República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01591-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01591-01 (6216-2023)
Demandante: Doris Cristina Gómez Molina
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–
Tema: relación laboral encubierta – instructor del Sena.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, el 1 de junio de 2023, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La accionante celebró contratos de prestación de servicios con el Sena como
instructor, cuya duración se extendió por más de doce años. Solicitó la nulidad del
oficio que le negó el reconocimiento de una relación laboral con la anterior entidad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al considerar que se acreditaron los elementos propios
de la relación de trabajo. No obstante, se declaró la prescripción de lo causado con
anterioridad al 8 de febrero de 2011.
La Subsección confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia. Lo
anterior, toda vez que si bien la parte demandante acreditó la existencia de una
relación laboral en la prestación del servicio como instructor del Sena y se estima
que operó la prescripción de lo reclamado con anterioridad al 8 de febrero de 2011,
se modificará y adicionará el numeral tercero. Ello, por cuanto, las prestaciones y
los aportes a pensión deberán ser liquidados sobre la base de los salarios
devengados por un empleado de planta, o los honorarios pactados en los contratos
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Demandante: Doris Cristina Gómez Molina
Demandado: Sena
suscritos, pero esto último solo en caso de que no se acredite la existencia de un
cargo con similares funciones a las desempeñadas.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 18 de julio de 20181, la señora Doris Cristina Gómez
Molina, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del Servicio Nacional
de Aprendizaje (en adelante Sena) según las pretensiones, hechos y fundamentos
de derecho que a continuación se sintetizan2.
2. Solicitó que se declare la nulidad del Oficio 2-2017-062260 del 28 de
diciembre de 2017, por medio del cual la entidad accionada le negó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como de las
prestaciones sociales y las acreencias laborales derivadas de esta.
3. Pidió que se declare que existió una relación laboral entre ella y el Sena,
durante la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios desde el 7
de octubre de 2002 hasta el 13 de diciembre de 2014 y desde el 26 de enero al 10
de julio de 2015.
4. A título de restablecimiento, solicitó que se ordene a la parte demandada a
reconocer y pagar las prestaciones sociales dejadas de percibir —cesantías e
intereses a las cesantías; primas de servicios, vacaciones, navidad; bonificaciones
anuales y por recreación; sanción moratoria; diferencias salariales; horas extras;
recargos nocturnos; dominicales; aportes a pensión y salud—, por la labor
desempeñada en la entidad. Lo anterior, en igualdad de condiciones al personal de
planta.
5. Pidió que se ordene el pago de la sanción por no consignación de las
cesantías.
2.1.1. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
7. La señora Doris Cristina Gómez Molina celebró con el Sena contratos de
prestación de servicios desde el 7 de octubre de 2002 hasta el 13 de diciembre de
2014 y del 26 de enero al 10 de julio de 2015, para impartir formación en la
Fundación Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa (CIDCA).
Durante la relación contractual se le exigió la prestación personal del servicio, de
forma continua, bajo subordinación y dependencia; debía ceñirse a las funciones
1 Samai, índice 04, expediente digital, archivo ED_C01_01DemandaPoderYAnexos (.pdf), pág. 100.
2 Samai, índice 04, expediente digital, archivo ED_C01_01DemandaPoderYAnexos (.pdf), págs. 100 a 117.
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predeterminadas por la entidad y cumplir un horario estricto de trabajo, inclusive,
jornadas de 16 horas los fines de semana, diurnas o nocturnas.
8. El 13 de diciembre de 2017, solicitó a la demandada el reconocimiento de
una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales,
derivados de esta. Tal petición fue negada por el director Regional Distrito Capital
del Sena, a través del Oficio 2-2017-062260 del 28 de diciembre de 2017.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
9. En la demanda se citaron las siguientes normas como vulneradas:
• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 16, 25, 53.
• Ley 790 de 2002.
• Ley 734 de 2002.
10. La parte demandante adujo que el Sena al negar el reconocimiento de los
derechos reclamados desconoció que la vinculación reunía los elementos propios
del contrato de trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la subordinación
y la remuneración.
11. Indicó que en su caso se debe dar aplicación al principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades, previsto en el artículo 53 de la Constitución Política,
toda vez que el Sena, de manera sistemática, utilizó la figura del contrato de
prestación de servicios para ocultar una verdadera relación laboral.
12. Afirmó, en relación con la prestación personal del servicio, que ejecutó su
labor de manera directa y personal. Respecto a la remuneración, que, aunque los
pagos se realizaron bajo la denominación de honorarios, estos correspondían en
realidad a un salario periódico y regular.
13. En cuanto a la subordinación, dijo que estaba sujeta a un horario obligatorio
fijado por la coordinación académica; recibía órdenes directas del subdirector del
centro y del coordinador académico; debía seguir los programas, procesos,
metodologías pedagógicas, formatos y protocolos institucionales definidos por el
Sena; estaba obligada a solicitar permiso para ausentarse; y debía rendir informes
mensuales sobre su actividad.
14. La demandante también argumentó que la labor de instructor en el Sena es
equivalente a la labor docente, la cual, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, no puede ejercerse de manera independiente, pues está inherentemente
subordinada al cumplimiento de los reglamentos educativos, las políticas
institucionales, el pénsum académico y el calendario escolar –citó la sentencia CE-
SUJ2-005-16–.
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Demandado: Sena
15. Añadió, que la función de impartir formación profesional constituye el objeto
misional permanente del Sena, por lo que no podía satisfacerse mediante contratos
de prestación de servicios de naturaleza temporal y excepcional. En ese sentido,
invocó el artículo 17 de la Ley 790 de 2002, que prohíbe expresamente a los
organismos y entidades públicas celebrar contratos de prestación de servicios para
el cumplimiento permanente de las funciones propias de los cargos de planta, y el
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que tipifica como falta disciplinaria gravísima
celebrar contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de
funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo
e impliquen subordinación.
2.2. Contestación de la demanda
16. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
que se negaran3.
17. Sostuvo que, conforme a la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150
de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el Sena se encontraba habilitado para contratar
los servicios de la demandante a través de la figura del contrato de prestación de
servicios, dado que las actividades de evaluación e instrucción que se requerían no
podían ser cubiertas con el personal de planta. Aseguró que, conforme a la
normativa citada, esa modalidad contractual no genera en ningún caso relación
laboral ni el derecho al pago de prestaciones sociales.
18. Destacó que, los contratos suscritos establecían de manera clara el objeto,
el período, las funciones y los honorarios de la contratista. Además, la contratación
se realizó sin continuidad, lo que, a su juicio, evidencia la ausencia de los elementos
propios de una relación laboral.
19. Indicó que, la relación entre el Sena y los instructores contratados tiene como
único propósito garantizar la efectiva prestación de los servicios acordados y que,
en el caso de la formación académica, resulta naturalmente necesario que el
servicio se preste en determinados horarios y en las instalaciones de la entidad; sin
embargo, ello no constituye subordinación.
20. Añadió que pretender equiparar a un contratista con un funcionario público
por el solo hecho de tener un contrato con una entidad pública desconoce los
requisitos constitucionales y legales que rigen el ingreso al servicio público.
21. Concluyó que la modalidad de contrato de prestación de servicios está
autorizada por la ley; en consecuencia, el acto administrativo demandado no vulnera
el ordenamiento jurídico. Además, como entre los distintos contratos suscritos con
la accionante existieron interrupciones superiores a 15 días hábiles se configuró la
solución de continuidad entre uno y otro vínculo, lo que impide tratar la relación
3 Samai, índice 04, expediente digital, archivo ED_C01_04ContestacionDeLaDemandaConPoder(.pdf).
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como una sola y continua, por lo tanto, las pretensiones de la demanda no tienen
vocación de prosperidad.
22. Manifestó que en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1848 de 1969 se establece un término de prescripción de tres años contados desde
que la obligación se hizo exigible. En ese orden, la solicitud de declaración de
existencia de una relación laboral debe formularse dentro de los tres años siguientes
a la finalización del vínculo contractual. Así, comoquiera que la demandante
presentó la petición ante la administración el 13 de diciembre de 2017, la
prescripción se interrumpió únicamente frente a lo causado después del 13 de
diciembre de 2014, por lo que los derechos correspondientes a vínculos anteriores
a esa fecha prescribieron, lo que se refuerza con la falta de solución de continuidad,
que obliga a aplicar la referida excepción de manera independiente para cada
relación contractual.
2.3. Sentencia de primera instancia
23. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 1 de junio de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas4.
24. Sostuvo que según se logró acreditar, entre la señora Doris Cristina Gómez
Molina y el Sena se suscribieron múltiples contratos de prestación de servicios,
mediante los cuales la accionante desempeñó las funciones de instructora en
programas de contabilidad, finanzas, tributaria, tecnología e informática, en distintos
centros de formación de la entidad, durante los períodos comprendidos entre el 7
de octubre de 2002 y el 13 de diciembre de 2014.
25. Para acreditar la prestación personal del servicio y la subordinación, el Tribunal
valoró los testimonios de los señores José Samuel González Contreras y Clara Inés
Quevedo García, quienes manifestaron haber trabajado junto a la demandante en
el Sena. Ambos declarantes coincidieron en señalar que las funciones
desempeñadas por la señora Doris Cristina Gómez Molina eran las de instructora
en los programas de contabilidad y finanzas; que la coordinación académica le
asignaba el horario según la jornada, el lugar en el que debía dictar el curso, su
duración, el grupo y las competencias; que para cumplir con su actividad le era
asignado un computador; si no podía impartir una clase debía solicitar permiso y
recuperar las horas; y que no existía diferencia alguna entre las funciones de los
instructores de planta y las de quienes estaban vinculados por contratos de
prestación de servicios.
26. Aclaró que, si bien la entidad demandada tachó de sospechosos a los referidos
testigos, por cuanto laboraron con la demandante y ejercían las mismas funciones
como instructores, dicho argumento se desestimaba, en tanto son precisamente los
4 Samai, índice 04, expediente digital, archivo ED_C01_17FalloAccedeParcialmenteALasPretensiones(.pdf).
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Demandado: Sena
compañeros de trabajo quienes pueden dar cuenta las condiciones en que se
desarrollaban las funciones al interior de la entidad.
27. Consideró que las declaraciones coincidían con las obligaciones establecidas
en los contratos, de los cuales se infería que la prestación de servicios como
instructora tenía que desarrollarse bajo el cumplimiento de órdenes e instrucciones
de los coordinadores académicos, en un horario previamente determinado, de
manera continua y permanente, y en las instalaciones de la entidad. En
consecuencia, concluyó que existió una verdadera relación laboral y rechazó el
argumento de la entidad sobre el carácter independiente y autónomo de los
servicios, por cuanto las funciones de instructor se encontraban directamente
ligadas al objeto misional del Sena.
28. Destacó también que la suscripción sucesiva de contratos durante doce años
desconocía la prohibición de permanencia prevista en el artículo 2 del Decreto 2400
de 1968, con lo que quedaba descartado el carácter ocasional de la vinculación y
acreditada la subordinación como elemento determinante de la relación laboral.
29. Declaró la existencia de la relación laboral entre la accionante y el Sena por el
período comprendido entre el 7 de octubre de 2002 y el 13 de diciembre de 2014, y
dispuso la nulidad del Oficio No. 2-2017-062260 del 28 de diciembre de 2017.
30. Frente al período comprendido entre el 26 de enero y el 10 de julio de 2015 —
en el cual la demandante alegó haber prestado servicios a través del CIDCA como
intermediario del Sena—, el Tribunal advirtió que en el expediente no obraba
ninguna orden o contrato de prestación de servicios que acreditara dicha
vinculación, razón por la cual no se pronunció sobre ese período.
31. A título de restablecimiento del derecho, el juez de primera instancia ordenó al
Sena reconocer y pagar a la accionante una indemnización equivalente al valor de
las prestaciones sociales de orden legal —incluidas cesantías e intereses a las
cesantías— que debió percibir por la irregular vinculación, tomando como base el
monto de los honorarios pactados para el período comprendido entre el 8 de febrero
de 2011 y el 13 de diciembre de 2014, excluyendo los tiempos de interrupción entre
contratos, y con el cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales.
32. El Tribunal negó la pretensión de reconocer diferencias salariales entre los
honorarios devengados por la demandante y los salarios pagados a los instructores
de planta, por cuanto se trataba de un hecho que la accionante tenía la carga de
debatir y probar —identificando y comparando las funciones ejercidas con las
atribuidas reglamentariamente al personal de planta— y no lo hizo. Precisó que la
declaratoria de la existencia de la relación laboral no confería a la demandante la
calidad de empleada pública, y que la indemnización debía calcularse con base en
los honorarios percibidos.
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33. En cuanto a los aportes a pensión, ordenó a la demandada verificar ante la
respectiva administradora de fondos pensionales si existió diferencia entre los
aportes efectivamente realizados y los que debieron cotizarse durante todo el
tiempo laborado —7 de octubre de 2002 a 13 de diciembre de 2014—, y en caso de
haberla, girar al fondo la suma faltante en el porcentaje correspondiente al
empleador.
34. Negó la devolución directa de los aportes a salud a la demandante, al
considerarlos recursos parafiscales que no constituyen un crédito a favor del
contratista, siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como el
reconocimiento de la sanción moratoria, por cuanto solo hasta la expedición de la
sentencia se reconocía judicialmente la relación laboral y, en consecuencia, no era
exigible el pago oportuno de cesantías con anterioridad a ese reconocimiento.
También negó el pago de horas extras, recargos nocturnos y dominicales, al no
haber sido acreditados en el expediente con prueba documental.
35. Sostuvo, en relación con las vacaciones, que no procedía su compensación
en dinero en los términos del artículo 20 del Decreto 1045 de 1978, pues los
supuestos de dicha norma no se cumplían en este caso; aclaró que lo que se
reconocía era una indemnización calculada con base en las prestaciones que en su
momento debió percibir la demandante, dentro de las cuales se incluían las
vacaciones como componente de la liquidación, pero no como compensación
autónoma.
36. En cuanto al término de no solución de continuidad —fijado en treinta días
hábiles como marco de referencia—, el Tribunal identificó cuatro períodos de
vinculación: (1) del 7 de octubre de 2002 al 27 de junio de 2003; (2) del 29 de
septiembre de 2003 al 25 de julio de 2005; (3) del 25 de enero de 2006 hasta el 26
de agosto de 2010; y (4) desde el 8 de febrero de 2011 al 13 de diciembre de 2014.
Consideró que, al haber presentado la accionante su reclamación administrativa el
13 de diciembre de 2017, los tres primeros períodos se encontraban prescritos, por
cuanto transcurrieron más de tres años desde su finalización. El cuarto período, en
cambio, quedó amparado, al haberse presentado la reclamación exactamente el
último día del término prescriptivo —13 de diciembre de 2017—.
37. En materia de aportes pensionales, reiteró que estos tienen carácter
imprescriptible, por lo que ordenó su verificación y pago faltante por la totalidad del
tiempo laborado —7 de octubre de 2002 a 13 de diciembre de 2014—, con
independencia de los períodos prescritos para los demás derechos, al fondo
pensional.
38. Finalmente, no impuso condena en costas al estimar que la entidad no incurrió
en conducta dilatoria ni de mala fe, y que sus argumentos de defensa estuvieron
debidamente fundados.
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2.4. Recursos de apelación
2.4.1. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, bajo los
siguientes argumentos5:
39. Centró su inconformidad en la improcedencia de aplicar la prescripción
extintiva a derechos que, en su criterio, solo nacen a la vida jurídica con la sentencia
que declara la existencia de la relación laboral. Sostuvo que resulta un contrasentido
lógico y jurídico declarar extinguida una obligación que no ha surgido aún, toda vez
que es precisamente la providencia judicial la que constituye el origen de los
derechos y obligaciones derivados de la relación laboral encubierta. En
consecuencia, manifestó que el término de tres años para que opere la prescripción
solo puede comenzar a contarse a partir del momento en que la sentencia es
proferida y los derechos se hacen exigibles, y no desde la finalización del vínculo
contractual, como lo consideró el Tribunal.
40. Reconoció que el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación CESUJ2
de 2016, avaló la aplicación de la prescripción extintiva en los asuntos de contrato
realidad, bajo la consideración de que el transcurso de tres años desde la
terminación del vínculo sin reclamar los derechos se interpreta como desinterés del
trabajador. Sin embargo, cuestionó que dicha premisa fuera aplicable al caso
concreto.
41. En primer lugar, adujo que durante toda la relación con el Sena se suscribieron
más de treinta y cinco contratos de prestación de servicios que se mantuvieron por
más de doce años, circunstancia que evidencia una relación continua y permanente
que no podía fragmentarse artificialmente para efectos prescriptivos.
42. En segundo lugar, indicó que tras el vencimiento de cada contrato la
demandante esperaba ser recontratada para la siguiente vigencia, como en efecto
ocurrió de manera reiterada durante más de doce años, lo que demuestra que la
intención de la parte accionante no era de desinterés frente a sus derechos, sino de
preservar su fuente de ingresos.
43. En tercer lugar, sostuvo que no puede equipararse al desinterés al temor
fundado de la demandante de que, si reclamaba sus derechos al término de alguno
de los más de treinta y cinco contratos suscritos, el Sena simplemente se abstendría
de suscribirle un nuevo contrato, privándola así de su sustento.
44. Alegó que estaba en desacuerdo con la aplicación del período de treinta días
hábiles como indicador de solución de continuidad, señalando que el propio Consejo
de Estado ha precisado que dicho término no constituye una camisa de fuerza para
el juez contencioso, quien en cada caso debe valorar los elementos de juicio que
obren en el plenario para determinar si se presentó o no la ruptura del vínculo que
5 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180159100, índice 45, expediente digital,
archivo 39_RECIBEMEMORIALES_15913(.pdf).
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se reputa laboral. A juicio de la parte demandante, el Tribunal debió hacer uso de
esa facultad de apreciación para inaplicar la prescripción, en consideración a que
todos los contratos suscritos, independientemente de la duración de las
interrupciones entre ellos, tenían el mismo objeto y obligaciones, y podían
entenderse como una sola y continua relación laboral que se prolongó por más de
doce años.
45. Finalmente, la recurrente advirtió que admitir la aplicación del término de
treinta días como criterio de solución de continuidad para efectos de la prescripción
de obligaciones que solo nacen con la sentencia declarativa, permite que el Estado
continúe utilizando los contratos de prestación de servicios para enmascarar
relaciones laborales sin consecuencia alguna, pues bastaría con dejar transcurrir
ese lapso entre un contrato y el siguiente para eludir el reconocimiento de los
derechos prestacionales de los contratistas, lo que favorece y premia la conducta
irregular de la Administración en detrimento de los derechos del trabajador.
2.4.2. La parte demandada también interpuso recurso de apelación, bajo los
siguientes argumentos6:
46. Alegó que el Tribunal declaró la existencia de una relación laboral sin que se
hubiese demostrado de manera plena e incontrovertible el elemento de la
subordinación continuada, que es el factor determinante para distinguir la relación
laboral encubierta del contrato de prestación de servicios.
47. Cuestionó el valor probatorio que se le dio a los testimonios de los señores
José Samuel González Contreras y Clara Inés Quevedo García. Sostuvo que
carecen de la credibilidad suficiente para acreditar la subordinación, en la medida
en que no son libres ni espontáneos, dado que ambos declarantes habrían tenido
interés en las resultas del proceso.
48. Señaló que de los testimonios no era posible inferir razonadamente que la
demandante hubiera prestado sus servicios bajo el elemento de la continuada
subordinación y dependencia. Destacó, en particular, que los propios testigos
manifestaron que la señora Doris Cristina Gómez Molina ejecutaba 160 horas
mensuales de instrucción, cifra significativamente inferior a la jornada de un
instructor de planta, lo que desvirtúa la afirmación de que ambos laboraban en las
mismas condiciones de modo y cantidad de trabajo. Agregó que ninguno de los
testigos declaró haber presenciado llamados de atención a la demandante ni haber
tenido conocimiento directo y personal de que esta recibiera órdenes de obligatorio
cumplimiento por parte de los funcionarios del Sena.
49. Insistió en que lo que existió entre las partes fue una relación de coordinación
de actividades —y no de subordinación. Además, que el cumplimiento de un horario,
la prestación del servicio en las instalaciones de la entidad y la rendición de informes
6 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180159100, índice 43, expediente digital,
archivo 38_RECIBEMEMORIALES_1591RECURSO(.pdf).
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sobre los resultados son condiciones propias de la ejecución del objeto contractual
en todo contrato de prestación de servicios, y que atribuirles el alcance de
subordinación implicaría desnaturalizar cualquier contratación estatal.
50. En ese punto resaltó que la supervisión ejercida por la entidad recaía sobre
los resultados del contrato —es decir, en el número de horas de formación
impartidas y su contenido— y no sobre la forma en que la demandante desarrollaba
sus actividades pedagógicas, campo en el cual conservaba plena autonomía
técnica.
51. Destacó que la accionante prestaba servicios de formación no solo al Sena
sino también a otras instituciones educativas de manera simultánea, lo que
demostraba que gozaba de plena autonomía sobre su tiempo y que no se
encontraba en una situación de dependencia exclusiva frente a la entidad
accionada. Este hecho, en criterio de la parte recurrente, resulta incompatible con
la existencia del elemento de la subordinación.
52. Adujo que los contratos suscritos con la demandante tenían objetos distintos
entre sí, se celebraron por tiempo limitado, fueron liquidados de común acuerdo a
su vencimiento y presentaron interrupciones superiores a treinta días hábiles en la
mayoría de los casos, lo que evidenciaba que las vinculaciones eran independientes
entre sí y carecían de la vocación de permanencia inherente a una relación laboral.
53. Indicó que la cantidad de horas pactadas en cada contrato era diferente, que
la demandante nunca superó las 160 horas mensuales de instrucción y que el
número de horas trabajadas resultaba disímil al de los instructores de planta,
quienes laboran durante todo el calendario académico.
54. Finalmente, la apelante manifestó que a la demandante le asistía la carga de
acreditar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones durante el tiempo de su
vinculación, y que en la eventualidad de no haberlas efectuado o de existir diferencia
en su contra, debía pagar o completar, según fuera el caso, el porcentaje que le
correspondía como trabajadora.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
55. Mediante auto del 30 de noviembre de 2023 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada, y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia7.
56. En auto del 4 de junio de 20268 se advirtió que si bien el expediente había
ingresado al despacho para proferir sentencia luego de admitir el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada, lo cierto era que no se había decidido
7 Samai, índice 05, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx).
8 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 32Autoqueadmite_EBC62162023AUTOADMIT(.pdf).
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Demandante: Doris Cristina Gómez Molina
Demandado: Sena
sobre la admisibilidad del medio de impugnación interpuesto por la demandante. En
consecuencia, se admitió el recurso de alzada y se ordenó que el expediente
ingresara al despacho, salvo que las partes solicitaran pruebas en el término de
ejecutoria de la providencia9.
2.6. Ministerio Público
57. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado rindió concepto y solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia,
al considerar que se acreditaron los elementos propios de la relación laboral
encubierta10.
58. Sostuvo, en relación con la remuneración, que en cada uno de los contratos
suscritos entre las partes se pactó el valor y la forma de pago. A su vez, de acuerdo
con estos, el servicio debía prestarse de manera personal, sin poder delegar las
funciones a otra persona.
59. Afirmó, en cuanto a la subordinación, que este elemento se evidenció en la
medida que las actividades desarrolladas por la accionante exigían para su
ejecución una necesaria dependencia, aunado a que la labor desarrollada era la de
instructora.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
60. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
61. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala definir si:
62. ¿Existió una relación laboral encubierta entre la entidad accionada y la
demandante, quien ejerció como instructora a partir de la vinculación a través de los
contratos de prestación de servicios celebrados con el Sena?
9 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 32Autoqueadmite_EBC62162023AUTOADMIT(.pdf).
10 Samai, índice 16, expediente digital, archivo
Memorial_FLF_35Concepto_202627862162023DorisVsSENAINSTRUCTORADOCENTEACCEDE(.pdf).
11
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63. En caso afirmativo, ¿operó la prescripción de los derechos reclamados?
64. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) relación laboral encubierta; (2) distinción entre coordinación y
subordinación; (3) la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de
subordinación y (4) naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores
del Sena y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
65. La jurisprudencia unificada de esta corporación11 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.
66. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
67. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
68. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»12.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
12 Ibídem.
12
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69. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.
70. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.
71. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»13.
72. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»14.
73. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, por qué las actividades
13 Idem.
14 Idem.
13
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«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».15
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la
labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».16
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.17
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
74. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos
contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.
75. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
15 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
16 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
14
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señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
76. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».
77. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa-administrativa.
(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».
15
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3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación
78. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»18.
79. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202119, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados»20.
80. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.
81. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.
b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
18 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-
23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
16
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para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,21 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad.
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación
82. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.
83. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
21 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54
y 55.
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las pruebas se practiquen o se aporten»22, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
idem que regula el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».
84. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.
85. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»23, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»24.
86. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP).
87. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
88. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».
22 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
23 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
24 Idem.
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3.3.4. Naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del Sena
y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad
89. El Gobierno nacional expidió el Decreto 118 de 1957, por medio del cual creó
el Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena—25, que de conformidad con el Decreto
164 de 195726, se encargaría de dar formación profesional a los trabajadores
jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la
minería.
90. La anterior normativa fue subrogada por el Decreto 3123 de 196827, en el que
se estableció dentro de sus funciones la formación profesional a los trabajadores de
todas las actividades económicas y en todos los niveles del empleo.
91. Más adelante, mediante el Decreto 2149 de 199228, el Sena se reestructuró.
En tal sentido, se definió que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como funciones, entre otras, se le asignó:
el diseñar y mantener un sistema nacional de aprendizaje que se ajuste a las
disposiciones que regulan el contrato de aprendizaje; y adelantar, previa aprobación
de las autoridades competentes, programas de formación tecnológica y técnica
profesional.
92. El anterior decreto fue derogado por la Ley 119 de 1994 29, en la que se
mantuvo la naturaleza jurídica de la entidad, y dispuso que su misión radica en
«intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos;
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, económico y tecnológico del país». Además, se estableció que el Sena
tendría como objetivo, «dar formación profesional integral a los trabajadores de
todas las actividades económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación»,
entre algunos otros.
93. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la entidad se encuentra adscrita al
Ministerio de Trabajo y tiene como misión la formación y capacitación de aprendices.
Así, aun cuando no está subordinada al Ministerio de Educación, lo cierto es que
ejerce una labor docente con el fin de poder desarrollar los programas de formación
de educación no formal que ofrece30.
25 Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional
de Aprendizaje, Sena.
26 Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y se dictan otras disposiciones.
27 Por el cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
28 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena.
29 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
13 de junio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022). M.P. Juan Enrique
Bedoya.
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94. Aclarado lo anterior, se destaca que dentro de los empleos de la planta de
personal del Sena se encuentran los instructores, grupo que según el artículo 2 del
Decreto 1424 de 199831 «comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de
coordinación académica de la formación e investigación aplicada». En punto, se
señala que conforme con el manual específico de funciones, contenido en la
Resolución 986 del 25 de mayo de 200732 (vigente entre el año 2007 y 2015), los
instructores tienen las siguientes funciones:
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de
Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de
evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad con los
módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la
ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades institucionales
asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con el Manual
de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo.
95. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 1 de
septiembre de 201433, definió que como la función del Sena, a través de sus
instructores, se dirige a la formación integral, profesional o laboral certificada de sus
estudiantes, por su naturaleza la entidad se encuentra en el sistema de educación
no formal. Ello, en los siguientes términos:
[…] la función prestada por el SENA a través de los Instructores se orienta a una
formación integral, profesional y laboral certificando a sus estudiantes, o sea, que
por estas características y su naturaleza se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace parte de los
niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de
1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de la
31 Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio
Nacional de Aprendizaje-Sena.
32 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los
empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del Sena, link:
https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de septiembre de 2014, proceso con radicado 20001-
23-31-000-2011-00503-01(3517-2013). M.P. Alfonso Vargas Rincón
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definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación. (Se destaca)
96. Así, toda vez que el Sena ejecuta una actividad académica, el contenido de
sus programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley
119 de 199434, debe ceñirse a la normativa aplicable, esto es, a la Ley 30 de 199235.
Sobre el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación36,
concluyó lo siguiente:
La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4
permite al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica
profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.
Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:
i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a
los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado
en 1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.
ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,
iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o
reformen.
Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga
a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la ley 30 de
1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la ley 749 de
2002.
Advierte la Sala que la autorización dada al Sena para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión
específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe
agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio.
De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al Sena para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica y
34 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
35 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
36 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de 2010, proceso
con radicado 11001-03-06-000-2010-00089-00. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01591-01 (6216-2023)
Demandante: Doris Cristina Gómez Molina
Demandado: Sena
técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes 30 y 749 sobre
el régimen académico aplicable al Sena respecto de tales programas, y con la
naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin que
ello signifique que el Sena deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de
una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.
3.4. Hechos probados relevantes
97. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:
98. La señora Doris Cristina Gómez Molina suscribió contratos de prestación de
servicios de trabajo con el Sena, para prestar servicios en la entidad, según la copia
de estos, y las certificaciones expedidas por la misma demandada, aportados por la
parte demandante, como se muestran a continuación37:
Número Interrupción en días
de Objeto Desde Hasta hábiles
contrato
Impartiendo 240 horas -
de formación
867 profesional, en los 07/10/2002 07/01/2003
bloques modulares de
Auditoría I y Tributaria II
Impartiendo 960 horas Se sobreponen las
de formación fechas de finalización e
profesional integral, en inicio del siguiente
1210 los bloques modulares 27/12/2002 27/06/2003 contrato.
de contabilidad general,
tributaria I, tributaria II y
tributaria III
Impartiendo 540 horas 63 días
de formación
profesional integral, en
530 los bloques modulares 29/09/2003 29/01/2004
de contabilidad general,
tributaria I, tributaria II y
tributaria III
Impartiendo 592 horas Se sobreponen las
de formación 14/01/2004 fechas de finalización e
973 14/07/2004
profesional integral en inicio del siguiente
los bloques modulares contrato.
37 Samai, índice 04, expediente digital, archivo ED_C01_01DemandaPoderYAnexos (.pdf), págs. 21 a 51, 53 a
99.
22
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01591-01 (6216-2023)
Demandante: Doris Cristina Gómez Molina
Demandado: Sena
de Tributaria 2 y
contabilización de los
recursos de operación
Impartiendo 1.120 7 días
horas de formación
profesional integral en
514 26/07/2004 26/01/2005
los bloques modulares
de gestión contable y
financiera
Impartiendo 220 horas Se sobreponen las
de formación fechas de finalización e
1318 profesional integral en 25/01/2005 25/07/2005 inicio del siguiente
los bloques modulares contrato.
de gestión contable
Impartiendo 600 horas 123 días
de formación
profesional integral en
los bloques modulares
82 25/01/2006 25/08/2006
de contabilización de
los recursos de
operación y
financiación
Impartiendo 600 horas Se sobreponen las
de formación fechas de finalización e
profesional integral de inicio del siguiente
0732027 31/07/2006 30/09/2006
los bloques modulares contrato.
de contabilidad y
finanzas
Impartiendo 750 horas 4 días
de formación
profesional integral en
00137 06/10/2006 30/03/2007
los bloques modulares
de contabilidad y
finanzas
Se sobreponen las
Impartiendo 315 horas
fechas de finalización e
302 en la especialidad de 29/12/2006 30/04/2007
inicio del siguiente
contabilidad y finanzas
contrato.
Impartiendo 350 horas Se sobreponen las
de formación integral en fechas de finalización e
00093 los bloques modulares 17/04/2007 17/08/2007 inicio del siguiente
de contabilidad y contrato.
finanzas
23
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01591-01 (6216-2023)
Demandante: Doris Cristina Gómez Molina
Demandado: Sena
Impartiendo 321 horas Se sobreponen las
de formación fechas de finalización e
00220 profesional integral en 10/07/2007 10/11/2007 inicio del siguiente
los bloques modulares contrato.
de contabilización
Impartiendo 400 horas Se sobreponen las
de formación fechas de finalización e
profesional integral en inicio del siguiente
los bloques modulares contrato.
de operación e
00304 10/09/2007 10/01/2008
inversión
contabilización y
preparación y
presentación de
estados financieros
Impartiendo 1.360 22 días
horas de formación
profesional integral en
97 los bloques modulares 12/02/2008 12/11/2008
de contabilización y
preparación de estados
financieros
Impartiendo 181 horas Se sobreponen las
de formación fechas de finalización e
00599 profesional integral en 25/10/2008 15/12/2008 inicio del siguiente
el programa de contrato.
contabilidad y finanzas
Impartiendo 972 horas 24 días
de formación
00030 profesional integral en 22/01/2009 22/07/2009
el programa de
contabilidad y finanzas
Impartiendo 573 horas 4 días
de formación
profesional en el
00573 29/07/2009 29/12/2009
programa de
contabilidad e
impuestos
Impartiendo formación Se sobreponen las
profesional en el fechas de finalización e
00866 programa de 09/11/2009 24/12/2009 inicio del siguiente
contabilidad e contrato.
impuestos
24
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Demandante: Doris Cristina Gómez Molina
Demandado: Sena
Impartiendo 980 (1.110) 19 días
horas en el programa
00262 de finanzas, 26/01/2010 26/08/2010
contabilidad e
impuestos
Impartiendo 600 horas 113 días
en el programa de
0071 08/02/2011 08/07/2011
finanzas, contabilidad e
impuestos
Impartiendo 600 horas 11 días
en Unidad de
Tecnología e
0954 27/07/2011 14/12/2011
Informática en el Área
de Formación
Complementaria
Impartiendo 440 (640) 30 días
horas en la Unidad de
0300 30/01/2012 10/07/2012
Tecnología e
Informática
Impartir formación en la 0
01107 Unidad de Tecnología e 11/07/2012 10/12/2012
Informática
Impartir formación 26 días
01112 complementaria en 21/01/2013 21/08/2013
paquetes contables
Impartiendo formación 15 días
4146 en programas 13/09/2013 15/12/2013
contables SIIGO
Impartir formación 20 días
0867 16/01/2014 13/12/2014
complementaria
Tabla 1. Contratos de prestación de servicios suscritos entre la accionante y el Sena.
• En punto al anterior cuadro, se señala que aun cuando existen periodos en los que
las fechas de inicio de un contrato y la finalización de otro se traslapan, dicha
situación no desvirtúa el hecho de que esas vinculaciones se presentaron sin
interrupción alguna, para los efectos que atañen al caso particular. Esto, máxime
cuando la información consta en las copias de los contratos de prestación de
servicios y en las certificaciones expedidas por la entidad accionada.
99. El 13 de diciembre de 2017 la accionante presentó petición al Sena en la que
solicitó que se reconociera la existencia de una relación laboral entre ambos y se le
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01591-01 (6216-2023)
Demandante: Doris Cristina Gómez Molina
Demandado: Sena
pagaran los emolumentos salariales, prestacionales y de seguridad social,
causados durante el periodo en el que prestó sus servicios a la entidad38.
100. A través del Oficio 2-2017-062260 del 28 de diciembre de 2017, el director
Regional del Distrito de Bogotá del Sena negó la petición anterior. No se indicó si
contra ese oficio procedía recurso alguno39.
101. En audiencia de pruebas celebrada el 20 de abril de 2023, se recibieron los
testimonios de los señores José Samuel González Contreras y Clara Inés Quevedo
García40.
• Testimonio José Samuel González Contreras
102. Manifestó que conoció el trabajo desempeñado por la señora Doris Cristina
Gómez Molina al interior del Sena, por cuanto fue su compañero de labores. Indicó
que estuvo vinculado a la entidad por aproximadamente 21 años, de los cuales trece
años y medio se desempeñó bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios, coincidiendo con la demandante en el Centro de Servicios Financieros,
en la Coordinación de Contabilidad y Finanzas, desempeñando funciones similares
como instructores.
103. Precisó que cada trimestre la coordinación les entregaba un horario específico
que definía los grupos a formar, el ambiente asignado y las competencias a orientar.
Señaló que dichos horarios variaban entre jornadas de mañana, tarde, noche,
madrugada y fines de semana, y que en todo caso debían cumplir alrededor de ocho
o más horas diarias en el desarrollo de sus funciones como instructores.
104. Frente a las diferencias entre el personal de planta y los contratistas, afirmó
que la única distinción real era el tipo de vinculación, pues las funciones
desempeñadas eran las mismas para ambos grupos. Indicó que las instrucciones
generales se impartían en reuniones de coordinación dirigidas a todo el personal de
formación, sin distinción entre instructores de planta y contratistas, y que incluso las
exigencias para mantener el contrato como instructor contratista eran mayores, al
tener que superar pruebas, entrevistas y convocatorias periódicas.
105. En cuanto a los elementos de trabajo, declaró que el Sena les asignaba
ambientes, equipos y computadores para el desarrollo de la formación profesional,
y que, en caso de no contar con ellos, podían solicitar salas o equipos adicionales,
en las mismas condiciones ofrecidas a todo el personal, con el fin de garantizar que
aprendices e instructores contaran con dichos medios.
106. Sobre la autonomía en el ejercicio de sus funciones, fue enfático en señalar
que ni él ni la demandante podían decidir de manera independiente la jornada, el
38 Samai, índice 04, expediente digital, archivo ED_C01_01DemandaPoderYAnexos (.pdf), págs. 8 a 12.
39 Samai, índice 04, expediente digital, archivo ED_C01_01DemandaPoderYAnexos (.pdf), págs. 13 a 17.
40 Samai, índice 04, expediente digital, archivo
ED_C01_11audienciaDePruebasActaDeAudienciaDePruebas(.pdf).
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Demandado: Sena
horario, el grupo, el ambiente o las competencias a impartir, pues todo era definido
por la Coordinación, la cual variaba estas asignaciones cada trimestre y transmitía
las instrucciones generales en reuniones de coordinación.
107. Precisó que las órdenes relativas al contenido y desarrollo de la formación
provenían del coordinador, mientras que el supervisor del contrato se limitaba a
verificar el cumplimiento de la presencia del instructor en el lugar asignado, sin
intervenir en los aspectos académicos, que eran competencia exclusiva de la
Coordinación.
108. Sobre la coincidencia de horarios con la demandante, indicó que compartió
con ella distintas franjas de formación entre 2007 y 2014, aunque no pudo precisar
con exactitud los años ni las jornadas específicas en que coincidieron, señalando
que ello dependía de la rotación de horarios asignados por la Coordinación cada
trimestre.
109. Manifestó que la contratación de instructores bajo la modalidad de prestación
de servicios obedecía a que la planta de instructores resultaba insuficiente frente a
la demanda de aprendices que debía atender la entidad para cumplir su misión
institucional.
110. Respecto de la finalización de los contratos, señaló que al término de cada uno
se suscribía un acta de liquidación, procediendo en ocasiones a prórrogas o a la
suscripción de nuevos contratos. Indicó que, en el mes de diciembre, cuando el
personal de planta salía a vacaciones, los instructores contratistas quedaban sin
vinculación, a la espera de la nueva reglamentación de contratación para el año
siguiente.
111. Finalmente, indicó que para ese momento cursaba una demanda similar contra
el Sena, en la que reclama el reconocimiento de derechos laborales derivados de
sus trece años y medio de vinculación como contratista, con fundamento en la figura
del «contrato realidad».
• Testimonio de la señora Clara Inés Quevedo García
112. Señaló que conocía a la señora Doris Cristina Gómez Molina como compañera
de trabajo, ambas en calidad de instructoras del SENA, sede calle 65. Declaró que
dicha relación se remonta aproximadamente al año 2000, aunque precisó no
recordar la fecha con exactitud.
113. Indicó que la demandante fue contratada como instructora para impartir
formación en el Área Contable y Financiera en la sede mencionada, actividad que
coincidía con la que ella misma desempeñaba en esa época.
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114. Sobre las actividades desarrolladas, afirmó que las funciones que ejercía la
accionante eran las mismas que ella realizaba, y que dicha coincidencia se mantuvo
mientras compartieron jornadas conjuntas de formación.
115. Respecto de su propia trayectoria, señaló que en un primer momento fue
contratista del Sena y posteriormente pasó a ser personal de planta, tras lo cual dejó
de compartir espacios con la demandante, pues esta permaneció en la sede de la
calle 65 mientras ella fue trasladada a la sede de la calle Jiménez.
116. Al comparar el periodo en que fue contratista con el de la vinculación como
empleado de planta, sostuvo que la dinámica de trabajo no presentó diferencias,
pues se mantuvieron los mismos programas, exigencias y cumplimientos, variando
únicamente lo relativo al pago a través del PAC.
117. En cuanto a la autonomía durante la vigencia del contrato de prestación de
servicios, fue enfática en señalar que no contaban con libertad para definir el horario
ni la modalidad de la formación, debiendo cumplir un horario estricto de ingreso y
salida, impartir la formación de manera personal y directa, sin posibilidad de delegar
dicha función en un tercero.
118. Sobre las ausencias, precisó que debían avisar, solicitar permiso y recuperar
el tiempo no laborado, sin que existiera la posibilidad de no asistir sin dichas
formalidades.
119. Manifestó que era la coordinación académica la encargada de asignar las
franjas horarias para cada periodo lectivo, tanto en su época de contratista como
posteriormente. Señaló que dicha dinámica de asignación se mantiene en la
actualidad.
120.Diferenció la Coordinación Académica de la supervisión del contrato, indicó
que la primera verificaba el cumplimiento de los programas y contenidos
académicos, mientras que el supervisor estaba encargado de constatar el
cumplimiento general de obligaciones por parte del contratista.
121. Sobre las franjas horarias compartidas con la demandante, indicó que
coincidieron entre semana en jornada nocturna y también en las tardes, así como
los fines de semana. Afirmó que de manera aproximada que dichas franjas
comprendían de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. los fines de semana, de 6:00 p.m. a 10:00
p.m. en las noches entre semana, y de 12:00 m. a 6:00 p.m. en las tardes, aclarando
que dicha coincidencia se extendió hasta el periodo comprendido entre 2011 y 2012,
cuando fue trasladada a la sede Jiménez.
122. En relación con la finalización de la vinculación, señaló que al término del
contrato debían firmar el acta de terminación correspondiente, y que al concluir las
franjas horarias asignadas podían retirarse de las instalaciones, salvo cuando eran
citadas a reuniones adicionales.
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Demandado: Sena
123. Finalmente, indicó que para ese momento cursaba una reclamación similar
contra el Sena, en la que solicitaba la existencia del «contrato realidad».
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
124. En el asunto bajo estudio, la accionante laboró al servicio del Sena, a través
de contratos de prestación, desde el año 2002 hasta el 2014, como instructora del
Centro de Servicios Financieros del Sena Regional Distrito Capital. Solicita que se
declare la nulidad del acto administrativo mediante el cual la entidad negó la
existencia de una relación laboral entre ambos, además del reconocimiento y pago
de las acreencias salariales, prestacionales y de seguridad social, a que dice tiene
derecho.
125. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al considerar que se acreditaron los tres elementos de
la relación laboral encubierta, estos son, prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación. A su vez, declaró probada parcialmente la excepción
de prescripción trienal de los derechos laborales, causados con anterioridad al 8 de
febrero de 2011, excepto lo atinente a aportes al sistema de pensiones.
126. La decisión fue recurrida en apelación por la parte demandante, quien adujo
que en el caso particular el término de prescripción debía contabilizarse a partir del
momento en el que se emite la sentencia en la que se declara la existencia de la
relación laboral, por cuanto desde ese instante se constituyen los derechos
reclamados. Lo anterior, en la medida que contrario a lo señalado por esta
corporación en la sentencia de unificación CESUJ2 de 2016, la no reclamación de
la existencia de la relación laboral no se debía a la falta de interés de la accionante,
en tanto al momento de la terminación de cada contrato ella esperaba ser contratada
de nuevo, lo que en efecto ocurrió durante doce años. Añadió que tal aspecto, a su
juicio, tendría que ser considerado por el juez.
127. Por su parte, la entidad demandada pide que se revoque la sentencia
impugnada. Argumentó que los testimonios no son suficientes para acreditar el
elemento de la subordinación, toda vez que ambos tenían interés en las resultas del
proceso. Además, que estos no declararon haber presenciado llamados de atención
ni tampoco tener conocimiento acerca de que la demandante recibiera órdenes de
obligatorio cumplimiento. Sostuvo que la supervisión, el cumplimiento de un horario,
la prestación del servicio en las instalaciones de la entidad y la rendición de informes
son condiciones propias de todo contrato de prestación de servicios.
3.5.1. Valoración probatoria de los testimonios
128. La entidad recurrente adujo que el hecho de que los testigos hubiesen
presentado una demanda con pretensiones similares a la presente, demostraba que
podrían tener interés en las resultas del asunto y, por ende, sus declaraciones
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Demandante: Doris Cristina Gómez Molina
Demandado: Sena
carecían del valor probatorio necesario para demostrar la subordinación de la
accionante.
129. En primer lugar, la Sala destaca que, en atención a los criterios generales de
valoración probatoria, impera acudir al estudio en conjunto de las pruebas bajo las
reglas de la sana crítica (arts. 24241 y 17642 del CGP), teniendo en cuenta que el
juez debe exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
130. En punto de discusión, no se advierte que las situaciones puestas de presente
en sí mismas constituyan una razón suficiente para poner en entredicho lo declarado
por los señores José Samuel González Contreras y Clara Inés Quevedo García. Al
respecto, contrario a lo aducido por la entidad accionada, se estima que los testigos
de forma directa tuvieron conocimiento del contexto en que los instructores de la
entidad demandada desarrollaban sus labores, en particular, la accionante. Ello,
toda vez que desempeñaron ese mismo cargo, conocían a esta, las funciones que
ejercían, las jornadas en que debían desarrollarse las actividades, y participaban en
las mismas reuniones, de manera tal que sus declaraciones pueden contribuir a
acreditar o desvirtuar las circunstancias de hecho en las que la peticionaria reclamó
la protección de sus derechos.
131. Así las cosas, se valorará lo expresado por los testigos de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, apreciando sus declaraciones en conjunto con las demás
pruebas que obran en el expediente.
132. En este orden de ideas, con el fin de dar respuesta al problema jurídico
planteado, la Sala analizará si en el presente asunto se acreditan los elementos que
permitirían la configuración de una relación laboral entre la demandante y el Sena.
3.5.2. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral
encubierta
133. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.
41 Artículo 242. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración
su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso.
42 Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia
o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
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Demandado: Sena
3.5.2.1. Prestación personal del servicio
134. De acuerdo con la documental allegada al plenario, esto es, la copia de los
contratos de prestación de servicios, que se relacionaron en el acápite de hechos
probados de la presente providencia, se acredita que la señora Doris Cristina
Gómez Molina prestó servicios en el Centro de Servicios Financieros del Sena
Regional Distrito Capital, a través de contratos de prestación de servicios, desde el
7 de octubre de 2002 hasta el 13 de diciembre de 2014.
135. La labor, conforme se prueba, la efectuó como instructora, con el propósito de
brindar formación a los aprendices en programas de contabilidad y finanzas, y en
algunos periodos en la Unidad de Tecnología e Informática. Además, se observa
que en los contratos de prestación de servicios se pactó como obligación que «el
contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a otra persona
natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones inherentes al contrato, salvo
autorización previa y expresa del Sena».
136. De lo anterior, se concluye que la demandante debía ejercer de manera
personal las obligaciones y funciones para las cuales fue contratada como
instructora. Al respecto, se resalta que contrario a lo alegado por la entidad
recurrente, los objetos de los contratos suscritos entre la accionante y el Sena como
se detalló en el acápite de hechos probados de esta sentencia (tabla 1) fueron los
mismos, esto es, impartir formación. Distinto es que dicha formación la diera en
distintas áreas o unidades de la institución, que, no obstante, no desvirtúan la labor
misma desempeñada.
3.5.2.2. Remuneración
137. La señora Doris Cristina Gómez Molina percibió una remuneración por el
trabajo desempeñado, de acuerdo con los contratos de prestación de servicios que
obran en el expediente, en los que se advierte que se estableció el valor pactado
por la labor desempeñada y la forma de pago.
3.5.2.3. Continuada subordinación o dependencia
138. Sobre el particular, se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica
reglamentos internos y puede imponer sanciones por incumplimiento,
características propias de una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma
del contrato de prestación de servicios.
139. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En
tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan
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Demandante: Doris Cristina Gómez Molina
Demandado: Sena
asumir un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional
de la entidad.
140. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la
existencia de una relación laboral subordinada encubierta.
141. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
desconocido (la relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.
142. En el caso concreto, en primer lugar, se reitera que el Sena, según el Decreto
2149 de 199243, es un establecimiento público del orden nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Dicha entidad, según la Ley 119 de 199444, tiene por
misión la de intervenir en el desarrollo de los trabajadores colombianos; de manera
que ofrece y ejecuta formación profesional con carácter integral, para su
incorporación en actividades productivas.
143. Al respecto, si bien es cierto que el Sena se encuentra adscrito al Ministerio
del Trabajo y no al Ministerio de Educación, lo cierto es que, como lo ha estudiado
esta corporación, ejecuta una actividad académica y, por ende, el contenido de sus
programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119
de 199445, debe ajustarse a la Ley 30 de 1992.
144. Ahora, para el desarrollo de la misión de la entidad en la planta de personal,
existe el cargo de instructor, que como se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, tiene como función principal impartir formación
profesional y ejecutar actividades de coordinación de la formación e investigación
aplicada.
145. Lo anterior permite precisar que el hecho de que el Sena no se encuentre
adscrito al Ministerio de Educación no desvirtúa su misión, que por orden legal es
la de capacitar e impartir formación profesional; máxime cuando conforme ya se
explicó, su funcionamiento se rige por las normas especiales que le son propias,
entre ellas, la Ley 30 de 1992. En tal sentido, no se puede pasar por alto que dentro
43 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena
44 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones.
45 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
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de la planta de personal existe el cargo de instructor que tiene como funciones
programar, orientar y evaluar procesos de aprendizaje; las cuales a su vez resultan
ser propias de la entidad.
146. En este orden de ideas, en el presente caso se encontró probado, conforme
con la documental allegada y las testimoniales, que la señora Doris Cristina Gómez
Molina ejecutó la labor de instructora en el Centro de Servicios Financieros del Sena
Regional Distrito Capital. Ello quiere decir que, en consonancia con lo antes
mencionado, desempeñó funciones inherentes a la misión de la entidad.
147. Lo expuesto tiene fundamento además en que cumplió, entre otras, las
siguientes obligaciones46:
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
1. Acompañar y asesorar de forma permanente e integral a los aprendices en
el proceso de formación por proyectos durante la vigencia del contrato.
2. Conformar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por
programa o conjunto de programas, por redes tecnológicas para garantizar integridad
en formulación de proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el
diseño de talleres e ítems, que alimentaran los bancos de pruebas para la selección
de aprendices entre otras.
3. Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de
aprendices de formación titulada y reconocimiento de aprendizajes previos siempre y
cuando cumpla con el objetivo contractual de ejecutar acciones de formación
diferentes a la inducción.
4. Reportar en el sistema Sofía Plus en un plazo máximo de 3 días todas las
actividades de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad garantizando
la calidad de la información y su coherencia en los proceso formativo.
5. Presentar los reportes de notas de los alumnos y demás informes dentro de
los plazos estipulados por el centro para tal efecto.
(…)
6. Preparar, orientar, desarrollar, apoyar y evaluar procesos de aprendizaje en
cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos
poblacionales objeto de formación profesional integral.
(…)
7. Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias pedagógicas, el medio
ambiente educativo, el rendimiento académico de los alumnos y diligenciar
oportunamente las formas correspondientes.
(…)
8. Formular, ejecutar y evaluar diagnósticos que conlleven a la actualización y
creación de diseños, planes, programas, procesos y productos propios de las
actividades del centro de formación acordes con su especialidad y área de
desempeño y según las necesidades del entorno.
(…)
46 Para efectos prácticos solo se transcribirán algunas de las funciones pactadas en cada uno de los contratos
de prestación de servicios celebrados entre las partes.
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9. Participar en procesos de formación de los programas de formación
profesional integral, servicios y actividades de divulgación tecnológica programados
por el centro de formación.
10. (…)
11. Rendir oportunamente, los informes (planillas, reportes, formatos) requeridos
sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de
aprendizaje realizados por alumnos a quienes imparte formación profesional.
12. Responder por la integridad y el buen uso de materiales, equipos y demás
elementos de la institución puestos bajo su cuidado para desarrollar labores propias
de su cargo.
13. Incorporar tendencias tecnológicas, pedagogas y de gestión al diseño
técnico pedagógico de las diferentes acciones de formación profesional en su
especialidad.
14. Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción de alumnos.
15. Participar en los comités de evaluación, asistir puntualmente a clases
programadas, colaborar activamente con las disposiciones sobre aseo y orden de los
salones de clases y tener sentido de pertenencia por la institución.
148. Las obligaciones transcritas, evidencian que la accionante no realizó sus
actividades de forma autónoma e independiente, pues tienen correspondencia con
el poder subordinante del empleador. Ello, toda vez que debía seguir
permanentemente las directrices por parte de la entidad como, por ejemplo, entregar
los soportes necesarios que acreditaran la labor desempeñada, de acuerdo con los
formatos y planillas del Sena; y efectuar los reportes de las actividades realizadas
en la plataforma Sofia Plus.
149. Ahora bien, los testigos José Samuel González Contreras y Clara Inés
Quevedo García coincidieron en afirmar que la accionante, al igual que todos los
instructores, estaba sujeta a un horario obligatorio que se cumplía en jornadas de
mañana, tarde, noche y fines de semana. Por su parte, la testigo manifestó que las
jornadas de trabajo eran de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., los fines de semana; de 6:00
p.m. a 10:00 p.m., en las noches (entre semana), y de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., en
las tardes. Añadió que el horario se debía cumplir de manera estricta sin la
posibilidad de delegar las funciones a un tercero y en caso de ausentarse, debía
pedir permiso y recuperar el tiempo no laborado.
150. En relación con la dirección y control efectivo de las actividades, se destaca
que la instructora realizaba sus funciones siguiendo las orientaciones de la entidad
accionada y no bajo su propia dirección y manejo.
151. Sobre el particular, el señor José Samuel González Contreras indicó que la
accionante recibía órdenes del coordinador. En relación con las instrucciones
impartidas, adujeron que consistían en el cumplimiento y desarrollo de la formación;
la jornada de trabajo asignada; el grupo; el ambiente o las competencias a impartir
a los aprendices. Por su parte, ambos testigos manifestaron que el coordinador
académico era quien se encargaba de la verificación del cumplimiento de los
programas y de los contenidos; mientras que los supervisores del contrato solo
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Demandado: Sena
hacían seguimiento al contratista respecto al cumplimiento de las obligaciones de
manera general; sin intervenir en los aspectos de índole académico.
152. También, conforme lo mencionó el señor González Contreras, la demandante
debía asistir a reuniones de coordinación, a las que acudía todo el personal de
formación, en las que se impartían instrucciones. En lo referente a que el servicio
personal contratado corresponda a las funciones permanentes de los empleados de
planta, en el caso concreto, el mismo testigo sostuvo que los instructores
contratistas realizaban las mismas actividades que los empleados de planta; de
hecho, ambos desempeñaron el ejercicio de esa labor. Incluso, la señora Clara Inés
Quevedo García, quien indicó que desarrolló funciones como contratista para el
Sena y luego, fue vinculada como empleada de planta, declaró que no existía
diferencia alguna entre unos y otros, en tanto la dinámica de trabajo era igual y se
mantenían las exigencias en el cumplimiento de la labor.
16. A su vez, el señor José Samuel González Contreras adujo que a la
accionante, como a todos los instructores se les asignaba equipos y computadores
como elementos para el desarrollo de las actividades. Lo cual se confirma con los
contratos de prestación de servicios en los que se pactó como obligación, que la
demandante debía «responder por la integridad y el buen uso de materiales,
equipos y demás elementos de la institución puestos bajo su cuidado para
desarrollar labores propias de su cargo».
153. En este orden de ideas, se concluye que no existió un desarrollo de
actividades bajo la simple coordinación de la entidad, comoquiera que las funciones
de la demandante se ejecutaron según las órdenes del Sena, como se demostró,
con la imposición de un horario; la sujeción a las directrices del coordinador
académico; y la correspondencia de las actividades a desarrollar con las de los
empleados de planta.
154. Al respecto, se precisa que aun cuando en la ejecución de un contrato de
prestación de servicios, por su propia naturaleza, se requiere supervisión, con
ocasión a la coordinación de actividades entre las partes contratantes, lo cierto es
que en caso de que tal coordinación desborde los límites, sin que quede duda
acerca de que las funciones se realizaron sin autonomía e independencia, se
encuentra acreditada la subordinación como elemento diferenciador de la verdadera
relación laboral encubierta, como ocurrió en esta oportunidad.
155. Asimismo, se destaca que el presente caso, contrario a lo alegado por la
entidad accionada, no se enmarca dentro del principio de coordinación, que
«consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el contratista con las
directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del
contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en la
que aquel cumple su contrato con independencia, pero en armonía con las
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condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta
ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»47.
156. En tanto, la subordinación es aquella «en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación
correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que
el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este respecto le asista ningún tipo de
independencia»48.
157. En conclusión, en el caso bajo análisis, dada la valoración probatoria, se
considera probado el elemento de la subordinación. Lo anterior, en la medida que
la accionante al desempeñar las funciones de instructor, ejecutó labores que
permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad, esto es, «intervenir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando
la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país»49.
158. A su vez, las funciones las ejercía en horarios establecidos por la entidad; su
lugar de trabajo era el Centro de Servicios Financieros del Sena Regional Distrito
Capital. Además, para cumplir el objeto contractual, la entidad le suministraba los
elementos que requería, conforme se expuso anteriormente.
159. También, se tiene que la labor desempeñada fue con carácter permanente,
por más de doce años, y propia del personal de planta. Asimismo, la accionante era
supervisada, más allá de la coordinación, en tanto recibía directrices por parte de la
entidad, de acuerdo con lo analizado en precedencia.
160. En punto, respecto al argumento de la parte demandada referente a que la
accionante prestaba servicios no solo al Sena sino también a otras instituciones
educativas de manera simultánea, se destaca que dicha situación no se encuentra
demostrada dentro del proceso; no fue objeto de discusión en el trámite de primera
instancia, ni conforme se evidenció dan cuenta de ello las pruebas documentales y
testimoniales valoradas. Por tal razón, se desestima tal cargo de la apelación.
161. Aclarado lo anterior, al acreditarse en el caso concreto, los elementos de
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, la Sala considera
que, del 7 de octubre de 2002 al 13 de diciembre de 2014, la parte demandante
demostró la existencia de la relación laboral con el Sena, lo que se evidenció con
las pruebas documentales y testimoniales practicadas en el proceso.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022, con ponencia
del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, proceso con radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022).
48 Ibidem.
49 Ley 119 de 1994, artículo 2.
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3.5.3. Prescripción trienal
162. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada
caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo
contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado
fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. (Se
destaca)
163. Ahora en relación con el término de la no solución de continuidad en asuntos
en los que se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección
en sentencia del 9 de septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo
y jurisprudencial precedente, estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Término que debe
entenderse como un marco de referencia para la administración, el contratista y el
juez de la controversia.
164. Por lo expuesto, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Estado, y el pago de las prestaciones que de esta se deriven,
deberá reclamarlo dentro del término de tres años contados a partir de la finalización
del vínculo contractual50, contrario a lo estimado por la parte accionante.
165. Descendiendo al caso particular, se advierte que existió solución de
continuidad, entre los contratos 1210 de 2002 y 530 de 2003, dada una interrupción
de 63 días; los contratos 1318 de 2005 y 82 de 2006, de 123 días; y los contratos
262 de 2010 y 71 de 2011, de 113 días.
166. Con posterioridad, desde el contrato 71 de 2011, que se comenzó a ejecutar
el 8 de febrero de 2011, hasta la finalización de la vinculación, el 13 de diciembre
de 2014, no se evidencia interrupciones superiores a 30 días hábiles.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con
referencia SUJ2-005-16.
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167. Esclarecido esto, como la reclamación administrativa se presentó el 13 de
diciembre de 2017 –y la demanda el 18 de julio de 2018–, se tiene que no
transcurrieron más de tres años —artículo 41 del Decreto 3135 de
1968, reglamentado en el Decreto 1848 de 1969— desde la finalización de la
relación laboral —13 de diciembre de 2014—, por lo que dicha petición tuvo la
virtualidad de interrumpir la prescripción frente a lo causado durante el periodo en
que no se evidencia la solución de continuidad, es decir del 8 de febrero de 2011 en
adelante.
168. Por la misma razón, el fenómeno de la prescripción operó frente a lo causado
con antelación a la fecha antes señalada, 8 de febrero de 2011 (fecha de inicio del
contrato 71), como bien lo determinó el Tribunal, es decir, los periodos
comprendidos entre el 7 de octubre a 2002 a 27 de junio de 2003, 29 de septiembre
de 2003 a 25 de julio de 2005 y 25 de enero de 2006 a 26 de agosto de 2010
(información que se puede verificar en la tabla 1).
169. En punto, se precisa que dicha prescripción no opera frente a los aportes
pensionales, por tratarse de derechos imprescriptibles e irrenunciables. Criterio que
coincide con lo definido por el juez de primera instancia.
170. Por último, la Sala no desconoce que la demandante afirma haber omitido
presentar las reclamaciones administrativas durante la ejecución de los contratos
de prestación de servicios por el temor de que la entidad no continuara vinculándola.
Sin embargo, dicha circunstancia no constituye una causal legal que suspenda,
interrumpa o haga inaplicable el fenómeno prescriptivo.
171. Con todo, la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, como se
explicó antes, ha precisado que, tratándose de controversias dirigidas al
reconocimiento de una relación laboral encubierta bajo contratos de prestación de
servicios, el término prescriptivo de tres años debe contabilizarse desde la
terminación del vínculo contractual cuya naturaleza se discute, salvo que exista una
solución de continuidad (de 30 días) que imponga el análisis independiente de
determinados periodos contractuales. Por consiguiente, el estudio de la prescripción
no puede excluirse por la sola manifestación de temor a represalias contractuales,
pero sí debe realizarse conforme a las reglas jurisprudenciales que rigen el asunto
y el cómputo del respectivo término extintivo; como en efecto se hizo en el presente
asunto.
3.5.4. El reconocimiento y pago prestaciones sociales y los aportes a pensión
a título de restablecimiento del derecho
172. En orden a lo anteriormente estudiado, la accionante tiene derecho al
reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones laborales
legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle. Para ello, se debe tomar
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como base el salario de un empleado de planta, para el periodo de vinculación entre
el 7 de octubre de 2002 y el 13 de diciembre de 2014, salvo las interrupciones.
173. En cuanto a la base para la liquidación de las prestaciones sociales cuyo pago
se ordena como consecuencia de la declaratoria de la existencia de la relación
laboral, se señala que por regla general y en virtud del principio a trabajo igual
salario igual, contrario a lo definido por el Tribunal, debe corresponder al salario de
un empleado de planta que desarrollara sus mismas funciones o equivalentes, por
todos los periodos laborados.
174. La parte demandada debe calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional, que corresponde a los salarios de un empleado de planta que haya
desarrollado las mismas funciones de la accionante en todo el periodo de
vinculación, del 7 de octubre de 2002 al 13 de diciembre de 2014, salvo
interrupciones. La entidad debe cotizar al respectivo fondo pensional el porcentaje
que le correspondía como empleador, conforme lo ordenó la sentencia impugnada.
175.En punto, se aclara que esta corporación en su jurisprudencia ha
señalado que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las
formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral
subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede otorgar al accionante
la calidad de empleado público»51, lo que no impide que se reconozcan las
prestaciones reclamadas en virtud del aludido principio de «a trabajo igual salario
igual».
176. De conformidad con lo expuesto, hay lugar a modificar el numeral tercero de
la sentencia de primera instancia, en tanto la parte demandada deberá tomar como
referencia para la liquidación de las prestaciones ordenadas, el salario de un
empleado de planta que haya desarrollado funciones iguales o equivalentes a las
que ejecutó la demandante, del 8 de febrero de 2011 al 13 de diciembre de 2014,
salvo las interrupciones, y solo en caso de no acreditarse dicha equivalencia, se
acudirá a los honorarios pactados mientras laboró con ocasión a los contratos de
prestación de servicios.
177. Por último, se adicionará el numeral tercero, en el sentido de aclarar que la
entidad deberá efectuar la liquidación respecto de los aportes a pensión del 7 de
octubre de 2002 al 13 de diciembre de 2014, salvo las interrupciones, con
fundamento en la remuneración correspondiente a un empleo de planta cuyas
funciones sean iguales o equivalentes a las desempeñadas por la demandante o,
en ausencia de este, con base en los honorarios pactados en los respectivos
contratos de prestación de servicios.
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, exp. 66001-23-
33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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3.6. Conclusión de la decisión
178. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la demandante acreditó
la existencia de una relación laboral entre el 7 de octubre de 2002 y el 13 de
diciembre de 2014 en la prestación del servicio como instructora del Sena. En
efecto, demostró la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación continua. No obstante, operó la prescripción de lo causado con
anterioridad al 8 de febrero de 2011, dada la solución de continuidad en los
contratos suscritos con anterioridad a tal fecha.
179. La Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada, en el sentido de
modificar y adicionar el numeral tercero. Ello, por cuanto, las prestaciones y los
aportes a pensión deberán ser liquidados sobre la base de lo devengado por un
empleado de planta, o los honorarios pactados en los contratos suscritos, pero esto
último solo en caso de que no se acredite la existencia de un cargo con funciones
iguales o equivalentes a las desempeñadas.
4. Costas
180. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 52 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 1 de junio de
52 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad
con las razones expuestas en este proveído.
Segundo. Modificar y adicionar el numeral tercero de la sentencia impugnada, el
cual quedará así:
TERCERO. CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, al SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, a reconocer y pagar a la señora DORIS
CRISTINA GÓMEZ MOLINA una indemnización que se cuantifica con el valor de las
prestaciones sociales de orden legal, incluidas las cesantías y los intereses a las
cesantías que debió recibir la demandante y que por la irregular vinculación no fueron
pagadas; tomando como base el salario de un empleado de planta que haya
desarrollado funciones iguales o equivalentes a las que ejecutó la demandante, del 8
de febrero de 2011 al 13 de diciembre de 2014, salvo las interrupciones, y solo en
caso de no acreditarse dicha equivalencia, se acudirá a los honorarios pactados
mientras laboró con ocasión a los contratos de prestación de servicios, y que se
compute ese tiempo para efectos pensionales.
Asimismo, la entidad condenada deberá tomar el IBC de la demandante y verificar
ante la respectiva Administradora de Fondos Pensionales, si existió diferencia entre
los aportes pensionales que se debieron efectuar y los efectivamente realizados, por
todo el tiempo en que la señora DORIS CRISTINA GÓMEZ MOLINA desarrolló
labores en el SENA (7 de octubre de 2002 al 13 de diciembre de 2014), salvo las
interrupciones, y en caso de ser así, cotizar al fondo la suma faltante en el porcentaje
que le corresponda como empleador. Lo anterior, tomando como base para la
liquidación el salario de un empleado de planta que haya desarrollado
funciones iguales o equivalentes a las que ejecutó la demandante y solo en caso de
no acreditarse dicha equivalencia, se acudirá a los honorarios pactados mientras
laboró con ocasión a los contratos de prestación de servicios. Todo ello, de
conformidad con lo expuesto en esta sentencia.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
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Demandante: Doris Cristina Gómez Molina
Demandado: Sena
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
42
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