República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00203-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203-01 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-
Tema: relación laboral encubierta Subtema 1: instructor del SENA. Subtema 2:
elementos de la relación laboral. Subtema 3: carga de la prueba. Subtema 4:
prescripción.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas el 15 de octubre de 2024, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Héctor Fabio Jaramillo Posada solicitó la nulidad del Oficio 2-2017-003182
del 27 de julio de 2017, mediante el cual el SENA negó el reconocimiento de la relación
laboral que, según afirmó, estuvo encubierta derivada del ejercicio de sus funciones
como instructor entre 2007 y 2014, al servicio de la entidad demandada.
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al encontrar
acreditados los elementos de la relación laboral encubierta: la prestación personal del
servicio, la subordinación y la remuneración periódica reconocida a la demandante
como contraprestación por su labor.
Esta Subsección confirmará la decisión de primera instancia por haber demostrado el
demandante los presupuestos de la relación laboral encubierta.
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Héctor Fabio Jaramillo Posada, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje1, con las siguientes pretensiones2:
2. Que se declare la nulidad del Oficio 2-2017-0031882 del 27 de julio de 2017,
por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, la
devolución de dineros por retención en la fuente, el pago de bonificación por servicios,
el subsidio familiar, el auxilio de transporte, el auxilio de alimentos, los aumentos
salariales, las horas extras, los recargos nocturnos, los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud y Pensión, entre otros, con ocasión de la relación laboral.
3. A título de restablecimiento del derecho que se declare la existencia de una
relación laboral entre las partes, por el periodo comprendido entre octubre de 2007
hasta agosto de 2014.
4. Como consecuencia de lo anterior condenar al SENA al reconocimiento y pago
de las primas de servicio; vacaciones; cesantías; intereses a las cesantías; primas de
vacaciones; primas de navidad; pago de las bonificaciones por ser servicios; pagos
del subsidio familiar; pago del auxilio de transporte; pago de auxilio de alimentos;
aumentos salariales legales; horas extras; recargos nocturnos; aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensión y Salud; devolución de pagos de retención en la fuente;
indemnización por daños materiales, lucro cesante; la bonificación por servicios
prestados; el pago de cualquier beneficio económico adicional que reconozca el SENA
a sus empleados de planta; indemnización moratoria prevista en la Ley 244 de 1995;
devolución de los dineros que pagaron por concepto de pólizas de cumplimiento;
perjuicios morales e indemnización por daños materiales y emergente.
5. Asimismo, solicitó que las sumas reconocidas fueran debidamente indexadas
de conformidad con el índice de precios al consumidor; el cumplimiento de la sentencia
en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3.
6. Condenar a la entidad demandada al pago de costas y agencias en derecho.
2.1.1. Hechos
7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
1 En adelante SENA.
2 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 006ED_C01Principal_004DEMANDA; pdf
010ED_C01Principal_008ESCRITOSUBSANACION; pdf 019ED_C01Principal_017ESCRITOSUBSANACION.
3 En adelante CPACA.
2
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
8. El señor Héctor Fabio Jaramillo Posada prestó sus servicios profesionales
como instructor docente en el SENA, entre octubre de 2007 y agosto de 2014,
mediante la celebración de los siguientes contratos.
No. Contrato Fecha inicio Fecha final Valor contrato
1 228 16/10/2007 21/12/2007 $6.151.678
2 063 13/08/2008 20/12/2008 $12.448.897
3 063 12/03/2008 12/08/2008 $12.448.897
4 081 01/04/2009 15/12/2009 $22.839.715
5 128 29/01/2010 04/12/2010 $25.602.000
6 264 14/07/2011 16/12/2011 $11.451.539
7 238 09/07/2012 11/12/2012 $15.259.200
8 067 20/01/2012 30/06/2012 $13.953.333
9 303 23/01/2013 10/12/2013 $32.666.656
10 390 20/01/2014 31/08/2014 $23.489.080
Tabla tomada de la demanda.
9. Indicó que, para la prestación de los servicios como instructor docente,
constituyó varias pólizas de cumplimiento. Que los contratos fueron ejecutados en
varios municipios entre los que se encuentra La Dorada, Marquetalia, Victoria,
Norcasia, entre otros.
10. Refirió que durante el desarrollo de los contratos de prestación de servicios se
configuraron los tres elementos esenciales de un contrato laboral: i) actividad personal
realizada por el trabajador; ii) la subordinación o dependencia respecto al empleador
y iii) un salario como retribución del servicio.
11. Expuso que en la reclamación administrativa que realizó ante el SENA, solicitó
el reconocimiento de la existencia de la relación laboral encubierta, así como el pago
de sus prestaciones sociales y demás emolumentos.
12. Añadió que, en el cargo como instructor en el SENA, realizó las siguientes
funciones que demuestran la subordinación:
«a.- Portar el delantal distintivo de los "empleados regulares" del SENA (el SENA solo
lo proporciona al personal de planta).
b.- Cumplir los horarios entregados por la coordinación académica y el interventor en
el municipio dispuesto por la entidad.
c.- Al finalizar cada trimestre se debía cargar en el aplicativo SENA SOFIA PLUS las
notas de cada aprendiz, realizar y entregar la planeación de actividades del siguiente
trimestre.
d.- Soportar las visitas que la coordinación académica y el interventor asignado le
realizaban a los ambientes de aprendizaje para realizar evaluación de la labor
desempeñada.
e.- Soportar la verificación del cumplimiento de los horarios y el porte de delantal y
carnet por parte mía».
13. Aunado a lo expuesto, refirió el contenido de la cláusula cuarta del contrato de
prestación de servicios #390 de 2014, numeral 8, que establecía como una de las
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Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
obligaciones del contratista: «Permanecer identificado con su carné dentro de las
instalaciones del SENA y dictar las clases con el delantal puesto u overol que haya
sido asignados por la Subdirección del Centro».
14. Manifestó que el SENA le remitía correos electrónicos con instrucciones
obligatorias sobre el desarrollo de sus funciones, lo cual, a su juicio, constituye una
prueba de la subordinación.
15. Añadió que pagaba lo concerniente a la seguridad social, en especial los
aportes a pensión. Que la entidad accionada no le pagó los dineros por concepto de
prestaciones sociales, lo cual generó una vulneración al derecho a la igualdad en
relación con los empleados del SENA de planta los cuales si recibieron oportunamente
sus prestaciones. No obstante, refirió que, pese a la denominación de contrato de
prestación de servicios, la entidad si le reconoció algunas prestaciones propias de los
empleados de planta como son: i) subsidio de transporte; ii) subsidio de hospedaje; y
iii) auxilio de transporte cuando debía desplazarse a municipios cercanos.
16. Adujo que no se le ha pagado ninguna bonificación, pese a haber realizado las
mismas funciones que los instructores de planta. Y que mediante Oficio 2-2017-
003182 del 27 de julio de 2017, la entidad accionada, no accedió a lo pretendido por
el actor.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
17. El demandante citó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 13, 16, 25, 29,
53, 122 y 209 de la Constitución Política; 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.
18. Reiteró que las funciones ejercidas como instructor eran análogas a las
desarrolladas por los instructores de planta de la entidad accionada, lo cual constituyó
un contrato laboral al configurarse los tres elementos esenciales como son: i) actividad
personal realizada por el trabajador; ii) la continua subordinación o dependencia del
trabajador; y iii) el salario como retribución del servicio.
19. Consideró que el acto acusado incurrió en las causales de nulidad de: (i) falsa
motivación, pues si bien los contratos se suscribieron bajo la apariencia de legalidad
propia de la contratación directa prevista en la Ley 80 de 1993 y la Ley 909 de 2004,
en su ejecución se desnaturalizaron debido al sometimiento patronal al que estuvo
sujeto el señor Jaramillo Posada; (ii) desviación de poder, toda vez que el SENA en
lugar de cumplir su deber de proteger los derechos laborales del actor, dada la relación
laboral real existente—, le negó las prestaciones sociales que le correspondían,
valiéndose de su posición dominante frente al demandante.
20. Manifestó que el SENA desatendió el precedente jurisprudencial fijado por la
Corte Constitucional y por el Consejo de Estado en materia de contratos de prestación
de servicios y existencia de relaciones laborales encubiertas, toda vez que la entidad
acudió reiteradamente a esta modalidad contractual como mecanismo para evadir el
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
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Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
reconocimiento de los derechos laborales que legítimamente le correspondían al
actor. Dicho proceder no solo vulneró sus derechos como trabajador, sino que también
desconoció el principio constitucional de igualdad, al ubicarlo en una situación de
desventaja frente a otros servidores que, con funciones de la misma naturaleza, sí
gozaban del reconocimiento de sus derechos prestacionales, pese a que la realidad
material de la relación entre el actor y la entidad correspondía, en esencia, a un
verdadero vínculo de carácter laboral.
2.2. Contestación de la demanda
21. El SENA contestó la demanda4, se opuso a las pretensiones y negó la
existencia de una relación laboral encubierta.
22. Expresó que el acto acusado se expidió con sujeción a las actuaciones propias
del debido proceso. Manifestó que el actor prestó sus servicios a la entidad mediante
una serie de contratos de prestación de servicios, ejecutados de manera interrumpida
y sin que mediaran órdenes propias de una relación de subordinación. Precisó que, la
labor desarrollada por los supervisores de dichos contratos se circunscribió al
cumplimiento de la función legal de vigilancia, asesoría, control y aprobación del
desarrollo contractual, sin que ello implicara el ejercicio de poder de dirección o
subordinación frente al contratista.
23. Manifestó que el demandante no estuvo sujeto a un horario de trabajo ni recibió
órdenes propias de una relación de subordinación laboral. Indicó que las instrucciones
impartidas, el seguimiento realizado y los informes presentados respondían a labores
de coordinación y supervisión contractual, indispensables para constatar el
cumplimiento de las obligaciones acordadas.
24. Resaltó que el pago de los «gastos de viaje» que el SENA efectuó a favor del
actor corresponde a un reconocimiento que se realiza a los contratistas para cubrir los
gastos de alojamiento y alimentación en que deban incurrir cuando desarrollen
actividades en un lugar diferente al de ejecución del contrato, lo cual, a su juicio, no
constituye un indicio de subordinación.
25. Insistió que el actor estuvo vinculado a la entidad mediante la suscripción de
contratos de prestación de servicios, celebrados de manera autónoma e
independiente, en los términos previstos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
normativa que regula este tipo de vinculación contractual con el Estado y que excluye,
en principio, la existencia de subordinación laboral. Agregó que dichos contratos no
fueron ejecutados de manera continua e ininterrumpida, sino que entre uno y otro se
presentaron lapsos sin vinculación contractual, los cuales, a su parecer, desvirtúan el
carácter de permanencia que el demandante pretende atribuir a la relación
contractual, elemento que resulta determinante para descartar la configuración de un
4 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 029_CONTESTACIÓN DEMANDA.
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Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
verdadero contrato realidad.
26. Consideró que su representada no estaba obligada al pago de la seguridad
social, pues se trata de una obligación legal de todos los contratistas independientes
de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, modificatorio
del artículo 15 de la Ley 100 de 1993.
27. Propuso las excepciones: i) prescripción; ii) inexistencia de manifestación por
el accionante de desequilibrio contractual; iii) inexistencia de los elementos propios
del contrato realidad, consecuentemente inexistencia del vínculo o relación laboral; iv)
interrupción contractual; v) cobro de lo no debido; vi) caducidad de la acción; vii)
compensación; y viii) genérica.
2.3. Sentencia de primera instancia
28. El Tribunal Administrativo de Caldas, profirió sentencia el 15 de octubre de
20245, en los siguientes términos:
[…]
Segundo. DECLÁRASE la nulidad del Oficio n° 2-2017-003182 expedido por el
Director SENA Regional Caldas y con el cual negó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales solicitadas por la parte actora con ocasión de la existencia de
una verdadera relación laboral entre las partes.
Tercero. DECLÁRASE la existencia de una relación laboral encubierta o contrato
realidad entre el señor Héctor Fabio Jaramillo Posada y el SENA, por la duración de
los contratos con ocasión de los cuales se desempeñó como instructor de dicha
entidad, esto eso, por los periodos comprendidos entre el 16 de octubre de 2007 y el
21 de diciembre de 2007, el 12 de marzo de 2008 y el 12 de agosto de 2008, el 13 de
agosto de 2008 y el 20 de diciembre de 2008, el 1 de abril de 2009 y el 15 de diciembre
de 2009, el 29 de enero de 2010 y el 4 de diciembre de 2010, el 10 de marzo de 2011
y el 2 de julio de 2011, el 14 de julio de 2011 y el 17 de diciembre de 2011, el 20 de
enero de 2012 y el 30 de junio de 2012, el 9 de julio de 2012 y el 11 de diciembre de
2012, el 23 de enero de 2013 y el 12 de diciembre de 2013 y, el 20 de enero de 2014
y el 20 de noviembre de 2014.
Cuarto. DECLÁRASE probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva de
los derechos laborales y prestaciones sociales derivadas de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre el señor Héctor Fabio Jaramillo Posada y el
SENA, causadas en relación con los periodos laborados con anterioridad al 10 de
marzo de 2011, excepto en lo relacionado con los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.
Quinto. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
CONDÉNASE al SENA a reconocer y pagar a favor del señor Héctor Fabio Jaramillo
5 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 72Sentencia.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
Posada las mismas prestaciones que hubiera percibido un empleado de planta del
SENA de igual o similar categoría, correspondientes al lapso por el cual se reconoce
la relación laboral — entre el 14 de julio de 2011 y el 20 de noviembre del 2014— y
que no incluye los períodos prescritos. Para la liquidación de tales prestaciones se
tomará como referencia el monto pactado como honorarios de cada contrato.
Sexto. DECLÁRASE que el tiempo laborado por el señor Héctor Fabio Jaramillo
Posada como instructor del SENA, bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios en los periodos en los cuales se demostró la existencia de una relación
laboral, se debe computar para efectos pensionales.
Séptimo. CONDÉNASE al SENA a tomar el Ingreso Base de Cotización o IBC
pensional de la partea actora (los honorarios pactados) dentro de la totalidad de
periodos reconocidos como laborados, mes a mes, y si existe diferencia entre los
aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión,
solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para lo anterior, el
demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de
Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron los referidos vínculos
contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia
en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que
le incumbía como trabajador.
Octavo. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.
[…]6
29. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:
30. Del acervo probatorio obrante en el plenario se lograron acreditar los tres
elementos constitutivos de una relación laboral y los extremos temporales en los
cuales se configuró.
31. Adicionalmente, se presentaron varias interrupciones entre la ejecución de los
contratos, así: entre los contratos núms. 228 de 2007 y 63 de 2008 transcurrieron 54
días hábiles; entre los contratos núms. 63 de 2008 y 81 de 2009, 68 días hábiles; y
entre los contratos núms. 128 de 2010 y 136 de 2011, 66 días hábiles. En
consecuencia, se configuró una solución de continuidad en dichos lapsos, los cuales
superaron el límite de 30 días hábiles previsto como parámetro para descartar dicha
solución de continuidad.
32. Consecuente con lo anterior, determinó que el término para contabilizar la
prescripción extintiva debía contabilizarse a partir de la finalización de cada uno de los
periodos laborados, así:
6 Se transcribe con errores de texto.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
PERIODO DE VINCULACIÓN FECHA DE PRESCRIPCIÓN
Del 16 de octubre de 2007 al 21 de diciembre 22 de diciembre de 2010
de 2007
Del 12 de marzo de 2008 al 20 de diciembre 21 de diciembre de 2011
de 2008
Del 1 de abril de 2009 al 4 de diciembre de 5 de diciembre de 2013
2010
Del 10 de marzo de 2011 al 20 de noviembre 21 de noviembre de 2017
de 2014
Tabla tomada de la sentencia de primera instancia.
33. Por consiguiente, y en razón a que la reclamación administrativa fue presentada
ante la accionada el 28 de marzo de 2017 (sic), concluyó que se configuró el fenómeno
prescriptivo respecto a los periodos anteriores al 10 de marzo de 2011.
34. Agregó, una vez finalizado el contrato núm. 128 de 2010 —el 4 de diciembre
de ese año—, el demandante contaba con un término de tres años, es decir, hasta el
5 de diciembre de 2013, para presentar la respectiva reclamación, y sin embargo, solo
la formuló el 28 de marzo de 2017.
35. En relación al restablecimiento del derecho, el fallador de primera instancia
condenó al SENA a reconocer y pagar las mismas prestaciones sociales reconocidas
a un empleado de planta en el mismo cargo ejercido por el actor, por el lapso en el
que reconoció la relación laboral, esto es, entre el 14 de julio de 2011 y el 20 de
noviembre de 2017.
36. Refirió que como los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones son
imprescriptibles, se deben computar para efectos pensionales, los periodos en los que
se demostró la relación laboral entre las partes.
37. En lo concerniente a la pretensión orientada a obtener la devolución de los
aportes efectuados por concepto de salud y riesgos profesionales, precisó que resulta
improcedente, conforme a lo señalado en la sentencia de unificación proferida por esta
Corporación el 9 de septiembre de 2021.
38. En cuanto a la solicitud de la devolución de las sumas retenidas en la fuente
por concepto de impuesto de renta; el Tribunal señaló que tal pretensión es
improcedente, pues la declaratoria de la relación laboral no le confiere un tratamiento
tributario especial, ya que la retención en la fuente se aplica tanto a contratistas como
a empleados y constituye un pago anticipado del impuesto de renta conforme al
artículo 367 del Estatuto Tributario, por lo que su discusión debió plantearse ante la
administración tributaria en la respectiva declaración de renta.
39. El juez de primera instancia no accedió al reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, para lo cual citó jurisprudencia de esta
Corporación en la que se indica que la obligación de reconocer y pagar las cesantías
solo surge a partir de la declaración judicial de la relación laboral, razón por la cual no
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
resultaba procedente acceder a la indemnización moratoria solicitada. Tampoco
accedió al reconocimiento de la sanción moratoria por falta de pago, prevista en el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ni a la devolución de las sumas pagadas
por concepto de pólizas de cumplimiento.
2.4. Recurso de apelación
40. El SENA interpuso recurso de apelación7 contra la sentencia de primera
instancia proferida el 15 de noviembre de 2024 (sic)8, bajo los siguientes argumentos.
41. Adujo que el fallador de primera instancia, al desestimar la excepción de
prescripción, se fundamentó en lo dispuesto en la sentencia del 9 de septiembre de
2021, mediante la cual se estableció un término de treinta (30) días hábiles entre la
finalización de un contrato y el inicio del siguiente, como parámetro para determinar la
ausencia de solución de continuidad. Agregó que el juez de primera instancia declaró
la prescripción de las pretensiones derivadas de los contratos celebrados con
anterioridad al 15 de febrero de 2016 (sic).
42. Sin embargo, precisó que, mediante la aclaración a la sentencia de unificación
del 11 de noviembre de 2021, se estableció que la regla de los treinta (30) días hábiles
no tiene carácter absoluto, sino que su aplicación depende de la configuración de los
tres elementos propios del contrato de trabajo. Circunstancia que, a su juicio, no se
acreditó en el presente caso, por lo que la interrupción entre contratos podía ser
inferior a dicho término, según las particularidades y necesidades de cada relación
contractual.
43. Advirtió que el Tribunal omitió efectuar un análisis riguroso y detallado del
material probatorio allegado al expediente, a partir del cual no era posible establecer
la concurrencia de los elementos constitutivos de la relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración.
44. Agregó que de los testimonios recaudados no es posible extraer hechos
concretos y determinados en tiempo, modo y lugar, por lo que su contenido se limita
a relatar la experiencia personal de cada declarante, sin aportar elementos de
convicción suficientes para acreditar la existencia de una relación laboral. En ese
sentido, sostuvo que la declaratoria del contrato realidad exige un acervo probatorio
sólido y contundente, de modo que el simple desempeño de funciones propias de la
misión institucional del SENA no resulta suficiente para demostrar su configuración,
pues, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que esta se estructure
es necesario que aquellas hayan sido ejecutadas de manera continua e ininterrumpida
durante la vigencia del vínculo contractual.
45. Manifestó que las pretensiones de la demanda deben ser desestimadas, en
razón al incumplimiento de la carga de la prueba por parte del actor, de conformidad
7 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 074.
8 15 de octubre de 2024.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso.
46. Finalmente argumentó que, en el presente asunto, se encuentra desvirtuada la
subordinación alegada por el demandante, toda vez que quedaron demostrados los
elementos propios del contrato de prestación de servicios, en particular la
temporalidad y la accidentalidad o transitoriedad con que fueron suscritos los
contratos entre las partes.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
47. Mediante auto del 25 de febrero de 20259, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por el SENA. En la misma providencia, se dispuso la
notificación personal del Procurador Delegado ante esta Corporación, así como de las
demás partes procesales. Cumplidas las actuaciones de notificación ordenadas, el
expediente ingresó al despacho para efectos de dictar la correspondiente decisión de
segunda instancia.
48. El demandante allegó escrito10 en el que se pronunció sobre los fundamentos
de recurso de apelación presentado por la accionada. Sostuvo que, en su caso, se
encuentran acreditados los elementos de la relación laboral, en la medida en que la
actividad que desarrolló desbordó el ámbito propio del contrato de prestación de
servicios y se enmarcó en un vínculo laboral, conforme a la jurisprudencia de esta
Corporación.
49. Añadió que el SENA no puede justificar la utilización de órdenes de prestación
de servicios en la supuesta falta de planta, dado que las funciones ejecutadas
corresponden a necesidades permanentes de la entidad, lo que demuestra el uso
inadecuado de dicha figura contractual para encubrir un vínculo laboral.
50. En cuanto a la prescripción, destacó que no resulta procedente su aplicación,
puesto que los derechos reclamados solo se tornan exigibles a partir de la decisión
judicial que declare la existencia de la relación laboral. En consecuencia, antes de tal
pronunciamiento no existen derechos ciertos sino meras expectativas, las cuales no
son susceptibles de extinción por el fenómeno prescriptivo.
51. Con base en lo anterior y no sin antes referir que conforme a la jurisprudencia
del Consejo de Estado, la prescripción solo puede computarse desde la ejecutoria de
la sentencia que reconoce el derecho, solicitó la confirmación del fallo de primera
instancia.
52. Se advierte que el Ministerio Público guardó silencio en esta instancia.
9 Samai, índice 005.
10 Samai, índice 009.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
3. Consideraciones
3.1. Competencia
53. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
54. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y debido a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad
con el artículo 32811 del CGP, corresponde a la Sala definir si:
55. ¿Acreditó el demandante la existencia de la relación laboral encubierta
mediante la celebración de los contratos de prestación de servicios que suscribió con
la entidad demandada?
56. En caso afirmativo, ¿operó el fenómeno de la prescripción respecto de los
derechos laborales y prestacionales reclamados por el accionante?
57. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) relación laboral encubierta; (ii) distinción entre coordinación y
subordinación; (iii) la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de
subordinación; (iv) naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del
SENA y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad; (v) hechos
probados; y (vi) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos formulados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
58. La jurisprudencia unificada de esta Corporación12 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.
59. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
60. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
61. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».
62. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en conjunto
bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación
continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje
formal del contrato de prestación de servicios.
63. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en
reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son
elementos indicativos de la subordinación que las actividades contratadas
correspondan al objeto misional de la entidad con funciones equivalentes a los
empleados de planta de personal.
64. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
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empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»13.
65. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con
el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»14.
66. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes
o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados»15.
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales»16.
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados17.
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
13 Idem.
14 Idem.
15 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
16 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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67. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del
9 de septiembre de 202118 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos
«no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales
de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y
reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma
subordinada funciones misionales, permanentes y propias del personal de planta,
debe reconocerse la existencia de una relación laboral encubierta.
68. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
69. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
70. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
(i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
(ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.
(iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la
práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar si
lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».
3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación
71. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»19.
72. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202120, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados21».
73. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación
laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que
desarrollan los empleados de planta.
19 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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74. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Incluso en profesiones liberales
(como abogados), puede haber subordinación si se pierde la autonomía técnica propia
de la contratación independiente. Para mejor ilustración se traen a colación los apartes
pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá
de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,22 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas
labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
22 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
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incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación
75. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia ha
expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato
de prestación de servicios.
76. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello,
ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que las pruebas se
practiquen o se aporten»23, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167
del CGP consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee
en consonancia con el artículo 167 idem que regula el principio de necesidad de la
prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso».
77. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.
78. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»24, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del
mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»25.
79. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual
remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la
sana crítica (art. 176 CGP).
23 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
24 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
25 Ibidem.
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80. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
81. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto
de prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre
la contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.3.4. Naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del SENA
y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad
82. El Gobierno nacional expidió el Decreto 118 de 1957, por medio del cual creó
el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—26, que de conformidad con el Decreto
164 de 195727, se encargaría de dar formación profesional a los trabajadores jóvenes
y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería.
83. La anterior normativa fue subrogada por el Decreto 3123 de 1968 28, en el que
se estableció dentro de sus funciones la formación profesional a los trabajadores de
todas las actividades económicas y en todos los niveles del empleo.
84. Más adelante, mediante el Decreto 2149 de 199229, el SENA se reestructuró.
En tal sentido, se definió que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como funciones, entre otras, se le asignó:
el diseñar y mantener un servicio nacional de aprendizaje que se ajuste a las
disposiciones que regulan el contrato de aprendizaje; y adelantar, previa aprobación
de las autoridades competentes, programas de formación tecnológica y técnica
profesional.
85. El anterior decreto fue derogado por la Ley 119 de 199430, en la que se mantuvo
la naturaleza jurídica de la entidad, y dispuso que su misión radica en «intervenir en
el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando
la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y
tecnológico del país». Además, se estableció que el SENA tendría como objetivo, «dar
26 Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA.
27 Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA) y se dictan otras disposiciones.
28 Por el cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA).
29 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
30 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se
dictan otras disposiciones.
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formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas,
y a quienes, sin serlo, requieran dicha formación», entre algunos otros.
86. Bajo esas consideraciones, se advierte que la entidad se encuentra adscrita al
Ministerio de Trabajo y tiene como misión la formación y capacitación de aprendices.
Así, aun cuando no está subordinada al Ministerio de Educación, lo cierto es que
ejerce una labor docente con el fin de poder desarrollar los programas de formación
de educación no formal que ofrece31.
87. Aclarado lo anterior, se destaca que dentro de los empleos de la planta de
personal del SENA se encuentran los instructores, grupo que según el artículo 2 del
Decreto 1424 de 199832 «comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de coordinación
académica de la formación e investigación aplicada». En punto, se señala que
conforme con el manual específico de funciones, contenido en la Resolución 986 del
25 de mayo de 200733 (vigente entre el año 2007 y 2015), los instructores tienen las
siguientes funciones:
II. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el
programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en
las características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares
vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de
conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual
de Procedimientos para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo
con el Manual de Evaluación vigente.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13
de junio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya.
32 Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio Nacional
de Aprendizaje-SENA.
33 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los
empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
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7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo.
88. El anterior manual de funciones se actualizó en el año 2015, cuando se expidió
la Resolución 1302 del 8 de julio del mismo año34, y en el año 2017 al proferirse la
Resolución 1458 del 30 de agosto de 201735, en la que se establecieron las funciones
de los instructores en diferentes áreas temáticas. Para el caso en estudio, resulta
importante traer a colación aquellas dispuestas para quienes se desempeñan en el
área temática de finanzas, que son:
PROPOSITO PRINCIPAL
Impartir formación profesional integral, de conformidad con los niveles de formación y
modalidades de atención, políticas institucionales, la normatividad vigente y la
programación de la oferta educativa.
DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles
de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los
lineamientos institucionales, para el área temática de Finanzas.
2. Participar en la construcción del desarrollo curricular que exige el programa y el perfil
de los sujetos en formación, de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el
área temática de Finanzas.
3. Ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los resultados
de aprendizaje definidos en los programas de formación y de acuerdo con el desarrollo
curricular relacionado con el área temática de Finanzas.
4. Evaluar los aprendizajes de los sujetos en formación y los procesos formativos de
acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos, relacionados con los
programas de formación del área temática de Finanzas.
5. Participar en el diseño curricular de programas de formación profesional conforme
a las necesidades regionales y los lineamientos institucionales requeridos por el área
temática de Finanzas.
6. Participar en proyectos de investigación aplicada técnica y/o pedagógica en función
de la formación profesional en programas relacionados con el área temática de
Finanzas.
7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, según el área de
desempeño y la naturaleza del cargo.
89. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 1 de
septiembre de 201436, definió que, como la función del SENA, a través de sus
34 Por la cual se actualiza y reúne en un solo conjunto de leyes el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales de los empleados de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
35 Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de
la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de septiembre de 2014, proceso con radicado 20001-23-
31-000-2011-00503-01(3517-2013). M.P. Alfonso Vargas Rincón
20
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
instructores, se dirige a la formación integral, profesional o laboral certificada de sus
estudiantes, por su naturaleza la entidad se encuentra en el sistema de educación no
formal. Ello, en los siguientes términos:
[…] la función prestada por el SENA a través de los Instructores se orienta a una
formación integral, profesional y laboral certificando a sus estudiantes, o sea, que
por estas características y su naturaleza se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace parte de los
niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de
1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de la
definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación. (Se destaca)
90. Así, toda vez que el SENA ejecuta una actividad académica, el contenido de
sus programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119
de 199437, debe ceñirse a la normativa aplicable, esto es, a la Ley 30 de 199238. Sobre
el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación 39, concluyó lo
siguiente:
La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4
permite al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional,
en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.
Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:
i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a los
trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.
ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo cual
es concordante con la ley 30 de 1992, y,
iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico de
esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.
Esto último significa que, en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga
a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la ley 30 de
1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la ley 749 de
2002.
37 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
38 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
39 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de 2010, proceso con
radicado 11001-03-06-000-2010-00089-00. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
21
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión
específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe
agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio.
De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica y
técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes 30 y 749 sobre
el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y con la
naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin que
ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de
una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.
3.4. Hechos probados relevantes
91. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
92. El SENA Regional Caldas y el señor Héctor Fabio Jaramillo Posada
suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios:
N.º Objeto Valor Fecha Fecha
contrato inicial final
«Prestación de servicios profesionales, $6.151.678 16 de 21 de
228 de 9 como instructor impartiendo horas de octubre diciembre
de octubre formación profesional (asesoría, de 2007 de 2007
40
de 2007 formulación y acompañamientos en
planes de negocios, atendiendo a los
alumnos de los programas de Jóvenes
Rurales del Centro para la formación
Cafetera del SENA»
INTERRUPCIÓN: 54 DÍAS HÁBILES
63 de 7 de «Prestación de servicios personales $12.448.897 12 de 12 de
marzo de como instructor contratista impartiendo marzo agosto de
200841 horas de formación (asesoría, de 2008 2008
formulación y acompañamientos en
planes de negocios, atendiendo a los
alumnos) para el programa de Jóvenes
Rurales del Centro Pecuario y
Agroempresarial del SENA»
SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD 0 DÍAS
40 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 19 al 21.
41 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 28 al 31.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
63 de 11 «Prestación de servicios personales $12.448.897 13 de 20 de
de agosto como instructor contratista impartiendo agosto diciembre
42
de 2008 horas de formación complementaria de 2008 de 2008
(asesoría, formulación y
acompañamientos en planes de
negocios, atendiendo a los alumnos) en
el programa de Jóvenes Rurales del
Centro Pecuario y Agroempresarial del
SENA»
INTERRUPCIÓN: 68 DÍAS HÁBILES
81 de 30 «Prestación de servicios personales $22.839.715 1 de 15 de
de marzo como instructor contratista, impartiendo abril de diciembre
de 200943 aprendizaje complementario presencial 2009 de 2009
o virtual (asesoría, formulación y
acompañamientos en planes de
negocios, atendiendo a los aprendices)
del programa de Jóvenes Rurales
Emprendedores del Centro Pecuario y
Agroempresarial del SENA»
SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD 29 DÍAS
128 de 28 «Prestación de servicios profesionales $25.602.000 29 de 4 de
de enero para desarrollar el componente técnico enero diciembre
de 201044 y empresarial para el montaje de cinco de 2010 de 2010
(5) unidades productivas, en el área
Agrícola, en el marco del Programa
Jóvenes Rurales Emprendedores, en el
departamento de Caldas, por periodo
fijo para la ejecución de los proyectos»
INTERRUPCIÓN: 66 DÍAS HÁBILES
136 de 7 «Prestar servicios profesionales para $8.457.673 10 de 02 de julio
de marzo desarrollar el componente técnico y marzo de 2011
de 201145 empresarial para el montaje de de 2011
unidades productivas, en el área
Agrícola, en el marco del programa
Jóvenes Rurales Emprendedores, en el
departamento de Caldas, por períodos
fijos para la ejecución de los proyectos»
SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD 8 DÍAS HÁBILES
264 de 11 «Prestar servicios profesionales para $11.451.539 14 de 16 de
de julio de desarrollar el componente técnico y julio de diciembre
201146 empresarial para el montaje de tres (3) 2011 de 2011
unidades productivas, en el área de
42 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 22 al 25.
43Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 33 al 36.
44 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 38 al 41.
45 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 43 al 47.
46 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 62 al 66.
23
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
agricultura orgánica en el marco del
programa Jóvenes Rurales
Emprendedores, en el departamento de
Caldas y Boyacá, por períodos fijos
para la ejecución de los proyectos»
SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD 23 DÍAS HÁBILES
67 de 18 «Prestar servicios profesionales para $13.953.333 20 de 30 de junio
de enero desarrollar la formación y el proyecto enero de 2012
de 201247 productivo, para el montaje de 4 de 2012
unidades productivas, en el área de
Producción Agrícola, en el marco del
Programa Jóvenes Rurales
Emprendedores, en los departamentos
de Caldas y Boyacá»
SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD 4 DÍAS HÁBILES
238 de 29 «Prestar los servicios profesionales de $15.259.200 9 de 11 de
de junio carácter temporal para desarrollar la julio de diciembre
de 201248 formación y el proyecto productivo, para 2012 de 2012
el montaje de 3 unidades productivas,
en el área Producción Agricola, en el
marco del Programa Jóvenes Rurales
Emprendedores, en el departamento de
Caldas y el municipio de Puerto
Boyacá»
SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD 27 DÍAS HÁBILES
303 de 18 «Prestar servicios profesionales para $32.666.656 23 de 10 de
de enero desarrollar la formación y el proyecto enero diciembre
de 201349 productivo, para el montaje de 7 de 2013 de 2013
unidades productivas, en el área de
Producción Agrícola, en el marco del
Programa Jóvenes Rurales
Emprendedores, en el área de
cubrimiento del centro, para la
ejecución de los proyectos»
SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD 25 DÍAS HÁBILES
390 de 16 «Prestar servicios profesionales de $23.489.080 20 de 31 de
de enero carácter temporal como instructor enero agosto de
de 201450 técnico para crear y fortalecer unidades de 2014 2014
productivas rurales sostenibles en el
área de Producción Agrícola, y demás
áreas de su competencia, mediante
acciones de formación y de
fortalecimiento en el marco del
47 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 49 al 54.
48 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 56 al 60.
49 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 68 al 72.
50 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 75 al 82.
24
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
programa Jóvenes Rurales
Emprendedores»
Fin de la relación contractual
Tabla realizada por la Sala.
93. De acuerdo con los contratos relacionados en el cuadro anterior, el demandante
desarrolló principalmente actividades de formación profesional en el área de
producción agrícola. Para ello, debía realizar actividades de formación y tutoría para
la ejecución y consolidación de dichos proyectos51.
94. En varios de los contratos asumió, además, obligaciones consistentes en
reportar en el sistema Sofía Plus, dentro de un plazo máximo de tres (3) días, todas
las actividades correspondientes a los procesos bajo su responsabilidad, entre ellas:
i) el registro de juicios evaluativos; ii) la creación de rutas y la asociación de
aprendices; iii) el registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes
previos; y iv) la comunicación al coordinador académico de anomalías, inconsistencias
o novedades52.
95. Asimismo, el contratista se comprometió a prestar sus servicios como instructor
por un periodo determinado. Del mismo modo, debía entregar, en las fechas fijadas
por el SENA, los reportes estadísticos y registros inherentes al proceso de formación,
conforme al pensum y a los contenidos definidos por dicha entidad53.
96. También le correspondía desarrollar las actividades adicionales propias de su
labor como instructor que resultaran necesarias para la adecuada ejecución de los
contratos, en los lugares previamente definidos por el SENA. De la misma manera, se
encontraba obligado a prestar sus servicios con criterios de eficiencia y calidad, en
observancia de los lineamientos institucionales y de las exigencias propias del proceso
de formación.
97. El señor Héctor Fabio Jaramillo Posada presentó reclamación ante el SENA el
4 de julio de 201754, con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral
que, en su criterio, se encubrió mediante la celebración de varios contratos de
prestación de servicios, así como el reconocimiento de las prestaciones sociales55 por
el período comprendido entre 2007 y 2014.
98. El SENA negó la solicitud mediante el Oficio 2-2017-003182 del 27 de julio de
51 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA.
52 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 70 y 79.
53 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA.
54 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 006ED_C01Principal_004DEMANDA, folios 43 al 52.
55 Entre las que se encuentran: primas de servicio, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas de
vacaciones, primas de navidad, pago de las bonificaciones por servicios, pago de subsidio familiar, auxilio de
transporte y alimentos, horas extras y recargos nocturnos, entre otros.
25
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
201756,al considerar que la vinculación del actor respondió a contratos independientes
e interrumpidos en el tiempo, los cuales en ningún caso generaron relación laboral, ni
prestaciones sociales.
3.5. Caso concreto
99. El presente asunto se circunscribe a establecer si entre el demandante y el
SENA se configuró una relación laboral encubierta y, en caso afirmativo, si le asiste el
derecho al reconocimiento y pago de las acreencias laborales derivadas de dicho
vínculo. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Sin
embargo, la entidad accionada discrepa de tal decisión y no comparte el análisis que
se efectúo en punto a la excepción de prescripción bajo las reglas de la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, pues, en su criterio, se desconoció la
aclaración que se hizo de la misma y que estableció que los treinta (30) días hábiles
no tienen carácter absoluto, sino que su aplicación depende de la configuración de los
tres elementos propios de un contrato de trabajo.
100. Adicionalmente el recurrente, argumentó que el fallador de primera instancia
omitió efectuar un análisis riguroso y detallado del material obrante en el plenario.
Igualmente, expuso que de los testimonios recaudados no acreditaron la concurrencia
de los elementos constitutivos de la relación laboral. En este sentido, refirió que las
pretensiones de la demanda deben ser desestimadas en razón al incumplimiento de
la carga de la prueba por parte del actor.
101. En ese contexto, la Sala adoptará la siguiente metodología: primero, identificará
y valorará las pruebas relevantes para resolver los reparos formulados en el recurso
de apelación. Luego, determinará si, durante la ejecución de los contratos de
prestación de servicios, se configuró una relación laboral encubierta. En caso
afirmativo, analizará la prescripción.
102. Como se ha expuesto, el demandante insiste en que el SENA encubrió una
relación laboral mediante la celebración sucesiva de contratos de prestación de
servicios.
103. Al respecto, con el material probatorio recaudado se acreditó que las partes
celebraron 12 contratos de prestación de servicios, ejecutados entre el 16 de octubre
de 2007 y el 20 de noviembre de 2014. En términos generales, estos tuvieron por
objeto la prestación de servicios como instructor en las áreas agropecuaria y pecuario,
mediante el desarrollo de actividades de formación profesional, acompañamiento, así
como la creación, montaje y fortalecimiento de unidades productivas, principalmente
en el marco del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores.
104. No obstante, la contratación no se desarrolló de manera continua, pues entre
la terminación de algunos de los contratos y la celebración del siguiente se
56 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA.
26
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
presentaron interrupciones considerables.
105. Asimismo, se probó que, en ejecución de dichos contratos, al demandante le
fueron asignadas funciones relacionadas con la formación y el acompañamiento en
planes de negocios, la atención a los alumnos, la ejecución y el seguimiento de
proyectos productivos, y la presentación de planes orientados a garantizar la
sostenibilidad de tales proyectos, entre otras.
106. De otro lado, está probado que el señor Héctor Fabio Jaramillo Posada
presentó reclamación ante el SENA el 4 de julio de 201757, con el fin de que se
declarara la existencia de una relación laboral que, en su criterio, se encubrió mediante
la celebración de varios contratos de prestación de servicios, así como el
reconocimiento de las prestaciones sociales58 correspondientes al período
comprendido entre 2007 y 2014.
107. Por su parte, el SENA, negó dicha solicitud mediante el Oficio 2-2017-003182
del 27 de julio de 2017.
108. Ahora bien, además de los documentos allegados al proceso y relacionados en
el acápite de hechos probados relevantes, obran los testimonios de Gustavo Adolfo
Gallego Quintero, Álvaro Ernesto Díaz Buitrago y José Mauricio Herrera Castañeda,
solicitados por la parte demandante. Estas pruebas fueron practicadas por el Tribunal
en la audiencia celebrada el 15 de marzo de 202159.
109. De las pruebas testimoniales, se resalta los siguiente:
110. (i) Gustavo Adolfo Gallego Quintero60: manifestó que se encontraba vinculado
al SENA como contratista y que conoció al demandante desde aproximadamente el
año 2011. Indicó que el actor trabajaba desde el 2007 o 2008 y que coincidió con él
hasta el 2014, fecha en la que el demandante se retiró de esa entidad.
111. Narró que laboraron en el mismo programa Jóvenes Rurales Emprendedores y
el actor se desempeñaba como instructor en el área agrícola. Precisó que el horario
era de lunes a domingo, de 7:00 am a 4:00 pm; o de 8:00 am a 5:00 pm y que dicho
horario debía coordinarse no solo con el SENA, sino también con las personas que
tomaban el curso.
112. El declarante explicó que había un líder del programa, a quien se remitían los
reportes de horas y la programación mensual. Señaló que también contaban con un
57 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 006ED_C01Principal_004DEMANDA, folios 43 al 52.
58 Entre las que se encuentran: primas de servicio, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas de
vacaciones, primas de navidad, pago de las bonificaciones por servicios, pago de subsidio familiar, auxilio de
transporte y alimentos, horas extras y recargos nocturnos, entre otros.
59Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 053ED_C01Principal1A_ACTAAUDIENCIAPRUEBAS.
60 Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 053_ED_C01Principal1A_019ACTAAUDIENCIAPRUEBAS y el correspondiente audio de la
diligencia.
27
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
supervisor del contrato, quien podía acudir en cualquier momento al sitio de formación
para verificar el cumplimiento de esta, o bien la entidad llamaba a los aprendices para
preguntarles si el instructor asistía, por cuánto tiempo, qué actividades realizaba y en
qué horario.
113. En cuanto a la remuneración percibida, añadió que recibía un pago mensual,
para lo cual debía presentar varios documentos, entre ellos el pago de la seguridad
social, el reporte de horas y el informe de actividades realizadas en el mes. Indicó que
tales documentos se entregaban al supervisor del contrato, quien los revisaba,
otorgaba el visto bueno y, con base en ello, se giraban los recursos.
114. Declaró que el supervisor del contrato revisaba las distintas formaciones activas
en un determinado municipio y que el reporte de horas correspondía a 160 horas
mensuales. Afirmó que, al finalizar el contrato, no recibió prestación ni reconocimiento
alguno por concepto de cesantías, intereses u otros conceptos similares.
115. Por último, relató que la entidad enviaba correos electrónicos para citar a
reuniones en las que se impartían directrices generales sobre las labores a desarrollar,
así como a otras reuniones con los equipos de trabajo específicos, en las cuales se
asignaban las funciones propias del proceso de formación.
116. (ii) Álvaro Ernesto Díaz Buitrago61: dijo que es médico veterinario y orientaba
en el SENA formación profesional integral en producción de especies pecuaria,
ganadería, piscicultura, porcicultura, caprinos, y avicultura.
117. Expresó que fue compañero de trabajo del actor en el 2010. Que el señor
Héctor Jaramillo laboró hasta el 2014. Precisó que ambos trabajaron en el mismo
programa denominado Jóvenes Rurales Emprendedores, en distintos municipios,
entre ellos, Manzanares y Marquetalia.
118. Argumentó que el SENA exigía que las actividades se cumplieran en jornadas
de 8 horas. Refirió que existía la obligación de reportar 160 horas mensuales en una
plataforma de la institución. Expuso que, en algunos casos, dicho reporte podía
ascender a 200 y 208 horas en el mes, mientras que a los instructores de planta solo
se les exigían 132 horas.
119. Insistió en que la exigencia de las 8 horas diarias se comunicaba de manera
verbal, tanto por la coordinación académica como por el supervisor del contrato. Contó
que, si el contratista no reportaba ese número de horas, «se peligraba el próximo
contrato del año siguiente». Que la jornada diaria transcurría, por regla general, de
8:00 a.m. a 4:00 p.m. y que en ciertas ocasiones, debían laborar en horas nocturnas.
120. El testigo mencionó que, al momento de la suscripción de los contratos, en
61Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 053_ED_C01Principal1A_019ACTAAUDIENCIAPRUEBAS y el correspondiente audio de la
diligencia.
.
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estos se fijaba el monto a percibir mensualmente por el término pactado.
121. (iii) José Mauricio Herrera Castañeda: declaró que es ingeniero agrónomo.
Que, en la actualidad ocupa el cargo de profesional universitario grado 12 en la
gobernación del Valle del Cauca. Refirió que trabajó al servicio del SENA durante
aproximadamente 7 años, lapso en el que se desempeñó como instructor con
población desplazada, en el programa AGRO SENA, entre los años 2009 y 2016.
122. Informó que sus actividades las ejerció en La Dorada, Marquetalia;
Manzanares, en otros municipios y que en la actualidad, adelanta un proceso en
contra del SENA por los mismos motivos del presente asunto.
123. Manifestó que el demandante laboró como instructor del área de Jóvenes
Rurales Emprendedores. Narró que ambos trabajaron en los mismos municipios.
Explicó que, entre las funciones desempeñadas, se encontraba la de impartir
formación complementaria, consistente en una serie de cursos dirigidos a un grupo de
personas, tanto en jornada diurna como nocturna y que debían reportar 160 horas
mensuales.
124. Especificó que los horarios eran de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o de 9:00 a.m. a 5:00
p.m., mientras que la jornada nocturna se extendía de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., o hasta
las 12:00 a.m., de lunes a domingo.
125. El testigo informó que las actividades se reportaban a un líder del programa
mediante una planilla mensual a través de la plataforma SENA SOFIA.
126. Agregó que, de manera presencial, recibía auditorías del coordinador del
programa y del líder, quienes verificaban el cumplimiento en cuanto a lugares y
horarios.
127. En relación con el pago destacó que se recibía de forma mensual dentro de los
primeros diez (10) días de cada mes, «mes vencido» previa verificación por parte del
coordinador académico del cumplimiento de las horas establecidas. Que tuvo
conocimiento de casos en los que algunos contratistas, ante el incumplimiento de
horarios o actividades, recibieron reportes en la hoja de vida y llamados de atención,
y se les advirtió que «para el otro año no se les iba a contratar».
128. De lo expuesto se advierte que los testimonios recaudados en primera instancia
resultan idóneos para la resolución del presente asunto, en la medida en que fueron
rendidos por personas que laboraron con el demandante al servicio del SENA, durante
el mismo período y bajo similares condiciones contractuales. Tales declaraciones, en
consecuencia, no provienen de terceros ajenos a la relación contractual objeto de
controversia, sino de quienes tuvieron conocimiento directo de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que se ejecutaron los contratos suscritos entre el actor y
la entidad demandada.
129. Las versiones de los señores Gustavo Adolfo Gallego Quintero, Álvaro Ernesto
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
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Díaz Buitrago y José Mauricio Herrera Castañeda permiten reconstruir, con suficiente
grado de certeza, los elementos fácticos relacionados con la jornada cumplida por el
demandante, la existencia de un horario fijo, el sometimiento a supervisión y control
permanente por parte de la entidad, así como la exigencia de reportes periódicos de
actividades y de horas trabajadas. Estos aspectos resultan determinantes para
examinar si, en el caso concreto, se configuraron los elementos propios de una
relación laboral, con independencia de la naturaleza jurídica que las partes le hubieran
atribuido a los contratos suscritos.
130. Ahora bien, en cuanto a la imparcialidad de los declarantes, conviene precisar
que la condición de excontratistas de la entidad demandada no conduce, por sí sola,
a excluir sus declaraciones. Ello porque, en los términos previstos en el artículo 211
del Código General del Proceso, dicha circunstancia no impide valorar sus dichos,
sino que exige apreciarlos con mayor rigor, conforme a las reglas de la sana crítica,
en atención a la claridad y la coherencia de los relatos, a la verosimilitud de las
afirmaciones y a su concordancia con los demás medios de prueba62.
131. En este orden de ideas, la Sala otorga mérito probatorio a tales declaraciones,
pues, además de provenir de testigos presenciales con conocimiento directo de los
hechos, sus relatos resultan coincidentes entre sí en los aspectos esenciales
relacionados con el modo de ejecución de las labores, sin que se advierta
contradicción alguna que reste credibilidad a sus afirmaciones, por lo que las
declaraciones serán valoradas de manera conjunta con el resto del material probatorio
obrante en el expediente, bajo criterios de la sana crítica, en los términos del artículo
176 del Código General del Proceso.
3.5.1. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral encubierta
132. En primer lugar, se destaca que conforme quedó consignado en el marco
normativo y jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de
existencia de una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que
se materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la subordinación continua y (iii) la
remuneración como contraprestación del servicio.
3.5.1.1. Prestación personal del servicio
133. De las pruebas allegadas al expediente se encuentra acreditado que el señor
Héctor Fabio Jaramillo Posada prestó sus servicios como instructor en el SENA, a
través de contratos de prestación de servicios los cuales fueron ejecutados entre el
16 de octubre de 2007 y el 20 de noviembre de 2014.
134. En desarrollo de dichos contratos, el demandante debía impartir personalmente
62 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencias del 23 de mayo de 2024, radicado: 66001-23-
33-000-2017-00083-01 (2190-2020); sentencia del 28 de noviembre de 2024, radicado: 50001-23-33-000-2021-
00340-01 (7137-2023).
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las actividades de formación, orientar y evaluar a los aprendices, acompañar los
proyectos productivos asignados y presentar los informes y registros respectivos. Tal
circunstancia fue corroborada mediante los testimonios practicados, en los cuales se
indicó que el actor ejerció dichas funciones en municipios específicos, bajo el
cumplimiento de horarios diurnos y nocturnos.
3.5.1.2. Remuneración
135. En relación con el elemento de la remuneración, se acreditó que el actor
percibió una contraprestación económica por los servicios prestados a la entidad
accionada, cuyo valor fue estipulado en cada uno de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre las partes. Tal circunstancia fue corroborada con las
declaraciones recibidas en el curso del proceso las cuales coincidieron en afirmar que
el pago se efectuaba de forma mensual, previa presentación de documentos
específicos, entre ellos, los pagos a los aportes al Sistema de Seguridad Social,
reporte de horas y el informe de actividades realizadas.
3.5.1.3. Continua subordinación o dependencia
136. Del análisis conjunto del acervo probatorio obrante en el expediente, tanto de
las pruebas documentales como de los testimonios recaudados, se concluye que las
funciones desplegadas por el demandante no fueron ejecutadas de manera autónoma
e independiente. Por el contrario, el ejercicio de sus labores como instructor estuvo
sometido a horarios diurnos y nocturnos de lunes, a domingo, así como la coordinación
del supervisor o líder, circunstancias que acreditan la existencia de una relación de
subordinación frente al SENA.
137. Cabe precisar, además, que el elemento de la subordinación se configura
cuando el empleador ejerce poder de dirección, esto es, cuando imparte órdenes
sobre el modo, el tiempo y el lugar de ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos e impone sanciones por incumplimiento, rasgos propios de la relación laboral
y, por tanto, ajenos a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de servicios.
138. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término fijado, sin que tales funciones puedan asumir un
carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.
139. Resulta pertinente, destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993
regula una presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación
de servicios genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta
presunción del legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia
ha identificado una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que
permiten colegir la existencia de una relación laboral subordinada encubierta.
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140. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso63.
141. En el caso concreto, en primer lugar, el SENA, según el Decreto 2149 de
199264, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Dicha entidad, según la Ley 119 de 199465, tiene por misión la de
intervenir en el desarrollo de los trabajadores colombianos; de manera que ofrece y
ejecuta formación profesional con carácter integral, para su incorporación en
actividades productivas.
142. Al respecto, si bien es cierto que el SENA se encuentra adscrito al Ministerio
del Trabajo y no al Ministerio de Educación, lo cierto es que, como lo ha estudiado
esta Corporación, ejecuta una actividad académica y, por ende, el contenido de sus
programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119 de
199466, debe ajustarse a la Ley 30 de 1992.
143. Ahora bien, para el cumplimiento de la misión institucional existe en la planta
de personal del SENA el empleo de instructor, cuya función principal consiste en
impartir formación profesional y desarrollar actividades de coordinación académica e
investigación aplicada. Durante buena parte del periodo analizado, sus funciones
esenciales estuvieron previstas en la Resolución 986 del 25 de mayo de 2007 67,
actualizado por la Resolución 1458 del 30 de agosto de 201768.
144. Lo anterior, permite precisar que el hecho de que el SENA no se encuentre
adscrito al Ministerio de Educación no desvirtúa su misión, que por orden legal es la
de capacitar e impartir formación profesional; mayormente cuando conforme ya se
explicó, su funcionamiento se rige por las normas especiales que le son propias, entre
ellas, la Ley 30 de 1992. En tal sentido, no se puede pasar por alto que dentro de la
planta de personal existe el cargo de instructor que tiene como funciones programar,
63 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2025, radicado: 63001-
23-33-000-2021-00181-01 (4467-2023).
64 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
65 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se
dictan otras disposiciones.
66 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
67 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los
empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
68 Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de
la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
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orientar y evaluar procesos de aprendizaje; las cuales a su vez resultan ser propias
de la entidad.
145. Bajo ese marco, corresponde determinar si las condiciones en las que el
demandante prestó sus servicios como instructor permiten concluir que estuvo
sometido a subordinación. Con ese propósito, la Sala examinará el lugar y el horario
de trabajo, la dirección y el control ejercidos por la entidad, así como la
correspondencia entre las actividades desarrolladas y las funciones propias del cargo
de instructor, de conformidad con los criterios fijados en la sentencia de unificación del
9 de septiembre de 2021.
146. (i) Lugar de trabajo: en cuanto al lugar de ejecución de las actividades
contratadas, se observa que estas debían cumplirse en los sitios determinados por el
SENA, sin que el demandante contara con la facultad de definirlos según su propio
criterio. En varios de los contratos suscritos se identificaron, de manera expresa,
municipios como Victoria, Samaná, Manzanares, Marquetalia, Pensilvania, Puerto
Boyacá y La Dorada, entre otros, lo cual revela que la entidad fijaba previamente el
territorio en el que habría de desarrollarse la formación y el acompañamiento a los
proyectos productivos.
147. Dicha circunstancia resultó corroborada por los testimonios practicados en el
proceso, los cuales coincidieron en afirmar que era el SENA quien determinaba los
municipios en los que debían ejecutarse los distintos proyectos, sin que el contratista
tuviera injerencia alguna en tal decisión. Las declaraciones recaudadas también
permitieron establecer que las actividades debían cumplirse de manera presencial en
los lugares previamente asignados, lo que descarta cualquier margen de autonomía
en este aspecto.
148. A lo anterior se suma que la entidad ejercía un control efectivo sobre el
cumplimiento de dicha obligación, pues, según lo relatado por los declarantes, el
coordinador o el líder del programa realizaban visitas a los sitios de formación con el
propósito de verificar la asistencia de los instructores. Tal mecanismo de supervisión
constituye, a su vez, un indicio adicional de la subordinación predicable de la relación
examinada.
149. En ese contexto, si bien el demandante no desarrollaba sus actividades en una
sede fija de la entidad, ello no comporta, que contara con libertad para escoger el lugar
de prestación del servicio. Por el contrario, estaba obligado a desplazarse a los
municipios, veredas y espacios comunitarios previamente definidos por el SENA, con
el fin de impartir la formación y de acompañar la ejecución de los proyectos
productivos a su cargo. Lo expuesto permite concluir que el lugar de trabajo, lejos de
ser determinado por el actor, respondió en su totalidad a las necesidades y a la
organización del servicio dispuestas por la entidad contratante, elemento relevante
para el análisis de la subordinación alegada en el presente asunto.
150. (ii) El horario de trabajo: el pago de los honorarios estaba sujeto a la
acreditación de las horas impartidas, mediante controles diarios, informes, registros y
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la certificación del supervisor.
151. Los declarantes refirieron que los instructores elaboraban o proponían los
cronogramas de trabajo, con base en el número de horas asignadas, las
características de los proyectos y la disponibilidad de las comunidades. Indicaron,
además, que los horarios eran tanto diurnos como nocturnos, de lunes a domingo.
Señalaron, asimismo, que los instructores debían registrar las horas ejecutadas,
presentar las planillas de asistencia y acreditar mensualmente el cumplimiento de la
programación, como condición para obtener el pago de sus honorarios.
152. El testigo José Mauricio Herrera Castañeda narró que, a partir de la creación
de la plataforma SENA SOFIA, las actividades debían reportarse a través de esta.
153. (iii) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: sobre
este aspecto, obran en el expediente los contratos de prestación de servicios suscritos
por el demandante, en los que se definieron de manera detallada los objetos y
obligaciones a su cargo. De su contenido se advierte que las actividades contratadas
estuvieron vinculadas con la formación profesional en las áreas agrícola y pecuaria,
la orientación y evaluación de los aprendices, así como la creación, ejecución y
seguimiento de proyectos productivos, así:
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: […] a) Programar las actividades de formación que
den respuesta a la creación de una unidad productiva rural sostenible de carácter
asociativo por proyecto formativo. b) Realizar actividades de formación para el
fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales de los aprendices del
proyecto formativo y para la ejecución y consolidación de los proyectos productivos. c)
Elaborar y aplicar el proyecto de formación, guías de aprendizaje e instrumentos
de evaluación con técnicas didácticas activas para garantizar el cumplimiento
de los resultados de aprendizaje, según formatos establecidos. d) Realizar el
diagnóstico de las unidades productivas de su área en articulación con el
instructor de comercialización, el gestor de fortalecimiento y el líder del
programa. e) Orientar y acompañar al emprendedor en la elaboración del plan de
negocios de la unidad productiva resultado del proyecto formativo, en el
componente técnico y financiero de acuerdo a la proyección del mercado, en
articulación con el instructor de comercialización y durante el proceso de
formación. f) Entregar el plan de ejecución mensual y avances de los proyectos.
g) Realizar el registro de las acciones formativas en Sofia. […] i) Presentar plan de
estrategias de fortalecimiento técnico que permitan la sostenibilidad de las unidades
productivas rurales conformadas. […] k) Realizar acciones de fortalecimiento
técnico a las unidades productivas que el líder del programa JRE le asigne,
previa programación y concertación con el coordinador académico. Estas
actividades en ningún caso debe superar el 30% de la capacidad mensual del
instructor. […] m) Apoyar la implementación de las iniciativas estratégicas del
programa como los proyectos de impacto regional, territorios de aprendizaje, y
otras iniciativas establecidas por la dirección general, mediante acciones de
formación y acciones de fortalecimiento a unidades productivas rurales
sostenibles. n) Hacer uso e implementación de las diferentes metodologías y
programas que ha adoptado el programa de jóvenes rurales emprendedores
tales como Mycoop, Tropenbos, Laso y demás metodologías que sean
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viabilizadas por la dirección general para garantizar una intervención efectiva y
con enfoque diferencial. […] r) Apoyar el registro de las acciones e indicadores
en los sistemas de información del programa como la creación de unidades
productivas en Sofia Plus, el Sistema de información georreferenciado, formatos
en Excel y demás sistemas de información que indique la dirección general. […]
t) Realizar los informes requeridos del programa con la oportunidad, calidad y
pertinencia al líder de centro, líder regional y/o Subdirector de Centro, y en los
instrumentos establecidos. u) Participar en las actividades de transferencia de
metodologías a las que le convoque el Centro de formación, la dirección
Regional o la Dirección General, en aras de implementarlas en la formación del
Programa JRE. […] w) Las demás asignadas dentro del marco del objeto contractual.
OBLIGACIONES GENERALES: […] 3. Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan
parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio
de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato,
por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia deberán dar cuenta
sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato
respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente. 4)
Desarrollar las actividades adicionales que como instructor se requieran para la
ejecución del contrato […]. 5) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no
oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses
legítimos del SENA […]69.
154. Las obligaciones transcritas muestran que el demandante no desarrollaba sus
actividades con plena autonomía e independencia, pues debía sujetarse a las
metodologías, formatos, sistemas de información y lineamientos definidos por el
SENA. Asimismo, estaba obligado a ejecutar las actividades que le asignara el líder
del programa, concertar su programación con el coordinador académico, presentar
planes e informes periódicos y asistir a las jornadas de transferencia metodológica a
las que fuera convocado por la entidad. Tales condiciones revelan el ejercicio de
facultades de dirección y control sobre la forma en que debía prestar sus servicios.
155. Lo anterior encuentra respaldo en los testimonios practicados en los que se
especificó que el coordinador verificaba su cumplimiento de las actividades a través
de visitas a los sitios de ejecución. Sumado a que el pago de los honorarios estaba
condicionado a la presentación de informes y planillas de asistencia.
156. Así, aunque el demandante contaba con cierto margen técnico para desarrollar
las actividades de formación y los proyectos productivos, la entidad intervenía en su
programación, fijaba los parámetros de ejecución, verificaba su cumplimiento y podía
exigir ajustes. Por tanto, el control ejercido no se limitaba a constatar el resultado final
de los contratos, sino que recaía sobre la manera en que debían ejecutarse las
actividades.
157. En ese orden, la Sala concluye que las actividades del demandante no se
69Samai, gestión en otras corporaciones, radicado núm. 17001233300020180020300, visualizar expediente,
cuaderno principal pdf 007ED_C01Principal_005ANEXOSDEMANDA, folios 75 al 82.
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desarrollaron bajo una simple coordinación contractual, por cuanto, el SENA
delimitaba las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que debía prestarse el
servicio, definía los proyectos, metodologías y parámetros de formación, aprobaba la
programación, verificaba su cumplimiento e impartía instrucciones para corregir las
deficiencias advertidas durante su ejecución.
158. Si bien los contratos de prestación de servicios requieren mecanismos de
coordinación, supervisión y seguimiento para garantizar el cumplimiento del objeto
pactado, tales facultades no pueden extenderse al punto de someter al contratista a
una dirección permanente sobre la manera en que debe ejecutar sus actividades.
Cuando ello ocurre y se limita sustancialmente su autonomía e independencia, se
configura la subordinación propia de una relación laboral70.
159. Por consiguiente, se encuentra acreditada la dirección y el control efectivo de
las actividades ejecutadas por el demandante.
160. (iv) Que las actividades o tareas desarrolladas correspondan a las
asignadas a servidores de planta, siempre que concurran los elementos
configurativos de la relación laboral: en relación con este aspecto, está acreditado
que el demandante prestó sus servicios como instructor en las áreas agropecuaria y
pecuaria, mediante el desarrollo de actividades de formación profesional y
acompañamiento de proyectos productivos.
161. Estas actividades guardan correspondencia con las funciones asignadas al
empleo de instructor de la planta de personal del SENA. En efecto, el Decreto 1424
de 199871 establece que este grupo comprende los empleos cuyas funciones
principales consisten en impartir formación profesional y desarrollar actividades de
coordinación académica e investigación aplicada. A su vez, el manual específico de
funciones vigente durante buena parte del periodo reclamado atribuyó a los
instructores la selección de estrategias y ambientes de aprendizaje, la orientación y
evaluación de los aprendices, la programación de las actividades de formación y el
reporte de información académica y administrativa.
162. Del cotejo entre dichas funciones y las obligaciones consignadas en los
contratos de prestación de servicios, resulta una coincidencia sustancial entre unas y
otras. Así, el demandante debía programar actividades de formación, elaborar y
aplicar proyectos formativos, guías de aprendizaje e instrumentos de evaluación,
orientar y acompañar a los aprendices y emprendedores, registrar las acciones
formativas en la plataforma SOFIA, presentar los respectivos planes e informes, asistir
a las actividades de transferencia metodológica y apoyar la implementación de las
iniciativas estratégicas propias del programa Jóvenes Rurales Emprendedores.
163. Así, las labores ejecutadas por el demandante no fueron ajenas, accesorias o
70 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2025, radicado 63001-
23-33-000-2021-00181-01 (4467-2023).
71 «Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los instructores del Servicio Nacional
de Aprendizaje -SENA-»
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complementarias al funcionamiento de la entidad, sino que correspondieron a las
actividades mediante las cuales el SENA cumple su misión institucional. Como se
expuso, la Ley 119 de 199472 le atribuyó la función de ofrecer y ejecutar formación
profesional integral para facilitar la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas, propósito que se materializa principalmente a través de sus
instructores.
164. En esas condiciones, se encuentra acreditado que las actividades
desarrolladas correspondían a las funciones propias del empleo de instructor y
estaban directamente vinculadas con la misión permanente del SENA. Esta
circunstancia, valorada junto con la prestación personal del servicio, la remuneración
y las condiciones de tiempo, modo y lugar previamente analizadas, permite concluir
que entre las partes existió una relación laboral encubierta. Por consiguiente, la
respuesta al primer problema jurídico es afirmativa.
165. Una vez demostrada la existencia de la relación laboral, la Sala procederá a
examinar la prescripción, aspecto que fue objeto del recurso de apelación.
3.6. De la prescripción
166. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por
consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados
por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales. (Se destaca)
167. Ahora bien, en relación con la solución de continuidad en asuntos en los que
se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección, en sentencia
del 9 de septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial
precedente, estableció un periodo de treinta días hábiles entre la terminación de un
contrato y el inicio del siguiente. Dicho término debe entenderse como un marco de
referencia para la administración, el contratista y el juez de la controversia.
72 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones»
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168. De acuerdo con lo anterior, quien pretenda el reconocimiento de una relación
laboral encubierta con el Estado y el pago de las prestaciones derivadas de ella deberá
reclamarlos dentro de los tres años siguientes a la finalización del vínculo
contractual73.
169. Descendiendo al caso particular, se observa que el demandante presentó la
reclamación administrativa ante la accionada el 4 de julio de 2017, esto es, dentro de
los tres años siguientes a la terminación del último contrato de prestación de servicios,
ejecutado entre el 20 de enero y el 20 de noviembre de 2014.
170. Sin embargo, se advierte que entre el contrato analizado y los que lo
precedieron no se presentaron interrupciones superiores a treinta días hábiles, salvo
la registrada en el contrato núm. 136 de 2011, ejecutado entre el 10 de marzo y el 2
de julio de ese año, la cual rompe la continuidad del vínculo e impone examinar de
forma separada los efectos de la prescripción.
171. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas con anterioridad al 10 de
marzo de 2011 se encuentran prescritas en su totalidad, por cuanto la reclamación
administrativa se formuló una vez transcurridos más de tres años desde su
exigibilidad. Por consiguiente, el argumento del apelante, en relación a que la
prescripción señalada en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 que
estableció como regla el término de treinta (30) días hábiles no tiene carácter absoluto,
sino que su aplicación depende de la configuración de los tres elementos propios del
contrato laboral, y que a su juicio no fueron probados en el presente asunto, no tiene
vocación de prosperidad, mayormente cuando del análisis probatorio realizado en esta
instancia se logró comprobar la existencia de una efectiva relación laboral encubierta
entre las partes.
172. Sumado a lo expuesto, y en relación con los contratos respecto de los cuales
no se declaró la prescripción, se constata que entre ellos no se registraron
interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles, lo que descarta cualquier solución
de continuidad, por lo que la aplicación de la jurisprudencia en cita conduce a
confirmar las conclusiones adoptadas en primera instancia.
173. Consecuente, con lo anterior, la respuesta al segundo problema jurídico resulta
parcialmente afirmativa, en concordancia con lo declarado por el fallador de primera
instancia respecto del fenómeno prescriptivo.
3.7. Conclusión
174. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que se acreditó la existencia
de una relación laboral encubierta entre el demandante y el SENA durante los periodos
en los que estuvieron vigentes los contratos de prestación de servicios. En efecto,
73 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con referencia
SUJ2-005-16.
38
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
concurrieron la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación,
pues aquel desarrolló funciones propias del empleo de instructor, bajo las condiciones
de tiempo, modo y lugar definidas por la entidad y sujeto a su programación,
lineamientos y mecanismos de dirección y control. Por consiguiente, la sentencia de
primera instancia será confirmada en su totalidad
3.8. Costas
175. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 74 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
176. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, del
15 de octubre de 2024, mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
74 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00203 (0101-2025)
Demandante: Héctor Fabio Jaramillo Posada
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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