República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2018-00091-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)1
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: vigilante – conserje. Subtema 2:
elementos de la relación laboral.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 9 de diciembre de 2020, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante, quien prestó sus servicios como vigilante mediante contratos en
establecimientos educativos del municipio de Pereira, solicita la nulidad del oficio que
negó la existencia de la relación laboral. El Tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en tanto ordenó el pago de las prestaciones sociales,
pero negó algunos de los emolumentos solicitados. La entidad interpuso recurso de
apelación para insistir en que no se probó una relación laboral con el demandante,
pues la supervisión, el horario, y directrices correspondían a la coordinación propia del
contrato de prestación de servicios, y no a la subordinación.
En la presente decisión se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto se
acreditaron los elementos para declarar la relación laboral y como consecuencia de
ello, el reconocimiento de las prestaciones sociales correspondientes.
1 Expediente electrónico.
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Tiberio Mosquera Cárdenas, mediante apoderado judicial, presentó demanda el
15 de marzo de 20182, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra el municipio de Pereira con las siguientes pretensiones:
2. Declarar la nulidad del Oficio núm. 51712 del 1 de diciembre de 2017, proferido
por el municipio de Pereira, Secretaría de Educación, que negó el reconocimiento de
la relación laboral.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la existencia de
una relación laboral durante el periodo en que prestó sus servicios a favor de la
entidad, entre el 2 de marzo de 2012 y el 30 de enero de 2016, en el empleo de
vigilante. También pidió el pago de las prestaciones sociales como «prima de servicios,
prima de navidad y vacaciones, cesantías, intereses cesantías, vacaciones, auxilio de
alimentación, auxilio de transporte, dotación, bonificación por recreación, horas extras,
dominicales, festivos, recargos nocturnos». Asimismo, solicitó el pago de los
porcentajes que no fueron trasladados por concepto de salud y pensión.
4. De igual manera, pidió el reconocimiento y pago de los valores que debieron
aportarse a la caja de compensación familiar. También, que se declare que el tiempo
cotizado se computara para efectos pensionales. Además, pidió la indexación de las
sumas adeudadas y la condena en costas a la entidad.
2.1.1. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. Tiberio Mosquera Cárdenas celebró contratos de prestación de servicios
consecutivos, para ejercer como vigilante y conserje, desde el 2 de marzo de 2012 y
el 30 de enero de 2016, con la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, con
jornadas diurnas o nocturnas. El accionante relató que cumplía órdenes de sus jefes
inmediatos —rectores—, prestó el servicio de manera personal y subordinada, sin que
existiera autonomía en el cumplimiento de sus funciones.
7. El 8 de noviembre de 2017, presentó una petición ante el municipio de Pereira
para que se declarara la existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales. En respuesta, el Oficio núm. 51712 del 1 de diciembre de 2017, expedido por
la directora administrativa de talento humano de esa entidad, negó lo solicitado.
2 Inicialmente ante el Juzgado 4 Administrativo del Circuito Pereira. Ver Samai, expediente digital, gestión en otros
despachos, 66001233300020180009100, índice 18, actuación «Expediente digital», documento «
1_001CUADERNO1(.PDF) NroActua 18 », imagen 123.
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Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
8. La demanda cita las siguientes normas vulneradas: artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28,
53, 90, 209, 229 y 300 de la Constitución Política; 23 del Código Sustantivo del Trabajo;
1, 5, 6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; Decreto 1848 de 1969; Decreto 1295 de 1994 y
Ley 21 de 1982.
9. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el municipio
de Pereira vulneró sus derechos al desconocer que las labores desempeñadas como
conserje y celador de la Secretaría de Educación correspondieron a una verdadera
relación laboral. Afirmó que la vinculación reunió los elementos previstos en el artículo
23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación. Añadió que la administración quebrantó los principios
de igualdad y primacía de la realidad sobre las formas, porque efectuó un trato distinto
al personal de planta que ejercía funciones similares y disfrutaba de las prestaciones
derivadas del vínculo laboral.
10. Alegó la falsa motivación del acto acusado, porque la entidad negó las
prestaciones con fundamento en que las órdenes de prestación de servicios no
generaban una relación laboral. En su criterio, la realidad de la ejecución contractual
demostraba que debía cumplir horarios, atender instrucciones, solicitar permisos para
ausentarse y desarrollar personalmente las funciones asignadas. Por ello, estimó que
tales circunstancias excedían la simple coordinación propia del contrato de prestación
de servicios y configuraban subordinación, sin que el reconocimiento del vínculo
implicara conferirle la condición de empleado público.
11. Finalmente, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado, señaló que la
desnaturalización del contrato daba lugar al reconocimiento, a título de
restablecimiento del derecho, del equivalente a las prestaciones sociales dejadas de
percibir. En ese sentido, solicitó las prestaciones ordinarias correspondientes, así
como el cómputo del tiempo laborado y el pago de las cotizaciones al sistema de
seguridad social, y a la caja de compensación familiar.
2.2. Contestación de la demanda
12. El municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda, al
considerar que el señor Tiberio Mosquera Cárdenas estuvo vinculado mediante
contratos de prestación de servicios y no a través de una relación laboral. En
consecuencia, sostuvo que no procedía el reconocimiento de prestaciones sociales,
aportes al sistema de seguridad social ni de las demás acreencias reclamadas, pues
la modalidad contractual prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 no genera esa
clase de derechos.
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Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
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13. Como fundamento jurídico, invocó el referido numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, conforme al cual los contratos de prestación de servicios pueden
celebrarse para desarrollar labores relacionadas con la administración o el
funcionamiento de la entidad, cuando estas no puedan ser ejecutadas por el personal
de planta o requieran conocimientos especializados, sin que de dicha vinculación se
derive una relación laboral ni el reconocimiento de prestaciones sociales.
14. Indicó que, para declarar la existencia de una relación laboral, debían
acreditarse la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial, la
subordinación o dependencia. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, sostuvo que la coordinación, supervisión y
vigilancia ejercidas por la entidad contratante, así como el cumplimiento de
instrucciones u horarios y la presentación de informes, no demostraban, por sí mismos,
la existencia de subordinación laboral.
15. Agregó que el demandante se limitó a aportar los contratos u órdenes de
prestación de servicios, sin allegar elementos de prueba idóneos que demostraran la
imposición de horarios, la sujeción a un jefe inmediato o la impartición permanente de
órdenes que revelaran dependencia. Precisó que las actividades debían coordinarse
con las jornadas de los establecimientos educativos en los que se ejecutó el servicio,
sin que esa circunstancia permitiera concluir que existió una relación laboral.
16. Finalmente, propuso las excepciones de «inexistencia del contrato de trabajo o
relación laboral» e «inexistencia de causa para demandar y cobro de lo no debido»,
con fundamento en que no se acreditaron los elementos propios de un vínculo laboral
ni una obligación pendiente a cargo del municipio3.
2.3. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 9 de diciembre
de 20204, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en
costas. En este sentido, declaró la nulidad del oficio demandado y dispuso que no
operaba el fenómeno jurídico de la prescripción. En consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho ordenó:
2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se condena al municipio de Pereira a pagar en favor del señor Tiberio Mosquera
Cárdenas las prestaciones laborales de orden legal, tomando como base los honorarios
contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios correspondientes a
los períodos comprendidos entre el 2 de marzo al 30 de julio, el 1 de agosto al 30 de
octubre, el 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2012, el 2 de enero al 30 de octubre,
3 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020180009100, índice 18, actuación
«Expediente digital», documento « 1_001CUADERNO1(.PDF) NroActua 18 », imagen 145.
4 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020180009100, índice 18, actuación
«Expediente digital», documento «2_002SENTENCIA(.PDF) NroActua 18».
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el 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2013, 2 de enero al 30 de julio, 1 de agosto al
30 de diciembre de 2014, 2 de enero al 30 de diciembre de 2015 y el 1 al 30 de enero
de 2016, en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, de acuerdo con
los parámetros consignados en las consideraciones de esta sentencia.
3. Se condena a la entidad demandada a pagar en favor del demandante los porcentajes
de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los fondos
respectivos, durante el período acreditado en que prestó sus servicios, conforme se
expuso en la parte motiva de esta providencia.
4. La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los
contratos de prestación celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional del demandante, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los
aportes realizados por aquel como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el
cual, se ordena cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión. Para tales efectos, la parte demandante deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la
carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.
5. Se condena a la entidad demandada al pago compensatorio en dinero, en favor del
demandante, de las dotaciones de vestido y calzado de labor causadas del 1 de agosto
al 30 de octubre de 2012, 1 dotación; 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2012, 1
dotación; 2 de enero al 30 de octubre de 2013, 2 dotaciones; del 1 de noviembre al 30
de diciembre de 2013, 1 dotación; del 2 de enero al 30 de julio de 2014, 1 dotación; del
1 de agosto al 30 de diciembre de 2014, 2 dotaciones; y del 2 de enero al 30 de diciembre
de 2015, 3 dotaciones, por las razones expresadas en la parte considerativa de esta
providencia.
6. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se debe
computar para efectos pensionales.
7. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor del demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará lo
señalado en la parte motiva de este fallo.
8. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos
en el artículo 192 del CPACA. Para lo anterior se enviará la copia respectiva del acta a
la Procuraduría Regional, para los efectos del artículo 75 numeral 12 del Decreto 262 de
2000.
9. Se niega las demás súplicas de la demanda, por lo razonado en la parte motiva de
este proveído.
10. Sin costas en esta instancia, por lo considerado.
[…]. (Sic para la cita)
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18. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que entre Tiberio
Mosquera Cárdenas y el municipio de Pereira existió una verdadera relación laboral,
porque la prestación de los servicios de vigilancia en instituciones educativas fue
personal, remunerada, permanente y subordinada.
19. Para llegar a esa conclusión, aplicó el principio constitucional de primacía de la
realidad sobre las formalidades y recordó que la denominación contractual no impedía
declarar la existencia de una relación laboral cuando se demostraran sus elementos
esenciales. Precisó que el contrato de prestación de servicios suponía autonomía e
independencia, mientras que la subordinación se configuraba cuando la entidad
determinaba las condiciones de tiempo, modo y lugar en que debía ejecutarse la labor.
20. El Tribunal tuvo por probado que el demandante prestó personalmente sus
servicios como vigilante o conserje en establecimientos educativos oficiales y recibió
una remuneración mensual. Asimismo, que los contratos aportados demostraron que
debía controlar el ingreso de personas, cumplir los turnos de portería asignados en
coordinación con los rectores, custodiar las instalaciones, cuidar los mecanismos de
seguridad y reportar las novedades al supervisor. Por ello, concluyó que estas
obligaciones, junto con la prolongación de la vinculación durante casi cuatro años,
fueron las pruebas determinantes para establecer la continuidad y permanencia del
servicio.
21. En cuanto a la subordinación, el Tribunal consideró que la labor de vigilancia y
conserjería en instituciones educativas no podía ejecutarse con autonomía, pues el
demandante carecía de libertad para escoger el lugar, el horario y la forma de prestar
el servicio. Así, la protección continua de las personas y los bienes de los planteles
exigía su presencia personal durante los turnos dispuestos por la entidad y el
cumplimiento de las instrucciones impartidas por los responsables de cada institución.
22. Además, consideró que se trataba de una actividad permanente, que desempeñó
por más de cuatro años bajo los parámetros fijados por el municipio, y no de una labor
científica o especializada que justificara su contratación temporal. Por ello, el Tribunal
consideró que no existió una simple coordinación contractual, sino una relación
subordinada, y que el municipio utilizó sucesivamente contratos de prestación de
servicios para encubrir el ejercicio permanente de funciones laborales que debían ser
atendidas mediante empleos incorporados en la planta de personal.
23. En materia de prescripción, se aplicó la regla según la cual las prestaciones
derivadas del contrato realidad debían reclamarse dentro de los tres años siguientes
a la terminación del vínculo, sin perjuicio de la imprescriptibilidad de los aportes
pensionales. Así, estableció que las interrupciones entre los contratos fueron de
máximo dos días, por lo que no rompieron la continuidad de la relación. Por ello, dado
que el último contrato terminó el 30 de enero de 2016 y la reclamación se presentó el
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8 de noviembre de 2017, concluyó que no operó el fenómeno prescriptivo.
24. Como restablecimiento del derecho, el a quo ordenó pagar las prestaciones
sociales ordinarias causadas durante los periodos efectivamente contratados,
liquidadas con base en los honorarios pactados; reconocer los porcentajes de
cotización a salud y pensión correspondientes al empleador; verificar y completar las
diferencias de los aportes pensionales; computar el tiempo servido para efectos
pensionales; compensar en dinero las dotaciones causadas, y actualizar las sumas
reconocidas. Sin embargo, negó lo relativo a la prima de servicios, porque no constituía
una prestación aplicable a los empleados territoriales; tampoco las horas extras, los
dominicales, festivos y recargos nocturnos, debido a que no se probaron con claridad
los turnos, las horas efectivamente trabajadas ni su autorización; y desestimó lo
pretendido por caja de compensación familiar, ante la falta de prueba sobre los aportes
y la condición de beneficiario.
25. Finalmente, el Tribunal ordenó que el tiempo laborado bajo contratos de
prestación de servicios debía computarse para efectos pensionales. No impuso
condena en costas, al considerar que no se causaron, en aplicación del numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso.
2.4. Recurso de apelación de la parte demandada
26. El municipio de Pereira solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
y en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la relación con
el señor Tiberio Mosquera Cárdenas se desarrolló mediante contratos de prestación
de servicios celebrados conforme a la Ley 80 de 1993 y que las pruebas no permitían
declarar la existencia de una relación laboral.
27. Sostuvo que la supervisión, la verificación del cumplimiento del objeto contractual
y la impartición de directrices no constituían subordinación laboral, sino facultades
propias de la entidad contratante. Explicó que todo contrato estatal requería
supervisión o interventoría y que el cumplimiento de horarios, órdenes o actividades
en un mismo lugar podía obedecer a la coordinación necesaria para ejecutar el objeto
convenido, sin que ello transformara el vínculo contractual en una relación de trabajo.
28. Indicó que los contratos fueron celebrados libre y voluntariamente, con
conocimiento de su objeto, duración y condiciones de ejecución, y que el demandante
siempre tuvo la posibilidad de decidir si los suscribía. Añadió que el municipio cumplió
todas las obligaciones asumidas y pagó íntegramente los honorarios pactados, por lo
que no adeudaba suma alguna. En consecuencia, afirmó que el actor ostentó la
condición de contratista y no acreditó haber sido empleado público o trabajador oficial.
29. Como fundamento jurídico, invocó el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y las sentencias T-523 de 1998, C-154 de 1997 y del 18 de
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Demandado: Municipio de Pereira
noviembre de 2003 del Consejo de Estado. A partir de esas disposiciones y
providencias, señaló que los contratos de prestación de servicios tenían por objeto
obligaciones temporales de hacer, se ejecutaban con autonomía y solo generaban el
pago de los honorarios convenidos. También sostuvo que el empleo público no podía
surgir de una relación contractual y que el principio de primacía de la realidad no
permitía desconocer los requisitos constitucionales y legales para acceder a la función
pública.
30. Asimismo, manifestó que los actos administrativos demandados no adolecían de
falsa motivación, pues la entidad aplicó el régimen jurídico de los contratos de
prestación de servicios y reconoció al actor las sumas que legalmente le
correspondían. Añadió que la vigilancia del cumplimiento contractual constituye una
facultad propia de la entidad contratante y no equivale a subordinación. Asimismo,
sostuvo que el cumplimiento de un horario durante la ejecución del contrato tampoco
permitía concluir, sin otros elementos de prueba, que existió un contrato de trabajo o
una relación laboral.
31. Finalmente, pidió declarar la prescripción trienal de las prestaciones que
eventualmente se reconocieran, para lo cual propuso examinar cada contrato según
sus fechas de inicio y terminación. En ese sentido, sostuvo que debían considerarse
prescritos los derechos anteriores al 8 de noviembre de 2014, si el término se contaba
desde la reclamación administrativa presentada el 8 de noviembre de 2017, o los
anteriores al 15 de marzo de 2015, si se tomaba como referencia la presentación de
la demanda5.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
32. A través de auto del 9 de agosto de 20246 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandada. Luego, mediante decisión del 25 de septiembre de
20257, se concedió el término para que las partes y el procurador delegado
presentaran sus escritos de alegatos de conclusión.
2.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
33. La parte demandante solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, porque
las pruebas demostraron que Tiberio Mosquera Cárdenas prestó sus servicios al
municipio de Pereira de manera personal, continua y subordinada entre 2012 y enero
de 2016, pese a su vinculación mediante contratos de prestación de servicios. Por ello,
sostuvo que debía confirmarse la decisión que anuló el Oficio 51712 de 2017 y el
reconocimiento de las prestaciones sociales, los aportes a seguridad social, las
5 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020180009100, índice 18, actuación
«Expediente digital», documento «4_004APELACIONFALLOPODER(.PDF) NroActua 18».
6 Samai, índice 23.
7 Samai, índice 31.
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dotaciones y la actualización de las sumas ordenadas por el Tribunal8.
34. Por su parte, el municipio de Pereira reiteró que entre las partes no existió una
relación laboral, sino una vinculación mediante contratos de prestación de servicios y
apoyo a la gestión, celebrados para atender necesidades del servicio ante la falta de
personal de planta. Sostuvo que las actividades del demandante se desarrollaron bajo
criterios de coordinación, supervisión y seguimiento propios de esa modalidad
contractual, sin que el eventual cumplimiento de horarios o la recepción de
instrucciones demostraran subordinación.
35. Añadió que no se acreditó la imposición de reglamentos, sanciones disciplinarias,
órdenes permanentes ni la modificación unilateral de las condiciones de tiempo, modo
y lugar de la labor, pues el actor únicamente aportó los contratos. Por ello, afirmó que
no se probaron los elementos de una relación laboral encubierta y solicitó negar las
pretensiones de la demanda.
36. El Ministerio Público no emitió concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
37. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problema jurídico
38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
corresponde a la Sala definir si:
¿La parte actora acreditó la existencia de una relación laboral con la entidad o, por
el contrario, los contratos de prestación de servicios estuvieron regidos por la
coordinación propia de esta modalidad contractual, conforme al artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 y tuvieron carácter temporal?
¿Operó el fenómeno jurídico de la prescripción del derecho respecto del
reconocimiento de las prestaciones sociales?
39. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: relación
laboral encubierta; coordinación, subordinación y carga de la prueba; hechos probados
8 Samai, índice 35.
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relevantes; y caso concreto.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
40.La jurisprudencia unificada de esta corporación9 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.
41. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
42. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
43. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».
44. Dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la existencia de una
relación laboral encubierta, los cuales al ser valorados en conjunto bajo los principios
de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación continuada y, en
consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal del contrato
de prestación de servicios.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
45. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de
personal.
46. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»10.
47. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas
de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»11.
48. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».12
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
10 Idem.
11 Idem.
12 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
11
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«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».13
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.14
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
49. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes de
la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse, de
manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades, pues su
ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal suerte,
cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.
50. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
13 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
12
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expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
51. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
52. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa.
iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar
si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».
53. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción entre
los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, a efectos explicativos,
la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de junio de 2025 15, frente a
un instructor del SENA, determinó que no existió solución de continuidad en una
interrupción de 34 días, con fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional de
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-01
(5263-2024), M.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
13
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los aprendices.
3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba
54. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»16.
55. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202117, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados18».
56. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario.
La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral
encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan
los empleados de planta.
57. La jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada
caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
16 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
14
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Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,19 la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o
no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante
es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó
a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las
que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la
facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus
servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación
58. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe demostrar
para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia ha expuesto
una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato de
prestación de servicios.
59. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que la pruebas se practiquen
o se aporten»20, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta
19 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
20 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
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norma se lee en consonancia con el artículo 164 idem que regula el principio de
necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».
60. Es importante señalar que cuando se trata de la declaratoria de la existencia de
una relación laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en
sede de unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente expuestos.
61. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»21, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del mismo
pueda el juez arribar al hecho desconocido»22.
62. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y
su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la
obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica
(art. 176 CGP).
63. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
64. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral, se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.3.4. La prueba del contrato de prestación de servicios
65. La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 10 de diciembre de 2015 23,
se pronunció sobre el valor probatorio de las certificaciones para acreditar la relación
21 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
22 Idem.
23Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-31-000-2011-01694-
01(2592-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16
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laboral, en el caso de quien pretendía la declaración de una relación laboral por haber
prestado sus servicios como informante de la fuerza pública.
66. Posteriormente, la Subsección A de la Sección Segunda, en sentencia del 6 de
mayo de 202124, concedió valor probatorio a los contratos de servicios aportados en
copia simple, así:
Por consiguiente, estima la Sala que, en el presente caso, los contratos de prestación
de servicios aportados en copia simple por la parte demandante tienen pleno valor
probatorio, en tanto que por ley gozan de dicha condición y, además, la parte contra
quien se hicieron valer no utilizó las herramientas procesales para refutar la validez de
estos.
67. Luego, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 11 de abril de 2024 25,
determinó que si la parte no aporta al proceso los contratos de prestación de servicios,
es improcedente descartar dichos tiempos de servicios si en el expediente constan las
certificaciones sobre los tiempos laborados, planillas, constancias de pago, entre otras
pruebas, dado que no existe una tarifa legal:
En pronunciamientos anteriores, esta Sala ha descartado la exigencia única de los
actos jurídicos que respaldan la prestación del servicio, pues ha encontrado que tal
consideración es producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a
partir de la cual se señala a cada medio el grado de convicción que representa y
descarta aquellos que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho. Que,
con todo, esas restricciones le restan autonomía al juez, quien en ejercicio de la sana
crítica puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con el cual se cuenta
y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción del que, a lo largo del proceso,
han hecho uso las partes.
Bajo tal perspectiva, y sin desconocer que en efecto el contrato estatal de prestación
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer las
necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general
de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato típico, a la luz de lo
dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su perfeccionamiento se exige la
solemnidad del escrito; ha señalado que esto no justifica que se imponga como
requisito para demostrar el elemento de la prestación del servicio que se aporte al
proceso judicial el aludido instrumento jurídico.
Lo anterior, pues, como se expuso, imponer una tarifa legal probatoria implicaría
abandonar la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle
vigencia a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través
de otros medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme
su propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la conducta
de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia y
materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá
exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-00202-
01(4577-13), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00993-01
(0332-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar acreditado en
un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral encubierta, no es la
existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su formación, sino i) la prestación
efectiva de un servicio a favor de una entidad de orden estatal; ii) que esta se haya
desarrollado en forma subordinada; y iii) que como contraprestación por los servicios
haya recibido una remuneración. Esto permite otorgarle vigencia al principio de la
primacía de la realidad sobre las formas a que alude el artículo 53 de la Constitución
Política y descarta la exigencia de un medio probatorio con un valor previamente
establecido. En otras palabras, la Sala ha recordado que no es el acto jurídico por
medio del cual se vincula a una persona a la función pública el que determina su
relación con el Estado, sino lo que en realidad evidencia dicha relación.
3.4. Hechos probados relevantes
68. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:
69. Certificación del 7 de enero de 202026, expedida por el municipio de Pereira, en la
cual hace constar que el señor Tiberio Mosquera Cárdenas suscribió y cumplió el
objeto de los contratos de prestación de servicios celebrados desde el 2 de marzo de
2012 y el 30 de «diciembre» de 2016», así:
Contrato Objeto Fecha inicial Fecha final Valor del contrato
912 «conserje» 02/03/2012 30/07/2012 $5.455.000
1117 «conserje» 01/08/2012 15/09/2012 $1.636.500
1758 «conserje» 16/09/2012 30/10/2012 $1.636.500
2391 «conserje» 01/11/2012 30/12/2012 $2.218.366
189 «conserje» 02/01/2013 15/08/2013 $8.509.800
11101557 «conserje» 16/08/2013 15/09/2013 $1.134.640
11102222 «conserje» 16/09/2013 15/10/2013 $1.134.640
11102539 «conserje» 16/10/2013 30/10/2013 $567.320
11102834 «conserje» 01/11/2013 30/12/2013 $2.269.280
11100174 «conserje» 02/01/2014 30/06/2014 $6.807.640
11100856 «conserje» 01/07/2014 30/07/2014 $1.134.640
11101527 «conserje» 01/08/2014 31/10/2014 $3.403.920
11102037 «conserje» 01/11/2014 30/12/2014 $2.269.280
11100196 «conserje» 02/01/2015 01/04/2015 $3.506.037
11100885 «conserje» 02/04/2015 15/06/2015 $2.882.742
26Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020180009100, índice 18, actuación
«Expediente digital», documento « 1_001CUADERNO1(.PDF) NroActua 18 », imagen 89.
18
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Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
Contrato Objeto Fecha inicial Fecha final Valor del contrato
11101477 «conserje» 16/06/2015 30/12/2015 $7.596.413
169 «conserje» 01/01/2016 «30/12/2016» $1.168.679
Tabla 1. Relación contratos de prestación de servicios celebrados por el demandante, certificados por la entidad.
70. Se advierte un error de digitación en la tabla incluida en la certificación anterior,
específicamente en el plazo del contrato núm. 169 del 1 de enero de 2016. Allí se
indicó que su ejecución se extendía por 12 meses, entre el «01/01/2016» y el
«30/12/2016», pese a que la fecha correcta de terminación era el 30 de enero de 2016.
En efecto, la cláusula quinta del contrato estableció «[e]l plazo del presente contrato
será por un mes (01), contados a partir de la suscripción del acta de inicio». Esta
conclusión también coincide con las pretensiones de la demanda, en las que se fijó
como extremo temporal final el 30 de enero de 2016, así como con lo resuelto en la
sentencia de primera instancia, aspecto que no fue objeto de apelación.
71. El señor Tiberio Mosquera Cárdenas solicitó el 8 de noviembre de 2017 al
municipio de Pereira, la declaración de la existencia de la relación laboral y el pago de
las prestaciones sociales27.
72. El municipio de Pereira, en el Oficio núm. 51712 del 1 de diciembre de 2017, negó
lo pedido por el actor, al indicar que el vínculo contractual se realizó mediante contrato
de prestación de servicios, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sin
que sea procedente el reconocimiento de las prestaciones sociales, dado que no se
trata de un contrato laboral28.
73. En la audiencia de pruebas rindió declaración la señora Luz Mary Álvarez.
74.Al expediente se allegaron los siguientes contratos de prestación de servicios
suscritos entre el municipio de Pereira, Secretaría de Educación y el señor Tiberio
Mosquera Cárdenas: 912 y su adición; 1117; 1758; 2391 y su adición; 189 y su adición;
11101557; 11102222; 11102539; 11102834; 11100174, y su adición; 11100856;
11101527; 11102037; 11100196; 11100885; 11101477; y núm. 16929.
75. Así, de acuerdo con los medios de prueba previamente reseñados, se efectuará la
siguiente relación de contratos de prestación de servicios, según las pruebas allegadas
al proceso, esto es, tanto los contratos celebrados por las partes como las
certificaciones emitidas por la entidad:
27 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020180009100, índice 18, actuación
«Expediente digital», documento « 1_001CUADERNO1(.PDF) NroActua 18 », imagen 7.
28 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020180009100, índice 18, actuación
«Expediente digital», documento « 1_001CUADERNO1(.PDF) NroActua 18 », imagen 27.
29 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 66001233300020180009100, índice 18, actuación
«Expediente digital», documento « 1_001CUADERNO1(.PDF) NroActua 18 », imagen 29 a 87.
19
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
Fecha Fecha Valor del
Contrato Objeto Plazo
inicial final contrato
«Prestación de servicios de apoyo operativo
en el Establecimiento Educativo MANOS
912 y su
UNIDAS del Municipio de Pereira, o donde la 5 meses 02/03/2012 30/07/2012 $5.455.000
adición
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera por necesidad del servicio»
Interrupción de 1 día hábil
«Prestación de servicios para realizar
actividades de apoyo operativo y asistencial
en uno de los Establecimientos Educativos 1 mes y
1117 01/08/2012 15/09/2012 $1.636.500
Oficiales del Municipio de Pereira o donde la 15 días
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera por necesidad del servicio»
«Prestación de servicios para realizar
actividades de apoyo operativo y asistencial
en uno de los Establecimientos Educativos 1 mes y
1758 16/09/2012 30/10/2012 $1.636.500
Oficiales del Municipio de Pereira o donde la 15 días
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera por necesidad del servicio»
Interrupción de 1 día hábil
«Prestación de servicios para realizar
actividades de apoyo operativo y asistencial
2391 y su en uno de los Establecimientos Educativos
2 meses 01/11/2012 30/12/2012 $2.218.366
adición Oficiales del Municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera por necesidad del servicio»
Interrupción de 1 día hábil
«Prestación de servicios para realizar
actividades de apoyo operativo y asistencial
189 y su en uno de los Establecimientos Educativos 7 meses
02/01/2013 15/08/2013 $8.509.800
adición Oficiales del Municipio de Pereira o donde la y 15 días
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera»
«Prestación de servicios para realizar
actividades de apoyo operativo y asistencial
en uno de los Establecimientos Educativos
11101557 1 mes 16/08/2013 15/09/2013 $1.134.640
Oficiales del Municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera»
«Prestación de servicios para realizar
actividades de apoyo operativo y asistencial
en uno de los Establecimientos Educativos
11102222 1 mes 16/09/2013 15/10/2013 $1.134.640
Oficiales del Municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera»
«Prestación de servicios para realizar
actividades de apoyo operativo y asistencial
en uno de los Establecimientos Educativos
11102539 15 días 16/10/2013 30/10/2013 $567.320
Oficiales del Municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera»
20
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
Fecha Fecha Valor del
Contrato Objeto Plazo
inicial final contrato
Interrupción de 1 día hábil
«Prestación de servicios para realizar
actividades de apoyo operativo y asistencial
en uno de los Establecimientos Educativos
11102834 2 meses 01/11/2013 30/12/2013 $2.269.280
Oficiales del Municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera»
Interrupción de 1 día hábil
«Prestación de servicios para realizar
actividades de apoyo operativo y asistencial
11100174
en uno de los Establecimientos Educativos
y su 6 meses 02/01/2014 30/06/2014 $6.807.640
Oficiales del Municipio de Pereira o donde la
adición
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera»
«Prestación de servicios para realizar
actividades de apoyo operativo y asistencial
en uno de los Establecimientos Educativos
11100856 1 mes 01/07/2014 30/07/2014 $1.134.640
Oficiales del Municipio de Pereira o donde la
Secretaría de Educación Municipal lo
requiera»
Interrupción de 1 día hábil
«Prestar servicios de apoyo a la gestión para
realizar actividades operativas en uno de los
11101527 Establecimientos Educativos Oficiales o 3 meses 01/08/2014 31/10/2014 $3.403.920
donde la Secretaría de Educación lo
requiera»
«Prestar servicios de apoyo a la gestión para
realizar actividades operativas en uno de los
11102037 Establecimientos Educativos Oficiales o 2 meses 01/11/2014 30/12/2014 $2.269.280
donde la Secretaría de Educación lo
requiera»
Interrupción de 1 día hábil
«Prestar servicios de apoyo a la gestión para
realizar actividades operativas en uno de los
11100196 Establecimientos Educativos Oficiales del 3 meses 02/01/2015 01/04/2015 $3.506.037
Municipio de Pereira o donde la Secretaría
de Educación lo requiera»
«Prestar servicios de apoyo a la gestión para
realizar actividades operativas en uno de los
2 meses
11100885 Establecimientos Educativos Oficiales del 02/04/2015 15/06/2015 $2.882.742
y 14 días
Municipio de Pereira o donde la Secretaría
de Educación lo requiera»
«Prestar servicios de apoyo a la gestión para
realizar actividades operativas en uno de los
6 meses
11101477 Establecimientos Educativos Oficiales del 16/06/2015 30/12/2015 $7.596.413
y 15 días
Municipio de Pereira o donde la Secretaría
de Educación lo requiera»
Interrupción de 1 día hábil
21
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
Fecha Fecha Valor del
Contrato Objeto Plazo
inicial final contrato
«Prestar servicios de apoyo a la gestión para
realizar actividades operativas en uno de los
169 Establecimientos Educativos Oficiales o 1 mes 01/01/2016 30/01/2016 $1.168.679
donde la Secretaría de Educación lo
requiera»
Tabla 2. Relación contratos de prestación de servicios celebrados por el demandante.
3.5. Caso concreto
76. En el asunto bajo análisis, el accionante celebró contratos de prestación de
servicios, desde el 2 de marzo de 2012 hasta el 30 de enero de 2016, como conserje
o vigilante de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, y solicita la nulidad
del oficio que negó la existencia de la relación laboral y el pago de los emolumentos
laborales.
77. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; así, declaró
la nulidad del acto demandado y ordenó el pago de las prestaciones sociales ordinarias
como las de un empleado público, por el periodo del 2 de marzo de 2012 hasta el 30
de enero de 2016, sin incluir los tiempos de interrupción de los contratos. Dispuso que
el pago de las prestaciones se debe calcular con el valor de los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios. Asimismo, ordenó el pago de aportes a
pensión por todo el tiempo laborado, liquidados también sobre el valor de los
honorarios. Sin embargo, negó lo relativo a la prima de servicios, el trabajo
suplementario, y los aportes a la caja de compensación familiar.
78. Inconforme con esta decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación e insistió que no se probó una relación laboral con el demandante, pues la
supervisión, el horario y el lugar de prestación del servicio correspondían a la
coordinación propia del contrato de prestación de servicios, y no a subordinación.
Asimismo, que se estudiará lo relativo a la prescripción.
79. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación se estudiarán los
elementos de la relación laboral y luego la prescripción.
• Elementos de la relación laboral
80. Como se señaló en el marco normativo y jurisprudencial, para que proceda la
declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta, la parte demandante
debe acreditar que se materializaron tres elementos, conforme el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la
subordinación continua y (iii) la remuneración como contraprestación del servicio.
81. Respecto a la prestación personal del servicio, se encuentra acreditada con
22
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
la certificación sobre los contratos de prestación de servicios descritos en el acápite
de hechos probados, celebrados desde el 2 de marzo de 2012 hasta el 30 de enero
de 2016 (salvo interrupciones). Además, los objetos contractuales consistieron en la
prestación de los servicios de conserjería en establecimiento educativo o apoyo
operativo y asistencial en la Secretaría de Educación del municipio de Pereira.
82. En lo que se refiere a la remuneración, igualmente en la certificación sobre
los contratos de prestación de servicios celebrados entre la parte actora y el municipio
de Pereira, las partes acordaron el pago de honorarios a favor del contratista.
83. En cuanto a la subordinación, la parte interesada debe demostrarla de manera
fehaciente. Esta se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de una
relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.
84. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.
85. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o indicios que permiten inferir la existencia de una relación
laboral subordinada encubierta.
86. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.
87. Ahora bien, la Subsección destaca que el demandante se desempeñó como
vigilante de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, donde prestaba el
servicio en los horarios establecidos unilateralmente por la entidad, a través de la
imposición de turnos tal como lo acreditan el testimonio, las cláusulas contractuales en
las que se describieron las funciones y las certificaciones en las que se indicó que el
accionante prestó sus servicios como «conserje». En efecto, en los contratos obra la
cláusula común de «alcance del objeto», en la que se indica como función principal «1.
23
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
Coordinar el acceso del personal autorizado que ingrese al Plantel Educativo. 2.
Informar al supervisor en forma oportuna sobre las inconsistencias y anomalías
relacionadas con los asuntos elementos o situaciones operativas que se presenten en
desarrollo de sus actividades»; o en su defecto, «1. Controlar el ingreso del personal
autorizado».
88. Ello evidencia que el accionante estaba sujeto al poder de dirección del rector de
la institución educativa adscrita a la Secretaría de Educación del municipio de Pereira
y que, además, se encontraba inserto en su estructura organizacional. Lo anterior
también se constata a partir del objeto contractual, que a efectos ilustrativos, en
algunos de estos se señaló: la «[p]restación de servicios para realizar actividades de
apoyo operativo y asistencial en uno de los Establecimientos Educativos Oficiales del
Municipio de Pereira o donde la Secretaría de Educación Municipal lo requiera por
necesidad del servicio» o como se indicó en la certificación expedida por ente
municipal «conserje».
89. Adicionalmente, la señora Luz Mary Álvarez 30 relató las condiciones en que la
parte actora prestó sus servicios como conserje y vigilante en el municipio de Pereira.
Al respecto, señaló que su labor consistía en velar por la seguridad de los planteles
con instrucciones impartidas por el rector. También indicó que cumplía turnos rotativos
y que el accionante debía solicitar permiso al rector o supervisor para ausentarse, y
que asumía el pago de la seguridad social. Para mejor ilustración se trae a colación lo
narrado por la testigo.
90. La señora Luz Mary Álvarez31 afirmó que conoció al señor Tiberio Mosquera
Cárdenas por haber sido compañeros de trabajo en una institución educativa. La
declarante indicó que prestó sus servicios al municipio de Pereira desde el 2013 al
2016, donde desempeñaba funciones de aseo general.
91. En relación con las funciones desempeñadas por el señor Tiberio Mosquera
Cárdenas, manifestó que trabajaba en la «portería» de la Institución Educativa «Manos
Unidas» y que su jefa inmediata era María Cristina Murillo, rectora del plantel.
Asimismo, aclaró que ambos prestaron sus servicios en ese centro educativo.
92. Afirmó que la rectora era la jefa inmediata, pues impartía las órdenes a todo el
personal. En relación con el señor Tiberio Mosquera Cárdenas, señaló que aquella le
indicaba que debía prestar el servicio de vigilancia y que no podía retirarse del lugar
de trabajo sin autorización. Agregó que, cuando necesitaba ausentarse, las demás
30 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020180009100» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2019/04/09».
31 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020180009100» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2019/04/09», minuto 00:04:46.
24
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
personas cubrían su turno. Precisó que el señor Mosquera Cárdenas cumplía un
horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. y desempeñó esas funciones durante
aproximadamente cinco años. Finalmente, expuso que le constaban tales
circunstancias porque trabajó con él entre 2013 y 2016.
93. Destacó que el señor Tiberio Mosquera Cárdenas no contaba con elementos de
dotación y asumía el pago de sus aportes al sistema de seguridad social. Añadió que
la rectora los convocaba a reuniones en las que les impartía instrucciones sobre la
forma de desempeñar sus funciones. Asimismo, señaló que nunca fue objeto de
llamados de atención, pues era un buen trabajador, y que no disfrutaba de vacaciones.
94. Precisó que el señor Tiberio Mosquera Cárdenas también prestaba sus servicios
los sábados y domingos, en turnos diurnos y nocturnos. Igualmente, que el turno
nocturno comenzaba a las 7:00 p. m. y finalizaba a las 6:00 a. m. del día siguiente.
Aclaró que no recibía el pago de recargos por esa labor.
95. Explicó que la rectora les indicaba que debían desempeñar adecuadamente sus
labores. Agregó que aquella era quien autorizaba los permisos y que al señor Tiberio
Mosquera Cárdenas no le reconocían prestaciones sociales.
96. En relación con la dirección y el control efectivo de las actividades, particularmente
en lo atinente al modo de prestación del servicio, los horarios y la inserción en la
estructura organizacional de la entidad, la Sala destaca que el conserje recibía órdenes
e instrucciones, solicitaba permisos y el rector le asignaba turnos para el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, al interior de las instituciones educativas, tal como
lo indicó la testigo.
97. Por otra parte, la inserción del demandante en la estructura organizacional de
los planteles educativos del municipio de Pereira, en su condición de conserje, también
permite advertir la existencia de subordinación o dependencia. En efecto, aquel
cumplía horarios rotativos de seis de la mañana a siete de la tarde, y viceversa; debía
velar por la seguridad del plantel, controlar el ingreso y la salida de las personas, todo
ello bajo la supervisión constante del rector. Dicha función permanente está
relacionada directamente con el servicio educativo propio de las instituciones.
98. Así, dada la función de conserjería en el caso bajo estudio, la cual implicaba la
vigilancia permanente del inmueble y del mobiliario ubicado en su interior —dentro de
un horario previamente establecido por el rector—, así como el control de la entrada y
salida del personal docente, administrativo y, especialmente, del estudiantado, se
evidencia que al demandante no le estaba dado determinar el lugar ni el horario en
que debía ejecutar sus obligaciones contractuales. Sobre este particular, esta
Subsección, en un caso con supuestos fácticos similares, destacó:
En efecto, Carlos Alberto Díaz Guzmán prestó sus servicios como vigilante en los
colegios Manos Unidas, Jesús de la Buena Esperanza, Centenario y Gimnasio
25
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
Risaralda del municipio de Pereira y cumplió, entre otras funciones, las de: «(o)rientar
y atender el cliente interno y externo», «(c)ontrolar el ingreso del personal autorizado»
y «(r)ealizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo
las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo».
Lo anterior denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de vigilante y/o
conserje al servicio de colegios del municipio de Pereira, al tiempo que corrobora que
no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual
para desempeñar esa labor, la cual no puede considerarse prestada de forma
autónoma pues el celador no puede decidir en qué lugares presta el servicio ni en qué
horario. Es más ni siquiera puede ausentarse del trabajo sin causa previa y
debidamente justificada pues pondría en riesgo los bienes confiados a su cuidado32.
99. Es decir, el servicio personal contratado correspondiente a las funciones de
vigilante, suponía la inserción del demandante en la estructura organizacional de los
planteles y a las necesidades permanentes de las instituciones educativas del ente
municipal, según lo afirmado por la testigo. Pese a ello se estaban satisfaciendo a
través de contratos de prestación de servicios, lo que desconoce el numeral 3 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, puesto que el instrumento contractual debe suplir una
necesidad temporal, tal como lo estableció el fallo de unificación del 9 de septiembre
de 202133.
100. Entonces, es forzoso concluir que no se trató del desarrollo de actividades bajo
la coordinación de la entidad, comoquiera que las funciones del accionante se
ejecutaron según las órdenes del rector de la institución educativa, se reitera, con la
imposición de un horario, el cumplimiento de turnos y la sujeción a las instrucciones
para velar por la integridad del plantel, y verificación de ingreso y salida de personas
en horarios rotativos. En consecuencia, contrario a lo dicho por la entidad recurrente,
la parte actora no era autónoma en la prestación del servicio, sino que el contrato
ocultó una relación laboral, de modo que debe aplicarse el principio constitucional de
primacía de la realidad sobre las formalidades, previsto en el artículo 53 de la Carta
Política. Además, el demandante estuvo vinculado aproximadamente por 4 años
mediante contrato, de modo que la prestación del servicio no fue temporal.
101. Debe decirse que la temporalidad y excepcionalidad son la esencia de los
contratos de prestación de servicios. Con ellos no pueden suplirse, de manera
definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades. Así pues, el
contrato de prestación de servicios debe celebrarse solo por el término estrictamente
indispensable para cumplir su objeto, lo que excluye su uso prolongado, encadenado
o sucesivo para cubrir funciones permanentes dentro de la entidad34. En caso
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En este mismo sentido, ver sentencia del 12 de
diciembre de 2023, rad. 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
26
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
contrario, se trata de una relación laboral subordinada.
102. En síntesis, se desprende que del 2 de marzo de 2012 hasta el 30 de enero de
2016 (salvo las interrupciones), la parte interesada demostró la existencia de la
relación laboral con las pruebas documentales y testimonial.
• De la prescripción
103. En atención a que la Sala estableció la configuración de los tres elementos de
la relación laboral, procede el estudio de la prescripción, como resultado del
reconocimiento de la relación laboral encubierta. Sobre el particular, el fallo de
unificación del 9 de septiembre de 202135 dispuso el término de 30 días hábiles «como
indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios» y solo para la prescripción de los derechos laborales.
104. A su vez, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201636 estableció que
el interesado en el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales debe reclamar en los tres años siguientes a la terminación del vínculo
contractual.
105. En el caso objeto de estudio, el accionante presentó la reclamación el 8 de
noviembre de 2017. Luego, considerando que el último vínculo contractual finalizó el
30 de enero de 2016, el término de tres años para presentar la reclamación vencía el
30 de enero de 2019.
106. Dado que la parte actora interpuso la petición el 8 de noviembre de 2017, la
Sala concluye que sí interrumpió la prescripción respecto de las pretensiones
relacionadas con prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta del
2 de marzo de 2012 hasta el 30 de enero de 2016 —salvo interrupciones—. En efecto,
aunque durante ese lapso se presentaron algunas interrupciones, estas fueron de un
día hábil, esto es, ninguna superó los 30 días hábiles, como se observa en la tabla 2
de esta providencia. Por consiguiente, la reclamación se formuló dentro de los tres
años siguientes a la terminación del último vínculo contractual, sin que durante su
ejecución se hubiera presentado una interrupción superior al referido término de 30
días.
107. Por tanto, procede el pago de las prestaciones sociales causadas entre el 2 de
marzo de 2012 hasta el 30 de enero de 2016 (salvo interrupciones), como lo dispuso
el Tribunal en la sentencia de primera instancia. Igualmente, se hace la salvedad que
los aportes a pensión son imprescriptibles.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, proceso con radicado 23001-23-000-
2013-00260-01 (0088-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
27
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
• Restablecimiento del derecho
108. Consecuentemente, el criterio de la Subsección consiste en que la parte actora
tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de
prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle,
como vacaciones, primas, y cesantías, entre otras. Para ello, se debe tomar como base
el salario de un empleado que desarrollaba las funciones de conserje o vigilante de
planta37, para el período de vinculación. En caso contrario, cuando no exista el cargo
en la planta, la base para calcular las prestaciones deben ser el valor de los honorarios.
No obstante, dada la condición de apelante única de la entidad, no hay lugar a
modificar el fallo apelado en este aspecto.
109. Por otro lado, la Sala advierte que en la sentencia de primera instancia se
condenó a la entidad demandada a pagar «en favor del demandante los porcentajes de
cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los fondos respectivos,
durante el período acreditado en que prestó sus servicios».
110. Conforme a lo expuesto, se estima que tal orden no está llamada a prosperar,
en los términos indicados en la sentencia de primera instancia. Lo anterior, ya que,
como lo ha precisado esta Subsección, «a pesar de que se haya declarado a su favor
la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, en función de su
naturaleza parafiscal, estos recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin
específico y por tanto no constituyen un crédito a favor del interesado» 38. Por ello, no
es posible reconocerle titularidad alguna sobre esos recursos39. En estos términos, se
modificará el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, en el sentido que
estos aportes deberán ser efectuados al respectivo fondo la suma faltante por
concepto de los aportes a pensión y salud, pero solo en el porcentaje que le
correspondía en su calidad de empleador.
4. Conclusión
111. El señor Tiberio Mosquera Cárdenas acreditó la existencia de una relación
laboral del 2 de marzo de 2012 hasta el 30 de enero de 2016, salvo sus interrupciones,
en la prestación del servicio como conserje y vigilante de instituciones educativas del
municipio de Pereira. En efecto, demostró la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación continua. Por consiguiente, procede el pago de las
prestaciones sociales causadas.
37 Al respecto consultar la sentencia del 18 de septiembre de 2025, de la Sección Segunda, Subsección B, proceso
con radicado 25000-23-42-000-2021-00754-01 (3165-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2016, rad. 76001-23-
33-000-2012-00288-01 (3681-2013), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
5. Costas
112. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 40 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.
6. Otras decisiones
113. Se reconocerá personería al abogado Eric Palacio Suárez como apoderado de
la parte demandada, municipio de Pereira, en los términos del poder conferido 41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, el 9 de diciembre de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
Segundo: Modificar el ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo impugnado, en los
siguientes términos:
3. Se ordena a la entidad demandada cotizar al respectivo fondo la suma faltante por
40 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
41 Samai, índice 36, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «30_MemorialWeb_Poder-
PoderyAnexosRad2(.pdf) NroActua 36»
29
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00091-01 (1457-2022)
Demandante: Tiberio Mosquera Cárdenas
Demandado: Municipio de Pereira
concepto de aportes a pensión y salud, durante el período acreditado en que prestó sus
servicios, en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador, conforme se
expuso en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto: Reconocer personería al abogado Eric Palacio Suárez como apoderado del
municipio de Pereira, en los términos del poder conferido.
Quinto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
30
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