República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00829-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00829-01 (1893-2021)1
Demandante: Jair Andrés Murillo Ceballos
Demandado: Municipio de Pereira
Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: vigilante – conserje. Subtema 2:
elementos de la relación laboral. Subtema 3: condena en costas.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, el 14 de febrero de 2020, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante, quien prestó sus servicios como vigilante, mediante contratos, en
establecimientos educativos y como auxiliar operativo del municipio de Pereira, solicita
la nulidad del oficio que negó la existencia de la relación laboral. El Tribunal accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en tanto, declaró la prescripción
parcial y ordenó el pago de las prestaciones sociales ordinarias. La entidad interpuso
recurso de apelación para insistir en que no se probó una relación laboral con el
demandante, pues la supervisión, el horario y el lugar de prestación del servicio
correspondían a la coordinación propia del contrato de prestación de servicios, y no a
subordinación; asimismo, consideró errada la forma en que se aplicó la prescripción.
Por otro lado, el demandante apeló, de manera parcial, dado que la decisión omitió
condenar a la entidad por la devolución de los aportes al sistema de seguridad social
integral, el pago de las cotizaciones a la caja de compensación familiar, la
indemnización moratoria y las costas.
En la presente decisión se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia,
1 Expediente electrónico.
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00829-01 (1893-2021)
Demandante: Jair Andrés Murillo Ceballos
Demandado: Municipio de Pereira
en cuanto se acreditaron los elementos para declarar la existencia de una relación
laboral en algunos de los periodos reclamados y, como consecuencia de ello, ordenar
el reconocimiento de las prestaciones sociales, en los términos precisados en esta
providencia.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Jair Andrés Murillo Ceballos, mediante apoderado judicial, presentó demanda
el 14 de octubre de 20162, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra el municipio de Pereira con las siguientes
pretensiones:
2. Declarar la nulidad del Oficio núm. 14493 del 25 de abril de 2016, proferido por
municipio de Pereira, Secretaría de Educación, que negó el reconocimiento de la
relación laboral.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se declare la existencia de
una relación laboral durante el periodo en que prestó sus servicios a favor de la
entidad, entre 2008 a «2016», en el empleo de vigilante. También pidió el pago de las
sumas derivadas de la relación laboral alegada, en especial, por concepto de horas
extras nocturnas y diurnas que excedan la jornada máxima legal, cesantías, intereses
a las cesantías, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones
y demás salarios y prestaciones reconocidas a los empleados de planta del municipio.
4. De igual manera, solicitó «compensar» los aportes al sistema de seguridad
social que, en calidad de empleador, correspondía asumir a la entidad —salud,
pensión, riesgos laborales y cajas de compensación—, así como los valores pagados
por vestido y calzado laboral. Adicionalmente, requirió que las sumas adeudadas sean
indexadas.
2.1.1. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. Jair Andrés Murillo Ceballos celebró contratos de prestación de servicios
consecutivos, para ejercer como conserje, desde el 8 de diciembre de 2008 hasta el
30 de diciembre de «2016», con la Secretaría de Educación del municipio de Pereira,
con horario de trabajo de lunes a domingo, en jornadas diurnas o nocturnas. El
accionante relató que cumplía órdenes de sus jefes inmediatos —directores y/o
rectores—, prestó el servicio de manera personal y subordinada, sin que existiera
2 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento «
6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 101.
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Demandante: Jair Andrés Murillo Ceballos
Demandado: Municipio de Pereira
autonomía en el cumplimiento de sus funciones.
7. El 5 de abril de 2016, presentó una petición ante el municipio de Pereira para
que se declarara la existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales. En respuesta, el Oficio núm. 14493 del 25 de abril de 2016, expedido por la
Secretaría de Educación de esa entidad, negó lo solicitado.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
8. La demanda invocó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 4, 25, 48, 53 y
209 de la Constitución Política; 8, 9, 10, 11 y 41 del Decreto 3135 de 1968; 43 a 49 y
51 del Decreto 1848 de 1969; 58 y 59 del Decreto 1042 de 1978; 8 a 26 y 28 a 33 del
Decreto 1045 de 1978; el Decreto 451 de 1984; 17 de la Ley 6 de 1945; el artículo 1
de la Ley 65 de 1946; el Decreto 1160 de 1947; el Decreto 3118 de 1968; la Ley 432
de 1998; los decretos 1582 y 1453 de 1998; el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 —
modificado por la Ley 797 de 2003—; el artículo 12 de la Ley 780 de 2002; los artículos
67 a 70 del Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos 2, 3 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo.
9. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el acto
administrativo acusado es nulo porque desconoció normas superiores en las que debía
fundarse. Invocó la Constitución Política para afirmar que el Estado Social de Derecho
impone a las autoridades el deber de garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales, la dignidad humana, la justicia social, la protección especial del trabajo
y los principios de eficacia, moralidad, imparcialidad y transparencia en la función
administrativa.
10. Afirmó que la entidad desconoció esos mandatos al ampararse en una forma
aparentemente jurídica, consistente en la intermediación mediante cooperativas de
trabajo asociado y contratos de prestación de servicios, para ocultar una verdadera
relación laboral. Precisó que en el caso se configuraron los elementos propios del
contrato realidad, relativo a la prestación personal del servicio, subordinación o
dependencia y remuneración. Además, indicó que las labores desarrolladas
correspondían al giro ordinario de la entidad, se prestaron de manera permanente y
en horarios extendidos, por lo que no podían tratarse como actividades ajenas o
meramente ocasionales.
11. Finalmente, sostuvo que al desconocerse la relación laboral real, también se
vulneraron las normas que regulan las prestaciones y derechos reclamados. En esa
línea, la parte actora señaló que debían reconocerse primas, bonificaciones, cesantías
e intereses, aportes al sistema de seguridad social integral y las indemnizaciones o
sanciones derivadas del no pago oportuno de salarios y cesantías. Lo anterior, se
reitera, bajo el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades y la
prohibición de menoscabar la libertad, dignidad y derechos mínimos de los
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Demandado: Municipio de Pereira
trabajadores.
2.2. Contestación de la demanda
12. El municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda por
considerar que carecen de fundamento legal y de prueba que demuestre la existencia
de una relación laboral con el demandante. Aunque indicó que el demandante prestó
servicios mediante contratos de prestación de servicios, sostuvo que esa vinculación
se rigió por la Ley 80 de 1993, que la remuneración correspondía a honorarios y no a
salario, y que, por tanto, no se generaban prestaciones sociales.
13. Se opuso a la afirmación de la demanda según la cual el actor habría prestado
sus servicios bajo dependencia o subordinación de los directores, rectores o
instituciones educativas oficiales. Explicó que las directrices provenían de la Secretaría
de Educación y que los rectores solo cumplían funciones de supervisión o coordinación
de las actividades contratadas. También afirmó que no existía prueba de un horario
impuesto, sino una coordinación necesaria para atender las necesidades de los
centros educativos.
14. Así, insistió en que no puede confundirse el contrato de prestación de servicios
con una relación laboral ni con el estatus de empleado público. Destacó que el principio
de primacía de la realidad no permite desconocer los requisitos legales para acceder
a la función pública, y que la existencia de horarios, instrucciones o interventoría no
acredita por sí misma subordinación, sino la coordinación propia de la ejecución
contractual.
15. Propuso la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario3,
porque el propio demandante manifestó que durante algunos períodos prestó sus
servicios por medio de la fundación Nuevos Caminos. Por esa razón, sostuvo que
dicha persona jurídica debía ser vinculada al proceso, en tanto pudo fungir como
empleadora o intermediaria y, eventualmente, responder solidariamente por las
acreencias laborales que llegaren a reconocerse.
16. Finalmente, formuló como excepciones de fondo, «solidaridad de la fundación
Nuevos Caminos», e «inexistencia de la obligación». Indicó que nunca existió contrato
de trabajo, pues no se acreditaron sus tres elementos esenciales: prestación personal,
subordinación continuada y salario. De manera subsidiaria, solicitó aplicar la
prescripción trienal prevista en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y 488
del Código Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta la reclamación administrativa
del «16 de febrero de 2016 (sic)», y las interrupciones entre los distintos contratos de
3 Fue objeto de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia, en su apartado «3.Expceciones», en el que
se indicó que «[…]ningún análisis hará la Sala toda vez que no constituyen excepciones propiamente dichas, por
cuanto no se dirigen a atacar la pretensión mediante la formulación de hechos nuevos que por sí solos tengan la
virtud de destruir, aplazar o modificar los efectos de aquella, sino que se limitan a contradecir o negar los hechos
de la demanda o los elementos constitutivos del derecho invocado[…]».Ver Samai, expediente digital, índice 2,
actuación «Expediente digital», documento « 6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 355.
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prestación de servicios4.
2.3. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 14 de febrero de
20205, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en
costas. En este sentido, declaró la nulidad del oficio demandado y la prescripción del
derecho al pago de las acreencias causadas, así:
1. SE DECLARA PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
extintiva del derecho, respecto de los períodos comprendidos entre el 12 de agosto al 31
de diciembre de 2008, del 29 de junio al 28 de octubre de 2011, del 18 de noviembre al
30 de diciembre de 2011, del 20 de febrero al 19 de marzo de 2012, conforme a lo
razonado en la parte motiva de este proveído.
2. SE DECLARA LA NULIDAD del Oficio 14493 de fecha 25 de abril de 2014, mediante
el cual fue negado el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
correspondientes solicitadas por la parte demandante, proferido por el municipio de
Pereira, conforme las razones expresadas en la parte considerativa de la presente
providencia.
3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA al municipio de Pereira a pagar en favor del demandante Jair
Andrés Murillo Ceballos las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene
derecho, incluyendo vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y primas legales a
que haya lugar, tomando como base los honorarios contractuales derivados de los
contratos de prestación de servicios correspondientes a los períodos en los cuales se
demostró la existencia de la relación laboral, es decir, del 01 de septiembre al 30 de
diciembre de 2013, del 14 de julio al 14 de agosto de 2014, del 15 de agosto al 06 de
noviembre de 2014, del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, del 02 de enero al
02 de abril de 2015, del 12 de junio al 30 de diciembre de 2015, de acuerdo con las
consideraciones de este fallo.
4. El municipio de Pereira deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos los
contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional del actor,
mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes realizados por aquel
como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el cual, SE ORDENA cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero
solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos,
la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los
vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el
porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia.
4 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento «
6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 143.
5 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento «
6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 347.
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5. El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se debe
computar para efectos pensionales.
6. SE CONDENA a la entidad demandada al pago compensatorio en dinero, en favor del
demandante, de las dotaciones de vestido y calzado de labor causadas del 14 de julio al
14 de agosto de 2014, del 15 de agosto al 06 de noviembre de 2014, del 07 de noviembre
al 31 de diciembre de 2014, del 02 de enero al 02 de abril de 2015, del 12 de junio al 30
de diciembre de 2015, por las razones expresadas en la parte considerativa de esta
providencia.
7. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor del demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará lo
señalado en la parte motiva de este fallo.
8. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos
en el artículo 192 del CPACA. Para lo anterior se enviará la copia respectiva del acta a
la Procuraduría Regional, para los efectos del artículo 75 numeral 12 del Decreto 262 de
2000.
9. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, por lo considerado.
[…]. (Sic para la cita)
18. Como fundamento de la decisión, el Tribunal expuso que el demandante tiene
derecho al reconocimiento de la relación laboral y al pago de las prestaciones sociales,
puesto que demostró la prestación personal del servicio en labores de vigilancia y
conserjería, con unas funciones que no tuvieron carácter transitorio, sino que fueron
prolongadas en el tiempo y con el cumplimiento de horario de trabajo.
19. Así, según las pruebas practicadas, encontró acreditado que el actor prestó sus
servicios como vigilante o celador en distintos periodos entre 2008 y 2015, y que recibió
pagos u honorarios por esa labor. Además, concluyó que la naturaleza misma de la
función de vigilancia evidenciaba subordinación, pues el actor no podía decidir
autónomamente el lugar, horario o forma de prestación del servicio, debía permanecer
en las instalaciones asignadas y cumplía turnos diurnos y nocturnos establecidos por
la entidad.
20. En consecuencia, declaró configurada una relación laboral durante los periodos
acreditados. Sin embargo, al estudiar la prescripción, el Tribunal precisó que la
reclamación de los derechos derivados del contrato realidad debe formularse dentro
de los tres años siguientes a la terminación del vínculo contractual, aunque los aportes
pensionales tienen un tratamiento especial por su carácter periódico e imprescriptible.
Al analizar los periodos de vinculación, declaró probada parcialmente la excepción de
prescripción respecto de los lapsos comprendidos entre el 12 de agosto y el 31 de
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diciembre de 2008; el 29 de junio y el 28 de octubre de 2011; el 18 de noviembre y el
30 de diciembre de 2011; y el 20 de febrero y el 19 de marzo de 2012. En cambio, no
declaró prescritos los periodos posteriores, al estimar que las interrupciones existentes
no desvirtuaban la continuidad necesaria para reconocer la relación laboral.
21. Como restablecimiento del derecho, el Tribunal condenó al municipio de Pereira
a pagar al demandante las prestaciones laborales ordinarias a que tuviera derecho,
incluidas vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y primas legales, con base
en los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios
correspondientes a los periodos no prescritos. Asimismo, ordenó tener en cuenta dicho
tiempo para efectos pensionales y calcular las diferencias en los aportes al sistema de
seguridad social, con cargo al municipio en la proporción correspondiente al
empleador.
22. Además, reconoció en favor del actor la compensación en dinero por las
dotaciones de vestido y calzado de labor causadas en los periodos señalados para
2014 y 2015; sin embargo, negó las demás pretensiones, en particular, el
reconocimiento de horas extras, dominicales, festivos y recargos, por falta de prueba
clara y precisa sobre el trabajo suplementario reclamado, así como lo relativo a las
cotizaciones a la caja de compensación familiar y a la sanción moratoria. El Tribunal
no impuso condena en costas, al considerar que no se causaron, en aplicación del
numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Demandante
23. La parte demandante interpuso recurso de apelación parcial contra la sentencia
de primera instancia. La inconformidad se dirigió contra los apartes en los que no se
accedió a la devolución de aportes al sistema de seguridad social integral, al pago de
las cotizaciones que la entidad habría debido efectuar a la caja de compensación
familiar, a la indemnización moratoria y a la condena en costas.
24. Respecto de los aportes al sistema de seguridad social, el apelante sostuvo que
no bastaba con ordenar al municipio pagar al fondo de pensiones la diferencia entre lo
aportado por el actor y lo que debió cotizarse. A su juicio, como el demandante asumió
la totalidad de los aportes mientras estuvo vinculado mediante contratos de prestación
de servicios, debía ordenarse al municipio devolverle directamente la cuota que le
correspondía como empleador, por el periodo no prescrito, o subsidiariamente
disponer el pago del cálculo actuarial conforme al régimen pensional.
25. En cuanto a los aportes a la caja de compensación familiar, afirmó que la entidad
demandada debió ser condenada al pago de las cotizaciones que habría realizado de
existir una verdadera relación laboral. Sin embargo, precisó que, tratándose de aportes
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Demandado: Municipio de Pereira
retroactivos a salud, riesgos laborales y cajas de compensación, su traslado directo a
esas entidades no generaría un beneficio real para el trabajador, porque los servicios
respectivos solo se prestan durante la vigencia de la relación laboral. Por ello, sostuvo
que esos valores debían reconocerse a título indemnizatorio en favor del actor y no
convertirse en un pago inocuo a terceros.
26. En relación con la indemnización moratoria, la apelación reprochó que la
sentencia hubiera negado dicha condena, pese a que declaró la existencia de una
relación laboral encubierta y, por ende, la obligación del municipio de asumir las
consecuencias económicas derivadas del vínculo real.
27. Finalmente, el recurrente también manifestó su inconformidad con la decisión de
negar la condena en costas al municipio de Pereira. En ese sentido, el recurso
pretendió que, además de reconocerse las sumas reclamadas por aportes y demás
conceptos derivados de la relación laboral declarada, se impusiera a la entidad
demandada la carga económica propia del proceso6.
2.4.2. Demandada
28. El municipio de Pereira pidió que se revoque el fallo de primera instancia y que,
en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, con sustento en los siguientes
razonamientos:
29. A juicio del municipio, el Tribunal valoró indebidamente los contratos de
prestación de servicios y concluyó, sin sustento probatorio suficiente, que aquellos
configuraban un vínculo laboral. La entidad sostuvo que la relación con el demandante
se desarrolló mediante contratos de prestación de servicios celebrados conforme al
numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en condiciones dignas y justas, con
pago de honorarios. En esa línea, afirmó que no puede equipararse esa modalidad
contractual al estatus de empleado público, pues este exige el cumplimiento de
requisitos legales y constitucionales específicos que no surgen de una simple relación
contractual.
30. Precisó que no se acreditó el elemento de la subordinación, pues el actor solo
allegó contratos u órdenes de prestación de servicios y no probó de manera idónea la
imposición de horarios, órdenes permanentes o dependencia funcional frente al
municipio. Además, cuestionó el testimonio recibido, al considerar que se trataba de
un testigo de oídas, pues habría conocido las condiciones de prestación del servicio
por lo que el propio demandante le relataba.
31. Como sustentación de la apelación, igualmente diferenció la subordinación de la
simple coordinación contractual. Alegó que por tratarse de servicios prestados en
6 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«5_ED_002EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 3.
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instituciones educativas, era razonable que las actividades se desarrollaran dentro de
las jornadas académicas y conforme a las necesidades del servicio, sin que ello
demostrara una relación laboral. Para sustentar esa tesis, citó jurisprudencia del
Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Risaralda, según la cual el
cumplimiento de horario, la recepción de instrucciones o la coordinación de actividades
no implican, por sí solos, subordinación.
32. Finalmente, la entidad reprochó que el juez de primera instancia hubiera
considerado insuficiente la prueba testimonial para ciertos periodos, pero no para
descartar la existencia de la relación laboral en su totalidad. También adujo que no se
aplicó adecuadamente la jurisprudencia de unificación sobre prescripción en casos de
contrato realidad (relación laboral encubierta), pues, cuando existen interrupciones
entre contratos, debe analizarse la prescripción respecto de cada periodo. Con
fundamento en ello, solicitó revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones de
la demanda7.
2.5. Adición de la sentencia
33. El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de la decisión del 19 de marzo
de 20208, resolvió la solicitud presentada, y adicionó la sentencia del 14 de febrero de
2020 en los siguientes términos:
1. Denegar la solicitud de aclaración de la sentencia proferida por esta Corporación el 14
de febrero de 2020 dentro del asunto de la referencia, por las razones expresadas en la
parte motiva del presente proveído.
2. Adicionar al numeral 4 de la sentencia de fecha 14 de febrero de 2020, proferida por
esta Corporación, por las razones expresadas en la parte motiva de este proveído, el
siguiente numeral:
«4.1 SE CONDENA a la entidad demandada pagar en favor del demandante los
porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió
trasladar a los Fondos respectivos, durante el período acreditado en que prestó
sus servicios y de los cuales subyacen los contratos realidad, no afectados por
el fenómeno de la prescripción, en caso que no los hubiese hecho, conforme se
expuso en la parte motiva de esta providencia».
34. La adición se efectuó a solicitud de la parte actora, quien sostuvo que, aunque
en la parte considerativa se reconoció la procedencia del pago de los porcentajes de
cotización que el demandante asumió por seguridad social —salud, pensión y ARL—,
en la parte resolutiva solo se condenó a la entidad demandada al pago de las
diferencias en aportes al fondo de pensiones, en el porcentaje correspondiente al
7 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«5_ED_002EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 25.
8 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«5_ED_002EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 11.
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empleador. Por ello, solicitó adicionar la decisión para ordenar al municipio pagar
directamente al actor el valor de los aportes que este canceló como independiente y
que correspondían a la demandada. El Tribunal accedió a dicha petición de adición.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
35. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto el 9
de junio de 20229, en el que admitió el recurso de apelación de las partes.
36. A través de auto del 4 de mayo de 202310 se concedió el término para que las
partes y el procurador delegado presentaran sus escritos de alegatos de conclusión.
37. La demandada reiteró que la vinculación del demandante se dio mediante
contratos de prestación de servicios celebrados conforme a la Ley 80 de 1993, cuyas
cláusulas excluían la subordinación y establecían obligaciones propias del contratista,
por lo que no podía reconocérsele la condición de empleado público. Cuestionó que la
sentencia declarara una relación laboral, pese a la existencia de interrupciones
relevantes entre los contratos —incluso lapsos de varios meses y años—, lo cual
impedía predicar continuidad. También sostuvo que no se acreditó de manera idónea
la subordinación, pues el cumplimiento de horarios o instrucciones podía corresponder
a la coordinación necesaria del contrato, y reprochó la valoración parcial de los
testimonios. Finalmente, alegó que la prescripción debía analizarse respecto de cada
vínculo contractual.
38. El demandante y el Ministerio Público no emitieron pronunciamiento.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
39. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problema jurídico
40. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
corresponde a la Sala definir si:
¿La parte actora acreditó la existencia de una relación laboral con la entidad o, por
el contrario, los contratos de prestación de servicios estuvieron regidos por la
9 Samai, índice 4.
10 Samai, índice 14.
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coordinación propia de esta modalidad contractual, conforme al artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 y tuvieron carácter temporal?
¿La valoración conjunta de las pruebas documentales y testimoniales permite
concluir que la parte actora acreditó la prestación personal del servicio, la
remuneración y, en especial, la subordinación para declarar la existencia de una
relación laboral con la entidad?
En caso de acreditarse esos elementos ¿el demandante tendría derecho al
reconocimiento y pago de la devolución de aportes al sistema de seguridad social
integral a los fondos, al pago de las cotizaciones que la entidad habría debido
efectuar a la caja de compensación familiar y a la indemnización moratoria, en
atención de los argumentos expuestos en el recurso?
¿El Tribunal Administrativo de Risaralda analizó la conducta de la parte vencida
en juicio para disponer sobre la condena en costas?
¿Operó el fenómeno jurídico de la prescripción del derecho respecto del
reconocimiento de las prestaciones sociales?
41. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: relación
laboral encubierta; coordinación, subordinación y carga de la prueba; sobre los criterios
objetivo y subjetivo en materia de costas procesales; hechos probados relevantes; y
caso concreto.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
42.La jurisprudencia unificada de esta corporación11 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.
43. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
11
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laborales derivados de dicha relación.
44. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
45. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».
46. Dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la existencia de una
relación laboral encubierta, los cuales al ser valorados en conjunto bajo los principios
de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación continuada y, en
consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal del contrato
de prestación de servicios.
47. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de
personal.
48. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»12.
49.Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas
de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
12 Idem.
12
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contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»13.
50. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».14
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».15
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.16
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
51. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes de
13 Idem.
14
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
15 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
13
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la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse, de
manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades, pues su
ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal suerte,
cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.
52. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
53. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
54. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
14
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mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.
iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar
si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».
55. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción entre
los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, para efectos
ilustrativos, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de junio de 202517,
frente a un instructor del SENA, determinó que no existió solución de continuidad en una
interrupción de 34 días, con fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional de
los aprendices.
3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba
56. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»18.
57. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202119, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados20».
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-01
(5263-2024), M.P Jorge Édison Portocarrero Banguera.
18 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
15
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58. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario.
La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral
encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan
los empleados de planta.
59. La jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada
caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,21 la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o
no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante
es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó
a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
21 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
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artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las
que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la
facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus
servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación
60. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe demostrar
para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia ha expuesto
una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato de
prestación de servicios.
61. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que la pruebas se practiquen
o se aporten»22, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta
norma se lee en consonancia con el artículo 164 idem que regula el principio de
necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».
62. Es importante señalar que cuando se trata de la declaratoria de la existencia de
una relación laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en
sede de unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente expuestos.
63. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»23, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del mismo
pueda el juez arribar al hecho desconocido»24.
64. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y
su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la
obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica
(art. 176 CGP)
22 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
23 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
24 Idem.
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65. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
66. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral, se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares».
3.3.4. La prueba del contrato de prestación de servicios
67. La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 10 de diciembre de 2015 25,
se pronunció sobre el valor probatorio de las certificaciones para acreditar la relación
laboral, en el caso de quien pretendía la declaración de una relación laboral por haber
prestado sus servicios como informante de la fuerza pública.
68. Posteriormente, la Subsección A de la Sección Segunda, en sentencia del 6 de
mayo de 202126, concedió valor probatorio a los contratos de servicios aportados en
copia simple, así:
Por consiguiente, estima la Sala que, en el presente caso, los contratos de prestación
de servicios aportados en copia simple por la parte demandante tienen pleno valor
probatorio, en tanto que por ley gozan de dicha condición y, además, la parte contra
quien se hicieron valer no utilizó las herramientas procesales para refutar la validez de
estos.
69. Luego, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 11 de abril de 202427,
determinó que si la parte no aporta el proceso los contratos de prestación de servicios,
es improcedente descartar dichos tiempos de servicios sí en el expediente constan las
certificaciones sobre los tiempos laborados, planillas, constancias de pago, entre otras
pruebas, dado que no existe una tarifa legal:
En pronunciamientos anteriores, esta Sala ha descartado la exigencia única de los
actos jurídicos que respaldan la prestación del servicio, pues ha encontrado que tal
consideración es producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-31-000-2011-01694-
01(2592-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-00202-
01(4577-13), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00993-01
(0332-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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partir de la cual se señala a cada medio el grado de convicción que representa y
descarta aquellos que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho. Que,
con todo, esas restricciones le restan autonomía al juez, quien en ejercicio de la sana
crítica puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con el cual se cuenta
y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción del que, a lo largo del proceso,
han hecho uso las partes.
Bajo tal perspectiva, y sin desconocer que en efecto el contrato estatal de prestación
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer las
necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general
de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato típico, a la luz de lo
dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su perfeccionamiento se exige la
solemnidad del escrito; ha señalado que esto no justifica que se imponga como
requisito para demostrar el elemento de la prestación del servicio que se aporte al
proceso judicial el aludido instrumento jurídico.
Lo anterior, pues, como se expuso, imponer una tarifa legal probatoria implicaría
abandonar la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle
vigencia a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través
de otros medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme
su propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la conducta
de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia y
materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá
exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar acreditado en
un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral encubierta, no es la
existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su formación, sino i) la prestación
efectiva de un servicio a favor de una entidad de orden estatal; ii) que esta se haya
desarrollado en forma subordinada; y iii) que como contraprestación por los servicios
haya recibido una remuneración. Esto permite otorgarle vigencia al principio de la
primacía de la realidad sobre las formas a que alude el artículo 53 de la Constitución
Política y descarta la exigencia de un medio probatorio con un valor previamente
establecido. En otras palabras, la Sala ha recordado que no es el acto jurídico por
medio del cual se vincula a una persona a la función pública el que determina su
relación con el Estado, sino lo que en realidad evidencia dicha relación.
3.3.5. De la condena en costas
70. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»28. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, rad. núm. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»29.
71. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
3.3.5.1. Del «criterio subjetivo» en la condena en costas
72. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 30 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»31.
73. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso32, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como la «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los
gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»33.
74. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes34. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o mala
29 Ibidem.
30 https://dle.rae.es/disponer.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2024, rad. núm. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00829-01 (1893-2021)
Demandante: Jair Andrés Murillo Ceballos
Demandado: Municipio de Pereira
fe de las partes. Al respecto, esta Subsección35 ha precisado lo siguiente:
[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de
fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades
inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica
de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)36.
3.3.5.2. Del «criterio objetivo-valorativo» en la condena en costas
75. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.
76. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en
los que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó
un inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».
77. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso segundo
al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no implica una
variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo anterior,
porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o adición y,
35
En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición
de la Ley 2080 de 2021: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, rad. núm. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, rad. núm. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, rad. núm. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; y (iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, rad. núm. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P.
Jorge Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
36 Ibidem.
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Radicación: 66001-23-33-000-2016-00829-01 (1893-2021)
Demandante: Jair Andrés Murillo Ceballos
Demandado: Municipio de Pereira
en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo37 para su imposición (adoptado desde el
año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre «dispondrá»
sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 365 del CGP,
sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual se impone la
condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal condicionamiento38.
78. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo, por
cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»39.
3.3.5.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado
79. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas, que
no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente 40), el
37 En sentencia de 23 de julio de 2020, Rad. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández
Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El legislador
introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —CCA— a uno
«objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las
precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es,
con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del
proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. […]». Sobre esta temática
también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014),
proferido por la misma Subsección de esta corporación.
38 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección Primera,
sentencia del 29 de agosto de 2024 rad. núm. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 13 de agosto de 2024, rad. núm. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988); y iii) Sección Cuarta,
sentencia del 3 de agosto de 2023, rad. núm. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, rad. núm. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
40 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia
en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación
del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez
en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés
público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los
artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
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criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.
3.4. Hechos probados relevantes
80. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:
81. Obra certificado emitido por el Subsecretario de Seguridad y Convivencia
Ciudadana de la alcaldía de Pereira del 18 de diciembre de 2013 41, en el que se
acredita que el señor Jair Andrés Murillo Ceballos prestó sus servicios en la Secretaría
de Gobierno, de dicho ente municipal:
Contrato Objeto Plazo Valor
1326 «prestación de servicios para el apoyo en el 4 $3.150.000
12/08/2008 acompañamiento de actividades y operativos meses
que se adelante en las inspecciones de y 15
policía, corregiduras y unidad permanente de días
protección a la vida»
Tabla 1. Certificado laboral, relación de contrato celebrado por el demandante.
82. Certificación —sin fecha— expedida por la Representante Legal de la fundación
Nuevos Caminos, en la cual hace constar que el señor Jair Andrés Murillo Ceballos
prestó sus servicios en esa entidad, del 29 de junio de 2011 hasta el 19 de marzo de
2012, donde suscribió contratos con la alcaldía de Pereira, «desempeñando las
labores de Educador y trabajador extramural en el programa habitante de calle y en
riesgo de calle»42; así:
Contrato Objeto Plazo Fecha inicial Fecha final
1448 alcaldía «Prestar los servicios para la atención 4 29/06/2011 28/10/2011
de Pereira integral a la población habitante de calle y en meses
riesgo de calle en las modalidades
asistenciales, extramural y ocupacional en el
marco del subprograma de atención sin
distinción del municipio de Pereira»
2385 alcaldía «Prestar los servicios para la atención 1 mes 18/11/2011 30/12/2011
de Pereira integral a la población habitante de calle y en
riesgo de calle en las modalidades
asistenciales, extramural y ocupacional en el
marco del subprograma de atención sin
distinción del municipio de Pereira»
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
41 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 25.
42 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 21.
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Demandado: Municipio de Pereira
384 alcaldía de «Prestar los servicios para la atención 1 mes 20/02/2012 19/03/2012
Pereira integral a la población habitante de calle y en
riesgo de calle en las modalidades
asistenciales, extramural y ocupacional en el
marco del subprograma de atención sin
distinción del municipio de Pereira»
Tabla 2. Certificado laboral, relación de contratos de prestación de servicios celebrados por el demandante.
83. En dicho certificado se indica que las labores realizadas consistieron en «educador
y trabajo extramural».
84. En consonancia con lo anterior, se aportó el contrato de prestación de servicios
núm. 384 del 20 de febrero de 201243, celebrado entre la fundación Nuevos Caminos
y el señor Jair Andrés Murillo Ceballos. El objeto de dicho contrato consiste en «prestar
apoyo a una entidad sin ánimo de lucro para la ejecución de programas de interés
público, contenido específicamente dentro de su objeto social según la actividad
relacionada con la atención integral a los ciudadanos que habitan la calle, en el
municipio de Pereira». El valor del contrato fue de «$900.000» y el plazo fue de «un
mes».
85. En la cláusula «funciones a realizar» del anterior contrato se indican las siguientes:
«Realizar los recorridos de calle diurnos y nocturnos según el cronograma establecido.
Sensibilizar y orientar al Habitante de Calle sobre los beneficios del Hogar de Paso.
Elaborar listado diariamente de las personas que encuentra durmiendo en las calles
de la Ciudad. Presentar informe de las funciones realizadas. Cumplir estrictamente con
el horario laboral asignado. Responder por las funciones asignadas sin involucrar
actividades no programadas o diferentes al puesto de trabajo. Las demás funciones
inherentes al cargo».
86. En estos mismos términos se allegó contrato de prestación de servicios núm. 1874
del 6 de julio de 201244 entre la fundación Nuevos Caminos y el señor Jair Andrés
Murillo Ceballos, «prestar apoyo a una entidad sin ánimo de lucro para la ejecución de
programas de interés público, contenido específicamente dentro de su objeto social
según la actividad relacionada con la atención integral a los ciudadanos que habitan la
calle, en el municipio de Pereira». El valor del contrato fue de «$1.250.000» y el plazo
de ejecución fue de «cuatro (4)»45. Las funciones asignadas fue la «[a]tención a
Personas que Habitan en la Calle de acuerdo al objeto del contrato firmado con la
Secretaría de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de Pereira y las demás que le
sean asignadas».
43 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 43.
44 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 49.
45 En dicho apartado del contrato, únicamente se refiere a «cuatro (4)», pero no indica si es día, mes o año
advirtiéndose así un error mecanográfico. No obstante, a partir de la suma del contrato, este correspondería a
«meses».
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87. Se allegó certificación del 18 de diciembre de 201346 suscrita por el representante
legal de la Red de Prevención Juvenil, en la que da cuenta que el señor Jair Andrés
Murillo Ceballos prestó sus servicios como auxiliar en el contrato núm. 2159 de 2013
de la alcaldía de Pereira, entre el 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2013. El objeto
contractual consistió en «prestar los servicios para la atención a la población habitante
de calle y en riesgo de calle, discapacitados e indígenas en situación de mendicidad
estacionaria, en las modalidades de trabajo intramural y extramural»; el término fue de
4 meses y el valor total del contrato fue de $5.800.000.
88. Al expediente se allegaron los siguientes contratos de prestación de servicios
suscritos entre la Secretaría de Educación del municipio de Pereira y el señor Jair
Andrés Murillo Ceballos: (i) núm. 11101342 del 14 de julio de 2014 47, por valor de
$1.134.640 y plazo de un mes; (ii) núm. 11101531 del 31 de julio de 2014 48, por valor
de $3.403.920 y plazo de tres meses; (iii) núm. 11102039 del 7 de noviembre de
201449, por valor de $1.701.960 y plazo de un mes y quince días; (iv) núm. 1110199
del 2 de enero de 201550, por valor de $3.506.037 y plazo de tres meses; y (v) núm.
11101480 del 12 de junio de 201551, por valor de $7.596.413 y plazo de seis meses y
quince días.
89. Estos contaban con el objeto en común, consistente en «[p]restar servicios de
apoyo a la gestión para realizar actividades operativas en uno de los Establecimientos
Educativos Oficiales del Municipio de Pereira o donde la Secretaría de educación lo
requiera». Asimismo, en la cláusula alcance del objeto se indicó «1. Controlar el
ingreso personal autorizado. 2. Comunicar al supervisor en forma oportuna las
inconsistencias y anomalías relacionados con los asuntos, elementos, o situaciones
operativas que se presenten en desarrollo de sus actividades […]».
90. El señor Jair Andrés Murillo solicitó el 5 de abril de 2016 al municipio de Pereira la
declaración de la existencia de la relación laboral, y el pago de las prestaciones
sociales52.
91. El municipio de Pereira, en el Oficio núm. 14493 del 25 de abril de 2016, negó lo
pedido por el actor, al indicar que el vínculo contractual se realizó mediante contrato
de prestación de servicios, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sin
46 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 19.
47 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 35.
48 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 33.
49 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 31.
50 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 29.
51 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 27.
52 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento «
6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 9.
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Demandante: Jair Andrés Murillo Ceballos
Demandado: Municipio de Pereira
que sea procedente el reconocimiento de las prestaciones sociales, dado que no se
trata de un contrato laboral53.
92.En la audiencia de pruebas del 4 de junio de 2019 rindió declaración el señor
Hernando de Jesús Vergara54.
93. Así, para efectos ilustrativos, se advierte que, de acuerdo con los medios de
prueba previamente reseñados, se efectuará la siguiente relación de los contratos de
prestación de servicios:
Contrato Objeto Plazo Fecha inicial Fecha final Valor del
contrato
1326 «prestación de servicios para el 4 12/08/2008 31/12/2008 $3.150.000
apoyo en el acompañamiento de meses,
actividades y operativos que se 15 días
adelante en las inspecciones de
policía, corregiduras y unidad
permanente de protección a la
vida»
Interrupción de 2 años, 5 meses y 29 días
1448 «Prestar los servicios para la 4 29/06/2011 28/10/2011 No se indica
atención integral a la población meses
habitante de calle y en riesgo de
calle en las modalidades
asistenciales, extramural y
ocupacional en el marco del
subprograma de atención sin
distinción del municipio de
Pereira»
Interrupción de 20 días
2385 «Prestar los servicios para la 1 mes 18/11/2011 30/12/2011 No se indica
atención integral a la población
habitante de calle y en riesgo de
calle en las modalidades
asistenciales, extramural y
ocupacional en el marco del
subprograma de atención sin
distinción del municipio de
Pereira»
Interrupción de 1 mes y 18 días
384 «Prestar los servicios para la 1 mes 20/02/2012 19/03/2012 No se indica
atención integral a la población
habitante de calle y en riesgo de
calle en las modalidades
asistenciales, extramural y
ocupacional en el marco del
subprograma de atención sin
distinción del municipio de
Pereira»
Interrupción de 3 meses y 17 días
1874 «Prestar apoyo a una entidad sin 4 06/07/2012 06/10/2012 $1.250.000
ánimo de lucro para la ejecución meses
de programas de interés público,
contenido específicamente dentro
de su objeto social según la
actividad relacionada con la
atención integral a los ciudadanos
53 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento «
6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 11.
54 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento «
6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 304.
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Demandado: Municipio de Pereira
que habitan la calle, en el
municipio de Pereira»
Interrupción de 10 meses y 26 días
2159 «Prestar los servicios para la 4 01/09/2013 30/12/2013 $5.800.000.
atención a la población habitante meses
de calle y en riesgo de calle,
discapacitados e indígenas en
situación de mendicidad
estacionaria, en las modalidades
de trabajo intramural y extramural»
Interrupción de 6 meses y 15 días
11101342 «Prestar servicios de apoyo a la 1 mes 14/07/2014 14/08/2014 $1.134.640
gestión para realizar actividades
operativas en uno de los
Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira
o donde la Secretaría de
educación lo requiera».
11101531 «Prestar servicios de apoyo a la 3 15/08/2014 06/11/2014 $3.403.920
gestión para realizar actividades meses
operativas en uno de los
Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira
o donde la Secretaría de
educación lo requiera».
11102039 «Prestar servicios de apoyo a la 1 mes, 07/11/2014 31/12/2014 $1.701.960
gestión para realizar actividades 15 días
operativas en uno de los
Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira
o donde la Secretaría de
educación lo requiera».
Interrupción de 1 día
1110199 «Prestar servicios de apoyo a la 3 02/01/2015 02/04/2015 $3.506.037
gestión para realizar actividades meses
operativas en uno de los
Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira
o donde la Secretaría de
educación lo requiera».
Interrupción de 3 meses y 10 días
11101480 «Prestar servicios de apoyo a la 6 12/06/2015 30/12/2015 $7.596.413
gestión para realizar actividades meses,
operativas en uno de los 15 días
Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de Pereira
o donde la Secretaría de
educación lo requiera».
Tabla 3. Relación contratos de prestación de servicios celebrados por el demandante.
3.5. Caso concreto
94. En el asunto bajo análisis, el accionante indicó que celebró contratos de
prestación de servicios, desde el 8 de diciembre de 2008 hasta el 30 de diciembre de
2015, con interrupciones, y solicita la nulidad del oficio que negó la existencia de la
relación laboral y el pago de los emolumentos laborales.
95. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así declaró
la nulidad del acto demandado y ordenó el pago de las prestaciones sociales ordinarias
como las de un empleado público, por el periodo del 1 de septiembre de 2013 al 30 de
diciembre de 2015, sin incluir los tiempos de suspensión de los contratos. Dispuso que
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el pago de las prestaciones se debe calcular con el valor de los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios. Asimismo, ordenó el pago de aportes a
pensión por todo el tiempo laborado, liquidados también sobre el valor de los
honorarios a favor del demandante —en los términos de la adición de la sentencia,
ordenó devolver al actor los aportes a salud y pensión—, y el compensatorio en dinero
de las dotaciones de vestido y calzado.
96. Inconforme con esta decisión se interpusieron recursos de apelación: (a) de la
parte demandante, de manera parcial, porque no se accedió a la devolución de aportes
al sistema de seguridad social integral, al pago de las cotizaciones que la entidad
habría debido efectuar a la caja de compensación familiar, a la indemnización
moratoria y a la condena en costas, y (b) la entidad demandada al insistir que no se
probó una relación laboral con el demandante, pues la supervisión, el horario y el lugar
de prestación del servicio correspondían a la coordinación propia del contrato de
prestación de servicios, y no a subordinación. Por otra parte, adujo que el Tribunal
analizó de manera indebida el conteo de la prescripción de los derechos.
97. Ahora bien, con el objeto de resolver los recursos de apelación se estudiarán
los elementos de la relación laboral y luego la prescripción.
• Elementos de la relación laboral
98. Como se señaló en el marco normativo y jurisprudencial, para que proceda la
declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta, la parte demandante
debe acreditar que se materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la
subordinación continua y (iii) la remuneración como contraprestación del servicio.
99. Respecto a la prestación personal del servicio, se encuentra acreditada con
la certificación sobre los contratos de prestación de servicios descritos en el acápite
de hechos probados, celebrados desde el 8 de diciembre de 2008 hasta el 30 de
diciembre de 2015, —con interrupciones—. Además, los contratos tuvieron por objeto
la prestación de servicios para realizar actividades operativas en uno de los
Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira, o «[p]restar los
servicios para la atención a la población habitante de calle y en riesgo de calle,
discapacitados e indígenas en situación de mendicidad estacionaria, en las
modalidades de trabajo intramural y extramural»
100. En lo que se refiere a la remuneración, igualmente en la certificación sobre
los contratos de prestación de servicios celebrados entre el demandante y el municipio
de Pereira, las partes acordaron el pago de honorarios a favor del contratista.
101. En cuanto a la subordinación, la parte interesada debe demostrarla de manera
fehaciente. Este elemento puede evidenciarse, entre otros eventos, cuando el
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Radicación: 66001-23-33-000-2016-00829-01 (1893-2021)
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Demandado: Municipio de Pereira
empleador ejerce poder de dirección, imparte órdenes sobre el modo, tiempo y lugar
de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos internos e imponer sanciones por
incumplimiento, características propias de una relación laboral y ajenas a la naturaleza
autónoma del contrato de prestación de servicios.
102. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.
103. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o indicios que permiten inferir la existencia de una relación
laboral subordinada encubierta.
104. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.
105. Ahora bien, la Subsección destaca que el demandante se desempeñó como
vigilante de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, donde prestaba el
servicio en los horarios establecidos unilateralmente por la entidad, a través de la
imposición de turnos, tal como se acredita en el clausulado de los contratos donde se
establecen las funciones y las certificaciones laborales. En efecto, obran en los
contratos núm. 11101342 del 14 de julio de 2014, núm. 11101531 del 31 de julio de
2014, núm. 11102039 del 7 de noviembre de 2014, núm. 1110199 del 2 de enero de
2015, y núm. 11101480 del 12 de junio de 2015, la cláusula común de «alcance del
objeto», en la que se indica como función principal «[c]ontrolar el ingreso de personal
autorizado», y en el contrato núm. 384 del 20 de febrero de 2012 con la fundación
Nuevos Caminos, expresamente en la cláusula relativa a las funciones a realizar, se
refieren, entre otras, la de «[r]ealizar los recorridos de calle diurnos y nocturnos según
el cronograma establecido» y «[c]cumplir estrictamente con el horario laboral
asignado».
106. Ello evidencia que el accionante estaba sujeto al poder de dirección del rector de
la institución educativa adscrita a la Secretaría de Educación del municipio de Pereira
y que, además, se encontraba inserto en su estructura organizacional. Lo anterior
también se puede constatar a partir de los objetos contractuales reseñados en el
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acápite de hechos probados —tabla 3—, y las funciones reseñadas previamente.
107. Adicionalmente, el señor Hernando de Jesús Vergara55 relató las condiciones
en que la parte actora prestó sus servicios como conserje de la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira y como auxiliar al servicio de la Secretaría de
gobierno de ese mismo ente. Al respecto, señaló que su labor consistía en velar por la
seguridad de los planteles, controlar el ingreso y salida de la comunidad estudiantil
bajo la supervisión del rector o supervisor. También indicó que cumplía turnos rotativos
y que el accionante debía solicitar permiso al rector o supervisor para ausentarse. Para
mejor ilustración se trae a colación lo narrado por el testigo.
108. El señor Hernando de Jesús Vergara56 afirmó que conoce al señor Jair Andrés
Murillo Ceballos, desde el año 2008, porque firmaron contratos, el declarante con
«secretaría de Educación» y el señor Murillo Ceballos con la «secretaría de gobierno».
Se encontraban cada mes para reclamar el pago e indicó que el señor Jair trabajó en
la Secretaría de gobierno hasta el año 2013, y él contaba con turnos de 8 de la mañana
a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, y cuando tenía nocturnos de 5 o 6 de la tarde
a 5 o 6 de la mañana, precisando que este le comentaba porque eran amigos.
109. Manifestó que, en el año 2013, el señor Jair Andrés Murillo Ceballos fue trasladado
a la Secretaría de Educación para desempeñarse como conserje. Indicó que trabajó
con él en el colegio «INEM» durante un periodo aproximado de un año a año y medio,
y precisó que el declarante prestó sus servicios hasta el año 2014.
110. Explicó que en el colegio «INEM» había 3 vigilantes y un «rondero» —quien da la
rotación en el colegio—. Trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde y viceversa,
también, sábados, domingos, festivos, y sin descanso. Asimismo, aclaró que no
contaban con uniformes, ni les pagaban horas extra, y cuando recibían el sueldo, ellos
pagaban la pensión y salud.
111. El testigo precisó que «nosotros siempre recibíamos órdenes del señor rector para
cuadrarnos los turnos muchas veces, y secretaría de educación nos mandaban unas
órdenes para trasladarnos a otro colegio, eso lo trasladaban a uno, así de un momento
a otro»57.
112. Asimismo, en cuanto a las interrupciones de los contratos indicó que a los dos o
55 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020160082900» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2019/06/04».
56 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020160082900» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2019/06/04», minuto 00:01:44.
57 Ver enlace «https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public», descriptores: en Área
«Administrativo», en Distrito «Risaralda», y en el campo de «Buscar por código de proceso» ingresar el número del
proceso en primera instancia «66001233300020160082900» sin guiones, y luego seleccionar «Buscar». Después
de esto, arroja varios archivos de video, seleccione el identificado con fecha «2019/06/04», minuto 00:06:02.
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tres días antes de la terminación, les requerían para firmar uno nuevo para no dejar
los colegios solos, y siempre prestaban el servicio con contrato. Destacó que no podían
retirarse sin permiso de la institución, ya que recibían órdenes tanto del rector como
de la Secretaría de Educación. Igualmente, aclaró que del señor Jair Andrés Murillo
Ceballos, en el año 2016, que lo llamaron para firmar contrato, no lo pudo aceptar
porque cuenta con una enfermedad grave.
113. Señaló que trabajó en la Secretaría de Gobierno del municipio de Pereira, pero
antes de que el señor Jair Andrés Murillo Ceballos prestara sus servicios en esa
dependencia. Precisó que laboró con él cuando se desempeñaba como conserje en
colegios. En cuanto a las funciones que el señor Murillo Ceballos cumplía en la
Secretaría de Gobierno, indicó que consistían, según sus palabras, en disuadir «a los
vendedores ambulantes»; para ello, un director los enviaba, junto con la Policía, a
distintos lugares para adelantar operativos diurnos y nocturnos.
114. Al descender al caso concreto, la Sala advierte que el a quo consideró que,
desde el 8 de diciembre de 2008 hasta el 30 de diciembre de 2015 —salvo
interrupciones—, el actor prestó de manera indistinta servicios de vigilancia en
instituciones educativas a cargo de la Secretaría de Educación del municipio de
Pereira. Sin embargo, de acuerdo con el objeto contractual contenido en varias de las
pruebas documentales aportadas, durante algunos periodos comprendidos entre 2008
y 2013 el demandante ejecutó actividades distintas. En efecto, dichas labores
estuvieron relacionadas con la atención de población habitante de calle y en riesgo de
calle, personas con discapacidad e indígenas en situación de mendicidad estacionaria,
bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno del mismo ente municipal.
115. Así, respecto de esos periodos de 2008 a 2013 —salvo un periodo que se
explica en esta decisión—, la Sala precisa que no resulta claro que las labores
ejecutadas por el actor correspondieran a funciones de vigilancia, conserjería o
portería de establecimientos educativos, en el entendido que respecto de la naturaleza
estas últimas el Tribunal, en la sentencia de primera instancia, realizó el estudio de
subordinación. En efecto, el declarante indicó que durante esos lapsos no trabajó
conjuntamente con el demandante, aunque señaló que esas actividades consistían en
operativos diurnos y nocturnos ordenados por un «director operativo» y realizados con
acompañamiento de la Policía. Por tanto, esos periodos presentan elementos
diferenciadores frente a las labores de vigilancia prestadas en los establecimientos
adscritos a la Secretaría de Educación, donde claramente su objeto contractual difiere
de las labores ejecutadas en los contratos de 2014.
116. Por lo tanto, al efectuar el estudio en conjunto de todas las pruebas respecto de
estos periodos, no existen indicios demostrativos de la subordinación, como que la
prestación del servicio sea en las instituciones educativas y con todos los implementos
de la entidad o que existan llamados de atención para que se cumpla el horario.
Tampoco se considera que la obligación contractual se demuestre con el grado de
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certeza que se configuró el elemento de subordinación, toda vez que la valoración
completa de los términos en que se dio el desarrollo del contrato no permite inferir que
existió una relación subordinada, tal como se explicó anteriormente.
117. Para efectos explicativos, respecto de estos periodos se realizará un cuadro
respecto del objeto contractual de los contratos de prestación de servicios, así:
Contrato y Objeto Fecha Fecha final
entidad inicial
132658 «prestación de servicios para el apoyo en el acompañamiento de 12/08/2008 31/12/2008
actividades y operativos que se adelante en las inspecciones de
Secretaría policía, corregiduras y unidad permanente de protección a la vida»
de
Gobierno (Periodo acreditado a través de certificación).
144859 «Prestar los servicios para la atención integral a la población 29/06/2011 28/10/2011
habitante de calle y en riesgo de calle en las modalidades
Fundación asistenciales, extramural y ocupacional en el marco del
nuevos subprograma de atención sin distinción del municipio de Pereira»
caminos –
alcaldía de (Periodo acreditado a través de certificación).
Pereira
238560 «Prestar los servicios para la atención integral a la población 18/11/2011 30/12/2011
habitante de calle y en riesgo de calle en las modalidades
Fundación asistenciales, extramural y ocupacional en el marco del
nuevos subprograma de atención sin distinción del municipio de Pereira»
caminos –
alcaldía de (Periodo acreditado a través de certificación).
Pereira
38461 «prestar apoyo a una entidad sin ánimo de lucro para la ejecución 20/02/2012 19/03/2012
de programas de interés público, contenido específicamente dentro
Fundación de su objeto social según la actividad relacionada con la atención
Nuevos integral a los ciudadanos que habitan la calle, en el municipio de
Caminos – Pereira».
alcaldía de
Pereira (Periodo acreditado a través de certificación y contrato).
Población atendida: población vulnerable, habitante de calle».
Alcance: «1. Contribuir al mejoramiento de las condiciones y calidad
de vida de los Habitantes de Calle brindando una atención integral
de alojamiento, alimentación y atención sicosocial.
2. Invertir los recursos que se reciban por parte del Municipio para
aumentar la atención de las personas en riesgo de calle».
Funciones:
«AUXILIAR OPERATIVO NOCTURNO.
-Realizar los recorridos de calle diurnos y nocturnos según el
58 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 25.
59 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 21.
60 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 21.
61 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 21 y 43.
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cronograma establecido;
-Sensibilizar y orientar al Habitante de Calle sobre los beneficios del
Hogar de Paso.
-Elaborar listado diariamente de las personas que encuentra
durmiendo en las calles de la Ciudad.
-Presentar informe de las funciones realizadas.
-Cumplir estrictamente con el horario laboral asignado.
-Responder por las funciones asignadas sin involucrar actividades
no programadas o diferentes al puesto de trabajo.
-Las demás funciones inherentes al cargo.
-El incumplimiento de uno de estos puntos acarrea un llamado de
atención con copia a hoja de vida, por dos oportunidades se procede
de igual manera y por tercera vez será cancelado el contrato de
trabajo de forma inmediata y unilateral.
187462 «Prestar apoyo a una entidad sin ánimo de lucro para la ejecución 06/07/2012 06/10/2012
de programas de interés público, contenido específicamente dentro
Fundación de su objeto social según la actividad relacionada con la atención
Nuevos integral a los ciudadanos que habitan la calle, en el municipio de
Caminos – Pereira»
alcaldía de Periodo acreditado a través de contrato.
Pereira Alcance: «Contribuir al mejoramiento de las condiciones y calidad
de vida de los Habitantes de Calle brindando una atención integral
de alojamiento, alimentación y atención sicosocial».
Funciones:
«Atención a Personas que Habitan en la Calle de acuerdo al objeto
del contrato firmado con la Secretaría de Desarrollo Social y Político
de la Alcaldía de Pereira y las demás que le sean asignadas».
215963 «Prestar los servicios para la atención a la población habitante de 01/09/2013 30/12/2013
calle y en riesgo de calle, discapacitados e indígenas en situación
Red de de mendicidad estacionaria, en las modalidades de trabajo
prevención intramural y extramural»
Juvenil-
Alcaldía de (Periodo acreditado a través de certificación).
Pereira
Se indica que se desempeñó como auxiliar en el contrato 2159 de
2013 de la alcaldía de Pereira, sin precisar funciones.
Tabla 4. Relación de los objetos y funciones de los contratos de prestación de servicios celebrados por el
demandante, en el periodo de 2008 a 2013.
118. En estos términos, la Sala considera pertinente precisar que solo en el contrato de
prestación de servicios 384 se estipuló el cumplimiento de un horario. Por tanto, no es
posible inferir que en todos los vínculos se impuso una jornada laboral. En efecto, de
las certificaciones correspondientes a los contratos 1326, 1448, 2385 y 2159 no se
desprende dicha exigencia.
119. Así pues, conforme el referido contrato 384 del 20 de febrero de 2012, para el
periodo del 20 de febrero al 19 de marzo de 2012, se advierte que se pactó «cumplir
estrictamente con el horario laboral asignado»; es decir, para este periodo sí se
acreditó la imposición de un horario, el cumplimiento de un cronograma de turnos
previamente establecido, con la sujeción a las instrucciones y con posibilidad de
llamados de atención.
62 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 49.
63 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «Expediente digital», documento
«6_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) NroActua 2», imagen 19.
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120. En consonancia con lo anterior, para establecer si existió subordinación entre
2008 y 2013, la Sala advierte que el señor Hernando de Jesús Vergara, quien prestó
sus servicios junto con el demandante en las instituciones educativas, precisó que no
laboró conjuntamente con aquel durante los periodos en que estuvo vinculado a la
Secretaría de Gobierno. Así, además de las certificaciones que describen el objeto
contractual correspondiente a esos lapsos, no obran otros elementos de prueba que
permitan acreditar subordinación o dependencia, con distinción al periodo del contrato
384 como se explicó de manera precedente.
121. Por tanto, se reitera que las actividades desarrolladas durante esos periodos
presentan características distintas de las labores de vigilancia cumplidas en los
establecimientos adscritos a la Secretaría de Educación. Frente a estas últimas, el
testigo sí aportó información sobre las funciones desempeñadas, las instituciones en
las que se prestó el servicio, las órdenes impartidas y los horarios cumplidos por el
demandante.
122. En todo caso, se reitera que, entre 2008 y 2013, únicamente puede tenerse por
acreditada la subordinación durante la ejecución del contrato 384. Aunque el
declarante no dio cuenta de las funciones desempeñadas en ese lapso, el clausulado
de dicho negocio jurídico contiene elementos demostrativos de subordinación, en
particular, la obligación de cumplir un horario y posibilidad de llamados de atención.
Esta conclusión no puede extenderse a los demás contratos, pues algunos no fueron
aportados —acreditación con certificaciones— y, en otros, como el contrato 1874,
dicha estipulación fue modificada.
123. Ahora bien, respecto de los contratos relativos a la labor de vigilancia desde 2014,
en relación con la dirección y el control efectivo de las actividades, particularmente en
lo atinente al modo de prestación del servicio, los horarios y la inserción en la estructura
organizacional de la entidad, la Sala destaca que el conserje recibía órdenes e
instrucciones, no podía retirarse sin autorización y el rector le asignaba turnos para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, al interior de las instituciones
educativas, tal como lo indicó el testigo.
124. Así, aunque la entidad demandada solicitó restar valor probatorio a la declaración
del señor Hernando de Jesús Vergara, por considerar que se trataba de un testigo de
oídas, tal reparo no se acompasa con la realidad probatoria. En efecto, en la audiencia
el declarante manifestó expresamente que trabajó junto al señor Jair Andrés Murillo
Ceballos desde el año 2013, en instituciones educativas en las que ambos
desempeñaban labores de vigilancia. Por tanto, su conocimiento no provino
únicamente de lo que el demandante le hubiera relatado, sino de la percepción directa
de las condiciones en que aquel prestó sus servicios. En consecuencia, su testimonio
ofrece elementos relevantes sobre la naturaleza de la labor ejecutada y el contexto en
que esta se desarrolló.
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125. Por otra parte, la inserción del demandante en la estructura organizacional de
los planteles educativos del municipio de Pereira, en su condición de conserje, también
permite advertir la existencia de subordinación o dependencia. En efecto, aquel
cumplía horarios rotativos de seis de la mañana a seis de la tarde, y viceversa; debía
velar por la seguridad del plantel, controlar el ingreso y la salida de la comunidad
educativa —como se extrae de las funciones del contrato—, todo ello bajo la
supervisión constante del rector. Dicha función permanente está relacionada
directamente con el servicio educativo propio de las instituciones de este sector.
126. Asimismo, dada la naturaleza propia de la función de conserjería en el caso bajo
estudio, la cual implicaba la vigilancia permanente del inmueble y del mobiliario
ubicado en su interior —dentro de un horario previamente establecido por el rector—,
así como el control de la entrada y salida del personal docente, administrativo y,
especialmente, del estudiantado, se evidencia que al demandante no le estaba dado
determinar el lugar ni el horario en que debía ejecutar sus obligaciones contractuales.
Sobre este particular, esta Subsección, en un caso con supuestos fácticos similares,
destacó:
En efecto, Carlos Alberto Díaz Guzmán prestó sus servicios como vigilante en los
colegios Manos Unidas, Jesús de la Buena Esperanza, Centenario y Gimnasio
Risaralda del municipio de Pereira y cumplió, entre otras funciones, las de: «(o)rientar
y atender el cliente interno y externo», «(c)ontrolar el ingreso del personal autorizado»
y «(r)ealizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo
las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo».
Lo anterior denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de vigilante y/o
conserje al servicio de colegios del municipio de Pereira, al tiempo que corrobora que
no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual
para desempeñar esa labor, la cual no puede considerarse prestada de forma
autónoma pues el celador no puede decidir en qué lugares presta el servicio ni en qué
horario. Es más ni siquiera puede ausentarse del trabajo sin causa previa y
debidamente justificada pues pondría en riesgo los bienes confiados a su cuidado64.
127. Es decir, el servicio personal contratado correspondía a las funciones de
vigilante suponía la inserción del demandante en la estructura organizacional de los
planteles educativos y a las necesidades permanentes de las instituciones educativas
del ente municipal, según lo afirmado por el testigo. Pese a ello se estaban
satisfaciendo a través de contratos de prestación de servicios, lo que desconoce el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, puesto que el instrumento contractual
debe suplir una necesidad temporal, tal como lo estableció el fallo de unificación del 9
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En este mismo sentido, ver sentencia del 12 de
diciembre de 2023, rad. 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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de septiembre de 202165.
128. Entonces, es forzoso concluir que no se trató del desarrollo de actividades bajo
la coordinación de la entidad, comoquiera que las funciones del accionante se
ejecutaron según las órdenes del rector de la institución educativa, se reitera, con la
imposición de un horario, el cumplimiento de turnos y la sujeción a las instrucciones
para velar por la integridad del plantel, y verificación del ingreso y salida de personas
en horarios rotativos. En consecuencia, contrario a lo dicho por la entidad recurrente,
la parte actora no era autónoma en la prestación del servicio, sino que el contrato
ocultó una relación laboral, de modo que debe aplicarse el principio constitucional de
primacía de la realidad sobre las formalidades, previsto en el artículo 53 de la Carta
Política.
129. Debe decirse que la temporalidad y excepcionalidad son la esencia de los
contratos de prestación de servicios. Con ellos no pueden suplirse, de manera
definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades. Así pues, el
contrato de prestación de servicios debe celebrarse solo por el término estrictamente
indispensable para cumplir su objeto, lo que excluye su uso prolongado, encadenado
o sucesivo para cubrir funciones permanentes dentro de la entidad66. En caso
contrario, se trata de una relación laboral subordinada.
130. Por lo anterior, se desprende que del 20 de febrero de 2012 al 19 de marzo de
2012; 14 de julio de 2014 al 14 de agosto de 2014; del 15 de agosto de 2014 al 6 de
noviembre de 2014; del 7 de noviembre de 2014 al 31 d de diciembre de 2014; del 2
de enero de 2015 al 2 de abril de 2015, y del 12 de junio de 2015 al 30 de diciembre
2015, la parte interesada demostró la existencia de la relación laboral con las pruebas
documentales y testimonial.
• Del restablecimiento de derecho – reconocimiento salario y prestaciones
sociales
131. En virtud de la relación laboral acreditada, en los términos precisados de
manera precedente, se advierte que el accionante tiene derecho a que se le
reconozcan y paguen las prestaciones laborales legales correspondientes, liquidadas
con base en el salario de un empleado de planta que cumpliera funciones equivalentes,
o en caso de que no exista, con los honorarios, por el periodo comprendido entre el 20
de febrero de 2012 al 19 de marzo de 2012; 14 de julio de 2014 al 14 de agosto de
2014; del 15 de agosto de 2014 al 6 de noviembre de 2014; del 7 de noviembre de
2014 al 31 de diciembre de 2014; del 2 de enero de 2015 al 2 de abril de 2015, y del
12 de junio de 2015 al 30 de diciembre 2015.
65 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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132. Por otra parte, en cuanto a la base para la liquidación de las prestaciones
sociales cuyo pago se ordena, como consecuencia de la declaratoria de la existencia
de la relación laboral, se determina que por regla general y en virtud del principio a
trabajo igual salario igual, debe corresponder al salario del cargo que exista en la planta
de personal con funciones iguales o equivalentes. En caso contrario, cuando no exista
el cargo en la planta, la base para calcular las prestaciones debe ser los honorarios.
Así lo ha precisado esta Subsección en asuntos similares al presente 67:
Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual, salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de
los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad,
cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones,
sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis
distintas.
En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Carlos Alberto Díaz Guzmán debía ser remunerada conforme
con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas.
Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.
133. En consecuencia, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y demás acreencias laborales de carácter legal que habría
devengado un empleado de planta de la entidad demandada que ejerciera funciones
equivalentes, incluidas vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y los demás
emolumentos a que haya lugar. Si bien la primacía de la realidad sobre las
formalidades no le confiere la calidad de empleado público, ello no impide ordenar el
pago de las prestaciones reclamadas, conforme al principio de «a trabajo igual, salario
igual», como se indicó previamente.
134. Aportes a pensión: La parte demandada debe calcular el ingreso base de
cotización (IBC) pensional, que corresponde a los salarios de un empleado de planta
que haya desarrollado sus funciones en todo el periodo de vinculación, o en caso de
no existir el cargo en planta, con la base de los honorarios, entre el 20 de febrero de
2012 al 19 de marzo de 2012; el 14 de julio de 2014 al 14 de agosto de 2014; del 15
de agosto de 2014 al 6 de noviembre de 2014; del 7 de noviembre de 2014 al 31 de
diciembre de 2014; del 2 de enero de 2015 al 2 de abril de 2015, y del 12 de junio de
2015 al 30 de diciembre 2015. La entidad deberá cotizar al respectivo fondo pensional
67 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 66001-23-33-000-2016-00829-01 (1893-2021)
Demandante: Jair Andrés Murillo Ceballos
Demandado: Municipio de Pereira
el porcentaje que le correspondía como empleador.
135. En cuanto a este punto, materia de apelación, el demandante solicitó que las
sumas por concepto de aportes pensionales le fueran entregadas directamente y no
consignadas en el fondo de pensiones correspondiente. La Sala estima que tal
pretensión no está llamada a prosperar. Como lo ha precisado esta Subsección, «a
pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, en función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son
de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y por tanto no constituyen un
crédito a favor del interesado»68. Por ello, no es posible reconocerle titularidad alguna
sobre esos recursos69. En estos términos, se revocará en numeral «4.1.» de la
sentencia de primera instancia, que fue adicionado en providencia del 19 de marzo de
2020.
136. Aportes a caja de compensación: En la alzada, la parte demandante solicitó
el reconocimiento de los aportes a caja de compensación familiar. Sobre este
particular, la Sala advierte que su reconocimiento directo en favor del demandante
resulta improcedente. Ello es así porque, conforme a la Ley 21 de 1982, dichos aportes
son recursos parafiscales destinados al financiamiento del subsidio familiar y a la
prestación de servicios de seguridad social, administrados por las cajas de
compensación familiar bajo la vigilancia del Estado.
137. Por tanto, tales aportes no constituyen salario ni acreencias laborales
susceptibles de incorporarse al patrimonio del trabajador. Su naturaleza pública y su
destinación legal específica excluyen la posibilidad de ordenar su pago directo al actor,
pues no remuneran la prestación personal del servicio, sino que atienden finalidades
propias del sistema de protección social. En los siguientes términos, se ha considerado
por esta Subsección:
Así entonces, considera la Sala que es improcedente el reconocimiento en dichos
términos, en tanto la naturaleza de las mencionadas cotizaciones es de carácter
parafiscal, y no están destinados a engrosar el patrimonio del actor como consecuencia
de la prestación de sus servicios, sino que representan un recurso público cuyo uso
abarca diferentes funciones estatales dentro de las que se encuentra la atención de las
prestaciones y servicios de la seguridad social70.
138. Respecto de la sanción moratoria solicitada, la Sala estima que no hay lugar
a su reconocimiento. La obligación de pago de las prestaciones reclamadas solo surge
a partir de esta providencia, mediante la cual se declara la existencia de la relación
laboral entre el actor y el municipio de Pereira. En esa medida, al tratarse de una
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
69 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2016, rad. 76001-23-
33-000-2012-00288-01 (3681-2013), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
70 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-
2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: Jair Andrés Murillo Ceballos
Demandado: Municipio de Pereira
sentencia constitutiva de derechos, los términos para exigir los derechos reconocidos
empiezan a correr desde su ejecutoria.
• De la prescripción
139. En atención a que la Sala estableció la configuración de los tres elementos de
la relación laboral, procede el estudio de la prescripción, como resultado del
reconocimiento de la relación laboral encubierta. Sobre el particular, el fallo de
unificación del 9 de septiembre de 202171 dispuso el término de 30 días hábiles «como
indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios» y solo para la prescripción de los derechos laborales.
140. A su vez, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201672 estableció que
el interesado en el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales debe reclamar en los tres años siguientes a la terminación del vínculo
contractual.
141. En el caso objeto de estudio, el accionante presentó la reclamación el 5 de abril
de 2016. Luego, considerando que el último vínculo contractual finalizó el 30 de
diciembre de 2015, el término de tres años para presentar la reclamación vencía el 30
de diciembre de 2018.
142. Dado que la parte actora interpuso la petición el 5 de abril de 2016, la Sala
concluye que no operó la prescripción respecto de las pretensiones relacionadas con
prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta por el comprendido
entre el 14 de julio de 2014 y el 30 de diciembre de 2015 —salvo interrupciones—. En
efecto, aunque dentro de ese periodo se presentó una interrupción superior a 30 días
hábiles —entre el 2 de marzo y el 12 de junio de 2015, equivalente a 3 meses y 10
días—, ello no impide el reconocimiento de los derechos causados en dicho intervalo
laboral, pues ambos extremos se encuentran dentro del término prescriptivo trienal,
contado desde el 5 de abril de 2013, comoquiera que la reclamación administrativa fue
radicada el 5 de abril de 2016, según quedó establecido en los hechos probados.
143. Distinta conclusión se impone frente al primer periodo reconocido, comprendido
entre el 20 de febrero y el 19 de marzo de 2012. La reclamación administrativa no
abarcó ese lapso y, además, entre este y el siguiente periodo se presentó una solución
de continuidad superior a 30 días hábiles.
144. Por consiguiente, procede el pago de las prestaciones sociales causadas entre
el 14 de julio de 2014 al 30 de diciembre de 2015 (salvo interrupciones). Igualmente,
se hace la salvedad que los aportes a pensión son imprescriptibles.
71 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
72 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, proceso con radicado 23001-23-000-
2013-00260-01 (0088-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Jair Andrés Murillo Ceballos
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• Costas
145. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Risaralda decidió no
condenar en costas a la parte demandada, que fue la vencida en el proceso. La referida
autoridad judicial fundamentó su decisión así:
No se condenará en costas a la parte demandada vencida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión a las normas procedimentales civiles, contenida en el artículo 188 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto no se
encuentran acreditadas las mismas, acorde con la posición que ha asumido el Consejo
de Estado que, luego de señalar el criterio objetivo-valorativo para la imposición de
costas (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril
de 2016, radicación número: 13001-23-33-00-2013-00022-01(1291-14 Actor: José
Francisco Guerrero Bardi), en la que se indicó que: «…en esta oportunidad la
Subsección A varía aquella posición y acoge el criterio objetivo para la imposición de
costas (incluidas las agencias en derecho) al concluir que no se debe evaluar la
conducta de las partes (temeridad o mala fe). Se deben valorar aspectos objetivos
respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el Código General del
Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365», ha proferido sin número
de sentencias sin condena en costas, al considerar que no se encuentra demostrada
su causación.
Pues bien, teniendo en cuenta que la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso),
dispone en el numeral octavo del artículo 365, entre otras que: «Solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación»; una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos
de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas en
esta instancia, así como tampoco se observa ningún tipo de conducta que amerite la
condena por ese concepto, razonamientos estos que son trasunto de los que las
diferentes secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
han señalado en punto a costas, donde la regla general ha sido la no condena por tal
concepto. En consecuencia, al no existir fundamento para su imposición la Sala
concluye que no es procedente la condena en costas.
146. De la lectura del apartado referido, la Sala advierte que la mencionada autoridad
judicial aplicó un criterio objetivo-valorativo en la imposición de las costas; empero, no
dispuso su imposición, dado que no acreditó su causación en los términos del CGP.
Inconforme con esa decisión, la demandante solicitó se condenara en costas a la
entidad demandada.
147. Pues bien, tal y como se explicó, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria el criterio subjetivo, razón por la cual considera que para decretar la
condena en costas en primera instancia, el Tribunal debe analizar la conducta de la
parte vencida para verificar si actuó de forma temeraria o de mala fe, como en efecto
ocurrió, dado que expresamente indicó que «tampoco se observa ningún tipo de
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conducta que amerite la condena por ese concepto».
148. En ese orden de ideas, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y
de las actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte que integra el extremo
pasivo del proceso hubiese obrado de mala fe o con temeridad, pues no se observa
conducta alguna o circunstancia irregular que hubiese afectado el trámite procesal,
como en efecto arribó el a quo. Por el contrario, advierte que la demandada actuó en
ejercicio de su derecho de defensa, sin evidenciarse acciones dilatorias o
encaminadas a afectar u obstruir el curso del proceso.
149. Por lo tanto, no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que
demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe. Así, la Subsección considera
que no hay lugar a condenar en costas como se determinó en la sentencia de primera
instancia, razón por la cual se confirmará la decisión apelada sobre este particular.
4. Conclusión
150. El señor Jair Andrés Murillo Ceballos acreditó la existencia de una relación
laboral del 20 de febrero de 2012 al 19 de marzo de 2012; 14 de julio de 2014 al 14 de
agosto de 2014; del 15 de agosto de 2014 al 6 de noviembre de 2014; del 7 de
noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014; del 2 de enero de 2015 al 2 de abril
de 2015, y del 12 de junio de 2015 al 30 de diciembre de 2015, en la prestación del
servicio como auxiliar operativo nocturno, conserje y vigilante de instituciones
educativas del municipio de Pereira. En efecto, demostró la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación continua. No obstante, en virtud del
fenómeno jurídico de la prescripción, únicamente procedería el pago de las
prestaciones sociales causadas entre el 14 de julio de 2014 al 30 de diciembre 2015
(salvo interrupciones).
5. Costas en segunda instancia
151. En consideración a los argumentos expuestos, tampoco hay lugar a que en el
caso bajo estudio se imponga condena en costas en segunda instancia, en atención a
que no se advierte que el apelante haya actuado de forma temeraria o con mala fe.
6. Otras decisiones
152. Reconocer personería a la abogada Clarena Rocío Valencia López como
apoderada de la parte demandada, municipio de Pereira, en los términos del poder
conferido73. Asimismo, aceptar la renuncia74 al mandato presentada por la misma
profesional del derecho, de conformidad con el escrito allegado posteriormente.
73 Samai, índice 10.
74 Samai, índice 28.
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Demandante: Jair Andrés Murillo Ceballos
Demandado: Municipio de Pereira
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, el 14 de febrero de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
Segundo: Modificar el ordinal primero, tercero y cuarto de la parte resolutiva del fallo
impugnado, en los siguientes términos:
1. SE DECLARA PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
extintiva del derecho, respecto de los períodos comprendidos entre el 20 de febrero de
2012 al 19 de marzo de 2012, conforme a lo razonado en la parte motiva de este
proveído.
[…]
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
condenar al municipio de Pereira a reconocer a Jair Andrés Murillo Ceballos las
prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene derecho, para lo cual tomará
como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó por el tiempo en el cual se demostró la existencia de la
relación laboral, en caso contrario, cuando no exista el cargo en la planta, la base para
calcular las prestaciones debe ser los honorarios. Es decir, entre el 14 de julio de 2014
al 14 de agosto de 2014; del 15 de agosto de 2014 al 6 de noviembre de 2014; del 7
de noviembre de 2014 al 31 d de diciembre de 2014; del 2 de enero de 2015 al 2 de
abril de 2015, y del 12 de junio de 2015 al 30 de diciembre 2015.
4. El municipio de Pereira deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional
de Jair Andrés Murillo Ceballos que corresponde a los salarios de un empleado de
planta que desarrollara sus funciones, en caso contrario, cuando no exista el cargo en
la planta, la base son los honorarios, para el periodo comprendido entre 20 de febrero
de 2012 al 19 de marzo de 2012; el 14 de julio de 2014 al 14 de agosto de 2014; del
15 de agosto de 2014 al 6 de noviembre de 2014; del 7 de noviembre de 2014 al 31 d
de diciembre de 2014; del 2 de enero de 2015 al 2 de abril de 2015, y del 12 de junio
de 2015 al 30 de diciembre 2015. La entidad territorial deberá cotizar al respectivo
fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado
sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no
haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o
completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
Tercero: Revocar el ordinal 4.1. de la adición de la sentencia de primera instancia. En
su lugar, precisar que la entidad territorial deberá cotizar al fondo pensional
correspondiente el porcentaje que le correspondía como empleadora, de conformidad
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Demandante: Jair Andrés Murillo Ceballos
Demandado: Municipio de Pereira
con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto: Reconocer personería a la abogada Clarena Rocío Valencia López como
apoderada del municipio de Pereira, en los términos del poder conferido.
Sexto: Aceptar la renuncia de la doctora Clarena Rocío Valencia López, en calidad de
apoderada de la parte demandada.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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