; y (d) el contrato 1341, ejecutado del 28 de
octubre al 15 de diciembre de 2013.
134. Frente al primero de estos bloques, se precisa que el contrato 81 finalizó el
22 de julio de 2009, fecha desde la cual corría el término de tres años previsto en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969,
y que, por ende, vencía el 22 de julio de 2012. Como la reclamación administrativa
se presentó el 14 de marzo de 2014, esto es, con posterioridad al vencimiento de
dicho término, se concluye que aquella no tuvo la virtualidad de interrumpir la
prescripción frente a lo causado en el contrato 81 ni en los contratos que lo
precedieron. Por esta razón, resulta innecesario examinar si entre estos y el contrato
81 existió o no continuidad, en tanto, de haberla, en nada modificaría la conclusión,
toda vez que el término ya se encontraba consumado al momento de presentarse
la reclamación.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 16 de mayo de 2024, proceso con
radicado 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022); del 13 de junio de 2024, proceso con radicado 63001-
23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022); del 4 de julio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2019-
00159-01 (2006-2021), entre otras.
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Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
135. Distinta es la situación de los tres bloques restantes. Como la reclamación
administrativa se presentó el 14 de marzo de 2014 y la demanda el 22 de junio de
2014, se tiene que dicha reclamación se interpuso dentro de los tres años siguientes
a la finalización de cada uno de ellos —23 de mayo de 2012, 14 de diciembre de
2012 y 15 de diciembre de 2013, respectivamente—, por lo que tuvo la virtualidad
de interrumpir la prescripción frente a lo causado en cada uno en su integridad, sin
que sea necesario fraccionarlos internamente, en tanto su extensión no supera los
tres años contados desde su respectiva finalización.
136. Conforme a lo expuesto, el fenómeno de la prescripción operó únicamente
frente a lo causado con anterioridad al 10 de noviembre de 2009, fecha de inicio del
contrato 499. Lo causado a partir de esta fecha, incluidos los tres bloques
contractuales subsiguientes, no se encuentra afectado por dicho fenómeno.
137. No obstante, correspondería modificar la sentencia de primera instancia para
reconocer lo causado a partir de dicha fecha, en lugar de la fijada por el juez de
primera instancia. Sin embargo, dicha modificación no se efectuará, en tanto la parte
demandada es apelante única, y un pronunciamiento en tal sentido ampliaría el
periodo reconocido a la parte demandante, en desmedro de su situación. Por tal
razón, en aplicación del principio de la non reformatio in pejus, se mantendrá la
fecha de prescripción fijada en la sentencia recurrida (lo causado con anterioridad
al 8 de febrero de 2012).
138. En punto, se hace la claridad que la prescripción declarada no opera frente a
los aportes pensionales, por tratarse de derechos imprescriptibles e irrenunciables,
criterio que coincide con lo definido por el Tribunal.
139. No obstante, una vez revisado el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia recurrida, se tiene que los términos del restablecimiento del derecho son
los siguientes:
«b). Ordenar a la demandada tomar (durante el tiempo de duración de los contratos
reseñados en la tabla que figura en la parte motiva de esta sentencia, el ingreso
base de cotización (IBC) pensional de la demandante (los honorarios pactados),
mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los
que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante
por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador, por lo que la accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que
no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar
o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador; (iii) se
declara que el tiempo laborado por la demandante como Auxiliar Área Salud
(Auxiliar de Enfermería) bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios u
órdenes de trabajo con la accionada durante el periodo descrito previamente, se
debe computar para efectos pensionales».
140. Al respecto, lo primero que debe decirse es que, tal como quedó demostrado
párrafos atrás, las labores que desempeñó la parte demandante en el Sena,
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Demandado: Sena
corresponden a las previstas en el manual de funciones del cargo de instructor de
esa entidad, y no como auxiliar de enfermería, según se tiene de la anterior orden,
por lo que la misma debe ser modificada en ese sentido.
141. En segundo lugar, el a quo hizo mención acerca de que el tiempo laborado por
la demandante, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios u órdenes
de trabajo, «durante el periodo descrito previamente, debe computarse para efectos
pensionales»; sin embargo, como este punto no resulta claro para la Sala, declarará
que tal periodo, para efectos del reconocimiento y pago de los aportes pensionales,
corresponde a la vinculación entre el 21 de octubre de 2004 hasta el 15 de diciembre
de 2013, salvo interrupciones, por lo que se procederá hacer la modificación
respectiva en dicho ordinal.
142. Es necesario aclarar que, en cuanto a la base para la liquidación de las
prestaciones sociales, como consecuencia de la declaratoria de la existencia de la
relación laboral, por regla general y en virtud del principio a trabajo igual salario
igual, debe corresponder al salario de un empleado de planta que desarrollara
funciones de instructor por todos los periodos laborados.
143. No obstante, el juez de primera instancia determinó que la base de liquidación
corresponde a los honorarios de los respectivos contratos, sin que tal aspecto fuera
controvertido por la accionante, de manera tal que cualquier modificación sobre el
particular no es procedente, so pena de afectar los intereses del apelante único.
144. En estos términos se hará la correspondiente modificación al ordinal segundo
de la parte resolutiva de la sentencia apelada.
3.6. Conclusión de la decisión
145. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la parte
demandante acreditó la existencia de una relación laboral entre el 21 de octubre de
2004 hasta el 15 de diciembre de 2013 en la prestación del servicio como instructor
del Sena. En efecto, demostró la prestación personal del servicio, la remuneración
y la subordinación continua.
3.7. Costas
146. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 43 de la
43 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
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Demandado: Sena
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Modificar el literal b) del ordinal segundo de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar el 12 de agosto de 2022, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así:
Segundo.
b). Ordenar a la demandada tomar (durante el tiempo de duración de los
contratos reseñados en la tabla que figura en la parte motiva de esta
sentencia, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante
(los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo
que la accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la
carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía
como trabajador (iii) CONDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje —
Sena— al pago de los aportes pensionales a los cuales tiene derecho la
señora Fadile Yanett González Narváez, en el cargo de instructor, desde
el 21 de octubre de 2004 hasta el 15 de diciembre de 2013, sin incluir las
interrupciones, para lo cual tomará como referente los honorarios pactados,
por el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral.
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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Demandante: Fadile Yanett González Narváez
Demandado: Sena
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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