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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00647-01

Fecha
12 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00647-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar los ordinales 3º y 5º de la sentencia proferida el 20 de enero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Álvaro Abelino Camacho Asprilla en contra del municipio de Pereira, los cuales quedarán así: 3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se condena al municipio de Pereira a pagar en favor del demandante Álvaro Abelino Camacho Asprilla las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene derecho, con la inclusión de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, y primas legales a que haya lugar, para lo cual deberá tomar como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las ejecutadas por el demandante y solo en caso de no existir, se tendrá como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral y no operó el fenómeno prescriptivo, es decir, del 1º de julio de 2011 al 25 de abril de 2016, de acuerdo con las consideraciones de este fallo. 5. El municipio de Pereira deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de Álvaro Abelino Camacho Asprilla, que corresponde a los salarios de un empleado de planta que desarrollara sus funciones para el periodo comprendido entre el 14 de junio de 2005 y el 25 de abril de 2016, salvo sus interrupciones, y solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios en ese periodo. La entidad territorial deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de 30 Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021) Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2017-00647-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla
Demandados: Municipio de Pereira (Risaralda)

Tema: Relación laboral encubierta

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 20 de enero de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Tercera de Decisión, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Álvaro Abelino Camacho Asprilla presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 10931 del 23 de marzo de 2017,
por medio del cual la directora administrativa de prestación del servicio educativo
y administración de plazas docentes del municipio de Pereira le negó la existencia
de una relación laboral entre las partes por sus servicios como vigilante entre el
14 de junio de 2004 y el 25 de abril de 2016 y el pago de las prestaciones sociales
que se derivaban de ella.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que: i) se declarara la existencia de la relación laboral por el período

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

reclamado; ii) se concedieran las prestaciones sociales de ley, tales como horas
extras diurnas y nocturnas, cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de
navidad, servicios y vacaciones y dotación de calzado y vestido de labor; iii) se
pagaran los aportes efectuados a seguridad social (salud, pensión, riesgos
laborales y caja de compensación familiar); iv) se ordenara al municipio de Pereira
que pagara de los demás salarios y prestaciones que se le reconocían a un
empleado de planta; v) se reconociera la indemnización por falta de pago de las
cesantías; vi) se actualizaran las sumas que resultaren; y vii) se condenara en
costas a la parte vencida.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Álvaro Abelino Camacho Asprilla laboró de manera ininterrumpida como vigilante
al servicio de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira del 14 de junio
de 2004 al 25 de abril de 2016 a través contratos de prestación de servicios y de
una cooperativa de trabajo (2010 y 2011), periodo en el que realizó sus funciones
de manera personal, bajo la continua dependencia y subordinación de los rectores
o directores de los colegios en los que prestó sus servicios, dentro de unos
horarios en los turnos impuestos de 12 horas (6:00 am a 6:00 pm o viceversa),
incluso en dominicales y festivos, y con una remuneración pactada.

• Dentro de las actividades que desempeñó se encontraban las de celaduría,
custodia y cuidado de las zonas de las diferentes instituciones educativas, así
como el control de su entrada y salida de personas, vehículos y objetos,
mantenimiento, conservación y seguridad de sus bienes, entre otras.

• Tenía prohibido dejar reemplazos en los establecimientos educativos, ya fuera
por todo el tiempo que duraba la jornada laboral o por breves lapsos de tiempo.

• Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por
ley, propias de los empleados que ejercían sus funciones, no le fueron
reconocidas y tuvo que pagar por cuenta propia la seguridad social.

• El 20 de febrero de 2017, solicitó al municipio de Pereira el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral por el tiempo en que se desempeñó como
vigilante y de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que se
derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada por la directora
administrativa de prestación del servicio educativo y administración de plazas
docentes del municipio a través del Oficio 10931 del 23 de marzo de 2017.

2

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 25, 48, 53 y 209 de la Constitución
Política; 17 de la Ley 6ª de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 99, 102, y 104 de la Ley
50 de 1990; 13 y 14 de la Ley 344 de 1996; 20 de la Ley 100 de 1993; 12 de la
Ley 780 de 2002; 8 a 11 y 41 del Decreto 3135 de 1968; 43 a 49 del Decreto 1848
de 1969; 8 a 26, 28 a 33 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 58 y 59 del Decreto 1042
de 1978; 67 a 70 del Código Sustantivo del Trabajo; y 2, 3 y s.s. del CPACA; la
Ley 244 de 1995; y los decretos 451 de 1984; 1160 de 1947; 3118 de 1968; 1252
de 2000; y 372 de 2006.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:

• Con la negativa del municipio de Pereira se quebrantó el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, no obstante haberse configurado los
elementos propios de una relación laboral; además, vulneró el artículo 53 de la
Constitución Política, toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo
desarrollado de manera personal, permanente y subordinado o dependiente,
consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartirle
órdenes y directrices en relación con la labor contratada, bajo la fijación de un
horario de trabajo por turnos para la prestación de sus servicios y con una
remuneración mensual como retribución por las labores que realizaba.

• El trato que se le dio vulneró el principio de igualdad y el derecho al trabajo y
demás garantías laborales, toda vez que desempeñó iguales funciones que un
empleado de planta, pero no recibió el mismo trato en cuanto a las prestaciones
económicas que estos percibían.

• Bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios se pretendió desdibujar
el vínculo laboral que rigió la relación con el municipio demandado y así evitar la
carga prestacional a la cual tenía derecho el demandante.

• La actividad que ejecutó corresponde al giro ordinario del demandado, aunado
a que fue prestada de manera permanente.

• Así entonces, entre Álvaro Abelino Camacho Asprilla y el municipio de Pereira
existió una relación laboral por el período en que trabajó como vigilante, esto es
del 14 de junio de 2004 al 25 de abril de 2016, lo que le generó el derecho al pago

2 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6_ED_ACTUACIONE_01CUADERNO1(.PDF) NroActua 2», folios 15 a 38.

3

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que procedían de ella.

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Pereira se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en las siguientes consideraciones3:

• La relación contractual entre las partes obedeció a lo estatuido por el artículo 32
de la Ley 80 de 1993, el cual autorizó a las entidades públicas para celebrar
contratos de prestación de servicios, sin que generara un vínculo laboral y el
derecho a recibir prestaciones sociales.

• El actor no tuvo la calidad de empleado público, toda vez que su contrato fue de
prestación de servicios, por lo tanto, no existió una relación de carácter laboral
entre las partes.

• No se configuraron los elementos constitutivos para declarar la existencia de una
relación laboral entre las partes, en especial el de la subordinación o dependencia,
toda vez que se trató de una labor coordinada entre el contratista y el contratante,
que implicó que el primero se sometiera a las condiciones necesarias para el
desarrollo eficiente de la actividad encomendada, que llevó a cumplir un horario
de trabajo, recibir una serie de instrucciones de sus superiores y tener que
reportar informes sobre resultados.

• El hecho de cumplir un horario en turnos, que son concertados por las partes, y
recibir honorarios por sí solos no configuran una relación laboral.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia del 20 de enero de 2021
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda. Al efecto dispuso lo
siguiente4:

«1. Se declara parcialmente probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, respecto de los períodos comprendidos entre el 14 de junio de junio de
2005 al 30 de diciembre de 2009, salvedad hecha de las cotizaciones adeudadas al
sistema de seguridad social en salud y pensiones en tanto estas son imprescriptibles,
de conformidad con lo argumentado en la parte motiva de esta sentencia.

2. Se declara la nulidad del Oficio 10931 de fecha 23 de marzo de 2017, mediante el
cual fue negado el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales

3 Ibidem, folios 58 a 65.
4 Ibidem, documento «12_ED_ACTUACIONE_07FALLO(.PDF) NroActua 2».

4

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

correspondientes, solicitadas por la parte demandante, proferido por el municipio de
Pereira, conforme las razones expresadas en la parte considerativa de la presente
providencia.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, se condena al municipio de Pereira a pagar en favor del demandante Álvaro
Abelino Camacho Asprilla las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene
derecho, incluyendo vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, y primas legales
a que haya lugar, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los
contratos de prestación de servicios correspondientes a los períodos en los cuales se
demostró la existencia de la relación laboral y no operó el fenómeno prescriptivo, es
decir, del 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2011; del 2 de enero de 2012 al
29 de febrero de 2012; del 1 de marzo de 2012 al 30 de junio de 2012; del 1 de
agosto de 2012 al 15 de septiembre de 2012; del 16 de septiembre de 2012 al 31
de octubre de 2012; del 1 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012; del
2 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2013; del 1 de junio de 2013 al 15 de agosto
de 2013; del 16 de agosto de 2013 al 15 de septiembre de 2013; del 16 de
septiembre de 2013 al 15 de octubre de 2013; del 16 de octubre de 2013 al 31 de
octubre de 2013; del 1 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013; del 2
de enero de 2014 al 30 de abril de 2014; del 1 de mayo de 2014 al 30 de junio de
2014; del 1 de julio de 2014 al 31 de julio de 2014; del 1 de agosto de 2014 al 31
de octubre de 2014; del 1 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014; del
2 de enero de 2015 al 1 de abril de 2015; del 2 de abril de 2015 al 15 de junio de
2015; del 16 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2015; del 1 de enero de 2016
al 30 de enero de 2016 y del 1 de febrero de 2016 al 25 de abril de 2016, de acuerdo
con las consideraciones de este fallo

4. Se condena a la entidad demandada a pagar al demandante las diferencias que
surjan por virtud de los derechos prestacionales que aquí se ordenan, y que impliquen
variación del ingreso base para cotización de los aportes a la seguridad social
en pensión y salud, teniendo en cuenta todo el período de ejecución contractual, por
lo expuesto.

5. El municipio de Pereira deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos
los contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional del
actor, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados
por aquel como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, se ordena
cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador.
Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las
consideraciones de esta providencia.

6. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se
debe computar para efectos pensionales.

7. Se condena a la entidad demandada al pago compensatorio en dinero, en favor del
demandante, de las dotaciones de vestido y calzado de labor causadas entre el 1 de
julio hasta el 31 de diciembre de 2011: una dotación; 2 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2012: tres dotaciones; del 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013:

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Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

tres dotaciones; del 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014: tres dotaciones; del
1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015: tres dotaciones; por las razones
expresadas en la parte considerativa de esta providencia.

8. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor del demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará
lo señalado en la parte motiva de este fallo.

9. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos
en el artículo 192 del CPACA. Para lo anterior se enviará la copia respectiva del acta
a la Procuraduría Regional, para los efectos del artículo 75 numeral 12 del Decreto
262 de 2000.

10. Niéganse las demás súplicas de la demanda, por lo considerado.

(…)».

Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:

• En atención a los testimonios y la prueba documental, es posible declarar la
relación laboral entre las partes por los periodos comprendidos entre el 14 de junio
de 2005 y el 30 de diciembre de 2009 y el 1 de julio de 2011 y el 25 de abril de
2016, salvo interrupciones, toda vez que se acreditaron los elementos para su
configuración, esto es la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación o dependencia.

• Lo anterior, toda vez que Álvaro Abelino Camacho Asprilla i) realizó sus
actividades de forma personal en la institución educativa en la cual fuera asignado
por el municipio de Pereira; ii) en los contratos de prestación de servicios suscritos
entre las partes se pactaron honorarios mensuales; iii) no tenía libertad para
realizar las funciones encomendadas, las que fueron prestadas en un horario por
turnos que le era impuesto; y iv) las tareas que desarrolló fueron conforme con
las órdenes y directrices impartidas por sus jefes inmediatos (rector), las que no
podían ser ejecutadas de manera autónoma e independiente.

• No obstante, frente a los derechos causados con anterioridad al 30 de diciembre
de 2009 operó el fenómeno jurídico de la prescripción, puesto que la solicitud de
reconocimiento de la relación laboral y de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella se presentó el 20 de febrero de 2017, es decir que la
reclamación de los períodos contractuales anteriores a esa fecha no tuvo lugar
dentro del término de 3 años siguientes a la culminación de las relaciones
contractuales respectivas.

• No es posible tener en cuenta el tiempo que se alegó por el demandante en el

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Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

que laboró para el municipio de Pereira como trabajador en misión a través de las
empresas Servitemporales (2010 y parte del 2011), pues no se demostró de forma
fehaciente, a través de los diferentes medios de prueba allegados al plenario, que
aquel hacía parte del personal destinado por dicha empresa para cumplir con los
contratos, en tanto no se evidencia su vínculo laboral para con la misma.

• Dentro del periodo que no se encuentra afectado por el fenómeno jurídico de la
prescripción, hay lugar al reconocimiento de la dotación de vestido y calzado de
labor causadas del 1° de julio al 31 de diciembre de 2011 (1 dotación) y del 2 de
enero al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015 (3 dotaciones por cada año),
pues en estos tiempos la remuneración del actor fue inferior a 2 veces el salario
mínimo legal mensual vigente.

• Es improcedente el reconocimiento i) del trabajo extraordinario, pues no se
observó en el expediente material probatorio que acreditara su configuración; ii)
de la prima de servicios, pues su aplicación es exclusiva para los empleados del
orden nacional y el actor prestó sus servicios para una entidad territorial; y ii) de
la sanción moratoria, por cuanto la obligación de pago surge con la sentencia a
través de la cual se efectúa el reconocimiento de la relación laboral existente entre
las partes, toda vez que esta tiene carácter de constitutiva motivo por el cual a
partir de su ejecutoria empiezan a correr los términos para reclamar los derechos
que genera.

• No hay lugar a la condena en constas, en la medida en que no se encontraron
acreditadas y no existió conducta alguna que ameritara su imposición, en
consideración a las previsiones de los artículos 188 del CPACA y 365 del Código
General del Proceso5.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Álvaro Abelino Camacho Asprilla recurrió la sentencia de primera instancia
al encontrarse en desacuerdo con la prescripción declarada, puesto que sus
servicios fueron prestados de manera ininterrumpida, y con la negación del
reconocimiento de las horas extras y de la sanción moratoria de las cesantías6.

1.4.2. El municipio demandado interpuso recurso de apelación con fundamento
en los siguientes argumentos7:

5 En adelante CGP.
6 Ibidem, documento «15_ED_ACTUACIONE_10APELAFALLODTE(.PDF) NroActua 2».
7 Ibidem, documento «14_ED_ACTUACIONE_09APELAFALLOMUNICIPI(.PDF) NroActua 2».

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Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

• Existió una indebida valoración de las pruebas testimoniales y documentales,
pues no se demostró dentro del debate probatorio la acreditación el elemento de
la continua subordinación o dependencia para la declaratoria de la relación laboral
entre las partes, pues es imposible establecer si el demandante: i) recibía órdenes
e instrucciones de un jefe o superior jerárquico; ii) tenía un horario; iii) se le
imponía el cumplimiento de reglamentos de trabajo; iv) desarrollaba funciones
iguales que los empleados de planta del municipio demandado; v) recibía
llamados de atención; vi) tenía que solicitar permisos por escrito para ausentarse
de su lugar de prestación del servicio; y vii) cumplía con metas previamente
determinadas.

• La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, normativa que autorizó a las entidades públicas a celebrar
contratos de prestación de servicios; no obstante, estos no generan un vínculo
laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.

• El hecho de que el actor recibiera unos honorarios, no es un aspecto que
configurara una relación de subordinación entre las partes, toda vez que se trató
de una relación coordinada entre el contratista y el contratante con el fin de
garantizar la adecuada ejecución de las actividades.

• No hay lugar al reconocimiento y pago de la dotación de calzado y vestido de
labor, pues a esta no tienen derecho los contratistas.

• Sin perjuicio de lo anterior, las prestaciones sociales causadas con anterioridad
al 20 de febrero de 2014 se encuentran afectadas por el fenómeno jurídico de la
prescripción.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

El municipio de Pereira reiteró los argumentos expuestos durante el desarrollo de
las actuaciones procesales8.

El demandante no se pronunció en la instancia.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

8 Samai, índice 15, actuación «(r)ecibe memoriales por correo electronico» documento
«26_recibememorialesporcorreoelectronico_ces2secrconsejodees(.pdf) NroActua 15».

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Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a
determinar ¿si existió una relación laboral entre Álvaro Abelino Camacho Asprilla
y el municipio de Pereira? y ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De

9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas
en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el
ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral
personal subordinada y dependiente.

De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral,
entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la
norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial
a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 11, desarrolló

10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

10

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Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

el principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se
halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la
Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos

12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

11

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Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación
laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de
la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos
mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes
y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación
respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y
subordinación propia de las relaciones laborales14». (Resalta la Sala).

Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación
y dependencia del trabajador respecto del empleador.

Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las
prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su
desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,

en sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-
23-31-000-1998-03542-01(0202-10)».

12

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente
a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que
será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en
aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las
autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios».

Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales
de prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que
se declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la
improcedencia de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el
principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del
servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9

de septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas.

13

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada
y dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado,
para que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Lo probado dentro del proceso

Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

• Constancias de «cumplimiento de un contrato» del 30 de diciembre de 201516 y
25 de noviembre de 201617, expedida por la directora administrativa de prestación
del servicio educativo y administración de plazas docentes del municipio de
Pereira, y contratos de prestación de servicios, que informan que entre el
demandante y la entidad se suscribieron los siguientes18:

Contrato de
Valor Interrupción
prestación de Duración Objeto
mensual días hábiles
servicios
14-06-2005
SN $389.000 a -
30-06-2005
01-07-2005
SN $730.000 a -
30-07-2005
01-09-2005
SN $730.000 a «Teniendo en cuenta la necesidad 22
30-09-2005 de garantizar la seguridad a los

16 Ibidem, folios 91 a 95.
17 Ibidem, folio 3.
18 Ibidem, documentos «6_ED_ACTUACIONE_01CUADERNO1(.PDF) NroActua 2»,
«7_ED_ACTUACIONE_02CUADERNO11(.PDF) NroActua 2» y
«8_ED_ACTUACIONE_03CUADERNO12(.PDF) NroActua 2».

14

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

01-10-2005 establecimientos educativos de
SN $730.000 a naturaleza oficial, para proteger -
31-10-2005 los bienes muebles e inmuebles
01-11-2005 de los mismo y así lograr la
56 $730.000 a prestación del servicio educativo -
31-12-2005 con eficiencia y calidad, EL
01-01-2006 CONTRATISTA se obliga a
29 $730.000 a prestar los servicios de -
31-01-2006 VIGILANCIA».
01-02-2006
56 a -
$730.000
31-03-2006
07-04-2006
53 $730.000 a 4
31-05-2006
01-06-2006
53 $730.000 a -
31-07-2006
01-08-2006
55 $730.000 a -
31-08-2006
01-09-2006
57 $730.000 a -
31-12-2006
02-01-2007
28 $730.000 a -
28-02-2007
01-03-2007
528 a «Vigilancia de los bienes -
$766.500
30-04-2007 inmuebles y muebles del
01-05-2007 establecimiento educativo
1042 $766.500 a designado, el cual incluye además -
30-06-2007 el de apoyar el control en el
01-07-2007 acceso y salida del
1586 $127.750 a establecimiento educativo del -
05-07-2007 personal, docentes, personal
06-07-2007 administrativo y en general, la
2130 $766.500 a comunidad educativa». -
30-09-2007
01-10-2007
2709 $766.500 a -
31-10-2007
01-11-2007
3265 $766.500 a -
30-11-2007
01-12-2007
3839 a -
$766.500
31-12-2007
02-01-2008
30 $817.166 a -
31-01-2008
01-02-2008
610 $817.166 a -
28-02-2008
04-03-2008
933 $817.166 a 2
30-12-2008
01-01-2009
41 $866.625 a 1
31-12-2009
01-07-2011
41 $1.058.949 612
a

15

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

31-10-2011 «Prestar los servicios de portería
en el establecimiento educativo
01-11-2011 LA JULITA del Municipio de
41A $1.058.949 a Pereira, o en el Establecimiento -
31-12-2011 Educativo que la Secretaría de
02-01-2012 Educación lo requiera por
40 a necesidades del servicio». -
$1.091.000
29-02-2012
01-03-2012
709 $1.091.000 a -
30-06-2012
01-07-2012
709A $1.091.000 a -
31-07-2012
01-08-2012
990 $1.091.000 a
15-09-2012
16-09-2012
1631 $1.091.000 a -
31-10-2012 «Prestación de servicios para
01-11-2012 realizar actividades de apoyo
2250 $1.091.000 a operativo y asistencial en uno de -
11-12-2012 los Establecimientos Educativos
12-12-2012 Oficiales del Municipio de Pereira
2250A $727.333 a o donde la Secretaría de -
31-12-2012 Educación Municipal lo requiera
02-01-2013 por necesidad del servicio».
47 a -
$1.134.640
31-05-2013
01-06-2013
47A $1.134.640 a -
15-08-2013
16-08-2013
11101416 $1.134.640 a -
15-09-2013
16-09-2013
11102079 $1.134.640 a -
15-10-2013
16-10-2013
11102402 $567.000 a -
31-10-2013
01-11-2013
11102701 $1.134.640 a -
31-12-2013
02-01-2014
11100040 a -
$1.134.640
30-04-2014
01-05-2014
11100040A $1.134.640 a -
30-06-2014
01-07-2014 «Prestar servicios de apoyo a la
11100716 $1.134.640 a gestión para realizar actividades -
31-07-2014 operativas en uno de los
01-08-2016 Establecimientos Educativos
11101383 $1.134.640 a Oficiales del Municipio de Pereira -
31-10-2016 o donde la Secretaría de
01-11-2014 Educación lo requiera».
11101889 $1.134.640 a -
31-12-2014
02-01-2015
11100055 $1.168.679 a -
01-04-2015

16

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

02-04-2015
11100733 $1.168.679 a -
15-06-2015
16-06-2015
11101338 $1.168.679 a -
31-12-2015
01-01-2016
35 $1.168.679 a -
31-01-2016
01-02-2016
11100613 $1.168.679 a -
25-04-2016

En los contratos de prestación de servicios se pactaron, entre otras, las siguientes
obligaciones:

«1. Controlar el ingreso del personal autorizado. 2. Comunicar al supervisor en forma
oportuna sobre las inconsistencias y anomalías relacionadas con los asuntos
elementos o situaciones operativas que se presenten en desarrollo de sus actividades.
3. Realizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo
las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo» (sic).

«1. Velar y coordinar el acceso del personal autorizado que ingrese al plantel
educativo, garantizando la tranquilidad del servicio educativo, el orden y la tranquilad
de la comunidad educativa que le habita. 2. Velar por la puntual apertura y cierre de
los portales y accesos. 3. Asistir por el buen cuidado de los cuartos contadores y
motores y de las entradas de energía eléctrica, así como de la conducción general de
agua, bajantes y sumideros receptores de aguas fluviales en las terrazas, azoteas,
patios de acceso por servicios comunales y que no entrañen peligrosidad. 4.
Recepción de alarmas producidas durante el servicio y colaborar en la prevención y
control de situaciones de emergencia. 5. Contribuir con el uso adecuado,
mantenimiento y el buen cuidado del material, muebles y enseres confiados a su
manejo. 6. Informar al Interventor, en forma oportuna, sobre las inconsistencias,
anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o situaciones operativas que se
presenten en desarrollo de sus actividades. 7. Cumplir con los turnos de conserjes que
se le asignen y en coordinación con el Rector de la Institución y /o Director Rural, el
área o zona de la Institución que se le haya designado. 8. Asistir por el buen cuidado
y conservación de los mecanismos de seguridad (alarmas), e informar oportunamente
las anomalías detectadas. 9. Atender los relevos cuando se presente cualquier
situación administrativa durante la ejecución del contrato».

• En los contratos se estableció que la interventoría, vigilancia, supervisión y
control de la ejecución estaría a cargo del municipio de Pereira, a través del
director de núcleo, rector o director de la institución educativa respectiva.

• A través de escrito radicado el 20 de febrero de 201719, Álvaro Abelino Camacho
Asprilla solicitó al municipio de Pereira que se reconociera la existencia de una
relación laboral entre las partes por el período comprendido entre el 14 de junio
de 2004 y el 25 de abril de 2016 y el pago de las prestaciones sociales y derechos

19 Ibidem, documento «6_ED_ACTUACIONE_01CUADERNO1(.PDF) NroActua 2», 5 a 9.

17

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

laborales que se derivaran de ella. Esta petición fue negada a través del Oficio
10931 del 23 de marzo de 201720, suscrito por la directora administrativa de
prestación del servicio educativo y administración de plazas docentes del
municipio, toda vez que el «señor Camacho Asprilla laboró en el Municipio de Pereira
• Secretaría de Educación Municipal mediante contrato de prestación de servicios y orden
de trabajo y no a través de un contrato laboral en el que claramente el contratista acuerda
en forma voluntaria la realización de unas actividades, con una fecha de inicio y
finalización de la ejecución del mismo sin el cumplimiento de horarios, manifestando a su
vez que no existe relación laboral ni de subordinación».

• En la audiencia de pruebas celebrada el 3 de septiembre de 2019, se recibieron
los testimonios de Selso José Monsalve Hernández y Orlando de Jesús Hoyos
Cortés, solicitados por el demandante, de los cuales se extrae lo siguiente:

Selso José Monsalve Hernández bachiller, su ocupación era en servicios
generales en colegios, trabajaba en el municipio de Pereira y no tenía relación de
parentesco con el demandante.

Laboró por nombramiento en el Colegio La Julita del municipio de Pereira entre el
2009 y el 2015, lugar en el que conoció al actor, quien ya laboraba allí y se
ocupaba de su vigilancia, abrir y cerrar la puerta y dar ronda. Al momento del retiro
del testigo de la institución, el demandante continuó con su trabajo.

Los rectores del Colegio La Julita del municipio de Pereira del 2009 al 2015 fueron
Héctor Bejarano y Edgar Alfonso Acosta Gonzáles.

El actor tenía un horario de trabajo, 2 días de día de 12 horas y viceversa, le
consta ya que presenció su cumplimiento al ser el encargado del mantenimiento
del colegio.

El rector de la institución educativa era el que le daba las órdenes o instrucciones
al demandante, las cuales consistían en mantener la puerta cerrada, dar ronda,
que los muchachos no hicieran daños, entre otras. Para ausentarse de su sitio de
trabajo para asistir a citas médicas o realizar diligencias de índole personal, el
demandante debía permiso al rector del colegio.

Los contratos que suscribió el actor siempre fueron continuos, si bien hubo
interrupciones de días entre uno y otro, lo cierto es que él siempre laboró
ininterrumpidamente. Le costa que el demandante trabajó por contratos de
prestación de servicios toda vez que los conoció, pues era el encargado de

20 Ibidem, folio 4.

18

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

recibirlos y llevárselos al rector de la institución. El pago de la seguridad social
corría por cuenta del actor. No sabe el motivo por el cual el demandante dejó de
prestar sus servicios.

Orlando de Jesús Hoyos Cortés bachiller, su ocupación era la de conserje en
el municipio de Pereira y no tenía relación de parentesco con el demandante.

Ingresó a trabajar como contratista en la Institución Educativa La Julita del
Municipio de Pereira en el 2014, lugar en el que laboraba el actor y del cual se
retiró en el 2016, sin conocer el motivo de su salida.

Las funciones del actor, en su calidad de contratista, eran la de vigilancia y/o
conserjería, dentro de las que se encontraban vigilar la institución educativa y de
los muchachos, abrir y cerrar la puerta, entre otras. Él tenía un horario establecido
a través del rector, el cual era de turnos de 12 horas 2 días de día y viceversa.

Para ausentarse de su sitio de labores el actor debía pedir permiso al rector del
colegio, ya fuera para ir a una cita médica o a una reunión.

El actor recibía como contraprestación por sus servicios una remuneración
mensual, no recuerda el monto exacto. El pago de la seguridad social le
correspondía realizarlo a él.

Si bien es cierto que entre la suscripción de un contrato y otro se presentaban
interrupciones de días, 2 o 3, también lo es que siempre laboró de forma continua.

El demandante recibía órdenes e instrucciones por parte del rector del Colegio La
Julita del municipio de Pereira.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Álvaro Abelino Camacho
Asprilla y el municipio de Pereira.

2.4.1. Prestación personal del servicio

De las pruebas relacionadas, se tiene que el demandante prestó servicios como
vigilante y/o conserje de la Institución Educativa La Julita del municipio de Pereira
a través de contratos de prestación de servicios en los periodos comprendidos
entre el 14 de junio de 2005 y el 25 de abril de 2016.

19

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

En consecuencia, de los testimonios, las copias de los contratos de prestación de
servicios, las constancias y demás pruebas documentales, se advierte que
efectivamente fue contratado para desarrollar funciones de vigilante y/o conserje
al servicio del municipio demandado.

Ahora, si bien en el presente asunto en la demanda se mencionó que el actor
prestó sus servicios en esa calidad para el municipio de Pereira durante el 2010
y parte del 2011, lo cierto es que no existe material probatorio en el plenario que
permita establecer con certeza las circunstancias, de modo, tiempo y lugar de ello,
por lo tanto, como lo estableció el a quo, no es posible tener en cuenta ese periodo
para el reconocimiento de la relación laboral pretendida.

2.4.2. Remuneración

Ahora bien, Álvaro Abelino Camacho Asprilla percibió una remuneración21 por el
trabajo realizado, tal y como se evidencia en las constancias y los contratos de
prestación de servicios que suscribió, en los que se advierte que se estipuló el
valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el
servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación
(honorarios o salario).

2.4.3. Continuada subordinación o dependencia

Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por el demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que este estuvo sujeto a
horarios por turnos, instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada
pues atienden al control de un superior (rectores del Colegio La Julita del
municipio de Pereira) para ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que
existe una sujeción de él hacia el municipio demandado y, en tal sentido, este
contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, y aquel,
a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio
del ius variandi por parte de la entidad.

Al respecto, los testimonios de Selso José Monsalve Hernández y Orlando de
Jesús Hoyos Cortés, dan cuenta de las condiciones bajo las cuales el actor
prestaba sus servicios al municipio demandado en la Institución Educativa La
Julita, de las que se resalta que en ejercicio de sus funciones cumplía un horario

21$389.000, $730.000, $766.000, $127.750, $817.166, $866.625, $1.058.949, $1.091.000,
$727.333, $1.134.640, $567.000 y $1.668.679.

20

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

por turnos y seguía órdenes e instrucciones de los rectores.

En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar para que
el trabajador desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de
independencia.

Esto se advierte luego de contrastado el objeto y las obligaciones que se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, de los testimonios recibidos en el proceso y demás pruebas
documentales aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su
ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar
una valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible
determinar la existencia de una relación laboral subordinada, siendo
incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo
permanente y continuo los servicios del demandante.

En efecto, Ávaro Abelino Camacho Asprilla prestó sus servicios como vigilante en
el Colegio de La Julita del municipio de Pereira y cumplió, entre otras funciones,
las de: «(c)omunicar al supervisor en forma oportuna sobre las inconsistencias y
anomalías relacionadas con los asuntos elementos o situaciones operativas que se
presenten en desarrollo de sus actividades», «(c)umplir con los turnos de conserjes que
se le asignen y en coordinación con el Rector de la Institución y /o Director Rural, el área
o zona de la Institución que se le haya designado», «(a)sistir por el buen cuidado y
conservación de los mecanismos de seguridad (alarmas), e informar oportunamente las
anomalías detectadas» y «(a)tender los relevos cuando se presente cualquier situación
administrativa durante la ejecución del contrato».

Lo anterior denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
vigilante y/o conserje al servicio del Colegio de La Julita del municipio de Pereira,
al tiempo que corrobora que no puede dejar de existir imposición de órdenes en
la ejecución de su objeto contractual para desempeñar esa labor, la cual no puede
considerarse prestada de forma autónoma pues el celador no puede decidir en
qué lugares presta el servicio ni en qué horario. Es más ni siquiera puede
ausentarse del trabajo sin causa previa y debidamente justificada pues pondría
en riesgo los bienes confiados a su cuidado.

Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las

21

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»22.

Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de
disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle.
En efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con
sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin
que a este respecto le asista ningún tipo de independencia»23.

Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes del municipio de Pereira, a saber: la imposición de un horario
y/o el cumplimiento de un horario por turnos y la sujeción a directrices de los
rectores de la Institución Educativa La Julita de ese municipio de las que se resalta
debía «(c)omunicar al supervisor en forma oportuna sobre las inconsistencias y
anomalías relacionadas con los asuntos elementos o situaciones operativas que se
presenten en desarrollo de sus actividades», «(c)umplir con los turnos de conserjes que
se le asignen y en coordinación con el Rector de la Institución y /o Director Rural, el área
o zona de la Institución que se le haya designado» y «(r)ealizar las actividades objeto del
presente contrato en forma proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento
Educativo respectivo», lo que demuestra que la entidad, en su calidad de
empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del actor, y denota
la existencia de una indiscutible subordinación.

Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de seguridad y/o
conserjería para las instituciones educativas a su cargo. Por lo tanto, la ausencia
de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue contratado
el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones expuestas en
esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad
y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de
la entidad.

Así las cosas, para los periodos comprendidos entre el 14 de junio de 2005 y el
25 de abril de 2016 se encuentra demostrado, de la copia de los contratos de
prestación de servicios, y las demás pruebas documentales y testimoniales, la
existencia de los elementos de la relación laboral.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
23 Ibidem.

22

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación24 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre
contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya
una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con
los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la
Ley 80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con
una misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos
de una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en
que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles,
siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En
el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse».

Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de

septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

23

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

9 de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que
no hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos
de la prescripción de derechos laborales».

Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

«(…)

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente
a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que
será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en
aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las
autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado
fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se
subraya).

Así las cosas, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de
esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades,
deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación
de su vínculo contractual» 25.

En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad
demandada el 20 de febrero de 2020, se establece que acaeció el fenómeno
jurídico de la prescripción respecto de todas las prestaciones sociales causadas
antes del 31 de diciembre de 2009, como lo determinó el a quo, toda vez que la
reclamación de estos no tuvo lugar dentro del término de 3 años siguientes a la
culminación de la relación contractual respectiva y a que entre la última fecha
señalada y el 1º de julio de 2011 se presentó una interrupción superior a 30 días

25 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por

el Consejo de Estado.

24

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

hábiles que implicó la solución de continuidad en la prestación del servicio y por
lo tanto se le exigía presentar la reclamación administrativa.

De tal manera que a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los
emolumentos prestacionales por los periodos ocurridos entre el 14 de junio de
2005 y el 31 de diciembre de 2009, previamente analizados, pues, como ya se
analizó, no es posible tener en cuenta el tiempo laborado a través de la
cooperativa de trabajo asociado (2010 y parte del 2011), lo que permitió que entre
la segunda fecha y la presentación de la solicitud transcurrieran más de 30 días,
lo que llevó que la reclamación debía presentarse dentro de los 3 años siguientes
a la finalización del vínculo que termino en el 2009, lo que no se hizo.

Por lo dicho, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que
por concepto de prestaciones sociales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, tomando como base el salario de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones, correspondiente al periodo mencionado.

Ahora, el municipio de Pereira deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de Álvaro Abelino Camacho Asprilla, que corresponde a los salarios de
un empleado de planta que desarrollara funciones de vigilante y/o conserje para
los periodos comprendidos entre el 14 de junio de 2005 y el 25 de abril de 2016,
salvo sus interrupciones, y solo en caso de no existir se tendrá como base los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios en ese periodo.
La entidad territorial deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje
que le correspondía como empleador.

Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», frente al
cual la Corte Constitucional ha sido del criterio que la remuneración de los
trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad,
cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de
condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata
de hipótesis distintas26.

Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la
carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.

26 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

25

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia27 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)». En
consideración a esto, al actor le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones sociales de carácter legal que devengue un empleado de planta de
la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones, tales como
vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías, entre otras.

Al respecto se advierte que no se aportó un certificado mediante el cual se
relacionaran los ingresos de un empleado de planta que desarrollara iguales
funciones que Álvaro Abelino Camacho Asprilla. Por tal razón, se ordenará que el
municipio demandado calcule las prestaciones sociales de orden legal, para lo
cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta que
desarrollara funciones de vigilante y/o conserje en el periodo que no se encuentra
prescrito, esto es el comprendido entre el 1º de julio de 2011 y el 25 de abril de
2016 y solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios celebrados en dichos tiempos.

En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta en los periodos
comprendidos entre el 14 de junio de 2005 y el 25 de abril de 2016, salvo sus
interrupciones y el consecuente pago de las prestaciones sociales que surjan de
esta; no obstante, las causadas entre el 14 de junio de 2005 y el 31 de diciembre
de 2009 se encuentran prescritas y no hay lugar a ellas.

Ahora, frente a la sanción moratoria deprecada por el actor, no hay lugar esta,
pues la obligación de pago surge con este proveído a través del cual se efectúa
el reconocimiento de la relación laboral existente entre el actor y el municipio de
Pereira, toda vez que esta tiene el carácter de sentencia constitutiva, motivo por
el cual a partir de su ejecutoria empiezan a correr los términos para reclamar los
derechos que esta genera.

En lo relacionado con las horas extras, como dentro del expediente no existe
prueba que permita comprobar su causación, no se puede establecer su cantidad
exacta y tampoco es dable determinar si se trató de trabajo extra diurno o
nocturno. Entonces, era necesario que el interesado demostrara que en efecto

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,

radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

26

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

laboró tiempo extra, si fue de día o de noche, si existió compensación o no y si se
le autorizó para tal efecto, pero como no lo hizo, se debe negar, como lo determinó
la decisión apelada.

Al respecto, valga precisar que para el caso de las horas extras, trabajo
suplementario y recargos, es necesaria una rigurosa actividad probatoria de quien
lo reclama, de tal manera que la prueba que los sustente sea clara y precisa sobre
su causación y no basta con los testimonios. Así, lo sostuvo el Consejo de
Estado28:

«Si bien de las declaraciones de los testigos se infiere que la hubo, por turnos de 12
horas de trabajo por 24 horas descanso, con labores en domingos y festivos, no puede
por ese solo hecho la sala concluir que dicha prestación se cumplió toda la semanas
en dicho periodo.

Mal podría suponer que efectivamente se asignaron los turnos y que hubo prestación
de servicios dominicales y festivos y el demandante, teniendo la carga de su prueba,
no aportó ninguna en tal sentido, limitándose a presentar la reclamación (…)».

En consecuencia, no hay lugar a la solicitud del actor en cuanto al reconocimiento
de horas extras.

En consideración a que los honorarios mensuales percibidos por el actor entre el
2005 y el 2016 eran inferiores a 2 veces el salario mínimo legal mensual vigente,
en atención a lo previsto en el Decreto Reglamentario 1978 de 198929, hay lugar
al reconocimiento de la dotación de vestido y calzado para el periodo que no se
encuentra afectado por la prescripción, este es del 1º de julio de 2011 al 25 de
abril de 2016, como lo estableció el fallador de primera instancia. Lo anterior, toda

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de noviembre de 2018.

Expediente 66001-23-33-000-2018-00088-01 (0115-14). Magistrado ponente Gabriel Valbuena
Hernández.
29 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988.

Artículo 1.- Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y reglamentaria o
por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas
industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta tanto en el orden
nacional como en las entidades territoriales; tendrán derecho a que la respectiva entidad les
suministre en forma gratuita, cada cuatro meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo.
Artículo 2.- El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los días 30 de abril,
30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La entrega de esta dotación para el trabajo, no
constituye salario ni se computará como factor del mismo en ningún caso.
Artículo 3.- Para tener derecho a la dotación a que se refiere este Decreto, el trabajador debe
haber laborado para la respectiva entidad por lo menos tres (3) meses en forma ininterrumpida,
antes de la fecha de cada suministro, y devengar una remuneración mensual inferior a dos (2)
veces el salario mínimo legal vigente
Artículo 4.- La remuneración a que se refiere el artículo anterior, corresponde a la asignación
básica mensual.
(…).

27

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

vez que el demandante para el 2011 percibía $1.058.949, para el 2012
$1.091.000, para el 2013 y 2014 $1.134.640 y para el 2105 y 2016 $1.168.679,
cuando el salario mínimo legal mensual vigente para esos años era de $535.600,
$566.700, $589.500, $616.000, $644.350 y 689.455, respectivamente.

Así las cosas, hay lugar al reconocimiento de la dotación de vestido y calzado de
labor causadas del 1° de julio al 31 de diciembre de 2011 (1 dotación) y del 2 de
enero al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015 (3 dotaciones por cada año).

En relación con la orden del a quo en el sentido de devolver los aportes en pensión
y salud al contratista, debe decirse que esta es improcedente, toda vez que, tal
como lo ha venido señalado esta corporación30, a pesar de que se haya declarado
a su favor la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, en
función de su naturaleza parafiscal31, estos recursos son de obligatorio pago y
recaudo para un fin específico y por tanto no constituyen un crédito a favor del
interesado, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda
el actor ejercer»32.

Por lo analizado a lo largo de la providencia, la Sala confirmará parcialmente la
sentencia apelada, pues se modificará la orden contenida en el ordinal 3º, en el
sentido de indicar que el municipio deberá tomar como referente los salarios de
un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las ejecutadas por el
demandante y solo en caso de no existir, se tendrá como base los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios y el consecuente
restablecimiento del derecho, establecido en el ordinal 5º.

Además, se revocará lo relativo a la «condena a la entidad demandada a pagar al
demandante las diferencias que surjan por virtud de los derechos prestacionales que aquí
se ordenan, y que impliquen variación del ingreso base para cotización de los aportes
a la seguridad social en pensión y salud, teniendo en cuenta todo el período de
ejecución contractual (…)», contenida en el ordinal 4º.

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

30 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288

01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación

76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
32 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288

01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

28

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma33.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Álvaro Abelino Camacho Asprilla y la entidad demandada del 14 de junio de
2005 al 25 de abril de 2016, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos
pensionales, salvo sus interrupciones. En consecuencia, tiene derecho al
reconocimiento de las prestaciones sociales de orden legal, salvo las causadas
con entre el 14 de junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2009, pues se encuentran
prescritas. En consecuencia, el municipio deberá tomar como referente los
salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las

33 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014).

29

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

ejecutadas por el demandante y solo en caso de no existir, se tendrá como base
los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.

Se revocará lo relacionado a la «condena a la entidad demandada a pagar al
demandante las diferencias que surjan por virtud de los derechos prestacionales que aquí
se ordenan, y que impliquen variación del ingreso base para cotización de los aportes
a la seguridad social en pensión y salud, teniendo en cuenta todo el período de
ejecución contractual (…)», contenida en el numeral 4º.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar los ordinales 3º y 5º de la sentencia proferida el 20 de enero
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión,
que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por
Álvaro Abelino Camacho Asprilla en contra del municipio de Pereira, los cuales
quedarán así:

3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, se condena al municipio de Pereira a pagar en favor del
demandante Álvaro Abelino Camacho Asprilla las prestaciones laborales de
orden legal a las cuales tiene derecho, con la inclusión de vacaciones,
cesantías, intereses a las cesantías, y primas legales a que haya lugar, para lo
cual deberá tomar como referente los salarios de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las ejecutadas por el demandante y solo en
caso de no existir, se tendrá como base los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios, correspondientes a los períodos en los
cuales se demostró la existencia de la relación laboral y no operó el fenómeno
prescriptivo, es decir, del 1º de julio de 2011 al 25 de abril de 2016, de
acuerdo con las consideraciones de este fallo.

5. El municipio de Pereira deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de Álvaro Abelino Camacho Asprilla, que corresponde a los salarios
de un empleado de planta que desarrollara sus funciones para el periodo
comprendido entre el 14 de junio de 2005 y el 25 de abril de 2016, salvo sus
interrupciones, y solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios en ese periodo. La entidad
territorial deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le
correspondía como empleador.

Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de

30

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021)
Demandante: Álvaro Abelino Camacho Asprilla

que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá
la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como
empleado, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

Segundo. Revocar el ordinal 4º de la sentencia del 30 de enero de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, en cuanto
condenó a la «entidad demandada a pagar al demandante las diferencias que surjan
por virtud de los derechos prestacionales que aquí se ordenan, y que impliquen variación
del ingreso base para cotización de los aportes a la seguridad social en pensión y
salud, teniendo en cuenta todo el período de ejecución contractual», conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM.

31

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