Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2015-00128-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2015-00128-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-33-000-2015-00128-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
13 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – fumigaciones con glifosato / ELEMENTOS
ESENCIALES DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – daño
y nexo causal, en el sub lite se acreditó el primer requisito, pero no el segundo.
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la
entidad demandada contra la sentencia del 6 de noviembre de 2020, dictada por el
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I.SÍNTESIS DEL CASO
Según la demanda, en febrero de 2013, la Policía Nacional realizó operaciones de
aspersión aérea con glifosato sobre varios predios del municipio de Santa Bárbara
de Iscuandé, Nariño, lo que ocasionó la pérdida de los cultivos de los cuales los
integrantes del grupo derivaban su sustento económico.
II.ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Mediante escrito del 20 de febrero de 20151, el señor Abelardo Olaya Obando
y 20 personas más dedicadas a la agricultura en el municipio de Santa Bárbara de
Iscuandé, por conducto de apoderado judicial2, presentaron demanda de reparación
1 Fl. 10 del c.1 del Tribunal.
2 Fls. 11 - 34 del archivo 1 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
de los perjuicios causados a un grupo contra la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional, con el fin de que se les indemnicen los perjuicios causados por la
aspersión aérea con glifosato que se realizó en las zonas donde tenían diferentes
cultivos, los cuales resultaron afectados.
Por lo anterior, pidieron que se les reconocieran y pagaran 100 SMLMV por daño
moral a favor de cada uno de los accionantes, además del daño emergente y lucro
cesante que debía tasar un perito experto, correspondientes, en su orden, al costo
de establecimiento de los cultivos afectados y a las utilidades generadas por cada
uno de éstos durante el tiempo de vida útil.
Como fundamento fáctico de la demanda, en resumen, se narró que en el municipio
de Santa Bárbara de Iscuandé operan grupos al margen de la ley, quienes ejercen
actividades de narcotráfico y desarrollan cultivos de uso ilícito.
Entre el 11 y 22 de febrero de 2013, sin previo aviso a la comunidad, la Policía
Nacional realizó aspersiones aéreas con glifosato para la erradicación de cultivos
de uso ilícito de “coca y amapola”, sustancia que afectó la salud de la población y el
río del que se abastecen.
Al transcurrir los días, “por el efecto residual”, los cultivos de papa china, arroz, caña,
plátano, banano, yuca y maíz, de los cuales provenía su sustento, se marchitaron,
descompusieron y murieron, situación que afectó su economía.
La entidad territorial realizó informes y solicitudes a la Policía Nacional para que
cesaran estos actos en la zona.
1.2. En memorial del 12 de febrero de 2016, el apoderado judicial de los actores
solicitó la adhesión al presente medio de control de 227 personas más 3.
2. Trámite de primera instancia
2.1. En auto del 4 de marzo de 2015, Tribunal Administrativo de Nariño admitió la
demanda, ordenó notificar a la demandada, así como al Ministerio Público, a la
Defensoría del Pueblo Regional Nariño y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
3 Fls. 1 - 14 del archivo 1 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
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Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
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del Estado y dispuso fijar un aviso mediante el cual se informara a la comunidad
sobre el inicio del proceso4.
2.2. El 4 de mayo de 2016 se negó la solicitud de adhesión, dado que se consideró
que estaba caducada5, decisión contra la que se interpuso recurso de apelación6,
el cual fue despachado favorablemente el 1° de junio de 2016, en el sentido de
admitir la demanda respecto de las demás personas que se adhirieron al grupo7.
2.3. La Policía Nacional se opuso a sus pretensiones. En relación con los hechos,
manifestó que se atenía a las resultas del proceso. Como razones de su defensa,
adujo que no se probó que se hubieran realizado actividades de aspersión aérea en
las fechas y en el municipio señalado, y no era ajustado “invertir la carga de la
prueba para probarlo, porque la parte actora le corresponde probar los hechos en
los que sustenta sus súplicas”.
Explicó que, según estudios científicos, la aspersión con glifosato no afecta otra
clase de “cultivos que no sean ilícitos”, pues la dosis empleada es inoperante en
arbustos, árboles y demás vegetación que tenga mayor grado de lignificación de los
cultivos de coca o amapola y no perdura en el terreno. Asimismo, aseguró que la
fórmula química no poseía componentes dañinos para la salud humana.
De otra parte, refirió que no se arrimó prueba idónea sobre la propiedad o posesión
de los predios donde supuestamente se asperjó, tanto así que no se conocía su
denominación, nomenclatura o georreferenciación, situación que imponía declarar
la falta de legitimación en la causa por activa.
Resaltó que se debían valorar con detenimiento, los formularios de recepción de las
quejas instauradas por los presuntos daños causados en el marco del programa de
erradicación de cultivos de uso ilícito con el herbicida glifosato y las visitas oculares
efectuadas por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA,
por cuanto se expidieron el mismo día.
Adicionalmente, frente a los datos del área productiva, en la visita ocular se afirmó
que era de una hectárea y solo especificaron cultivos de papa china, plátano, maíz
4 Fls. 38 - 41 del archivo 1 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
5 Fls. 26 - 31 del archivo 7 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
6 Fls. 35 - 39 del archivo 7 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
7 Fls. 2 - 20 del archivo 7 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
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y yuca, “sin incluir otra clase de cultivos típicos de la región, generando dudas de
esos documentos”.
Sustentó que los daños alegados podrían obedecer a problemas fitosanitarios que
son comunes en la zona del pacifico del sur, lo que no vincula a la Policía Nacional8.
Por último, llamó en garantía al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Instituto Colombiano Agropecuario -
ICA, a lo cual se accedió en proveído del 12 de agosto de 20159.
2.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho planteó las siguientes excepciones:
(i) “Falta de legitimación por pasiva del Consejo Nacional de Estupefacientes”: de
conformidad con lo previsto en el artículo 30.1 del Decreto 2897 de 2011 y el artículo
89 de la Ley 30 de 1986, este Consejo es un órgano asesor del Gobierno Nacional
adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, por tanto, para cualquier efecto
procesal será representado por esa cartera ministerial; pero, aunque el ministro o
viceministro preside y lo representa, solo se trata de una parte más de la pluralidad
concurrente de voluntades compuesta por funcionarios estatales y no por entidades.
(ii) “Falta de legitimación por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho”: los
hechos están relacionados con la presunta aspersión aérea con glifosato en el
marco de la erradicación de cultivos de uso ilícito realizada en el municipio de Santa
Bárbara de Iscuandé, actuación que recae en la Policía Nacional, que es la entidad
encargada directamente de ejecutar ese tipo de programa.
(iii) “Inexistencia de vínculo legal o contractual de la Policía Nacional frente al
Ministerio de Justicia y del Derecho”: no existe disposición normativa que otorgue a
la primera entidad el derecho a exigir al Ministerio que asuma una condena impuesta
en su contra. Tampoco se tiene constancia de un acuerdo de voluntades de orden
contractual en el cual el Ministerio se hubiera comprometido con la Policía Nacional
a pagar una eventual condena por causa y con ocasión del objeto del pleito que hoy
se suscita.
(iv) “Imposibilidad de imputación jurídica en cabeza del Ministerio de Justicia y del
Derecho”: no hay relación entre las funciones del Ministerio y la causa determinante
8 Fls. 1 - 11 del archivo 2 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
9 Fls. 66 - 73 del archivo 2 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
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en la producción de los eventuales daños aducidos. En todo caso, no se puede
predicar una responsabilidad patrimonial, sin que se demuestre el daño, el cual
requiere que sea cierto; no obstante, en el caso particular, no se presenta.
(v) “Falta de solidaridad derivada de la concurrencia de causas en la producción del
daño”: la causa de los presuntos daños la constituye la ejecución del programa de
erradicación de cultivos de uso ilícito mediante la aspersión aérea con glifosato,
función que radica en la Policía Nacional, según lo dispuesto en el artículo 2 del
Decreto Reglamentario 423 de 1987, mas no son consecuencia de las políticas
fijadas por el Gobierno Nacional10.
2.5. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible arguyó que no intervino
en la causación de los daños reclamados y que, en virtud del artículo 2 del Decreto
3570 de 2011, no se le asignaron obligaciones relativas a las labores de aspersión
con glifosato sobre cultivos de uso ilícito.
Destacó que la Policía Nacional era la que debía atender y tramitar las solicitudes
presentadas por los ciudadanos presuntamente afectados por la aspersión aérea
con el herbicida glifosato, razón por la cual sería la única responsable en el evento
de que se acreditaran los perjuicios y, en ese sentido, carecía de sustento legal su
vinculación a la presente controversia11.
2.6. El ICA anotó que no está facultado para realizar o aprobar algún tipo de
aspersión aérea de control de cultivos de uso ilícito, sino que se encarga de velar
por la sanidad agropecuaria del país y, en ese marco legal, solo registra el producto
que se utiliza para esa actividad.
Argumentó que, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Resolución
3759 de 2003, dictó la Resolución 03331 de 2007 mediante la cual otorgó el registro
nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola, herbicida Cúspide 480 SL, con
base en el ingrediente activo glifosato, a la empresa Talanu Chemical Ltda., puesto
que está dentro de sus deberes.
Dijo que la Ley 30 de 1986 reguló el procedimiento para la destrucción de cultivos
de uso ilícito y le asignó esa función al Consejo Nacional de Estupefacientes,
“obligándolo a utilizar los medios adecuados previo concepto favorable de los entes
10 Archivo 6 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
11 Archivo 3 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
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encargados de velar por la salud de la población y la preservación del ecosistema
del país”.
Como consecuencia, en Resolución 0005 de 2000 se estableció que la Dirección
Nacional de Estupefacientes era la responsable de la coordinación del programa de
erradicación de cultivos de uso ilícito y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía
Nacional era la encargada de la planeación operativa de éste, lo que demostraba
que se configuraban las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva
y carencia de derecho sustantivo12.
2.7. La Defensoría del Pueblo Regional Nariño, en calidad de coadyuvante, estimó
que, pese a que “las fumigaciones con glifosato no fueron realizados directamente
en los predios de los demandantes”, no se podía desconoce que generaron daños
en las plantaciones agrícolas lícitas existentes en el municipio de Santa Bárbara de
Iscuandé y al “tratarse de una actividad ejecutada desde los aviones de propiedad
de la entidad demandada, puede inferirse que los efectos del glifosato alcanzaron
dichas plantaciones”, motivo por el que la Policía Nacional debía reparar los daños
que se probaran.
En cuanto a la evaluación científica del riesgo de la aspersión aérea con glifosato,
sostuvo que engendra un riesgo para el ambiente, por lo cual al Estado le asiste un
deber de guarda material sobre este tipo de sustancias que opera, obligación que
tiene su origen en el poder de instrucción, dirección y control del cual está
investido13.
2.8. El 5 de agosto de 2016 se declaró fallida la etapa de conciliación 14.
2.9. Vencido el período probatorio, en proveído del 6 de febrero de 2019 se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito y al Ministerio Público
para que rindiera su concepto15.
2.10. La Policía Nacional reiteró sus razonamientos y agregó que el comunicado
oficial del 22 de septiembre de 2016, suscrito por el jefe del Área de Erradicación
Cultivos Ilícitos, daba cuenta de que “no ha recibido reclamaciones por daños a
cultivos lícitos de los actores ni la unidad adelantó actuación de tipo administrativo
12 Archivo 4 y 5 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
13 Fls. 71 - 76 del archivo 8 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
14 Fls. 78 - 89 del archivo 8 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
15 Fls. 46 - 47 del archivo 4 del c. 2 del expediente digital del Tribunal.
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dentro del procedimiento regulado por el Consejo Nacional de Estupefacientes”, es
decir, que los convocantes no radicaron queja ante la Dirección de Antinarcóticos,
a fin de que se iniciaran los trámites administrativos para determinar si los predios
que se aluden fueron o no afectados por las aspersiones aéreas de glifosato y si
eran o no acreedores de una indemnización.
Destacó que, si bien el desconocimiento de ese proceso se debía al difícil acceso a
las zonas, lo cierto era que, para personal de la UMATA que efectuó las visitas
oculares, era un hecho evidente y aun así no brindó la información a los supuestos
afectados.
Comentó que no se acreditaron los perjuicios materiales, comoquiera que no obraba
dictamen pericial sobre ese punto16.
2.11. El Ministerio de Justicia y del Derecho invocó los mismos argumentos de la
contestación de demanda, sin agregar otros aspectos17.
2.12. La Defensoría del Pueblo Regional Nariño hizo énfasis en los elementos de la
responsabilidad extracontractual del Estado, para sustentar que las fumigaciones
con glifosato causaron un daño antijurídico a los actores que no tenían el deber legal
de soportar, en atención a que se afectaron sus cultivos.
De igual manera, puso de presente que en el expediente sí reposaba el dictamen
pericial que servía de fundamento para determinar tanto el grupo de afectados como
los perjuicios materiales producidos18.
2.13. El Ministerio Público consideró que existía mérito para acceder a las súplicas
deprecadas, ya que la Policía Nacional certificó que en febrero de 2013 realizó
operaciones de aspersión aérea con glifosato en el municipio y se demostró que
“fruto de dicha actividad resultaron afectados los cultivos lícitos de algunos de los
accionantes”, como lo certificó no solo la UMATA, sino también los representantes
de Consejos Comunitarios de esa población, lo que motiva una condena patrimonial
por riesgo excepcional, dado que es la ejecutora del plan nacional de erradicación
de cultivos de uso ilícito y “creadora de la actividad peligrosa”19.
16 Fls. 58 - 66 del archivo 4 del c. 2 del expediente digital del Tribunal.
17 Fls. 109 - 115 del archivo 4 del c. 2 del expediente digital del Tribunal.
18 Fls. 83 - 86 del archivo 4 del c. 2 del expediente digital del Tribunal.
19 Fls. 87 - 108 del archivo 4 del c. 2 del expediente digital del Tribunal.
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2.14. El ICA replicó que los presuntos daños no se generaron por una acción u
omisión suya, dado que no “realiza, dirige o coordina las fumigaciones de cultivos
ilícitos”20.
2.15. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
3. Sentencia de primera instancia
En fallo del 6 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Nariño accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
A su juicio, se probó que la Policía Nacional efectuó un operativo de aspersión aérea
con glifosato en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé los días 13, 15, 16, 18
y 22 de febrero de 2013.
Asimismo, advirtió que la señora Carmen Elizabeth Villota Villota, asesora jurídica
de la entidad territorial, aseguró que luego de esas fechas “empezó a bajar la
población indígena, ubicada en la vereda Vuelta Larga y Palomino, informándole
que se había realizado una fumigación y sus cultivos se habían dañado”, por lo que
solicitó apoyo a la UMATA, entidad que realizó las visitas oculares y entregó un
informe, en el que se constató esa situación en diferentes zonas y se certificó que
en esos territorios existían plantaciones que sufrieron daños.
A su modo de ver, se probó el primer elemento de la responsabilidad imputada, en
la medida en que los “cultivos lícitos” de los que el grupo desprendía el sustento
económico resultaron afectados.
Ahora bien, en lo atinente al nexo causal, se lee:
(…) La entidad demandada no logró acreditar ni probar que el daño a los cultivos
de los demandantes e integrantes del grupo provino de otras actividades, como
las enfermedades fitosanitarias, por el contrario, en el expediente reposan
elementos de juicio que permiten inferir razonablemente que la aspersión aérea
del herbicida glifosato generó un daño total a los cultivos en predios de los
demandantes e integrantes del grupo, máxime si se tiene en cuenta la
certificación expedida por la UMATA, la cual certificó que con la visita realizada
a cada uno de los cultivos, no existía la siembra o cultivos ilícitos como coca
que justificaran la actividad de la aspersión con glifosato.
20 Fls. 115 - 118 del archivo 5 del c.2 del expediente digital del Tribunal.
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En resumen, hasta aquí concluyó:
Tal como lo refirieron los funcionarios de la UMATA y la declaración de la testigo
y del concepto técnico pericial, el herbicida “Glifosato” dañó los predios,
pastizales y cultivos de papa china, arroz, caña, plátano, yuca, entre otros,
conllevando a la Sala a encontrar acreditados: (i) El hecho generador del daño,
esto es, la aspersión aérea de glifosato realizada por la Policía Nacional los días
11, 12, 13, 15, 16, 18 y 22 de febrero de 2013. (ii) Los daños causados a los
cultivos lícitos ubicados en las veredas: Micaelita, Secadero, Bocas de Waba,
Isla Larga, Sanabria, Bellavista, Las Marías, Santa Rosa, Playa Grande,
Chanzara, Santa Rita, Limones, La Quinta, Piscinde, Rodea, Sandamia,
Morongo, Vuelta Larga, San Luis, Boca de Sequihondita, Alto, La Loma y La
Fragua del Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, y (iii) El nexo de causalidad
entre uno y otro, llevado a cabo por la Policía Nacional.
En lo tocante al título jurídico de atribución, determinó que se configuró una falla del
servicio, habida cuenta de que la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional
incumplió los procedimientos y protocolos establecidos para la identificación de
cultivos de uso ilícito y su respectiva aspersión, en tanto la misma se realizó de
forma generalizada, cuando resultaba imperativo delimitar las zonas para esa labor,
lo que implicó que se causaran daños a los cultivos de la comunidad.
Precisó que el hecho de que los actores no hubieran acogido las previsiones de las
Resoluciones 0008 de 2007 y 0001 de 2012, expedidas por el Consejo Nacional de
Estupefacientes, que establecen un sistema de compensación, no modificaba su
razonamiento, porque tal procedimiento constituye un trámite instaurado en sede
administrativa y “con fundamento en el principio de solidaridad y no en el principio
de responsabilidad como el que se examina en esta instancia judicial, por tal razón,
no tiene incidencia sobre el tema objeto de debate, independientemente de si la
misma fue instaurada o no, pues son otros los aspectos que se tienen en cuenta a
la hora de evaluar si les asiste o no el derecho a ese tipo de compensación”.
En concreto, aludió:
(…) Se estima que las causas del daño a los cultivos lícitos del grupo de
agricultores provinieron de la aspersión aérea del herbicida “Glifosato”, por
cuanto la UMATA realizó una visita a los predios y levantó las actas, en las
cuales constataron que la pérdida de los cultivos fue debido a la fumigación con
glifosato y no obedecen a problemas fitosanitarios, además, no hubo presencia
de cultivos ilícitos, lo que conlleva a concluir que la Policía debe asumir la
responsabilidad del daño antijurídico, toda vez que no cumplió con los
procedimientos establecidos para la identificación de cultivos ilícitos.
De otro lado, definió que estaba llamada a prosperar la excepción de falta de
legitimación material en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ICA.
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Ahora bien, para derivar la indemnización a reconocer a cada uno de los integrantes
del grupo afectado, justificó que estaba probada la titularidad y/o posesión de los
bienes inmuebles solo de algunas personas.
Enunció que se trataba de terrenos colectivos y cada Consejo Comunitario tenía su
extensión de tierra. Éste, a su vez, adjudicaba a cada grupo familiar un número de
hectáreas para cultivar, por tanto, la propiedad no le pertenecía individualmente a
una persona.
Así, a partir de las certificaciones de los Consejos Comunitarios y de la UMATA, se
podía identificar el nombre de los propietarios de los cultivos, además, por medio de
Resolución 2432 de 2005, el Incoder otorgó la propiedad a ciertas personas del
grupo de agricultores del Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, pruebas de las
que era acertado señalar que en los predios se ejercía una sana posesión, en la
época en la que se realizó la aspersión aérea.
Sin embargo, 60 personas del grupo demandante no aparecían en los registros, por
ende, “no acreditaron la propiedad del inmueble ni su posesión, sobre los cuales se
realizaron plantaciones de cultivos lícitos y fueron afectados por la fumigación con
glifosato” y era viable negar las pretensiones por falta de legitimación material en la
causa por activa.
Aclarado lo anterior, declaró improcedente la indemnización del perjuicio moral
reclamado, en razón de que no se allegó prueba sobre este tópico ni de otros daños
inmateriales.
No sucedió lo mismo con el daño emergente y el lucro cesante, al considerar que la
prueba pericial acreditaba el tipo de cultivos, semillas, extensión de terreno,
rendimiento de los cultivos y su productividad, elementos con los cuales se pudo
desglosar de modo técnico la utilidad esperada con el ejercicio de las actividades
agrícolas. Sobre el particular, analizó:
(…) Se debe dar valor al concepto pericial rendido sobre la cuantificación de
daños materiales (…), pues se basó en un análisis técnico a partir de la
valoración de documentos oficiales y el trabajo realizado por la UMATA,
teniendo en cuenta: “Mediante inspección ocular realizan en campo el registro
e identificación de los propietarios poseedor o tenedor del predio y de los
cultivos explotados; reciben declaraciones de los agricultores, consignan fecha
de ocurrencia del daño, relacionan la extensión o área del predio y área
afectada; los cultivos y las plantas afectadas, sintomatología del daño, la no
existencia de cultivos ilícitos y expiden la certificación de la visita realizada”.
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Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
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Enlistados y discriminados los cálculos matemáticos, resolvió reconocer a favor de
188 personas, la suma total de $2.751’034.014.
Por último, impuso condena en costas a cargo de la Policía Nacional, “liquidación
que adelantará la secretaría, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la
publicación del extracto de la sentencia que canalizarán a favor de la Defensoría”21.
4. Recursos de apelación
4.1. La parte actora apeló el fallo de primera instancia con el propósito de obtener
el reconocimiento de los perjuicios materiales de las 60 personas a las que el a quo
les negó la indemnización.
Relató que con la demanda se busca el pago del lucro cesante y daño emergente a
causa de las actividades de aspersión con glifosato por parte de la Policía Nacional
a los cultivos lícitos de la comunidad en general del municipio de Santa Bárbara de
Iscuandé, sin “reprochar la propiedad, posesión o tenencia de los predios”.
Es decir, en su criterio, la legitimación material por activa “no la da la posesión o
titularidad del predio, sino la propiedad sobre los cultivos afectados”, supuesto que
no exige una tarifa legal para su comprobación.
Recalcó que, a partir de las constancias del censo de daños y de las actas de las
visitas de la UMATA, se desprendía dicha situación, pues se revisaron, entre otros
puntos, el estado de los cultivos presentes en cada predio visitado, su propietario,
la ubicación de predio donde estaban instalados los cultivos y la verificación de la
no existencia de cultivos de uso ilícito. De suerte que “cada afectado acudió a
reclamar la afectación de su cultivo, quedando plenamente determinado quién era
el propietario de cada uno de los cultivos afectados, pues no han comparecido otras
personas a reclamar la muerte de los mismos”22.
4.2. La Policía Nacional cuestionó que varias “actas de inspección ocular de la
UMATA” se suscribieron el mismo día en el que se recibieron las quejas y “en casi
todas se describió una hectárea, pero no se sabe si en su totalidad estaba cultivada
o simplemente estábamos frente a unos terrenos sin explotar”, para así establecer
si se afectaron o no los cultivos.
21 Archivo 45 del expediente digital del Tribunal.
22 Archivo 50 del expediente digital del Consejo de Estado.
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Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Desde su perspectiva, ese registro “deja en duda como el mismo día se realizó la
recepción de quejas y visita ocular a más de 127 personas en una sola vereda de
las supuestas 26 que conforman la demanda, teniendo en cuenta que según se hizo
visita a más de 700 hectáreas pertenecientes a los más de 200 convocantes”. En
otros términos, esos documentos no permiten verificar cómo la funcionaria de la
entidad se desplazó a las fincas supuestamente inspeccionadas ni cuáles fueron los
soportes acerca de los daños en los cultivos.
A ello sumó que las visitas se materializaron “cuatro meses después de verificada
la operación de aspersión aérea con glifosato”, lo que pone en tela de juicio de qué
manera se coligió que ese producto “se encontraba esparcido sobre las hojas de los
cultivos y fue la causa de la pérdida”, es decir, el nexo causal.
También denotó que los demandantes nunca radicaron quejas ante la Dirección de
Antinarcóticos para determinar si los predios que se aluden fueron afectados y eran
acreedores de una indemnización por el Estado.
Frente a la prueba del perjuicio reconocido, explicó que el 12 de febrero de 2019 se
notificó el auto que ordenó correr traslado de alegatos de conclusión y el 14 de ese
mes y año, mediante correo electrónico, se aportó el dictamen pericial. Como
resultado, mencionó que no había lugar a su valoración, dado que (i) se incorporó
dos días después de clausurado el período probatorio; y (ii) no fue practicado y
debatido en la audiencia de pruebas, tal como lo ordenan los artículos 203 del
CPACA y 284 del CGP, a fin de ser controvertido y objetado por las partes.
Con todo, criticó que el dictamen no lo hubiera elaborado un ingeniero agrónomo,
profesional que, en su sentir, era quien podía determinar cuántas matas se pueden
sembrar en las hectáreas de los predios de los actores, las erogaciones económicas
que se deben hacer para mantener los cultivos durante el tiempo de maduración y
los gastos en los que se incurrió para la recuperación de la tierra luego de la
destrucción del cultivo lícitos.
Y, para acreditar el lucro cesante se debieron aplicar “los topes de la jurisprudencia
del Consejo de Estado, radicado 1998-00774, Sección Primera, que no deben
exceder los 24 meses de liquidación ni continuar con carácter indefinido, porque en
este lapso las víctimas ya han establecido las actividades económicas”.
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Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Finalmente, debatió que la prueba sobre la propiedad o posesión de “los bienes
inmuebles afectados no se podía suplir con simples actas de la UMATA” 23.
5. Trámite en segunda Instancia
5.1. El 3 de junio y 9 de julio de 2021, esta Corporación admitió la alzada y corrió
traslado para alegar de conclusión, respectivamente24.
5.2. La Policía Nacional replicó sus motivos de disenso expuestos a lo largo del
proceso y adicionó que no se acreditó el nexo de causalidad entre las operaciones
por aspersión realizadas en febrero de 2013 y los supuestos daños producidos en
las plantaciones de los demandantes25.
5.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho persistió en que se confirmara la decisión
del Tribunal Administrativo de Nariño sobre su falta de legitimación material en la
causa por pasiva por “no tener a cargo el programa de erradicación de cultivos
ilícitos mediante la aspersión con glifosato” ni encuadrarse el “llamamiento en
garantía en las normas que habilitan su procedencia”26.
5.4. El Ministerio Público puntualizó que, aunque el grupo actor estaba legitimado,
dado que no reclamaron daños en calidad de propietarios, sino de poseedores, no
se demostró el nexo causal, razón que conducía a revocar el fallo de primer grado.
Debatió la premisa del a quo sobre la prueba del daño, con fundamento en el
memorial de la Policía Nacional, en el que reconoció la aspersión aérea con glifosato
sobre el municipio, toda vez que ese elemento de la responsabilidad no se debía
revisar de cara a la actividad lícita, por el contrario, su estudio se circunscribía a los
efectos que presuntamente ésta generó sobre los cultivos de los afectados.
A pesar del desacierto conceptual, sintetizó que en las actas de la visita ocular de
la UMATA a los predios donde se hallaban los cultivos de los 248 demandantes se
señaló la destrucción total de los mismos, de suerte que se atiende a la concreción
del daño.
23 Archivo 57 del expediente digital del Consejo de Estado.
24 Archivo 67 y 72 del expediente digital del Consejo de Estado.
25 Archivo 73 del expediente digital del Consejo de Estado.
26 Archivo 73 del expediente digital del Consejo de Estado.
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Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
En contraposición, no ocurrió igual con el nexo de causalidad entre el daño y la
actuación de la Administración, por lo que a continuación se transcribe:
(…) Obran certificaciones emanadas de la coordinadora de la UMATA del
municipio; sin embargo, estos documentos no dan fe de que el daño generado
fue producto de la aspersión aérea de glifosato sobre los predios, puesto que
cada certificación establece que el daño generado a los cultivos de propiedad
de los 248 demandantes, ocurrió con ocasión presuntamente por aspersión
aérea de glifosato, sin que se haya descartado la presencia de otros agentes
herbicidas ni de factores contaminantes que pudieron afectar los cultivos de los
aquí demandantes, mucho menos se descartó que la afectación obedeciera a
enfermedades fitosanitarias, creando entonces un manto de duda respecto a la
causalidad entre la acción de la Policía Nacional y el daño sufrido.
El informe cuenta con un registro fotográfico adjunto como evidencia de las
plantaciones que fueron trasladas a la oficina de la UMATA por campesinos. No
obstante, se advierte que las imágenes no se pueden observar con claridad.
En cuanto al informe pericial, se advierte que este no corresponde a un informe
técnico, por lo tanto, el Tribunal de primera instancia no podía con fundamento
en la conclusión de la perito, atribuir responsabilidad a la demandada, toda vez
que este no tenía como finalidad principal establecer el nexo causal entre el
daño y la actuación de la administración, pues con su aporte lo único que se
pretendía era cuantificar los daños (…).
En esa línea, denotó que las pruebas del sub lite no permitían “establecer de manera
cierta y técnica que la causa del daño fue el uso de glifosato utilizado en la aspersión
aérea”, pues tal afirmación necesita respaldo de una alguna prueba técnica o
científica. Sin perjuicio de lo expuesto, sugirió decretar una prueba de oficio para
que la entidad territorial o la ingeniera de la UMATA que realizó las visitas oculares
certifique cuál era el estado de los cultivos y la causa de su deterioro27.
5.3. La parte actora y demás entidades vinculadas no se pronunciaron.
III. CONSIDERACIONES
1. Régimen aplicable
El artículo 68 de la Ley 472 de 1998 determina que los vacíos normativos de las
acciones de grupo se suplen con las normas del estatuto procesal civil vigente, hoy
CGP, de allí que, en principio, podría concluirse que para el trámite del presente
caso se debe dar aplicación preferente a este último estatuto procesal28.
27 Archivo 76 del expediente digital del Consejo de Estado.
28 “Artículo 68. Aspectos no regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente
título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
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Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
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Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
No obstante, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación dispuso que
la integración normativa de las demandas de reparación de los perjuicios causados
a un grupo se hará con el CPACA, pues la remisión que efectúa la Ley 472 de 1998
solo resulta viable en aquellos eventos en que no existieran disposiciones en el
CPACA que regularan expresamente la materia y que tuvieran conexidad con el
medio de control específico.
En el caso bajo estudio, se advierte que la demanda se presentó el 20 de febrero
de 2015, por lo que en lo no previsto en la Ley 472 de 1998, se recurrirá a las reglas
contenidas en el CPACA.
2. Competencia
Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo señalado en los artículos 5029 de la Ley 472 de 1998 y 15030 y 152.1631 del
CPACA, ya que se trata de un asunto que se suscitó con ocasión del ejercicio del
medio de control para la reparación de los perjuicios causados a un grupo, originado
en la supuesta acción u omisión de entidades estatales y fue decidido en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño.
3. Oportunidad
Al tenor de lo previsto por el literal h del numeral 2 del artículo 164 del CPACA32,
que modificó lo dispuesto en la Ley 472 de 1998, el medio de control de reparación
29 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los
procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas”.
30 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos
de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación
de jurisprudencia”.
31 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…) 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños
causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas
privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
32 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
(…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…) h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los
dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el daño causado al grupo
proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud
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Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
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Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
de los perjuicios causados a un grupo debe instaurarse dentro de los dos años
contados a partir del día siguiente a la fecha en que se causó el daño, cuando éste
no proviene de un acto administrativo.
En el caso que ocupa la atención de la Sala, se atribuye responsabilidad al Estado
por los perjuicios ocasionados a los actores debido a la aspersión aérea con
glifosato sobre sus cultivos en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, labor
que finiquitó el 22 de febrero de 2013.
Con base en lo anterior, el término de caducidad se extendió hasta el 23 de febrero
de 2015 y, como el escrito inicial se presentó el 20 de ese mes y año33, se concluye
que se hizo en oportunidad.
No está de más mencionar que la oportunidad también se predica respecto del
escrito de las personas que se adhirieron al grupo, dado que su integración opera
por ministerio de la Ley y se lleva a cabo antes de la apertura a pruebas o en la
etapa posterior al fallo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 472 de
199834, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la referida norma 35,
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de
la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo”.
33 Fl. 10 del c.1 del Tribunal.
34 “Artículo 55. Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a
un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u
omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido
un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la
presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el
deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como
un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o
caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de
los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior,
pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor
y tampoco se beneficiará de la condena en costas”. El aparte subrayado fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional en sentencia C-241 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
35 Frente a ese puntual aspecto, la Corte Constitucional en sentencia C-242 de 2012 sostuvo lo
siguiente: “… En primer lugar, la Corte reitera en esta oportunidad, las consideraciones generales
vertidas por esta Corporación en las sentencias C-215 de 1999, C-1062 de 2000, C-732 de 2000 y
C-241 de 2009, en relación con la constitucionalidad de los artículos 55 y 65 de la ley 742 de 1998,
los cuales regulan la posibilidad de que las personas afectadas en un derecho o interés colectivo
que hubieren sufrido un daño o perjuicio, puedan hacerse parte dentro del proceso iniciado en virtud
de una acción de grupo, durante el trámite del mismo, o con posterioridad a la emisión del fallo,
determinando para tal efecto los términos y requisitos. Para la Corte, estas disposiciones no
contrarían la Constitución, sino que, por el contrario, se encuentran en armonía con la naturaleza y
finalidades de las acciones de grupo, esto es, con la finalidad de garantizar a toda persona la
efectividad de los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, y especialmente el
acceso a la administración de justicia a través de las acciones de grupo consagrada en el artículo 88
Superior. Especialmente, en lo que se refiere a la modalidad que prevén estos artículos para que
cualquier afectado pueda hacerse parte en el proceso después de la sentencia, la Corte insiste en
que esta posibilidad, no solo no contraría, sino que se aviene plenamente a la finalidad constitucional
de las acciones de grupo, al permitir que aquellas personas afectadas por el mismo daño o perjuicio
a un derecho o interés colectivo, y que no conocieron ni hicieron parte del grupo que inició el proceso,
puedan acogerse a los beneficios de la sentencia, con posterioridad a la misma, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. En consecuencia, para esta Sala es claro que tal
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como aquí sucede, en tanto invocaron daños idénticos derivados de la aspersión
aérea con glifosato en el mismo período -causa común- y se vincularon al proceso
antes de la etapa de pruebas. Así lo reconoció en anterior decisión esta
Subsección36, en concordancia con lo reiterado por la Corte Constitucional en
sentencias C-215 de 199937 y C-242 de 201238.
4. Integración del grupo y legitimación
El artículo 46 de la Ley 472 de 1998 prevé que el medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo es el interpuesto “por un número plural o conjunto
de personas [20 o más] que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma
causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”.
Mediante sentencia C-569 de 2004, la Corte Constitucional declaró inexequible el
requisito que preveía la ley, consistente en la demostración de la preexistencia de
las condiciones uniformes del grupo, aplicables a todos los elementos de la
responsabilidad.
En tal virtud, el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo
permite una acumulación subjetiva de pretensiones, siempre que se verifique un
número plural de demandantes igual o superior a 20 y, además, que se constate
que los perjuicios reclamados tienen una misma causa. Al respecto, la Sala ha
sostenido:
(…) La Sala puntualizó que el análisis de las condiciones uniformes respecto de
una misma causa que generó perjuicios, como requisito de procedibilidad de la
acción, debe realizarse así: i) en primer término identificar el hecho o hechos
prerrogativa legal, como la contenida en los artículos 55 y 65 de la ley 742 de 1998, no sólo favorece
el interés individual y colectivo de indemnización a través de la acción de grupo –art.88 CP-, sino
que también garantiza el interés superior de acceso efectivo a la administración de justicia –art.229
CP-, así como la economía y celeridad procesal, pues evita que la administración de justicia se
desgaste con un nuevo proceso por los mismos hechos y contra la misma persona, y así mismo, se
encuentra en armonía con la finalidad reparadora de la acción de grupo, al permitir que quien no se
hizo parte en el proceso antes del fallo, lo haga con posterioridad al mismo, con cumplimiento de las
condiciones y términos fijados por la misma norma En síntesis, la Sala concluye, con fundamento en
lo expuesto en detalle en la parte considerativa y motiva de esta sentencia, que lo previsto por los
artículos 55 y 65 de la Ley 472 de 1998, en cuanto a la posibilidad de integración del grupo y
reclamación de la indemnización por personas afectadas que no hicieron parte del proceso, siempre
y cuando cumplan con los requisitos y términos allí mismo estatuidos, es plenamente constitucional,
en cuanto tiene como finalidad la reparación integral del daño a todas las personas afectadas a
través de la garantía de las acciones de grupo –art.88 CP-, y el acceso efectivo a la administración
de justicia –art.229 CP-, conjuntamente con la aplicación de los principios de economía y celeridad
procesales”.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de marzo de 2021, expediente 2013-0038001 (AG), M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
37 Corte Constitucional, sentencia C-215 de 1999. M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
38 Corte Constitucional, sentencia C-242 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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generadores alegados en la demanda y determinar si éstos son uniformes para
todo el grupo; ii) en segundo término, mediante el análisis de la teoría de la
causalidad adecuada, determinar si éstos hechos generadores tienen un mismo
nexo de causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo; y iii)
finalmente, el resultado de este análisis debe ser la identidad del grupo, como
pluralidad de personas que sufren unos daños originados en uno o varios
hechos generadores comunes a todos; (sic) si se descubre lo contrario, en
cualquiera de los dos pasos, debe concluirse la inexistencia del grupo y por
consiguiente la improcedencia de la acción.
(…) No se trata, pues, de que las situaciones particulares de todos los miembros
del grupo sean idénticas, pues es claro que pueden resultar diferencias o
perjuicios o daños disímiles en cuanto a su modalidad e intensidad, sino que es
menester que entre las mismas exista un común denominador o núcleo que
pertenece o se extiende a todos ellos, derivado de la conducta dañina del
demandado.
Por consiguiente, no obstante la naturaleza divisible de los daños subjetivos
ocasionados a un grupo por una misma acción u omisión, los cuales, en
principio, podrían ser reclamados de manera individual o litisconsorcial a través
del proceso ordinario contencioso administrativo, ese núcleo en el cual
convergen los miembros de ese conglomerado, sumado a la conveniencia y
trascendencia social de la situación en que se encuentran, impone que deba
darse una solución a través de un único proceso tendiente a repararlos, a través
de un juicio concentrado que, en caso de prosperar, culminará con la orden de
pago de una indemnización colectiva, resultado de la suma ponderada de las
indemnizaciones individuales39.
Para la Sala, el grupo demandante está debidamente integrado, en la medida en la
que se elevaron pretensiones resarcitorias a favor de más de 20 personas, quienes
manifestaron haber sufrido daños individuales a raíz de la aspersión aérea con
glifosato sobre sus cultivos de uso lícito, evento que generó un impacto económico
negativo. La imputación a la Policía Nacional obedece a la misma causa de la que
se desprende la indemnización exigida.
Igualmente, los actores se encuentran legitimados, de hecho, en la causa por
activa, en tanto en su calidad de agricultores y habitantes de las distintas veredas
del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, reclaman la reparación de los daños
presuntamente causados por la aspersión con glifosato a manos de la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional, ya que dicho producto afectó sus cultivos y
productos agrícolas. La Subsección aclara que el análisis probatorio relativo a la
estructuración de los eventuales daños sobre los predios, así como la posesión,
tenencia o propiedad que ejercen sobre los mismos, corresponde abordarlo en un
análisis de fondo.
39Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de diciembre de 2017, expediente 41001-23-31-000-2004-00120-01(AG), M.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada el 17 de octubre de 2023, expediente 23001-23-33-000-
2017-00143-01 (AG), M.P. María Adriana Marín.
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La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional se encuentra legitimado en la
causa por pasiva, en vista de que en la demanda se atribuyó la producción del daño
antijurídico por la ejecución de las actividades relacionadas con fumigaciones y
control de cultivos de uso ilícito, pero se precisa que está por determinarse el
sentido de la sentencia, de ahí que al adelantar el estudio de fondo se analizará si
existió o no una participación efectiva en su producción.
En la sentencia de primera instancia se declaró la falta de legitimación en la causa
por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible y el ICA, determinación que no se controvirtió en la alzada,
por manera que no se emitirá pronunciamiento sobre el particular.
5. Objeto de los recursos de apelación
En el fallo de primera instancia se declaró la responsabilidad de la Policía Nacional
por la aspersión aérea con el herbicida glifosato que se realizó entre el 11 y 22 de
febrero de 2013, en algunas veredas del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé,
sin verificar que allí no existían cultivos de uso ilícito. Por consiguiente, tal entidad
estaba en el deber de reparar los perjuicios materiales causados a quienes vieron
afectados sus cultivos.
La Policía Nacional cuestionó la anterior decisión, en esencia, porque: (i) las actas
de la inspección ocular de la UMATA no permitían establecer el daño a los cultivos,
todo lo opuesto, su contenido generaba duda sobre su elaboración y la manera en
la que se dedujo la aparente afectación; (ii) las visitas se efectuaron a “cuatro meses
de la operación de aspersión aérea con glifosato” y no se podía deducir que dicho
producto fue el que generó la pérdida de los cultivos; (iii) los requisitos para la
valoración del dictamen pericial no se cumplieron, pero, con independencia de ello,
la experticia debió rendirlo un ingeniero agrónomo; y (iv) no se arrimó prueba idónea
de la propiedad o posesión de “los bienes inmuebles afectados”.
Por su parte, el grupo actor solicitó que se reconociera el daño emergente y lucro
cesante a favor de las 60 personas a las que el a quo le negó pretensiones, bajo el
argumento de que no se demostró “la titularidad de los terrenos”, a sabiendas de
que lo que se debía acreditar era “la propiedad sobre los cultivos afectados”,
aspecto que estaba superado con las constancias del censo de daños y las actas
de las visitas de la UMATA.
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6. Problema jurídico
Con apego a lo anterior, la Subsección se ocupará, en primer lugar, de definir si
están probados los daños aducidos por los demandantes y, de paso, si guardan
relación con la aspersión aérea con glifosato que se realizó en febrero de 2013, en
el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé.
Solo en caso de que la respuesta sea afirmativa, se referirá al fundamento para
adelantar el juicio de atribución de esa entidad y, de ser procedente, verificará la
propiedad sobre los cultivos y, como consecuencia, la indemnización dispuesta por
el a quo.
7. Análisis de fondo
7.1. Valoración de los medios de prueba
7.1.1. Se valorarán las copias simples aportadas por las partes, según el precedente
unificado de esta Sección40 y en aplicación del principio constitucional de buena fe,
dado que no fueron tachadas de falsas y se garantizó el principio de contradicción.
7.1.2. En el plenario obran varios informes rendidos respecto de los hechos objeto
de debate, los cuales en los términos de lo dispuesto en los artículos 243 y 244 del
CGP41, son documentos públicos y, por ende, se presumen auténticos, pues fueron
expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones; además, gozan
de la presunción de veracidad, sin perjuicio del mérito probatorio que se le imprima.
40 Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente
25.022, M.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor
probatorio a las copias simples en sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M.P.
Mauricio González Cuervo.
41 “Artículo 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos,
dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones
magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y,
en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones
en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento
público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención.
Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o
con su intervención (…)”.
Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la
persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o
de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados
de falso o desconocidos, según el caso (…)”.
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7.1.3. También resulta procedente la valoración del dictamen pericial que reposa en
el expediente, ya que, de entrada, cumple con lo previsto en los artículos 230 y 231
del CGP42, al margen del grado de convicción que se le otorgue a su contenido.
Cabe aclarar que, aunque a petición de la parte actora se decretó un dictamen
pericial para establecer la cuantificación de los perjuicios, esa prueba no pudo
practicarse, por lo que se corrió el traslado para alegar de conclusión; sin embargo,
encontrándose el asunto para dictar sentencia, en auto del 14 de junio de 2019 se
decretó, de oficio, la prueba pericial y se designó a una perito - avaluadora43. Una
vez se aportó, se dio el traslado que ordena el artículo 228 del CGP 44, oportunidad
en la Policía Nacional contradijo la prueba y pidió que se citara a la perito a audiencia
para absolver un cuestionario45, lo cual se cumplió el 15 de octubre de ese año46.
Lo anterior permite descartar uno de los argumentos de esa entidad, a saber, que
no se trató de una prueba recaudada por solicitud de la parte demandante, sino que
se hizo de oficio, así como que fue practicada en debida forma y debatida en
audiencia, diligencia que promovió la Policía y ejerció su derecho de oposición.
7.2. Hechos probados
• El 22 de febrero de 2013, la UMATA expidió el siguiente informe sobre la aspersión
aérea con glifosato en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé:
(…) En el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé desde los días lunes 11 y
viernes 22 de febrero de 2013, la comunidad se sorprendió al ver sobrevolar
una avioneta escoltada por dos helicópteros y tan cerca de la población es decir
de las casas, las personas, los cultivos y el río, pues en ningún momento se les
advirtió de que vendría a este lugar y mucho menos para erradicar todo tipo de
cultivo ilícito a través de aspersión aérea con glifosato. Pero debido a las
afectaciones que tienen los agricultores hasta el momento con relación a la
42 “Artículo 230. Dictamen decretado de oficio. Cuando el juez lo decrete de oficio, determinará el
cuestionario que el perito debe absolver, fijará término para que rinda el dictamen y le señalará
provisionalmente los honorarios y gastos que deberán ser consignados a órdenes del juzgado dentro
de los tres (3) días siguientes. Si no se hiciere la consignación, el juez podrá ordenar al perito que
rinda el dictamen si lo estima indispensable. Si el perito no rinde el dictamen en tiempo se le impondrá
multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales y se le informará a la entidad de
la cual dependa o a cuya vigilancia esté sometido. Con el dictamen pericial el perito deberá
acompañar los soportes de los gastos en que incurrió para la elaboración del dictamen (...).
Artículo 231. Práctica y contradicción del dictamen decretado de oficio. Rendido el dictamen
permanecerá en secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la
cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde la presentación
del dictamen. Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la
audiencia, salvo lo previsto en el parágrafo del artículo 228”.
43 Fls. 156 - 157 del archivo 4 del c.2 del expediente digital del Tribunal.
44 Fl. 77 del archivo 5 del c.2 del expediente digital del Tribunal.
45 Fls. 78 - 84 del archivo 5 del c.2 del expediente digital del Tribunal.
46 Fls. 92 - 97 del archivo 5 del c.2 del expediente digital del Tribunal.
21
Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
actividad que ellos realizan, donde cultivan la tierra con productos nativos de la
zona como lo son: papa china, arroz, caña, plátano, banano, yuca, maíz, entre
otros, en las veredas de la Loma, la Fragua, la Quinta, el Alto, Rodea Sanabria,
Sequihondita, siendo esta su principal actividad económica teniendo a más de
350 familias afectadas, ya que no solo les da la alimentación diaria, es una
alternativa para su solvencia por la que estos productos los vendían en todo el
Municipio.
(…) Del mismo modo hay que tener en cuenta que las comunidades veredales
consumen agua de lluvia y está la captan, a través de los techos de las casas,
es por ello que nace la preocupación, ya qué no se tuvo en cuenta este factor,
por ende, nace los problemas inmediatos y a futuro como lo son enfermedades
respiratorias, gastrointestinales entre otras.
(…) Se les exige dejar atrás este tipo de erradicación pues si se sigue los daños
serán aún más letales ya que la comunidad podría dejar de dedicarse a la
agricultura, pesca y ganadería, arrojándola los grupos al margen de la ley o
migrar a las grandes ciudades por el posible desplazamiento que están
formando a las comunidades vulnerables para poder subsistir.
En el documento se insertaron “imágenes [sin que se puedan definir] de algunas
plantaciones que se tomaron” que, según se dijo, “fueron llevadas a la oficina de
esa entidad, afectadas por la aspersión”. De igual forma, catalogó que eran 29
veredas47, 418 familias y 459 hectáreas afectadas48.
• El 17 de abril de 2013, el comité municipal de justicia transicional de Santa Bárbara
de Iscuandé llevó a cabo una reunión extraordinaria en la que se abordó como
primer punto: “Erradicación de cultivos (UMATA)”, indicándose que “por parte de
UMATA la ingeniera Lilia Piedad Estupiñán se pronuncia dando a conocer el
problema de la erradicación de cultivos ilícitos teniendo en cuenta el informe que se
anexa y las quejas que se han radicado para de esta forma solicitar a la Unidad de
Víctimas y la Gobernación de Nariño. Se solicita para dar solución una reunión en
la ciudad de Pasto con el Dr. Plinio Pérez, y la Unidad de Víctimas para ver en qué
condiciones se tratarán a las víctimas por la erradicación de cultivos ilícitos en el
municipio”49.
• En diferentes fechas -todas del mes de marzo-, la UMATA realizó varias visitas
oculares a los predios de los actores, oportunidad en la que concluyó que todos los
cultivos “presentaban quemazón, necrosamiento y amarillamiento (…), no existen
enfermedades fitosanitarias, cultivos lícitos, siendo la única causa probable las
47 1. La Fragua, 2. La Loma, 3. El Alto, 4. Boca de Sequiondita, 5. Santa Rosa, 6. San Luis, 7. Vuelta
Larga, 8. Morongo, 9. Sandamia, 10. Rode, 11. Piscinde, 12. La Quinta, 13. Limones, 14. Santa Rita,
15. Bocas de Chanzara, 16. Guayabal, 17. Playa grande, 18. Gregorio, 19. Baltazar, 20. Santa Rosa,
21. Las Marías, 22. Bellavista, 23. Sanabria, 24. Isla el Gallo, 25. Isla Larga, 26. Juan Ventura, 27.
Bocas de Waba, 28. Madrid, 29. Secadero.
48 Fls. 20 - 23 del archivo 1 del c.2 del expediente digital del Tribunal.
49 Fls. 16 - 18 del archivo 1 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
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Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
fumigaciones áreas con el herbicida glifosato”. Sobre la pérdida de los cultivos, se
relacionaron los siguientes datos frente a cada uno de los 248 demandantes:
IDENTIFICACIÓN CONSTANCIA CULTIVOS AFECTADOS
Rosa Marien Quiñones Arroyo 00449-2013 /12/03/2013 1 ha de cultivo de arroz. Fls. 5 – 6 del archivo 1, c.3
Mireya Paz Perlaza 00457-2013 /13/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 9-10 del archivo1, c.3
Tomas Urbano Estupiñán García 00458-2013 /13/03/2013 ½ ha de caña y ½ ha de plátano. Fls. 11-12 del archivo 1, c.3
María Germania Montaño 0062-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 16-17 del archivo 1, c.3
Zuly Micolta Segura 0063-2013 /4/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 18-19 del archivo 1, c.3
Mabí Carabalí Hinestroza 0064-2013 /4/03/2013 ½ ha de yuca. Fls. 20-21 del archivo 1, c.3
Efigenio Velasco Guerrero 0065-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz, ¼ ha de yuca, ¼ de plátano. Fls. 22-23 del archivo 1,
c.3
Dominga Cortez Cuero 0066-2013 /4/03/2013 ½ ha de maíz, ½ ha de banano. Fls. 24-25 del archivo 1, c.3
José Agustín Guiño Velasco 0067-2013 /4/03/2013 1 ha de plátano. Fls. 26-27 del archivo 1, c.3
Oliverio Sinisterra Góngora 0068-2013 /4/03/2013 ¾ ha de arroz, ¼ de yuca. Fls. 28-29 del archivo 1, c.3
Johana Sinisterra Montaño 0069-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ¼ ha de yuca, ¼ ha de maíz. Fls.30-31
del archivo 1, c.3
Rosa María Obando Grueso 0070-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 32-33 del archivo 1 del c.3
Rosa Mila Ortiz cuero 0071-2013 /4/03/2013 ½ ha de cultivo de yuca. Fls. 34-35 del archivo 1, c.3
Ana María Flores 0072-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ¼ ha de yuca, ¼ ha de maíz. Fls. 36-
37 del archivo 1, c.3
Silvio Caicedo García 0073-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ¼ ha de yuca, ¼ ha de maíz. Fls. 38-
39 del archivo 1, c.3
Arnulfo Camacho Portocarrero 0074-2013 /4/03/2013 2 ha de arroz, ½ ha de plátano, ¼ ha de yuca, ¼ ha de maíz. Fls. 40-
41 del archivo 1, c.3
Gustavo Pinillo Yepes 0075-2013 /4/03/2013 ½ ha de maíz y ½ ha de yuca. Fls 42-43 del archivo 1, c.3
Piedad Estupiñán 0076-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 44-45 del archivo 1, c.3
Luz Mery Rodríguez 0077-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ¼ ha de yuca, ¼ ha de maíz. Fls. 46-
47 del archivo 1, c.3
Tito Lilio Miranda 0078-2013 /4/03/2013 1 ha de maíz. Fls. 48-49 del archivo 1, c.3
Manuel Grueso Cuero 00489-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 52-53 del archivo 1, c.3
Herminio Tello Solís 00490-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ½ ha de yuca, ½ ha de maíz y ½ ha de
papa china. Fls 54-55 del archivo 1, c.3
Carolina Perea Trejo 00236-2013 /12/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 60-61 del archivo 1, c.3
Otilia Valdez Velazco 00237-2013 /12/03/2013 1 ha de caña. Fls. 62-63 del archivo 1, c.3
Luz Mery Araujo Aguiño 00238-2013 /12/03/2013 ½ ha de papa china, ½ ha de caña. Fls. 64-65 del archivo 1, c.3
Eliecer Hinestroza Caicedo 00239-2013 /12/03/2013 1 ha de cultivo de arroz, ½ ha de cultivo de caña, ½ Ha de cultivo de
plátano, ½ Ha de cultivo de yuca, ½ Ha de cultivo de papa china. Fls. 66-67 del archivo 1, c.3
Mariela Estupiñán Estupiñán 00476-2013 /13/03/2013 1 ha de cultivo de caña. Fls. 70-71 del archivo 1, c.3
Corina Toloza corina, 00477-2013 /13/03/2013 1 ha de cultivo de arroz, ½ Ha de cultivo de caña, ½ ha de cultivo de
platino. Fls. 74-75 del archivo 1, c.3
Humberto victoria reina 00472-2013 /13/03/2013 1 ha de cultivo de arroz. Fls. 78-79 del archivo 1 del c.3
Wilfrido Estupiñán 00473-2013 /13/03/2013 ½ Ha de cultivo de plátano, ½ ha de cultivo de yuca. Fls. 68 -69 del
archivo 1, c.3. Engler Arboleda 00474-2013 /13/03/2013 1 ha de cultivo de arroz. Fls. 82-83 del archivo 1, c.3
Alonzo Sánchez castillo 00488-2013 /13/03/2013 2 ha de cultivo de arroz. Fls. 84-85 del archivo 1, c.3
Eloy Obregón Zamora 0041-2013 /4/03/2013 ½ ha de papa china. Fls.1- 2 del archivo 2, c.3
Carmen Lucely Quiñones Solís 0042-2013 /4/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 3 - 4 del archivo 2, c.3
Giovanni Quintero Obregón 0043-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls.
5 - 6 del archivo
2, c.3
Rubén Obregón Zamora 0044-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz y ½ ha de yuca. Fls. 7 - 8 del archivo 2, c.3
Diógenes Hernández Obregón 0045-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 9 - 10 del archivo 2, c.3
Baldomero Hernández Boya 0046-2013 /4/03/2013 ½ ha de caña y ½ ha de yuca. Fls. 11 - 12 del archivo 2, c.3
Alexander Hernández Obregón 0047-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 13 - 14 del archivo 2, c.3
Camilo Obregón Quintero 0048-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de papa china. Fls. 15 - 16 del
archivo 2, c.3
Jobino Olaya Hernández 0050-2013 /4/03/2013 1 ha de caña. Fls. 19 - 20 del archivo 2, c.3
Luis Alberto Hernández 0051-2013 /4/03/2013 ½ de yuca y ½ de maíz. Fls. 21 - 22 del archivo 2, c.3
Hernando Estupiñán 0052-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 23 - 24 del archivo 2, c.3
Santiago Ortiz Yapes 0053-2013 /4/03/2013 ½ ha de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 25 - 26 del archivo
2, c.3
Juan Jaramillo Madrid 0054-2013 /4/03/2013 ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 27 - 28 del archivo 2, c.3
Gilberto Ortiz Hernández 0055-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 27 - 28 del archivo 2, c.3
Jorge Luis Estupiñán Arango 00197-2013 /10/03/2013 2 ha de arroz y 1 ha de caña. Fls. 34 - 35 del archivo 2, c.3
Diana patricia Arrollo Estupiñán 00198-2013 /10/03/2013 2 ha de arroz, ½ de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 36 - 37
del archivo 2, c.3. Ayda Estupiñán Boya 00199-2013 /10/03/2013 2 ha de arroz, ½ de plátano y ½ de yuca Fls. 38 - 39 del archivo 2, c.3
María Yísela Hernández Reina 00200-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz, ½ de plátano y ½ de yuca Fls. 40 - 41 del archivo 2, c.3
Ermila Estupiñán Jaramillo 00201-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz Fls. 42 - 43 del archivo 2, c.3
Joaquín Guerrero 00202-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz Fls. 44 - 45 del archivo 2, c.3
Regulo Arroyo Revelo 00203-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca Fls. 46 - 47 del archivo
2, c.3
Orlando Vásquez Arrollo 00204-2013 /10/03/2013 2 ha de arroz y 1 ha de caña. Fls. 48 - 49 del archivo 2, c.3
Damari Madrid Estupiñán 00205-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ½ ha de yuca y ½ ha de caña. Fls. 50
• 51 del archivo 2, c.3
Guillermo Rebolledo Rebolledo 00206-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz, 1 ha de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 52 -
53 del archivo 2, c.3
Rogelia Boya Estupiñán 00208-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 56 - 57 del archivo 2, c.3
Víctor Hugo Madrid Rebolledo 00209-2013 /10/03/2013 1 ha de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 58 - 59 del archivo
2, c.3
Huber Arroyo Vásquez 00210-2013 /10/03/2013 2 ha de arroz. Fls. 60 - 61 del archivo 2, c.3
Juan Carlos Madrid Arango 00211-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 62 - 63 del archivo
2, c.3
Cristóbal Madrid 00212-2013 /10/03/2013 ½ ha de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 64 - 65 del archivo
2, c.3
Clelia Arroyo Obregón 00213-2013 /10/03/2013 2 ha de arroz. Fls. 66 - 67 del archivo 2, c.3
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Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Alberto obregón Obando 00214-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 68 - 69 del archivo
2, c.3
Luis Alfredo Toloza Jaramillo 00215-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz, 1 ha de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 70 -
71 del archivo 2, c.3
Silano Hernández Reina 00217-2013 /10/03/2013 1 ha de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 74 - 75 del archivo
2, c.3
Beatriz Hernández Obregón 0038-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 89-90 del archivo 1, c.3
Merlín Hernández quintero 0039-2013 /4/03/2013 ½ ha de plátano, ½ ha de yuca. Fls. 91-92 del archivo 1, c.3
Zenobia Obregón Hernández 0040-2013 /4/03/2013 1 ha de caña. Fls. 93-94 del archivo 1, c.3
Miguel Hernández bolla 00218-2013 /10/03/2013 2 ha de arroz. Fls. 76 - 77 del archivo 2, c.3
Diego Fabián Hernández 0020-2013 /10/03/2013 1 ha de caña y ½ ha de papa china. Fls. 80 - 81 del archivo 2, c.3
Edwin Javier Hernández 00221-2013 /10/03/2013 1 ha de caña, 1 ha de arroz y ½ de papa china. Fls. 82 - 83 del archivo
2, c.3
Diógenes Paz Erazo 00455-2013 /13/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 86 - 87 del archivo 2, c.3
Jhon Ever Toloza Estupiñán 00456-2013 /13/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 88 - 89 del archivo
2, c.3
Patricio Quiñonez Ortiz 00222-2013 /10/03/2013 ½ ha de caña. Fls. 92 - 93 del archivo 2, c.3
Bernardo Antonio Quiñones Arroyo 00223-2013 /10/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 94 - 95 del archivo 2, c.3
Hoderay Jaramillo Vásquez 00224-2013 /10/03/2013 ½ ha de yuca. Fls. 96 - 97 del archivo 2, c.3
Apolinar Quiñonez Cuellar 00225-2013 /10/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 98 - 99 del archivo 2, c.3
Faustino Quiñonez Castro 00226-2013 /10/03/2013 ½ ha de caña. Fls. 100 - 101 del archivo 2, c.3
Ruby Leydi Vallecilla Quiñonez 00227-2013 /10/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 102 - 103 del archivo 2, c.3
Carlos Cundumí Quiñonez 00228-2013 /10/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 105 - 105 del archivo 2, c.3
José Antonio Hinestroza 00531-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 114 - 115 del archivo 2, c.3
María Josefa Sánchez 00509-2013 /14/03/2013 1 ha de caña. Fls. 116 - 117 del archivo 2, c.3
Benito Torres 00531-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 118 - 119 del
archivo 2, c.3
Magdaleno Solís 00532-2013 /14/03/2013 1 ha arroz y ½ ha de plátano. Fls. 120 - 121 del archivo 2, c.3
María Emérita Cuero 00533-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 122 - 123 del archivo 2, c.3
Luis Marino Montaño 00534-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz y ½ ha de plátano. Fls. 124- 125 del archivo 2, c.3
Mary Silvia Dura Chiripua 00143-2013 /8/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 129- 130 del archivo 2, c.3
Ana Neyla Quiñonez Arrollo 00144-2013 /8/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 131- 132 del archivo 2, c.3
Fabiola Quiñonez Fernández 00145-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 133 - 134 del archivo 2, c.3
Nieves Vallecilla Quiñonez 00147-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de papa china, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 137 - 138 del archivo 2, c.3
Clara Libia Reina Quiñonez 00148-2013 /8/03/2013 ½ ha de yuca. Fls. 137 - 138 del archivo 2, c.3
Efraín Reina Estupiñán 00149-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 141 - 142 del archivo 2, c.3
Jhon Alexander Oliveros 00150-2013 /8/03/2013 1/ ha de maíz. Fls. 143 - 144 del archivo 2, c.3
Iber Octavio Cuellar 00151-2013 /8/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 145 - 146 del archivo 2, c.3
Adriano Vallecilla Landázuri 00152-2013 /8/03/2013 1 ½ ha de arroz. Fls. 147 - 148 del archivo 2, c.3
Javier Vallecilla Quiñonez 00153-2013 /8/03/2013 ½ ha de caña. Fls. 149- 150 del archivo 2, c.3
María Maritza Ibarbo Cuero 00154-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 151 - 152 del archivo 2, c.3
Magnolia Zamora Quintero 00155-2013 /8/03/2013 1 ha de plátano. Fls. 153 - 154 del archivo 2, c.3
Manuel Cabezas Salas 00156-2013 /8/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 155 - 156 del archivo 2, c.3
Segundo Euclides Estupiñán 00157-2013 /8/03/2013 ½ de arroz y ½ ha de caña. Fls.
157- 158 del archivo 2, c.3
Ana Quiñonez 00159-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 161 - 162 del archivo 2, c.3
Jairo Mauro Angulo Carabalí 00160-2013 /8/03/2013 1 ha de caña, ½ ha de papa china, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 163 - 164 del archivo 2, c.3
Teodoro Estupiñán 00243-2013 /12/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 171 - 172 del archivo 2, c.3
Delfida Nora Estupiñán Toloza 00246-2013 /12/03/2013 1 ha de caña. Fls. 177 - 178 del archivo 2, c.3
Ana Milena Estupiñán 0081-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 183 - 184 del archivo 2, c.3
Doris Castillo Estupiñán 0082-2013 /4/03/2013 ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 185 - 186 del archivo 2, c.3
Arístides Valverde Obando 0085-2013 /4/03/2013 ½ ha de maíz y ½ ha de papa china. Fls. 191 - 192 del archivo 2, c.3
Yoli Estupiñán Castillo 0087-2013 /4/03/2013 ½ ha de plátano y ½ ha de arroz. Fls. 195 - 196 del archivo 2, c.3
Antonia Lidis Castillo Estupiñan 0089-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 199 - 200 del archivo 2, c.3
Ballardo Márquez Hurtado 00459-2013 /13/03/2013 1 ha de arroz Fls. 4 - 5 del archivo 3, c.3
Buenaventura Estupiñán 00462-2013 /13/03/2013 ½ ha de caña, ½ ha de plátano, ½ ha de maíz y ½ ha de yuca. Fls. 10-
11 del archivo 3, c.3
Fernando Obando 00464-2013 /13/03/2013 ½ de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de arroz. Fls. 14- 15 del archivo 3,
c.3
Martha Cecilia Riascos Obregón 00161-2013 /8/03/2013 ½ ha de caña. Fls. 31- 32 del archivo 3, c.3
Érica Patricia Ortiz Ferrín 00162-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 31- 32 del archivo 3, c.3
Adela Cuellar Rebolledo 00163-2013 /8/03/2013 ½ ha de caña. Fls. 35- 36 del archivo 3, c.3
Heber Candelo Reina 00164-2013 /8/03/2013 ½ ha de papa china y ½ ha de yuca. Fls. 37 - 38 del archivo 3, c.3
Ranulfo Cuero 00165-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 39 - 40 del archivo 3, c.3
Lucy Obregón Erazo 00166-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de yuca y ½ ha de plátano. Fls. 43- 44 del archivo
3, c.3
Emildes Cándelo Obando 00167-2013 /8/03/2013 1 ha de plátano. Fls. 41- 40 del archivo 3, c.3
Melissa Bonilla Palomino 00168-2013 /8/03/2013 ½ ha de caña. Fls. 45- 46 del archivo 3, c.3
Azucena Zamora Quintero 00169-2013 /8/03/2013 1 ha de caña. Fls. 47- 48 del archivo 3, c.3
Domingo Solís 00170-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 49- 50 del archivo 3, c.3
Andrea Castillo Sinisterra 00171-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz, ½ de plátano y ½ de caña. Fls. 51- 52 del archivo 3, c.3
Ernestina Caicedo 00172-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 53 - 54 del archivo 3, c.3
Luz Mari Castillo 00173-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 55 - 56 del archivo 3 del c.3
Nilsa Lucía Castillo 00174-2013 /8/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 57 - 58 del archivo 3, c.3
Uber Castillo 00175-2013 /8/03/2013 1 ha de papa china. Fls. 59 - 60 del archivo 3, c.3
Dagoberto Cundumí Toloza 0079-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 77 - 78 del archivo
3, c.3
Mariana Carabalí 0080-2013 /4/03/2013 1 ½ ha de arroz y ½ ha de plátano. Fls. 79 - 80 del archivo 3, c.3
Carlos Jair Estupiñán Cundumí 00450-2013 /13/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 67 - 68 del archivo
3, c.3
Lizardo Estupiñán Toloza 00451-2013 /13/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 69 - 70 del archivo
3, c.3
Raúl Solís Castillo 00452-2013 /13/03/2013 1 ha de caña. Fls. 71 - 72 del archivo 3, c.3
Juana Gladis Estupiñán 00453-2013 /13/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 73 - 74 del archivo 3, c.3
Jorge Eliecer Quintero Paredes 0049-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 84 - 85 del archivo 3, c.3
Máximo Torres Obando 00493-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 86 - 87 del archivo
3, c.3
Wilmar Mantilla Alegría 00495-2013 /14/03/2013 1 ha de caña. Fls. 90 - 91 del archivo 3, c.3
Sergio Caicedo García 00496-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 92 - 93 del archivo 3, c.3
Héctor Fabio Obando Quintero 00497-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 94 - 95 del archivo
3, c.3
24
Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Franco Cornejo Naranjo 00498-2013 /14/03/2013 1 ha de papa china, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 96 - 97 del
archivo 3, c.3
Rosa Lubia Mantilla Alegría 00499-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, 1 caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 98 - 99 del
archivo 3, c.3
Luis Alfonso Torres Obando 00500-2013 /14/03/2013 1 ha de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 100 - 101 del archivo
3, c.3
Walter Peña Obando 00501-2013 /14/03/2013 ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 102 - 103 del archivo 3, c.3
Arcelio Enríquez Quintero 00503-2013 /14/03/2013 1 ha de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 106 - 107 del archivo
3, c.3
Arévalo Alegría Sánchez 00503-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 108 - 109 del
archivo 3, c.3
Wilfrido Quintero Gonzales 00505-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de papa china y ½ ha de yuca. Fls. 110 - 111 del
archivo 3, c.3
Rodolfo Rodríguez Obando 00506-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 112 - 113 del archivo 3, c.3
Wilmar Trejo Portocarrero 00507-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 114 - 115 del
archivo 3, c.3
Rafaela Caicedo García 00508-2013 /14/03/2013 1 ha de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 116 - 117 del archivo
3, c.3
Abelardo Olaya Obando 00509-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ½ ha de yuca, ½ ha de maíz y ½ de
caña. Fls. 118 - 119 del archivo 3, c.3
Baudilio Obando González 00510-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 120 - 121 del
archivo 3, c.3
Johana Micolta Tenorio 00511-2013 /14/03/2013 ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 122 - 122 del archivo 3, c.3
Teódulo Chamorro Obregón 00512-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 124 - 125 del
archivo 3, c.3
Esmilda Quintero Paredes 00514-2013 /14/03/2013 ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 128 - 129 del archivo 3, c.3
Beatriz Obando Quintero 00515-2013 /14/03/2013 1 ha de yuca. Fls. 130 - 131 del archivo 3, c.3
Higinio Enríquez Quintero 00516-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 132 - 133 del archivo 3, c.3
Herasmo Obando Velasco 00517-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 134 - 135 del
archivo 3, c.3
Flora Ángela Velásquez de Obando 00518-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de caña y ½ ha de maíz. Fls. 136 - 137 del archivo
3, c.3
José Fernando Obando Lara 00519-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 138 - 139 del
archivo 3, c.3
Walberto Quintero González 00521-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 142 - 143 del
archivo 3, c.3
Benigno Obando Quintero 00522-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ½ ha de yuca, ½ ha de maíz y ½ de
caña. Fls. 144 - 145 del archivo 3, c.3
José Herley Obando Camacho 00523-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 146 - 147 del
archivo 3, c.3
Davison Obando Flores 00524-2013 /14/03/2013 1 ha de caña. Fls. 148 - 149 del archivo 3, c.3
Juan Aurelio Trejos Portocarrero 00525-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 150 - 151 del
archivo 3, c.3
José Jamir Ortiz Flores 00528-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de maíz y ½ ha de yuca. Fls. 156 - 157 del archivo
3, c.3
Dagoberto Enríquez Olaya 00530-2013 /14/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 160 - 161 del
archivo 3, c.3
Raquel Araujo 0091-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 168 - 169 del archivo 3, c.3
Emilio Cándelo Araujo 0093-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz y 1 ha de papa china. Fls. 172 - 173 del archivo 3, c.3
Marionel Estupiñán Prado 0094-2013 /7/03/2013 ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 174- 175 del archivo 3, c.3
Andrea Rebolledo Araujo 0095-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de papa china. Fls. 176- 177 del
archivo 3, c.3
Mireya Valencia Sinisterra 0092-2013 /7/03/2013 ¾ ha de arroz y ½ ha de yuca. Fls.
170 - 171 del archivo 3, c.3
Angélica Estupiñán Estupiñán 0097-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 180- 181 del archivo 3, c.3
Alejandro rebolledo Estupiñán 0098-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 182- 183 del archivo 3, c.3
Yolanda Rebolledo Estupiñán 0099-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de maíz, ¼ ha de yuca y ¼ ha de plátano. Fls. 184
• 185 del archivo 3, c.3
Marielena Sandoval Rodríguez 00100-2013 /7/03/2013 ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 186- 187 del archivo 3, c.3
Pompilio Paz Perlaza 00101-2013 /7/03/2013 ¾ ha de papa china y ¼ ha de plátano. Fls. 188- 189 del archivo 3, c.3
Yeison Perlaza Estupiñan 00102-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 190- 191 del archivo 3, c.3
Orlando Estupiñán Araujo 00103-2013 /7/03/2013 ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 192- 193 del archivo 3, c.3
Miguel Rebolledo Araujo 00104-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de yuca y ¼ de plátano. Fls. 194 - 195 del archivo
3, c.3
Jhon Fredy Estupiñán Estupiñán 00105-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ½ ha de yuca y ½ ha de maíz. Fls. 196
• 197 del archivo 3, c.3
Carlos Alberto Estupiñán Castillo 00106-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 198 - 199 del
archivo 3, c.3
Aspacia Araujo Estupiñán 00107-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz Fls. 200 - 201 del archivo 3, c.3
José Antonio Araujo 00108-2013 /7/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 202 - 203 del archivo 3, c.3
Adelfa Araujo Estupiñán 00109-2013 /7/03/2013 1 ha de papa china. Fls. 204 - 205 del archivo 3, c.3
Betsabé Estupiñán Araujo 00110-2013 /7/03/2013 ½ ha de maíz. Fls. 206 - 207 del archivo 3, c.3
Jaime Rebolledo Estupiñán 00111-2013 /7/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 208 - 209 del archivo 3, c.3
Fabiola Estupiñán Perlaza 00112-2013 /7/03/2013 ½ ha de yuca. Fls. 210 - 211 del archivo 3, c.3
Leidy Johana Quiñones 00113-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 212 - 213 del archivo 3, c.3
Nidia Araujo Estupiñán 00114-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz, ¼ ha de plátano, ¼ ha de yuca y ½ ha de maíz. Fls. 214
• 215 del archivo 3, c.3
Solón Araujo 00115-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz, ¼ ha de plátano, ¼ ha de yuca y ½ ha de maíz. Fls. 216
• 217 del archivo 3, c.3
Evelio Estupiñán Estupiñán 00116-2013 /7/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 218 - 219 del archivo 3, c.3
Melquisedec Perlaza 00120-2013 /8/03/2013 1 ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 226 - 227 del archivo 3, c.3
Mirian Estupiñán 00121-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 228 - 229 del archivo 3, c.3
Jazmín Estupiñán 00123-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz, ¼ ha de plátano, ¼ ha de yuca y ½ ha de maíz. Fls. 232
• 233 del archivo 3, c.3
América Estupiñán 00124-2013 /8/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 234 - 235 del archivo 3, c.3
Amparo Estupiñán 00125-2013 /8/03/2013 ½ ha de caña. Fls. 236 - 237 del archivo 3, c.3
Leónides Estupiñán Araujo 0096-2013 /8/03/2013 ¾ ha de arroz y ¼ ha de yuca. Fls. 178 - 179 del archivo 3, c.3
Limbania Estupiñán 00130-2013 /8/03/2013 ½ ha de arroz y ½ de yuca. Fls. 246 - 247 del archivo 3, c.3
Doris Estupiñán 00131-2013 /8/03/2013 2 ha de arroz, ¼ ha de plátano, ¼ ha de yuca y ½ ha de caña. Fls. 248-
249 del archivo 3, c.3
Antonio Obando 00132-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz, ¼ ha de plátano, ¼ ha de yuca y ½ ha de caña. Fls. 250-
251 del archivo 3, c.3
Marina Estupiñán 00133-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 248- 249 del archivo 3, c.3
Carmen Orfilia Estupiñán 00136-2013 /8/03/2013 ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 258 - 259 del archivo 3, c.3
25
Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Diego Estupiñán 00138-2013 /8/03/2013 ¾ ha de papa china y ¼ de plátano. Fls. 262 - 263 del archivo 3, c.3
Floris Caicedo 00140-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 266 - 267 del archivo 3, c.3
Margarita Araujo 00142-2013 /8/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ¼ de yuca y ½ de caña. Fls. 270 - 271
del archivo 3, c.3
Marcia Rebolledo Estupiñán 0056-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ½ ha de yuca. Fls. 274- 275 del archivo
3, c.3
Juan Rebolledo Angulo 0057-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 276- 277 del archivo 3, c.3
Eduardo Araujo Rebolledo 0058-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 278- 279 del archivo 3, c.3
Flavio Cuero Rebolledo 0059-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de yuca, ½ ha de maíz y ½ ha de plátano. Fls. 280
• 281 del archivo 3, c.3
Wellington Rebolledo Estupiñán 0060-2013 /4/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 282 - 283 del archivo 3, c.3
Cruz Celina Estupiñán Rebolledo 0061-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 284 - 285 del archivo 3, c.3
Lida Perlaza Riascos 00185-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 288 - 289 del archivo 3, c.3
Abatidle Perlaza 00186-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ½ ha de caña. Fls. 290 - 291 del archivo
3, c.3
Ubaldo Paz Perlaza 00187-2013 /10/03/2013 1 ha de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 292 - 293 del archivo
3, c.3
Alieno Perlaza Perlaza 00189-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 296 - 297 del archivo 3, c.3
José Félix Perlaza Riascos 00190-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ½ ha de caña. Fls. 298 - 299 del archivo
3, c.3
Nicomedes Perlaza 00192-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 302 - 303 del archivo 3, c.3
Nelly Perlaza Estupiñán 00193-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de caña. Fls. 304 - 305 del
archivo 3, c.3
Melchor Estupiñán Perlaza 00194-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz y 1 ha de caña. Fls. 306 - 307 del archivo 3, c.3
Aníbal Estupiñán 00195-2013 /10/03/2013 2 ha de arroz, ½ ha de papa china ½ ha de yuca. Fls. 308- 309 del
archivo 3, c.3
Jhon Jani Perlaza 00196-2013 /10/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 310 - 311 del archivo 3, c.3
Clemencia Abigail Castillo 00230-2013 /12/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 314 - 315 del archivo 3, c.3
Estupiñán
Ediltrudis Cundumí Toloza 00231-2013 /12/03/2013 ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 316 - 317 del archivo 3, c.3
Dorotea Toloza de Cundumí 00232-2013 /12/03/2013 1 ha de arroz. Fls. 318 - 319 del archivo 3 del c.3
Ismael Cundumí Toloza 00233-2013 /12/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 320 - 321 del
archivo 3, c.3
Romelio Castro 00234-2013 /12/03/2013 2 ha de arroz. Fls. 322 - 323 del archivo 3, c.3
Elvira Guerrero Ortiz 00178-2013 9/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 326 - 327 del archivo 3, c.3
Baudilio Estupiñán grueso 00179-2013 9/03/2013 ½ ha de plátano. Fls. 326 - 327 del archivo 3, c.3
José Artemio Valdez Velasco 00180-2013 9/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 330- 331 del archivo
3, c.3
Aparicio Estupiñán 00181-2013 9/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 332 - 333 del archivo 3 del c.3
Alexander Cuero Hurtado 00182-2013 9/03/2013 3 ha de arroz, 2 ha de caña, ½ ha de plátano y ½ ha de yuca. Fls. 334
• 335 del archivo 3 del c.3
María Eugenia Mejía 00183-2013 9/03/2013 2 ha de arroz, ½ ha de caña, ½ ha de plátano, ½ ha de yuca y ½ ha de
papa china. Fls. 336 - 337 del archivo 3, c.3
Tito Libio Rodríguez 00184-2013 9/03/2013 1 ha de arroz, ½ ha de plátano, ½ ha de yuca, ½ de papa china y ½ ha
de caña. Fls. 338 - 339 del archivo 3, c.3
Disney Zamora Quintero 0001-2013 /4/03/2013 ½ ha de papa china, ¼ ha de banano y plátano, ¼ ha de yuca, ½ ha
de arroz y ½ de caña. Fls. 343 - 344 del archivo 3, c.3
Isaías Obando Arroyo 0002-2013 /4/03/2013 ½ ha de papa china, ¼ ha de banano y plátano, ½ ha de yuca, 1 ha de
arroz y ½ de caña. Fls. 345- 346 del archivo 3, c.3
Cindi Hernández Hernández 0003-2013 /4/03/2013 ¼ ha de arroz y ¼ ha de caña. Fls.
347- 348 del archivo 3, c.3
Abad Hernández Zamora 0004-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 349 - 350 del archivo 3 del c.3
Josefa Vásquez Arroyo 0007-2013 /4/03/2013 ½ ha de papa china, ¼ ha de banano, ½ ha de plátano, ¼ ha de yuca,
1 ha de arroz y ½ ha de caña. Fls. 2 - 3 del archivo 4, c.3
Hernán Obando Estupiñán 0008-2013 /4/03/2013 ½ ha de arroz. Fls. 4 - 5 del archivo 4, c.3
Daniel Obando Arroyo 0010-2013 /4/03/2013 ½ ha de papa china, ¼ ha de banano, ¼ ha de plátano, ½ ha de yuca,
1 ha de arroz y ½ ha de caña. Fls. 8 - 9 del archivo 4, c.3
Bermary Hernández Obregón 0011-2013 /4/03/2013 ¼ ha de papa china, ¼ ha de banano, ¼ ha de plátano, ¼ ha de arroz
y ¼ ha de caña. Fls. 106 - 107 del archivo 4, c.3
Kelly Jaramillo Vásquez 0012-2013 /4/03/2013 ¼ ha de banano, ¼ ha de plátano, ¼ ha de yuca, 1 ha de arroz y ½ ha
de caña. Fls. 12 - 13 del archivo 4, c.3
Karen Ortiz Hernández 0013-2013 /4/03/2013 ½ ha de papa china, ¼ ha de banano, ¼ ha de plátano, ½ ha de arroz
y ½ ha de caña. Fls. 14 - 15 del archivo 4, c.3
Elmer Enrique Obando Salazar 0015-2013 /4/03/2013 ½ ha de ¼ ha de banano, ¼ ha de plátano, ¼ ha de papa china, ¼ ha
de arroz y ¼ ha de caña. Fls. 18 - 19 del archivo 4, c.3
Ester Hernández Erazo 0021-2013 /4/03/2013 ½ ha de papa china, ¼ ha de banano, ¼ ha de plátano, ¼ de yuca, ½
ha de arroz y ½ ha de caña. Fls. 30 - 31 del archivo 4, c.3
José Luis Hernández Erazo 0022-2013 /4/03/2013 ¼ ha de papa china, ¼ ha de banano, ¼ ha de plátano y ½ ha de arroz. Fls. 32 - 33 del archivo 4, c.3
Feliza Hernández Erazo 0024-2013 /4/03/2013 ½ ha de papa china, ¼ ha de banano, ¼ ha de plátano, ¼ ha de yuca,
½ de arroz y ½ ha de caña. Fls. 36 - 37 del archivo 4, c.3
Honoria Erazo Hernández 0025-2013 /4/03/2013 ½ ha de papa china y ½ ha de arroz. Fls. 38 - 39 del archivo 4, c.3
Antonia Hernández Erazo 0028-2013 /4/03/2013 ½ ha de papa china, ¼ ha de banano, ¼ ha de plátano, ¼ ha de yuca,
½ ha de arroz y ½ ha de caña. Fls. 44 - 45 del archivo 4, c.3
• En Oficio 2016-75484 del 22 de septiembre de 2016, el jefe del Área de
Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Policía Nacional certificó que, una vez revisada
la base de datos geográfica, se evidenciaba que los días 13, 15, 16, 18 y 22 de
febrero de 2013 se realizaron operaciones de aspersión aérea con glifosato en el
municipio de Santa Bárbara de Iscuandé y que no se recibieron reclamaciones o
quejas por la presunta afectación de cultivos lícitos durante ese año50.
50 Fls. 32 - 38 del archivo 9 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
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Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
• En Oficio 2016-075482 del 22 de septiembre de 2016, esa entidad informó que
dicha aspersión no se desarrollaba individualizando predios, porque el programa de
erradicación de cultivos de uso ilícito opera en todas las áreas donde se observe la
presencia de los mismos, exceptuando lo establecido en el artículo 87 del Decreto
1843 de 199151.
• Los representantes legales de los Consejos Comunitarios de Unicosta52 y Cuenca
del Río Iscuandé53 identificaron en total a 188 integrantes del grupo como
51 Fls. 41 - 42 del archivo 9 del c.1 del expediente digital del Tribunal.
52 1. Efigenio Velasco Guerrero, 2. Dominga Cortés Cuero, 3. José Agustín Aguiño, 4. Olivero
Sinisterra Góngora, 5. Gustavo Pinillo Yepes, 6. María Germanía Montaño, 7. Tito Livio Miranda. 8.
Blanca Piedad Estupiñán. 9. Rosa Mila Ortiz Cuero, 10. Maby Carabalí Hinestroza, 11. Zuleima
Micolta Segura, 12. Elvira Guerrero, 13. Zuly Micolta Segura, 14. Rosa María Obando Grueso, 15.
Luz Mery Rodríguez, 16. Jhoana Sinisterra Montaño, 17. Ana María Flórez, 18. María Emérita Cuero.
19. María Josefina Sánchez, 20. José Antonio Hinestroza 1 Micaelita, 21. Benito Torres, 22.
Magdaleno Solís, 23. Luis Marino Montaño, 24. Aparicio Estupiñán. 25. Baudilio Estupiñán Grueso,
26. José Artemio Valdés Velasco, 27. Dimas Bazán, 28. Otilia Valdés Velasco, 29. Pastora Sánchez
Riascos, 30. Luz Mery Araujo Aguiño, 31. Carolina Perea Trejos, 32. Tito Livio Rodríguez, 33. Eliecer
Hinestroza Caicedo. 34. Arnulfo Camacho Portocarrero, 35. Manuel Grueso Cuero. 36. Erminio Tello
Solís, 37. Silvia Caicedo Velasco. 38. Alexander Cuero Hurtado.
53 1. Disney Zamora Quintero, 2. Isaías Obando Arrollo, 3. Cindi Hernández Hernández, 4. Abad
Hernández Zamora, 5. Josefa Vásquez Arroyo, 6. Hernán Obando Estupiñán, 7. Daniel Obando
Arroyo, 8. Bermary Hernández Obregón, 9. Kelly Jaramillo Vásquez, 10. Karen Ortiz Hernández, 11.
Elmer Enrique Obando, 12. Ester Hernández Erazo, 13. José Luis Hernández Erazo, 14. Feliza
Hernández Erazo, 15. Honoria Erazo Hernández, 16. Antonia Hernández Erazo, 17. Diógenes
Hernández Obregón, 18. Baldomero Hernández Boya, 19. Alexander Hernández Obregón, 20.
Camilo Obregón Quintero, 21. Jobino Olaya Hernández, 22. Luis Alberto Hernández, 23. Hernando
Estupiñán, 24. Santiago Ortiz Yapes, 25. Juan Jaramillo Madrid, 26. Gilberto Ortiz Hernández, 27.
Marcia Rebolledo Estupiñán, 28. Juan Rebolledo Angulo, 29. Eduardo Araujo Rebolledo, 30. Flavio
Cuero Rebolledo, 31. Wellington Rebolledo Estupiñán, 32. Cruz Celina Estupiñán Rebolledo, 33.
Raquel Araujo, 34. Mireya Valencia Sinisterra, 35. Emilio Cándelo Araujo, 36. Andrea Rebolledo
Araujo, 37. Angélica Estupiñán Estupiñán, 38. Alejandro Rebolledo Estupiñán, 39. Yolanda
Rebolledo Estupiñán, 40. Marielena Sandoval Rodríguez, 41. Pompilio paz Perlaza, 42. Orlando
Estupiñán Araujo, 43. Miguel Rebolledo Araujo, 44. Carlos Alberto Estupiñán, 45. Aspacia Araujo
Estupiñán, 46. José Antonio Araujo, 47. Adelfa Araujo Estupiñán, 48. Betsabé Estupiñán Araujo, 49.
Fabiola Estupiñán Perlaza, 50. Leidy Jhoana Quiñonez, 51. Nidia Araújo Estupiñán, 52. Sοlόn Araújo,
53. Evelio Estupiñán Estupiñán, 54. Yeisón Perlaza, 55. Melquisedec Perlaza, 56. Mirian Estupiñán,
57. Jazmín Estupiñán, 58. América Estupiñán, 59. Amparo Estupiñán, 60. Limbania Estupiñán, 61.
Doris Estupiñán, 62. Antonio Obando, 63. Marina Estupiñán, 64. Jhon Fredy Estupiñán, 65. Carmen
Orfilia Estupiñán, 66. Marionel Estupiñán, 67. Diego Estupiñán, 68. Floris Caicedo, 69. Margarita
Araújo, 70. Mary Silvia Dura Chiripua, 71. Ana Nelia Quiñonez, 72. Fabiola Quiñonez Fernández, 73.
Nieves Vallecilla Quiñonez, 74. Clara Libia Reina Quiñonez, 75. Efraín Reina Estupiñán, 76. Jhon
Alexander Oliveros Cuero, 77. Iber Octavio Cuellar Estupiñán, 78. Adriano Vallecilla Landázuri, 79.
Javier Vallecilla quiñones, 80. María Maritza Ibarbo, 81. Magnolia Zamora Quintero, 82. Manuel
Cabezas Salas, 83. Segundo Euclides Estupiñán, 84. Ana Quiñonez, 85. Jairo Mauro Angulo
carabalí, 86. Martha Cecilia Riascos Obregón, 87. Adela Cuellar Rebolledo, 88. Heber cándelo Reina,
89. Ranulfo Cuero, 90. Lucy Obregón Erazo, 91. Emildes cándelo Obando, 92. Melissa Bonilla
Palomino, 93. Azucena Zamora Quintero, 94. Domingo Solís, 95. Andrea Castillo Sinisterra, 96.
Ernestina Caicedo, 97. Luz Mari Castillo, 98. Nilsa Lucía Castillo, 99. Uber Castillo, 100. Érica Patricia
Ortiz, 101. Lida Perlaza Riascos, 102. Abatidle Perlaza, 103.Ubaldo Paz Perlaza, 104. Alenio Perlaza
Perlaza, 105. José Feliz Perlaza Riascos, 106. Nicomedes Perlaza, 107. Nelly Perlaza Estupiñán,
108. Melchor Estupiñán Perlaza, 109. Anibal Estupiñán, 110. Jhon Jani Perlaza, 111. Jorge Luis
Estupiñán Arango, 112. Diana Patricia Arrollo Estupiñán, 113. Ayda Estupiñán Boya, 114. María
Yisela Hernández Reina, 115. Ermila Estupiñán Jaramillo, 116. Regulo Arroyo Revelo, 117. Orlando
Vásquez Arroyo, 118. Damari Madrid, 119. Guillermo Rebolledo Rebolledo, 120. Rogelia Boya
Estupiñán, 121. Víctor Hugo Madrid Rebolledo, 122. Huber Arroyo Vásquez, 123. Juan Carlos Madrid
Arango, 124. Cristóbal Madrid, 125. Clelia Arroyo Obregón, 126. Alberto obregón Obando, 127. Luis
Alfredo Toloza Jaramillo, 128. Silano Hernández Reina, 129. Miguel Hernández Bolla, 130.Edwin
Javier Hernández, 131. Patricio Quiñonez Ortiz, 132. Bernardo Antonio Quiñones Arroyo, 133.
Hoderay Jaramillo Vásquez, 134. Apolinar Quiñonez Cuellar, 135. Faustino Quiñonez Castro, 136.
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Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
poseedores y tenedores de terrenos de propiedad colectiva. También aseguraron
que para el 22 de febrero de 2013 resultaron víctimas de fumigación con glifosato
esparcido por avionetas de la Policía Nacional y se afectaron los cultivos de
pancoger que se encontraban sembrados.
• El 19 de junio de 2018, la señora Carmen Elizabeth Villota Villota, asesora jurídica
del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, declaró ante el a quo que la Policía
Nacional envió un correo electrónico al alcalde -sin fecha-, mediante el cual le
informó que adelantaría operaciones de aspersión aérea; empero, se le recordó que
no podía desarrollar tal actividad, puesto que el gobernador había pactado la
erradicación manual de cultivos de uso ilícito. Aun así, aseguró que se realizaron
las fumigaciones aéreas en la parte alta del municipio.
A renglón seguido, depuso que, “pasados unos días, bajó la población indígena de
la vereda Vuelta Larga” para dejar constancia de que se fumigó y se dañaron los
cultivos que venían trabajando con la gobernación en el programa “sí se puede”,
que propendía por cambiar la forma de trabajo “de cultivos ilícitos a cultivos lícitos”.
Enunció que la población no presentó la documentación para tramitar una queja y,
ante la dificultad para acceder al territorio, llamó a la ingeniera Lilia Piedad
Estupiñán, jefe de la UMATA, quien se desplazó hasta cierta zona con el propósito
de realizar un censo de los hechos. Luego, ella entregó un informe y fotografías
“que mostraban los daños”.
Añadió que conoció de la fumigación y la población que fue afectada, pues llegó
hasta las veredas Vuelta Larga y Palomino que evidenciaban “los cultivos perdidos”.
Esbozó que muchas personas estaban asentadas en los terrenos colectivos y cada
Consejo Comunitario gozaba de una extensión de tierra, en la cual un número de
hectáreas se destina para cultivos, es decir, no hay propiedad individual, sino que a
cada agricultor solo le pertenece lo que cultiva en las hectáreas adjudicadas54.
Ruby Leydi Vallecilla Quiñonez, 137. Carlos Cundumí Quiñonez, 138. Clemencia Abigail Castillo
Estupiñán, 139. Ediltrudis Cundumí Toloza, 140. Dorotea Toloza de Cundumí, 141. Ismael Cundumí
Toloza, 142. Romelio Castro, 143. Teodoro Estupiñán, 144. Damián Estupiñán, 145. Rosa Marien
Quiñonez Arroyo, 146. Carlos Jair Estupiñán Cundumí, 147. Wilfrido Estupiñán, 148. Mariela
Estupiñán Estupiñán, 149. Corina Toloza Corina, 150. Alonzo Sánchez Castillo.
54 Cd de audio y video fl. 294 del c.2 del expediente digital del Tribunal.
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Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
• El 2 de septiembre de 2009, la perito Sandra Patricia Bernal Bustos, contadora
pública, allegó el dictamen pericial sobre los perjuicios materiales, junto con los
documentos que sirvieron de soporte55.
• El 15 de octubre de 2019 se programó audiencia para que aquella sustentara la
experticia y agotara el cuestionario que presentó la Policía Nacional sobre la misma.
Señaló que el objeto de la prueba fue la cuantificación del perjuicio material causado
respecto de los cultivos lícitos de los actores, para lo cual contó con las actas de
inspección ocular, poderes, adhesiones y, a partir de ello, realizó una matriz que
contienen identificación de las personas afectadas, veredas, hectáreas y productos.
Para el daño emergente relacionó los costos de instalación, insumos y materiales y
labores de formación y mantenimiento, contenidos en los costos agropecuarios
invertidos en los cultivos para que produzcan lo proyectado al hallarse técnicamente
instalados. Para el lucro cesante valoró la vida productiva de los cultivos desde la
fecha de ocurrencia del daño hasta el final de la producción, como proyecto
productivo de vida del agricultor, de producción cierta en el tiempo y esperada.
Anotó que la edad y “estado de los cultivos no se encuentra consignada en los
certificados de las visitas oculares realizadas por la UMATA” a cada productor
afectado, por tanto, según criterios técnicos con los cultivos transitorios (maíz, yuca
y arroz), no había inconvenientes a la hora de estimar los daños, ya que se siembra
y se cosecha por una sola vez, en cuanto a los cultivos permanentes y
semipermanentes (banano, plátano, papa china y caña), solo estimó los costos de
mantenimiento para el año de los hechos y las producciones posteriores, de acuerdo
con el promedio de la vida útil para cada especie, por cuanto se siembra una vez,
pero se pueden obtener varias cosechas y se acudió a la guía de costos del
Ministerio de Agricultura y la bibliografía de expertos con estándares internacionales
y las tablas de expertos del Ministerio que han conocido previamente los terrenos.
Argumentó que, como han pasado muchos años y el terreno puede tener otros
cultivos, no era necesaria una visita a los lugares, sino que pidió apoyó a una
ingeniera agrónoma, profesional idónea para conocer la vida útil de los cultivos.
55 Fls. 2 - 65 del archivo 5 del c.2 del expediente digital del Tribunal.
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Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Especificó que, si bien existe una incongruencia entre las certificaciones de la
UMATA y los Consejos Comunitarios sobre la vereda en la cual se encuentran los
predios, lo cierto era que se debía liquidar, por cuanto debido al gran número de
predios y personas que fueron afectadas se anotó otra vereda.
Finalmente, dijo que los cultivos como el de la papa china puede obtener hasta cinco
cosechas, pero solo tuvo en cuenta dos, así como para determinar el producido del
cultivo, con el fin de realizar una compensación56.
7.2. Daño
El daño, entendido como “la lesión a un derecho o afectación a un interés
legítimo”57, es el primer elemento de la responsabilidad, el cual, a efectos de que
sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado, razón por la cual,
además de antijurídico y personal, debe ser cierto, esto es, que se pueda
determinar (apreciar material y jurídicamente), porque lo eventual o hipotético no
es objeto de indemnización58. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta
Corporación ha decantado:
[L]a sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un
daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que
es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones
con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se
recuerda que, de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el
daño no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo59.
56 Cd de audio y video fl. 561 del c.2 del expediente digital del Tribunal.
57 “El daño, como otro de los elementos de la responsabilidad, es la lesión o pérdida causada por
una conducta lícita o ilícita, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, y la cual no tiene por qué
soportar el lesionado (art. 90 constitucional); debe reunir las siguientes características: particular, es
decir que la persona que pide indemnización acredite el menoscabo; cierto, presente o futuro,
determinado o determinable; y que corresponda a una situación jurídicamente protegida”. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de junio de 2005,
expediente 11.945, M.P. María Elena Giraldo Gómez; reiterada, entre otras, en Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, expediente 16.516, M.P. Enrique Gil Botero
y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente 24.633, M.P.
Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente 32.985.
58 Esta Subsección ha señalado que el daño debe ser cierto, es decir, “no puede ser eventual,
hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas”, por lo que “la sola inferencia o afirmación en la
demanda acerca de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en
la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con
el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso”. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, expediente 32.570, M.P. Hernán
Andrade Rincón.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de
marzo de 2012, expediente 23.478, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En igual sentido se puede
consultar lo expuesto por esta Subsección en sentencia de 2 de septiembre de 2013, expediente
26.589.
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Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Lo anterior resulta acorde con el planteamiento de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en materia de acciones de grupo, cuya naturaleza indemnizatoria impone
revisar si el primer elemento de la responsabilidad se encuentra cabalmente
estructurado:
(…) Por tanto, es necesario, por determinación legal, alegar y probar el daño
individual de cada uno de los miembros del grupo demandante y de quienes se
integraron posteriormente, teniendo en cuenta ‘las circunstancias propias de
cada caso’, como lo exige el artículo 65 literal a) de la ley 472 de 1998, para que
el juez pueda establecer, si hay lugar a declarar la responsabilidad del
demandado o de los demandados, y fijar los parámetros que debe seguir el
Defensor del pueblo para el posterior pago de la indemnización. Por lo tanto, si
no se demuestra el daño individualmente considerado, es decir con las
cualidades de cierto, particular y que corresponda a una situación jurídicamente
protegida es imposible concluir la responsabilidad del Estado60.
En el presente asunto, los daños alegados por los demandantes consisten en la
pérdida de los cultivos de maíz, caña, papa china, arroz, yuca, plátano y banano, de
los cuales derivaban su sustento económico.
Como se vio, el informe y los registros de las visitas oculares de la UMATA del
municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, firmados y elaborados por la jefe de la
entidad, advierten que las plantaciones se mostraron “amarillentas, necrosadas y
quemadas”, es decir, se constató que se perdieron los cultivos que cada uno de los
demandantes tenía sembrados.
En el recurso de apelación, la Policía Nacional argumentó que estos documentos
no permitían tener por probado el daño, dado que “en casi todos se describió una
hectárea, pero no se sabe si en su totalidad estaba cultivada o [eran] terrenos sin
explotar”, aunado a que el registro se hizo en el mismo día en el que se impetraron
las quejas.
La Sala considera, de una parte, que la primera afirmación no es cierta, puesto que,
al revisar con detenimiento el contenido de las constancias citadas, en ninguna se
estableció que existían terrenos sin cultivar, todo lo opuesto, de acuerdo a lo que
se ilustra en el cuadro antes presentado, cada demandante gozaba de diferentes
cultivos identificables y cuantificables y, de otro lado, el hecho de que las visitas se
hubieran adelantado por veredas y respecto de cierto grupo de personas el mismo
día no anula la existencia del daño que era apreciable objetivamente, y la forma en
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de
junio de 2005, expediente 1999-02382-01 (AG), M.P. María Elena Giraldo Gómez.
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Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
la que la funcionaria se desplazó hasta las fincas no tiene mayor relevancia en esta
controversia.
Ahora, los representantes de los Consejos Comunitarios de Unicosta y Cuenca del
Río de Iscuandé también dieron cuenta de las afectaciones de los cultivos de
pancoger que se encontraban sembrados en sus territorios y “fueron destruidos”.
Adicionalmente, la señora Carmen Elizabeth Villota Villota, asesora jurídica del
municipio, manifestó que conoció “los cultivos perdidos”, porque llegó hasta algunas
veredas.
Lo hasta aquí expuesto demuestra que las víctimas directas lograron probar el daño
alegado en la demanda.
7.3. Imputación
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado (i) la existencia de un daño
antijurídico; y (ii) la imputación de éste al Estado.
En lo que aquí interesa, la imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y
jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado.
En ese sentido, en lo atinente a la imputación fáctica o también llamado nexo causal,
debe precisarse que constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de
soporte o elemento necesario a la configuración del daño, a partir del cual se
determina el origen de un específico resultado, que se adjudica a un obrar -acción
u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es
jurídicamente hablando, dado que pertenece al concepto o posibilidad de referir un
acto a la conducta humana.
Por su parte, la denominada imputación o atribución jurídica supone establecer el
fundamento o razón de la obligación de reparar determinado perjuicio derivado de
la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de
imputación que corresponden a los diferentes regímenes de responsabilidad que ha
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Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
construido la jurisprudencia, a saber, la falla del servicio, el riesgo excepcional o el
daño especial61.
7.3.1. Imputación fáctica: nexo causal
Según se precisó, para que se estructure la responsabilidad patrimonial del Estado,
se debe verificar, en primer lugar, si la parte actora demostró plenamente el vínculo
entre la conducta generadora de un efecto (acción u omisión) y el daño alegado.
La Subsección parte por señalar que en la demanda se afirmó que entre el 11 y 22
de febrero de 2013, vía aérea, la Policía Nacional fumigó con glifosato la zona
veredal del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, actuación que, si bien, en un
primer momento, negó la entidad, lo cierto es que luego de que se aportó una
certificación de la Dirección de Antinarcóticos en la cual certificó que asperjó en ese
lapso, no discutió el hecho; por el contrario, puntualizó que esas operaciones las
realizó siguiendo los protocolos establecidos para tal fin.
Así pues, resulta forzoso concluir que ambas partes reconocieron la existencia del
hecho dañoso y, por tanto, éste no resulta objeto del debate probatorio.
Lo que se debe preguntar la Sala es si se probó que esas actividades fueron las
que, en efecto, generaron los daños invocados.
La respuesta a ese interrogante es negativa, ya que las pruebas obrantes en el
expediente no generan plena convicción de que la pérdida de los cultivos fue
causada por la aspersión aérea con glifosato, por las razones que se exponen:
En lo atinente a las certificaciones públicas emanadas de la UMATA del municipio
de Santa Bárbara de Iscuandé, la Sala debe señalar que el artículo 275 del CGP 62
estableció la prueba por informe como un medio probatorio autónomo al que se
puede acudir a través del derecho de petición o se puede solicitar de oficio por el
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de agosto de 2023, expediente 63.197, M.P. María Adriana Marín.
62 “Artículo 275. Procedencia. A petición de parte o de oficio el juez podrá solicitar informes a
entidades públicas o privadas, o a sus representantes, o a cualquier persona sobre hechos,
actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe,
salvo los casos de reserva legal. Tales informes se entenderán rendidos bajo la gravedad del
juramento por el representante, funcionario o persona responsable del mismo. Las partes o sus
apoderados, unilateralmente o de común acuerdo, pueden solicitar ante cualquier entidad pública o
privada copias de documentos, informes o actuaciones administrativas o jurisdiccionales, no sujetas
a reserva legal, expresando que tienen como objeto servir de prueba en un proceso judicial en curso,
o por iniciarse”.
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juez del proceso, en los casos en los que una entidad -en este caso, pública- posee
información especializada que permite esclarecer los hechos debatidos63.
Es claro que la prueba por informes ha sido reconocida64 como una prueba judicial
técnica distinta al dictamen pericial65 y está sometida a los principios de pertinencia,
conducencia, utilidad y contradicción, así lo ha decantado la jurisprudencia de esa
Corporación66, que exige que se someta a una valoración conjunta con los demás
elementos de convicción a la luz de las reglas de la sana crítica.
Ahora, de acuerdo con la estipulado en la Ley 607 de 2000, la UMATA se encarga
de prestar asistencia técnica directa rural a nivel municipal en aptitud de suelos,
selección de actividades productivas a desarrollar, planificación de explotaciones,
aplicación y uso de tecnología, procedimientos de financiamiento de inversión,
mercadeo de bienes producidos y formas de organización de los pequeños
productores, por lo que se destaca su carácter altamente tecnificado.
Aquí la entidad estatal certificó la elaboración de los documentos allegados con la
demanda y, además, al momento de solicitarle información sobre la aspersión de
glifosato ocurrida en las fechas referidas, aportó copia exacta de los certificados
originales, situación que permite darle plena validez a dicha prueba por informe.
En lo tocante a la información consignada en los informes por la jefe de la UMATA,
en principio, se presume auténtica y permite inferir un alto grado de confianza
respecto a su carácter técnico; sin embargo, de la evaluación realizada a los citados
documentos, bajo los criterios de la sana crítica y las reglas de la experiencia, es
dable concluir que de éstos no se puede extraer la certeza de la causalidad.
Los informes rendidos, como resultado de la visita ocular e inspección al predio de
cada uno de los integrantes del grupo, solo destacan las características físicas que
63 Hernán Fabio López, Código General del Proceso. Pruebas. Tomo III. Dupré Editores (2019).
64 Corte Constitucional, sentencia T-274 de 2012, M.P Juan Carlos Henao Pérez.
65 En la primera, la entidad especializada transmite información que posee, mientras que en la
segunda se elaboran y emiten conceptos sobre el objeto de litigio, que están fuera de la ciencia
jurídica -técnicos, científicos o artísticos-, y llevan al juez del proceso al convencimiento sobre los
hechos relevantes.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 18 de noviembre de 2021, expediente 42.401, M.P Martín Bermúdez Muñoz. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11
de octubre de 2021, expediente 56.717, M.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de octubre de 2021,
expediente 52.092, M.P. Nicolás Yepes Corrales.
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la ingeniera observó en la zona y en los cultivos, pero no existe prueba idónea que
evidencie que constató científicamente67 las condiciones por las que se generó la
afectación que anotó haber observado68, tampoco explicó las razones técnicas que
la llevaron a esa conclusión, restándole así credibilidad a la prueba, ya que no refleja
el concepto propio de un experto y menos la metodología científica que permita
esclarecer el nexo causal.
67 Sobre este punto, la Sala precisa que, para la comunidad científica, nacional e internacional existen
diversas metodologías que permiten realizar procedimientos de detección para determinar la
presencia de compuestos tóxicos de residuos biodisponibles del herbicida – glifosato- en el agua, el
suelo y los alimentos [1]. En sede académica e investigativa se han discutido diversas técnicas
analíticas instrumentales que permiten cuantificar y cualificar los niveles de glifosato presentes en
las muestras. Al respecto, se resalta la necesidad de realizar procesos de extracción, limpieza y
preconcentración de las mismas, para así obtener resultados óptimos que efectivamente demuestren
la existencia de residuos de glifosato [2]. En Colombia, dadas las características del compuesto del
herbicida, se ha validado una técnica analítica denominada “Cromatografía Líquida de Alta
Resolución (HPLC)” o “Cromatografía de Gases (GC) [3]. No obstante, dado el costo que puede
generar este tipo de análisis, en especial por el equipamiento para su aplicación, debido al tipo de
solventes que se utilizan en el proceso de estudio [4] se han implementado otras técnicas alternativas
que resultan más económicas, sencillas y sensibles para la detección de residuos de glifosato, tales
como: (i) los bioensayos, (ii) las electroforesis capilar, (iii) las pruebas ELISA, (iv) la RMN y (v) la
espectroscopía RAMAN, entre otras [5]. Por lo que resulta simplemente evidente que existen
métodos y alternativas técnico-científicas que permiten la adecuada determinación de existencia del
herbicida glifosato en la zona.
[1] A. Van Bruggen., Van Bruggen, M.M. He., K. Shin., V. Mai., K.C. Jeong., M.R. Finckh, and J.G.
Morris, Environmental “Environmental and health effects of the herbicide glyphosate,” Sci. Total,
Environ., vol. 616–617, pp. 255–268, 2018).
[2] (; S. Wang, B. Liu, D. Yuan, and J. Ma, “A simple method for the determination of glyphosate and
aminomethylphosphonic acid in seawater matrix with high 75 performance liquid chromatography and
fluorescence detection,” Talanta, vol. 161, no. September, pp. 700–706, 2016.)
[3] (A. L. Valle, F. C. C. Mello, R. P. Alves-Balvedi, L. P. Rodrigues, and L. R. Goulart, “Glyphosate
detection: methods, needs aValle, A. L., Mello, F. C. C., Alves-Balvedi, R. P., Rodrigues, L. P., &
Goulart, L. R. (2019). Glyphosate detection: methods, needs and challenges. Environmental
Chemistry Letters, 17(1), 291–317. https://doi.org/10.,” Environ. Chem. Lett., vol. 17, no. 1, pp. 291–
317, 2019).
[4] (Rodríguez, H. 2001. Determinación de residuos de glifosato y de su metabolito ácido
aminometilfosfónico en aguas mediante cromatografía líquida de alta eficiencia. Trabajo de grado.
Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. pp. 70-78.).
[5] (Bohórquez, D. 2020. Métodos Analíticos para la Determinación de Glifosato en Matrices
Ambientales. Trabajo de Grado. Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá. pp. 20 – 63.)
68 El glifosato tiene una acción lenta y los efectos del mismo pueden tardar varios días para que el
daño pueda ser observado, normalmente las plantas mueren entre los 10 y 20 días después de su
aplicación; sin embargo, también es cierto que el análisis para determinar la causa de la afectación
por glifosato debe ser sometida a las diversas técnicas analíticas ampliamente discutidas por la
comunidad científica, toda vez que, este mismo tiempo de afectación, en el que se observa el daño
físico sobre las plantas y las características del mismo, también pueden ser atribuidos a los
herbicidas, utilizados en los cultivos, para inhibir la enzima acetohidroxiácido sintasa (AHAS) o la
acetilcoenzima A. (Singh, B. K., & Shaner, D. L. (1998). Rapid Determination of Glyphosate Injury to
Plants and Identification of Glyphosate-Resistant Plants. Weed Technology, 12(3), 527–530.
http://www.jstor.org/stable/3988945)
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En un caso de contornos fácticos y jurídicos semejantes al sub examine, estudiado
por la Sala69 y avalado en sede de tutela70 se coligió:
(…) Las conclusiones del ingeniero están fundamentadas en supuestos
fácticos, cuyo sustento es lo dicho por terceros, por cuanto afirma que «los
daños se atribuyen a una presunta fumigación con glifosato realizada en fechas
desde el 9 de mayo de 2015». Por lo anterior, es evidente que las conclusiones
a las que llegó el ingeniero no están técnica o científicamente sustentadas, ni
dan cuenta de su concepto profesional respecto a la posible causa real de
afectación de los cultivos, situación que lleva a que el informe carezca de
certeza y eficacia probatoria (…).
Asimismo, en reciente decisión también71 se aludió:
(…) Tampoco es posible determinar la existencia de la relación causal entre el
daño alegado y la actividad de erradicación de cultivos de uso ilícito a través de
la aspersión aérea adelantada por la Policía Nacional.
Lo anterior, en tanto no es posible verificar la línea de aspersión seguida en las
operaciones del 25 de octubre de 2010 –razón por la cual no se puede cotejar
de manera certera la distancia existente entre el área fumigada en el municipio
de Solano y los cultivos del resguardo indígena demandante- y no existe
evidencia alguna sobre la presencia del herbicida en las plantaciones (…).
En suma, los documentos de la UMATA no dan fe de que los daños causados fueron
producto de la acción desplegada por la Policía Nacional. La enunciación que allí
figura, esto es, “ocurrió presuntamente por la aspersión de glifosato” no resulta
suficiente para dar superada la relación causal, menos cuando no se descartó la
presencia de otros agentes herbicidas, factores contaminantes o enfermedades
fitosanitarias que pudieron afectar los cultivos de los actores.
Llama la atención de la Subsección que en el informe se hubiera insertado un
registro fotográfico de las plantaciones -no se puede definir bien, por la calidad de
la imagen- con el propósito de señalar que fueron trasladadas a la oficina de la
UMATA y los actores no hubieran adjuntado los resultados del estudio pertinente, o
al menos instado al juez de primera instancia para que requiriera a la entidad con el
propósito de que informara lo acontecido con las pruebas técnicas a éstas.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 17 de marzo de 2023, expediente 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG).
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 4 de abril de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-06188-01, M.P. Fredy Ibarra
Martínez.
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 8 de abril de 2024, expediente 61.560, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Igual conclusión se predica sobre lo dicho por los Consejos Comunitarios, quienes,
pese a que aseguraron que la fumigación con glifosato afectó los cultivos de
pancoger que se encontraban sembrados, tales apreciaciones resultan subjetivas,
porque parten de la información suministrada por los mismos actores -sin que se
pueda corroborar con otra prueba- y, en todo caso, los representantes legales de
esas asociaciones no están designados para calificar o descartar este tipo de
situaciones.
A ese panorama se agrega que los actores renunciaron a elevar las respectivas
reclamaciones administrativas ante la Dirección de Antinarcóticos de la Policía,
procedimiento que tal vez hubiera permitido determinar si los cultivos se afectaron
o no por las aspersiones aéreas con glifosato.
Por su parte, el acta del comité municipal de justicia transicional Santa Bárbara de
Iscuandé y la declaración de la señora Carmen Elizabeth Villota Villota no
constituyen pruebas idóneas y no son concluyentes en éste punto.
El informe pericial tampoco suple la falencia probatoria que se echa de menos, por
cuanto se limita a la cuantificación de los perjuicios y no está orientado a establecer
la causa eficiente del daño.
Es importante precisar que el a quo edificó la declaratoria de responsabilidad de la
demandada a partir de “una inferencia razonable” frente a la causa de la afectación
de los cultivos de los demandantes; no obstante, en aquellos casos en los que esta
Corporación ha tenido por acreditado el nexo causal por prueba indiciaria, por lo
menos han existido elementos de convicción que acreditan la existencia de rastros
de glifosato a pocos metros del predio afectado o la presencia de herbicidas en los
cultivos, constatada por asistentes técnicos en días siguientes a la aspersión 72,
medios probatorios que no obran en el presente expediente; incluso no hay forma
de establecer si las aspersiones se realizaron a una distancia considerable de las
veredas afectadas.
Así las cosas, no hay certeza de que los daños devinieron del uso del herbicida
utilizado en la aspersión aérea, de ahí que las afirmaciones dadas en tal sentido
debieron ser respaldadas por alguna prueba técnica o científica, como un análisis
72 Al respecto, se puede consultar, entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2014, expediente
29.028, M.P. Ramiro Pazos Guerrero y sentencia del 14 de julio de 2023, expediente 54.752, M.P.
Alberto Montaña Plata.
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de laboratorio de sanidad vegetal de entidades autorizadas y avaladas para ello y,
como bien lo concluyó el agente del Ministerio Púbico “simplemente presumir que
el daño fue debido a la fumigación con glifosato, por la simple supuesta cercanía de
las fechas en que se perdieron los cultivos” no resulta válido.
De esta manera, se tiene que el grupo demandante no cumplió con la carga
probatoria que le asistía de acreditar el nexo causal, de conformidad con lo previsto
en el artículo 167 del CGP73, situación que, de paso, restringe la continuación del
juicio de atribución jurídica que genere la obligación de indemnizar perjuicios por tal
aspecto.
Para cerrar, la Sala resalta que, en el caso particular, el juez no puede resolver “las
dudas probatorias” a favor de la parte demandante, porque estaría desconociendo
la garantía de imparcialidad que debe orientar sus actuaciones y decisiones y
menos puede exigírsele que sea quien supla la carga de probar los elementos que
configuraban la responsabilidad del Estado, por ejemplo, el nexo causal, pues
estaría asumiendo el rol de parte.
Se agrega que no resulta procedente el ejercicio de la facultad de que trata el
artículo 213 del CPACA74, esto es, la de decretar pruebas de oficio para esclarecer
los hechos objeto del proceso, en tanto que estas se decretan por iniciativa del juez
cuando existen puntos oscuros o dudosos de la contienda que impidan dictar
sentencia, lo que aquí no sucede. Aunado a que los accionantes no explicaron con
suficiencia la posible dificultad que representaba el recaudo de algún medio de
prueba ni esgrimieron razones por las cuales podrían hallarse en una situación de
73 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del
caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante
su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho
a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer
los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su
cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o
por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares”.
74 “Artículo 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente
podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.
Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes. Además, oídas las
alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer
que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda.
Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días. En todo caso, dentro del término
de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una
sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas
de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al
auto que las decrete”.
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debilidad manifiesta que le diera soporte al ejercicio de dicha facultad, por lo que no
se encuentra razonada la omisión.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.
8. Costas
De conformidad con lo consagrado en los artículos 65.5 de la Ley 472 de 1998 75,
18876 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 77, y 365.478
del CGP, se debe condenar en costas a la parte vencida -el grupo demandante- en
ambas instancias ante la revocatoria total de la sentencia de primera instancia.
La condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta
temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual
dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en
este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de
su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por
la ley”79.
Cabe precisar que la adición al artículo 188 del CPACA que efectuó la Ley 2080 de
2021 fue en el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal”.
75 A cuyo tenor “La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las
expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia”.
76 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil”.
77 Aplicable en tanto los recursos de apelación promovidos por las partes se presentaron el 27 y 28
de enero de 2021, es decir, dos días después de la entrada en vigencia de tal norma.
78 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas.
(...). 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias”.
79 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o
de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme
al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los
costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista
prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley.
De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de
perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su
contra”. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2013, MP. Mauricio González Cuervo.
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Tal norma es de orden público y de aplicación inmediata, por ende, rige en todos
los procesos en curso para la fecha de su entrada en vigor, salvo frente a algunos
supuestos específicos, de los cuales no hace parte el tema de costas. En cuanto al
alcance de la modificación señalada, la Subsección reitera que no implica que se
hubiese retomado el criterio subjetivo de la condena establecido en el CCA frente a
los procesos ordinarios, sino que dicha regla aplica a los asuntos en los que se
ventila un interés público, pues, si bien en estos, en principio, es improcedente la
condena por tal concepto, no es menos cierto que es posible imponerla cuando “se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal”.
Es decir, el inciso que agregó la Ley 2080 de 2021 aplica solo para los casos en
que se ventila un interés público, según la lectura integrada de esa disposición
normativa, en concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación80, aspecto
que no se predica frente al medio de control que aquí se analiza.
De manera alguna puede entenderse que con este inciso el legislador pretendió que
se mutara el criterio objetivo que se predica frente a la procedencia de las costas,
en tanto ello dejaría sin aplicación la misma remisión que a las normas del CGP
señala el inciso primero del artículo 188 del CPACA.
8.1. Primera instancia
Hay que poner se presente que el Tribunal Administrativo de Nariño omitió realizar
la liquidación de las costas en la sentencia81, como lo prevé el artículo 65.5 de la
Ley 472 de 1998, por lo que a la Sala le asiste el deber de proceder de conformidad,
no solo para complementar la decisión de primera instancia, sino, porque, además,
en esta instancia reemplazará totalmente esa determinación, previo los siguientes
parámetros:
El artículo 361 del CGP82 indica que las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia.
80 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217, sentencia
del 11 de mayo de 2022, M.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de mayo y del 10 de
octubre de 2022, expedientes 67.700 y 67.965, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
81 El a quo dispuso que “las costas se liquidarían por secretaría”.
82 “Artículo 361. Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y
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Las costas están conformadas por dos rubros, las agencias en derecho como
compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora
y las expensas que corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y
necesarios para su desarrollo.
8.1.1. Fijación de las agencias en derecho
Las agencias en derecho se tasan en consonancia con lo previsto en el Acuerdo
1887 de 200383, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en atención a
la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado y
las demás circunstancias relevantes.
En lo que tiene que ver con la primera instancia, las agencias en derecho deben
fijarse hasta en 4 SMLMV, según lo dispuso el numeral 3.2 84 del artículo 6 del
referido Acuerdo y, dado que en este asunto la Policía Nacional 85 designó un
apoderado especial, quien contestó la demanda, compareció a la diligencia de
conciliación y alegó de conclusión en la primera instancia, para la Sala se impone
inferir que llevó el control, guía y dirección de la gestión encomendada y, por ende,
fija la suma equivalente a 2 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, la
cual estará a cargo de la parte actora.
8.1.2. Expensas
Al revisar el expediente se observa que la Policía Nacional incurrió en expensas con
ocasión del trámite de la primera instancia del proceso, pues tuvo que pagar la suma
de $1’504.941 por concepto de honorarios a la perito que rindió el dictamen sobre
el cálculo de los perjuicios materiales86, prueba que fue decretada, de oficio, por el
a quo, por lo que se reconocerá dicho rubro.
La decisión de primera instancia no se mantuvo incólume, de ahí que no se deben
incluir los gastos necesarios para la publicación del extracto de la sentencia87.
liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en
los artículos siguientes”.
83 Vigente para la fecha de presentación de la demanda.
84 “III. Contencioso Administrativo.
3.2. Acciones populares y de grupo.
Primera instancia. Hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
85 Fue la única entidad que resultó condenada en primera instancia y apeló la decisión, frente a las
demás entidades vinculadas se declaró la falta de legitimación material en la causa por pasiva.
86 Archivo 16 del expediente digital del Tribunal.
87 “la liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas
necesarias para la publicación del extracto de la sentencia”.
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8.2. Segunda instancia
Como se indicó, el ordenamiento jurídico establece que debe condenarse en costas
a la parte vencida en el proceso, en este caso, a la parte demandante.
8.2.1. Fijación de las agencias en derecho
En segunda instancia se encuentra acreditada que la gestión de la Policía Nacional
fue continúa, pues interpuso recurso de apelación contra el fallo de primer grado y
alegó de conclusión, lo que indica que atendió el proceso de manera oportuna a
través de su apoderado judicial que hace parte de su planta de personal.
Ahora bien, el Acuerdo 1887 de 2003 estableció que las agencias en derecho no
pueden superar 1 SMLMV, en tal virtud será el equivalente a la fecha de ejecutoria
de esta providencia que se reconocerá a favor de la Policía Nacional y a cargo de
la parte actora.
8.2.2. Expensas
No existe prueba de que la demandada hubiera sufragado expensas por el
desarrollo del asunto en esta instancia, por lo que no se reconocerá algún rubro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 6 de noviembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS, en primera instancia, a la parte actora y
favor de la Nación – Policía Nacional. Como agencias en derecho se fija el
equivalente a 2 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Las expensas
se fijan en la suma de $1’504.941, correspondientes a lo que asumió la entidad por
el pago de los honorarios de la perito.
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Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988)
Actor: ABELARDO OLAYA OBANDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
TERCERO. CONDENAR EN COSTAS, en segunda instancia, a la parte actora y
favor de la Nación – Policía Nacional. Como agencias en derecho se fija el
equivalente a 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en
la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF
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