RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2021-00598-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00598-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00598-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar los ordinales 1° y 3° de la sentencia proferida el 18 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Gladys del Carmen Morales Mejía contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Los cuales quedarán así: PRIMERO: Declarar la nulidad parcial del Oficio 13-2-2021-002285 de 23 de junio de 2021, mediante el cual el Sena negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales a la demandante. En su lugar, se declara que entre la demandante y la parte demandada existió una relación laboral que se extendió entre el 16 de marzo de 2011 y el 26 de noviembre de 2018. TERCERO: Declarar la prescripción extintiva en cuanto a los derechos causados antes del 13 de febrero de 2015, salvo para efectos pensionales. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida 18 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. 37 Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025) Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 38

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2021-00598-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 18 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Gladys del Carmen Morales Mejía presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 13-2-2021-002285 del 23 de junio de
2021 suscrito por la subdirectora del Centro Agroempresarial y Minero regional del
Sena, por medio del cual se le negó la existencia de una relación laboral encubierta
entre el 16 de marzo de 2011 y el 30 de noviembre de 2018 y el reconocimiento de
las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por

1 En lo que sigue Sena.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

el periodo reclamado; y ii) el reconocimiento de las prestaciones sociales que de
ella se derivan, tales como cesantías y sus intereses, primas de servicios y de
diciembre, vacaciones; así como el pago de los aportes a seguridad social.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Gladys del Carmen Morales Mejía laboró para el Sena mediante contratos de
prestación de servicios entre el 16 de marzo de 2011 y el 30 de noviembre de 2018,
con el objeto de impartir formación en belleza y cosmetología.

3.2. Las labores las desarrolló en las instalaciones del Centro de Comercio y Servicio
de Bolívar y en diferentes municipios del departamento, fue asesora tutora,
desarrolló los programas de jóvenes rurales, formación titulada profesional, técnica
y complementaria dirigida a la formación profesional integral, con los elementos de
la institución, en cumplimiento de un horario de 7:00 am. a 11:30 am. y de 2:00 a
6:00 pm. de lunes a viernes, y bajo las órdenes de los supervisores coordinadores
del Sena.

3.3. El 10 de junio de 2021 solicitó al Sena el reconocimiento de la relación laboral y
el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella; petición que fue
negada a través del acto administrativo demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13 y 53 de la Constitución Política; 14
a 23 de la Ley 50 de 1990; 15 y 271 de la Ley 100 de 1993; 3 de la Ley 797 de 2003;
7 del Decreto 1950 de 1973; 23 del Decreto 1703 de 2002; y 1 del Decreto 510 de
2003.

2
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos :

5.1. Durante el vínculo contractual desarrolló actividades propias de los programas
«JÓVENES RURALES, FORMACIÓN TITULADA PROFESIONAL, FORMACIÓN
TÉCNICA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, dirigida a la Formación PROFESIONAL
INTEGRAL» (sic), en las instalaciones del Centro de Comercio y Servicio de Bolívar
y en distintos municipios del departamento, con los elementos de la institución, en
cumplimiento de un horario de 7:00 am. a 11:30 m y de 2:00 a 6:00 pm. de lunes a
viernes, y bajo las órdenes de los supervisores coordinadores del Sena,

2 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «6ED_EXPEDIENTE_NyR13001233300020210(.rar)

NroActua 2(.rar) NroActua 2», documento 01Demanda.pdf.

2

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

circunstancias que evidenciaban la existencia de los elementos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación.

5.2. Por medio de los sucesivos contratos de prestación de servicio la entidad
demandada tuvo como propósito encubrir la verdadera relación laboral que existió
entre las partes, con lo cual se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado,
particularmente las sentencias «de unificación CESUJ2 5 de 25 de agosto de 2016» y
del 8 de julio de 20213.

1.2. Contestación de la demanda

4
6. El Sena se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en que :

6.1. Entre las partes existió una relación estrictamente contractual, regida por la Ley
80 de 1993, la cual no generaba una relación laboral ni el reconocimiento de
prestaciones sociales. Además, los contratos fueron celebrados de manera
temporal e ininterrumpida, con objetos contractuales diferentes, por el término
estrictamente necesario y la demandante actuó con autonomía «técnica y financiera
y sin subordinación» (sic).

6.2. La contratista tenía autonomía para desarrollar sus actividades y establecer los
horarios de formación. En todo caso, la coordinación existente con la institución
obedecía a la necesidad de ejecutar adecuadamente los objetos contractuales, sin
que ello implicara una relación de subordinación. Igualmente, no se acreditaron que
a través de sus funcionarios el Sena impusiera órdenes, ejerciera llamados de
atención, sanciones, memorandos u otras actuaciones que evidenciaran el poder
subordinante.

6.3. Por la prestación de sus servicios recibió el pago de los honorarios pactados,
razón por la cual no había lugar al reconocimiento de las prestaciones sociales
reclamadas, tal y como se consideró en el acto administrativo demandado, el cual
gozaba de presunción de legalidad. En consecuencia, el Sena -Regional Bolívar no
estaba obligado a realizar pagos que excedieran lo pactado, máxime porque al
suscribir los contratos la demandante manifestó conocer y aceptar tales
condiciones.

3 «consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter Bogotá, D. C., Medio de control: Nulidad y
restablecimiento del derecho Expediente: 13001-23-33-000-2013-00646-01 (442-2020)
Demandante: Rosario del Carmen Yabrudy Díaz Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
(Sena) Tema: Contrato realidad. » (sic).
4 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «6ED_EXPEDIENTE_NyR13001233300020210(.rar)

NroActua 2(.rar) NroActua 2», documento 15ContestaciónDemanda.pdf.

3

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

6.4. Pese a que la actora suscribió varios contratos de prestación de servicios entre
los años 2011 y 2018, estos contaron con lapsos de interrupción entre uno y otro,
por lo tanto, debía analizarse la prescripción frente a la finalización de cada uno de
ellos. «Teniendo en cuenta que su contrato No. 000763 del 20 de febrero de 2017, finalizó
el 14 de diciembre de 2017, el actor tenía hasta el 14 de diciembre de 2020 para reclamar
e interrumpir la prescripción, sin embargo, presentó su petición de forma extemporánea
esto es el 10 de junio de 2021, con radicado No.7-2021-163287, cuando dicho contrato
había prescrito. Igual consecuencia deviene para todos los contratos finalizado entre los
años anteriores al 2017» (sic).

6.5. De acuerdo con lo anterior, propuso las siguientes excepciones: i) prescripción;
ii) «inexistencia de la obligación y del demandado Servicio Nacional de Aprendizaje
Sena – Regional Bolívar» (sic); iii) buena fe y presunción de legalidad; iv) cobro de
lo no debido; v) insuficiencia probatoria; y vi) genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. En sentencia del 18 de octubre de 2024 el Tribunal Administrativo de Bolívar
declaró la nulidad del Oficio 13-2-2021-002285 de 23 de junio 2021, la existencia de
la relación laboral entre las partes del 25 de julio de 2011 al 30 de noviembre de
2018, la prescripción de los derechos prestacionales derivados de la relación laboral
reconocida «antes del 25 de julio de 2011» y negó la condena en costas. A título de
restablecimiento del derecho dispuso:

«SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena al SENA (i) reconocer y pagar al demandante
las prestaciones sociales del orden legal devengadas por un servidor público de la misma
categoría (instructor) vinculado laboralmente a la planta de la entidad, liquidadas sobre
el salario devengado por estos durante los períodos de los contratos suscritos por la
demandante y relacionados en el cuadro contenido en la parte motiva; (ii) si llegase a
existir diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron
efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo
que la accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema
durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o
existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso,
el porcentaje que le incumbía como trabajadora; (iii) se declarará que el tiempo laborado
por la demandante bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios con SENA
durante el periodo descrito previamente, se debe computar para efectos pensionales.

TERCERO: Declarar la prescripción extintiva en cuanto a los derechos causados antes
del 25 de julio de 2011, conforme lo indicado en la parte motiva.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: El SENA deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
indicado en el artículo 192 del CPACA. SEXTO: Déjense las constancias de rigor en el
sistema de Gestión SAMAI.» (sic).

4

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:

8.1. La prestación personal del servicio y la remuneración se acreditaron, puesto que
así se advirtió de los contratos, certificaciones, informes y planillas de asistencia que
demostraron que la actora efectivamente prestó sus servicios como instructora de
belleza y peluquería para el Sena, actividad que desarrolló entre el 25 de julio de
2011 y el 30 de noviembre de 2018, con algunas interrupciones. Además, los
objetos contractuales evidenciaron labores que correspondían a las actividades
propias de la misión institucional, relacionadas con la formación profesional integral.

8.2. Los testigos, quienes compartieron con la demandante condiciones similares de
vinculación, tiempo, modo y lugar, dieron cuenta de que cumplió con una jornada
previamente establecida por el Sena, de aproximadamente 8 horas diarias, de lunes
a viernes, atendió las instrucciones de la coordinadora, solicitó permisos para
ausentarse, asistió a reuniones administrativas, presentó informes y cumplió con las
programaciones fijadas por la entidad. También señalaron que el incumplimiento de
actividades y horarios generaban llamados de atención.

8.3. Los contratos establecieron obligaciones que desbordaron la coordinación
contractual, por ejemplo, la actora se sujetó a la programación y parámetros
impartidos por la coordinación, atendió los requerimientos del supervisor, presentó
informes y reportes periódicos, y acreditó el cumplimiento de las actividades para
recibir el pago. Por lo tanto, no existió una autonomía en la ejecución de las labores,
sino una relación de dependencia frente al Sena.

8.4. Aunque existieron interrupciones entre los contratos, la demandante fue
vinculada reiteradamente durante varios años para desarrollar actividades
relacionadas con igual objeto, formación como instructora en el área de belleza y
peluquería, lo que evidenció que no se trataba de una necesidad ocasional. Las
labores que cumplió eran iguales o semejantes a las realizadas por los instructores
de planta y hacían parte del giro ordinario y misional del Sena. En consecuencia, si
bien las partes suscribieron sucesivos contratos, se configuró una verdadera
relación laboral, y el Sena pretendió evitar el pago de prestaciones sociales
encubriendo su existencia. A la anterior conclusión, se llegó en virtud de la
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas.

8.5. El último contrato de prestación de servicios terminó el 30 de noviembre de 2018,
no obstante, la demandante presentó la reclamación administrativa el 10 de junio
de 2021, con lo cual interrumpió la prescripción y como la demanda fue radicada el

5 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «6ED_EXPEDIENTE_NyR13001233300020210(.rar)

NroActua 2(.rar) NroActua 2», documento 30Sentencia.pdf.

5

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

6 de septiembre de igual año, no operó la prescripción extintiva de los derechos
reclamados. Sin embargo, «teniendo en cuenta que entre el primer y segundo contrato
suscrito entre la demandante y el SENA hubo una interrupción de 11 meses y 15 días, la
Sala realizará el reconocimiento de la relación laboral a la accionante a partir del segundo
contrato de prestación de servicios, es decir, desde el 25 de julio de 2011 hasta el 30 de
noviembre de 2018» (sic).

8.6. La condena en costas no procedía, toda vez que no se demostró que la parte
vencida hubiese obrado «con manifiesta carencia de fundamento legal», «temeridad o
mala fe» (sic).

1.4. El recurso de apelación

9. El Sena interpuso recurso de apelación en el cual relacionó diferente
jurisprudencia y manifestó lo siguiente6:

9.1. La sentencia de primera instancia contiene deficiencias fácticas y probatorias,
pues no se acreditó de manera suficiente el elemento de subordinación y
dependencia, sino que el a quo lo encontró probado a partir de inferencias que hizo
de los contratos de prestación de servicios y de las declaraciones.

9.2. En tal medida: i) las actividades contractuales pactadas no obedecieron a la
imposición arbitraria de la institución, sino a la necesidad de esta y que fue
satisfecha a través de una contratación permitida por la Ley 80 de 1993; ii) no se
relacionaron de manera concreta las actividades que permitieron llegar a la certeza
o el parámetro de comparación para determinar que la demandante ejercía labores
similares a un empleado de planta; y iii) no se acreditó el cumplimiento de un horario
y los testigos hicieron afirmaciones genéricas sobre el particular, toda vez que no
pertenecían al mismo equipo y se encontraban ocasionalmente.

9.3. El hecho de que la demandante hubiese desarrollado actividades relacionadas
con la actividad institucional del Sena, específicamente como instructora, no
permitía concluir, por sí sola, la existencia de una relación laboral. La vinculación en
tal calidad podía realizarse mediante contratos de prestación de servicios, conforme
con la jurisprudencia del Consejo de Estado7, aun cuando estos desarrollaran
funciones similares a las del personal de planta, ello no implicaba subordinación8.

6 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «6ED_EXPEDIENTE_NyR13001233300020210(.rar)

NroActua 2(.rar) NroActua 2», documento 32RecursoApelación.pdf.
7 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 11 de marzo de 2021,

expediente 2016-
00214, y del 7 de julio de 2022, expediente 2018-00033».
8 «Sobre el particular, se pueden revisar las sentencias del 10 de mayo de 2018 en proceso con

radicación 47001-23-33-000-2014-00123-01 (3257-2016); 10 de octubre de 2018 en el expediente
47001-23-33-000-2013- 00287-01 (4430-2015); y 4 de julio de 2019, en proceso 47001-23-33-000-

6

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

9.4. En el expediente no existió prueba que demostrara la imposición de una jornada
de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm, ni llamados de atención, memorandos,
u órdenes concretas sobre este aspecto. «No obstante, debía de disponer de tiempo
necesario para desarrollar las obligaciones pactadas. En ese sentido, lo lógico es que, en
efecto, las actividades para los cuales fue contratada debía ejecutarlas dentro de las horas
disponibles de prestación de servicios del S[ena]», dentro del marco de la coordinación.

9.5. En todo caso, el Consejo de Estado ha precisado que el solo cumplimiento de
un horario no implica una subordinación. Además, en el caso particular, la
demandante concertaba con la población beneficiaria de los cursos
complementarios horas hábiles y flexibles para que aquellos se capacitaran y las
declaraciones fueron generales y se basaron, en gran parte, en las propias
experiencias de los testigos como instructores, sin que se acreditara que la
demandante estuviera sometida a un horario impuesto por la institución.

9.6. Las «estipulaciones» contractuales relativas al cumplimiento de un horario, el
recibido de instrucciones, el deber de reportar resultados no permiten inferir la
configuración del elemento de subordinación; asimismo, la coordinación de
actividades, presentación de informes, atención a los requerimientos del supervisor
y cumplimiento de las actividades en los tiempos necesarios para ejecutar el objeto
contractual constituyen mecanismos de coordinación que eran inherentes a los
instrumentos jurídicos suscritos entre las partes.

9.7. De la celebración sucesiva de contratos suscritos entre los años 2011 a 2018 no
era procedente deducir la existencia de una relación laboral, pues de acuerdo con
la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la duración de cada contrato
debía analizarse según el término estrictamente indispensable para ejecutar el
objeto contractual.

9.8. En consecuencia, no se demostró de manera fehaciente la subordinación, la
dependencia continua ni la vocación de permanencia, pese a que le correspondía a
la parte actora la carga probatoria para su acreditación.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar9.

2013-90117-01 (1647-2015). Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-
2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi»,
«C.E. Sección segunda, Subsección B, sentencia del 30 de junio de 2022, C.P: William Hernández,
Rad:13001-33-33-000-2015-00237-01 (2266-2019).» entre otras.
9 Según consta en el auto del 24 de noviembre de 2025, visible a índice 4 de Samai.

7

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto 10.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de apelación 11, se
circunscriben a establecer ¿si entre Gladys del Carmen Morales Mejía y el Sena se
configuró una relación laboral? al encontrarse acreditado sus elementos, en
especial la subordinación, y, en consecuencia, ¿si aquella tenía derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación
laboral?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

14. Por su parte, el Decreto 2209 de 199812 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista

10 Según se advierte de la constancia secretarial del 16 de enero de 2026, visible a índice 8 de Samai.
11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
12 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

8

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

16. La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas
en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el
ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral
personal subordinada y dependiente.

17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Se resalta].

18. Así,
cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la

9

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

Organización Internacional del Trabajo (OIT)13 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización14, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»15 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

20. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del

13 Aprobada el 11 de abril de 1919.
14 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
15 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

10

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.

22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación16 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales17». [se resalta].

23. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

11

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios». (sic)

25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202118 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».(sic)

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

12

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.2.2. En torno a los instructores del Sena

30. El Sena fue creado mediante el Decreto Ley 118 de 1957 19 y según el Decreto
164 del 6 de agosto de 195720 sus funciones iniciales consistían en brindar
formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura,
la minería y la ganadería.

31. Posteriormente, la Ley 119 de 199421 dispuso que el Sena sería un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio
propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del
Trabajo, cuya misión, de acuerdo con su artículo 2, consiste en «cumplir la función
que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan
al desarrollo social, económico y tecnológico del país». Asimismo, los objetivos
específicos de acuerdo con el componente misional son los siguientes:

«Artículo 3. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes
objetivos:

1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese

19 «Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA».
20 «Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras

disposiciones».
21 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149

de 1992 y se dictan otras disposiciones».

13

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.

2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico».

32. Así, la misión especial encomendada al Sena comprende la formación y
capacitación de los aprendices, funciones de carácter permanente que cumple en
desarrollo de su actividad. Como se dijo, la entidad está adscrita al Ministerio del
Trabajo y, por ende, no está sometida a las orientaciones del Ministerio de
Educación o las secretarías de educación; no obstante, ejerce una labor docente
para desarrollar programas de formación de educación no formal que ofrece la
institución.

33. Ahora bien, la instructora es una figura propia de esa entidad y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1424 de 199822, este grupo ocupacional
«comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional y desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e
investigación aplicada». Según el manual específico de funciones, requisitos
mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del
Sena contenido en el Decreto 986 del 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y
2015), el cargo de instructor hace parte de la planta, con la descripción de las
siguientes funciones23:

«ii. Propósito principal

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

iii. Descripción de funciones esenciales

Instructor:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa
de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad
con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos
para la ejecución de acciones de Formación Profesional.

22 «Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena»
23 Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.

14

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con
le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo».

34. En relación con la actividad que desarrollan los instructores, la Sección
Segunda del Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia
del 10 de septiembre de 201424. Al respecto, la autoridad judicial señaló:

«DOCENTES O CATEDRÁTICOS OCASIONALES O POR HORAS

Esta Corporación ha señalado que los profesores de cátedra también tienen una relación
laboral subordinada por cuanto cumplen una prestación personal del servicio. Igual que
los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, ellos
devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una
subordinación, como se les exige a los otros, con horarios, reuniones, evaluaciones, etc.
contemplados en el reglamento. Dada la similar situación de hecho que identifica la
misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos debe
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben
pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado, pues otro tratamiento
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio.

Igualmente la Corte Constitucional25 señaló que al igual que los catedráticos, cumplen
las mismas funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos
de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas
obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba en
su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad de la misma, lo cual
no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Textualmente señaló:

Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional
al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de
igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta,
en el sentido de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.",
las cuales no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros
profesores, pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la
dignidad de dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las
primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al
trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser
excluido de los programas de capacitación y mejoramiento profesional.

(…)

No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la
disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en tanto
trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional, de las
prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando ellas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios mínimos
irrenunciables:

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de septiembre de 2014, radicado 20001

23 31 000 2011 00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.
25 Sentencia C-006 de 1996, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz

15

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

La regulación anterior aplicable a los Instructores del SENA, establece que dicha
entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y profesional
certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos que imparte; define la
educación como todos aquellos procesos especializados tendientes a la obtención de
certificados, títulos o grados; e indica que el cargo de Instructor coordina y ejecuta
actividades académicas.

Conforme con la normativa citada, la función prestada por el SENA a través de los
Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral certificando
a sus estudiantes, o sea, que por estas características y su naturaleza se clasifica dentro
de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace
parte de los niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley
115 de 1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de
la definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación». [se resalta].

35. En efecto, en la medida en que esta entidad ejecuta una actividad académica,
debe ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a lo dispuesto en
la normativa aplicable, por expresa disposición del numeral 6 del artículo 4 de la
citada Ley 11926. Es decir que el contenido de los programas que ofrece el Sena
está sometido al régimen académico previsto en la Ley 30 de 1992 27. Así lo
concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 28, que sobre
su naturaleza, misión y funciones precisó:

«La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4 permite
al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.

Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación
a los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.

ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,

iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.

26 artículo 4o. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
[…]
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en
las disposiciones legales respectivas. […]”. (se resalta).
27 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
28 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de

2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00089- 00, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

16

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que
otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la
ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de
la ley 749 de 2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la modalidad
de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma en institución
de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico definido por ley ha
establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión específica encomendada
y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe agregarse que nunca ha sido
considerada como institución de educación superior por las normas que rigen ese
servicio

De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes
30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y
con la naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin
que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias
de una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.[…]» [se
resalta].

36. De esta manera el Consejo de Estado29 ha reconocido que la función prestada
por el Sena a través de los instructores se orienta a una formación integral,
profesional y laboral, dentro de un sistema de educación no formal. Sin embargo,
tal clasificación no desconoce su calidad de labor educativa, es decir, de docencia.

37. Con todo, esta corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de
determinar la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que
los instructores se vincularon al Sena a través de contratos de prestación de
servicios. En efecto, a través de sus diferentes subsecciones ha exigido la
comprobación de todos los elementos que sirven para determinar la existencia de
la relación a efectos de declararla30. En específico, sobre la subordinación ha
exigido que obren «elementos de convicción, acerca de las actividades ejecutadas»31
pues, aunque se haya señalado que estas hacen parte de las funciones propias
de la entidad, «tal situación no evidencia una relación de sujeción directa frente a la

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10 de

septiembre de 2014, expediente identificado con número único de radicación 20001 23 31 000 2011
00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente identificado con número único de
radicación 20001 23 31 000 2011 00312 01, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-

31-000-2012-00241-01(2525-14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-
01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16);
iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre de
2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado

18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

17

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

prestación del servicio», puesto que puede coincidir con el estricto cumplimiento del
objeto contractual. De esta manera, ha privilegiado un análisis del material
probatorio «bajo las reglas de la sana crítica»32 a fin de establecer la configuración o
no del elemento de la subordinación continuada.

2.3. Caso en concreto

38. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

39. Se aportaron los siguientes documentos:

39.1. Gladys del Carmen Morales Mejía celebró los siguientes contratos de
prestación de servicios con el Sena, tal y como consta en los diferentes instrumentos
jurídicos aportados, tales como certificados y los contratos de prestación de
servicios33:

Contrato / Objeto Desde Hasta Interrupción
orden de en días
servicio hábiles
163 de 2011 Prestar los servicios 16 de marzo 3 meses y 15
profesionales personales de de 2011 días (1° de -
carácter temporal como julio de 2011)
instructor para impartir
formación profesional
integral en los programas
de formación
complementaria a población
desplazada en las áreas de
belleza.
347 de 2011 Prestar los servicios 25 de julio de 4 meses y 15 13
profesionales personales de 2011 días (10 de
carácter temporal como diciembre de
instructor para impartir 2011)
86 de 2012 formación profesional 15 de febrero 4 meses y 15 46
integral en los programas de 2012 días (30 de
de formación junio de
complementaria a población 2012)
320 de 2012 desplazada en las áreas de 17 de julio de 4 meses y 15 10
belleza y peluquería. 2012 días (2 de
diciembre de
2012)
769 de 2013 20 de febrero 7 meses y 15 54
de 2013 días (5 de
octubre de
2013)

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-

23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
33 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «6ED_EXPEDIENTE_NyR13001233300020210(.rar)

NroActua 2(.rar) NroActua 2», documento 03ContratosYAnexosGladysMorales.pdf.

18

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

1360 de 2013 1° de 1 mes (1° de 18
noviembre de diciembre de
2013 2013)
580 de 2014 22 de enero 7 meses y 9 34
de 2014 días (31 de
agosto de
2014)
821 de 2015 Prestar los servicios 13 de febrero 10 meses 113
profesionales personales de de 2015 (13 de
carácter temporal como diciembre de
instructor para impartir 2015)
formación profesional
integral en belleza y
cosmetología.
826 de 2016 Prestar los servicios 19 de febrero 10 meses 46
profesionales personales de de 2016 (19 de
carácter temporal como diciembre de
instructor para impartir 2016)
763 de 2017 formación profesional 20 de febrero 9 meses y 25 44
integral en la modalidad de de 2017 días (15 de
formación complementaria diciembre de
a población desplazada en 2017)
839 de 2018 la red tecnología de los 26 enero de 10 meses 26
servicios de la salud, 2018 (26 de
programas y especialidades noviembre
de belleza y cosmetología. de 2018)

39.2. La demandante adjuntó material fotográfico de las actividades de ejecución de
los contratos, listas de asistencia y un «informe general cuantitativo y cualitativo de las
formaciones que he desarrollado durante el segundo trimestre del año en curso [2018]»
(sic).

39.3. El 10 de junio de 2021, Gladys del Carmen Morales Mejía solicitó al Sena el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella34.

39.4. El 23 de junio de 2021 a través del Oficio 13-2-2021-002285, la subdirectora del
Centro Agroempresarial y Minero negó la anterior petición con fundamento en que
la relación con la demandante fue en virtud de la Ley 80 de 1993, y en concordancia
con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la cual no generó una relación
laboral ni prestaciones sociales y, tampoco se probó subordinación ni continuidad,
por lo tanto, no ostentó la calidad de empleada pública. Además, la institución
cumplió con su obligación de pagarle los honorarios pactados sin que le adeudara
valor alguno por sus servicios. Asimismo, la vinculación a través de contrato de
prestación de servicios permitió que las actividades a ejecutar se realizaran «con
autonomía técnica, administrativa y financiera» (sic). Y, pese a que existió supervisión
para constatar la observancia de las obligaciones contraídas, ello no conllevó a

34 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «6ED_EXPEDIENTE_NyR13001233300020210(.rar)

NroActua 2(.rar) NroActua 2», documento 01Demanda.pdf.

19

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

establecer una subordinación del contratista al supervisor, quien no podía asimilarse
a un jefe inmediato35.

2.3.2. Testimoniales

40. En la audiencia de pruebas celebrada el 8 de septiembre de 2022, se recibió el
testimonio de Blanca Stella Cárdenas de González y Fénix Isabel Luque Quiroz de
los que se extrae lo siguiente:

41. Blanca Cárdenas de González. A la demandante la conoció cuando trabajaron
en el Sena y fueron compañeras. Estuvo vinculada por 10 años y, actualmente,
sigue, pero no en el Departamento de Bolívar, sino en el Atlántico. La actora era
instructora en el mismo perfil que ella manejaba, por lo que se encontraban para
intercambiar «los temas y los horarios de clase».

41.1. Aquella estuvo vinculada desde el año 2011 hasta el 2018, y ella ingresó al
Sena en el 2009 y hasta el 2018, año en el que también salió de la regional de
Cartagena.

41.2. Ambas suscribían un contrato a principio de año y hasta « el día 30 de noviembre»,
sin interrupciones. El tiempo que transcurría entre la firma de uno y otro podía ser
de 2 meses.

41.3. Recibieron los pagos por sus servicios de forma mensual. « Cada 30».

41.4. Lademandante era instructora en el área de belleza, al igual que ella.
Trabajaban en diferentes lugares porque los programas se dictaban en las
comunidades más vulnerables y desplazadas de los barrios, como el Pozón o la
Playa, La María, razón por la que tenían que desplazarse hasta esos sitios. Tanto
en la ciudad de Cartagena como en otros municipios, por ejemplo, el Carmen de
Bolívar y San Juan. Los municipios y lugares en donde debían dictar la formación
eran asignados por el Sena a través de la coordinadora inmediata.

41.5. El Sena también establecía los horarios de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a
6:00 pm, de lunes a viernes, y a veces los sábados. Asimismo, la institución
entregaba la programación que tenían que seguir en cada curso y la competencia a
desarrollar.

41.6. La coordinadora inmediata les proporcionaba el número de un contacto de la
persona que enviaba la solicitud del curso al Sena, y, a través de ese contacto, « nos
poníamos de acuerdo (…) para que nos dijera a dónde íbamos a llegar y a dónde nos

35 Ibidem

20

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

íbamos a bajar, cuando íbamos de viaje o cuando estábamos en las comunidades, pero
todo era por medio del Sena».

41.7. Cada 6 meses tenían reuniones con todos los instructores y les daban las
directrices que debían seguir en cada curso, con la comunidad y las indicaciones
para comunicarse con el contacto que solicitaba el curso en el Sena y llevarlo a
cabo.

41.8. Para los permisos tenían que comunicarle unos días antes a la coordinadora,
por ejemplo, «si tenían citas médicas bueno en el caso mío y en el caso de Gladys
que también tenía citas a veces, de vez en cuando, nosotros teníamos que pasarle
primero un correo o pasarle una información a la coordinadora inmediata para que
ella supiera que íbamos a ausentarnos 1 hora o 2 horas de clase».

41.9. Si una persona no cumplía con el horario y con las clases, « sí, nos hacían un
llamado de atención».

41.10. Teníanque cumplir con un reglamento. No eran autónomas en el
establecimiento de los horarios, «porque inclusive había ocasiones en que nos
mandaban a visitar a los sitios de trabajo para ver que estaban cumpliendo».

41.11. A través de la plataforma Sofía Plus se hacía seguimiento a todas las
directrices, los cursos, las formaciones que se llevan a cabo. Allí se hacen
seguimiento a la inscripción, registro, evaluación y certificación.

41.12. Tenían que manejar cursos de 30 o 35 alumnos.

41.13. Observó a la demandante ejecutar sus obligaciones contractuales, coincidían
en sitios de trabajo y se encontraban con mucha frecuencia, aunque a veces tenían
horarios diferentes. No obstante, Gladys del Carmen Morales Mejía tenía que
cumplir con un horario asignado por el Sena, aunque fuese en las comunidades y
para formación complementaria, lo que le consta porque «en muchas ocasiones nos
encontrábamos porque de pronto ella tenía un grupo y yo tenía otro grupo y nos
encontrábamos en las comunidades trabajando».

41.14. La supervisora del contrato de Gladys Morales era Duby Arrieta.

41.15. La demandante, en 2 ocasiones, le manifestó que iba solicitar permiso para
ausentarse de sus labores.

41.16. No le consta haber visto a un directivo o supervisor de la institución dándole
órdenes a la demandante.

21

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

41.17. A veces coincidían en los mismos sectores y, por lo tanto, se veían todos los
días, pero en otras ocasiones tenían sectores diferentes.

41.18. En este tipo de labores de instructora también había personal de planta.

42. Fénix Isabel Luque Quiroz es técnica y estilista. Fue instructora del Sena
durante 9 años, periodo en el que conoció a la demandante y fueron compañeras
de trabajo.

42.1. Se vincularon a través de contratos de prestación de servicios y laboraban « 160
horas al mes, 40 horas semanales, 8 horas diarias, de lunes a viernes». Gladys del
Carmen Morales Mejía laboró en el equipo del grupo de desplazados y ella en la de
complementaria en el área de belleza y peluquería. A la demandante «le tocaba en
la periferia, en los barrios, también le tocaba en algunos municipios». Durante los
primeros 3 años a su ingreso no la conoció, pero en los siguientes 6 años sí fueron
compañeras de trabajo, de capacitaciones y reuniones. Ella estuvo vinculada con la
institución hasta el año 2015.

42.2. Recibían «un sueldo mensual».

42.3. La demandante debía capacitar personal asignado a los grupos de desplazados
en belleza y peluquería, en un horario de 8 horas diarias, comprendidos entre las
8:00 am a 12:00 m o de 2:00 a 6:00 pm, según la asignación del Sena.

42.4. A través de la plataforma Sofía Plus reportaban el trabajo que desarrollaban, en
ella tenían que registrar con evidencia las actividades, por ejemplo, con fotos, videos
y listas de asistencia de los aprendices, así como evidenciar todo lo que hacían
durante las horas de trabajo.

42.5. El contenido de los cursos lo determinaba la coordinadora académica, en el
caso de la actora, Duby Arrieta.

42.6. Para ausentarse de su lugar de trabajo, si ocasionalmente lo requería, debía
pedir permisos. En su caso particular, sí debió pedir permiso y suspender el
contrato, pero no fue testigo de estos hechos en cuanto a la demandante.

42.7. Algunas veces, se producía una interrupción entre un contrato y otro, o se
hacían adiciones.

42.8. El Sena, además de los instructores que contrataba por contrato de prestación
de servicios, también tenía instructores vinculados a la planta de personal y
desempeñaban iguales labores.

22

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

42.9. Cuando les asignaban los cursos tenían que cumplir con la meta que era 160
horas al mes, es decir, 40 horas a la semana, 8 horas diarias.

42.10. No le consta que la demandante ejerciera sus labores de instrucción de lunes
a viernes, pues fueron compañeras de trabajo, pero no hacían parte del mismo
equipo, «éramos [de] dos áreas diferentes». Ella estaba en la complementaria y la
actora en el grupo de desplazados.

42.11. No
ejecutó sus actividades contractuales en el mismo lugar que la
demandante. No obstante, el cumplimiento del horario le consta, « porque todo
docente, instructor del Sena debe tener su ética, ¿cierto? Y al tener su ética, somos
personas con muchos valores y responsabilidad. Y de ahí saco la lógica, porque la conozco
como colega, como colega sí la conozco, pero como compañera de trabajo en su labor con
el grupo de desplazados no tuve la experiencia».

42.12. Se encontraba con la demandante en las capacitaciones, los fines de semana
para la entrega de informes y en las reuniones a las que las convocaban, pero en el
campo de trabajo, no.

42.13. Lo que le consta es porque « el Sena tiene un tipo de contratación para los
contratistas todos igual».

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

43. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Gladys del Carmen Morales
Mejía y el Sena.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

44. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se advierte
que Gladys del Carmen Morales Mejía prestó sus servicios al Sena, vinculada por
medio de contratos que suscribió con la entidad, con el fin de desempeñarse como
instructora en el área de belleza, peluquería y cosmetología entre el 16 de marzo
de 2011 y el 26 de noviembre de 2018.

45. De los contratos, registro fotográfico y pruebas testimoniales, así como de sus
calidades como instructora, su «capacidad, idoneidad, y/o experiencia requerida y
relacionada»36, según se determinó en las consideraciones, por ejemplo, del contrato
839 del 26 de enero de 2018, así como de los objetos contractuales que aluden

36 Tal y como se advierte, por ejemplo, en el contrato 839 de 2018.

23

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

«prestar los servicios profesionales personales» (sic), se sigue que era ella y no otra
persona quien debía ejecutar las obligaciones pactadas.

46. Además, no existía la posibilidad de que otra persona pudiera cumplir con esta
labor, tal y como se extrae de la cláusula incluida en todos los contratos en la que
se dejó consignado que esta no podría cederlos sin autorización previa y expresa
del contratante.

2.4.1.2. Remuneración

47. Gladys del Carmen Morales Mejía percibió una remuneración por el trabajo
realizado, pues así se evidencia de los contratos de prestación de servicios que
suscribió con el Sena, en los que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se
entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

48. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por la demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeta a horarios,
instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al control
de un superior (coordinador académico) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción de ella hacia la entidad demandada y,
en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su
servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del Sena.

49. Precisamente los testimonios dan cuenta que el empleador impuso las
condiciones de ejecución de la labor para que la trabajadora desarrollara sus
labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia, pues Blanca Stella
Cárdenas de González y Fénix Isabel Luque Quiroz, además de lo ya señalado,
coincidieron en que la demandante no podía ausentarse de su lugar de trabajo, sino
que debía informar o solicitar permiso ante su jefe inmediato, asistir a las reuniones
y capacitaciones programadas y acatar las orientaciones relacionadas con cada
curso, con la comunidad y las indicaciones para comunicarse con el contacto que
solicitaba el curso en el Sena y llevarlo a cabo. Además, sujetarse al reglamento de
la institución.

50. De los testimonios es posible establecer que la demandante desarrolló sus
actividades dentro de la estructura organizativa previamente definida por el Sena,
que determinó los lugares de prestación del servicio, el número de horas y los
horarios, la programación de los cursos, las competencias a desarrollar y las

24

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

directrices aplicables, además de establecer los mecanismos de seguimiento sobre
su ejecución, aspectos frente a los cuales no contaba con plena autonomía
decisoria. Si bien Fénix Isabel Luque Quiroz no tuvo conocimiento directo de la
totalidad de las condiciones bajo las cuales la actora ejecutó sus labores, su
declaración es concordante con la de Blanca Stella Cárdenas de González en
cuanto a la forma en la que la institución organizaba y controlaba la actividad de sus
instructores.

51. Así pues, las manifestaciones realizadas en la audiencia de pruebas dejan ver
que la actividad desplegada por Gladys del Carmen Morales Mejía se realizó de
conformidad con las orientaciones emanadas del centro educativo, y no bajo su
propia dirección y gobierno.

52. Lo anterior, se corrobora luego de analizados los objetos contractuales en los
que se aprecia que debía prestar sus servicios personales como «instructor». En
efecto, tal y como lo ha reconocido esta corporación, la función prestada por el Sena
a través de los instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral,
dentro de un sistema de educación no formal que no desconoce la calidad de la
labor educativa.

53. Ahora, aunque para encontrar acreditado el elemento de la subordinación se han
exigido elementos de convicción pues, tal labor pese a hacer parte de las funciones
propias de la entidad no implica per se una relación de sujeción, en el presente caso
existen elementos que, valorados conjuntamente, permiten establecer que la
demandante no ejecutó sus actividades con autonomía.

54. En ese contexto, los contratos suscritos evidencian que desarrolló de manera
continua labores asociadas a la formación profesional integral impartida por el Sena,
específicamente en el área de belleza. Así, ejecutó actividades de formación,
evaluación y seguimiento académico, asesoría e inducción de aprendices,
seguimiento de los procesos formativos, aplicación de estrategias de aprendizaje y
el cumplimiento de logros y objetivos definidos por el líder de la especialidad y/o el
coordinador académico. Asimismo, debía cumplir con la programación de formación
asignada, registrar la información académica y administrativa en los aplicativos
institucionales, participar en comités y presentar informes periódicos sobre las
actividades desarrolladas. Ello, permite establecer que la labor está directamente
relacionada con la prestación del servicio de formación profesional integral a cargo
de la entidad.

55. Lo anterior también se corrobora al contrastar el objeto y las obligaciones de los
contratos de prestación de servicios suscritos por la demandante con las funciones
y competencias previstas para el empleo de instructor código 3010, grado 01–20.
En efecto, el manual específico de funciones establecía como responsabilidades del

25

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

cargo seleccionar estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación; orientar
procesos de aprendizaje; programar actividades de formación conforme con el
calendario institucional; reportar información académica y administrativa; y evaluar
el proceso formativo de los aprendices, actividades que coinciden materialmente
con las obligaciones contractuales asignadas a Gladys del Carmen Morales Mejía
durante toda la ejecución de los contratos celebrados entre los años 2011 y 2018,
tal y como se advierte de la siguiente transcripción:

«1). Cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con la programación que establezca
el SENA para el desarrollo de la formación profesional. (…); 6). Cumplir con la
programación de formación asignada por el líder de la especialidad y/o Coordinador
Académico, 7). Entregar al coordinador académico y/o líder de la especialidad la
información de las actividades a realizar antes de iniciar cada curso y en general los
informes que la formación profesional exija, 8). Dar asesorías e inducciones a los
aprendices del Centro de Comercio y Servicios y evaluarlos. 9). Cumplir con los
logros y objetivos asignados por el líder de la especialidad y/o Coordinador Académico
orientados a la gestión del Centro, 10). Informar oportunamente a los aprendices la
calificación obtenida en el proceso de formación; 11). Entregar al Coordinador
Académico y/o líder de la especialidad el informe de calificaciones de los aprendices
en un plazo máximo de tres (3) días después de terminación del proceso de formación -
Registrar toda la Información relacionada con la formación profesional en el aplicativo de
gestión de la información, 12) Presentar el reporte estadístico a más tardar el día
veinticinco (25) de cada mes al Supervisor y/o interventor del contrato; 13). Participar en
los comités de evaluación y seguimiento ordinarios y extraordinarios que se programen
para los aprendices y registrar el seguimiento realizado al proceso de formación; 14).
Ejercer las actividades con estricta observancia del reglamento del aprendiz del SENA
15). Participar en los procesos de formación orientados al mejoramiento de la
competencia del instructor indicados por el Centro; 16). Presentar mensualmente un
informe detallado de cada una de las actividades adelantadas en virtud del mismo y su
resultado (…).» (sic) [se subraya].

56. Asimismo, tales actividades coinciden con las asignadas al empleo de instructor
de la planta de personal del Sena, conforme con el artículo 2 del Decreto 1424 de
199837. Es decir, no se trata, entonces, de una actividad accesoria o de apoyo
administrativo, sino del ejercicio de iguales funciones que la entidad encomienda a
sus servidores públicos. Además, las competencias funcionales y
comportamentales previstas en las Resoluciones 000986 de 2007 y 1694 de 2017,
por ejemplo, para el empleo de instructor código 3010, grado 01–20 antes
mencionado, comprendían aspectos asociados al liderazgo de procesos de
enseñanza y aprendizaje, orientación de grupos, trabajo en equipo, manejo de
información, adaptación al cambio, disciplina y cumplimiento de lineamientos
institucionales, competencias que igualmente se reflejaban en las actividades
exigidas contractualmente a la actora, especialmente aquellas relacionadas con la

37 «ARTICULO 2o. DEL GRUPO DE OCUPACIONAL DE INSTRUCTOR. El grupo ocupacional de

Instructor comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional, desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e investigación
aplicada».

26

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

formación profesional integral, el seguimiento académico y la ejecución de
proyectos formativos en el marco de los programas dirigidos a la población
desplazada.

57. Esa coincidencia funcional también se corrobora con lo declarado por las
testigos, toda vez que ambas dan cuenta de que los instructores contratistas debían
desarrollar sus actividades dentro de la programación establecida por la entidad y
en cumplimiento de los horarios y lugares por esta determinados. En esa medida,
esta Sala encuentra que la valoración de los testimonios de Blanca Stella Cárdenas
de González y Fénix Isabel Luque Quiroz, quienes manifestaron haberse
desempeñado como instructores del Sena, también dieron cuenta de que la
demandante cumplió con su labor en iguales condiciones a las exigidas a los
empleados de planta en cuanto al tiempo, modo y lugar de la prestación del servicio,
encontrándose adecuadas a la naturaleza y objeto de la entidad, pues son las de
un «docente / instructor»; conclusión a la que también se llegó con anterioridad luego
de comparar las obligaciones pactadas en los contratos y el manual de funciones
de los instructores.

58. En ese sentido, las tareas ejecutadas por la demandante evidencian una labor
subordinada a las directrices, objetivos y finalidades institucionales del Sena,
entidad cuya misión consiste precisamente en «cumplir la función que le corresponde
al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos;
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país»38. Así, las labores de instructora desarrolladas por
la demandante no correspondían a actividades ocasionales, accidentales o externas
a la entidad, sino a funciones permanentes y misionales directamente relacionadas
con la prestación del servicio público de formación profesional integral a cargo de
aquella39.

59. Aunado a ello, es incuestionable el ánimo de la entidad demandada de emplear
de modo permanente y continuo los servicios de la demandante como instructora,
pues la labor se desarrolló por un poco más de 7 años. Así pues, los sucesivos
contratos dan cuenta de la vocación de permanencia en el servicio sin que se denote
excepcionalidad y transitoriedad, contrario a ello, ejecutó actividades misionales o
del giro ordinario de la entidad en cumplimiento de funciones del cargo de instructor
que hace parte de la planta de personal del Sena.

60. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de

38 Ley 119 de 1994 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga

el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones». Artículo 2.
39 En el mismo sentido, consultar la sentencia del 28 de mayo de 2026, radicado: 17001-23-33-000-

2021-00030-01 (5377-2024), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

27

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

instructor o formador al servicio del Sena, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual,
puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.

61. Ahora bien, no le asiste razón a la parte apelante al sostener que el hecho de
que la demandante hubiese desarrollado actividades de la misión institucional no
permita establecer la existencia de la relación laboral, pues, en efecto, la Sala no
desconoce que la sola coincidencia entre las actividades ejecutadas por la
contratista y las funciones asignadas al personal de planta eran suficiente para
acreditar la subordinación. Sin embargo, tal circunstancia constituye un elemento
que valorado de manera conjunta con las demás condiciones en la que se ejecutó
la labor llevaba a la conclusión expuesta en precedencia.

62. De ahí que la similitud entre las obligaciones del contratista y las funciones
asignadas al personal de planta constituyan un indicio que, junto con el hecho de
que la función contratada corresponda al ejercicio ordinario de las labores que la
entidad debe adelantar, la habitualidad, la continuidad y la dirección y control
ejercido por la entidad, evidencien la configuración del poder subordinante.

63. En torno a los reparos frente al horario, se resalta que, en efecto, el horario es
apenas un indicio de la subordinación. No obstante, en cada caso deben analizarse
las particularidades en que el servicio se prestó para determinar si aun cuando se
acreditó el cumplimiento de este, ello es constitutivo o no del ejercicio del poder
subordinante del empleador. Tal y como se mencionó anteriormente, Blanca Stella
Cárdenas de González manifestó que el Sena establecía los horarios en los que se
desarrollaban las actividades de formación. La testigo también afirmó que los
instructores no tenían autonomía en los horarios y que, en algunas oportunidades
se realizaban visitas para verificar el cumplimiento de las actividades.

64. En conclusión, de la valoración conjunta de los indicios de la subordinación, tales
como el lugar de trabajo, el horario de labores, la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar, que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta y/o que la labor desarrollada se
enmarca en el objeto misional de la entidad, circunstancias estas de las que dieron
cuenta los testimonios y que fueron valoradas y se relacionan con el objeto
contractual convenido por las partes, era posible determinar la configuración de este
elemento, tal y como lo encontró probado el a quo.

65. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en

28

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»40.

66. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»41.

67. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes del Sena, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de un esquema formativo, la sujeción a directrices del coordinador
académico , el establecimiento del lugar de trabajo, lo que demuestra que la entidad,
en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de
la actora lo que denota la existencia de una indiscutible subordinación.

68. Ahora bien, la Sala echa de menos que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio
formativo, por lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las
obligaciones para las cuales fue contratado la demandante no justifica la ausencia
de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad por un poco más de 7 años.

69. Asimismo, la circunstancia de que, consciente y libremente, la demandante haya
aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el contrato
de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la expuesta
pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para que el
trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»42, tal y
como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

70. Es incuestionable entonces, el hecho de que la ejecución del objeto convenido
no se realizó de forma autónoma e independiente como corresponde a una relación
de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató
de una en la que las funciones se ejercieron bajo los condicionamientos fijados por
los coordinadores académicos, lo que la asimila a una de carácter laboral, en la que
se asignaron responsabilidades indispensables en el funcionamiento de la entidad.

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
41 Ibidem.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

29

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

71. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral. No obstante, se modificará el ordinal 1° de la sentencia del 18 de
octubre de 2024, en tanto declaró la existencia de la relación laboral entre «el 25 de
julio de 2011 y el 30 de noviembre de 2018», para en su lugar señalar que, se encontró
probada desde el 16 de marzo de 2011 hasta el 26 de noviembre de 2018,
afirmación que se desprende de los testimonios y de los contratos de prestación de
servicios.

72. Tal modificación no desconoce el principio de non reformatio in pejus, pese a que
el Sena ostentó la calidad de apelante único, porque la determinación del extremo
inicial respondió a la necesidad de reconocer integralmente el periodo efectivamente
laborado para efectos del cómputo de los aportes al sistema de seguridad social, el
cual es un derecho irrenunciable43 e imprescriptible44.

73. Además, se advierte que la determinación adoptada por el a quo obedeció al
análisis de prescripción. En efecto, aunque en el cuadro en el que relacionó los
instrumentos jurídicos suscritos entre las partes precisó que el contrato 163 de 2011
tuvo como plazo de ejecución «tres (3) meses quince (15) días. Fecha de inicio 16 de
marzo de 2011» (sic), fijó como extremo inicial de la relación laboral la fecha a partir
de la cual consideró que no habían prescrito los derechos laborales derivados de
esta [25 de julio de 2011], lo que no correspondió a lo probado en el proceso.

74. En todo caso, como se advierte más adelante, la referida modificación solo tiene
efectos sobre los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, pues no
cobija el periodo en el que se reconocen los derechos laborales derivados de la
declaración de la relación.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

75. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

76. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta corporación

43 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar

los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales».
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de

agosto de 2016, radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala
aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención
a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se
causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».

30

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

en sentencia de unificación dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

77. Esta decisión fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

78. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es

31

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales». [Se resalta].

79. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»45.

80. En principio se advierte que, comoquiera que el aspecto relativo a la prescripción
no fue objeto de apelación por parte del recurrente, esta decisión no puede ser
modificada. Sin embargo, se planteará el análisis para evidenciar el desacuerdo con
el a quo en este asunto.

81. En el sub judice, se verificó que la solicitud del reconocimiento de la relación
laboral fue presentada ante la entidad demandada el 10 de junio de 2021 y la
demanda el 9 de septiembre de igual anualidad, y que existieron interrupciones
superiores a 30 días hábiles entre los lapsos en que se declaró la existencia de una
relación laboral, lo cual implicó la solución de continuidad en la prestación del
servicio y la exigencia de presentar la reclamación administrativa dentro de los 3
años siguientes.

82. No obstante, contrario a lo dispuesto por el tribunal, la interrupción que debía
implicar el acaecimiento del fenómeno jurídico de la prescripción extintiva era
aquella que se presentó entre los contratos 580 de 2014 y 821 de 2015, pues el
primero terminó el 31 de agosto de 2014 y el segundo inició el 13 de febrero de
2015, plazo que excede los 30 días hábiles. Incluso, pese a descontar el periodo de
vacaciones que transcurrió entre diciembre y enero del lapso de interrupción se
superó el periodo previsto como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos. En tal sentido, y ante esa interrupción, la oportunidad de la
demandante para que presentara la reclamación venció el 31 de agosto de 2017,
sin que ello ocurriera.

45 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

32

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

83. Si bien entre los contratos 821 de 2015 y 286 de 2016, y entre este último y el
763 de 2017 hubo una interrupción de 46 y 44 días, respectivamente, es decir,
superiores a 30 días, estas se encontraban justificadas en el periodo de vacaciones
según el calendario académico, pues se dieron entre diciembre y enero. En igual
sentido se ha determinado en anteriores oportunidades por esta subsección 46. Por
consiguiente, en este último bloque contractual [13 de febrero de 2015 y 26 de
noviembre de 2018] la vinculación finalizó el 26 de noviembre de 2018 y la
reclamación se presentó el 10 de junio de 2021, es decir, dentro de los 3 años con
los que contaba para que no operara la prescripción.

84. Valga precisar que no era necesario pronunciarse sobre las interrupciones
anteriores al 31 de agosto de 2014, pues en todo caso superaron la exigencia de
los 3 años con los que contaba la demandante para solicitar por vía administrativa
el reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones correspondientes.

85. Ahora bien, el a quo señaló que entre los contratos 163 de 2011 y 347 de 2011
operó una interrupción de «11 meses y 15 días» y, con fundamento en ello, declaró
la prescripción de los derechos causados «antes del 25 de julio de 2011». Sin
embargo, según se observa del cuadro visible en el párrafo 39.1, el primer contrato
finalizó el 1° de julio de 2011 y el segundo inició el 10 de noviembre de 2011, por lo
que no se advierte por esta Sala el lapso señalado por el tribunal.

86. Además, al realizar el cómputo de los periodos de interrupción, el a quo indicó
que, con posterioridad a ese intervalo, se presentaron lapsos de 2 meses o más
entre la terminación de un contrato y la suscripción del siguiente, pero no se
pronunció sobre estos ni explicó las razones por las cuales no fueron considerados
para efectos de la prescripción.

87. En ese sentido, esta Sala advierte el error palmario en el que incurrió el tribunal
al analizar la prescripción. No obstante, aunque este aspecto no fue objeto de
apelación y el Sena ostentó la calidad de apelante único, su estudio en esta
instancia no desconoce la prohibición de non reformatio in pejus, toda vez que la
declaratoria de prescripción reduce el alcance temporal de la condena y, por lo
tanto, no agrava la situación jurídica de la entidad, sino que le resulta favorable.

88. Como consecuencia, al demandante le asiste el derecho al pago de las
prestaciones laborales por los periodos ocurridos entre el 13 de febrero de 2015 y

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 16 de mayo de 2024,
radicado 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022); del 13 de junio de 2024, radicado 63001-
23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022); del 4 de julio de 2024, radicado 63001-23-33-000-2019-
00159-01 (2006-2021), entre otras.

33

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

el 26 de noviembre de 2018, salvo sus interrupciones y, en tal sentido, se modificará
el ordinal 3 de la sentencia de primera instancia.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

89. Con base en todo lo anterior, se establece que Gladys del Carmen Morales Mejía
tenía derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de
prestaciones legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarse, en el
periodo comprendido entre el 25 de julio de 2011 y el 26 de noviembre de 2018,
salvo sus interrupciones, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que
realizarse en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba
iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.

90. Por su parte, el Sena deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de la demandante, que corresponde a los salarios de un empleado de
planta que desarrollara funciones por todos los periodos laborados, por su carácter
de imprescriptibles47, para lo cual deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el
porcentaje que le correspondía como empleador. Para estos efectos, Gladys del
Carmen Morales Mejía deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado
sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no
haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o
completar el porcentaje que le correspondía como empleada.

91. Como puede apreciarse, las consideraciones expuestas en esta decisión se
fundamentan en el principio de «a trabajo igual salario igual», que se deriva del artículo
7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales48 frente al
cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los trabajadores
en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad y
calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones, sin

47 Sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, expediente con radicación
23001233300020130026001 (0088-2015).
48 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).

34

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis
distintas49.

92. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Gladys del Carmen Morales Mejía debía ser remunerada
de conformidad con lo devengado por un empleado de planta, que realizara iguales
funciones a las suyas.

93. En este punto, a efectos de determinar el restablecimiento del derecho, es
necesario indicar que el Decreto 1433 de 2017 «[p]or el cual se modifica el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA y se dictan otras disposiciones» en su artículo 5 dispuso las equivalencias entre
la nomenclatura y clasificación de empleos fijada por el Decreto 1426 de 1998
(modificado por los Decretos 248 de 2004 y 1730 de 2006) y la escala de asignación
básica que comprende diferentes grados de empleos del Sena en sus diferentes
niveles, para ello la institución ha expedido diferentes resoluciones50 en las que se
ha actualizado o modificado el manual específico de funciones y de competencias
laborales para los empleos de su planta de personal en los que se especifican los
requisitos mínimos y experiencia requerida para ocuparlos.

94. De tal manera, y comoquiera que esta Sala no cuenta con las pruebas que
permitan determinar el empleo y grado en el que aquel se ubica y, en tanto el Sena
cuenta con criterios objetivos para determinar el grado de remuneración a partir del
estudio de su hoja de vida, no existe impedimento alguno para que el
restablecimiento del derecho se realice con base en los salarios de un empleado de
planta. En otras palabras, el Sena deberá verificar los factores de capacitación y
experiencia y, liquidar dichas acreencias conforme con la hoja de vida de la
demandante y la estructura de la respectiva planta de empleo.

95. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia51 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido
principio de «a trabajo igual salario igual».

49 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
50 Tal y como se observa en la página https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-
funciones.aspx
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

35

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

96. En consideración a esto, a Gladys del Carmen Morales Mejía le asiste el derecho
al reconocimiento de las prestaciones de carácter legal que devengara un empleado
de la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales
como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.

97. Por tal razón, la entidad deberá calcular las prestaciones de orden legal, para lo
cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta, en los periodos
reconocidos y frente al cual no operó la prescripción.

98. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y
la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta. Por tal razón, se
modificará la sentencia de primera instancia en torno a los límites temporales de la
relación laboral y se confirmará en lo demás la decisión, de conformidad con lo
expuesto en esta providencia.

2.4. Costas

99. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

100. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

101. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma52.

102. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones

52En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

36

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

103. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

104. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que existió una relación
laboral entre Gladys del Carmen Morales Mejía y el Sena en los periodos
comprendidos entre el 16 de marzo de 2011 y el 26 de noviembre de 2018, salvo
sus interrupciones. Asimismo, la Sala no comparte el análisis realizado por el a quo
respecto de la prescripción, comoquiera que la interrupción relevante para estos
efectos se presentó entre los contratos 580 de 2014 y 821 de 2015. Como
consecuencia, se modificará el ordinal 3° de la sentencia proferida por el tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar los ordinales 1° y 3° de la sentencia proferida el 18 de octubre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Gladys del Carmen
Morales Mejía contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Los cuales quedarán así:

PRIMERO: Declarar la nulidad parcial del Oficio 13-2-2021-002285 de 23 de junio de
2021, mediante el cual el Sena negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago
de las prestaciones sociales a la demandante. En su lugar, se declara que entre la
demandante y la parte demandada existió una relación laboral que se extendió entre el
16 de marzo de 2011 y el 26 de noviembre de 2018.

TERCERO: Declarar la prescripción extintiva en cuanto a los derechos causados antes
del 13 de febrero de 2015, salvo para efectos pensionales.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida 18 de octubre de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

37

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00598-01 (3087-2025)
Demandante: Gladys del Carmen Morales Mejía

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

38

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.