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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00203-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00203-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00203-01 (2601-2024)
Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: instructora del Sena. Subtema 2:
elementos que permiten acreditar la existencia de la relación laboral. Subtema 3:
subordinación. Subtema 4: prescripción.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida el 7 de marzo de 2024, por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso

La señora Carolina Cardona Gómez pidió la nulidad del acto administrativo expedido
por el Sena, que le negó el reconocimiento de su relación laboral. El Tribunal, en
primera instancia, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, al encontrar
acreditados los elementos constitutivos de aquella. Inconforme con esta decisión, la
demandada apeló. La Subsección confirmará el fallo.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Carolina Cardona Gómez, mediante apoderado judicial, formuló
demanda1, el 24 de febrero de 20212, en ejercicio del medio de control de nulidad y

1 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 1 a 31 del archivo
digital.
2 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 1_001ACTAREPARTOJUZGADO.

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00203-01 (2601-2024)
Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

restablecimiento del derecho contra el Sena, de conformidad con las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

2. Declarar la nulidad del acto administrativo con número interno 2020-01-
226886 – sin fecha–, comunicado mediante correo electrónico del 20 de octubre de
2020, proferido por el director regional de Risaralda del Sena, que le negó el
reconocimiento de la existencia de la relación laboral y el pago de las acreencias
laborales generadas entre 2009 y 2018.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar al Sena al pago de
las acreencias laborales no pagadas del 4 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre
de 2018, por determinados conceptos3.

4. La accionante reclamó el reconocimiento y pago de las demás acreencias
laborales acreditadas, la indexación de los derechos y condenar a la demandada al
pago de costas y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. La señora Carolina Cardona Gómez prestó sus servicios personales en el
Sena a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado (Cotraser) en el Centro de
Comercio y Servicios de la Regional de Risaralda, en el cargo de instructor, en el
área de enfermería. También laboró en el Centro de Atención del Sector
Agropecuario, Regional de Risaralda, en el cargo de instructora, en el área de
formación integral, formulación de proyectos, diseño de actividades de aprendizaje
y salud ocupacional entre el 4 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2018.

7. La señora Carolina Cardona Gómez laboró mediante los siguientes vínculos
en los períodos que a continuación se determinan:
Tabla 1
Contrato Fecha inicio Término de ejecución
Fecha fin
Cotraser 4 de noviembre de 2009 19 meses y 26 días
30 de junio de 2011
0214 del 12 de julio de 13 de julio de 2011 5 meses y 3 días
2011 15 de diciembre de 2011
0041 del 21 de enero de 24 de enero de 2012 5 meses y 8 días
2012 1 de julio de 2012
0951 del 7 de julio de 10 de julio de 2012 5 meses
2012 9 de diciembre de 2012
0072 del 17 de enero de 21 de enero de 2013 11 meses
2013 20 de diciembre de 2013

3 Salario y nivelación salarial, subsidio de alimentación, bonificación por servicios prestados, prima semestral,

prima quinquenal, prima de navidad, prima técnica, vacaciones, bonificación por recreación, cesantías, intereses
a las cesantías, sanción moratoria por el no pago de las cesantías, horas extras, recargos nocturnos y
dominicales, indemnización por despido sin justa causa, pago de los aportes al sistema de seguridad social,
devolución de sumas pagadas por retención en la fuente y sanciones moratorias por el no pago oportuno de las
acreencias causadas desde el 30 de noviembre de 2018 y hasta el pago efectivo.

2

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00203-01 (2601-2024)
Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

0180 del 16 de enero de 20 de enero de 2014 10 meses y 28 días
2014 17 de diciembre de 2014
0448 del 27 de enero de 28 de enero de 2015 10 meses y 17 días
2015 14 de diciembre de 2015
0210 del 27 de enero de 28 de enero de 2016 10 meses y 15 días
2016 12 de diciembre de 2016
0200 del 21 de enero de 23 de enero de 2017 10 meses y 15 días
2017 22 de noviembre de 2017
0336 del 23 de enero de 1.° de febrero de 2018 10 meses
2018 30 de noviembre de 2018

8. El lapso entre la terminación de un contrato y la celebración de uno nuevo
coincidió con la finalización y el comienzo de las actividades académicas en el Sena.

9. La señora Carolina Cardona Gómez laboró con el Sena de forma
subordinada, pues recibía órdenes, estuvo sometida a un horario, y se le asignaba
un cronograma de actividades, desarrolló funciones propias del objeto misional de
la entidad y percibió la remuneración por los servicios prestados.

10. A su vez, prestó sus servicios con los elementos propios de la entidad y en
sus instalaciones y, adicionalmente, tenía que preparar sus clases, calificar a los
estudiantes y actualizar las plataformas digitales sin recibir pago alguno. Al efecto,
los instructores de planta contaban con horas exclusivas de su jornada laboral para
impartir las actividades. En igual sentido, la actora tuvo que realizar distintos
estudios y cursos utilizados por el Sena para ajustar su labor a los reglamentos
internos.

11. Al interior del Sena están previstos cargos de planta – instructores en los
términos del Decreto 250 de 2004 – que cumplen funciones iguales a las de la
señora Carolina Cardona Gómez. La única distinción radica en la remuneración y
en las prestaciones que estos perciben.

12. El 28 de septiembre de 2020 la señora Carolina Cardona Gómez le pidió al
Sena el reconocimiento y pago de las acreencias laborales causadas entre 2009 y
2018.

13. El director de la Regional Risaralda del Sena expidió el oficio con número
interno 2020-01-226886, comunicado mediante correo electrónico del 20 de octubre
de 2020, en el que negó lo pretendido. Sostuvo que la entidad está facultada para
celebrar contratos en aplicación de la Ley 80 de 1993, sin que ello comporte la
existencia de una relación laboral.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

14. La demandante citó como normas vulneradas las siguientes: Constitución
Política, artículos 2, 13, 25, 48, 53, 83, 93, 122, 123 y 125; Convenio 111 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Discriminación en Materia de
Empleo y Ocupación; Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-
Administrativo (CPACA), artículos 3 y 10; Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 3;
Ley 119 de 1994, artículos 37, 43, 45 y 46; Código Sustantivo del Trabajo (CST),
artículos 10, 22, 23, 64, 65, 127, 186, 230, 249 y 306; y Ley 909 de 2004, artículos

3

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Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

2, 27, 28, 37 y 41; Decreto 2400 de 1968, artículo 2; decretos 250 de 2004, 2989 de
2008 y 4591 de 2011; Decreto 1424 de 1998 modificado por el Decreto 3009 de
2005 y Resolución 1458 de 2017.

15. La actora indicó que se incurrió en desviación de poder porque el Sena
camufló la existencia de una relación laboral mediante contratos civiles de
prestación de servicios; y con ello evadió el pago de prestaciones sociales previstas
para los trabajadores. En ese sentido, le otorgó un trato discriminatorio a las
personas que laboran en la entidad, práctica que atenta contra la buena fe, está
sancionada como falta gravísima y no puede servir para eximirse del pago de la
indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST.

16. En línea con lo anterior, la accionante manifestó que el cargo de instructora
que desempeñó en la entidad está previsto en la planta de empleos del Sena, pero
que la mayoría de quienes lo ejercen están vinculados mediante contratos de
prestación de servicios. No obstante, la normativa prohíbe que esto ocurra, así como
que el personal que labora en este tipo de vínculos ejerza funciones inherentes al
objeto misional de la entidad. Agregó que han sido múltiples las condenas proferidas
por ese motivo y alegó que en la relación que tuvo con la entidad no se cumplieron
las condiciones que la Corte Constitucional ha previsto para que se permita utilizar
el vínculo contractual referido.

17. Adicionalmente, la demandante alegó que el acto administrativo se expidió
con infracción de las normas en que debería fundarse porque la normativa que rige
al Sena de manera expresa prevé que los servidores vinculados son empleados
públicos o trabajadores oficiales. De ahí que se excluya la incorporación de personal
como los instructores mediante contratos de prestación de servicios para desarrollar
el objeto misional de la entidad, que consiste en la formación profesional integral.

18. Debido a lo anterior, la actora defendió que las labores que desarrolló de
forma permanente eran iguales a las de un empleo de planta del Sena y que se
cumplieron los tres elementos de la relación laboral, la prestación personal, la
remuneración y la subordinación, que es inherente al ejercicio de la labor
desempeñada.

19. Adicionalmente, la señora Carolina Cardona Gómez alegó la existencia de
falsa motivación, porque la ejecución de labores mediante los contratos suscritos
desconoció disposiciones legales y constitucionales que protegen el trabajo, la
igualdad y la existencia de los factores que configuran una relación laboral. En
particular, dado que recibió órdenes por parte de sus superiores, quienes
supervisaban constantemente su labor y utilizó los elementos propios de la entidad,
sin autonomía.

2.2. Contestación de la demanda

20. El Sena, mediante apoderado judicial, indicó que la demandante prestó sus
servicios mediante Cotraser en calidad de socia, desde el 4 de noviembre de 2009

4

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Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

al 30 de junio de 2011. Por ende, no adquirió la condición de empleada de la entidad,
dado que era enviada en misión al Sena, pero el tipo de contratación entre esta y la
cooperativa era por licitación pública en los términos de la Ley 80 de 1993. Así pues,
el empleador de la accionante era Cotraser quien le pagaba sus emolumentos.

21. También reconoció que, de junio de 2011, en adelante, el Sena dejó de
contratar por intermedio de cooperativas y los vínculos se dieron mediante contratos
de prestación de servicios suscritos hasta el 30 de noviembre de 2018. No obstante,
no era cierto que las interrupciones contractuales obedecieran al plan académico
de la entidad, en cambio, existió solución de continuidad entre la finalización de un
contrato y el inicio del otro. En línea con esto, los contratos fueron de prestación de
servicios razón por la cual tuvieron un carácter temporal e interrumpido, están
amparados en la legalidad y no existió subordinación.

22. En criterio de la accionada, si bien los contratos se supervisaron, esto se
estipuló de manera expresa, de ahí que no era un criterio de subordinación. En igual
sentido, la actora no siempre llevó a cabo las actividades en el Sena, pues a veces
los instructores eran enviados a municipios o colegios que requerían la capacitación.
Del mismo modo, los honorarios dependían de la extensión de los cursos y era
natural que se exigiera la capacitación de los instructores.

23. En razón de lo expuesto, la entidad reconoció que en la planta existían
instructores adscritos a la carrera administrativa, no obstante, adujo que ese hecho
no podía convertirse en una homologación de funciones entre el contratista y la
actora, por el origen de la vinculación y la inexistencia de una relación laboral al
pactar un contrato de prestación de servicios. En virtud de esto, está justificada la
diferenciación entre lo percibido por la demandante y un empleado de planta, ya
que la primera se ciñe exclusivamente a los contratos, que no mutan a una relación
legal y reglamentaria y hacen improcedente el pago de emolumentos que no estén
allí previstos.

24. En consecuencia, la entidad se opuso a todas las pretensiones de la
demanda, al considerar que no concurrieron los elementos de la relación laboral,
para lo cual trajo a colación sentencias proferidas en ese sentido. Planteó como
excepciones la presunción de legalidad, la inexistencia del vínculo o relación laboral,
el cobro de lo no debido, la prescripción, la buena fe, la ineptitud sustantiva de la
demanda4, porque la demandante no expuso de manera concreta los cargos en
contra del acto administrativo cuya nulidad pretende, la inexistencia del objeto de la
acción y la genérica5.

4 El magistrado sustanciador del Tribunal, mediante providencia del 6 de mayo de 2022, declaró no probada la

excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y difirió para la sentencia la resolución de la excepción de
prescripción propuesta por la entidad demandada.
5 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 28_027CONTESTACIONDEMANDA, páginas 1 a 49 del
archivo digital.

5

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2.3. Sentencia de primera instancia

25. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda profirió
sentencia el 7 de marzo de 2024, en la que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, así:

1. NO DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN trienal de los
derechos laborales, según lo razonado en la parte motiva de la sentencia.

2. SE DECLARA LA NULIDAD del acto administrativo No. NIS 2020-01-226886
notificado el 20 de octubre de 2020, mediante el cual fue negado el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales correspondientes, solicitadas por la parte
demandante, proferido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, conforme las
razones expresadas en la parte considerativa de la presente providencia.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA al SENA a pagar en favor de la señora Carolina Cardona
Gómez las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, tomando
como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de
servicios correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de
la relación laboral, es decir, entre el 13 de julio de 2011 al 15 de diciembre de 2011,
del 24 de enero de 2012 al 30 de junio de 2012, del 10 de julio de 2012 al 8 de
diciembre de 2012, del 21 de enero de 2013 al 16 de diciembre de 2013, del 20 de
enero de 2014 al 13 de diciembre de 2014, del 28 de enero de 2015 al 14 de diciembre
de 2015, del 28 de enero de 2016 al 12 de diciembre de 2016, del 23 de enero de
2017 al 22 de noviembre de 2017, del 1 de febrero de 2018 al 30 de noviembre de
2018, dentro del marco de las consideraciones del presente proveído. Además,
deberá reconocer las diferencias prestacionales entre los valores que fueron
reconocidos y pagados en favor de la demandante en virtud de la vinculación como
trabajador asociado a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado COTRASER en
el cargo de instructora en el SENA Regional Risaralda durante el periodo del 4 de
noviembre de 2009 hasta el 30 de junio de 2011.

4. El SENA deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los contratos
celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la actora, mes
a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquel
como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar
al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión,
pero solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador.

Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con
las consideraciones de esta providencia.

5. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se
debe computar para efectos pensionales. […]

7. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, por lo considerado. […]

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Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

26. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:

27. Vinculación mediante la cooperativa de trabajo asociado Cotraser. Para
el Tribunal está acreditado que, durante el período del 4 de noviembre de 2009 al
30 de noviembre de 2018, la accionante prestó servicios al Sena mediante Cotraser
del 4 de noviembre de 2009 al 30 de junio de 2011. Como prueba de ello, obra la
certificación expedida por la jefe de recursos humanos de la cooperativa, el 30 de
junio de 2011, que deja constancia de que la señora Carolina Cardona Gómez fue
asociada desde el 4 de noviembre de 2009 hasta el 30 de junio de 2011 y prestó
sus servicios como instructora en el área de enfermería en el Centro de Comercio y
Servicios del Sena, Regional Risaralda.

28. De igual manera, el Tribunal precisó que obran en el expediente
comprobantes de pago por los períodos comprendidos de 2009 a 2011 en los que
se incluye a la demandante y las horas ejecutadas con el valor del salario
correspondiente. De conformidad con ello, está demostrado que el Sena y Cotraser
suscribieron contratos de prestación de servicios para proveer el personal requerido
profesionalmente en el Centro de Comercio y Servicios, del cual hacía parte la
actora.

29. En efecto, el Tribunal subrayó que aun cuando la administración está
facultada para celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de sus
funciones permanentes, ello no puede efectuarse mediante cooperativas de trabajo
asociado, porque tal circunstancia conlleva una desviación de poder y constituye un
desconocimiento de la especial protección del derecho al trabajo.

30. Vinculación mediante contratos de prestación de servicios. El Tribunal
encontró demostrado que entre el Sena y la actora se celebraron contratos de
prestación de servicios para la ejecución de acciones de formación profesional en
el Centro de Atención Agropecuario de la Regional Risaralda. Así pues, de acuerdo
con la certificación emitida por el subdirector del aludido Centro y los contratos que
obran en el plenario, se encuentran acreditados los siguientes períodos:

Tabla 2
Contrato Fecha Plazo Desde Hasta Objeto
0214 12 de 5 meses y 13 de julio 15 de Prestación de servicios personales como instructor
julio de 3 días de 2011 diciembre contratista por periodo fijo para la ejecución de
2011 de 2011 acciones de formación profesional presencial, en salud
ocupacional del centro atención sector agropecuario del
SENA Regional Risaralda, con el fin de apoyar el
desarrollo de las actividades de formación, formulación
de proyectos y diseño de actividades de aprendizaje.
0041 21 de 5 meses y 24 de 30 de Prestación de servicios personales como instructor
enero de 8 días enero de junio de contratista por periodo fijo para la ejecución de
2012 2012 2012 acciones de formación profesional presencial, en salud
ocupacional del centro atención sector agropecuario del
SENA Regional Risaralda, con el fin de apoyar el
desarrollo de las actividades de formación, formulación
de proyectos y diseño de actividades de aprendizaje.
0951 7 de 5 meses 10 de julio 08 de Prestación de servicios personales como instructor
julio de de 2012 diciembre contratista por periodo fijo para la ejecución de
2012 de 2012 acciones de formación profesional presencial, en salud
ocupacional del centro atención sector agropecuario del

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00203-01 (2601-2024)
Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

SENA Regional Risaralda, con el fin de apoyar el
desarrollo de las actividades de formación, formulación
de proyectos y diseño de actividades de aprendizaje.
0072 17 de 10 meses 21 de 16 de Prestación de servicios personales como instructor
enero de y 27 días enero de diciembre contratista por periodo fijo para la ejecución de
2013 2013 de 2013 acciones de formación profesional presencial, en salud
ocupacional del centro atención sector agropecuario del
SENA Regional Risaralda, con el fin de apoyar el
desarrollo de las actividades de formación, formulación
de proyectos y diseño de actividades de aprendizaje.
0180 16 de 10 meses 20 de 13 de Prestar los servicios personales de carácter temporal
enero de y 28 días enero de diciembre como instructor en los programas de formación
2014 2014 de 2014 profesional integral presencial en el área Salud
Ocupacional del programa Acciones Regulares en el
centro atención sector agropecuario de la regional
Risaralda.
0448 27 de 10 meses 28 de 14 de Prestar los servicios personales de carácter temporal
enero de y 18 días enero de diciembre como instructor en los programas de formación
2015 2015 de 2015 profesional integral en el nivel y modalidad que le sea
asignada en el Centro Atención Sector Agropecuario de
la Regional Risaralda.
0210 27 de 10 meses 28 de 12 de Prestar los servicios personales de carácter temporal
enero de y 15 días enero de diciembre como instructor en los programas de formación
2016 2016 de 2016 profesional integral en el nivel y modalidad que le sea
asignada en el Centro Atención Sector Agropecuario de
la Regional Risaralda, para la vigencia 2016.
0200 21 de 10 meses 23 de 22 de Prestar servicios personales de carácter temporal como
enero de y 14 días enero de noviembre instructor o tutor virtual en los programas de formación
2017 2017 de 2017 profesional integral en el nivel y modalidad que le sea
asignada en el Centro de Atención Sector Agropecuario
de la Regional Risaralda para la vigencia 2017.
0336 23 de 10 meses 1.° de 30 de Prestar servicios personales de carácter temporal como
enero de febrero de noviembre instructor o tutor virtual en los programas de formación
2018 2018 de 2018 profesional integral en el nivel y modalidad que le sea
asignada en el Centro de Atención Sector Agropecuario
de la Regional Risaralda para la vigencia 2018.

31. Prestación personal del servicio. Ahora bien, el Tribunal tuvo por
acreditado que la actora ejerció las actividades contratadas, como se desprende de
los citados documentos y de los testimonios rendidos por los señores Leonardo
Quiceno Marín y Luis Enrique Blandón Pinilla. Estos últimos, en criterio del Tribunal,
fueron consistentes en manifestar que la demandante laboró para la entidad
demandada de 2009 a 2018 durante 8 horas diarias y en total 160 horas mensuales
en formación y la labor que esta ejercía era en el área de salud ocupacional.
También expresaron que la actora, en algunos casos, debió desplazarse a distintos
municipios.

32. Puntualmente, frente al número de horas los testigos mencionaron que eran
160 mensuales, porque de lo contrario ello impactaba en el sueldo y, además,
afirmaron que el horario lo imponía el Sena. También dieron cuenta de que existían
coordinadores académicos, quienes se encargaban de hacerle seguimiento a los
contratos y asignarle los cursos que se debían impartir. Igualmente, el Tribunal
precisó que de los contratos se infería la prestación personal del servicio, en tanto
la contratación se dio en función de las calidades y el perfil de la accionante.

33. El Tribunal destacó que a pesar de que el testigo Gary Armando Rincón dio
cuenta de que la accionante prestó el servicio en el segundo semestre de 2018 y en
una fracción de 2019, las pruebas allegadas al proceso permiten limitar como
extremo temporal final del vínculo el 30 de noviembre de 2018.

8

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00203-01 (2601-2024)
Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

34. Contraprestación. Seguidamente, respecto de los períodos laborados por la
actora mediante Cotraser obran los comprobantes de pago en los que figura el
nombre de la demandante para los períodos comprendidos desde noviembre de
2009 a junio de 2011. Igualmente, reposan los contratos de prestación de servicios
suscritos entre la accionante y el Sena, en los que se pactaron honorarios con
asignación mensual de manera periódica.

35. Subordinación. A juicio del Tribunal, los testigos mencionaron que la actora
se desempeñó como instructora en el Sena y el Centro de Atención Agropecuario.
Además, dieron cuenta de que cumplió un horario asignado por los coordinadores
académicos, que debía ser de 8 horas diarias, recibía instrucciones y rendía
informes de cumplimiento. A su vez, tenía que asistir a las capacitaciones y
reuniones convocadas por los coordinadores, quienes impartían órdenes sobre los
horarios y actividades. También se evidenciaron correos electrónicos enviados a la
accionante mediante la cuenta jczapatal@misena.edu.co, en los que se le requirió
allegar reporte de horas, se le citó a reuniones y se le solicitó aclaración por llegadas
tarde.

36. El Tribunal señaló que en el proceso obraron diplomas y certificaciones en
torno a los cursos aprobados por la demandante, de los que se desprendía la
vocación de permanencia en la entidad. Al respecto, los testigos indicaron que esta
debía cumplir un horario de 8 horas diarias para un total de 160 horas mensuales
de formación, bajo las directrices de los coordinadores académicos que impartían
la jornada de trabajo, asignaban cursos, capacitaciones, hacían llamados de
atención y estaban pendientes del cumplimiento de la programación. En particular,
el Tribunal destacó que los testimonios advirtieron que la actora no podía designar
a otra persona y que sus funciones eran iguales a las de un instructor de planta.

37. En este escenario, el Tribunal estableció que la demandante carecía de
independencia y que realizó actividades de instrucción para una entidad como el
Sena, cuya misión correspondía a la formación educativa. Precisó que la
subordinación no se debía presumir en esta clase de asuntos, por lo que se exigía
una mayor carga probatoria. Así las cosas, encontró demostrada la subordinación,
lo que le permitió declarar la existencia de la relación laboral.

38. Frente al pago de las prestaciones sociales, precisó que, aunque no se
allegaron al proceso los contratos suscritos entre el Sena y Cotraser, el vínculo se
podía extraer de las restantes pruebas. Así pues, como no se acreditó interrupción
en los extremos temporales comprendidos entre noviembre de 2009 y junio de 2011,
procedía el reconocimiento de las diferencias prestacionales entre los valores que
se le pagaron a la demandante en virtud de la vinculación como asociada en el
cargo de instructora, y las prestaciones percibidas por los instructores de planta del
Sena, así como aquellas que no fueron cubiertas por el tercero empleador.

39. El Tribunal precisó que no accedería a las diferencias salariales surgidas de
la existencia de la relación laboral, en tanto, el valor pactado en el contrato serviría

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como base para efectuar la liquidación. Por ende, lo único procedente era el
reconocimiento de las diferencias prestacionales con los honorarios pactados en los
contratos suscritos entre la accionante y el Sena entre el 13 de julio de 2011 y el 30
de noviembre de 2018.

40. Analizó la prescripción y consideró que la demandante reclamó el período
comprendido entre el 4 de noviembre de 2009 (a través de Cotraser) y el 30 de junio
de 2011 y del 13 de julio de 2011 al 30 de noviembre de 2018 (mediante contratos
de prestación de servicios). Al respecto, advirtió las siguientes interrupciones:

Tabla 36
Contrato Fecha Desde Hasta Interrupción (días hábiles)
Cotraser 30 de junio de 2011 30 de junio de 2011 7
Ctd (sic)
0214 12 de julio de 13 de julio de 2011 15 de diciembre de 2011 26
2011
0041 21 de enero de 24 de enero de 2012 30 de junio de 2012 5
2012
0951 7 de julio de 10 de julio de 2012 08 de diciembre de 2012 27
2012
0072 17 de enero de 21 de enero de 2013 16 de diciembre de 2013 21
2013
0180 16 de enero de 20 de enero de 2014 13 de diciembre de 2014 29
2014
0448 27 de enero de 28 de enero de 2015 14 de diciembre de 2015 29
2015
0210 27 de enero de 28 de enero de 2016 12 de diciembre de 2016 28
2016
0200 21 de enero de 23 de enero de 2017 22 de noviembre de 2017 46
2017
0336 23 de enero de 1.° de febrero de 2018 30 de noviembre de 2018
2018

41. A partir de lo anterior, consideró que la interrupción de 46 días hábiles no
podía considerarse significativa porque coincidió con el período de receso que
normalmente fijó la entidad demandada en el calendario académico, el cual sirvió
de base para la suscripción de los contratos. A lo anterior agregó que esa
interrupción no comportó la terminación de la relación laboral y que no hubo solución
de continuidad, de lo que infirió que entre la finalización de un contrato y la
suscripción del siguiente existió el tiempo suficiente para proveer la asignación
presupuestal.

42. Bajo este entendido, como el vínculo contractual de la demandante culminó
el 30 de noviembre de 2018 y la actora radicó petición el 28 de septiembre de 2020,
antes del vencimiento de los tres años que tenían lugar el 30 de noviembre de 2021,
no operó la prescripción.

43. El Tribunal aclaró que el reconocimiento de la relación laboral no implica un
vínculo legal y reglamentario entre las partes, de suerte que los derechos que se
originan son exigibles a partir de la sentencia. En ese entendido, limitó el
restablecimiento del derecho a las prestaciones sociales legales recibidas por los
funcionarios de la entidad del igual nivel y negó las restantes pretensiones de la
demanda, encaminadas, entre otras, a obtener la prima de servicios, el subsidio de

6 Reproducción del contenido de la sentencia del Tribunal.

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alimentación, la prima técnica, la prima quinquenal y la bonificación por servicios
prestados.

44. También dispuso la improcedencia de reconocer la sanción moratoria por
falta de pago de las cesantías, la indemnización por falta de pago de los salarios y
de las prestaciones debidas (artículo 65 del CST), la indemnización por despido
injusto y el reintegro del valor descontado por retención en la fuente. Finalmente,
dispuso el pago de aportes a seguridad social por la totalidad del período objeto de
reconocimiento. Se abstuvo de condenar en costas porque no encontró demostrada
su causación, así como tampoco una conducta que ameritara su imposición7.

2.4. Recurso de apelación

45. El Sena, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, con sustento en los siguientes argumentos:

46. Los testigos no podían afirmar categóricamente que la demandante
cumpliera un horario, recibiera órdenes o que hubiera recibido llamado de atención
por llegar tarde. En particular, el solo hecho de cumplir un horario no constituye un
elemento que valide la subordinación entre las partes. Tampoco lo es rendir
informes frente a las labores, porque se trató de una obligación contractual
requerida para legalizar el pago de los honorarios. En ese sentido, las referidas
labores están comprendidas en la coordinación, pero no son circunstancias
constitutivas de subordinación.

47. Los testigos no estuvieron presentes en una clase virtual o presencial de la
accionante, toda vez que fueron compañeros de labores de ella. En razón a esto,
solo podían declarar sobre sus propias funciones al tener la naturaleza de
contratistas del Sena en el Centro de Formación, sin que les constaran las
actividades ejercidas por la actora.

48. La entidad ha actuado amparada en la Ley 80 de 1993, que la habilita para
celebrar contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades propias
de su funcionamiento y misión, cuando no puedan realizarse por el personal de
planta o requieran conocimientos especializados, sin que estos constituyan una
relación laboral entre las partes. De ahí que no sea posible equiparar este contrato
con uno de naturaleza laboral, dadas sus características disímiles, máxime porque
en los contratos se pactó una cláusula de ausencia de relación laboral.

49. En línea con lo anterior, los contratos tuvieron un carácter temporal e
interrumpido, lo que desvirtúa la dependencia, y la accionante fue contratada por su
formación profesional con autonomía e independencia. Asimismo, el Sena
únicamente le suministró la programación académica de actividades y, como era
natural, supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales, so pena de

7 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal,
060_060SENTENCIAPRIMERAINSTANCIACONCEDEPARCIALMENTE.pdf.

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incurrir en un detrimento patrimonial para el Estado, perjuicios para los beneficiarios
del servicio, omisión en los deberes, vulneración de los fines del Estado y
paralización del servicio público.

50. Así pues, la recurrente destacó que la señora Carolina Cardona Gómez no
adquirió la condición de funcionaria pública ni trabajadora oficial y que no se probó
el elemento de subordinación. Al efecto, expresó que el Sena no ejerció sobre ella
el poder disciplinario ni le impartió órdenes ajenas al objeto contractual.

51. La apelante también advirtió que la relación contractual se podía dividir en
dos etapas: la primera a través de cooperativas de trabajo (hasta junio de 2011); y,
la segunda, directamente mediante contratos suscritos con el Sena. Respecto de la
primera, el vínculo finalizó sin que se presentara reclamación administrativa, de ahí
que procedía la declaratoria de prescripción de los derechos causados del 4 de
noviembre de 2009 al 30 de junio de 2011, por no haberse presentado la demanda
dentro de los 3 años siguientes.

52. A lo anterior agregó que, en el período laborado mediante cooperativa, existió
una relación contractual con el Sena, de modo que era la cooperativa la que enviaba
en misión a su asociada, la contrataba y le pagaba sus honorarios y su seguridad
social.

53. Por otra parte, en los contratos de prestación de servicios suscritos entre la
accionante y el Sena se advierte una interrupción de 46 días, que debe computarse
para efectos de la prescripción. Por consiguiente, esta operó frente a lo causado de
2017, hacia atrás8.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

54. Mediante auto del 27 de agosto de 20249, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de
primera instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes.
El expediente ingresó al despacho para fallo el 19 de septiembre de 202410.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

55. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

8 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 062_062RECURSOAPELACIONSENA.pdf.
9 Samai, índice 5.
10 Samai, índice 9.

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3.2. Problema jurídico

56. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de
conformidad con el artículo 32811 del CGP, corresponde a la Sala definir si:

57. ¿Se configuró la subordinación y, con ello, está acreditada la existencia de
una relación laboral encubierta entre la demandante y el Sena, en el período
comprendido entre el 4 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2018, en el
cual laboró mediante cooperativas y a través de contratos de prestación de servicios
suscritos entre las partes?

58. ¿Operó la prescripción de los derechos reclamados?

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

59. La jurisprudencia unificada de esta corporación12 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que, aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales propios de un vínculo laboral.

60. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

61. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

62. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus

11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en los anteriores presupuestos, esta
corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de
prestación de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el
marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los principios fundamentales
del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los derechos de las
personas que se relacionan laboralmente con el Estado».

63. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.

64. Entre los elementos que permiten determina la existencia de la subordinación
se encuentran: que el lugar de prestación del servicio sea en las instalaciones de la
entidad; la imposición de un horario o turnos; la dirección y control ejercidos
mediante órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo; la participación en
reuniones obligatorias; y el seguimiento por parte de superiores jerárquicos. Así
mismo, constituyen indicios de la subordinación que las actividades contratadas
correspondan al objeto misional de la entidad y comprendan funciones equivalentes
a las de los empleados de planta.

65. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»13.

66. De igual manera, la dirección y control efectivo por parte de la administración
son formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la
coordinación con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse a primera vista
la existencia de una relación laboral en los eventos en los que el objeto contratado
consiste en el desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica,
tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional
de la entidad»14.

67. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

13 Idem.
14 Idem.

14

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[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».15

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».16

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.17

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

68. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes
de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse,
de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades,
pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De
tal suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada
funciones misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe
reconocerse la existencia de una relación laboral encubierta.

69. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el

15 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
16 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

Rad. IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

70. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».

71. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.

iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato:
En la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para

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determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».

72. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción
entre los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, la Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de junio de 2025 18, frente a un
instructor del SENA, determinó que no existió solución de continuidad en una
interrupción de 34 días, con fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional
de los aprendices.

3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba

73. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»19.

74. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202120, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados21».

75. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos demuestra la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.

76. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para
detectar la subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de
horarios rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud
entre funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso
en profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde
la autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-

01 (5263-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
19 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-

23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

Rad. IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá
de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral
y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades
de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii)La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,22 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal
de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv)Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en
las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó
la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria
observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la
permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».

22 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54

y 55.

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3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de
subordinación

77. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un
contrato de prestación de servicios.

78. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»23, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
de la norma citada que regula el principio de necesidad de la prueba al indicar que
«toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso».

79. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente
expuestos.

80. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»24, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»25.

81. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP)

82. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
23 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
24 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
25 Idem.

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83. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.3.4. Naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del Sena
y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad

84. El Gobierno nacional expidió el Decreto 118 de 1957, por medio del cual creó
el Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena—26, que de conformidad con el Decreto
164 de 195727, se encargaría de dar formación profesional a los trabajadores
jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la
minería.

85. La anterior normativa fue subrogada por el Decreto 3123 de 196828, en el que
se estableció dentro de sus funciones la formación profesional a los trabajadores de
todas las actividades económicas y en todos los niveles del empleo.

86. Más adelante, mediante el Decreto 2149 de 199229, el Sena se reestructuró.
En tal sentido, se definió que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como funciones, entre otras, se le asignó:
el diseñar y mantener un sistema nacional de aprendizaje que se ajuste a las
disposiciones que regulan el contrato de aprendizaje; y adelantar, previa aprobación
de las autoridades competentes, programas de formación tecnológica y técnica
profesional.

87. El anterior decreto fue derogado por la Ley 119 de 1994 30, en la que se
mantuvo la naturaleza jurídica de la entidad, y dispuso que su misión radica en
«intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos;
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, económico y tecnológico del país». Además, se estableció que el Sena
tendría como objetivo, «dar formación profesional integral a los trabajadores de
todas las actividades económicas, y a quienes, sin serlo, requieran dicha
formación», entre algunos otros.

26 Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional

de Aprendizaje, Sena.
27 Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y se dictan otras disposiciones.
28 Por el cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
29 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena.
30 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y

se dictan otras disposiciones.

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88. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la entidad se encuentra adscrita al
Ministerio de Trabajo y tiene como misión la formación y capacitación de aprendices.
Así, aun cuando no está subordinada al Ministerio de Educación, lo cierto es que
ejerce una labor docente con el fin de poder desarrollar los programas de formación
de educación no formal que ofrece31.

89. Aclarado lo anterior, se destaca que dentro de los empleos de la planta de
personal del Sena se encuentran los instructores, grupo que según el artículo 2 del
Decreto 1424 de 199832 «comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de
coordinación académica de la formación e investigación aplicada». En punto, se
señala que conforme con el manual específico de funciones, contenido en la
Resolución 986 del 25 de mayo de 200733 (vigente entre el año 2007 y 2015), los
instructores tienen las siguientes funciones:

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de
Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de
evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad con los
módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la
ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades institucionales
asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con el Manual
de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo.

90. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 1 de
septiembre de 201434, definió que, como la función del Sena, a través de sus
instructores, se dirige a la formación integral, profesional o laboral certificada de sus

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

13 de junio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022). M.P. Juan Enrique
Bedoya.
32 Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio

Nacional de Aprendizaje-Sena.
33 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los

empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del Sena, link:
https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de septiembre de 2014, proceso con radicado 20001-

23-31-000-2011-00503-01(3517-2013). M.P. Alfonso Vargas Rincón

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estudiantes, por su naturaleza la entidad se encuentra en el sistema de educación
no formal. Ello, en los siguientes términos:

[…] la función prestada por el SENA a través de los Instructores se orienta a una
formación integral, profesional y laboral certificando a sus estudiantes, o sea, que
por estas características y su naturaleza se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace parte de los
niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de
1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de la
definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación. (Se destaca)

91. Así, toda vez que el Sena ejecuta una actividad académica, el contenido de
sus programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley
119 de 199435, debe ceñirse a la normativa aplicable, esto es, a la Ley 30 de 199236.
Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación37,
concluyó lo siguiente:

La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4
permite al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica
profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.

Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a
los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado
en 1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.

ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,

iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o
reformen.

Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga
a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la ley 30 de
1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la ley 749 de
2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al Sena para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión
específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe

35 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:

(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
36 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
37 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de 2010, proceso

con radicado 11001-03-06-000-2010-00089-00. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

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agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio.

De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al Sena para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica y
técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes 30 y 749 sobre
el régimen académico aplicable al Sena respecto de tales programas, y con la
naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin que
ello signifique que el Sena deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de
una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.

3.3.5. Las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de intermediación
laboral

92. De conformidad con la Ley 79 de 198838 y el Decreto 4588 de 200639, las
cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro
pertenecientes al sector de la economía solidaria. Estas vinculan el trabajo personal
de sus asociados, quienes, en su condición de gestores, contribuyen
económicamente a la cooperativa y aportan directamente su capacidad laboral para
el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales.

93. Lo anterior tiene por objeto la producción o distribución conjunta y eficiente de
bienes o servicios, orientada a satisfacer las necesidades tanto de los asociados
como de la comunidad en general. En esta clase de organizaciones, el aporte
esencial de los asociados es su trabajo, dado que las contribuciones de capital
resultan mínimas.

94. En lo que concierne al régimen normativo aplicable, el artículo 17 del Decreto
4588 de 2006 dispuso lo siguiente:

Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán
actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros
beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos
atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o
permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con terceros contratantes.

Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y
Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador
asociado.

95. En virtud de la prohibición antes señalada, cuando se acredite la configuración
de prácticas de intermediación laboral propias de las empresas de servicios
temporales, tanto el contratante como la cooperativa quedan obligados

38 Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa.
39 Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo

Asociado.

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solidariamente frente a las obligaciones económicas generadas a favor del
trabajador.

96. Sobre el particular, el Consejo de Estado40 ha precisado que esta figura
asociativa no fue concebida por el legislador como un mecanismo para desconocer
los derechos de los trabajadores; por el contrario, por imperativo legal, las
cooperativas de trabajo asociado que incurran en prácticas irregulares deben
responder ante las autoridades competentes. En ese orden de ideas, el trabajo
asociado no puede ser instrumentalizado para eludir o desconocer las obligaciones
de naturaleza laboral frente a trabajadores dependientes o subordinados, razón por
la cual el ordenamiento jurídico previó expresamente la prohibición de que las
cooperativas de trabajo asociado actúen como empresas de intermediación laboral,
disponiendo del trabajo de sus asociados para proveer mano de obra temporal a
usuarios o terceros beneficiarios.

97. Igualmente, esa corporación ha sostenido que las cooperativas operan bajo
los lineamientos de la Ley 79 de 1988, de modo que, cuando el asociado es
vinculado con un tercero en virtud de instrucciones precisas tanto de la cooperativa
como de dicho tercero, quien alega la configuración de la relación laboral encubierta
—con fundamento en el principio de primacía de la realidad sobre las formas— tiene
la carga probatoria de acreditar los tres elementos que la legislación exige para el
reconocimiento de una relación laboral.

98. En consecuencia, las cooperativas de trabajo asociado tienen expresamente
vedado disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra a
terceros, en tanto dicha práctica redunda en detrimento de los derechos laborales
de los cooperados.

3.4. Hechos probados

99. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala
encuentra probado lo siguiente:

3.4.1. Documentales

100. En el período comprendido del 4 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre
de 2018, entre el Sena y Cotraser41, y entre la señora Carolina Cardona Gómez y
el Sena, se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios 42:

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2017, exp. 76001-

23-31-000-2011-00820-01(1486-2015), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
41 Aunque no obran los contratos, se extrae de la información allegada por la accionada frente a la relación con

Cotraser en las vigencias 2009 y 2011. Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300,
visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal,
2ANEXOSCONTRATOSCAROLINACARDONA, COTRASER 2009-2011. Adicionalmente, el objeto se extrae
de la certificación que da cuenta de la asociación de la demandante.
42 Esta información se extrae de la certificación núm. 559 expedida por la subdirectora del Centro de Atención

del Sector Agropecuario del Sena, el 9 de septiembre de 2020, en la que constan los períodos relacionados.
Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 33 a 44 del archivo

24

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Tabla 4
Contrato Fecha Plazo Desde Hasta Remuneración Objeto Interrupción
(días hábiles)
Cotraser 14 de 1 mes 4 de 30 de $ 2.050.674 Instructora en el área de 17
Ctd 117 abril y 11 noviembre diciembre mensuales enfermería en el Centro de
de días de 200943 de 2009 Comercio y Servicios del
2009 Sena, Regional
Risaralda44.
Cotraser 27 de 10 27 de 12 de Instructora en el área de 3946
Ctd 091 enero meses enero de diciembre $ 2.312.246 enfermería en el Centro de
de y 16 2010 de 2010 mensuales Comercio y Servicios del
2010 días Sena, Regional
Risaralda45.
Cotraser 7 de 7 de 30 de $ 2.381.613 Instructora en el área de 7
Ctd 007 febrero febrero de junio de mensuales enfermería en el Centro de
de 2011 201147 Comercio y Servicios del
2011 Sena, Regional
Risaralda48.
021449 12 de 5 13 de julio 15 de $2.575.000.00 Prestación de servicios 26
julio de meses de 2011 diciembre mensuales personales como instructor
2011 y3 de 2011 contratista por periodo fijo
días para la ejecución de
acciones de formación
profesional presencial, en
salud ocupacional del
centro atención sector
agropecuario del SENA
Regional Risaralda, con el
fin de apoyar el desarrollo
de las actividades de
formación, formulación de
proyectos y diseño de
actividades de
aprendizaje.
004150 21 de 5 24 de 30 de $2.600.000,00 Prestación de servicios 5
enero meses enero de junio de mensuales- personales como instructor
de y8 2012 2012 contratista por periodo fijo
2012 días para la ejecución de
acciones de formación
profesional presencial, en
salud ocupacional del
centro atención sector
agropecuario del SENA
Regional Risaralda, con el
fin de apoyar el desarrollo
de las actividades de
formación, formulación de
proyectos y diseño de
actividades de
aprendizaje.

digital. Asimismo, de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el Sena y la señora Carolina
Cardona Gómez y las actas de iniciación que obran en el proceso.
43 Aunque el contrato núm. 017 tuvo vigencia a partir del 4 de febrero de 2009, las certificaciones dan cuenta

de que la actora laboró a partir del 4 de noviembre de 2009, extremo inicial de la demanda.
44 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, página 32 del archivo digital.
45Ibidem.
46 La interrupción está justificada, dado que coincide con el período en que finalizó el calendario académico del

2010, el 17 y 18 de diciembre y el inicio del calendario para la vigencia de 2011. Ello implica que descontados
esos períodos quedarían al final 24 días hábiles de interrupción.
47 Aunque en la relación Cotraser 2009-2011, los certificados de pago dan cuenta que el contrato se pactó hasta

el 2 de julio de 2011, de los pagos solo obra prueba hasta el 30 de junio de 2011, aunado a que la certificación
expedida por el jefe de recursos humanos de Cotraser Cta informa de que la accionante laboró hasta el 30 de
junio de 2011.
48Ibidem.
49 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 45 a 49 del archivo
digital.
50 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 51 a 55 del archivo
digital.

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095151 7 de 5 10 de julio 08 de $2.992.000,00 Prestación de servicios 27
julio de meses de 2012 diciembre mensuales- personales como instructor
2012 de 2012 contratista por periodo fijo
para la ejecución de
acciones de formación
profesional presencial, en
salud ocupacional del
centro atención sector
agropecuario del SENA
Regional Risaralda, con el
fin de apoyar el desarrollo
de las actividades de
formación, formulación de
proyectos y diseño de
actividades de
aprendizaje.
007252 17 de 10 21 de 16 de $3.081.760,00 Prestación de servicios 21
enero meses enero de diciembre mensuales- personales como instructor
de y 27 2013 de 2013 contratista por periodo fijo
2013 días para la ejecución de
acciones de formación
profesional presencial, en
salud ocupacional del
centro atención sector
agropecuario del SENA
Regional Risaralda, con el
fin de apoyar el desarrollo
de las actividades de
formación, formulación de
proyectos y diseño de
actividades de
aprendizaje.
018053 16 de 10 20 de 13 de $3.174.200.00 Prestar los servicios 29
enero meses enero de diciembre mensuales- personales de carácter
de y 28 2014 de 2014 temporal como instructor
2014 días en los programas de
formación profesional
integral presencial en el
área Salud Ocupacional
del programa Acciones
Regulares en el centro
atención sector
agropecuario de la regional
Risaralda.
044854 27 de 10 28 de 14 de $3.269.426.00 Prestar los servicios 29
enero meses enero de diciembre mensuales- personales de carácter
de y 18 2015 de 2015 temporal como instructor
2015 días en los programas de
formación profesional
integral en el nivel y
modalidad que le sea
asignada en el Centro
Atención Sector
Agropecuario de la
Regional Risaralda.
021055 27 de 10 28 de 12 de $3.367.510.00 Prestar los servicios 28
enero meses enero de diciembre mensuales- personales de carácter
de y 15 2016 de 2016 temporal como instructor
2016 días en los programas de
formación profesional
integral en el nivel y
modalidad que le sea

51 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 58 a 62 del archivo
digital.
52 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 65 a 70 y 72 del
archivo digital.
53 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 76 a 80 y 82 del
archivo digital.
54 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 83 a 88 del archivo
digital.
55 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 96 a 100 del archivo
digital.

26

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00203-01 (2601-2024)
Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

asignada en el Centro
Atención Sector
Agropecuario de la
Regional Risaralda, para la
vigencia 2016.
020056 21 de 10 23 de 22 de $3.468.535.00 Prestar servicios 4657
enero meses enero de noviembre mensuales- personales de carácter
de 2017 de 2017 temporal como instructor o
2017 tutor virtual en los
programas de formación
profesional integral en el
nivel y modalidad que le
sea asignada en el Centro
de Atención Sector
Agropecuario de la
Regional Risaralda para la
vigencia 2017.
033658 23 de 10 1.° de 30 de $3.572.591.00 Prestar servicios -
enero meses febrero de noviembre mensuales- personales de carácter
de 2018 de 2018 temporal como instructor o
2018 tutor virtual en los
programas de formación
profesional integral en el
nivel y modalidad que le
sea asignada en el Centro
de Atención Sector
Agropecuario de la
Regional Risaralda para la
vigencia 2018.

101. Las obligaciones pactadas en los contratos, a cargo del contratista fueron, en
su generalidad, las siguientes:

El CONTRATISTA, además de las obligaciones que por su índole y naturaleza le
son propias, se obliga para con EL SENA a: 1) Adelantar todas las gestiones
necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y
de acuerdo a las especificaciones exigidas por el SENA. 2) Ejecutar el contrato con
autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y científico, sin perjuicio
del cumplimiento que se debe dar al pensum y los contenidos mínimos de los
programas de formación, el calendario académico, la programación de clases, las
estrategias para evitar la deserción, el lugar, los fines y objetivos misionales, las
normas y directrices del SENA. Para ello aplicará las herramientas pedagógicas,
criterios de evaluación, asignación de calificaciones, entre otros aspectos que
considere necesarios, conducentes y pertinentes para garantizar la transferencia de
sus conocimientos y la adquisición de competencias por parte de los aprendices,
coherentemente con la filosofía institucional. 3) vigilar y salvaguardar los bienes y
valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y
racionalmente, para los fines que les fueron entregados de conformidad con el
objeto del contrato suscrito. 4) Desarrollar las actividades adicionales que como
instructor se requieran para la ejecución del contrato: El contratista se compromete
a ajustarse a las políticas de comunicación del SENA y aplicación de las TIC
(Manejar los sitios Web oficiales, utilizar correctamente los correos electrónicos
(revisarlos periódicamente y contestar requerimientos), velar por la correcta

56 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 107 a 111 del archivo
digital.
57 La interrupción está justificada, dado que coincide con el período en que finalizó el calendario académico del

2017, el 19 de diciembre, inclusive, y el inicio del calendario del 15 al 27 de enero, inclusive, del 2018. Por ende,
descontados estos extremos la interrupción solo habría sido por 30 días hábiles.
58 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 119 a 123 del archivo
digital.

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utilización de la imagen institucional, reportar al área de comunicaciones de la
Regional los eventos o actividades a realizar que requieran divulgación, y participar
activamente en las reuniones citadas por el Centro (Procesos de inducción, Grupos
Primarios, Comités de Evaluación y Seguimiento, entre otros). 5) Avisar al SENA
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o
circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato
o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 6) Avisar al SENA,
dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad
o inhabilidad sobreviniente. 7) Cumplir cabalmente los deberes que le impone la
Constitución, la ley y los reglamentos internos, los cuales deberá conocer sin que
por ello adquiera la calidad de empleado público o de trabajador oficial de EL SENA. 8) Permanecer identificado con su carné dentro de las instalaciones del SENA y
dictar las clases con el delantal u overol que le hayan sido asignados por la
Subdirección de Centro, cuando así se requiera. 9) Deberá promover entre sus
aprendices y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. 10)
Mantener actualizado los pagos correspondientes a Entidades Promotoras de
Salud, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales, de acuerdo
a las normas vigentes, lo cual será un requisito para cada uno de los pagos por los
servicios prestados, así como para la legalización del contrato acreditar su afiliación
al sistema general de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos
profesionales). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de
2007, EL CONTRATISTA deberá acreditar debidamente encontrarse a paz y salvo
en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral como requisito
previo para cada pago que se le vaya a efectuar. 11) Efectuar y demostrar el
oportuno y correcto registro de aprendices, evaluaciones y demás novedades de los
aprendices y programas de formación bajo su responsabilidad, en los aplicativos
con los que cuenta el SENA para tal fin, así como diligenciar y presentar oportuna y
correctamente los formatos del Sistema de Mejora Continua Institucional, de
acuerdo a las disposiciones normativas y Directrices internas que regulen estos
aspectos. Esta obligación será requisito para el pago. 12) Participar activamente,
impulsar, acompañar y estimular a los aprendices en los procesos de formulación,
elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos de aprendizaje. 13)
Conformar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por programa o
conjunto de programas por redes tecnológicas, para garantizar integralidad en la
formulación de proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el
diseño de talleres e ítems que alimentarán los bancos de pruebas para la selección
de aprendices, entre otras. 14) Participar en la programación y ejecución del proceso
de inducción de aprendices de formación titulada y el reconocimiento de
aprendizajes previos siempre y cuando cumpla con el objeto contractual de ejecutar
acciones de formación diferentes a la inducción. 15) Reportar en el sistema Sofía
Plus en un plazo máximo de 3 días, todas las actividades que de acuerdo con los
procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información
y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de los juicios
evaluativos; Creación de rutas y asociación de aprendices; Registro de juicios
evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos; Comunicar al Coordinador
Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y
hallazgos en el registro de la información.

16) El Coordinador Académico del Centro
podrá designarlo como gestor de proyectos para apoyar la programación y
seguimiento de la formación por proyecto o conjunto de proyectos por redes
tecnológicas que garanticen la integralidad en la ejecución del proceso de
aprendizaje. 17) Subir al aplicativo el o los proyectos formativos. 18) Coordinar

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actividades que contribuyan al desarrollo integral de los aprendices y que se
encuentren en el plan de bienestar de los mismos. 19) Las demás contempladas en
el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y aquellas adicionales relacionadas o derivadas
del objeto contractual que se requieran para el desarrollo de la misión institucional
del Sena.

102. La actora allegó al proceso correos enviados y recibidos a través de su
cuenta institucional del Sena, así como reportes de horas laboradas.

103. De la información que hace parte del Manual de Funciones para Instructores
se desprenden las correspondientes a un instructor grado 1-20, código 3010 del 1-
20, que involucran la selección de estrategias de enseñanza y aprendizaje, la
programación de esta clase de actividades y la evaluación de la formación de los
aprendices durante el proceso educativo59.

104. A partir de lo consignado en la constancia expedida por la subdirectora del
Centro de Atención del Sector Agropecuario Regional del Sena, el 17 de septiembre
de 2020, entre 2011 y 2018 – período en el cual laboró la accionante en ese Centro–
hubo de 2 a 4 instructores, vinculados mediante carrera administrativa o en
provisionalidad, en el área de formulación de proyectos60.

105. De conformidad con las resoluciones anuales, por medio de las cuales se
estableció el calendario académico y las labores para los centros profesionales del
Sena, el alistamiento de procesos y programas iniciaba en enero y la última
actividad registrada era a mediados de diciembre61. Ello implica que de ahí en
adelante y hasta mediados de enero del siguiente año no se establecieron
actividades.

106. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) hizo constar que adelantó
concurso de méritos para proveer vacantes de carrera administrativa en la planta
de personal del Sena. No obstante, en la Regional Risaralda no existió empleo de
instructor en el área temática de enfermería, para la formación profesional integral,
en el área de formulación de proyectos, en el área temática de formulación de
diseño de actividades de aprendizaje y en el área de salud ocupacional62.

107. Frente a la vinculación mediante cooperativas. Según la certificación
expedida por el jefe de recursos humanos de Cotraser Cta, el 30 de junio de 2011,
la señora Carolina Cardona Gómez fue asociada de la cooperativa desde el 4 de
noviembre de 2009 hasta el 30 de junio de 2011 y prestó sus servicios de trabajo

59 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 383 a 389 del archivo
digital.
60 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 439 a 441 del archivo
digital.
61 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 442 a 500 del archivo
digital.
62 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 47_045RESPUESTASENA CNSC.

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asociado como instructora en el área de enfermería en el Centro de Comercio y
Servicios del Sena, Regional Risaralda63.

108. Igualmente, a partir de la relación con Cotraser aportada por la accionada
para las vigencias de 2009 y 2011, la cooperativa efectuó pagos a favor de Carolina
Cardona Gómez, en calidad de instructora, para los siguientes meses y por
determinados conceptos64.

109. Por último, de conformidad con la constancia emitida por la subdirectora del
Centro de Atención Agropecuario Regional Risaralda del Sena, fungieron como
coordinadores académicos de la accionante, del 4 de noviembre de 2009 al 30 de
junio de 2011, en su orden, los siguientes: Luis Girardo Hincapié Hincapié, Ángel
Darío Zuluaga Loaliza y Carlos Fernando Cardona Lancheros65.

110. Actuación administrativa. El 28 de septiembre de 202066, la señora
Carolina Cardona Gómez le pidió al Sena el reconocimiento de una relación laboral
entre el 4 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2018. Como consecuencia
de ello, pidió el reconocimiento y pago de las acreencias laborales por el tiempo
laborado y de conformidad con la escala salarial de la entidad67.

111. En oficio núm. 66-1010– sin fecha–, proferido dentro del NIS 2020-01-
226886, el director regional de Risaralda del Sena negó lo pretendido. En sustento,
le informó a la accionante que inicialmente laboró mediante vinculación a través de
Cotraser, quien suscribió contrato con la entidad y la envió en misión, por lo cual era
esta su empleadora, quien le pagaba los honorarios. Luego, se vinculó con el Sena
mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios regidos por la Ley
80 de 1993, de ahí que no se generó el reconocimiento de una relación laboral ni el
pago de las acreencias laborales68. Esta decisión se le comunicó a la peticionaria el
20 de octubre de 202069.

63 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar
expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, página 32 del archivo digital.
64 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 2ANEXOSCONTRATOSCAROLINACARDONA,
COTRASER 2009-2011, 2009 Noviembre-Diciembre, 2010 Febrero-Junio, 2010 Julio-Diciembre, 2011 Febrero-
Junio.
65 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 437 a 438 del archivo
digital.
66 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 17_017SUBSANACION, página 7 del archivo digital.
67 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 369 a 373 del archivo
digital.
68 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 374 a 378 del archivo
digital.
69 Samai, Gestión en otros despachos, exp. 66001233300020210020300, visualizar expediente, descargar

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 3_003ESCRITODEMANDA, páginas 379 a 381 del archivo
digital.

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3.4.2. Testimoniales

112. En la audiencia de pruebas celebrada el 14 de febrero de 2023, el Tribunal
practicó los siguientes testimonios:

113. Gary Armando Rincón. En su calidad de enfermero profesional quien ejerce
en la actualidad como instructor del Sena, Regional Caldas, instructor de Salud,
manifestó que conoció a la señora Carolina Cardona Gómez en el segundo
semestre del año 2018 cuando estaban en el proceso de ser contratistas. Indicó que
se dio relación de amistad y de compañerismo en el rol profesional que ambos
ejercían como instructores en el área de la salud. Relató que el conocimiento lo tuvo
hasta el año 2019 – sin recordar muy bien la fecha– cuando la accionante se
posesionó en Santa Marta en carrera administrativa como instructora en seguridad
y salud del trabajo en el Sena, Regional Magdalena. Expuso que la actora ejerció
su profesión como enfermera profesional, era gestora de servicios farmacéuticos y
le tocaba impartir formación en departamentos de Caldas. En particular, indicó que
la demandante era procedente de la Regional Risaralda, pero después pasó a
Caldas. Dio cuenta de que la entidad tenía tres horarios, de 7 a 1, de 1 a 7 y de 7 a
10 o algunas veces en las noches, lo cual correspondía a otros centros. El horario
de la señora Carolina Cardona Gómez era de «7 de la mañana y 5 o 6 de la tarde
como máximo». Dio cuenta de que las labores no siempre se impartían en las
instalaciones del Sena sino también en otros municipios. Concretamente, dio fe de los
municipios a los que tuvo que asistir la demandante.

114. El magistrado le preguntó si era posible, dadas las distancias que existen en
el departamento de Caldas, empezar clases sobre las 7.30 am. Al respecto, el
testigo relató que «usted tenía que viajar un día antes para poder llegar a tiempo; si
era el mismo día tenía que salir a las 4am para estar dando clases a las 7 en punto».
En este sentido, el testigo indicó que los cursos impartidos por la accionante eran
relativos a «servicios farmacéuticos, administración de medicamentos, lo
relacionado con el cuidado básico de enfermería, atención integral a pacientes, desde
el perfil como enfermera profesional».

115. El testigo expuso que en el momento en que conoció a Carolina no había
enfermero de planta porque Carolina estaba a la espera de la posesión de su cargo,
entonces en la Regional de Caldas solo había un provisional. El magistrado le
preguntó si en la Regional de Risaralda existía el cargo en planta, frente a lo cual el
testigo dijo que «sí señor, sé que es una enfermera que lleva ya vario tiempo en
planta porque en algún momento yo también quise hacer el proceso […], pero por
las condiciones que se manejaban en la Regional no era tan fácil el acceso […] pero
allá sí había alguien de planta». Seguidamente, el magistrado indagó al testigo sobre
si todos los cursos impartidos por la actora tenían o no la misma intensidad horaria.

116. El señor Gary Armando respondió que sí, «todos tienen una intensidad a partir
de las 48 horas; si se llama a curso corto un curso de 48 horas debe ser distribuido en
6 sesiones, 6 días, que ya esos días se deben cumplir con las 8 horas diarias, que es
lo estipulado para cumplir con los tiempos mensuales […] normalmente ingresaba a
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las 8 de la mañana hasta las 12, hacia un receso de 1 máximo 2 horas y regresaba a
la 1-2 de la tarde hasta las seis; también podía hacerlo de 8 a 4 con descansos
consecutivos».

117. El magistrado le preguntó al testigo sobre qué dependía ese manejo, frente a
lo cual respondió que «uno debía notificar a la coordinación para solicitar permiso del
manejo; usted me pasa la programación y se solicita una autorización […] señor
coordinador usted me permite modificar el horario». La finalidad del cambio de horario
era por temas de transporte. El señor Gary relató que mantuvo el contacto con la
actora hasta después de que ingresó a laborar en Santa Marta.

118. A continuación, la apoderada de la actora interrogó al testigo sobre quién
asignaba los lugares o municipios donde se debían prestar los servicios. El señor
Gary indicó que era la coordinación académica, pero que no sabía cómo se
manejaba en las demás regionales. En punto a la Regional Caldas existía un
coordinador de formación titulada y el coordinador de formación complementaria
para cursos cortos. Adicionalmente, le preguntó al testigo sobre quién pagaba los
viáticos para realizar los desplazamientos a los municipios. El testigo indicó que
«normalmente hay un presupuesto que se destina para los viáticos, pero cuando no
hay presupuesto el instructor debe correr con esos gastos». La abogada le preguntó
si tenía conocimiento si la señora Carolina Cardona Gómez podía delegar sus labores
en otra persona, si no podía asistir a determinada formación. El señor Gary respondió
que no era válido, que tenía que haber justificación por calamidad o fuerza mayor. En
particular, se le preguntó si controlaba los horarios. El señor sostuvo que «se tiene
algo que es supervisores de contrato, se pasa un informe y si hay viáticos hay que
hacer una legalización; una de las formas en que se hace control es llamando a la
persona […] así es que se hace seguimiento de la formación».

119. La abogada le preguntó si la señora tenía jefe inmediato o persona que le
impartía instrucciones. El testigo manifestó que «sí señora, el coordinador
académico, el subdirector da unas instrucciones que deben ser ejecutadas por los
coordinadores, quienes coordinan a los instructores como contratistas como los de
planta». Luego, la abogada indagó sobre la repercusión para la demandante en caso
de incumplir alguna instrucción. Frente a esto, el señor Gary Rincón indicó que «sí
claro, efectivamente, en principio porque usted no va […] se lo descuentan de su
salario».

120. En cuanto a los contenidos de la formación, el señor Gary Rincón expuso que
hay unas plantillas nacionales, pero el instructor siempre debe sacar 20 horas para
desarrollo pedagógico y curricular. En línea con esto, el testigo relató que la actora
asistía a capacitaciones invitadas por el ENI a favor de los instructores; que no era
obligatoria pero que «cuando un funcionario de la ENI ofrecía un curso y nadie
acataba esa invitación terminaban indirectamente inscribiéndolo a usted, así no
quisiera».

121. El apoderado del Sena interrogó al testigo sobre si vio a la señora Carolina
de manera directa. Él relató que sí, en Caldas. Indicó que trabajó con Carolina en la

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Regional de Caldas. Manifestó que no se debía hacer registro de ingreso, pero sí
un préstamo de llave con el nombre del grupo. De tal forma que, ese es el registro
que obra sobre la prestación del servicio y el cumplimiento del horario. En
específico, el señor Gary expuso que la actora debía presentar un informe de
tiempos y de actividades con el anexo de pago de aportes a seguridad social y un
informe de ejecución contractual con actividades y grupos en los que estuvo la
accionante. El testigo manifestó que no sabía si la señora Carolina tuvo vinculación
con otra entidad y que tampoco conoció si le hicieron algún llamado, porque la
accionante cumplía con todo.

122. El magistrado le preguntó al testigo sobre en qué consistían las órdenes
impartidas por el coordinador. El señor Gary explicó que «existía el coordinador de
formación titulada», que es el coordinador que le dice a usted en qué grupos debe
estar de formación titulada y está el coordinador de formación complementaria, que
es el que le dice a usted instructor debe atender esta empresa con este curso; esas
son las instrucciones que dan y pasar los informes de acuerdo con el trámite
administrativo». En concreto, la instrucción era ir a un sitio a cumplir determinadas
horas, pero distribuidas como quisiera. También se otorgaban instrucciones para
participar en grupos primarios; sin que se vea la diferencia entre un instructor de planta
y uno contratista.

123. Leonardo Quiceno Marín. Es zootecnista y especialista en gestión agrícola,
en la actualidad se desempeña como instructor de planta en el Sena. Manifestó que
es amigo de la accionante a quien conoce desde 2008-2009 cuando ingresó a la
Regional Risaralda. Relató que ella entró a principios de año y que la accionante se
desempeñaba como una instructora contratista, dictaba en los programas de
formación lo relativo a salud ocupacional y que «ella era compañera integrante del
equipo ejecutor de ese programa de formación».

124. El magistrado le indagó sobre si ella era instructora en otros campos, frente a
lo cual el testigo relató que «como Carolina es enfermera ella afortunadamente daba
cursos complementarios en primeros auxilios por su profesión; pero el contrato de ella
era principalmente para salud ocupacional». Se le indagó sobre el horario frente a lo
cual el testigo expuso que era de «8 a 5 o 6 de la tarde, o sea que ella tenía que estar
en disposición todo el día, a veces por la mañana había una formación y por la tarde
le tocaba la transversal de otro técnico […] su disposición era durante el día y hay
veces por las noches le tocaba cubrir las transversales porque había dos instructores
en salud ocupacional y como eran tantos programas debían doblarse».

125. El magistrado le preguntó sobre si las labores de instrucción que realizaba
siempre eran impartidas en las instalaciones del Sena. El señor Leonardo respondió
que «no, muchas veces nos tocaba salir a los municipios, los programas no son solo
acá en Pereira, son en distintos municipios en Risaralda». De manera particular,
coincidieron en la sede principal en algunos salones. El magistrado le preguntó si
sabía quiénes eran los supervisores de Carolina Cardona Gómez. El testigo manifestó
que «nosotros teníamos un modelo de supervisor que se llamaba Julio Zapata, pero
generalmente nuestro coordinador académico Girardo Hincapié, Consuelo Jaramillo,
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Agendario Zuluaga, Carlos Cardona y sí más que todo ellos». También dio cuenta de
que quien vigilaba la gestión de la accionante el coordinador de planta, «él utilizaba la
herramienta del supervisor del contrato que era como el que hacía el seguimiento,
pero no tenía poder de decisión, él simplemente informaba al coordinador, él que
tomaba las decisiones era el coordinador y teníamos otro compañero que nos hacía
seguimiento en calidad».

126. De manera puntual, frente a las órdenes concretas suministradas por el
coordinador, el testigo dio cuenta que «básicamente tú tienes que estar a las 7 de la
mañana en el municipio para recibir formación en un aula que nos habilitó la alcaldía
municipal […] para nosotros poder estar a esa hora debemos estar a las 5 de la
mañana, debe cumplir el sistema de formación profesional, llevar todo al pie de la letra,
sino cumplíamos con eso no estábamos cumpliendo con el contrato». En ese tiempo
para poder acceder al pago, se requería cumplir 160 horas «si por error no pasaban
todas las horas, nos pagaban solo 110 horas, la cooperativa; se supone que nos
contrataban por un valor, pero debíamos justificar las 160 horas». El magistrado le
preguntó si las 160 horas debía cumplirlas la accionante tanto cuando estaba en la
cooperativa como en el Sena, frente a lo cual respondió que «muchas veces como
tipo Carolina que eran pocas instructoras que daban lo que salud ocupacional, ella
reportaba 180 pero solo nos pagaban 160 y más o menos en 2011 cuando se acabó
la cooperativa en junio de 2011, igualmente teníamos que cumplir las 160 horas». Al
respecto, el testigo agregó que «siendo contratista ella debía cumplir unas horas
determinadas en cada grupo».

127. Ahora bien, el señor Leonardo sostuvo que prestó sus servicios con Carolina
hasta el año 2018. El magistrado le indagó qué pasó después, y él respondió que
ambos participaron en concurso de méritos y más o menos el 24 de noviembre de
2018 les llegó la resolución, «entonces ella se fue para Gaira, para Santa Marta y yo
me quedé acá en la Regional de Risaralda hasta que me posesionaron».

128. Con posterioridad, el magistrado le preguntó al testigo si la señora Carolina
impartía instrucciones o participaba en cursos. Al respecto, este indicó que «sí claro,
ellos tienen un curso de los de salud ocupacional y se reunían por especialidades […]
ella son los de transversales, inglés, salud ocupacional, ética». El magistrado le
preguntó si debía asistir a capacitaciones a lo cual el testigo asintió. Indicó que todos
los lunes cada quince días debían disponer de toda la mañana para asistir a reuniones
en todo el centro y por la tarde se hacían reuniones por especialidad, pero eso no era
óbice para que respondieran por las 160 horas.

129. La apoderada de la demandante le preguntó si existían empleados de la
personal de planta que desempeñaran las mismas funciones. El testigo dijo que sí,
pero que la diferencia era que ellos apenas cumplían 6,4 horas diarias y ellos 8;
además del reconocimiento de las prestaciones sociales. Adicionalmente, indagó
quién pagaba los viáticos. El testigo sostuvo que «había unos rubros y hasta que se
acabara el dinero». A su vez, preguntó si la señora Carolina debía rendir informes. El
testigo expuso que «los informes eran 2 o 3 veces por semana». En cuanto a los
contenidos curriculares y de formación, el testigo sostuvo que «todo se rige a nivel
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Bogotá, desde allá nos envían el programa curricular y debemos cumplirlos al pie de
la letra». En concreto, se le indagó sobre la autonomía para el ejercicio de funciones;
en el horario, en el cambio de lugares de trabajo. El señor Leonardo sostuvo que «a
nosotros nos decían de coordinación académica debe cumplir este horario, lo que si
podíamos de pronto con la comunidad es, ellos viven muy lejos, en vez de comenzar
a las 8 de la mañana empezábamos a las 7, eso sí se podía como algo mediar, pero
la coordinación nos daba el horario y debíamos cumplirlo al pie de la letra».

130. La apoderada le preguntó cómo se controlaban los horarios. El señor Leonardo
manifestó que «teníamos un auditor de calidad que se llamaba Helmer Acevedo,
nosotros debíamos pasar un listado de los aprendices y desde allá llamaban […] si no
estaban era porque no estábamos cumpliendo el horario, esa era una forma o ellos
iban a las aulas que teníamos asignadas y les preguntaban a los aprendices, cómo
era el desempeño y si cumplíamos horario».

131. El apoderado del Sena le preguntó si la cooperativa de servicios Cotraser
pagaba salud y pensión. El testigo respondió que «la cooperativa nos descontaba
para pagar, pero uno de los motivos de cierre de la cooperativa es que yo demandé a
la cooperativa porque descontaban, pero no pagaban». Para efectos de legalizar la
cuenta de cobro ante la cooperativa o el Sena, el testigo manifestó que «el Sena era
el que daba la autorización […] mandaba un reporte, la Cooperativa era algo de
trámite, pero todo era coordinado por el Sena».

132. El citado apoderado le preguntó al testigo que si para que el Sena le pagara
a la cooperativa se requería relación de los instructores. Al respecto, el señor
Leonardo Quiceno «tanto de horarios no, simplemente le mandaba la cooperativa la
relación de instructores y cuánto le pagaba a cada uno y de acuerdo con eso nos
liquidaban». Para el momento de liquidación de la cooperativa, el testigo relató que no
se les pagaron prestaciones sociales; que por ser cooperativa les pagaban un aporte,
pero no siempre ocurría. En lo relativo a los llamados de atención, el señor Leonardo
contó que estaba casi seguro de que en alguna ocasión les enviaron requerimientos
a los contratistas.

133. Luis Enrique Blandón Pinilla. Actualmente se desempeña como instructor
del Sena en el Centro Agropecuario, Regional Risaralda. Relató que ingresó a
trabajar el 13 de julio de 2011 y allí se conoció con la señora Carolina Cardona
Gómez en la reunión de instrucciones y en cursos técnicos. Expuso que trabajó con
la demandante hasta el año 2018, porque ella presentó un recurso y se fue a laborar
a otra regional. En específico, dio cuenta de que la accionante era instructora en el
Sena en la competencia de generar hábitos saludables en todo el tema relacionado
con salud ocupacional. El magistrado le indagó sobre el horario en el Sena durante
el tiempo laborado. El señor Luis Enrique relató que «los horarios vienen dados por
cada programa, determinado número de horas, nosotros debemos trabajar 8 horas
diarias, algunas veces son por la mañana, la tarde, o combinadas». A su vez, el
magistrado le preguntó si la señora Carolina debía cumplir determinado número de
horas. El testigo expuso que eran 160 horas mensuales y que si la actora no cumplía

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ese horario el contrato indica que se pagan por las horas trabajadas, se descuenta el
tiempo no laborado.

134. Frente al supervisor o supervisores de los contratos, el señor Luis Enrique
indicó que en el 2011 estaba Girardo Hincapié, posteriormente estuvo Carlos
Fernando Cardona; esos eran los jefes directos. El magistrado le preguntó si los
supervisores y los coordinadores eran la misma persona. El testigo dijo que «sí
señor magistrado, el coordinador académico es el que nos supervisa los contratos».
Refirió que en general todos los instructores reciben correos y les informan sobre el
cumplimiento del horario por un estatuto que está dado. El magistrado le indagó sobre
si existía el cargo de instructor en salud ocupacional. El testigo mencionó que «en
Risaralda la verdad no recordaba si había personal de planta para eso». El magistrado
le preguntó si la prestación del servicio se daba solo en las instalaciones del Sena
o debía trasladarse. El testigo indicó que debía movilizarse hacia municipios,
muchos en los cuales coincidió con la accionante.

135. La apoderada de la actora le preguntó quién asignaba los sitios a los que se
debía desplazar la demandante. El testigo indicó que eso lo hacía la coordinadora
académica y que expuso que ella «debía hacerlo de manera personal», sin
posibilidad de ceder. Además, expuso que recibió el pago de honorarios por los
servicios prestados y quien entregaba los contenidos curriculares y de formación eran
entregados por la Dirección General de Formación de Bogotá y no se pueden cambiar;
vienen estipulados con duración de horas para su inicio y finalización.

136. La apoderada le preguntó específicamente sobre la autonomía que tenía la
accionante. El testigo indicó que los ambientes ya estaban asignados a cada curso
y deben dictarse en el horario que queda marcado y registrado en la plataforma
administrativa del Sena. Con esos horarios debían dictarse las formaciones.

137. Frente al interrogatorio realizado por el apoderado del Sena, el testigo
manifestó que tuvo conocimiento del período en el cual coincidió con la actora en el
Centro Agropecuario, período en el cual la accionante laboró con el Sena. En esos
tiempos, según el señor Luis Enrique las cotizaciones a seguridad social las pagaba
la contratista.

3.5. Caso concreto

138. En el asunto bajo análisis, la accionante quien estuvo vinculada en el Sena
como instructora, mediante cooperativas y por contratos de prestación de servicios,
solicita la declaración de la relación laboral y que se condene a la entidad
demandada al pago de las acreencias laborales no reconocidas entre el 4 de
noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2018.

139. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Declaró
la nulidad del acto administrativo demandado y condenó al Sena a pagarle a la
actora las prestaciones sociales de orden legal al tomar como base los honorarios
pactados en los contratos en los periodos comprendidos del 13 de julio de 2011 al
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30 de noviembre de 2018. Además, ordenó reconocer las diferencias prestacionales
entre los valores pagados a la demandante en virtud de la vinculación como
trabajadora asociada de la Cotraser, en el cargo de instructora del Sena Regional
de Risaralda, del 4 de noviembre de 2009 al 30 de junio de 2011. Por último, dispuso
tener en cuenta los honorarios para el cálculo del IBC pensional de la actora.

140. Inconforme con esta decisión, el Sena apeló. Adujo que las obligaciones
contractuales de la accionante estaban comprendidas en la coordinación, sin que
estuviera probada la subordinación. En particular, cuestionó la exhaustividad de la
prueba testimonial para dar cuenta de este requisito y la calidad de los testigos como
contratistas del Sena en el Centro de Formación.

141. Agregó que la entidad ha actuado amparada en la Ley 80 de 1993, que los
contratos tuvieron un carácter temporal e interrumpido, que la señora Carolina
Cardona Gómez no adquirió la condición de funcionaria pública ni trabajadora
oficial; y, finalmente, que operó la prescripción de los derechos causados del 4 de
noviembre de 2009 al 30 de junio de 2011, en la etapa en que la accionante laboró
a través de la cooperativa y frente a los contratos suscritos con el Sena, desde 2017
hacia atrás.

3.5.1. Valoración probatoria de los testimonios

142. La parte recurrente adujo que los testigos no estuvieron presentes en una
clase virtual o presencial de la accionante, toda vez que fueron sus compañeros de
labores. En razón a esto, solo podían declarar sobre sus propias funciones al tener
la naturaleza de contratistas del Sena en el Centro de Formación, sin que les
constaran las actividades ejercidas por la actora.

143. En primer lugar, la Sala destaca que, en atención a los criterios generales de
valoración probatoria, impera acudir al estudio en conjunto de las pruebas bajo las
reglas de la sana crítica (arts. 24270 y 17671 del CGP), teniendo en cuenta que el
juez debe exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

144. En punto de discusión, no se advierte que las situaciones puestas de
presente en sí mismas constituyan una razón suficiente para desvirtuar lo declarado
por los señores Gary Armando Rincón, Leonardo Quiceno Marín y Luis Enrique
Blandón Pinilla. Al respecto, contrario a lo aducido por la entidad accionada, los
testigos manifestaron lo que les constó frente a la señora Carolina Cardona Gómez,
dada su condición de instructores del Sena. De forma concreta, el señor Gary relató
el conocimiento que tuvo del segundo semestre de 2018, en adelante; por su parte,
el señor Leonardo dio fe sobre el período comprendido desde 2008 a 2009; y el

70 Artículo 242. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración

su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso.
71 Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con

las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia
o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

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señor Luis Enrique hizo alusión a los tiempos laborados por la actora a través de
contratos de prestación de servicios suscritos con el Sena entre 2011 y 2018.

145. En ese entendido, no es posible considerar que los testigos carecen de la
calidad de directos y que solo podían declarar sobre sus funciones sin que les
constaran las actividades ejercidas por la actora. Así las cosas, se valorará lo
expresado por los testigos de acuerdo con las reglas de la sana crítica, de ahí que
se apreciarán sus declaraciones en conjunto con las demás pruebas que obran en
el expediente.

146. En este orden, con el fin de dar respuesta a los problemas jurídicos
planteados, la Sala analizará si en el presente asunto se acreditan los elementos
que permitirían la configuración de una relación laboral entre la accionante y el
Sena. El análisis se concentrará en la subordinación, en torno a la cual la accionada
estructuró su apelación.

3.5.2. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral
encubierta

147. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.

148. Prestación personal del servicio. De acuerdo con la prueba documental
allegada por las partes al plenario, en particular la relación con Cotraser en las
vigencias de 2009 y 2011, entre esta cooperativa y el Sena se suscribieron los
contratos núms. 117, 091 y 007. Asimismo, en los comprobantes de pago emitidos
por Cotraser obra el nombre de la demandante y de conformidad con la certificación
expedida por la jefe de recursos humanos de Cotraser, el 30 de junio de 2011, la
demandante fue asociada de dicha cooperativa desde el 4 de noviembre de 2009 al
30 de junio de 2011 y prestó sus servicios de trabajo como instructora en el área de
enfermería en el Centro de Comercio y Servicios del Sena, Regional Risaralda.

149. De ahí se sigue que las pruebas aportadas son suficientes para tener
acreditar la prestación personal del servicio de la actora en los períodos de vigencia
de los contratos y en los cuales se certificaron específicamente sus labores. En
concreto, del 4 de noviembre de 2009 al 30 de diciembre de 2009; del 27 de enero
de 2010 al 12 de diciembre de 2010; y del 7 de febrero de 2011 al 30 de junio de
2011. Esta situación se corrobora con el testimonio del señor Leonardo Quiceno
Marín, quien relató que la accionante laboró en la Regional de Risaralda y dio cursos
tanto en salud ocupacional como en calidad de enfermera.

150. En igual sentido, sobre la temporalidad en la prestación del servicio, el testigo
dio cuenta de que la actora debía cumplir 160 horas, que comprendían 8 horas
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diarias, lo cual coincide con los certificados de pagos allegados al proceso, que en
su mayoría relacionaron 30 días laborados por cada mes, en las fracciones
anteriormente identificadas.

151. Ahora bien, a partir del 13 de julio de 2011 y hasta el 30 de noviembre de
2018 (con las interrupciones evidenciadas en la tabla que obra en los hechos
probados), la Sala tiene por acreditada la prestación personal del servicio de la
señora Carolina Cardona Gómez, como instructora en el área de salud ocupacional
del Centro de Atención del Sector Agropecuario del Sena, Regional Risaralda; y
como instructora o tutora virtual en los programas de formación profesional integral
en el nivel y en la modalidad que le fuera asignada en dicho Centro. De ello dio
cuenta el testimonio del señor Luis Enrique Blandón Pinilla, quien relató que la
actora fungió como instructora en salud ocupacional y que debía laborar 160 horas
mensuales.

152. Así pues, la accionante siempre se desempeñó como instructora. Aunado a
ello, el testigo Luis Enrique Blandón Pinilla dio fe de la imposibilidad de cesión que
tenía la accionante para ejecutar los objetos contractuales, lo cual se desprende
expresamente de las cláusulas contractuales. En línea con ello, de una revisión de
los contratos suscritos entre la señora Carolina Cardona Gómez y el Sena, se
desprende que se fijó como lugar de ejecución los municipios, corregimientos y
veredas del departamento de Risaralda. Esta situación corresponde con el relato
del testigo Luis Enrique, según el cual en el período comprendido de 2011 a 2018
la actora debía movilizarse hacia municipios.

153. De esta forma, está probada la prestación personal del servicio mediante la
cooperativa Cotraser, y a través de los contratos suscritos por la actora directamente
con el Sena.

154. Remuneración. La señora Carolina Cardona Gómez percibió una
remuneración por el trabajo desempeñado, de acuerdo con los contratos que obran
en el expediente y las pruebas documentales como la relación con Cotraser en las
vigencias 2009-2011, y los pagos efectuados a favor de la accionante por parte de
Cotraser, de los cuales se puede extraer el valor pagado.

155. Continuada subordinación o dependencia. En el presente caso se
encontró probado, conforme a las pruebas documentales y testimoniales, que la
señora Carolina Cardona Gómez ejecutó la labor de instructora en el área de
enfermería en el Centro de Comercio y Servicios del Sena, Regional Risaralda, en
el área de salud ocupacional del Centro de Atención del Sector Agropecuario del
Sena, Regional Risaralda; y como instructora o tutora virtual en los programas de
formación profesional integral en el nivel y en la modalidad que le fuera asignada en
este último Centro. Ello quiere decir que desempeñó funciones inherentes a la
misión de la entidad.

156. Lo expuesto, frente al tiempo en el que la actora laboró mediante la
cooperativa, tiene sustento en el relato del testigo Leonardo Quiceno Marín. En

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particular, este sostuvo que el horario era de 8 a 5 o 6 de la tarde y que la accionante
debía estar disponible todo el día, en cumplimiento de unas horas determinadas.
Además, dio fe de la existencia de coordinadores académicos, como los señores
Girardo Hincapié y Carlos Cardona, quienes, conforme a la constancia emitida por
la subdirectora de ese centro, ocuparon ese cargo en el Centro de Atención
Agropecuario Regional Risaralda del Sena.

157. Aunado a ello, el testigo informó que la actora estaba sometida al
cumplimiento de órdenes por parte del coordinador, como la relativa a la hora de
llegada al municipio para recibir la formación y que los instructores debían asistir
obligatoriamente a cursos y capacitaciones en el área específica de su competencia;
en particular, disponer de una mañana todos los lunes cada quince días.

158. Bajo ese entendido, de la declaración se desprende que existía un horario
impuesto y lo único que la actora podía hacer era mediar para distribuir las horas,
dada la distancia en los municipios en los que se prestaba el servicio. En efecto, el
testigo expresó que existía un control sobre el horario a través de un auditor y que
los instructores debían pasar un listado de los aprendices; además, que se llamaba
a corroborar con el sitio.

159. Ahora bien, en lo relativo al horario, el testigo Luis Enrique Blandón Pinilla
ratificó que los horarios venían dados por cada programa, por la Dirección General
de Formación de Bogotá, con un determinado número de horas, para un total de
160 horas mensuales, y que los señores Girardo Hincapié y Carlos Fernando
Cardona fueron supervisores (coordinadores), en línea con lo expuesto por el testigo
Leonardo Quiceno Marín. A su vez, cabe destacar que, según su relato, todos los
instructores reciben correos y les informan sobre el cumplimiento de un horario, y la
Coordinación Académica era quien asignaba los sitios a los que se debía desplazar
la accionante. Por último, en lo relativo a la autonomía del contratista, el testigo
subrayó que los ambientes ya estaban asignados a cada curso y las jornadas
debían impartirse en el horario designado y registrado en la plataforma del Sena.

160. Ahora bien, la actora cumplió las obligaciones específicas estipuladas en los
contratos celebrados con el Sena, entre otras, las siguientes:

El cumplimiento que se debe dar al pensum y los contenidos mínimos de los
programas de formación, el calendario académico, la programación de clases, las
estrategias para evitar la deserción, el lugar, los fines y objetivos misionales, las
normas y directrices del Sena.

Desarrollar las actividades adicionales que como instructor se requieran para la
ejecución del contrato: El contratista se compromete a ajustarse a las políticas de
comunicación del SENA y aplicación de las TIC (Manejar los sitios Web oficiales,
utilizar correctamente los correos electrónicos (revisarlos periódicamente y contestar
requerimientos), velar por la correcta utilización de la imagen institucional, reportar al
área de comunicaciones de la Regional los eventos o actividades a realizar que
requieran divulgación, y participar activamente en las reuniones citadas por el Centro

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(Procesos de inducción, Grupos Primarios, Comités de Evaluación y Seguimiento,
entre otros).

Permanecer identificado con su carné dentro de las instalaciones del SENA y dictar
las clases con el delantal u overol que le hayan sido asignados por la Subdirección
de Centro, cuando así se requiera. […].

161. De estas se desprende la subordinación de su labor, dado que en el ejercicio
del servicio como instructora debió cumplir con el pensum y los programas de
formación a partir de las normas y directrices de la entidad, participar activamente
en las reuniones citadas y utilizar correctamente los correos electrónicos, esto último
que se corrobora con los registros de correos enviados y recibidos por la actora a
través de su cuenta institucional del Sena. A partir de ello se concluye que no fue
autónoma e independiente, porque debía asistir a varios municipios en horarios y
jornadas previamente establecidas y contaba con un coordinador académico, quien
le impartía las órdenes específicas que debía acatar.

162. Por otra parte, en lo referente a que el servicio personal contratado
corresponda a las funciones permanentes de los empleados de planta, en el caso
concreto el testigo Leonardo Quiceno Marín expuso que existía personal de planta
que cumplía las mismas funciones, pero que la única diferencia era que a ellos se
les exigían 6,4 horas diarias y además se les reconocían prestaciones sociales.

163. Al respecto, obra la constancia emitida por la subdirectora del Centro de
Atención del Sector Agropecuario del Sena, el 17 de septiembre de 2020, que
evidencia que entre 2011 y 2018 – período en el cual laboró la accionante en ese
Centro–, hubo de 2 a 4 instructores, vinculados mediante carrera administrativa o
en provisionalidad, en el área de formulación de proyectos. Aunque esto se
contrapone a la constancia expedida por la CNSC, según la cual en el Sena
Regional Risaralda no existieron instructores de planta en varias áreas temáticas,
entre estas la formulación de proyectos, lo cierto es que este documento se expidió
con el fin de responder las plazas que fueron provistas mediante concurso de
méritos en 2017. En igual sentido, los testigos declararon que en la Regional
Risaralda sí existió el cargo de planta y que las funciones de los instructores
contratistas eran iguales a quienes tenían este cargo, y que ambos recibían
instrucciones de los coordinadores.

164. Con todo y ello, que el área específica no estuviera provista con un empleo
de instructor de planta no significa la inexistencia de este cargo en la entidad, pues
del Manual de Funciones para Instructores se desprenden las relativas a un
instructor grado 1-20, código 3010 del 1-20, que involucran la selección de
estrategias de enseñanza y aprendizaje, la programación de esas actividades y la
evaluación de los aprendices.

165. Con ocasión de lo anterior, aunque en criterio del recurrente los testigos no
podían afirmar categóricamente que la demandante cumpliera un horario, recibiera
órdenes o hubiera recibido un llamado de atención por llegar tarde, de los dichos de

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estos se desprende la exigencia frente a unos turnos y la obediencia de la
coordinación administrativa. Ello implica que el solo hecho de cumplir un horario no
prueba la subordinación, este es solo un indicio que en el caso concreto se
corroboró con otros elementos, como el desempeño de funciones inherentes a la
entidad, las órdenes por parte del coordinador administrativo, la asistencia a cursos
y capacitaciones en el área específica de su competencia y la sujeción al programa
suministrado por la Dirección General de Formación de Bogotá.

166. De igual forma, rendir informes, por sí solo, no acredita la subordinación. En
ese sentido, la labor desempeñada por la actora no está comprendida en la
coordinación, sino que se trata de circunstancias constitutivas de una
subordinación, ya que la instructora realizaba sus funciones siguiendo las
orientaciones de la entidad accionada y no bajo su propia dirección y manejo. No
se puede entender que el Sena se limitó a entregarle la programación académica y
a supervisar los objetos contractuales, pues en el marco de la prestación del servicio
la actora no tenía margen de autonomía.

167. Si bien, la recurrente destaca que el Sena no ejerció poder disciplinario sobre
la actora, esta circunstancia, por sí sola, no desvirtúa los indicios a los que se ha
hecho mención y que justifican el sentido de la decisión. De manera semejante, el
hecho de impartir órdenes propias del objeto contractual tampoco desacredita la
subordinación, porque precisamente de dichas obligaciones es posible desprender,
entre otras, la labor subordinada.

168. Al respecto, conviene destacar que de la valoración conjunta de las pruebas
se logró establecer que el rol de la demandante como instructora no sufrió
alteración, de suerte que, aunque la dependencia y el área específica hubieran
variado, el núcleo esencial obligacional fue semejante, dirigido a la formación
profesional integral, al desarrollo curricular, a la evaluación de aprendices, al registro
académico, a la participación institucional y al acompañamiento en proyectos
formativos.

169. Por tanto, los contratos se celebraron bajo una constante direccionalidad y el
ejercicio permanente de labores propias de un instructor. No obstante, sí se debe
precisar que el Tribunal en ningún momento le otorgó la condición de funcionaria
pública ni trabajadora oficial a la señora Carolina Cardona Gómez.

170. Esta posición corresponde con la tesis de la Sala, que ha dispuesto que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a
la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de
prestación de servicio no puede otorgar al accionante la calidad de empleado
público», lo que no impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud
del aludido principio de «a trabajo igual salario igual»72.

72 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, proceso con

radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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171. Asimismo, la Sala reitera que la facultad de contratación del Estado con
terceros prevista en los artículos 32 de la Ley 80 de 1993, 195 de la Ley 100 de
1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede interpretarse como una habilitación
irrestricta para desconocer los derechos y las garantías laborales. Así, el hecho de
que exista una habilitación en la Ley 80 de 1993 para que las entidades públicas
celebren contratos de prestación de servicios, y al margen de la cláusula expresa
que en estos se hubiera pactado en torno a la ausencia de una relación laboral, ello
no permite ocultar su verdadera existencia, como ocurrió en el presente asunto.

172. En particular, la entidad recurrente sostuvo que en el período laborado
mediante la cooperativa existió una relación contractual entre esta y el Sena; de
suerte que era la primera quien enviaba en misión a la asociada, la contrataba y le
pagaba tanto sus honorarios como su seguridad social.

173. No obstante, la Sala considera necesario precisar que la facultad de las
entidades estatales de acudir a mecanismos de contratación con terceros, prevista
en el ordenamiento jurídico, no puede interpretarse como una autorización irrestricta
para desconocer los derechos y garantías laborales de quienes ejecutan
materialmente las actividades en su beneficio.

174. Por ende, los períodos durante los cuales la actora laboró mediante la
referida forma de intermediación, por Cotraser, son susceptibles de valoración para
efectos de establecer la configuración de una eventual relación laboral encubierta y
las consecuencias jurídicas y económicas que de ella se deriven, pues la obligación
de reconocer los derechos laborales no depende de la forma contractual utilizada,
sino de la realidad de la prestación personal del servicio y del grado de integración
del trabajador a la estructura funcional de la entidad que se benefició de tales
actividades.

175. En lo que respecta a la tercerización laboral, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-330 de 1995, examinó la constitucionalidad del numeral 3 del
artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y estableció que el propósito de dicha norma es la
protección de los trabajadores frente al uso indebido de la contratación temporal en
detrimento de la estabilidad laboral.

176. Esta corporación73 ha reiterado dicho criterio garantista y ha destacado que
el legislador, en la ponencia para segundo debate de la Ley 50 de 1990, consagró
disposiciones precisas orientadas a salvaguardar los derechos de los trabajadores
temporales en materia de remuneración, prestaciones sociales y salud ocupacional,
así como a regular la constitución y funcionamiento de las empresas temporales,
con el fin de erradicar los abusos contra esta categoría de trabajadores. En
particular, se estableció de manera taxativa, en desarrollo del principio de a igual
trabajo igual salario, que el trabajador temporal percibirá la misma remuneración
ordinaria que el trabajador vinculado directamente por la empresa usuaria que

73Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de 2000, exp. 0570-1998, M.P. Ana
Margarita Olaya Forero

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desempeñe funciones idénticas, con la única salvedad de las diferencias derivadas
de la antigüedad.

177. En esa línea, la Sección Segunda de esta corporación74 ha indicado que la
administración debe abstenerse de acudir a esta modalidad de contratación para el
desarrollo de funciones permanentes o inherentes a su objeto social, pues de
hacerlo se vulnerarían los derechos de los servidores públicos, el derecho al trabajo
y los fines de la administración pública, consagrados en los artículos 25, 53, 123 y
125 de la Constitución Política.

178. Así, se ha sostenido que cuando la controversia jurídica se dirige contra el
tercero beneficiario de la prestación personal del servicio —en el presente caso, el
Sena—, los derechos laborales debidamente acreditados no se ven afectados por
el hecho de que el vínculo se haya formalizado a través de cooperativas, sindicatos
de trabajadores y empresas de servicios temporales, ni tal circunstancia constituye
impedimento alguno para acceder a las pretensiones de la demanda.

179. En tal sentido, esta corporación ha definido que cuando un tercero se
beneficia de servicios prestados por un trabajador temporal en desarrollo de
actividades permanentes y con desconocimiento de sus derechos laborales, es ese
tercero beneficiario, en este caso el Sena, quien está llamado a responder, siempre
que se acrediten los elementos propios de una relación de trabajo75.

180. Aclarado lo anterior, al encontrarse acreditados, en el caso concreto, los
elementos de prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, la
Sala considera que, del 4 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre de 2018, la
demandante demostró la existencia de la relación laboral con el Sena, lo que se
evidenció con las pruebas documentales y testimoniales practicadas en el proceso.

181. Prescripción trienal. Al descender al caso particular, como no existió
solución de continuidad, la prescripción comenzó a contabilizarse a partir de la
terminación del vínculo contractual. Así, se precisa que como entre esta fecha – 30
de noviembre de 2018– y la reclamación administrativa –28 de septiembre de 2020,
no transcurrieron más de tres años, el término de prescripción se interrumpió por un
plazo igual —artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado en el Decreto
1848 de 1969—. Esto quiere decir que como la demanda se presentó el 24 de
febrero de 2021, no operó el fenómeno de prescripción frente a los derechos
pretendidos.

182. Lo anterior, toda vez que, si bien entre los contratos 091 y 007 (entre el 12
de diciembre de 2010 y el 7 de febrero de 2011) transcurrieron 39 días hábiles; y
entre los contratos 00200 y 0336 (del 22 de noviembre de 2017 al 1.° de febrero de
2018) transcurrieron 46 días hábiles, estas interrupciones se encuentran justificadas
en el periodo de vacaciones según el calendario académico de la entidad, pues se

74 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de noviembre de 2014, exp. 05001 23

33 000 2012 00275 01 (3222-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
75 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de marzo de 2026, exp. 25000-23-42-

000-2018-01579-01 (5061-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00203-01 (2601-2024)
Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

dieron entre diciembre y enero; es decir, ocurrieron durante la terminación e
iniciación de los períodos académicos de los años escolares, según las pruebas que
obran en el proceso. En igual sentido se ha pronunciado en anteriores
oportunidades esta Subsección76.

183. De tal forma que, como se constató en los hechos probados, la interrupción
de 39 días hábiles coincidió con la finalización del período académico de 2010, el
17 y 18 de diciembre, inclusive, y el inicio de la vigencia de 2011; de suerte que
descontados esos períodos quedarían al final 24 días hábiles de interrupción.
Similar situación se predica respecto de la interrupción de 46 días hábiles, porque
coincide con la finalización del calendario académico del 2017, el 19 de diciembre,
inclusive, y el inicio del calendario del 15 al 27 de enero, inclusive, del 2018. Por
ende, descontados esos extremos la interrupción solo había sido por 30 días
hábiles.

184. En particular, conviene destacar que, aunque la recurrente considera que
operó la prescripción de los derechos causados del 4 de noviembre de 2009 al 30
de junio de 2011 por no haberse presentado la reclamación administrativa dentro de
los tres años siguientes, esta interpretación no resulta admisible para la Sala. En
concreto, ya que, pese a que los contratos celebrados con Cotraser finalizaron en
esa última fecha, la relación laboral continuó vigente mediante contratos suscritos
directamente entre la accionante y el Sena y se mantuvo en el cargo de instructora.
De ahí que, del 30 de junio de 2011, en adelante, no tuvieron lugar interrupciones
relevantes que dieran lugar a la solución de continuidad y, por ende, al efecto de la
prescripción.

185. Al respecto, la Sala reitera, en los términos del marco normativo expuesto en
esta providencia que, en el caso concreto al tratarse de un instructor del Sena existe
una excepción que admite justificar una interrupción entre los contratos superior a
30 días hábiles al estar demostrado que ello coincidió con las vacaciones. Al
respecto, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de junio de
202577, determinó que no existió solución de continuidad en una interrupción de 34
días, con fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional de los aprendices.

186. Por consiguiente, a la demandante le asiste el derecho al pago de las
prestaciones laborales causadas entre el 4 de noviembre de 2009 al 30 de
noviembre de 2018.

187. Frente al restablecimiento del derecho. Resulta importante aclarar que, en
casos como el presente, el criterio de esta Subsección es reconocer el
restablecimiento del derecho con base en los salarios devengados por un empleado
de planta, en aras de dar aplicación al principio de a trabajo igual salario igual. En

76 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 16 de mayo de 2024, proceso con

radicado 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022); del 13 de junio de 2024, proceso con radicado 63001-
23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022); del 4 de julio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2019-
00159-01 (2006-2021), entre otras.
77 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-

01 (5263-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00203-01 (2601-2024)
Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

caso contrario, cuando no exista el cargo en la planta, la base para calcular las
prestaciones debe ser el valor de los honorarios.

188. No obstante, si bien en el asunto de la referencia el Tribunal ordenó
el restablecimiento del derecho con base en los honorarios percibidos por la
accionante, la Sala no se pronunciará sobre este aspecto. Ello, toda vez que dicho
aspecto no fue objeto de apelación y la entidad demandada ostenta la calidad de
apelante único; por lo cual no sería posible modificar la orden impartida en la
sentencia impugnada, en aplicación del principio de non reformatio in pejus78.

189. Adicionalmente, dado que en este caso están involucrados períodos
laborados a través de una cooperativa, la Sala debe ser respetuosa de la tesis fijada
en asuntos similares79, según la cual el pago recibido por la demandante a título de
compensación impactó los dineros del erario; lo que impone considerar la
prohibición de no incurrir en un doble pago con recursos públicos. En razón a esto,
salvo las excepciones previstas en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, nadie está
habilitado para percibir más de una asignación del erario.

190. Así pues, para el caso puntual de los períodos objeto de reconocimiento en
los que la demandante laboró por intermediación, mediante cooperativas de trabajo
asociado, únicamente procede la diferencia entre lo pagado por esta y lo que se le
debía pagar por la relación laboral acreditada. Esta situación se entiende
comprendida en la orden del Tribunal de reconocer las diferencias prestacionales
entre los valores reconocidos en virtud de la vinculación mediante Cotraser durante
el período del 4 de noviembre de 2009 al 30 de junio de 2011.

4. Conclusión

191. En suma, se demostró la subordinación y, por ello, está acreditada la
existencia de una relación laboral encubierta entre la demandante y el Sena, en el
período comprendido entre el 4 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de
2018, período en el cual la demandante laboró mediante Cotraser y a través de
contratos de prestación de servicios suscritos con el Sena. No operó la prescripción
respecto de los derechos reclamados. Por lo expuesto, se confirmará la sentencia
de primera instancia.

5. Costas

192. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 80 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para

78 Entendido como no agravar la situación del apelante único.
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

25 de septiembre de 2025, exp. 50001-23-33-000-2020-00882-01 (1255-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
80 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00203-01 (2601-2024)
Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena,
en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

193. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 7 de marzo de 2024, por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Demandante: Carolina Cardona Gómez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace

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