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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00127-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00127-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)1
Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: vigilante – conserje. Subtema 2:
elementos de la relación laboral.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 19 de octubre de 2023, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El accionante, quien prestó sus servicios como vigilante mediante contratos en
establecimientos educativos del municipio de Pereira, solicita la nulidad del oficio que
negó la existencia de la relación laboral. El Tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en tanto, declaró la prescripción parcial y ordenó el pago
de las prestaciones sociales ordinarias. La entidad interpuso recurso de apelación para
insistir en que no se probó una relación laboral con el demandante, pues la supervisión,
el horario y el lugar de prestación del servicio correspondían a la coordinación propia
del contrato de prestación de servicios, y no a subordinación.

En la presente decisión se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto se
acreditaron los elementos para declarar la relación laboral y como consecuencia de
ello, el reconocimiento de las prestaciones sociales correspondientes.

1 Expediente electrónico.

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)
Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Orlando Tabima Rodas, mediante apoderado judicial, presentó demanda el 3
de marzo de 20212, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra el municipio de Pereira con las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad del Oficio núm. 47012 del 11 de diciembre de 2020, proferido
por el municipio de Pereira, Secretaría de Educación, que negó el reconocimiento de
la relación laboral.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se declare la existencia de
una relación laboral durante el periodo en que prestó sus servicios a favor de la
entidad, entre el 1 de diciembre de 2011 y el 16 de julio de 2020, en el empleo de
vigilante. También pidió el pago de las prestaciones sociales como «cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte,
dotación»; asimismo, que se le pague, a título de «reparación del daño», la cuota parte
que no fue trasladada por concepto de salud, pensión y ARL, durante el tiempo que se
prolongó la relación laboral.

4. De igual manera, solicitó el reconocimiento y pago de los valores que debieron
aportarse a la caja de compensación familiar, al haber tenido una vinculación laboral
idéntica a los trabajadores de planta de dicha entidad. Igualmente, que se declare que
el tiempo cotizado por concepto de pensiones sea computado para efectos
pensionales. Adicionalmente, requirió que las sumas adeudadas sean indexadas.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. Orlando Tabima Rodas celebró contratos de prestación de servicios
consecutivos, para ejercer como vigilante y conserje, desde el 1 de diciembre de 2011
hasta el 16 de julio de 2020, con la Secretaría de Educación del municipio de Pereira,
con horario de trabajo de lunes a domingo, en jornadas diurnas o nocturnas. El
accionante relató que cumplía órdenes de sus jefes inmediatos, prestó el servicio de
manera personal y subordinada, sin que existiera autonomía en el cumplimiento de
sus funciones.

7. El 18 de noviembre de 2020, presentó una petición ante el municipio de Pereira
para que se declarara la existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales. En respuesta, el Oficio núm. 47012 del 11 de diciembre de 2020, expedido
2 Inicialmente ante el Juzgado 7 Administrativo del Circuito Pereira. Ver Samai, expediente digital, gestión en otros

despachos, 66001233300020210012700, índice 1, actuación «Reparto y Radicación», documento
«3_003REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_002ACTAREPARTOPNG(.PNG) NroActua 1».

2

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Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

por la directora administrativa de talento humano de esa entidad, negó lo solicitado.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. La demanda cita las siguientes normas vulneradas: artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28,
53, 90, 209, 229 y 300 de la Constitución Política; 23 del Código Sustantivo del Trabajo,
176, 177 y 178 de la Ley 1437 de 2011; 1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; Decreto
1295 de 1994 y Ley 21 de 1982.

9. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el municipio
de Pereira desconoció las normas aplicables, al vincular al señor Orlando Tabima
Rodas mediante sucesivos contratos de prestación de servicios, pese a que, en la
práctica se configuró una verdadera relación laboral. Sostuvo que el demandante
prestó sus servicios personales como vigilante, de forma continua y prolongada, bajo
horarios definidos, y sujeto a instrucciones de sus superiores, cumpliendo funciones
equivalentes a empleados de planta.

10. Adujo que la administración incurrió en falsa motivación al negar el pago de
prestaciones sociales bajo el argumento de que los contratos u órdenes de prestación
de servicios no generaban vínculo laboral. En su criterio, dicha modalidad contractual
fue utilizada para encubrir una relación subordinada, supuesto en el cual procede
desvirtuar la forma contractual y reconocer los derechos laborales correspondientes.

11. Finalmente, precisó que el elemento central de la controversia era la
subordinación, reflejada en el cumplimiento de horarios, la sujeción a órdenes y la
necesidad de solicitar permisos. Para sustentar su posición, invocó jurisprudencia
constitucional y contencioso - administrativa sobre contrato realidad, según la cual,
demostrada una prestación personal, continua, remunerada y subordinada, debe
prevalecer la realidad sobre la forma contractual.

2.2. Contestación de la demanda

12. El municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda, porque la
vinculación entre las partes se desarrolló mediante contratos de prestación de servicios
y no a través de una relación legal y reglamentaria o de un contrato laboral. Bajo esa
premisa, la entidad afirmó que no existió subordinación, sino una coordinación propia
de este tipo de contratos, dado que el contratista ejecutó sus actividades con
autonomía e independencia, sin estar sometido a jornadas, órdenes, reglamentos
internos o manuales institucionales propios de los servidores públicos.

13. Como fundamento jurídico, el municipio invocó el numeral 3 del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, relativo a los contratos de prestación de servicios, destacando su
carácter temporal y ocasional, de cara a solucionar contingencias administrativas.
Señaló que estos contratos no generan relación laboral ni prestaciones sociales.

3

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)
Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

14. Añadió que las actividades desarrolladas por el actor estuvieron limitadas al
objeto y alcance de cada contrato, sin que existiera subordinación, horario laboral
impuesto o jefe inmediato, pues la intervención de funcionarios municipales
correspondía a labores de coordinación, supervisión o interventoría propias de la
contratación estatal.

15. Propuso las excepciones de «cobro de lo no debido e inexistencia de la
obligación»; «prescripción»; y «legalidad del acto administrativo»3. En particular,
afirmó que no existe prueba de la configuración de un contrato realidad y que, en todo
caso, la relación contractual presentó interrupciones relevantes, por lo que debía
analizarse la prescripción de manera individual respecto de cada contrato, conforme a
la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre vínculos sucesivos e interrumpidos4.

2.3. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 19 de octubre de
2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
En este sentido, declaró la nulidad del oficio demandado y la prescripción del derecho
al pago de las acreencias causadas con anterioridad al 30 de enero de 2016, salvo los
aportes al sistema de seguridad social. En consecuencia, a título de restablecimiento
del derecho ordenó:

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, se condena al municipio de Pereira a pagar en favor del señor Orlando
Tabima Rodas, el valor de las prestaciones sociales, incluyendo las vacaciones, prima
de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, y las demás prestaciones sociales
de orden legal a que haya lugar, con las salvedades aquí señaladas, durante los
períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir entre el
1º de junio de 2016 al 16 de julio de 2020, tomando como base los honorarios
contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios.

CUARTO: Igualmente, se condena a la entidad demandada al pago compensatorio en
dinero, en favor del demandante, del auxilio de transporte y las dotaciones de vestido y
calzado de labor causadas entre 1º de junio de 2016 al 16 de julio de 2020.

QUINTO: La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en
todos los contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional
del señor Orlando Tabima Rodas, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia
entre los aportes realizados por aquel como contratista y los que se debieron efectuar,
caso en el cual, se ordena cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su
calidad de empleador.

3 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210012700, índice 14, actuación
«Expediente digital», documento «20_020CONTESTACIONMUNICIPIO(.PDF) NroActua 14».
4 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210012700, índice 11, actuación «Recibe

memoriales».

4

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Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según
sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las
consideraciones de esta providencia.

SEXTO: El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se
debe computar para efectos pensionales.

SÉPTIMO: Se ordena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas
que resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará lo
señalado en la parte motiva de este fallo.

OCTAVO: Niéguense las demás súplicas de la demanda, por lo considerado.

NOVENO: La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos
referidos en el artículo 192 del CPACA. Para lo anterior se enviará la copia respectiva
del acta a la Procuraduría Regional, para los efectos del artículo 75 numeral 12 del
Decreto 262 de 2000.

DÉCIMO: Sin costas en esta instancia, por lo considerado.
[…]. (Sic para la cita)

17. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que le asistía razón
parcialmente al demandante, porque los contratos de prestación de servicios
celebrados con el municipio de Pereira encubrieron una verdadera relación laboral.
Estimó que, pese a la denominación formal de los vínculos, el señor Orlando Tabima
Rodas prestó personalmente sus servicios como conserje o vigilante en instituciones
educativas oficiales, recibió una remuneración periódica y estuvo sometido a órdenes,
turnos y directrices impartidas por las autoridades del establecimiento educativo.

18. Para llegar a esa conclusión, acudió al principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades, al artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y a la jurisprudencia constitucional
y contencioso-administrativa sobre la desnaturalización del contrato de prestación de
servicios. En particular, destacó la necesidad de acreditar la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación continuada.

19. El Tribunal tuvo por probado que el actor celebró sucesivos contratos con el
municipio de Pereira para ejecutar actividades de apoyo operativo y asistencial en
establecimientos educativos oficiales, que en la práctica correspondieron a labores de
vigilancia y conserjería. Lo anterior, a partir de las pruebas practicadas y allegadas a
la causa como los certificados expedidos por la Secretaría de Educación, los contratos
y actas contractuales, las órdenes de pago y los libros de minutas del puesto de
vigilancia. A ello se sumaron los testimonios de Jaime García y Fernando Antonio

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)
Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

Ramírez, quienes dieron cuenta de que el demandante cumplía turnos, prestaba
funciones semejantes a las de los celadores de planta, debía acatar instrucciones del
rector y no podía ausentarse sin autorización.

20. Conforme a lo anterior, el Tribunal valoró que la labor de vigilancia en
instituciones educativas no se ejecutaba con autonomía propia de un contratista, pues
exigía presencia permanente, sujeción a horarios, control de ingreso y salida de
personas, cuidado de bienes y atención de novedades del plantel. En ese contexto,
estimó que las directrices impartidas por los rectores no constituían simples actos de
coordinación contractual, sino manifestaciones de subordinación, dado que
determinaban el lugar, el tiempo y el modo de ejecución del servicio. Además, la
permanencia de la vinculación y la similitud funcional con servidores de planta
desvirtuaron la temporalidad y excepcionalidad propias del contrato de prestación de
servicios.

21. Asimismo, puso de presente la naturaleza de las funciones, en el entendido de
que estas no podían desarrollarse bajo la independencia y autonomía propia de un
contratista, a la luz del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sino que exigen la
subordinación propia de la relación laboral, ante su estrecho vínculo con el servicio
educativo y la logística en la seguridad de los planteles de educación a cargo del ente
accionado.

22. En materia de prescripción, el Tribunal aplicó la regla trienal prevista para los
derechos laborales y la jurisprudencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual quien pretende el
reconocimiento del contrato realidad debe reclamar dentro de los tres años siguientes
a la terminación del vínculo, sin que dicha prescripción cobije los aportes pensionales.
Al revisar las interrupciones contractuales, advirtió que entre el 30 de enero de 2016 y
el 1 de junio de 2016 transcurrieron «80» días hábiles, lapso superior al parámetro de
30 días hábiles fijado por la sentencia. Por ello, declaró prescritos los derechos
salariales y prestacionales causados hasta el 30 de enero de 2016, salvo lo relativo a
aportes pensionales, y reconoció efectos prestacionales desde el 1 de junio de 2016
hasta el 16 de julio de 2020.

23. Como restablecimiento del derecho, el a quo condenó al municipio de Pereira al
pago de las prestaciones sociales legales causadas durante el periodo no prescrito,
con base en los honorarios pactados en los contratos. Reconoció, además, el pago
compensatorio del auxilio de transporte y de las dotaciones de vestido y calzado de
labor, al encontrar que los ingresos del actor fueron inferiores a dos salarios mínimos
y que no existía prueba de que la entidad hubiese asumido directamente su traslado.
No obstante, negó las demás pretensiones, entre ellas, la prima de servicios, la
devolución de aportes a salud y riesgos laborales por su naturaleza parafiscal, así
como los pagos relacionados con caja de compensación familiar.

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Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

24. Finalmente, el Tribunal ordenó que el tiempo laborado bajo contratos de
prestación de servicios se computara para efectos pensionales y que el municipio
calculara, mes a mes, el ingreso base de cotización, a fin de establecer si existían
diferencias entre los aportes realizados por el contratista y los que debieron efectuarse,
caso en el cual debía cotizar únicamente el porcentaje correspondiente al empleador.
No impuso condena en costas, al considerar que no se causaron, en aplicación del
numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso5.

2.4. Recurso de apelación de la parte demandada

25. El municipio de Pereira pidió que se revoque el fallo de primera instancia y que,
en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, con sustento en los siguientes
razonamientos:

26. El fundamento principal de la apelación se centró en la valoración probatoria que
consideró insuficiente para acreditar la subordinación. Señaló que los declarantes solo
tuvieron conocimiento parcial y limitado en el tiempo sobre la prestación del servicio
del demandante, sin que les constaran las circunstancias posteriores o anteriores.

27. Agregó que los testimonios tampoco demostraron la existencia de órdenes
propias de una relación laboral, llamados de atención, reglamentos de trabajo,
permisos escritos o imposición de métodos específicos para ejecutar las labores. Por
ello, afirmó que las pruebas practicadas no desvirtuaron la simple facultad de
supervisión o coordinación que tiene la entidad contratante dentro de un contrato de
prestación de servicios.

28. En lo que respecta a la prueba documental, indicó que esta solo permitía
establecer la suscripción de contratos de prestación de servicios y el pago de
honorarios, pero no la configuración de subordinación o dependencia. A juicio del
municipio, el Tribunal acudió a inferencias subjetivas para concluir la existencia de una
relación laboral, y el ejercicio de funciones en condiciones equivalentes a las de los
empleados de planta.

29. Finalmente, defendió la legalidad de los contratos celebrados con fundamento en
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y en la jurisprudencia constitucional y contenciosa-
administrativa citada, según la cual los contratos de prestación de servicios no generan
relación laboral ni prestaciones sociales, y el cumplimiento de horarios o directrices
puede responder a una actividad coordinada con la entidad6.

5 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210012700, índice 32, actuación
«Sentencia Primera Instancia».
6 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210012700, índice 36, actuación «

Recibe memoriales».

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2.5. Trámite procesal en segunda instancia

30. El auto el 27 de agosto de 20247 admitió el recurso de apelación y prescindió del
periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67
de la Ley 2080 de 2021. El Ministerio Público no emitió concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

31. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
corresponde a la Sala definir si:

¿La parte actora acreditó la existencia de una relación laboral con la entidad o, por
el contrario, los contratos de prestación de servicios estuvieron regidos por la
coordinación propia de esta modalidad contractual, conforme al artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 y tuvieron carácter temporal?

33. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: relación
laboral encubierta; coordinación, subordinación y carga de la prueba; hechos probados
relevantes; y caso concreto.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

34.La jurisprudencia unificada de esta corporación8 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.

7 Samai, índice 5.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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35. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

36. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

37. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».

38. Dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la existencia de una
relación laboral encubierta, los cuales al ser valorados en conjunto bajo los principios
de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación continuada y, en
consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal del contrato
de prestación de servicios.

39. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de
personal.

40. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad

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de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario» 9.

41. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas
de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»10.

42. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».11

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».12

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.13

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún

9 Idem.
10 Idem.
11
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
12 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la

práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.

IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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ánimo o vocación de permanencia.

43. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes de
la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse, de
manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades, pues su
ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal suerte,
cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.

44. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

45. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».

46. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)
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de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa.

iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar
si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».

47. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción entre
los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, a efectos explicativos,
la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de junio de 2025 14, frente a
un instructor del SENA, determinó que no existió solución de continuidad en una
interrupción de 34 días, con fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional de
los aprendices.

3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba

48. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»15.

49. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202116, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-01

(5263-2024), M.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
15 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-

33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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Demandante: Orlando Tabima Rodas
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ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados17».

50. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario.
La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral
encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan
los empleados de planta.

51. La jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada
caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,18 la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o
no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante
es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó
a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.

IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

18 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y

55.

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asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las
que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la
facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus
servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad».

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación

52. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe demostrar
para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia ha expuesto
una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

53. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que la pruebas se practiquen
o se aporten»19, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta
norma se lee en consonancia con el artículo 164 idem que regula el principio de
necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».

54. Es importante señalar que cuando se trata de la declaratoria de la existencia de
una relación laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en
sede de unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente expuestos.

55. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»20, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del mismo
pueda el juez arribar al hecho desconocido»21.

19 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
20 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
21 Idem.

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56. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y
su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la
obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica
(art. 176 CGP).

57. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

58. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral, se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.3.4. La prueba del contrato de prestación de servicios

59. La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 10 de diciembre de 2015 22,
se pronunció sobre el valor probatorio de las certificaciones para acreditar la relación
laboral, en el caso de quien pretendía la declaración de una relación laboral por haber
prestado sus servicios como informante de la fuerza pública.

60. Posteriormente, la Subsección A de la Sección Segunda, en sentencia del 6 de
mayo de 202123, concedió valor probatorio a los contratos de servicios aportados en
copia simple, así:

Por consiguiente, estima la Sala que, en el presente caso, los contratos de prestación
de servicios aportados en copia simple por la parte demandante tienen pleno valor
probatorio, en tanto que por ley gozan de dicha condición y, además, la parte contra
quien se hicieron valer no utilizó las herramientas procesales para refutar la validez de
estos.

61. Luego, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 11 de abril de 2024 24,
determinó que si la parte no aporta al proceso los contratos de prestación de servicios,
es improcedente descartar dichos tiempos de servicios si en el expediente constan las

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-31-000-2011-01694-
01(2592-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-00202-

01(4577-13), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00993-01

(0332-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

15

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certificaciones sobre los tiempos laborados, planillas, constancias de pago, entre otras
pruebas, dado que no existe una tarifa legal:

En pronunciamientos anteriores, esta Sala ha descartado la exigencia única de los
actos jurídicos que respaldan la prestación del servicio, pues ha encontrado que tal
consideración es producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a
partir de la cual se señala a cada medio el grado de convicción que representa y
descarta aquellos que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho. Que,
con todo, esas restricciones le restan autonomía al juez, quien en ejercicio de la sana
crítica puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con el cual se cuenta
y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción del que, a lo largo del proceso,
han hecho uso las partes.

Bajo tal perspectiva, y sin desconocer que en efecto el contrato estatal de prestación
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer las
necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general
de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato típico, a la luz de lo
dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su perfeccionamiento se exige la
solemnidad del escrito; ha señalado que esto no justifica que se imponga como
requisito para demostrar el elemento de la prestación del servicio que se aporte al
proceso judicial el aludido instrumento jurídico.

Lo anterior, pues, como se expuso, imponer una tarifa legal probatoria implicaría
abandonar la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle
vigencia a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través
de otros medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme
su propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la conducta
de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia y
materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá
exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar acreditado en
un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral encubierta, no es la
existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su formación, sino i) la prestación
efectiva de un servicio a favor de una entidad de orden estatal; ii) que esta se haya
desarrollado en forma subordinada; y iii) que como contraprestación por los servicios
haya recibido una remuneración. Esto permite otorgarle vigencia al principio de la
primacía de la realidad sobre las formas a que alude el artículo 53 de la Constitución
Política y descarta la exigencia de un medio probatorio con un valor previamente
establecido. En otras palabras, la Sala ha recordado que no es el acto jurídico por
medio del cual se vincula a una persona a la función pública el que determina su
relación con el Estado, sino lo que en realidad evidencia dicha relación.

3.4. Hechos probados relevantes

62. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:

63. Certificación del 20 de octubre de 2020, expedida por la Secretaría de Educación
del municipio de Pereira, en la cual hace constar que el señor Orlando Tabima Rodas
suscribió y cumplió el objeto de los contratos de prestación de servicios celebrados

16

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)
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desde el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de enero de 201625.

64. Por otro lado, se allegó constancia del 14 de octubre de 2020, proferida por la
Secretaría de Educación del municipio de Pereira en la que certificó la suscripción de
los contratos de prestación de servicios por parte del señor Orlando Tabima Rodas,
desde el 1 de junio de 2016 al 16 de julio de 202026.

65. El señor Orlando Tabima Rodas solicitó el 18 de noviembre de 2020 al municipio
de Pereira, la declaración de la existencia de la relación laboral, y el pago de las
prestaciones sociales27.

66. El municipio de Pereira, en el Oficio núm. 47012 del 11 de diciembre de 2020, negó
lo pedido por el actor, al indicar que el vínculo contractual se realizó mediante contrato
de prestación de servicios, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sin
que sea procedente el reconocimiento de las prestaciones sociales, dado que no se
trata de un contrato laboral28.

67.En la audiencia de pruebas rindieron declaración los señores Jaime García y
Fernando Antonio Ramírez.

68. Así, de acuerdo con los medios de prueba previamente reseñados, se efectuará la
siguiente relación de contratos de prestación de servicios, según las pruebas allegadas
al proceso, esto es, tanto los contratos celebrados por las partes, así como las
certificaciones emitidas por la entidad29:

Valor del
Contrato Objeto Plazo Fecha inicial Fecha final
contrato

679 «Prestar los servicios de conserjería en el 1 mes 01/12/2011 31/12/2011 $6.353.694
establecimiento educativo requerido por
la secretaria de educación municipal de
Pereira»

306 «Prestar los servicios de conserjería en el 2 meses 02/01/2012 29/02/2012 $2.182.000
establecimiento educativo requerido por
la secretaria de educación municipal de
Pereira»

25 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210012700, índice 1, actuación
«Reparto y Radicación», documento «5_005REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_004ANEXOS(.PDF)
NroActua 1», imagen 10.
26 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210012700, índice 1, actuación

«Reparto y Radicación», documento «5_005REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_004ANEXOS(.PDF)
NroActua 1», imagen 7.
27 La fecha de radicación de la petición y su objeto se extrae del oficio demandado. Ver Samai, expediente digital,

gestión en otros despachos, 66001233300020210012700, índice 1, actuación «Reparto y Radicación», documento
«5_005REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_004ANEXOS(.PDF) NroActua 1», imagen 5.
28. Ver Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020210012700, índice 1, actuación

«Reparto y Radicación», documento «5_005REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_004ANEXOS(.PDF)
NroActua 1», imagen 5.
29 Algunos de estos contratos fueron aportados y pueden constatarse en: Samai, expediente digital, gestión en

otros despachos, 66001233300020210012700, índice 1, actuación «Reparto y Radicación», documento
«5_005REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_004ANEXOS(.PDF) NroActua 1», imagen 13 a 96.

17

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)
Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

Valor del
Contrato Objeto Plazo Fecha inicial Fecha final
contrato
878 «Prestar servicios de apoyo a la gestión 4 meses 01/03/2012 30/06/2012 $5.455.000
para realizar actividades operativas en
uno de los establecimientos educativos
oficiales del municipio de Pereira o donde
la secretaria de Educación lo requiera por
necesidad del servicio»

Interrupción de 21 días hábiles

1195 «Prestar de servicios de apoyo a la 1 mes y 15 01/08/2012 15/09/2012 $1.636.500
gestión para realizar actividades días
operativas en uno de los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Pereira o donde la secretaria de
Educación lo requiera por necesidad del
servicio»

1836 «Prestar servicios de apoyo a la gestión 1 mes y 15 16/09/2012 30/10/2012 $1.636.500
para realizar actividades operativas en días
uno de los establecimientos educativos
oficiales del municipio de Pereira o donde
la secretaria de Educación lo requiera por
necesidad del servicio»

Interrupción de 1 día hábil

2480 «Prestar servicios de apoyo operativo en 2 meses 01/11/2012 30/12/2012 $2.218.366
los establecimientos educativos oficiales
del municipio de Pereira o donde la
secretaria de Educación lo requiera»

Interrupción de 1 día hábil

279 «Prestar servicios de apoyo operativo en 7 meses y 15 02/01/2013 15/08/2013 $8.509.800
los establecimientos educativos oficiales días
del municipio de Pereira o donde la
secretaria de Educación lo requiera»

11101645 «Prestar servicios de apoyo operativo en 1 mes 16/08/2013 15/09/2013 $1.134.640
los establecimientos educativos oficiales
del municipio de Pereira o donde la
secretaria de Educación lo requiera»

11102312 «Prestar servicios de apoyo operativo en 1 mes 16/09/2013 15/10/2013 $1.134.640
los establecimientos educativos oficiales
del municipio de Pereira o donde la
secretaria de Educación lo requiera»

11102625 «Prestación de servicios para realizar 15 días 16/10/2013 30/10/2013 $567.000
actividades de apoyo operativo y
asistencial en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Pereira o donde la secretaria de
Educación lo requiera»

Interrupción de 1 día hábil

11102919 «Prestación de servicios para realizar 2 meses 01/11/2013 30/12/2013 $2.269.280
actividades de apoyo operativo y
asistencial en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Pereira o donde la secretaria de
Educación lo requiera»

Interrupción de 1 día hábil

11100264 «Prestación de servicios para realizar 6 meses 02/01/2014 30/06/2014 $6.807.840
actividades de apoyo operativo y
asistencial en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Pereira o donde la secretaria de
Educación lo requiera»

18

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)
Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

Valor del
Contrato Objeto Plazo Fecha inicial Fecha final
contrato
11100944 «Prestación de servicios para realizar 1 mes 01/07/2014 30/07/2014 $1.134.640
actividades de apoyo operativo y
asistencial en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Pereira o donde la secretaria de
Educación lo requiera»

Interrupción de 1 día hábil

11101616 «Prestación de servicios para realizar 3 meses 01/08/2014 31/10/2014 $3.403.920
actividades de apoyo operativo y
asistencial en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Pereira o donde la secretaria de
Educación lo requiera»

11102126 «Prestación de servicios para realizar 2 meses 01/11/2014 31/12/2014 $2.269.280
actividades de apoyo operativo y
asistencial en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Pereira o donde la secretaria de
Educación lo requiera»

11100287 «Prestación de servicios para realizar 3 meses 02/01/2015 01/04/2015 $3.506.037
actividades de apoyo operativo y
asistencial en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Pereira o donde la secretaria de
Educación lo requiera»

11100678 «Prestación de servicios para realizar 2 meses y 14 02/04/2015 15/06/2015 $2.882.742
actividades de apoyo operativo y días
asistencial en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Pereira o donde la secretaria de
Educación lo requiera»

11101570 «Prestación de servicios para realizar 6 meses y 15 16/06/2015 31/12/2015 $7.596.413
actividades de apoyo operativo y días
asistencial en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Pereira o donde la secretaria de
Educación lo requiera»

254 «Prestación de servicios para realizar 1 mes 01/01/2016 30/01/2016 $1.168.769
actividades de apoyo operativo y
asistencial en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de
Pereira o donde la secretaria de
Educación lo requiera»

Interrupción de 84 días hábiles

1935 «Prestación de servicios de apoyo a la 6 meses 01/06/2016 30/11/2016 $7.012.074
gestión para realizar actividades
operativas en uno de los
Establecimientos Educativos Oficiales o
donde la Secretaría de Educación lo
requiera»

3466 «Prestar servicios de apoyo a la gestión 1 mes 01/12/2016 31/12/2016 $1.168.679
para realizar actividades operativas en
uno de los Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira o donde
la Secretaría de Educación Municipal lo
requiera»

75 «Prestación servicios de apoyo a la 2 meses 02/01/2017 01/03/2017 $2.337.358
gestión para realizar actividades
operativas en uno de los
Establecimientos Educativos Oficiales del
Municipio de Pereira o donde la
Secretaría Municipal de Educación lo
requiera, por necesidad del servicio»

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Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)
Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

Valor del
Contrato Objeto Plazo Fecha inicial Fecha final
contrato
1862 «Prestación servicios de apoyo a la 9 meses y 29 02/03/2017 30/12/2017 $11.647.834
gestión para realizar actividades días
operativas en uno de los
Establecimientos Educativos Oficiales del
Municipio de Pereira o donde la
Secretaría Municipal de Educación lo
requiera, por necesidad del servicio»

Interrupción de 1 día hábil

209 «Prestación servicios de apoyo a la 10 meses 03/01/2018 02/11/2018 $13.986.980
gestión para realizar actividades
operativas en uno de los
Establecimientos Educativos Oficiales del
Municipio de Pereira o donde la
Secretaría Municipal de Educación lo
requiera, por necesidad del servicio»

209 «Adicionar y prorrogar el contrato de 1 mes y 28 03/11/2018 30/12/2018 $2.704.149
(adicional) prestación servicios de apoyo a la gestión días
No. 209 del 02/01/2018, valor inicial
$13.986.980, con compromiso
presupuestal No. 212 del 02/01/2018,
cuyo objeto es: prestación servicios de
apoyo a la gestión para realizar
actividades operativas en uno de los
Establecimientos Educativos Oficiales del
Municipio de Pereira o donde la
Secretaría Municipal de Educación lo
requiera, por necesidad del servicio»

Interrupción de 1 día hábil

126 «Prestación de servicios de apoyo a la 11 meses y 25 02/01/2019 26/12/2019 $16.551.260
gestión para realizar actividades días
operativas en calidad de supernumerarios
requeridas por la Secretaría de
Educación y que son inherentes al
funcionamiento de los Establecimientos
Educativos Oficiales del Municipio de
Pereira»

126 «Adición y prórroga No. 1 al contrato de 4 días 27/12/2019 30/12/2019 $186.493
(adicional) prestación de servicios de apoyo a la
gestión 126 de fecha 2 de enero de 2019,
valor inicial $16.551.260, con
compromiso presupuestal 153 del
02/01/2019, cuyo objeto es: prestación de
servicios de apoyo a la gestión para
realizar actividades operativas en calidad
de supernumerarios requeridas por la
Secretaría de Educación y que son
inherentes al funcionamiento de los
Establecimientos Educativos Oficiales del
Municipio de Pereira»

Interrupción de 12 días hábiles

326 «Prestación de servicio de apoyo a la 6 meses 17/01/2020 16/07/2020 $8.811.798
gestión para realizar actividades
operativas en calidad de supernumerarios
requeridas por la Secretaría de
Educación y que son inherentes al
funcionamiento de los Establecimientos
Educativos Oficiales del Municipio de
Pereira»

Tabla 1. Relación contratos de prestación de servicios celebrados por el demandante.

3.5. Caso concreto

69. En el asunto bajo análisis, el accionante celebró contratos de prestación de

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servicios, desde el 1 de diciembre de 2011 hasta el 16 de julio de 2020, como conserje
o vigilante de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, y solicita la nulidad
del oficio que negó la existencia de la relación laboral y el pago de los emolumentos
laborales.

70. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así declaró
la nulidad del acto demandado y ordenó el pago de las prestaciones sociales ordinarias
como las de un empleado público, por el periodo del 1 de junio de 2016 hasta el 16 de
julio de 2020, sin incluir los tiempos de suspensión de los contratos. Dispuso que el
pago de las prestaciones se debe calcular con el valor de los honorarios pactados en
los contratos de prestación de servicios. Asimismo, ordenó el pago de aportes a
pensión por todo el tiempo laborado, liquidados también sobre el valor de los
honorarios.

71. Inconforme con esta decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación e insistió que no se probó una relación laboral con el demandante, pues la
supervisión, el horario y el lugar de prestación del servicio correspondían a la
coordinación propia del contrato de prestación de servicios, y no a subordinación.

72. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación se estudiarán los
elementos de la relación laboral y luego la prescripción.

• Elementos de la relación laboral

73. Como se señaló en el marco normativo y jurisprudencial, para que proceda la
declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta, la parte demandante
debe acreditar que se materializaron tres elementos, conforme el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la
subordinación continua y (iii) la remuneración como contraprestación del servicio.

74. Respecto a la prestación personal del servicio, se encuentra acreditada con
la certificación sobre los contratos de prestación de servicios descritos en el acápite
de hechos probados, celebrados desde el 1 de diciembre de 2011 hasta el 16 de julio
de 2020 (salvo interrupciones). Además, los objetos de los contratos fueron para
prestar los servicios de conserjería en establecimiento educativo o apoyo operativo y
asistencial en la Secretaría de Educación del municipio de Pereira.

75. En lo que se refiere a la remuneración, igualmente en la certificación sobre
los contratos de prestación de servicios celebrados entre la parte actora y el municipio
de Pereira, las partes acordaron el pago de honorarios a favor del contratista.

76. En cuanto a la subordinación, la parte interesada debe demostrarla de manera
fehaciente. Esta se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos

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internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de una
relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.

77. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.

78. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o indicios que permiten inferir la existencia de una relación
laboral subordinada encubierta.

79. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.

80. Ahora bien, la Subsección destaca que el demandante se desempeñó como
vigilante de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, donde prestaba el
servicio en los horarios establecidos unilateralmente por la entidad, a través de la
imposición de turnos, tal como lo acreditan los testimonios, el clausulado de los
contratos donde se establecen las funciones y las certificaciones laborales. En efecto,
en los contratos núm. 679 y 306 obra la cláusula común de «alcance del objeto», en la
que se indica como función principal «1. Velar y coordinar el acceso del personal
autorizado que ingrese al plantel educativo, garantizando la tranquilidad del servicio
educativo, el orden y la tranquilidad de la comunidad educativa que le habita. 2. Velar
por la puntual apertura y cierre de los portales y accesos. […]7. Cumplir con los turnos
de conserje que se le asignen y en coordinación con el Rector de la Institución y/o
Director Rural, el área o zona de la Institución que se le haya designado».

81. Asimismo, los contratos de prestación de servicios 1195, 1836, 2480, 279,
11100944, 11101616, 11102126, 11100287, 11100678, 11101570, 254, 1935, 3466,
75, y 1862 cuentan con la cláusula común de alcance de objeto en los siguientes
términos: «1. Controlar el ingreso del personal autorizado. 2. Comunicar al supervisor
en forma oportuna sobre las inconsistencias y anomalías relacionadas con los asuntos,
elementos o situaciones operativas que se presenten en desarrollo de sus
actividades». En este mismo sentido, los contratos 209, 126, y 326, tienen en común

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«1. Orientar y atender el cliente interno y externo. 2. Prestar apoyo logístico dentro del
Establecimiento Educativo previo conocimiento del supervisor según la necesidad. 3.
Comunicar al supervisor en forma oportuna sobre las inconsistencias y anomalías
relacionadas con los asuntos, elementos o situaciones operativas que se presenten en
desarrollo de sus actividades».

82. Ello evidencia que el accionante estaba sujeto al poder de dirección del rector de
la institución educativa adscrita a la Secretaría de Educación del municipio de Pereira
y que, además, se encontraba inserto en su estructura organizacional. Lo anterior
también se constata a partir del objeto contractual, que a efectos ilustrativos, en
algunos de estos se señaló: «[p]restar los servicios de conserjería en el
establecimiento educativo […] del municipio de Pereira o en el […] que la secretaría
de educación lo requiera, por necesidad del servicio»; así como la «[p]restación de
servicios para realizar actividades de apoyo operativo y asistencial en uno de los
Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira o donde la Secretaría
de Educación Municipal lo requiera por necesidad del servicio».

83. Adicionalmente, los señores Jaime García y Fernando Antonio Ramírez30
relataron las condiciones en que la parte actora prestó sus servicios como conserje y
vigilante en el municipio de Pereira. Al respecto, señalaron que su labor consistía en
velar por la seguridad de los planteles, abrir y cerrar puertas, controlar el ingreso y
salida de los estudiantes con instrucciones impartidas por el rector o supervisor.
También indicaron que cumplía turnos rotativos y que el accionante debía solicitar
permiso al rector o supervisor para ausentarse, y que asumía el pago de la seguridad
social. Para mejor ilustración se trae a colación lo narrado por los testigos.

84. El señor Jaime García31 afirmó que conoció al señor Orlando Tabima Rodas por
haber sido compañeros de trabajo, desde 2012 o 2013, quien llegó a laborar a través
de contratos de prestación de servicios a la institución educativa «La Villa», para
desempeñar actividades de vigilancia, donde el declarante también ejercía estas
funciones.

85. Manifestó que prestó servicios junto con el señor Orlando Tabima Rodas entre
2012 y «2015, 2016». Precisó que cumplían turnos diurnos y nocturnos de 12 horas,
con los respectivos descansos, y que las funciones de vigilancia asignadas a los
contratistas no diferían de aquellas desempeñadas por el personal «nombrado».

86. Afirmó que el jefe directo o interventor del contrato impartía las órdenes, aclarando

30 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020210012700» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2022/08/23».
31 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020210012700» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2022/08/23», minuto 00:07:00.

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que este era el rector de turno. Estos mandatos consistían en «cumplir horario a
cabalidad, asignado por la institución; labores de vigilancia; labores de control, acceso
de personas; salida de bienes»32. Indicó que no les suministraban elementos
específicos para la función de vigilancia, es decir, no les daban uniformes, se les podía
identificar a través de un carné.

87. Explicó que si un contratista necesitaba ausentarse se realizaba un arreglo interno
con el rector o entre los compañeros y se cubría su retiro. Asimismo, expresó que el
señor Tabima Rodas no era autónomo para desarrollar sus actividades, dado que
estaban supeditados a los lineamientos del rector, tanto en los turnos como en las
funciones afines al cargo.

88. Destacó que no tuvo conocimiento de llamados de atención contra el señor
Orlando Tabima, pues este gozaba de buen concepto entre sus compañeros y
directivos, quienes lo consideraban «un buen elemento, un buen trabajador». Agregó
que, por su condición de dirigente sindical, su trayectoria y las visitas realizadas a
varios colegios, conocía de primera mano la forma cómo se prestaba el servicio, esto
es, que los contratistas compartían turnos con el personal «nombrado» y cumplían los
mismos horarios.

89.Asimismo, indicó que eventualmente el rector reunía al personal de conserjes y les
impartía instrucciones y les asignaba los turnos de vigilancia, tanto para nombrados
como para contratistas. Aclaró que no tenían reglamento interno de trabajo.

90. Frente a la pregunta formulada por el despacho sustanciador consistente en si
tenía certeza respecto a los periodos laborados de 2016 a 2020, manifestó que
mantuvo contacto con el señor Orlando Tabima, vía «WhatsApp» y aquel le indicaba
en que institución trabajaba, y le consta que tuvo continuidad en los contratos de
prestación de servicios; aclarando que pudo tener «unos pequeños lapsus» en
ejercicio de la función. No obstante, indicó que su actividad ha estado muy ligada a
este tipo de contratos de vigilancia en los colegios; pero aclarando que él no lo vio, ni
visitó cuando ejercía estas funciones, durante este último periodo.

91. El señor Fernando Antonio Ramírez33 manifestó que fue compañero de trabajo
del señor Orlando Tabima Rodas, como conserjes, en el año 2011 a 2015 en el mismo
plantel educativo. Precisó que al señor Tabima Rodas lo trasladaron a otros colegios
y lo asignaron como «supernumerario», y lo rotaban en instituciones.

92. Aclaró que la denominación de «supernumerario» obedecía a que era destinado a

32 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020210012700» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2022/08/23», minuto 00:13:07.
33 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020210012700» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2022/08/23», minuto 00:25:31.

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cubrir las vacaciones del personal «nombrado», respecto del cual cumplía las mismas
funciones. Indicó que tenían turnos rotativos de 24 horas, diurnos y nocturnos, con los
respectivos descansos, y que en algunas ocasiones coincidió en los mismos turnos
con el señor Tabima Rodas. Asimismo, precisó que la última vez que vio al
demandante ejerciendo labores de conserje fue aproximadamente un año antes —en
2021—, cuando llegó a efectuar un reemplazo en el colegio donde actualmente labora.

93. Señaló que se encontraba con el señor Orlando Tabima, y le indicaba en las
instituciones educativas donde trabajaba. Además, manifestó que el rector, como jefe
inmediato, le daba órdenes al señor Tabima Rodas, consistente en la asignación de
turnos, o reemplazo de personas, tanto para los nombrados como para los contratistas,
reiterando que eran las mismas funciones entre estos últimos.

94. En lo relativo a la posibilidad de ausentarse de las funciones, indicó que cuando
necesitaba un permiso debía comunicarse con el rector, y aquel le asignaba un relevo,
esto es, afirmó que «uno no se podía ir sin permiso». Sostuvo que nunca le hicieron
un llamado de atención al actor, ya que era un muy buen compañero y trabajador.

95. Declaró que no les suministraban uniforme, pero sí una minuta para anotar las
entradas y salidas, así como las novedades que pasaran en el turno. Destacó que eran
el rector y la secretaria de educación quienes impartían la instrucción de consignar el
ingreso y retiro en las minutas. Indicó que ante eventuales quejas presentadas, era el
rector quien llamaba la atención y les decía las falencias en las funciones, y si era muy
grave, le remitía a la Secretaría de Educación.

96. En lo que respecta a las funciones del señor Tabima Rodas, afirmó que consistía
en revisar el ingreso de personas en la portería principal, constatar que el estudiantado
no se retirara de la institución, es decir, les decían que lo principal era «estar pendiente
de la puerta y de los niños».

97.Frente a la pregunta formulada en audiencia sobre el nivel de autonomía del señor
Tabima Rodas en el ejercicio de las labores de conserjería, en particular, sí podía
cumplirlas «como quisiera y a la hora que quisiera», el declarante respondió
negativamente. Explicó que, al prestar sus servicios para la Secretaría de Educación,
debía observar un trato respetuoso.

98. Afirmó que la Secretaría de Educación les pagaba el salario, pero no las
prestaciones sociales, por lo que debían asumirlas con sus propios ingresos. Agregó
que trabajaban por turnos y que el horario asignado era de «dos días de día, dos de
noche y dos de descanso», según lo dispuesto por dicha secretaría.

99. Ratificó que trabajó con el señor Orlando Tabima hasta 2015. Agregó que,
después de ese año, se encontraba con él y este le indicó que continuaba prestando
sus servicios. También precisó que, aunque el señor Tabima estaba en otra institución,
el declarante lo volvió a ver cuando reemplazó, durante 18 días, a un empleado

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«nombrado» que salió a vacaciones en ese lugar.

100. Señaló que no les suministraron reglamento de trabajo. Sin embargo, aclaró que
la Secretaría de Educación los reunía, les impartía las órdenes correspondientes y,
con base en ello, ya conocían las labores que debían cumplir en la institución.

101. Al descender al caso concreto, en relación con la dirección y el control efectivo de
las actividades, particularmente en lo atinente al modo de prestación del servicio, los
horarios y la inserción en la estructura organizacional de la entidad, la Sala destaca
que el conserje recibía órdenes e instrucciones, solicitaba permisos y el rector le
asignaba turnos para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, al interior de
las instituciones educativas, tal como lo indicaron los testigos.

102. Por otra parte, la inserción del demandante en la estructura organizacional de
los planteles educativos del municipio de Pereira, en su condición de conserje, también
permite advertir la existencia de subordinación o dependencia. En efecto, aquel
cumplía horarios rotativos, debía velar por la seguridad del plantel, controlar el ingreso
y la salida de estudiantes, profesores y personal administrativo, así como verificar que
los alumnos no se retiraran de la institución sin la respectiva autorización, todo ello
bajo la supervisión constante del rector. Dicha función permanente está relacionada
directamente con el servicio educativo propio de las instituciones educativas.

103. Ahora bien, como argumento de apelación, la entidad demandada sostuvo que
los testimonios no acreditaban la subordinación respecto de la totalidad del periodo
laborado por el accionante. En efecto, indicó que la declaración del señor Jaime García
solo daba cuenta del lapso comprendido entre 2013 y 2016, mientras que la del señor
Fernando Antonio Ramírez se refería al periodo de 2011 a 2015; por tanto, no existía
certeza sobre los años posteriores a 2016 y hasta 2020. Así, en la audiencia, los
declarantes manifestaron haber laborado conjuntamente con el señor Orlando Tabima
Rodas en esos periodos —2011 a 2016—, sin referirse a sus labores en años
posteriores a 2016. Sin embargo, dichos medios de convicción no fueron los únicos
valorados para acreditar la dependencia del actor en la actividad de conserjería.

104. En efecto, además de los testimonios, obran los contratos de prestación de
servicios núms. 75, 1862, 209, 126 y 326, correspondientes al periodo 2016 a 2020,
frente al cual la entidad demandada alegó falta de certeza sobre la subordinación por
ausencia de prueba testimonial. En dichos documentos consta el objeto contractual y,
en particular, el alcance de las obligaciones asumidas por el demandante, entre ellas,
«[c]ontrolar el ingreso de personal autorizado» y «[o]rientar y atender el cliente interno
y externo», ambas ejecutadas en instituciones educativas oficiales adscritas a la
Secretaría de Educación del municipio de Pereira. Por tanto, el clausulado contractual
permite establecer que, durante ese lapso, el actor prestó servicios de conserjería o
vigilancia en establecimientos educativos oficiales, actividad que exigía presencia
física, cumplimiento de turnos y sujeción a las directrices impartidas por las

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autoridades del plantel.

105. Así, dada la función de conserjería en el caso bajo estudio, la cual implicaba la
vigilancia permanente del inmueble y del mobiliario ubicado en su interior —dentro de
un horario previamente establecido por el rector—, así como el control de la entrada y
salida del personal docente, administrativo y, especialmente, del estudiantado, se
evidencia que al demandante no le estaba dado determinar el lugar ni el horario en
que debía ejecutar sus obligaciones contractuales. Sobre este particular, esta
Subsección, en un caso con supuestos fácticos similares, destacó:

En efecto, Carlos Alberto Díaz Guzmán prestó sus servicios como vigilante en los
colegios Manos Unidas, Jesús de la Buena Esperanza, Centenario y Gimnasio
Risaralda del municipio de Pereira y cumplió, entre otras funciones, las de: «(o)rientar
y atender el cliente interno y externo», «(c)ontrolar el ingreso del personal autorizado»
y «(r)ealizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo
las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo».

Lo anterior denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de vigilante y/o
conserje al servicio de colegios del municipio de Pereira, al tiempo que corrobora que
no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual
para desempeñar esa labor, la cual no puede considerarse prestada de forma
autónoma pues el celador no puede decidir en qué lugares presta el servicio ni en qué
horario. Es más ni siquiera puede ausentarse del trabajo sin causa previa y
debidamente justificada pues pondría en riesgo los bienes confiados a su cuidado34.

106. Es decir, el servicio personal contratado correspondía a las funciones de
conserje de planta y a las necesidades permanentes de las instituciones educativas
del ente municipal, según lo afirmado por los testigos, quienes indicaron que prestaban
sus funciones junto a empleados de conserjería de carácter «estatal», así lo indicó
inclusive, uno de los declarantes, quien era empleado de planta. Pese a ello se estaban
satisfaciendo a través de contratos de prestación de servicios, lo que desconoce el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, puesto que el instrumento contractual
debe suplir una necesidad temporal, tal como lo estableció el fallo de unificación del 9
de septiembre de 202135.

107. Ahora bien, contrario a lo sostenido en la apelación respecto a la falta de prueba
documental, concretamente, la inexistencia de reglamentos de trabajo o de
requerimientos disciplinarios no descarta que el rector o el supervisor de la Secretaría
de Educación impartieran órdenes e instrucciones permanentes, relevantes para
establecer la subordinación. Según lo narrado por los testigos en la audiencia de
pruebas, la ausencia de tales documentos obedecía, de una parte, a que no existían

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-

2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En este mismo sentido, ver sentencia del 12 de
diciembre de 2023, rad. 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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reglamentos de esa naturaleza ni siquiera para los trabajadores de planta y, de otra, a
que el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas al demandante no dio lugar
a sanciones, correctivos u observaciones.

108. Entonces, es forzoso concluir que no se trató del desarrollo de actividades bajo
la coordinación de la entidad, comoquiera que las funciones del accionante se
ejecutaron según las órdenes del rector de la institución educativa, se reitera, con la
imposición de un horario, el cumplimiento de turnos y la sujeción a las instrucciones
para velar por la integridad del plantel, y verificación de ingreso y salida de personas
en horarios rotativos. En consecuencia, contrario a lo dicho por la entidad recurrente,
la parte actora no era autónoma en la prestación del servicio, sino que el contrato
ocultó una relación laboral, de modo que debe aplicarse el principio constitucional de
primacía de la realidad sobre las formalidades, previsto en el artículo 53 de la Carta
Política. Además, el demandante estuvo vinculado aproximadamente por 8 años
mediante contrato, de modo que la prestación del servicio no fue temporal.

109. Debe decirse que la temporalidad y excepcionalidad son la esencia de los
contratos de prestación de servicios. Con ellos no pueden suplirse, de manera
definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades. Así pues, el
contrato de prestación de servicios debe celebrarse solo por el término estrictamente
indispensable para cumplir su objeto, lo que excluye su uso prolongado, encadenado
o sucesivo para cubrir funciones permanentes dentro de la entidad 36. En caso
contrario, se trata de una relación laboral subordinada.

110. En síntesis, se desprende que del 1 de diciembre de 2011 hasta el 16 de julio
de 2020 (salvo las interrupciones), la parte interesada demostró la existencia de la
relación laboral con las pruebas documentales y testimoniales.

• De la prescripción

111. En atención a que la Sala estableció la configuración de los tres elementos de
la relación laboral, procede el estudio de la prescripción, como resultado del
reconocimiento de la relación laboral encubierta. Sobre el particular, el fallo de
unificación del 9 de septiembre de 202137 dispuso el término de 30 días hábiles «como
indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios» y solo para la prescripción de los derechos laborales.

112. A su vez, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201638 estableció que
el interesado en el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales debe reclamar en los tres años siguientes a la terminación del vínculo

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, proceso con radicado 23001-23-000-

2013-00260-01 (0088-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

28

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)
Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

contractual.

113. En el caso objeto de estudio, el accionante presentó la reclamación el 18 de
noviembre de 2020. Luego, considerando que el último vínculo contractual finalizó el
16 de julio de 2020, el término de tres años para presentar la reclamación vencía el 16
de julio de 2023.

114. Dado que la parte actora interpuso la petición el 18 de noviembre de 2020, la
Sala concluye que sí interrumpió la prescripción respecto de las pretensiones
relacionadas con prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta. No
obstante, dicha interrupción solo tuvo efectos frente al último lapso laborado del 1 de
junio de 2016 y el 16 de julio de 2020. Ello, toda vez que se presentó una interrupción
superior a 30 días hábiles entre el 30 de enero de 2016 y el 1 de junio de 2016,
equivalente a 84 días, según se estableció en los hechos probados.

115. Por tanto, únicamente procedería el pago de las prestaciones sociales causadas
entre el 1 de junio de 2016 y el 16 de julio de 2020 (salvo interrupciones), como lo
dispuso el Tribunal en la sentencia de primera instancia. Igualmente, se hace la
salvedad que los aportes a pensión son imprescriptibles. Por esta última razón se
modificará el numeral quinto para precisar lo precedente.

• Restablecimiento del derecho

116. Consecuentemente, el criterio de la Subsección consiste en que la parte actora
tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de
prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle,
como vacaciones, primas, y cesantías, entre otras. Para ello, se debe tomar como base
el salario de un empleado que desarrollaba las funciones de conserje o vigilante de
planta39, para el periodo de vinculación. En caso contrario, cuando no exista el cargo
en la planta, la base para calcular las prestaciones deben ser el valor de los honorarios.
No obstante, dada la condición de apelante única de la entidad, no hay lugar a
modificar el fallo apelado en este aspecto.

4. Conclusión

117. El señor Orlando Tabima Rodas acreditó la existencia de una relación laboral
del 1 de diciembre de 2011 hasta el 16 de julio de 2020, salvo sus interrupciones, en
la prestación del servicio como conserje y vigilante de instituciones educativas del
municipio de Pereira. En efecto, demostró la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación continua. No obstante, en virtud del fenómeno jurídico
de la prescripción, únicamente procedería el pago de las prestaciones sociales
causadas entre el 1 de junio de 2016 y el 16 de julio de 2020 (salvo interrupciones).

39 Al respecto consultar la sentencia del 18 de septiembre de 2025, de la Sección Segunda, Subsección B, proceso

con radicado 25000-23-42-000-2021-00754-01 (3165-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

29

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)
Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

5. Costas

118. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 40 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
el 19 de octubre de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Segundo: Modificar los ordinales tercero y quinto de la parte resolutiva del fallo
impugnado, en los siguientes términos:

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, se condena al municipio de Pereira a pagar en favor del señor Orlando
Tabima Rodas, el valor de las prestaciones sociales, incluyendo las vacaciones, prima
de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, y las demás prestaciones sociales
de orden legal a que haya lugar, con las salvedades aquí señaladas, durante los
períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral en los que no
operó el fenómeno jurídico de la prescripción, es decir, entre el 1º de junio de 2016
al 16 de julio de 2020 —salvo interrupciones—, tomando como base los honorarios
contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios.

40 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

30

Radicación: 66001-23-33-000-2021-00127-01 (0496-2024)
Demandante: Orlando Tabima Rodas
Demandado: Municipio de Pereira

[…]

QUINTO: La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en
todos los contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional
del señor Orlando Tabima Rodas, mes a mes, desde 1 de diciembre de 2011 hasta el
16 de julio de 2020—salvo interrupciones—, a fin de establecer si existe diferencia
entre los aportes realizados por aquel como contratista y los que se debieron efectuar,
caso en el cual, se ordena cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su
calidad de empleador.

Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según
sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las
consideraciones de esta providencia.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto parcial
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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