Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00521-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00521-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2020-00521-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00521-01 (4565-2022)1
Demandante: Germán Alejandro Palacio Guaurabe
Demandado: Municipio de Pereira
Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: vigilante – conserje. Subtema 2:
elementos de la relación laboral.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 10 de junio de 2022, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante, quien prestó sus servicios como vigilante, mediante contratos, en
establecimientos educativos del municipio de Pereira, solicita la nulidad del oficio que
negó la existencia de la relación laboral. El Tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en tanto, declaró la prescripción parcial y ordenó el pago
de las prestaciones sociales ordinarias. La entidad interpuso recurso de apelación para
insistir en que no se probó una relación laboral con el demandante, pues la supervisión,
el horario y el lugar de prestación del servicio correspondían a la coordinación propia
del contrato de prestación de servicios, y no a subordinación. Subsidiariamente, solicitó
que se declarara la prescripción de los derechos causados antes del 1.º de abril de
2017, esto es, tres años antes de la presentación de la petición en sede administrativa.
En la presente decisión se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto se
acreditaron los elementos para declarar la relación laboral y como consecuencia de
ello, el reconocimiento de las prestaciones sociales correspondientes.
1 Expediente electrónico.
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00521-01 (4565-2022)
Demandante: Germán Alejandro Palacio Guaurabe
Demandado: Municipio de Pereira
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Germán Alejandro Palacio Guaurabe, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 22 de agosto de 20202, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra el Municipio de Pereira con las siguientes
pretensiones:
2. Declarar la nulidad del Oficio núm. 11576 del 2 de abril de 2020, proferido por
el municipio de Pereira, Secretaría de Educación, que negó el reconocimiento de la
relación laboral.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se declare la existencia de
una relación laboral durante el periodo en que prestó sus servicios a favor de la
entidad, entre 2004 a 2019, en el empleo de vigilante. También pidió el pago de las
prestaciones sociales como «cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima
de navidad, prima vacacional, auxilio de transporte, auxilio de alimentación,
bonificación por recreación, dotación, horas extras»; asimismo que se le pague, a título
de «reparación del daño», la cuota parte que no fue trasladada por concepto de salud,
pensión y ARP, durante el tiempo que se prolongó la relación laboral.
4. De igual manera, solicitó el reconocimiento y pago de los valores que debieron
aportarse a la caja de compensación familiar durante el tiempo que duró la relación
laboral, al haber tenido una vinculación laboral idéntica a los trabajadores de planta de
dicha entidad. Igualmente, que se declare que el tiempo cotizado por concepto de
pensiones sea computado para efectos pensionales. Adicionalmente, requirió que las
sumas adeudadas sean indexadas.
2.1.1. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. Germán Alejandro Palacio Guaurabe celebró contratos de prestación de
servicios consecutivos, para ejercer como vigilante y conserje, desde el 29 de febrero
de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2019, con la Secretaría de Educación del
municipio de Pereira, con horario de trabajo de lunes a domingo, en jornadas diurnas
o nocturnas. El accionante relató que cumplía órdenes de sus jefes inmediatos, prestó
el servicio de manera personal y subordinada, sin que existiera autonomía en el
cumplimiento de sus funciones.
7. El 1 de abril de 2020, presentó una petición ante el municipio de Pereira para
2 Inicialmente ante el Juzgado 6 Administrativo del Circuito Pereira. Ver Samai, expediente digital, gestión en otros
despachos, 66001233300020200052100, índice 14, actuación «Expediente digital», documento
«1_001ACTAREPARTO(.JPG) NroActua 14».
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Demandante: Germán Alejandro Palacio Guaurabe
Demandado: Municipio de Pereira
que se declarara la existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales. En respuesta, el Oficio núm. 11576 del 2 de abril de 2020, expedido por la
directora administrativa de talento humano de esa entidad, negó lo solicitado.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
8. La demanda cita las siguientes normas vulneradas: artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28,
53, 90, 209, 229 y 300 de la Constitución Política; 23 del Código Sustantivo del Trabajo,
176, 177 y 178 de la Ley 1437 de 2011; 1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; Decreto
1295 de 1994 y Ley 21 de 1982.
9. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el municipio
de Pereira desconoció las normas aplicables, al vincular al señor Germán Alejandro
Palacio Guaurabe mediante sucesivos contratos de prestación de servicios, pese a
que, en la práctica se configuró una verdadera relación laboral. Sostuvo que el
demandante prestó sus servicios personales como vigilante, de forma continua y
prolongada, bajo horarios definidos, con elementos de la entidad y sujeto a
instrucciones de sus superiores. Además, afirmó que la sucesiva suscripción de
contratos y la existencia de supervisión contractual evidencian que no se trataba de
una labor autónoma, transitoria o especializada, sino de una necesidad permanente
del servicio.
10. En virtud de lo anterior, adujo que la demandada utilizó indebidamente la figura
del contrato de prestación de servicios para encubrir una relación laboral, con lo cual
dejó de reconocer y pagar prestaciones sociales, seguridad social, aportes a caja de
compensación, horas extras y demás emolumentos derivados del vínculo de trabajo.
11. Puso de presente la jurisprudencia de lo contencioso - administrativo en torno a
la primacía de la realidad sobre las formalidades, según la cual el contrato estatal de
prestación de servicios puede desvirtuarse cuando se acreditan prestación personal,
remuneración y subordinación. Precisó que tal declaración no implica conferir la
condición de empleado público, pero sí habilita el reconocimiento indemnizatorio o
prestacional correspondiente, en atención al desconocimiento de derechos laborales
mínimos e irrenunciables.
2.2. Contestación de la demanda
12. El municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda, porque la
vinculación entre las partes se desarrolló mediante contratos de prestación de servicios
y no a través de una relación legal y reglamentaria o de un contrato laboral. Bajo esa
premisa, la entidad afirmó que no existió subordinación, sino una coordinación propia
de este tipo de contratos, dado que el contratista ejecutó sus actividades con
autonomía e independencia, sin estar sometido a jornada, órdenes, reglamentos
internos o manuales institucionales propios de los servidores públicos.
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Demandado: Municipio de Pereira
13. Como fundamento jurídico, el municipio invocó el numeral 3 del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, relativo a los contratos de prestación de servicios, destacando su
carácter temporal y ocasional, de cara a solucionar contingencias administrativas.
Señaló que estos contratos no generan relación laboral ni prestaciones sociales.
14. Agregó que el contratista ejecutó sus actividades con autonomía e
independencia, esto es, sin subordinación, pues no estaba sometido a horarios
jornadas, órdenes, reglamentos internos o manuales institucionales propios de los
servidores públicos; sino el cumplimiento del objeto contractual. Para soportar lo
anterior, efectuó un comparativo conceptual entre el contrato de prestación de
servicios y el laboral.
15. Sostuvo que la coordinación necesaria para la ejecución contractual no equivale
a subordinación laboral. En esa línea, citó jurisprudencia del Consejo de Estado para
afirmar que la exigencia de horarios, informes o directrices operativas puede derivarse
del objeto contractual y de la necesidad de articular la prestación del servicio, sin que
por ello se configure automáticamente una relación laboral encubierta.
16. Propuso las excepciones de «legalidad del acto administrativo»; «prescripción»;
«inexistencia de relación laboral y reconocimiento de las prestaciones sociales»;
«inexistencia de la supremacía de la realidad»; «falta de causa, inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido», y «buena fe»3.
2.3. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 10 de junio de
2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
En este sentido, declaró la nulidad del oficio demandado y la prescripción del derecho
al pago de las acreencias causadas hasta el 29 de febrero de 2012, salvo los aportes
al sistema de seguridad social. En consecuencia, a título de restablecimiento del
derecho ordenó:
3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira a pagar en favor del demandante
Germán Alejandro Palacio Guaurabe las prestaciones laborales de orden legal a las
cuales tiene derecho, incluyendo vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías,
auxilio de transporte y primas legales a que haya lugar incluida la compensación en
dinero de las dotaciones de vestido y calzado de labor, tomando como base los
honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios
correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación
laboral y en los cuales no operó el fenómeno de la prescripción, es decir, del 18 de
octubre de 2012 al 02 de diciembre de 2012, del 03 de diciembre de 2012 al 31 de
3 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 14, actuación
«Expediente digital», documento «20_020CONTESTACIONMUNICIPIO(.PDF) NroActua 14».
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diciembre de 2012, del 02 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2013, del 01 de junio de
2013 al 15 de agosto de 2013, del 16 de junio de 2013 al 15 de septiembre de 2013, del
16 de septiembre de 2013 al 15 de octubre de 2013, del 16 de octubre de 2013 al 31 de
octubre de 2013, del 01 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, del 02 de
enero de 2014 al 30 de abril de 2014, del 01 de mayo de 2014 al 30 de junio de 2014,
del 01 de julio de 2014 al 31 de julio de 2014, del 01 de agosto de 2014 al 31 de octubre
de 2014, del 01 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, del 02 de enero de
2015 al 01 de abril de 2015, del 02 de abril de 2015 al 15 de junio de 2015, del 16 de
junio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, del 01 de febrero de 2016 al 30 de diciembre
de 2016, del 02 de enero de 2017 al 02 de marzo de 2017, del 03 de marzo de 2017 al
30 de diciembre de 2017, del 03 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018, del 02
de enero de 2019 al 30 de diciembre de 2019, de acuerdo con las consideraciones de
este fallo.
4. La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los
contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
actora, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados
por aquella como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE
ORDENA cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de
aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador.
Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según
sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, de acuerdo con las
consideraciones de esta providencia.
5. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se debe
computar para efectos pensionales.
6. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor, de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A., para lo cual se observará
lo señalado en la parte motiva de este fallo.
7. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos
en el artículo 192 del CPACA.
8. Se niegan las demás súplicas de la demanda, por lo razonado en la parte motiva de
este proveído.
9. Sin costas en esta instancia, por las razones vertidas en esta providencia
[…]. (Sic para la cita)
18. Como fundamento de la decisión, el Tribunal expuso que el demandante tiene
derecho al reconocimiento de la relación laboral y al pago de las prestaciones sociales,
puesto que demostró la prestación personal del servicio en labores de vigilancia y
conserjería, con unas funciones que no tuvieron carácter transitorio, sino que fueron
prolongadas en el tiempo y con el cumplimiento de horario de trabajo.
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19. A partir del estudio de los contratos, certificaciones, planillas de turnos y
testimonios practicados, concluyó que el demandante prestó personalmente el servicio
y recibió remuneración. Además, tuvo por acreditada la subordinación, pues las
labores de vigilancia y portería en instituciones educativas exigían cumplimiento de
turnos, presencia permanente, control de ingreso y salida, custodia de bienes, reporte
de novedades y solicitud de permisos ante los directivos. Consideró que tales
actividades no podían desarrollarse con la autonomía propia de un contratista, sino
que correspondían a funciones permanentes y necesarias para la prestación del
servicio educativo.
20. En consecuencia, el Tribunal declaró configurada una relación laboral durante los
periodos acreditados; sin embargo, al estudiar la prescripción, aplicó el término trienal
y tuvo en cuenta los criterios jurisprudenciales sobre interrupciones significativas entre
contratos. Advirtió que existieron interrupciones relevantes en la vinculación, en
especial la ocurrida hasta el 29 de febrero de 2012, y que la reclamación administrativa
solo fue presentada el 1.º de abril de 2020. Por esa razón, declaró prescritos los
derechos prestacionales y salariales causados hasta el 29 de febrero de 2012,
inclusive. Sin embargo, estimó que el vínculo se reanudó el 18 de octubre de 2012 y
se mantuvo hasta el 30 de diciembre de 2019, periodo respecto del cual no operó la
prescripción.
21. El Tribunal no impuso condena en costas, al considerar que no se causaron, en
aplicación del numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso4.
2.4. Recurso de apelación de la parte demandada
22. El municipio de Pereira pidió que se revoque el fallo de primera instancia y que,
en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, con sustento en los siguientes
razonamientos:
23. Indicó que la contratación del demandante estuvo justificada en la necesidad del
servicio, ya que la planta de personal del municipio no contaba con personal suficiente
para atender las actividades requeridas. En ese sentido, sostuvo que, según el artículo
32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de prestación de servicios no generan relación
laboral ni prestaciones sociales.
24. Agregó que la presencia del contratista en un sitio y horario determinados
tampoco acreditaba subordinación, porque ello respondía a la naturaleza de las
actividades contratadas y a la necesidad de coordinarlas con el funcionamiento
ordinario de la entidad. Para sustentar su postura, citó jurisprudencia del Consejo de
Estado según la cual el cumplimiento de horarios, órdenes o pautas comunes puede
4 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 35, actuación
«Sentencia Primera Instancia».
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corresponder a una coordinación contractual y no necesariamente a una relación de
dependencia laboral.
25. Finalmente, alegó que, en caso de mantenerse algún reconocimiento, debía
declararse la prescripción de los derechos causados antes del 1.º de abril de 2017,
teniendo en cuenta que la reclamación administrativa fue presentada el «13 de febrero
de 2020». Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar el fallo de primera instancia
y absolver al Municipio de Pereira de todas las pretensiones formuladas en su contra5.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
26. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto el
27 de abril de 20236, en el que admitió el recurso de apelación de la demandada y
prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El Ministerio Público no emitió concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problema jurídico
28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
corresponde a la Sala definir si:
¿La parte actora no acreditó la existencia de la relación laboral con la entidad,
dado que los contratos de prestación de servicios, como vigilante, estaban regidos
por la coordinación propia del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, fueron temporales
y se celebraron dado que la entidad no tenía personal de planta para desarrollar
esas funciones?
¿Operó el fenómeno jurídico de la prescripción del derecho respecto del
reconocimiento de las prestaciones sociales?
29. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: relación
laboral encubierta; coordinación, subordinación y carga de la prueba; hechos probados
5 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 39, actuación «Recibe
memoriales».
6 Samai, índice 4.
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relevantes; y caso concreto.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
30.La jurisprudencia unificada de esta corporación7 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.
31. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
32. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
33. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».
34. Dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la existencia de una
relación laboral encubierta, los cuales al ser valorados en conjunto bajo los principios
de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación continuada y, en
consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal del contrato
de prestación de servicios.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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35. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de
personal.
36. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario»8.
37. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas
de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»9.
38. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».10
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
8 Idem.
9 Idem.
10 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
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«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».11
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.12
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
39. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes de
la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse, de
manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades, pues su
ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal suerte,
cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.
40. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
11 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
10
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expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
41. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
42. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.
iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente para «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro
anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la
relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».
43. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción entre
los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, para efectos
explicativos, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de junio de
202513, frente a un instructor del SENA, determinó que no existió solución de continuidad
en una interrupción de 34 días, con fundamento en que coincidió con el tiempo
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-01
(5263-2024), M.P Jorge Édison Portocarrero Banguera.
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vacacional de los aprendices.
3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba
44. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»14.
45. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202115, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados16».
46. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario.
La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral
encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan
los empleados de planta.
47. La jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada
caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
14 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,17 la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o
no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante
es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó
a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las
que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la
facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus
servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación
48. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe demostrar
para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia ha expuesto
una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato de
prestación de servicios.
49. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que la pruebas se practiquen
o se aporten»18, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta
17 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
18 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
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norma se lee en consonancia con el artículo 164 idem que regula el principio de
necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».
50. Es importante señalar que cuando se trata de la declaratoria de la existencia de
una relación laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en
sede de unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente expuestos.
51. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»19, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del mismo
pueda el juez arribar al hecho desconocido»20.
52. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y
su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la
obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica
(art. 176 CGP)
53. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
54. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral, se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.3.4. La prueba del contrato de prestación de servicios
55. La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 10 de diciembre de 2015 21,
se pronunció sobre el valor probatorio de las certificaciones para acreditar la relación
19 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
20 Idem.
21Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-31-000-2011-01694-
01(2592-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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laboral, en el caso de quien pretendía la declaración de una relación laboral por haber
prestado sus servicios como informante de la fuerza pública.
56. Posteriormente, la Subsección A de la Sección Segunda, en sentencia del 6 de
mayo de 202122, concedió valor probatorio a los contratos de servicios aportados en
copia simple, así:
Por consiguiente, estima la Sala que, en el presente caso, los contratos de prestación
de servicios aportados en copia simple por la parte demandante tienen pleno valor
probatorio, en tanto que por ley gozan de dicha condición y, además, la parte contra
quien se hicieron valer no utilizó las herramientas procesales para refutar la validez de
estos.
57. Luego, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 11 de abril de 2024 23,
determinó que si la parte no aporta al proceso los contratos de prestación de servicios,
es improcedente descartar dichos tiempos de servicios si en el expediente constan las
certificaciones sobre los tiempos laborados, planillas, constancias de pago, entre otras
pruebas, dado que no existe una tarifa legal:
En pronunciamientos anteriores, esta Sala ha descartado la exigencia única de los
actos jurídicos que respaldan la prestación del servicio, pues ha encontrado que tal
consideración es producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a
partir de la cual se señala a cada medio el grado de convicción que representa y
descarta aquellos que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho. Que,
con todo, esas restricciones le restan autonomía al juez, quien en ejercicio de la sana
crítica puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con el cual se cuenta
y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción del que, a lo largo del proceso,
han hecho uso las partes.
Bajo tal perspectiva, y sin desconocer que en efecto el contrato estatal de prestación
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer las
necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general
de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato típico, a la luz de lo
dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su perfeccionamiento se exige la
solemnidad del escrito; ha señalado que esto no justifica que se imponga como
requisito para demostrar el elemento de la prestación del servicio que se aporte al
proceso judicial el aludido instrumento jurídico.
Lo anterior, pues, como se expuso, imponer una tarifa legal probatoria implicaría
abandonar la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle
vigencia a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través
de otros medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme
su propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la conducta
de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia y
materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá
exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-00202-
01(4577-13), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00993-01
(0332-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 66001-23-33-000-2020-00521-01 (4565-2022)
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En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar acreditado en
un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral encubierta, no es la
existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su formación, sino i) la prestación
efectiva de un servicio a favor de una entidad de orden estatal; ii) que esta se haya
desarrollado en forma subordinada; y iii) que como contraprestación por los servicios
haya recibido una remuneración. Esto permite otorgarle vigencia al principio de la
primacía de la realidad sobre las formas a que alude el artículo 53 de la Constitución
Política y descarta la exigencia de un medio probatorio con un valor previamente
establecido. En otras palabras, la Sala ha recordado que no es el acto jurídico por
medio del cual se vincula a una persona a la función pública el que determina su
relación con el Estado, sino lo que en realidad evidencia dicha relación.
3.4. Hechos probados relevantes
58. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:
59. Certificación del 25 de enero de 2018, expedida por la Secretaría de Educación
del municipio de Pereira, en la cual hace constar que el señor Germán Alejandro
Palacio Guaurabe suscribió y cumplió el objeto de los contratos de prestación de
servicios celebrados desde el 29 de febrero de 2004 y el 31 de diciembre de 201524.
60. Por otro lado, se allegó constancia del 19 de abril de 2021, proferida por la directora
Operativa de Gestión Jurídica de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira
en la que certificó la suscripción de los contratos de prestación de servicios por parte
del señor Germán Alejandro Palacio Guaurabe, desde el 29 de febrero de 2004 al 30
de diciembre de 2016, y del 30 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2019. En
alguno de los apartados de dicho documento se indicó que los objetos de los aludidos
contratos consistieron en «[p]restar sus servicios como celador», y la «[v]igilancia de
los bienes muebles inmuebles del establecimiento educativo y apoyar el control en el
acceso y salida del establecimiento educativo»25.
61. Asimismo, se aportó certificación en la que dejó constancia de los contratos de
prestación de servicios celebrados desde el 3 de enero de 2017 y el 1 de septiembre
de 201926.
62.El señor Germán Alejandro Palacio Guaurabe solicitó el 1 de abril de 2020 al
municipio de Pereira, la declaración de la existencia de la relación laboral, y el pago
24 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 14, actuación
«Expediente digital», documento «3_003ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 14», imagen 7.
25 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 14, actuación
«Expediente digital», documento «17_017CERTIFICADOSCONTRATOS(.PDF) NroActua 14» y
«20_020CONTESTACIONMUNICIPIO(.PDF) NroActua 14», imagen 28.
26 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 14, actuación
«Expediente digital», documento «3_003ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 14», imagen 13.
16
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00521-01 (4565-2022)
Demandante: Germán Alejandro Palacio Guaurabe
Demandado: Municipio de Pereira
de las prestaciones sociales27.
63. El municipio de Pereira, en el Oficio núm. 11576 del 2 de abril de 2020, negó lo
pedido por el actor, al indicar que el vínculo contractual se realizó mediante contrato
de prestación de servicios, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sin
que sea procedente el reconocimiento de las prestaciones sociales, dado que no se
trata de un contrato laboral28.
64. En la audiencia de pruebas rindieron declaración los señores Francisco Javier
Herrera Gómez y Norberto Gómez Valencia29.
65.Obran en el proceso las planillas de turnos del señor Germán Alejandro Palacio
Guaurabe en la institución educativa, relativos a 2017, diciembre de 2018 y enero de
201930.
66. Entre la parte actora y el municipio de Pereira, se firmaron los contratos de
prestación de servicios que se detallan a continuación, acorde con las certificaciones
de la entidad31:
Contrato Objeto Plazo Fecha Fecha final Valor del
inicial contrato
Sin número «celador» 3 meses 29/02/2004 30/04/2004 $371.653
Sin número «celador» 2 meses 01/05/2004 30/06/2004 $371.653
Sin número «celador» 3 meses 01/07/2004 30/09/2004 $371.653
Sin número «celador» 3 meses 01/10/2004 31/12/2004 $371.653
Sin número «vigilancia» 2 meses 01/01/2005 28/02/2005 $396.032
Sin número «vigilancia» 2 meses 01/03/2005 30/04/2005 $396.032
Sin número «vigilancia» 1 mes 01/05/2005 31/05/2005 $730.000
Sin número «vigilancia» 1 mes 01/06/2005 30/06/2005 $730.000
Sin número «vigilancia» 1 mes 01/07/2005 30/07/2005 $730.000
Sin número «vigilancia» 1 mes 01/08/2005 31/08/2005 $730.000
Sin número «vigilancia» 1 mes 01/09/2005 30/09/2005 $730.000
340 «vigilancia» 1 mes 01/10/2005 31/10/2005 $730.000
343 «vigilancia» 2 meses 01/11/2005 31/12/2005 $1.460.000
188 «vigilancia» 1 mes 01/01/2006 31/01/2006 $730.000
399 «vigilancia» 2 meses 01/02/2006 31/03/2006 $1.460.000
Interrupción de 2 meses
341 «vigilancia» 2 meses 01/06/2006 31/07/2006 $1.460.000
27 La fecha de radicación de la petición y su objeto, se extrae del oficio demandado, Samai, expediente digital,
gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 14, actuación «Expediente digital», documento
«3_003ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 14», imagen 3.
28 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 14, actuación
«Expediente digital», documento «3_003ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 14», imagen 3.
29 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 27, actuación
«Expediente digital», documento «Audiencia de Pruebas».
30 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 14, actuación
«Expediente digital», documento «3_003ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 14», imagen 41 a 68.
31 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 14, actuación
«Expediente digital», en los siguientes apartados: (a) documento «3_003ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 14»,
imagen 7; (b) documento «17_017CERTIFICADOSCONTRATOS(.PDF) NroActua 14»; (c) documento
«20_020CONTESTACIONMUNICIPIO(.PDF) NroActua 14», imagen 28, y (d) documento
«3_003ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 14», imagen 13.
17
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00521-01 (4565-2022)
Demandante: Germán Alejandro Palacio Guaurabe
Demandado: Municipio de Pereira
343 «vigilancia» 1 mes 01/08/2006 31/08/2006 $730.000
339 «vigilancia» 4 meses 01/09/2006 31/12/2006 $2.920.000
193 «vigilancia» 2 meses 02/01/2007 28/02/2007 $1.460.000
692 «vigilancia» 2 meses 01/03/2007 30/04/2007 $1.533.000
1209 «vigilancia» 2 meses 01/05/2007 30/06/2007 $1.533.000
1758 «vigilancia» 5 días 01/07/2007 05/07/2007 $127.750
2300 «vigilancia» 2 06/07/2007 30/09/2007 $2.171.750
meses,
25 días
2877 «vigilancia» 1 mes 01/10/2007 31/10/2007 $766.500
3434 «vigilancia» 1 mes 01/11/2007 30/11/2007 $766.500
4011 «vigilancia» 1 mes 01/12/2007 31/12/2007 $766.500
202 «vigilancia» 1 mes 02/01/2008 31/01/2008 $817.166
764 «vigilancia» 1 mes 01/02/2008 29/02/2008 $817.166
1094 «servicios portería» 10 04/03/2008 29/12/2008 $8.062.704
meses
204 «servicios portería» 12 01/01/2009 31/12/2009 $10.639.500
meses
Interrupción de 1 año, 6 meses
206 «servicios 4 meses 01/07/2011 31/10/2011 $4.235.796
conserjería»
206A «servicios 2 meses 01/11/2011 31/12/2011 $2.117.898
conserjería»
205 «servicios 2 meses 02/01/2012 29/02/2012 $2.182.000
conserjería»
Interrupción de 7 meses, 19 días
2182 «servicios 1 mes, 18/10/2012 02/12/2012 $1.636.500
conserjería» 14 días
2420 «servicios de apoyo 1 mes 03/12/2012 31/12/2012 $981.900
operativo/asistencial» [28 días]
218 «servicios de apoyo 5 meses 02/01/2013 31/05/2013 $5.673.200
operativo/asistencial»
218A «servicios de apoyo 2 01/06/2013 15/08/2013 $2.836.600
operativo/asistencial» meses,
15 días
11101586 «servicios de apoyo 1 mes 16/08/2013 15/09/2013 $1.134.640
operativo/asistencial»
11102251 «servicios de apoyo 1 mes 16/09/2013 15/10/2013 $1.134.640
operativo/asistencial»
11102567 «servicios de apoyo 15 días 16/10/2013 31/10/2013 $567.320
operativo/asistencial»
11102863 «servicios de apoyo 2 meses 01/11/2013 31/12/2013 $2.269.280
operativo/asistencial»
11100202 «servicios de apoyo 4 meses 02/01/2014 30/04/2014 $4.538.560
operativo/asistencial»
11100202A «servicios de apoyo 2 meses 01/05/2014 30/06/2014 $2.269.280
operativo/asistencial»
11100881 «servicios de apoyo 1 mes 01/07/2014 31/07/2014 $1.134.640
operativo/asistencial»
11101550 «servicios de apoyo 3 meses 01/08/2014 31/10/2014 $3.403.920
operativo/asistencial»
11102060 «servicios de apoyo 2 meses 01/11/2014 31/12/2014 $2.269.280
operativo/asistencial»
11100223 «servicios de apoyo a 3 meses 02/01/2015 01/04/2015 $3.506.037
la gestión para
realizar actividades
operativas»
11100699 «servicios de apoyo a 2 02/04/2015 15/06/2015 $2.921.698
la gestión para meses,
realizar actividades 15 días
18
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00521-01 (4565-2022)
Demandante: Germán Alejandro Palacio Guaurabe
Demandado: Municipio de Pereira
operativas»
11101504 «servicios de apoyo a 6 16/06/2015 31/12/2015 $7.596.414
la gestión para meses,
realizar actividades 15 días
operativas»
194 «servicios de apoyo a 11 01/02/2016 30/12/2016 $12.855.469
la gestión para meses
realizar actividades
operativas»
111 «prestación servicios 3 meses 03/01/2017 02/03/2017 $2.337.358
de apoyo a la gestión
para realizar
actividades
operativas»
1976 «prestación servicios 9 meses 03/03/2017 30/12/2017 $11.608.878
de apoyo a la gestión
para realizar
actividades
operativas»
179 «prestación servicios 10 03/01/2018 02/11/2018 $12.186.980
de apoyo a la gestión meses
para realizar
actividades
operativas»
179 Adición contrato 1 mes, 03/11/2018 30/12/2018 $2.356.149
anterior 28 días
74 «prestación servicios 8 meses 02/01/2019 01/09/2019 $10.139.568
de apoyo a la gestión
para realizar
actividades
operativas»
74 Adición contrato 4 meses 02/09/2019 30/12/2019 $5.027.536
anterior
Tabla 1. Relación contratos de prestación de servicios celebrados por el demandante.
3.5. Caso concreto
67. En el asunto bajo análisis, el accionante celebró contratos de prestación de
servicios, desde el 29 de febrero de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2019, como
conserje o vigilante de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, y solicita
la nulidad del oficio que negó la existencia de la relación laboral y el pago de los
emolumentos laborales.
68. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así declaró
la nulidad del acto demandado y ordenó el pago de las prestaciones sociales ordinarias
como las de un empleado público, por el periodo del 18 de octubre de 2012 al 30 de
diciembre de 2019, sin incluir los tiempos de suspensión de los contratos. Dispuso que
el pago de las prestaciones se debe calcular con el valor de los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios. Asimismo, ordenó el pago de aportes a
pensión por todo el tiempo laborado, liquidados también sobre el valor de los
honorarios.
69. Inconforme con esta decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
19
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00521-01 (4565-2022)
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apelación e insistió que no se probó una relación laboral con el demandante, pues la
supervisión, el horario y el lugar de prestación del servicio correspondían a la
coordinación propia del contrato de prestación de servicios, y no a subordinación.
Subsidiariamente, solicitó declarar la prescripción de los derechos causados antes del
1 de abril de 2017, esto es, 3 años anteriores a la presentación de la petición
administrativa.
70. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación se estudiarán los
elementos de la relación laboral y luego la prescripción.
• Elementos de la relación laboral
71. Como se señaló en el marco normativo y jurisprudencial, para que proceda la
declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta, la parte demandante
debe acreditar que se materializaron tres elementos, conforme el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la
subordinación continua y (iii) la remuneración como contraprestación del servicio.
72. Respecto a la prestación personal del servicio, se encuentra acreditada con
la certificación sobre los contratos de prestación de servicios descritos en el acápite
de hechos probados, celebrados desde el 29 de febrero de 2004 hasta el 30 de
diciembre de 2019. Además, los objetos de los contratos fueron para prestar los
servicios de vigilancia, conserjería, portería, o de apoyo operativo y asistencial en la
Secretaría de Educación del municipio de Pereira.
73. En lo que se refiere a la remuneración, igualmente en la certificación sobre
los contratos de prestación de servicios celebrados entre la actora y el municipio de
Pereira, las partes acordaron el pago de honorarios a favor del contratista.
74. En cuanto a la subordinación, la parte interesada debe demostrarla de manera
fehaciente. Esta se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de una
relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.
75. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.
76. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
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Radicación: 66001-23-33-000-2020-00521-01 (4565-2022)
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presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o indicios que permiten inferir la existencia de una relación
laboral subordinada encubierta.
77. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.
78. Ahora bien, la Subsección destaca que el demandante se desempeñó como
vigilante o conserje de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, donde
prestaba el servicio en los horarios establecidos unilateralmente por la entidad, a
través de la imposición de turnos, tal como lo acreditan las planillas que fueron
aportadas al proceso. En efecto, obran los documentos denominados «turnos
conserjes, institución educativa Carlos Eduardo Basco Uribe». Nótese que la planilla
de «enero 2019»32 indicó los turnos de los conserjes Jorge Luis García con la
anotación «Estatal», el señor «Riveiro Carvalal Ospinal», y el hoy demandante
«German Palacios», donde se precisó como anotación «Recibir turno con quince (15)
minutos de anticipación» y donde se precisaba que la anotación «Z» correspondía
descanso y el turno de día correspondía a «6:00 A 18:00», y el de noche «18:00 A
6:00», documento suscrito por la rectora del plantel.
79. Ello evidencia que el accionante estaba sujeto al poder de dirección del rector de
la institución educativa adscrita a la Secretaría de Educación del municipio de Pereira
y que, además, se encontraba inserto en su estructura organizacional. Lo anterior
también se constata a partir de los objetos contractuales en los que se señaló: (a)
«[p]restar sus servicios como celador»; (b) «[p]restar los servicios de portería en el EE
del municipio de Pereira o donde la Secretaría de Educación lo requiera por necesidad
del servicio»; (c) «[p]restar los servicios de conserjería en el establecimiento educativo
requerido por la secretaria de educación municipal de Pereira»; (d) «[v]igilancia de los
bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo designado, el cual incluye
además el de apoyar el control en el acceso y salida del establecimiento educativo del
personal de educandos, docentes, personal administrativo y en general, la comunidad
educativa»; y (e) «[p]restación de servicios de apoyo operativo y asistencial en uno de
los establecimientos educativos o donde la Secretaria de Educación lo requiera en el
municipio de Pereira por necesidad del servicio».
80. Adicionalmente, los señores Francisco Javier Herrera Gómez y Norberto
32Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020200052100, índice 14, actuación
«Expediente digital», documento «3_003ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 14», imagen 41.
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Gómez Valencia33 relataron las condiciones en que la parte actora prestó sus servicios
como conserje y vigilante en el municipio de Pereira. Al respecto, señalaron que su
labor consistía en velar por la seguridad de los planteles, abrir y cerrar puertas,
controlar el ingreso y salida de los estudiantes y reportar cualquier novedad al rector o
supervisor. También indicaron que cumplía turnos rotativos y que el accionante debía
solicitar permiso al rector o supervisor para ausentarse, y que asumía el pago de la
póliza y de la seguridad social. Para mejor ilustración se trae a colación lo narrado por
los testigos.
81. El señor Francisco Javier Herrera Gómez34 afirmó que conoció al señor Germán
Alejandro Palacio Guaurabe por haber sido compañeros de trabajo, desde hace 25
años. Indicó que el señor Palacio Guaurabe inició sus servicios en el mes de enero de
2004 en la escuela La Libertad, durante 3 años en esa institución; luego trasladado
para «la Juan XXIII» donde prestó sus labores por 4 años; posteriormente al plantel
Carlos Eduardo Vasco, 7 años; y en 2019, para el colegio La Carbonera, en un lapso
de 6 meses. Lo anterior, precisando que trabajó con el ahora accionante,
concretamente coincidió su prestación en la escuela La Libertad y siempre se reunían
cuando firmaban contrato.
82. Manifestó que la labor que desempeñaba el demandante era la de conserje,
consistente en velar por la seguridad de la institución, quienes deben reportar cualquier
novedad a su supervisor, el rector. Precisó que la labor era dedicada a la vigilancia.
Para la verificación del cumplimiento de los turnos manifestó que se manejaba a través
de minutas y la programación mensual que eran 6 de la tarde a 6 de la mañana y
viceversa, al destacar que, en ocasiones, en año 2019, en el plantel «La Carbonera»
al señor Germán Alejandro se le extendían los horarios los sábados a lunes, en turnos
de 48 horas.
83. Explicó que los turnos se fijaban con el rector o supervisor, quienes eran los que
vigilaban que ellos estuviesen cumpliendo con el contrato. Precisó que, cuando se
ausentaba por cualquier circunstancia, tenía que ser relacionado en la minuta,
describiendo la hora y actividad en ese documento y con autorización del rector.
84. Destacó que en algunas de las instituciones existían conserjes de planta y en las
demás por contrato de prestación de servicios. Tenía conocimiento de los contratos
que firmaba al señor Palacio Guaurabe, dado que se reunían para socializar el término
de ejecución del mismo, compraban la póliza y pagaban la seguridad social juntos.
igualmente, aclaró que suscribió contrato a través de «servitemporales».
33 Samai, expediente digital, índice 11, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «9RECIBEMEMORIAL_45652022(.pdf) NroActua 11», enlace
«https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/public/detail/5000490», audiencia del 9 de febrero de 2022.
34 Samai, expediente digital, índice 11, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «9RECIBEMEMORIAL_45652022(.pdf) NroActua 11», enlace
«https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/public/detail/5000490», audiencia del 9 de febrero de 2022, minuto
00:07:53.
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85. Asimismo, indicó que cuando se presentaba algún tipo de contingencia que
conllevara a retirarse de la actividad de conserje —personal, cita médica—, el
procedimiento para reemplazar al señor Palacio, lo pertinente era con la previa
autorización del rector o supervisor, se les pedía el permiso un día antes, los demás
vigilantes lo cubrían mientas regresaba. Destacó que, en varias ocasiones, a final de
año, 31 de diciembre, terminaba el contrato, para el 1 de enero del siguiente año, pese
a no contar con este, no dejaba sola la institución hasta tanto se profiriera el nuevo
contrato o la adición, precisando que les tocaba trabajar así el plantel estuviese solo y
sin alumnos o administrativos.
86. Manifestó que nunca les dieron uniformes de dotación distintivos de la institución
educativa, les tocaba «ir de civil». Expresó que el señor Germán no era autónomo para
realizar sus funciones ya que «para realizar sus actividades, debería tener la
autorización, primero, secretaría de educación municipal para darle cumplimiento al
contrato, con la previa autorización del rector o supervisor»35. Comentó que el salario
del señor Palacio Guaurabe lo pagaba la alcaldía, a través de la secretaría de
educación, y la seguridad social la pagaba el conserje.
87. Precisó que al momento en que prestó sus servicios conjuntamente con el señor
Palacio Guaurabe, en la institución la libertad —6 meses—, le consta que pedía
permisos al rector de dicho plantel.
88. El señor Norberto Gómez Valencia36 manifestó que fue compañero de trabajo del
señor Germán Alejandro Palacio Guaurabe, en la «Juan XXIII», en los años 2016 y
2017, y estuvo con aquel, 8 meses. Indicó que el señor Palacio prestó sus funciones
como conserje, cuyas funciones eran abrir y cerrar la puerta, estar pendientes porque
no «se puede salir ningún niño». Informó que cumplían con un sistema de turnos, de
6 de la mañana a 6 de la tarde, y viceversa, todos los días, con días de descanso.
89. Señaló que no recibían elementos de dotación, prestaban su servicio con ropa de
uso diario. Declaró que el contrato suscrito por el demandante y los demás conserjes
era de prestación de servicios, y les tocaba pagar póliza, así como la seguridad social.
90. En lo relativo a los permisos de los conserjes indicó que el jefe inmediato era el
rector, y aquel era el que otorgaba los permisos, y quien lo remplazaba era el
compañero. Respecto a la función de verificación de los turnos, esta era asumida por
el rector o este «mandaba a alguien», o por teléfono.
35 Samai, expediente digital, índice 11, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «9RECIBEMEMORIAL_45652022(.pdf) NroActua 11», enlace
«https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/public/detail/5000490», audiencia del 9 de febrero de 2022, minuto
00:21:35.
36 Samai, expediente digital, índice 11, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «9RECIBEMEMORIAL_45652022(.pdf) NroActua 11», enlace
«https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/public/detail/5000490», audiencia del 9 de febrero de 2022, minuto
00:30:41.
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91. Al descender al caso concreto, en relación con la dirección y el control efectivo de
las actividades, particularmente en lo atinente al modo de prestación del servicio, los
horarios y la inserción en la estructura organizacional de la entidad, la Sala destaca
que el conserje recibía órdenes e instrucciones, solicitaba permisos y el rector le
asignaba turnos para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, al interior de
las instituciones educativas, tal como lo indicaron los testigos.
92. Por otra parte, la inserción del demandante en la estructura organizacional de
los planteles educativos del municipio de Pereira, en su condición de conserje, también
permite advertir la existencia de subordinación o dependencia. En efecto, aquel
cumplía horarios rotativos de seis de la mañana a seis de la tarde, y viceversa; debía
velar por la seguridad del plantel, controlar el ingreso y la salida de estudiantes,
profesores y personal administrativo, así como verificar que los alumnos no se retiraran
de la institución sin la respectiva autorización, todo ello bajo la supervisión constante
del rector. Dicha función permanente está relacionada directamente con el servicio
educativo propio de las instituciones educativas.
93. Asimismo, dada la naturaleza propia de la función de conserjería en el caso bajo
estudio, la cual implicaba la vigilancia permanente del inmueble y del mobiliario
ubicado en su interior —dentro de un horario previamente establecido por el rector—,
así como el control de la entrada y salida del personal docente, administrativo y,
especialmente, del estudiantado, se evidencia que al demandante no le estaba dado
determinar el lugar ni el horario en que debía ejecutar sus obligaciones contractuales.
Sobre este particular, esta Subsección, en un caso con supuestos fácticos similares,
destacó:
En efecto, Carlos Alberto Díaz Guzmán prestó sus servicios como vigilante en los
colegios Manos Unidas, Jesús de la Buena Esperanza, Centenario y Gimnasio
Risaralda del municipio de Pereira y cumplió, entre otras funciones, las de: «(o)rientar
y atender el cliente interno y externo», «(c)ontrolar el ingreso del personal autorizado»
y «(r)ealizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo
las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo».
Lo anterior denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de vigilante y/o
conserje al servicio de colegios del municipio de Pereira, al tiempo que corrobora que
no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual
para desempeñar esa labor, la cual no puede considerarse prestada de forma
autónoma pues el celador no puede decidir en qué lugares presta el servicio ni en qué
horario. Es más ni siquiera puede ausentarse del trabajo sin causa previa y
debidamente justificada pues pondría en riesgo los bienes confiados a su cuidado37.
94. Es decir, el servicio personal contratado correspondía a las funciones de
vigilante de planta y a las necesidades permanentes de las instituciones educativas
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En este mismo sentido, ver sentencia del 12 de
diciembre de 2023, rad. 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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del ente municipal, según lo afirmado por los testigos, quienes indicaron que prestaban
sus funciones junto a empleados de conserjería de carácter «estatal». Pese a ello se
estaban satisfaciendo a través de contratos de prestación de servicios, lo que
desconoce el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, puesto que el instrumento
contractual debe suplir una necesidad temporal, tal como lo estableció el fallo de
unificación del 9 de septiembre de 202138.
95. Entonces, es forzoso concluir que no se trató del desarrollo de actividades bajo
la coordinación de la entidad, comoquiera que las funciones del accionante se
ejecutaron según las órdenes del rector de la institución educativa, se reitera, con la
imposición de un horario, el cumplimiento de turnos y la sujeción a las instrucciones
para velar por la integridad del plantel, y verificación de ingreso y salida de personas
en horarios rotativos. En consecuencia, contrario a lo dicho por la entidad recurrente,
la parte actora no era autónoma en la prestación del servicio, sino que el contrato
ocultó una relación laboral, de modo que debe aplicarse el principio constitucional de
primacía de la realidad sobre las formalidades, previsto en el artículo 53 de la Carta
Política. Además, el demandante estuvo vinculado aproximadamente por 14 años
mediante contrato, de modo que la prestación del servicio no fue temporal.
96. Debe decirse que la temporalidad y excepcionalidad son la esencia de los
contratos de prestación de servicios. Con ellos no pueden suplirse, de manera
definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades. Así pues, el
contrato de prestación de servicios debe celebrarse solo por el término estrictamente
indispensable para cumplir su objeto, lo que excluye su uso prolongado, encadenado
o sucesivo para cubrir funciones permanentes dentro de la entidad 39. En caso
contrario, se trata de una relación laboral subordinada.
97. En síntesis, se desprende que del 29 de febrero de 2004 hasta el 30 de
diciembre de 2019 (salvo las interrupciones), la parte interesada demostró la existencia
de la relación laboral con las pruebas documentales y testimoniales.
• De la prescripción
98. En atención a que la Sala estableció la configuración de los tres elementos de
la relación laboral, procede el estudio de la prescripción, como resultado del
reconocimiento de la relación laboral encubierta. Sobre el particular, el fallo de
unificación del 9 de septiembre de 202140 dispuso el término de 30 días hábiles «como
indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios» y solo para la prescripción de los derechos laborales.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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99. A su vez, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201641 estableció que
el interesado en el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales debe reclamar en los tres años siguientes a la terminación del vínculo
contractual.
100. En el caso objeto de estudio, el accionante presentó la reclamación el 1 de abril
de 2020, Luego, considerando que el último vínculo contractual finalizó el 30 de
diciembre de 2019, el término de tres años para presentar la reclamación vencía el 30
de diciembre de 2022.
101. Dado que la parte actora interpuso la petición el 1 de abril de 2020, la Sala
concluye que sí interrumpió la prescripción respecto de las pretensiones relacionadas
con prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta. No obstante,
dicha interrupción solo tuvo efectos frente al último lapso laborado del 18 de octubre
de 2012 al 30 de diciembre de 2019. Ello, toda vez que existió una interrupción superior
a 30 días hábiles respecto a varios periodos, así: (a) el primero, del 29 de febrero de
2004 al 31 de marzo de 2006, por una interrupción de dos meses; (b) el segundo, del
1.º de junio de 2006 al 31 de diciembre de 2009, por una interrupción de un año y seis
meses; y (c) el tercero, del 1.º de julio de 2011 al 29 de febrero de 2012, por una
interrupción de siete meses y diecinueve días, como se indicó en los hechos probados.
102. Por tanto, únicamente procedería el pago de las prestaciones sociales causadas
entre el 18 de octubre de 2012 y el 30 de diciembre de 2019 (salvo interrupciones).
Igualmente, se hace la salvedad que los aportes a pensión son imprescriptibles.
• Restablecimiento del derecho
103. Consecuentemente, el criterio de la Subsección consiste en que la actora tiene
derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones
laborales legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, como vacaciones,
primas, bonificaciones y cesantías, entre otras. Para ello, se debe tomar como base el
salario de un empleado que desarrollaba las funciones de conserje o vigilante de
planta42, para el período de vinculación. En caso contrario, cuando no exista el cargo
en la planta, la base para calcular las prestaciones deben ser el valor de los honorarios.
No obstante, dada la condición de apelante única de la entidad, no hay lugar a
modificar el fallo apelado en este aspecto.
4. Conclusión
104. El señor Germán Alejandro Palacio Guaurabe acreditó la existencia de una
relación laboral del 29 de febrero de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2019, salvo sus
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, proceso con radicado 23001-23-000-
2013-00260-01 (0088-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
42 Al respecto consultar la sentencia del 18 de septiembre de 2025, de la Sección Segunda, Subsección B, proceso
con radicado 25000-23-42-000-2021-00754-01 (3165-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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interrupciones, en la prestación del servicio como conserje y vigilante de instituciones
educativas del municipio de Pereira. En efecto, demostró la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación continua. No obstante, en virtud del
fenómeno jurídico de la prescripción, únicamente procedería el pago de las
prestaciones sociales causadas entre el 18 de octubre de 2012 y el 30 de diciembre
de 2019 (salvo interrupciones).
5. Costas
105. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 43 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
el 10 de junio de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
43 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 66001-23-33-000-2020-00521-01 (4565-2022)
Demandante: Germán Alejandro Palacio Guaurabe
Demandado: Municipio de Pereira
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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