República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2018-00076-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-
Tema: relación laboral encubierta Subtema 1: instructor del SENA. Subtema 2:
elementos de la relación laboral.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 13 de julio de 2023, que negó las
pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Jaider Alfonso Muñoz Álvarez solicitó la nulidad del Oficio 2-2017-000781 del
5 de septiembre de 2017, mediante el cual el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-
negó el reconocimiento de la relación laboral que, según afirmó, estuvo encubierta
mediante la celebración sucesiva de contratos de prestación de servicios entre 2004
y 2014.
El Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que, aunque se acreditaron la prestación personal del servicio y la
remuneración, no se demostró la subordinación. En particular, estimó que las
interrupciones presentadas entre los contratos impedían establecer la continuidad de
la prestación y que el cumplimiento de horarios y directrices correspondía a la
coordinación propia de esta modalidad contractual.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocará la sentencia
de primera instancia y declarará la existencia de una relación laboral encubierta
durante los periodos contractuales acreditados, con los efectos prestacionales y
pensionales señalados en esta providencia.
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Jaider Alfonso Muñoz Álvarez, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 28 de marzo
de 20181 contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA), con las
siguientes pretensiones2:
2. Que se declare la nulidad del Oficio 2-2017-000781 del 5 de septiembre de
2017, mediante el cual la subdirectora del Centro Biotecnológico del Caribe del SENA,
Regional Cesar, negó el reconocimiento de la relación laboral que, según la parte
demandante, estuvo encubierta mediante la celebración sucesiva de contratos de
prestación de servicios.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la existencia de
una relación laboral entre el señor Jaider Alfonso Muñoz Álvarez y el SENA, durante
el periodo comprendido entre el 22 de julio de 2004 y el 30 de agosto de 2014.
4. Como consecuencia de lo anterior, pidió condenar a la entidad demandada al
reconocimiento y pago de: i) las cesantías; ii) los intereses a las cesantías; iii) las
primas de servicios; iv) las vacaciones; v) las sumas equivalentes a la dotación; vi) los
valores descontados por concepto de retención en la fuente; y vii) las cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, con destino a Colpensiones,
correspondientes al periodo durante el cual se extendió la relación laboral reclamada.
5. Asimismo, solicitó que las sumas reconocidas fueran debidamente indexadas,
que se ordenara el pago de los intereses comerciales y moratorios causados desde la
ejecutoria de la sentencia y que se condenara en costas a la entidad demandada.
2.1.1. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
7. El señor Jaider Alfonso Muñoz Álvarez estuvo vinculado al SENA desde el 22
de julio de 2004 hasta el 30 de agosto de 2014, mediante la celebración sucesiva de
contratos de prestación de servicios.
8. El demandante prestó personalmente sus servicios al SENA durante la vigencia
de los contratos y también en los periodos comprendidos entre la terminación de uno
y la celebración del siguiente, mientras se formalizaba su renovación.
9. En términos generales, los contratos suscritos por el demandante tuvieron por
1 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 56 a 66.
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Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 56 a 66 – pretensiones visibles, pp. 59 a 60.
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
objeto la prestación de servicios como instructor en áreas agropecuarias y pecuarias,
para impartir formación profesional y desarrollar actividades de acompañamiento
técnico y empresarial relacionadas con la creación, montaje y fortalecimiento de
unidades productivas, principalmente dentro del Programa Jóvenes Rurales
Emprendedores del SENA.
10. Señaló que, durante el tiempo en que ejecutó las actividades contratadas, debía
cumplir el horario establecido por la entidad demandada.
11. Asimismo, indicó que desarrolló sus funciones bajo las órdenes y directrices de
los directores y subdirectores del Centro Biotecnológico del Caribe del SENA,
Regional Cesar.
12. El señor Jaider Alfonso Muñoz Álvarez solicitó al SENA el 16 de agosto de
2017, el reconocimiento de la relación laboral que, según afirmó, estuvo encubierta
mediante los contratos de prestación de servicios, así como el pago de las acreencias
derivadas de aquella, entre ellas, trabajo suplementario, horas extras diurnas,
nocturnas y dominicales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas y
dotación de calzado y vestido de labor.
13. Mediante Oficio 2-2017-000781 del 5 de septiembre de 2017, la subdirectora
del Centro Biotecnológico del Caribe del SENA, Regional Cesar, negó el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las acreencias solicitadas.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
14. En la demanda se citaron como vulnerados los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25 y 53
de la Constitución Política, así como los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del
Trabajo.
15. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que el SENA
negó indebidamente la existencia de la relación laboral, pues otorgó prevalencia a la
denominación formal de los contratos de prestación de servicios, pese a que, en su
criterio, la forma en que se ejecutaron evidenciaba la configuración de un verdadero
vínculo laboral.
16. En ese sentido, afirmó que prestó personalmente sus servicios como instructor
durante aproximadamente diez años, recibió una remuneración por las actividades
desarrolladas y estuvo sometido a la subordinación de los subdirectores de la entidad.
17. Agregó que la prestación del servicio se desarrolló de manera continua, incluso
durante los periodos transcurridos entre la terminación de un contrato y la celebración
del siguiente. Por ello, consideró acreditados los elementos de prestación personal,
remuneración y subordinación propios de una relación laboral.
18. Finalmente, sostuvo que la entidad desconoció el principio de primacía de la
3
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
realidad sobre las formas, pues las actividades de formación ejecutadas como
instructor correspondían a funciones permanentes del SENA y se desarrollaron bajo
condiciones similares a las de una vinculación laboral. En consecuencia, afirmó que
tenía derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas del
vínculo reclamado.
2.2. Contestación de la demanda
19. El SENA se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó negar el
reconocimiento de la relación laboral reclamada3.
20. La entidad refirió que el señor Jaider Alfonso Muñoz Álvarez estuvo vinculado
mediante contratos de prestación de servicios celebrados de manera autónoma e
independiente, conforme con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Añadió
que dichos contratos no fueron ejecutados de forma continua, pues entre ellos
existieron interrupciones que, en su criterio, desvirtuaban la permanencia alegada.
21. Destacó que el demandante no estuvo sometido a un horario laboral ni recibió
órdenes propias de una relación subordinada. Explicó que las instrucciones, el
seguimiento y la presentación de informes correspondían a actividades de
coordinación y supervisión contractual, necesarias para verificar el cumplimiento de
las obligaciones pactadas.
22. En esa línea, indicó que el demandante recibió honorarios por los servicios
prestados, se afilió al Sistema General de Seguridad Social como trabajador
independiente y suscribió libremente los contratos, sin formular reclamaciones durante
su ejecución. Por ello, consideró que no se acreditaron los elementos necesarios para
declarar la existencia de una relación laboral.
23. Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia del acto administrativo
demandado, inexistencia de la relación laboral, mala fe del demandante, prescripción,
cobro de lo no debido, buena fe, compensación y la genérica o innominada.
2.3. Sentencia de primera instancia
24. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 13 de julio de
2023, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante4, en los siguientes términos:
PRIMERO: Declárase probada la excepción de mérito denominada “inexistencia de la
relación laboral”, propuesta por la entidad demandada, de conformidad con lo
explicado en la parte motiva de esta providencia.
3 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 96 a 109.
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Samai índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“003_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA”.
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se condena en costas a
cargo de la parte demandante. Por Secretaría, liquídense, incluyendo la suma de
$2.987.619 por concepto de agencias en derecho.
CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
25. Como fundamento de su decisión, el Tribunal argumentó que el material
probatorio permitía establecer que el señor Jaider Alfonso Muñoz Álvarez prestó
personalmente sus servicios en ejecución de los contratos celebrados con el SENA y
recibió, como contraprestación, el pago de honorarios. No obstante, consideró que
tales elementos no resultaban suficientes para acreditar la subordinación continuada,
especialmente porque entre la terminación de un contrato y la celebración del
siguiente transcurrieron periodos considerables.
26. En ese sentido, la intermitencia de la contratación impedía concluir que la
prestación del servicio hubiera sido continua y con vocación de permanencia. Por el
contrario, estimó que la entidad no tuvo la intención de emplear de manera
permanente al demandante, pues cada vinculación se extendió únicamente durante
el tiempo necesario para ejecutar el objeto contratado.
27. Advirtió que las pruebas no demostraban que el demandante estuviera obligado
a cumplir metas determinadas ni que debiera ejecutar sus actividades con métodos
impuestos por la entidad. Refirió que el cumplimiento de un horario y de ciertas
directrices correspondía a la coordinación necesaria para desarrollar los objetos
contractuales y no evidenciaba, por sí mismo, la existencia de una relación de
dependencia o subordinación.
28. En suma, el Tribunal precisó que la ejecución de actividades mediante
contratos celebrados conforme con la Ley 80 de 1993 no permitía presumir la
existencia de subordinación, pues correspondía al demandante acreditar los hechos
en los que sustentaba esa afirmación. En consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que no se demostró dicho elemento de la relación laboral.
2.4. Recurso de apelación
29. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con el fin de que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda5.
30. Como fundamento de su inconformidad, dijo que el Tribunal valoró
indebidamente las pruebas, pues los testimonios practicados demostraban que el
señor Jaider Alfonso Muñoz Álvarez prestó sus servicios bajo subordinación. En
particular, señaló que debía cumplir las órdenes impartidas por un supervisor, asistir
5
Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“005_MemorialWeb_RecursodeapelaciOn”.
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
a capacitaciones y solicitar autorización para ausentarse de su lugar de trabajo.
31. Adujo que las funciones desempeñadas como instructor se desarrollaron bajo
las condiciones de tiempo, modo y lugar determinadas por el SENA, por lo que el
demandante carecía de autonomía en la ejecución de sus actividades. En esa línea,
agregó que la naturaleza de la labor docente comportaba una sujeción permanente a
las directrices, inspección y vigilancia de las autoridades de la entidad.
32. De otro lado, cuestionó que el Tribunal hubiera descartado la subordinación por
la ausencia de documentos mediante los cuales se impusieran órdenes o llamados de
atención. Al respecto, indicó que no existe una tarifa legal para acreditar dicho
elemento y que las declaraciones recaudadas resultaban suficientes para demostrar
las condiciones en las que se prestó el servicio.
33. También controvirtió la conclusión relacionada con la intermitencia contractual.
Manifestó que el término de treinta días fijado por la jurisprudencia constituye un
criterio orientador y no una regla absoluta, por lo que correspondía valorar las
circunstancias particulares del caso. En su criterio, la celebración reiterada de
contratos entre el 22 de julio de 2004 y el 30 de agosto de 2014 evidenciaba que las
actividades ejecutadas no fueron transitorias o esporádicas, sino prolongadas y
necesarias para el cumplimiento de las funciones permanentes del SENA.
34. En consecuencia, insistió en que se acreditaron la prestación personal del
servicio, la remuneración y la continuada subordinación, razón por la cual procedía
declarar la existencia de la relación laboral y reconocer las acreencias derivadas de
aquella.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
35. Mediante auto del 12 de agosto de 20246, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021, habida cuenta de que el recurso fue interpuesto con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021.
36. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio frente al recurso
de apelación.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
37. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
6 Samai, índice 7.
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón
de la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3287
del CGP, corresponde a la Sala definir si:
39. ¿El Tribunal valoró adecuadamente el material probatorio al concluir que las
pruebas documentales y testimoniales no acreditaban subordinación?
40. ¿Se configuró una relación laboral encubierta en la prestación de servicios del
demandante como instructor, pese a la suscripción de contratos de prestación de
servicios?
41. ¿Las interrupciones presentadas entre algunos contratos de prestación de
servicios desvirtúan, por sí solas, la existencia de una relación laboral encubierta?
42. En caso de que se declare la existencia de la relación laboral, ¿procede el
reconocimiento de las prestaciones sociales, la dotación y los aportes pensionales
reclamados?
43. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) relación laboral encubierta; (ii) distinción entre coordinación y
subordinación; (iii) la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de
subordinación; (iv) naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del
SENA y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad; (v) hechos
probados; y (vi) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos formulados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
44. La jurisprudencia unificada de esta corporación8 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
7 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
7
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.
45. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
46. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
47. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».
48. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en conjunto
bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación
continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje
formal del contrato de prestación de servicios.
49. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en
reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son
elementos indicativos de la subordinación que las actividades contratadas
correspondan al objeto misional de la entidad con funciones equivalentes a los
empleados de planta de personal.
50. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario» 9.
51. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con
el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»10.
52. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes
o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados»11.
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales»12.
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados13.
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
9 Idem.
10 Idem.
11 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
12 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
53. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del
9 de septiembre de 202114 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos
«no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales
de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y
reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma
subordinada funciones misionales, permanentes y propias del personal de planta,
debe reconocerse la existencia de una relación laboral encubierta.
54. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
55. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
56. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
(i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
(ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.
(iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la
práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar si
lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».
3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación
57. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»15.
58. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202116, que entre el contratante y el contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados17».
59. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación
laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que
desarrollan los empleados de planta.
60. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
15 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
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la subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá
de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,18 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas
labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
18
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
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cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación
61. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia ha
expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato
de prestación de servicios.
62. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello,
ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que las pruebas se
practiquen o se aporten»19, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167
del CGP consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee
en consonancia con el artículo 167 idem que regula el principio de necesidad de la
prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso».
63. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.
64. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»20, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Sin embargo, el hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), pues este constituye un «requisito
central para que a partir del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido» 21.
65. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual
remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la
sana crítica (art. 176 CGP).
66. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
19 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
20
López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
21 Ibidem.
13
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conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
67. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. efecto, de conformidad con el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto
de prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre
la contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.3.4. Naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del SENA
y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad
68. El Gobierno nacional expidió el Decreto 118 de 1957, por medio del cual creó
el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—22, que de conformidad con el Decreto
164 de 195723, se encargaría de dar formación profesional a los trabajadores jóvenes
y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería.
69. La anterior normativa fue subrogada por el Decreto 3123 de 1968 24, en el que
se estableció dentro de sus funciones la formación profesional a los trabajadores de
todas las actividades económicas y en todos los niveles del empleo.
70. Más adelante, mediante el Decreto 2149 de 199225, el SENA se reestructuró.
En tal sentido, se definió que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como funciones, entre otras, se le asignó:
el diseñar y mantener un servicio nacional de aprendizaje que se ajuste a las
disposiciones que regulan el contrato de aprendizaje; y adelantar, previa aprobación
de las autoridades competentes, programas de formación tecnológica y técnica
profesional.
71. El anterior decreto fue derogado por la Ley 119 de 199426, en la que se mantuvo
la naturaleza jurídica de la entidad, y dispuso que su misión radica en «intervenir en
el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando
la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y
tecnológico del país». Además, se estableció que el SENA tendría como objetivo, «dar
formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas,
22 Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA.
23 Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA) y se dictan otras disposiciones.
24 Por el cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA).
25 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
26
Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se
dictan otras disposiciones.
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y a quienes, sin serlo, requieran dicha formación», entre algunos otros.
72. Bajo esas consideraciones, se advierte que la entidad se encuentra adscrita al
Ministerio de Trabajo y tiene como misión la formación y capacitación de aprendices.
Así, aun cuando no está subordinada al Ministerio de Educación, lo cierto es que
ejerce una labor docente con el fin de poder desarrollar los programas de formación
de educación no formal que ofrece27.
73. Aclarado lo anterior, se destaca que dentro de los empleos de la planta de
personal del SENA se encuentran los instructores, grupo que según el artículo 2 del
Decreto 1424 de 199828 «comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de coordinación
académica de la formación e investigación aplicada». Al respecto, se señala que
conforme con el manual específico de funciones, contenido en la Resolución 986 del
25 de mayo de 200729 (vigente entre el año 2007 y 2015), los instructores tienen las
siguientes funciones:
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el
programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en
las características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares
vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de
conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual
de Procedimientos para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo
con el Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13
de junio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya.
28 Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio Nacional
de Aprendizaje-SENA.
29 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los
empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
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74. El anterior anterior manual de funciones se actualizó en el año 2015, cuando
se expidió la Resolución 1302 del 8 de julio del mismo año30, y en el año 2017 al
proferirse la Resolución 1458 del 30 de agosto de 201731, en la que se establecieron
las funciones de los instructores en diferentes áreas temáticas. Para el caso en
estudio, resulta importante traer a colación aquellas dispuestas para quienes se
desempeñan en el área temática de mecanización agrícola, que son:
PROPÓSITO PRINCIPAL
Impartir formación profesional integral, de conformidad con los niveles de formación y
modalidades de atención, políticas institucionales, la normatividad vigente y la
programación de la oferta educativa.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles
de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los
lineamientos institucionales de mecanización agrícola.
2. Participar en la construcción del desarrollo curricular que exige el programa y el perfil
de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucionales, para
mecanización agrícola.
3. Ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los resultados
de aprendizaje definidos en los programas de formación relacionados con
mecanización agrícola.
4. Evaluar los aprendizajes de los sujetos en formación y los procesos formativos,
correspondientes a los programas de formación relacionados con mecanización
agrícola.
5. Participar en el diseño de programas de formación profesional conforme a las
necesidades regionales y los lineamientos institucionales requeridos por mecanización
agrícola.
6. Participar en proyectos de investigación aplicada, técnica y pedagógica en función
de la formación profesional de los programas relacionados con mecanización agrícola.
7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, según el área de
desempeño y la naturaleza del cargo.
75. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 1 de
septiembre de 201432, definió que, como la función del SENA, a través de sus
instructores, se dirige a la formación integral, profesional o laboral certificada de sus
estudiantes, por su naturaleza la entidad se encuentra en el sistema de educación no
formal. Ello, en los siguientes términos:
30 Por la cual se actualiza y reúne en un solo conjunto de leyes el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales de los empleados de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
31 Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de
la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de septiembre de 2014, proceso con radicado 20001-23-
31-000-2011-00503-01(3517-2013). M.P. Alfonso Vargas Rincón
16
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[…] la función prestada por el SENA a través de los Instructores se orienta a una
formación integral, profesional y laboral certificando a sus estudiantes, o sea, que
por estas características y su naturaleza se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace parte de los
niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de
1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de la
definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación. (Se destaca)
76. Así, toda vez que el SENA ejecuta una actividad académica, el contenido de
sus programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119
de 199433, debe ceñirse a la normativa aplicable, esto es, a la Ley 30 de 199234. Sobre
el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación35, concluyó lo
siguiente:
La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4
permite al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional,
en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.
Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:
i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a los
trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.
ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo cual
es concordante con la ley 30 de 1992, y,
iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico de
esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.
Esto último significa que, en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga
a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la ley 30 de
1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la ley 749 de
2002.
Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión
33 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
34 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
35
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de 2010, proceso con
radicado 11001-03-06-000-2010-00089-00. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
17
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específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe
agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio.
De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica y
técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes 30 y 749 sobre
el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y con la
naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin que
ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de
una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.
3.4. Hechos probados relevantes
77. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
78. El SENA Regional Cesar y el señor Jaider Alfonso Muñoz Álvarez suscribieron
los siguientes contratos de prestación de servicios:
N.º Objeto Valor Fecha Fecha final
contrato inicial
367 de 22 «Sírvase prestar sus servicios a esta $5.252.000 26 de 15 de
de julio de entidad como instructor del centro julio de diciembre
200436 agropecuario – CAISA en el área de 2004 de 2004
cría de pollos de engorde
desarrollando los siguientes módulos:
razas y líneas, construcción de
instalaciones, alimentación, sanidad,
manejo, sacrificio, empaque y
comercialización»
Interrupción: 8 meses (173 días hábiles)
080 de 16 «Prestación de servicios como $5.228.520 16 de 27 de
de agosto profesional en administración de agosto diciembre
37
de 2005 empresas agropecuarias, en el área de 2005 de 2005
de cría de pollos, módulo de técnicas
en cría de pollos de engorde»
Interrupción: 1 mes (22 días hábiles)
133 de 27 «Prestación de servicios personales $7.200.688 27 de 26 de mayo
de enero como instructor contratista, enero de 2006
38
de 2006 impartiendo horas de formación de 2006
profesional, atendiendo a los alumnos
36 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 6.
37 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 7.
38
Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 8 a 11.
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
de los programas de formación
profesional integral del SENA»
Interrupción: 1 años y dos meses (304 días hábiles)
194 de 27 «Prestación de servicios personales, $5.647.950 27 de 26 de
de junio como instructor para impartir 330 julio de noviembre
de 200739 horas de formación profesional en el 2007 de 2007
curso de hortalizas orgánicas en los
municipios de Potrerillo, El Paso,
dentro del programa de Jóvenes
Rurales»
Interrupción: 7 meses y 11 días (160 días hábiles)
232 del 2 «Prestación de servicios personales, $5.930.100 8 de 7 de
de julio de como instructor para desarrollar julio de noviembre
200840 acciones de formación profesional 2008 de 2008
dentro del programa jóvenes rurales
con el Centro Biotecnológico del
Caribe del SENA Regional Cesar»
Interrupción: 6 meses y 19 días (142 días hábiles)
152 de 12 «Prestar servicios profesionales para $11.860.200 27 de 15 de
de mayo desarrollar el componente técnico y mayo diciembre
de 200941 empresarial para el montaje de tres (3) de 2009 de 2009
unidades productivas, en el área
“proyectos producción agrícola
orgánica”, en el marco del programa
jóvenes rurales emprendedores, en
Manaure y San Diego en el
departamento del Cesar, por 660
horas para la ejecución de los
proyectos»
Interrupción: 1 mes y 11 días (30 días hábiles)
153 de 27 «Prestar servicios profesionales para $17.440.000 27 de 27 de
de enero desarrollar el componente técnico y enero septiembre
de 201042 empresarial para el montaje de cuatro de 2010 de 2010
(4) unidades productivas agrícolas, en
el marco del programa jóvenes rurales
emprendedores»
Interrupción: 10 meses y 1 día (218 días hábiles)
393 de 29 «Prestar los servicios profesionales de $9.094.912 29 de 30 de
de julio de instructor o gestor para desarrollar el julio de noviembre
201143 componente técnico y empresarial 2011 de 2011
para el montaje de dos (2) unidades
productivas, en la línea tecnológica
39 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 12 a 14.
40 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 15 a 17.
41 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 18 a 21.
42 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 22 a 25.
43
Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 27 a 32.
19
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
producción y transformación en el
marco del programa jóvenes rurales
emprendedores, en el departamento
del Cesar, a cargo del Centro
Biotecnológico del Caribe del SENA
Regional Cesar»
Interrupción: 2 meses y 14 días (54 días hábiles)
15612 de «Prestación de servicios profesionales $9.000.0000 15 de 29 de junio
15 de para desarrollar la formación y el febrero de 2012
febrero de proyecto productivo, para el montaje de 2012
201244 de dos (2) unidades productivas, en el
área pecuaria, en el marco del
programa jóvenes rurales
emprendedores, en el departamento
del Cesar, a cargo del Centro
Biotecnológico del Caribe del SENA
Regional Cesar, durante el primer
semestre de la vigencia 2012»
Interrupción: 1 mes y 16 días (32 días hábiles)
71542 de «Prestación de servicios profesionales $9.000.000 15 de 14 de
15 de para desarrollar la formación y el agosto diciembre
agosto de proyecto productivo, para el montaje de 2012 de 2012
201245 de dos (2) unidades productivas en el
área pecuaria, en el marco del
programa de jóvenes rurales
emprendedores, en el departamento
del Cesar, para la ejecución de los
proyectos con el fin de atender la
demanda, dentro y fuera del Centro
Biotecnológico del Caribe del SENA
Regional Cesar»
Interrupción: 2 meses y 7 días (49 días hábiles)
474 de 21 «Prestación de servicios profesionales $16.995.000 22 de 11 de
de febrero para desarrollar formación en la red de febrero octubre de
de 201346 conocimiento pecuario y las demás de de 2013 2013
su competencia en el marco del
programa jóvenes rurales
emprendedores»
Interrupción: 3 meses y 11 días (73 días hábiles)
564 de 22 «Prestar servicios personales de $17.223.985 23 de 30 de
de enero carácter temporal como instructor enero agosto de
de 201447 técnico, para crear y fortalecer de 2014 2014
unidades productivas rurales
44 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 34 a 38.
45 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 39.
46 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 40 a 41 y 47.
47
Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 42 a 46.
20
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
sostenibles en el área pecuaria y
demás áreas de su competencia,
mediante acciones de formación y
fortalecimiento en el marco del
programa jóvenes rurales
emprendedores, así como las
actividades de capacitación y/o
auditoria para el Sistema Integrado de
Gestión del SENA que acuerden las
partes»
Fin de la relación contractual
Tabla 1: contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes
79. De acuerdo con los contratos relacionados en el cuadro anterior, el demandante
desarrolló principalmente actividades de formación profesional en las áreas
agropecuaria y pecuaria. Para ello, debía impartir cursos sobre cría y producción de
pollos de engorde, hortalizas orgánicas, producción agrícola y proyectos pecuarios,
así como atender y orientar a los aprendices vinculados con los programas de
formación del SENA48.
80. En varios de los contratos también asumió obligaciones relacionadas con la
planeación, ejecución y evaluación de los procesos formativos. Entre ellas se
encontraban programar actividades de enseñanza y aprendizaje, seleccionar
estrategias y ambientes de formación, registrar evidencias, aplicar instrumentos de
evaluación y reportar los resultados académicos y administrativos de los aprendices.
81. Asimismo, debía acompañar la creación, montaje y fortalecimiento de unidades
productivas, formular y ejecutar proyectos, efectuar su seguimiento técnico, presentar
planes e informes de avance y, en algunos casos, gestionar fuentes de financiación y
estrategias dirigidas a garantizar su sostenibilidad49.
82. De manera reiterada, los contratos establecieron que el demandante debía
ejecutar las actividades en los horarios y lugares indicados por el SENA, presentar
reportes estadísticos y registros de las horas impartidas, atender los requerimientos
del supervisor y prestar sus servicios con responsabilidad, profesionalismo y
eficiencia50.
83. El señor Jaider Alfonso Muñoz Álvarez solicitó al SENA el 16 de agosto de
2017, el reconocimiento de la relación laboral que, según afirmó, estuvo encubierta
mediante los contratos de prestación de servicios, así como el pago de las acreencias
derivadas de aquella, entre ellas, trabajo suplementario, horas extras diurnas,
nocturnas y dominicales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas y
48 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 6 a 46. Relación de contratos de prestación de servicios.
49
Ibidem.
50 Ibidem.
21
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
dotación de calzado y vestido de labor51.
84. El SENA Regional Cesar negó la solicitud mediante el Oficio 2-2017-000781
del 5 de septiembre de 2017, al considerar que los vínculos celebrados con el
demandante eran de naturaleza civil y correspondían a contratos de prestación de
servicios. Por ello, señaló que su ejecución no generó una relación laboral ni, en
consecuencia, la obligación de reconocer prestaciones sociales y demás
emolumentos laborales52.
3.5. Caso concreto
85. En el asunto bajo análisis, la controversia de segunda instancia consiste en
determinar si el Tribunal acertó al negar la existencia de una relación laboral
encubierta entre el demandante y el SENA, con ocasión de la celebración sucesiva de
contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades como instructor.
86. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, aunque se
acreditaron la prestación personal del servicio y la remuneración, las pruebas no
demostraban la existencia de subordinación continuada. Para ello, tuvo en cuenta las
interrupciones presentadas entre los contratos y concluyó que el cumplimiento de
horarios y directrices correspondía a la coordinación necesaria para ejecutar las
actividades contratadas.
87. La parte demandante cuestionó esa decisión, al considerar que el Tribunal
valoró indebidamente las pruebas. En su criterio, los testimonios demostraban que
prestó sus servicios bajo subordinación, pues debía cumplir las órdenes impartidas
por sus supervisores, asistir a capacitaciones y solicitar autorización para ausentarse
de su lugar de trabajo.
88. Asimismo, destacó que las funciones de instructor se desarrollaron bajo las
condiciones de tiempo, modo y lugar determinadas por la entidad, sin autonomía para
su ejecución. También controvirtió que las interrupciones contractuales permitieran
descartar la relación laboral, pues la vinculación se extendió de manera sucesiva
durante varios años y tuvo por objeto el desarrollo de actividades de formación propias
y permanentes del SENA.
89. En ese contexto, la Sala adoptará la siguiente metodología: primero, identificará
y valorará las pruebas relevantes para resolver los reparos formulados en el recurso
de apelación. Luego, determinará si, durante la ejecución de los contratos de
prestación de servicios, se configuró una relación laboral encubierta. En caso
afirmativo, analizará la prescripción y establecerá si procede el reconocimiento de las
prestaciones sociales, la dotación y los aportes pensionales reclamados.
51 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 52 a 54.
52
Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 47 a 51.
22
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
90. Como se ha expuesto, el demandante sostiene que el SENA Regional Cesar
encubrió una relación laboral mediante la celebración sucesiva de contratos de
prestación de servicios.
91. Al respecto, del material probatorio allegado al plenario se encuentra acreditado
que las partes celebraron 12 contratos de prestación de servicios, ejecutados entre el
26 de julio de 2004 y el 30 de agosto de 2014. En términos generales, estos tuvieron
por objeto la prestación de servicios como instructor en las áreas agropecuaria y
pecuaria, mediante el desarrollo de actividades de formación profesional,
acompañamiento técnico y empresarial, así como la creación, montaje y
fortalecimiento de unidades productivas, principalmente en el marco del Programa
Jóvenes Rurales Emprendedores.
92. No obstante, la contratación no se desarrolló de manera continua, pues entre
la terminación de cada contrato y la celebración del siguiente se presentaron
interrupciones considerables. En efecto, los periodos de desvinculación oscilaron
entre un mes y más de un año.
93. A su vez, se probó que, en ejecución de dichos contratos, al demandante le
fueron asignadas funciones relacionadas con la selección de estrategias y ambientes
de aprendizaje; el diseño y la programación de actividades de formación y evaluación;
la formulación de proyectos productivos; la preparación de recursos didácticos; la
definición de las etapas productivas, y la elaboración de acciones dirigidas a la
ejecución, seguimiento y sostenibilidad de las unidades productivas.
94. De otro lado, está probado que el señor Jaider Alfonso Muñoz Álvarez presentó,
el 16 de agosto de 2017, reclamación administrativa ante el SENA, con el fin de que
se reconociera que, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formas, entre las partes existió una relación laboral encubierta mediante la celebración
sucesiva de contratos de prestación de servicios, desde el 26 de julio de 2004 hasta
el 30 de agosto de 2014.
95. El SENA, Regional Cesar, negó dicha solicitud mediante el Oficio 2-2017-
000781 del 5 de septiembre de 2017.
96. Ahora bien, además de los documentos allegados al proceso y relacionados en
el acápite de hechos probados relevantes, obran los testimonios de Jaime Jesús
Morón Armenta, Jeimy Paola Ordóñez Rincón y José Tomás Montesino Soto,
solicitados por la parte demandante. Estas pruebas fueron practicadas por el Tribunal
en la audiencia celebrada el 12 de octubre de 202153.
97. (i) Jaime Jesús Morón Armenta54: manifestó que se encontraba vinculado al
SENA como contratista y que conoció al demandante aproximadamente desde 2004,
53 Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“023_ED_14ACTAAUDIENCIAPRUEB”.
54
Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“20001233300220180007600_L2000123330030000000000_01_20211012_160400_V”.
23
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
porque ambos desarrollaban actividades de formación en el área agropecuaria y
pecuaria. Señaló que prestaron sus servicios en distintos municipios y que el señor
Jaider Alfonso Muñoz Álvarez estuvo contratado durante cerca de diez años.
98. El testigo explicó que el SENA les asignaba los municipios y proyectos en los
que debían impartir formación, relacionados, entre otros asuntos, con la cría de pollos
y ovinos y la administración de empresas ganaderas. Agregó que los contratos tenían
una duración variable, entre tres y diez meses, y que las actividades se desarrollaban
durante jornadas aproximadas de ocho horas.
99. Afirmó que los servicios debían prestarse personalmente y que no estaba
permitido delegar las actividades en otra persona. También señaló que los instructores
asistían a capacitaciones organizadas por el SENA y que, cuando no podían acudir a
una actividad programada, debían informar al coordinador y podían dejar tareas a los
aprendices. Precisó, sin embargo, que la inasistencia no generaba consecuencias
jurídicas y que no conoció llamados de atención formulados al demandante.
100. En relación con el pago, manifestó que los honorarios se cancelaban
mensualmente, previa presentación de un informe detallado sobre las actividades
desarrolladas y de las planillas de asistencia suscritas por los aprendices.
101. Finalmente, relató que, por regla general, quienes impartían la formación eran
contratistas y que el coordinador era el único empleado de planta. Según indicó, las
actividades desarrolladas respondían a las solicitudes de capacitación formuladas por
las comunidades campesinas y se ejecutaban de manera recurrente en diferentes
municipios del departamento.
102. (ii) Jeimy Paola Ordóñez Rincón55: declaró que estuvo vinculada al SENA entre
2008 y 2014 y que, durante ese periodo, fue compañera de trabajo del demandante
en el área agropecuaria, dentro de los programas Jóvenes Rurales y SENA Emprende
Rural. Precisó que ambos prestaban sus servicios mediante contratos de prestación
de servicios y desarrollaban actividades de formación rural.
103. La testigo explicó que el demandante se desempeñaba como instructor en las
áreas agrícola y pecuaria. En tal condición, debía desplazarse a los lugares
designados por la entidad, impartir formación a la población beneficiaria, liderar los
proyectos asignados y dejar en funcionamiento las respectivas unidades productivas.
104. Explicó que el SENA definía el proyecto, la población beneficiaria, el municipio,
el número de personas que debían atenderse y la intensidad horaria. Los instructores
elaboraban un cronograma con la distribución de los días, horarios y lugares de
formación, el cual debía ser aprobado por el supervisor. Aunque podían proponer la
organización de las actividades, debían acreditar el cumplimiento de las horas
asignadas, generalmente mediante jornadas de ocho horas, durante cinco o seis días
55
Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“20001233300220180007600_L2000123330030000000000_01_20211012_160400_V”.
24
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
a la semana.
105. Mencionó que al demandante le eran asignados simultáneamente varios
proyectos ubicados en diferentes municipios y que no podía modificar la población, el
lugar ni el número de unidades productivas que debía atender. Las actividades debían
desarrollarse presencialmente en los sitios determinados por el SENA y, en caso de
inasistencia, los instructores debían informar al supervisor y explicar las razones de
su ausencia.
106. La declarante refirió que la entidad verificaba el cumplimiento de las actividades
mediante llamadas a los aprendices, visitas a los lugares de formación y la revisión de
la información registrada en la plataforma SOFIA. Añadió que, en algunas
oportunidades, los instructores debían trabajar durante los fines de semana o extender
sus jornadas para cumplir las metas de los proyectos, especialmente cuando se
presentaban retrasos en la entrega de insumos.
107. También informó que el demandante debía asistir a las reuniones y
capacitaciones convocadas por el SENA. Indicó que los honorarios se pagaban
mensualmente, previa presentación de los informes de actividades, los registros de
las horas cumplidas y las planillas de asistencia suscritas por los aprendices.
108. Finalmente, aseveró que los programas rurales se desarrollaban año tras año.
No obstante, aclaró que no tuvo conocimiento de llamados de atención relacionados
con el desempeño técnico del demandante y que, fuera de las instalaciones del SENA,
no había empleados de planta que cumplieran las mismas actividades.
109. (iii) José Tomás Montesino Soto56: declaró que fue compañero de trabajo del
demandante entre 2004 y 2014, periodo durante el cual ambos estuvieron vinculados
al SENA mediante contratos de prestación de servicios. Dijo que el señor Jaider
Alfonso Muñoz Álvarez se desempeñaba en el área pecuaria e impartía formación
relacionada principalmente con avicultura y porcicultura.
110. El testigo explicó que el SENA asignaba a los contratistas entre tres y seis
proyectos, ubicados en distintas veredas y municipios del departamento. Cada
proyecto tenía previamente definido un número de horas, que podía oscilar entre 250
y 400, con fundamento en las cuales los instructores elaboraban un cronograma para
distribuir las actividades. Precisó que dicho documento debía presentarse al
coordinador, quien podía solicitar ajustes y debía aprobarlo antes de que iniciara su
ejecución.
111. Asimismo, reveló que los contratistas debían cumplir las actividades en los
lugares y horarios registrados en el cronograma, pues el coordinador realizaba visitas
para verificar su presencia y el avance de los proyectos. Cuando se presentaban
circunstancias que impedían continuar la labor en las condiciones inicialmente
56
Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“20001233300220180007600_L2000123330030000000000_01_20211012_160400_V”.
25
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
previstas, debían informar al SENA para que se modificara el sitio o el tiempo
asignado.
112. Precisó que, debido a las distancias y a las características del trabajo con las
comunidades rurales, las jornadas podían superar las ocho horas. Que, en algunas
oportunidades, los instructores debían permanecer durante varios días en las veredas
y ajustar los horarios a las actividades de los campesinos, con el propósito de cumplir
las horas y los compromisos correspondientes a cada proyecto.
113. También expresó que el coordinador era el jefe inmediato de los contratistas,
recibía los informes, verificaba la ejecución de los proyectos e impartía indicaciones
para corregir los aspectos que encontraba retrasados o deficientes. Agregó que la
asistencia a las reuniones, cursos y capacitaciones convocados por el SENA era
obligatoria, incluso cuando los instructores se encontraban desarrollando actividades
en campo. No obstante, precisó que no conoció llamados de atención por inasistencia
o incumplimiento.
114. En cuanto al pago, contó que los honorarios se cancelaban mensualmente,
previa presentación del informe técnico, los registros de las horas ejecutadas en la
plataforma SOFIA, las planillas de asistencia de los aprendices, las evidencias
fotográficas y los comprobantes de pago de la seguridad social.
115. Por último, narró que los programas de formación agropecuaria eran
permanentes, aunque los proyectos desarrollados en cada comunidad tenían una
duración específica. También contó que en el Centro Agropecuario existían
empleados de planta que impartían capacitaciones similares, mientras que el grupo al
que pertenecía el demandante estaba integrado principalmente por contratistas que
desarrollaban sus actividades fuera de la sede.
116. A partir de lo anterior, se advierte que los testimonios de Jaime Jesús Morón
Armenta, Jeimy Paola Ordóñez Rincón y José Tomás Montesino Soto tienen eficacia
probatoria, pues fueron rendidos por personas que laboraron con el demandante en
el SENA, Regional Cesar. En esa medida, sus declaraciones resultan pertinentes para
establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se ejecutaron los
contratos objeto de controversia.
117. Ahora bien, en cuanto a su imparcialidad, conviene precisar que la condición
de contratistas o excontratistas de la entidad demandada no conduce, por sí sola, a
excluir sus declaraciones. De conformidad con el artículo 211 del CGP, dicha
circunstancia no impide valorar sus dichos, sino que exige apreciarlos con mayor rigor,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica y atendiendo la claridad y coherencia de
los relatos, la razón de ciencia expuesta, la verosimilitud de las afirmaciones y su
concordancia con los demás medios de prueba57.
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencias del 23 de mayo de 2024, radicado: 66001-23-
33-000-2017-00083-01 (2190-2020); sentencia del 28 de noviembre de 2024, radicado: 50001-23-33-000-2021-
00340-01 (7137-2023).
26
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
118. En ese estado de cosas, las declaraciones serán valoradas de manera conjunta
con el resto del material probatorio obrante en el expediente, bajo criterios de la sana
crítica, de conformidad con el artículo 176 del CGP.
3.5.1. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral encubierta
119. En primer lugar, se destaca que conforme quedó consignado en el marco
normativo y jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de
existencia de una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que
se materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la subordinación continua y (iii) la
remuneración como contraprestación del servicio.
3.5.1.1. Prestación personal del servicio
120. De las pruebas allegadas al expediente se encuentra acreditado que el
demandante celebró con el SENA doce contratos de prestación de servicios,
ejecutados entre el 26 de julio de 2004 y el 30 de agosto de 2014.
121. En desarrollo de dichos contratos, el demandante debía impartir personalmente
actividades de formación, orientar y evaluar a los aprendices, acompañar los
proyectos productivos asignados y presentar los respectivos informes y registros.
Jaime Jesús Morón Armenta afirmó expresamente que estas labores no podían
delegarse, mientras que los demás testigos dieron cuenta de que el demandante
asistía directamente a los lugares de formación y ejecutaba las actividades asignadas.
Por tanto, se demostró la prestación personal del servicio.
3.5.1.2. Remuneración
122. En cada uno de los contratos de prestación de servicios celebrados entre las
partes se pactó el pago de honorarios como contraprestación por las actividades
desarrolladas por el demandante.
3.5.1.3. Continua subordinación o dependencia
123. Sobre el particular se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de
una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.
124. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
27
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
independencia, dentro del término fijado, sin que tales funciones puedan asumir un
carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.
125. Asimismo, cabe destacar que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que
los contratos de prestación de servicios no generan relación laboral ni prestaciones
sociales. No obstante, dicha regla cede cuando se acredita, en aplicación del principio
de primacía de la realidad sobre las formas, que la prestación del servicio encubrió
una verdadera relación laboral subordinada. Para ello, la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o indicios que, valorados en conjunto, permiten inferir la
existencia de ese vínculo.
126. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso58.
127. En el caso concreto, en primer lugar, se reitera que el SENA, según el Decreto
2149 de 199259, es un establecimiento público del orden nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Dicha entidad, según la Ley 119 de 199460, tiene por misión la de
intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; de manera
que ofrece y ejecuta formación profesional con carácter integral, para su incorporación
en actividades productivas.
128. Pese a que el SENA se encuentra adscrito al Ministerio del Trabajo y no al
Ministerio de Educación, lo cierto es que, como lo ha estudiado esta Corporación,
ejecuta una actividad académica y, por ende, el contenido de sus programas y títulos,
en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119 de 199461, debe ajustarse
a la Ley 30 de 1992.
129. Ahora bien, para el cumplimiento de la misión institucional existe en la planta
de personal del SENA el empleo de instructor, cuya función principal consiste en
impartir formación profesional y desarrollar actividades de coordinación académica e
investigación aplicada. Durante buena parte del periodo analizado, sus funciones
esenciales estuvieron previstas en la Resolución 986 del 25 de mayo de 2007 62,
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2025, radicado: 63001-
23-33-000-2021-00181-01 (4467-2023).
59 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
60 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se
dictan otras disposiciones.
61 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
62 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los
empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
28
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
actualizada por la Resolución 1458 del 30 de agosto de 201763; examinada
previamente.
130. Bajo ese marco, corresponde determinar si las condiciones en las que el
demandante prestó sus servicios como instructor permiten concluir que estuvo
sometido a subordinación. Con ese propósito, la Sala examinará el lugar y el horario
de trabajo, la dirección y el control ejercidos por la entidad, así como la
correspondencia entre las actividades desarrolladas y las funciones propias del cargo
de instructor, de conformidad con los criterios fijados en la sentencia de unificación del
9 de septiembre de 2021.
131. (i) Lugar de trabajo: en relación con este aspecto, se observa que las
actividades contratadas debían desarrollarse en los lugares definidos por el SENA. En
algunos contratos se identificaron expresamente municipios como Valledupar, El
Paso, San Diego, Manaure y La Paz, mientras que en otros se estableció como ámbito
de ejecución el departamento del Cesar o el área de influencia del Centro
Biotecnológico del Caribe. En particular, el último contrato, 564 de 2014, dispuso que
el servicio se prestaría en Valledupar y en los municipios comprendidos dentro de
dicha zona de influencia.
132. En concordancia con lo anterior, los testimonios practicados coincidieron en
señalar que el SENA determinaba los municipios, veredas y comunidades en los que
debían ejecutarse los proyectos. Jaime Jesús Morón Armenta manifestó que la
entidad asignaba directamente los lugares de formación, sin que los instructores
pudieran escogerlos. En similar sentido, Jeimy Paola Ordóñez Rincón indicó que el
SENA definía el proyecto, la población beneficiaria y el municipio que debía atenderse.
133. José Tomás Montesino Soto también explicó que los proyectos eran asignados
por la entidad en regiones específicas y que la «ficha de trabajo» identificaba el lugar,
las horas y las demás condiciones de su ejecución. Añadió que los instructores debían
desplazarse a diferentes municipios y veredas, en algunas ocasiones permanecer allí
durante varios días, de acuerdo con la ubicación de las comunidades y las
necesidades de cada proyecto.
134. De igual forma, las declaraciones permitieron establecer que las actividades
debían desarrollarse presencialmente en los lugares asignados. Los testigos
señalaron que el SENA verificaba la asistencia de los instructores mediante visitas del
coordinador, comunicaciones con los aprendices y la revisión de los cronogramas y
registros correspondientes.
135. En ese contexto, si bien el demandante no desarrollaba ordinariamente sus
actividades en una sede fija de la entidad, tampoco tenía libertad para determinar el
lugar de prestación del servicio. Por el contrario, debía acudir a los municipios, veredas
63 Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de
la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del SENA, link: https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
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y espacios comunitarios definidos por el SENA para impartir la formación y acompañar
la ejecución de los proyectos productivos asignados.
136. (ii) El horario de trabajo: los documentos contractuales evidencian que el
demandante debía cumplir una intensidad horaria previamente determinada para cada
proyecto. En efecto, los contratos fijaron un número específico de horas de formación
y, en algunos casos, establecieron expresamente que las actividades debían
desarrollarse en los horarios indicados por el SENA. De igual manera, el pago de los
honorarios estaba sujeto a la acreditación de las horas impartidas mediante controles
diarios, informes, registros y la certificación del supervisor.
137. Sobre la organización de las actividades, los testimonios presentan algunos
matices. Los declarantes refirieron que los instructores elaboraban o proponían los
cronogramas de trabajo, teniendo en cuenta el número de horas asignadas, las
características de los proyectos y la disponibilidad de las comunidades. Sin embargo,
también explicaron que dichos cronogramas debían someterse a la aprobación del
coordinador, quien podía solicitar ajustes antes de autorizar su ejecución.
138. En esa medida, aunque el demandante contaba con cierto margen para
distribuir las visitas y actividades, no podía modificar libremente la intensidad horaria
ni apartarse de la programación aprobada. Además, debía registrar las horas
ejecutadas, presentar las planillas de asistencia y acreditar mensualmente el
cumplimiento de la programación para obtener el pago de sus honorarios.
139. Los testigos también coincidieron en que el SENA controlaba la ejecución de
las actividades mediante la revisión de los cronogramas y registros cargados en la
plataforma SOFIA, las planillas suscritas por los aprendices, las llamadas a las
comunidades y las visitas efectuadas por el coordinador o supervisor.
140. Bajo ese marco, se observa que el demandante podía proponer la distribución
de las actividades, pero debía ajustarla a la intensidad horaria prevista, someterla a la
aprobación del coordinador y cumplir la programación finalmente autorizada. Por
tanto, la organización del tiempo no dependía exclusivamente de su voluntad, sino
que estaba sujeta a la intervención y al control del SENA.
141. (iii) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: sobre
este aspecto, obran en el expediente los contratos de prestación de servicios suscritos
por el demandante, en los que se definieron de manera detallada los objetos y
obligaciones a su cargo. De su contenido se advierte que las actividades contratadas
estuvieron vinculadas con la formación profesional en las áreas agrícola y pecuaria,
la orientación y evaluación de los aprendices, así como la creación, ejecución y
seguimiento de proyectos productivos, veamos:
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: […] a) Programar las actividades de formación que
den respuesta a la creación de una unidad productiva rural sostenible de carácter
asociativo por proyecto formativo. b) Realizar actividades de formación para el
fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales de los aprendices del
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proyecto formativo y para la ejecución y consolidación de los proyectos productivos. c)
Elaborar y aplicar el proyecto de formación, guías de aprendizaje e instrumentos
de evaluación con técnicas didácticas activas para garantizar el cumplimiento
de los resultados de aprendizaje, según formatos establecidos. d) Realizar el
diagnóstico de las unidades productivas de su área en articulación con el
instructor de comercialización, el gestor de fortalecimiento y el líder del
programa. e) Orientar y acompañar al emprendedor en la elaboración del plan de
negocios de la unidad productiva resultado del proyecto formativo, en el
componente técnico y financiero de acuerdo a la proyección del mercado, en
articulación con el instructor de comercialización y durante el proceso de
formación. f) Entregar el plan de ejecución mensual y avances de los proyectos.
g) Realizar el registro de las acciones formativas en Sofia. […] i) Presentar plan de
estrategias de fortalecimiento técnico que permitan la sostenibilidad de las unidades
productivas rurales conformadas. […] k) Realizar acciones de fortalecimiento
técnico a las unidades productivas que el líder del programa JRE le asigne,
previa programación y concertación con el coordinador académico. Estas
actividades en ningún caso debe superar el 30% de la capacidad mensual del
instructor. […] m) Apoyar la implementación de las iniciativas estratégicas del
programa como los proyectos de impacto regional, territorios de aprendizaje, y
otras iniciativas establecidas por la dirección general, mediante acciones de
formación y acciones de fortalecimiento a unidades productivas rurales
sostenibles. n) Hacer uso e implementación de las diferentes metodologías y
programas que ha adoptado el programa de jóvenes rurales emprendedores
tales como Mycoop, Tropenbos, Laso y demás metodologías que sean
viabilizadas por la dirección general para garantizar una intervención efectiva y
con enfoque diferencial. […] r) Apoyar el registro de las acciones e indicadores
en los sistemas de información del programa como la creación de unidades
productivas en Sofia Plus, el Sistema de información georreferenciado, formatos
en Excel y demás sistemas de información que indique la dirección general. […]
t) Realizar los informes requeridos del programa con la oportunidad, calidad y
pertinencia al líder de centro, líder regional y/o Subdirector de Centro, y en los
instrumentos establecidos. u) Participar en las actividades de transferencia de
metodologías a las que le convoque el Centro de formación, la dirección
Regional o la Dirección General, en aras de implementarlas en la formación del
Programa JRE. […] w) Las demás asignadas dentro del marco del objeto contractual.
OBLIGACIONES GENERALES: […] 2. El contratista debe cumplir con las normas del
Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: […] 4. Participar
en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes,
los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías
Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. 5. Cumplir las normas,
reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST. 6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad
derivada del contrato. […] 4. Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del
patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la
entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por
lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia deberán dar cuenta
sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato
respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente. 5.
Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. (Se
31
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
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destaca)64.
142. Las obligaciones transcritas evidencian que el demandante no desarrollaba sus
actividades con plena autonomía e independencia, pues debía sujetarse a las
metodologías, formatos, sistemas de información y lineamientos definidos por el
SENA. Asimismo, estaba obligado a ejecutar las actividades que le asignara el líder
del programa, concertar su programación con el coordinador académico, presentar
planes e informes periódicos y asistir a las jornadas de transferencia metodológica a
las que fuera convocado por la entidad. Tales condiciones revelan el ejercicio de
facultades de dirección y control sobre la forma en que debía prestar sus servicios.
143. Lo anterior encuentra respaldo en los testimonios practicados. Jaime Jesús
Morón Armenta señaló que el SENA asignaba los proyectos y definía los contenidos
de la formación mediante formatos que los instructores debían seguir. Añadió que el
coordinador verificaba su cumplimiento a través de visitas a los sitios de ejecución y
comunicaciones con los aprendices, y que el pago de los honorarios estaba
condicionado a la presentación de informes y planillas de asistencia.
144. En similar sentido, Jeimy Paola Ordóñez Rincón manifestó que la entidad
definía los proyectos, la población beneficiaria, la intensidad horaria y las metas que
debían cumplirse. Indicó que los instructores debían reportar permanentemente las
actividades desarrolladas, registrar las horas en la plataforma SOFIA y asistir a las
reuniones y capacitaciones convocadas por el SENA.
145. Por su parte, José Tomás Montesino Soto explicó que los cronogramas
elaborados por los instructores debían ser revisados y aprobados por el coordinador,
quien podía exigir ajustes antes de autorizar su ejecución. Asimismo, afirmó que aquel
verificaba el avance de los proyectos e impartía instrucciones para corregir los
aspectos que encontrara retrasados o deficientes.
146. Así, aunque el demandante contaba con cierto margen técnico para desarrollar
las actividades de formación y los proyectos productivos, la entidad intervenía en su
programación, fijaba los parámetros de ejecución, verificaba su cumplimiento y podía
exigir ajustes. Por tanto, el control ejercido no se limitaba a constatar el resultado final
de los contratos, sino que recaía sobre la manera en que debían ejecutarse las
actividades.
147. En ese orden, la Sala concluye que las actividades del demandante no se
desarrollaron bajo una simple coordinación contractual. Como se expuso, el SENA
delimitaba las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que debía prestarse el
servicio, definía los proyectos, metodologías y parámetros de formación, aprobaba la
programación, verificaba su cumplimiento e impartía instrucciones para corregir las
deficiencias advertidas durante su ejecución.
64
Samai, índice 26 (20001-23-33-002-2018-00076-00 de primera instancia), expediente digital, archivo
“009_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL”, pp. 42 a 46.
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148. Si bien los contratos de prestación de servicios requieren mecanismos de
coordinación, supervisión y seguimiento para garantizar el cumplimiento del objeto
pactado, tales facultades no pueden extenderse al punto de someter al contratista a
una dirección permanente sobre la manera en que debe ejecutar sus actividades.
Cuando ello ocurre y se limita sustancialmente su autonomía e independencia, se
configura la subordinación propia de una relación laboral65.
149. Por consiguiente, se encuentra acreditada la dirección y el control efectivo de
las actividades ejecutadas por el demandante.
150. (iv) Que las actividades o tareas desarrolladas correspondan a las
asignadas a servidores de planta, siempre que concurran los elementos
configurativos de la relación laboral: en relación con este aspecto, está acreditado
que el demandante prestó sus servicios como instructor en las áreas agropecuaria y
pecuaria, mediante el desarrollo de actividades de formación profesional y
acompañamiento de proyectos productivos.
151. Estas actividades guardan correspondencia con las funciones asignadas al
empleo de instructor de la planta de personal del SENA. En efecto, el Decreto 1424
de 199866 establece que este grupo comprende los empleos cuyas funciones
principales consisten en impartir formación profesional y desarrollar actividades de
coordinación académica e investigación aplicada. A su vez, el manual específico de
funciones vigente durante buena parte del periodo reclamado atribuyó a los
instructores, entre otras funciones, seleccionar estrategias de enseñanza, aprendizaje
y evaluación; escoger ambientes de aprendizaje; orientar los procesos formativos;
programar actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación; reportar información
académica y administrativa, y evaluar la formación de los aprendices.
152. Al comparar esas funciones con las obligaciones pactadas en los contratos de
prestación de servicios, se advierte una correspondencia sustancial. En efecto, al
demandante se le exigía programar actividades de formación, elaborar y aplicar
proyectos formativos, guías de aprendizaje e instrumentos de evaluación, orientar y
acompañar a los aprendices y emprendedores, registrar acciones formativas en la
plataforma SOFIA, presentar planes e informes, asistir a actividades de transferencia
metodológica y apoyar la implementación de iniciativas estratégicas del programa
Jóvenes Rurales Emprendedores.
153. En esas condiciones, las labores ejecutadas por el demandante no fueron
ajenas, accesorias o complementarias al funcionamiento de la entidad, sino que
correspondieron a las actividades mediante las cuales el SENA cumple su misión
institucional. Como se expuso, la Ley 119 de 199467 le atribuyó la función de ofrecer
65 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2025, radicado 63001-
23-33-000-2021-00181-01 (4467-2023).
66 «Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los instructores del Servicio Nacional
de Aprendizaje -SENA-»
67
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones»
33
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y ejecutar formación profesional integral para facilitar la incorporación y el desarrollo
de las personas en actividades productivas, propósito que se materializa
principalmente a través de sus instructores.
154. Ciertamente, el demandante no se limitó a entregar productos independientes
ni a brindar una asesoría externa y ocasional, sino que intervino directamente en la
planeación, programación y ejecución de los procesos formativos, así como en la
orientación y evaluación de los aprendices y en el acompañamiento de las unidades
productivas vinculadas con los programas institucionales.
155. Bajo ese marco, se encuentra acreditado que las actividades desarrolladas
correspondían a las funciones propias del empleo de instructor y estaban directamente
vinculadas con la misión permanente del SENA. Esta circunstancia, valorada junto con
la prestación personal del servicio, la remuneración y las condiciones de tiempo, modo
y lugar previamente analizadas, permite concluir que entre las partes existió una
relación laboral encubierta.
156. En este punto, conviene agregar que el Tribunal negó las pretensiones de la
demanda, principalmente, porque entre la terminación de un contrato y la celebración
del siguiente transcurrieron periodos que, en su criterio, impedían acreditar una
subordinación continuada.
157. Esta conclusión no es acertada, pues las interrupciones entre los contratos,
aunque inciden en la continuidad temporal del vínculo y en sus efectos, no desvirtúan
que durante la vigencia de cada uno se hubiera configurado la subordinación.
158. En efecto, la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 68 fijó el
término de treinta días hábiles como criterio orientador para establecer si operó la
solución de continuidad, pero precisó que no constituye una «camisa de fuerza» y que
corresponde valorar las circunstancias particulares de cada caso.
159. Por tanto, el Tribunal no podía inferir de la sola duración de las interrupciones
la inexistencia de subordinación. Esos lapsos permiten delimitar los periodos durante
los cuales se reconocerá la relación laboral y establecer sus efectos, pero no descartar
su existencia durante los contratos efectivamente ejecutados.
160. En suma, valoradas en conjunto las pruebas documentales y testimoniales, se
acreditó que el demandante prestó personalmente sus servicios, recibió una
remuneración y desarrolló sus actividades bajo la subordinación del SENA durante la
vigencia de cada uno de los contratos celebrados. En consecuencia, se revocará la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará la nulidad del acto
administrativo demandado y la existencia de una relación laboral encubierta durante
los periodos contractuales acreditados, sin perjuicio del análisis de la prescripción y
de los efectos económicos que se efectuará a continuación.
68
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con referencia
SUJ2-005-16.
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
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3.6. De la prescripción
161. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por
consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados
por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales. (Se destaca)
162. Ahora bien, en relación con la solución de continuidad en asuntos en los que
se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección, en sentencia
del 9 de septiembre de 2021, como se expuso anteriormente, estableció un periodo
de treinta días hábiles entre la terminación de un contrato y el inicio del siguiente, para
identificar la existencia de la solución de continuidad de la relación contractual.
163. Asimismo, se advierte que quien pretenda el reconocimiento de una relación
laboral encubierta con el Estado y el pago de las prestaciones derivadas de ella deberá
reclamarlos dentro de los tres años siguientes a la finalización del vínculo contractual,
determinado precisamente por el límite temporal fijado por la jurisprudencia de
referencia69.
164. Descendiendo al caso particular, se observa que el demandante presentó la
reclamación administrativa el 16 de agosto de 2017, esto es, dentro de los tres años
siguientes a la terminación del último contrato de prestación de servicios, ejecutado
entre el 23 de enero y el 30 de agosto de 2014.
165. Sin embargo, entre dicho contrato y los que lo precedieron se presentaron
interrupciones superiores a treinta días hábiles, por lo que cada vínculo debe
analizarse de manera independiente para efectos de la prescripción. En ese sentido,
como la reclamación fue formulada el 16 de agosto de 2017, se encuentran prescritas
las prestaciones sociales derivadas de los vínculos contractuales autónomos cuya
finalización ocurrió antes del 16 de agosto de 2014.
69
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con referencia
SUJ2-005-16.
35
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
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166. Así las cosas, únicamente procede el reconocimiento de las cesantías, los
intereses a las cesantías, la prima de servicios, las vacaciones y, de cumplirse los
requisitos legales, la dotación, causados durante el contrato ejecutado entre el 23 de
enero y el 30 de agosto de 2014.
167. Esta conclusión no se extiende frente a lo que se resuelva respecto de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, los cuales son
imprescriptibles. Por tanto, las diferencias en las cotizaciones pensionales deberán
establecerse respecto de todos los periodos contractuales en los que se declaró la
existencia de la relación laboral.
3.7. Del restablecimiento del derecho
168. Demostrada como quedó la existencia de una relación laboral encubierta,
corresponde determinar los conceptos procedentes a título de restablecimiento del
derecho. Para tal efecto, la Sala tendrá en cuenta tanto el contenido de la reclamación
administrativa como las pretensiones formuladas en la demanda, pues el
reconocimiento judicial debe circunscribirse a los asuntos sometidos previamente a
consideración de la entidad y reclamados en el proceso.
169. En la petición presentada ante el SENA, el demandante solicitó el pago de
vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas, dotación de calzado y
vestido, trabajos suplementarios, horas extras y cotizaciones a los sistemas de salud
y pensión. Sin embargo, en la demanda únicamente reclamó cesantías, intereses a
las cesantías, primas de servicios, vacaciones, dotación y aportes pensionales. Por
consiguiente, el restablecimiento se limitará a estos últimos conceptos.
170. En relación con la solicitud de devolución de los valores descontados por
concepto de retención en la fuente, se precisa que esta resulta improcedente.
Conforme al criterio de la Sección Segunda de esta Corporación70, la declaratoria de
una relación laboral encubierta no implica el reembolso de las sumas causadas con
ocasión de la celebración del contrato, toda vez que la finalidad del restablecimiento
del derecho se circunscribe al reconocimiento de los emolumentos salariales y
prestacionales dejados de percibir, mas no a la restitución de los valores pagados en
virtud de la relación contractual71. En consecuencia, este reparo no está llamado a
prosperar.
3.7.1. De las prestaciones sociales: cesantías, intereses a las cesantías, prima
de servicios y vacaciones
171. Como consecuencia de la declaratoria de existencia de la relación laboral, el
accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
70 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de mayo de 2015, radicado: 68001-23-31-000-2009-
00636-01 (1230-2014).
71
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2011, radicado: 25000-
23-25-000-2008-00655-01 (1422-2011).
36
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
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legalmente previstas. Para la Subsección, la base de liquidación de dichas
prestaciones debe corresponder al salario asignado al empleo de la planta de personal
cuyas funciones sean iguales o equivalentes a las desempeñadas por la demandante.
172. En efecto, los contratos de prestación de servicios determinan las actividades
que debe desarrollar el contratista. Por consiguiente, cuando en la planta de personal
exista un empleo con funciones iguales o equivalentes a las pactadas
contractualmente, deberá tomarse como parámetro el salario asignado a dicho cargo.
La equivalencia a la que se alude es de carácter funcional, de manera que, aun cuando
no exista en la planta un empleo idéntico, deberá establecerse si alguno de los cargos
existentes comprende funciones similares o equivalentes a las desempeñadas por la
contratista.
173. La Subsección precisa que no se acude a los honorarios, en tanto, son fijados
a través de un acuerdo de voluntades en el marco de una relación contractual, que
también dependen de los estudios previos72 de la entidad para celebrar el contrato.
Aspectos que, a juicio de la Sala, son diferentes a los criterios especializados que se
tienen en cuenta para fijar los salarios en el sector público. Ciertamente, en materia
salarial existe una competencia compartida entre el legislador que dicta las leyes
marco y el Gobierno nacional, como lo señala el literal e) del numeral 19 del artículo
150 de la Carta Política.
174. Nótese que cuando se declara la existencia de la relación laboral, a la luz del
principio de supremacía de la realidad sobre las formas (artículo 53 de la Constitución
Política), justamente se está indicando que el contrato de prestación de servicios
desconoció el orden superior, lo cual conlleva a que se deba preferir el salario del
cargo, en lugar de acudir a los honorarios.
175. De donde se colige que lo pactado por las partes, o lo fijado internamente por
la entidad como pago para los contratistas, no puede, en principio, constituir la base
para determinar el valor de las prestaciones sociales cuando se demuestra la
existencia de una relación laboral con una entidad pública. Ello en modo alguno
equivale a que la declaración de la existencia de la relación laboral otorgue la calidad
de empleado público, sino que propende por acudir a un parámetro de equidad y
proporcionalidad, por haberse utilizado el contrato de prestación de servicios para
ocultar una relación laboral.
176. De hecho, para poder concluir que existió una relación laboral, uno de los
indicios a evaluar consiste en estudiar si las actividades contractuales también son
realizadas por los servidores de planta. Por ello, el fallo de unificación 73 explicó que
72 En el fallo de unificación del 9 de septiembre de 2021 se acudió a los estudios previos para que debían justificar la
necesidad temporal para celebrar el contrato de prestación de servicios. Por ello, en la primera regla de unificación se
determinó que «el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio
de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de
forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia». Consejo de Estado, Sección
Segunda, proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
73
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016).
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«el hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la
entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente». Así entonces, este análisis materializa el principio de «a trabajo igual,
salario igual»74. Por consiguiente, en sana lógica lo razonable es que se acuda al
salario del cargo en planta respecto del cual se hace la comparación.
177. Al respecto, esta Sala ya ha considerado que como consecuencia de la
declaratoria de la existencia de la relación laboral, en virtud del mencionado principio,
la base para calcular las prestaciones debe corresponder al salario del cargo en la
planta de personal, así75:
Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual, salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de
los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad,
cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de
condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de
hipótesis distintas.
En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Carlos Alberto Díaz Guzmán debía ser remunerada conforme
con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas.
Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.
178. Sin embargo, de forma residual, solamente cuando en la planta de personal no
haya un cargo con funciones iguales o equivalentes, la base de liquidación de las
prestaciones sociales será el valor de los honorarios.
179. En el presente asunto, se acreditaron la existencia, denominación y funciones
del empleo de instructor de la planta de personal del SENA, las cuales resultan
equivalentes a las actividades desarrolladas por el demandante. En consecuencia, las
prestaciones sociales que se reconozcan por ese periodo deberán liquidarse con
fundamento en la remuneración correspondiente a dicho empleo, de acuerdo con el
régimen salarial y prestacional aplicable para esa vigencia.
74 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 143. 1. «A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones
de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que
se refiere el artículo 127».
75
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
3.7.2. De la dotación y vestido de labor
180. El artículo 1º de la Ley 70 de 198876 dispone el derecho de los empleados del
sector oficial a recibir calzado y vestido de labor, siempre que su remuneración
mensual fuera inferior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. A su vez,
el Decreto 1978 de 198977 estableció como requisito adicional haber laborado al
menos tres meses ininterrumpidos antes de la respectiva fecha de entrega78.
181. Pero, únicamente procede analizar esta prestación respecto del contrato 564
de 2014, ejecutado entre el 23 de enero y el 30 de agosto de ese año. Para 2014, el
salario mínimo legal mensual vigente ascendía a $616.000, por lo que el límite previsto
para acceder a la dotación correspondía a $1.232.000.
182. Sin embargo, en dicho contrato se pactaron honorarios mensuales por valor de
$2.359.450, suma superior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En
consecuencia, el demandante no cumplía el requisito económico exigido para acceder
al reconocimiento de la dotación, razón por la cual se negará esta pretensión.
3.7.3. De los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
183. El SENA deberá determinar, mes a mes, el ingreso base de cotización
pensional del demandante, con fundamento en la remuneración correspondiente al
empleo de instructor de planta durante cada uno de los periodos declarados, pues,
como se explicó, respecto de estos aportes no opera el fenómeno de la prescripción.
184. Si existe diferencia entre los aportes realizados por el demandante como
contratista y aquellos que debieron efectuarse con ocasión de la relación laboral, la
entidad deberá pagar al fondo de pensiones el valor faltante en el porcentaje que le
correspondía como empleadora.
185. Por su parte, el demandante deberá acreditar las cotizaciones efectuadas
durante dichos periodos y, si no las realizó o se establece alguna diferencia a su cargo,
deberá asumir el porcentaje que le correspondía como trabajador.
186. Las sumas que se reconozcan con ocasión de esta sentencia deberán
actualizarse con fundamento en la fórmula según la cual el valor presente (R) se
determina multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de la
sentencia, entre el índice inicial, vigente a la fecha de causación de cada suma. La
fórmula que deberá aplicar la entidad es la siguiente:
R = Rh. índice final
índice inicial
76 «Por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor para los empleados del sector público»
77 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988»
78
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de agosto de 2025, radicado 66001-23-
33-000-2018-00131-01 (2032-2021).
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
187. Donde el valor presente (R) corresponde a la suma actualizada; el valor
histórico (Rh), al monto causado en cada periodo; el índice final, al IPC certificado por
el DANE vigente a la fecha de la sentencia, y el índice inicial, al vigente para la fecha
de causación de cada acreencia.
3.8. Conclusión
188. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que se acreditó la existencia
de una relación laboral encubierta entre el demandante y el SENA durante los periodos
en los que estuvieron vigentes los contratos de prestación de servicios. En efecto,
concurrieron la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación,
pues aquel desarrolló funciones propias del empleo de instructor, bajo las condiciones
de tiempo, modo y lugar definidas por la entidad y sujeto a su programación,
lineamientos y mecanismos de dirección y control.
189. Bajo el planteamiento anterior, prospera el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante y se revocará la sentencia de primera instancia. En su lugar, se
declarará la nulidad del acto administrativo acusado y la existencia de la relación
laboral durante los periodos contractuales acreditados. No obstante, por efecto de la
prescripción, el reconocimiento de las prestaciones sociales se limitará al contrato
ejecutado entre el 23 de enero y el 30 de agosto de 2014; se negará la dotación por
incumplimiento del requisito salarial, y las diferencias en los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensión se ordenarán respecto de todos los periodos declarados,
dada su imprescriptibilidad.
3.9. Costas
190. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 79 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
79 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –
conductas.
191. En ese contexto, pese a que no fue un aspecto apelado, la Sala revocará la
condena en costas impuesta en primera instancia, pues no se acreditó que la parte
demandante hubiera actuado con temeridad o mala fe.
192. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el
13 de julio de 2023, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva. En su lugar, se dispone:
Segundo: Declarar la nulidad del Oficio 2-2017-000781 del 5 de septiembre de 2017,
mediante el cual la subdirectora del Centro Biotecnológico del Caribe del SENA,
Regional Cesar, negó el reconocimiento de la relación laboral existente entre las
partes.
Tercero: Como consecuencia de lo anterior, declarar, a título de restablecimiento del
derecho, la existencia de una relación laboral entre el señor Jaider Alfonso Muñoz
Álvarez y el SENA durante los periodos contractuales comprendidos entre el 26 de
julio de 2004 y el 30 de agosto de 2014, sin incluir las interrupciones. Dichos periodos
se tendrán en cuenta para efectos pensionales, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia.
Cuarto: Declarar de oficio la prescripción de los derechos laborales causados con
anterioridad al 23 de enero de 2014, salvo los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.
Quinto: Condenar al SENA a reconocer y pagar al señor Jaider Alfonso Muñoz
Álvarez las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de servicios y las
vacaciones causadas entre el 23 de enero y el 30 de agosto de 2014, para lo cual
deberá tomar como referente la remuneración correspondiente al empleo de instructor
de planta.
De igual manera, a título de restablecimiento del derecho, ordenar al SENA
determinar, mes a mes, el ingreso base de cotización pensional del demandante
durante todos los periodos contractuales declarados, sin incluir las interrupciones, con
fundamento en la remuneración correspondiente al empleo de instructor de planta. Si
existen diferencias entre los aportes efectuados por aquel como contratista y los que
debieron realizarse con ocasión de la relación laboral, la entidad deberá pagar al fondo
de pensiones el valor faltante en el porcentaje que le correspondía como empleadora.
Por su parte, el demandante deberá acreditar las cotizaciones realizadas y asumir, de
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00076-01 (5869-2023)
Demandante: Jaider Alfonso Muñoz Álvarez
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ser necesario, la diferencia correspondiente al porcentaje a su cargo como trabajador.
Las sumas reconocidas con ocasión de esta sentencia se actualizarán con la fórmula
según la cual el valor presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh)
por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha
de la causación). La fórmula que debe aplicar es la siguiente:
R = Rh. índice final
índice inicial
Sexto: Negar el reconocimiento de intereses comerciales en los términos solicitados.
Las sumas reconocidas devengarán los intereses moratorios previstos en los artículos
192 y 195 del CPACA, en las condiciones allí establecidas.
Séptimo: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Octavo: Sin condena en costas en ambas instancias.
Noveno: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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