República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2016-01139-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01139-01 (2409-2023)
Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Tema: reliquidación pensión de vejez, Ley 33 de 1985. Subtema 1: factores salariales,
bonificación por servicios. Subtema 2: congruencia. Subtema 3. régimen en transición
Ley 100 de 1993. Subtema 4. condena en costas.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 10
de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La demandante, quien prestó sus servicios en la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), solicitó la nulidad de los actos administrativos relacionados con el
reconocimiento y reliquidación de su pensión de vejez, con el propósito de que la
prestación se liquidara conforme a la Ley 33 de 1985 y con la inclusión de la totalidad
de los factores salariales devengados. El Tribunal negó las pretensiones al considerar
que el ingreso base de liquidación debía determinarse conforme a la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994, y concluyó que la bonificación por servicios prestados sí
había sido incluida en la liquidación. La demandante apeló porque estimó que dicho
factor no fue calculado correctamente, según la liquidación elaborada por un contador
público y aportada con la demanda. Asimismo, solicitó revocar la condena en costas.
En la presente decisión se confirmará la negativa de las pretensiones, porque la
liquidación aportada con la demanda no demostró un error concreto en la
determinación o cuantificación de la bonificación por servicios y, por el contrario, se
sustentó en una metodología distinta de la aplicada por la UGPP, al incluir factores
diferentes de los previstos en el Decreto 1158 de 1994. Además, se comprobó que la
entidad incorporó la bonificación conforme a los valores certificados por la DIAN. No
obstante, se revocará la condena en costas de primera instancia, pues no se acreditó
que la demandante hubiera actuado con temeridad o mala fe.
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01139-01 (2409-2023)
Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Bertha Torres Hurtado, por conducto de apoderado judicial, presentó el 29 de
noviembre de 20161 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo
con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se expresan.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó declarar la nulidad parcial de la Resolución UGM 020517 del 14 de
diciembre de 2011, mediante la cual se le reconoció la pensión vitalicia de vejez a la
señora Bertha Torres Hurtado, así como la nulidad de la Resolución RDP 049585 del
26 de noviembre de 2015; el Auto ADP 016980 del 17 de diciembre de 2015; y las
resoluciones RDP 013750 del 30 de marzo, RDP 019491 del 19 de mayo y RDP
024759 del 30 de junio de 2016, por medio de las cuales la UGPP resolvió las
posteriores solicitudes y recursos relacionados con dicha prestación.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que la UGPP reliquidara la pensión
de vejez de la señora Bertha Torres Hurtado conforme a las normas aplicables y los
precedentes judiciales vigentes, con inclusión de los factores salariales devengados
que correspondieran. En particular, solicitó tener en cuenta la asignación básica, el
incentivo por desempeño grupal, la prima de productividad nacional, la bonificación por
servicios, las primas de servicios, navidad y vacaciones, el factor nacional y la prima
de antigüedad, devengados «durante los últimos años».
4. Asimismo, solicitó el pago de las diferencias entre las mesadas pensionales
reconocidas y las que debieron sufragarse desde la causación del derecho, junto con
los incrementos correspondientes con base en el índice de precios al consumidor
(IPC). También pidió el reconocimiento de la depreciación monetaria, de los intereses
previstos en el artículo 884 del Código de Comercio y de los intereses legales
señalados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
5. Finalmente, solicitó que se ordenara el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos «176 y 177 del Código Contencioso Administrativo» y que se
condenara en costas a la demandada, incluidas las agencias en derecho.
2.1.2. Hechos
6. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:
7. La señora Bertha Torres Hurtado nació el 25 de octubre de 1951. Prestó sus
servicios en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde el 23 de
enero de 1981 hasta el 31 de enero de 2015.
8. Precisó que antes de su vinculación con la DIAN, laboró para el departamento de
Risaralda entre el 13 de febrero de 1973 y el 3 de febrero de 1981. Durante ese periodo
1
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2», carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 53.
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Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: UGPP
efectuó aportes para pensión a la Caja Nacional de Previsión Social y a CASERIS.
9. Indicó que el 25 de octubre de 2006 adquirió el estatus pensional previsto en la
Ley 33 de 1985, por ser beneficiaria del régimen de transición. Asimismo, señaló que
efectuó aportes a la Caja Nacional de Previsión Social, que fueron trasladados del
Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.
10. El 26 de agosto de 2011 solicitó a Cajanal el reconocimiento de la pensión de
vejez, con fundamento en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. La entidad accedió a la petición mediante la Resolución UGM 020517
del 14 de diciembre de 2011.
11. El 3 de marzo de 2015 solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como
sucesora de Cajanal, la reliquidación de la pensión de vejez con fundamento en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
12. Mediante la Resolución RDP 049585 del 26 de noviembre de 2015, la UGPP
negó la solicitud de reliquidación, porque consideró que la interesada debía aportar la
totalidad de los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión mediante
acto administrativo.
13. Posteriormente, mediante el Auto ADP 016980 del 17 de diciembre de 2015, la
entidad indicó que no era posible resolver favorablemente la reliquidación hasta que
se aportaran, en original, el certificado de tiempo de servicio y las certificaciones de
los factores salariales devengados hasta la fecha del retiro definitivo. La demandante
allegó la documentación requerida el 20 de enero de 2016.
14. Mediante la Resolución RDP 013750 del 30 de marzo de 2016, la UGPP reliquidó
la pensión de Bertha Torres Hurtado y reconoció tiempo adicional de servicio. Sin
embargo, según afirmó la demandante, omitió incluir los factores salariales
correspondientes al incentivo por desempeño grupal, la prima de productividad
nacional, la bonificación por servicios, las primas de servicios, navidad y vacaciones,
el factor nacional y la prima de antigüedad.
15. Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación. El primero fue resuelto mediante la Resolución RDP 019491 del 19 de mayo
de 2016 y el segundo mediante la Resolución RDP 024759 del 30 de junio de 2016.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
16. En la demanda se citan como normas vulneradas los artículos 2, 4, 13, 25, 29,
53, 58 y 83 de la Constitución Política; 14, 21, 36 y 150 de la Ley 100 de 1993; las
leyes 33 y 62 de 1985; el artículo 10 del Decreto 1160 de 1989; los decretos 1042 y
1045 de 1978, en particular el artículo 45 de este último; el Decreto 1158 de 1994, y el
artículo 161, inciso 3 de la Ley 1437 de 2011.
17. Al explicar el concepto de violación, la parte actora sostuvo que los artículos 2,
25, 53, 58 y 83 de la Constitución Política garantizan, entre otros aspectos, la
protección especial al trabajo, la prevalencia de la norma constitucional, los derechos
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Demandada: UGPP
adquiridos, el pago oportuno de las pensiones y la aplicación del principio de
favorabilidad.
18. Señaló que la entidad demandada desconoció esas garantías al liquidar la
pensión reconocida mediante la Resolución UGM 020517 del 14 de diciembre de 2011,
pues no incluyó todos los factores salariales que, en su criterio, debían integrar la base
para determinar el valor de la prestación. Añadió que dicha omisión contrariaba las
disposiciones constitucionales y legales aplicables y los deberes que corresponden a
los servidores públicos en el ejercicio de la función administrativa.
19. Indicó que la señora Bertha Torres Hurtado había solicitado a la administración
una actuación acorde con las normas vigentes para la época, así como con las reglas
que regulaban la expedición de los actos administrativos. Sin embargo, afirmó que las
decisiones adoptadas desconocieron sus derechos adquiridos, cuya protección deriva
del artículo 58 de la Constitución Política. En consecuencia, sostuvo que los actos
administrativos demandados vulneraron las normas invocadas, por lo que solicitó su
nulidad.
2.2. Contestación de la demanda
20. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos
administrativos cuestionados se encontraban ajustados a derecho y amparados por la
presunción de legalidad. Sostuvo que la pensión fue reconocida y liquidada de acuerdo
con el régimen aplicable y los factores salariales certificados, y que la parte actora no
aportó elementos nuevos que justificaran su reliquidación.
21. Como fundamento jurídico, sostuvo que el ingreso base de liquidación no forma
parte del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues
este únicamente conserva la edad, el tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas y la tasa de reemplazo del régimen anterior. Con apoyo, entre otras, en las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, afirmó que el
ingreso base debía determinarse conforme a las reglas de la Ley 100 de 1993 y que
los factores salariales computables eran aquellos de carácter remuneratorio respecto
de los cuales se hubieran efectuado cotizaciones al Sistema General de Pensiones,
de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994.
22. Añadió que el precedente de la Corte Constitucional debía observarse de manera
preferente frente a interpretaciones jurisprudenciales divergentes. Asimismo,
consideró que la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de Estado,
invocada por la demandante, no podía considerarse de unificación, pues no fue dictada
por la Sala Plena de esa Corporación, máxime cuando la postura adoptada en dicha
providencia tampoco ha sido pacífica en las demás altas cortes.
23. Agregó que el reconocimiento de factores salariales no cotizados desconocería
la correspondencia que debe existir entre los aportes efectuados y el monto de la
prestación, además de comprometer el principio de sostenibilidad financiera del
sistema. Indicó que la parte actora debía acreditar los factores cuya inclusión pretendía
y los respectivos aportes, pues estos no habían sido expuestos a la entidad al efectuar
el estudio pensional. Asimismo, rechazó la indexación solicitada, al señalar que la
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Demandada: UGPP
mesada había sido actualizada en el acto de reconocimiento y reajustada anualmente
conforme a la ley; además, sostuvo que, de existir alguna diferencia, debía examinarse
la prescripción.
24. Propuso las excepciones de «prescripción»; «inexistencia de la causa petendi2 y
cobro de lo no debido»; «buena fe»; «falta de cotización de factores salariales»;
«inexistencia de la indexación para el caso», y la genérica3.
2.3. Sentencia de primera instancia
25. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 10 de diciembre de
2021, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.
26. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que no procedía la
reliquidación de la pensión de Bertha Torres Hurtado con la inclusión de los factores
salariales reclamados, porque el ingreso base de liquidación (IBL) de los beneficiarios
del régimen de transición debía determinarse con arreglo a la Ley 100 de 1993 y al
Decreto 1158 de 1994, y no conforme a la Ley 33 de 1985. Añadió que la demandante
no demostró que la UGPP hubiera omitido factores que legalmente debieran integrar
el IBL, por lo cual no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos cuestionados.
27. Para llegar a la anterior conclusión, la controversia se concentró en establecer si,
por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, la demandante tenía derecho a que su pensión se reliquidara con todos los
factores devengados durante el período utilizado para calcularla, entre ellos el
incentivo por desempeño grupal, la prima de productividad nacional, la bonificación por
servicios, las primas de servicios, navidad y vacaciones, el denominado factor nacional
y la prima de antigüedad. El Tribunal precisó que la condición de beneficiaria del
régimen de transición no estaba en discusión y que el debate se limitaba a determinar
las reglas aplicables al IBL y los factores que podían incorporarse a este.
28. Para resolver el asunto, el a quo4 acudió a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto
de 2018. A partir de esos precedentes, sostuvo que el régimen de transición
conservaba las reglas anteriores únicamente respecto de la edad, el tiempo de
servicios o semanas cotizadas y la tasa de reemplazo. En cambio, el IBL se regía por
el inciso tercero del artículo 36 o por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el
tiempo que faltara para adquirir el derecho pensional. Asimismo, concluyó que los
factores computables debían corresponder a los previstos en el Decreto 1158 de 1994
y, además, haber servido efectivamente de base para realizar aportes al sistema
pensional.
29. En cuanto a las pruebas, el Tribunal tuvo por acreditado que la UGPP había
2
Causa para la pedir.
3
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2 », carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 162.
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Juez de primera instancia.
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reliquidado la pensión mediante la Resolución RDP 013750 del 30 de marzo de 2016
y que, para establecer el IBL, había tomado el promedio correspondiente a los últimos
diez años. El a quo verificó en ese acto administrativo que la bonificación por servicios
prestados, uno de los conceptos admitidos por el Decreto 1158 de 1994, sí había sido
incluida en el cálculo. Respecto de la prima de antigüedad, aunque reconoció que
podía integrar la base de cotización cuando tuviera naturaleza salarial, advirtió que no
existía prueba de que la demandante hubiera efectuado cotizaciones sobre ese
concepto y, además, la certificación mensual de salarios obrante en el expediente
demostraba que no lo había devengado.
30. Frente a los demás conceptos reclamados —incentivo por desempeño grupal,
prima de productividad nacional, primas de servicios, navidad y vacaciones y factor
nacional—,concluyó que no integraban la relación taxativa de factores prevista en el
Decreto 1158 de 1994. Agregó que tampoco existían elementos probatorios que
permitieran establecer un déficit entre los factores efectivamente utilizados para
efectuar las cotizaciones y aquellos incluidos por la administración al liquidar la
prestación. Por esa razón, descartó la aplicación de la interpretación anterior de la Ley
33 de 1985 que permitía incluir todos los factores salariales devengados y consideró
ajustada la actuación de la UGPP a la jurisprudencia de unificación vigente.
31. En consecuencia, negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues concluyó que el IBL de la demandante se encontraba sometido a la Ley
100 de 1993 y al Decreto 1158 de 1994, y que no se acreditó la exclusión indebida de
factores que debieran formar parte de la liquidación pensional. En particular, estableció
que la bonificación por servicios había sido computada, que la prima de antigüedad no
fue devengada ni constituyó base de cotización y que los demás emolumentos
reclamados no eran factores computables conforme a la normativa aplicable.
32. En materia de costas, condenó a la parte demandante al pago de las que
efectivamente se hubieran causado. Fundamentó esa determinación en el artículo 188
del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del Código General del
Proceso, y aplicó un criterio objetivo derivado de que la actora resultó vencida al no
prosperar sus pretensiones.
2.4. Recurso de apelación
33. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda. Indicó lo siguiente:
Los motivos de inconformidad los preciso de la siguiente manera:
a) Las consideraciones realizadas por ese Despacho destacan que en lo que respecta
a la bonificación por servicios, rubro que a la luz de la normativa sí es factor constitutivo
de IBL, quedó acreditado, según lo demuestra el texto de la Resolución RDP 013750
del 30 de marzo del 2016. Si bien es cierto que se reliquidó la pensión de la accionante,
no se reliquidó correctamente, como se demuestra con el trabajo realizado por el
contador público DAGOBERTO ALVARO POLO, que se anexo como prueba con la
demanda. (Sic para la cita)
34. Asimismo, pidió revocar la condena en costas. Sostuvo que el artículo 188 del
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CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso,
no establecía un criterio exclusivamente objetivo para su imposición, pues
correspondía valorar las circunstancias de la actuación, en particular la conducta de
las partes, y verificar que las costas aparecieran efectivamente causadas y
comprobadas.
35. Añadió que la demanda había sido presentada en 2016, cuando el Consejo de
Estado aún no había unificado su jurisprudencia. Aunque no precisó la materia a la
que hacía referencia el pronunciamiento de unificación, del contexto de la apelación
se entiende que se refiere a la sentencia que abordó el IBL del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993.
2.5. Trámite de segunda instancia
36. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto el 5
de octubre de 20235, en el que admitió el recurso de apelación de la demandante y
prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El Ministerio Público no emitió concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
37. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y teniendo
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo
328 del CGP, corresponde a la Sala definir si:
39. ¿Analizó acertadamente el juez de primera instancia la reliquidación pensional a
partir de las pruebas allegadas al proceso, concretamente frente a la liquidación de la
bonificación por servicios?
40. ¿El hecho de que la demanda se hubiera presentado en el año 2016, impedía
aplicar al caso la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de
2018 sobre el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pese a los efectos
retrospectivos atribuidos a esta decisión?
41. ¿El Tribunal Administrativo de Bolívar debía analizar la conducta de la parte
vencida en juicio para disponer sobre la condena en costas?
42. Para la resolución de los anteriores interrogantes se realizarán a continuación
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Samai, índice 8.
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algunas consideraciones sobre el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y la
condena en costas.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
43. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral con el objeto
de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener
la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las
contingencias que la afecten.
44. Como parte de este sistema se estableció el Sistema General de Pensiones,
conformado por dos regímenes pensionales: (1) el Régimen de Prima Media con
Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones (antes ISS), donde las
pensiones principalmente se financian con los aportes de los trabajadores y
empleadores activos y (2) el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS),
gestionado por fondos privados de pensiones, en el cual cada afiliado cotiza a su
cuenta individual.
45. Adicionalmente, en su artículo 36, la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de
transición como una medida especial para garantizar que ciertos afiliados al sistema
de pensiones pudieran conservar las condiciones bajo las cuales venían cotizando
antes de la entrada en vigor de esa Ley. En estos términos quedó dispuesto:
Artículo 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez. continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año
2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las
mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en
vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad
si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en
la presente Ley.
[…].
46. Bajo ese contexto legal, para ser beneficiario de este régimen de transición, el
afiliado debe cumplir con uno de los siguientes requisitos a la fecha de entrada en vigor
de la Ley 100 de 19936:
® Tener 35 años de edad si era mujer, o 40 años si era hombre.
® Haber cotizado 15 años de servicio al sistema de pensiones.
47. El cumplimiento de uno de estos dos requisitos permite que el trabajador se
pensione bajo la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, para
determinar si una persona es beneficiaria del régimen de transición, es
necesario verificar el cumplimiento de estas condiciones, garantizando así la correcta
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El 1 de abril de 1994 para los empleados del nivel nacional, o el 30 de junio de 1995 para los empleados del nivel
territorial.
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aplicación de esta prerrogativa legal.
48. Ahora bien, en virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto
Legislativo 01 de 20057 al artículo 48 Superior, la aplicación del régimen de transición
no es indefinida. En efecto, en el parágrafo transitorio 4, el Congreso de la República
fijó un límite temporal en el anterior precepto así:
[E]l régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen
dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los
trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750
semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto
Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán
los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho
régimen.
49. De esta manera, el Acto Legislativo 01 de 2005 establece que la vigencia de los
regímenes pensionales especiales y de los exceptuados, así como cualquier otro
distinto al régimen contenido en la Ley 100 de 1993, expiraría el 31 de julio de 2010,
excepto para los trabajadores que estando en aquellos, además, tuvieran cotizadas al
menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigor del
referido acto legislativo —25 de julio de 2005—, a quienes se les mantendría la
aplicación de las normas especiales hasta el año 2014, porque con posterioridad sus
pensiones serían reconocidas conforme a los requisitos del régimen general de
pensiones establecido en la Ley 100 de 1993.
50. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sección de manera uniforme y reiterada8
ha concluido que una persona puede acceder a su derecho prestacional bajo el
régimen de transición al cual se encontraba afiliado, si logra demostrar los siguientes
supuestos fácticos: (a) que al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, tenía 35 o más años para mujeres, 40 o más años para hombres; o
(b) que independientemente de la edad, realizó cotizaciones por más de 15 años; (c)
que a la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, contara al menos
con las 750 semanas de cotización para conservar el régimen de transición hasta el
año 20149; y (d) que para el 31 de diciembre de 2014 —fecha de finalización del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993—, consolide su estatus pensional, con la
edad y el tiempo de servicio exigido en el respectivo régimen especial.
51. Por otro lado, respecto al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de las
personas beneficiarias del aludido régimen de transición, en virtud del inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo
de esta corporación profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 201810, en la
que se fijaron las siguientes reglas:
Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la interpretación del artículo
7
«Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política».
8
Sobre el particular, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de las subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado: (i) fallo del 4 de febrero del 2021, exp. 2015-00445-01/2448-2018, (ii)
fallo del 13 de mayo de 2021, exp. 2016-00596-01/6482-2019, (iii) fallo del 11 de noviembre de 2021, exp. 2014-
00140-01/2741-2017, y (iv) fallo del 13 de abril de 2023, exp. 2017-01340-01/1024-2021.
9
Al respecto, se pueden consultar sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017 de la Corte Constitucional.
10
Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), M. P. César Palomino Cortés.
9
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01139-01 (2409-2023)
Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: UGPP
36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición pensional, lo siguiente:
1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley
33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los
servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que
se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
52. En razón a lo anterior, las personas beneficiarias del régimen de transición
establecido por la Ley 100 de 1993 tienen salvaguardados elementos del régimen
anterior; no obstante, el ingreso base de liquidación de la pensión es el indicado en la
Ley 100, que permite optar por (a) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le
hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 y la adquisición del estatus
pensional, si fuere inferior a 10 años; (b) el promedio de lo aportado durante todo el
tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al
consumidor (IPC); o (c) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años,
conforme al artículo 21 ibidem.
3.3.2. De la condena en costas
53. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»11. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»12.
54. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, rad. núm. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
12
Ibidem.
10
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01139-01 (2409-2023)
Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: UGPP
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
3.3.2.1. Del «criterio subjetivo» en la condena en costas
55. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse»13 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»14.
56. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso15, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como la «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los
gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»16.
57. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes17. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o mala
fe de las partes. Al respecto, esta Subsección18 ha precisado lo siguiente:
[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de
fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades
inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica
13
https://dle.rae.es/disponer.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2024, rad. núm. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18
En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición
de la Ley 2080 de 2021: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, rad. núm. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, rad. núm. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, rad. núm. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; y (iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, rad. núm. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P.
Jorge Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
11
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01139-01 (2409-2023)
Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: UGPP
de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)19.
3.3.2.2. Del «criterio objetivo-valorativo» en la condena en costas
58. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.
59. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en
los que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó
un inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».
60. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso segundo
al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no implica una
variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo anterior,
porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o adición y,
en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo20 para su imposición (adoptado desde el
año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre «dispondrá»
sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 365 del CGP,
sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual se impone la
condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal condicionamiento21.
61. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo, por
cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
19
Ibidem.
20
En sentencia de 23 de julio de 2020, Rad. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández
Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El legislador
introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —CCA— a uno
«objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las
precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es,
con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del
proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. […]». Sobre esta temática
también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014),
proferido por la misma Subsección de esta corporación.
21
En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección Primera,
sentencia del 29 de agosto de 2024 rad. núm. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 13 de agosto de 2024, rad. núm. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988); y iii) Sección Cuarta,
sentencia del 3 de agosto de 2023, rad. núm. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
12
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01139-01 (2409-2023)
Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: UGPP
incluya la mala fe o temeridad de las partes»22.
3.3.2.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado
62. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas, que
no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente23), el
criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.
3.4. Hechos probados
63. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos relevantes para
resolver la controversia, según se muestra a continuación:
64. La señora Bertha Torres Hurtado nació el 25 de octubre de 1951, tal y como
consta en la copia de la cédula de ciudadanía24 allegada al proceso.
65. Fue aportado certificado de información laboral expedido por la Secretaría de
Educación del Departamento de Risaralda el 13 de abril de 2011, en el que consta que
Bertha Torres Hurtado prestó sus servicios como docente entre el 13 de febrero de
1973 y el 3 de febrero de 1981. En ese mismo documento se indicó que los aportes
pensionales correspondientes al periodo comprendido entre el 13 de febrero de 1973
y el 31 de enero de 1977 se efectuaron a Cajanal y, desde el 1 de febrero de 1977
hasta el 3 de febrero de 1981, a Caseris25. Adjunto al anterior, se allegaron las
certificaciones de salarios mes a mes correspondientes al periodo comprendido entre
febrero de 1973 y febrero de 1981, expedidas por el departamento de Risaralda.
66. De acuerdo con la certificación expedida por la Dirección de Impuestos y
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, rad. núm. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
23
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
24
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2 », carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 11.
25
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2 », carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 123.
13
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01139-01 (2409-2023)
Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: UGPP
Aduanas Nacionales, DIAN, el 15 de enero de 201626, la demandante ingresó a esa
entidad el 23 de enero de 1981 y laboró hasta el 31 de enero de 2015, fecha de retiro
del servicio oficial. Su último empleo fue el de gestor III, código 303, grado 03, ubicado
en la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Cartagena.
67. Mediante la Resolución UGM 020517 del 14 de diciembre de 201127, Cajanal
reconoció a la señora Bertha Torres Hurtado una pensión mensual vitalicia de vejez.
En el acto se indicó que adquirió el estatus pensional el 25 de octubre de 2006 y que
acreditaba 10.918 días laborados, equivalentes a 1.559 semanas. Para establecer la
prestación, la entidad tomó el promedio de los salarios sobre los cuales se efectuaron
cotizaciones entre el 1 de junio de 2001 y el 30 de mayo de 2011 y tuvo en cuenta,
como factores, la asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados.
Sobre el IBL de $3.165.217 aplicó una tasa de reemplazo del 76,05 % y fijó la mesada
en $2.407.148, efectiva a partir del 1.º de junio de 2011, pero condicionó sus efectos
fiscales a que se demostrara el retiro definitivo del servicio.
68. Posteriormente, mediante la Resolución 009624 del 10 de noviembre de 201428,
la DIAN aceptó, a partir del 1.º de febrero de 2015, la renuncia presentada por Bertha
Torres Hurtado al empleo de gestor III, código 303, grado 03.
69. Obra certificación de salarios mes a mes, «formato 3(B)», expedida por la
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena el 15 de abril de 201529,
correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2005 y enero de 2015. Para
efectos pensionales, el documento discriminó varios conceptos, entre ellos, la
asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica, bonificación por
servicios, prima de antigüedad, horas extras y dominicales o festivos. Sin embargo,
registró aportes respecto de asignación básica y bonificación por servicios prestados.
70. Asimismo, la DIAN expidió el 16 de abril de 201530 una certificación de los pagos
efectuados a Bertha Torres Hurtado durante su último año de servicio, comprendido
entre enero de 2014 y enero de 2015.
71. También reposa una relación detallada de nómina expedida el jefe del GIT de
personal de la DIAN el 6 de mayo de 201531, en la que se discriminaron los pagos
realizados a la demandante desde enero de 2003 hasta junio de 2014. En dicho
documento aparecen, además del sueldo, conceptos, primas y emolumentos, según
el periodo correspondiente.
72. Mediante la Resolución RDP 049585 del 26 de noviembre de 201532, la UGPP
26
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2 », carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 60.
27
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2», carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 12.
28
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2», carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 129.
29
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2», carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 62.
30
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2», carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 61.
31
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2», carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 67.
32
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
14
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01139-01 (2409-2023)
Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: UGPP
negó la solicitud de reliquidación pensional presentada por la demandante. Aunque
indicó que reunía los requisitos para reliquidar la prestación, consideró necesario que
aportara, en original o copia auténtica, los certificados de tiempo de servicio hasta la
fecha de retiro definitivo y los certificados de factores salariales, razón por la cual
estimó que no contaba con los elementos necesarios para adoptar una decisión de
fondo.
73. Luego, mediante el Auto ADP 016980 del 17 de diciembre de 201533, la UGPP
ordenó el archivo de la solicitud de reliquidación presentada el 3 de marzo de 2015,
porque consideró que aún no se habían aportado en la forma requerida los certificados
de tiempo de servicio y de factores salariales hasta el retiro definitivo de la
demandante.
74. Una vez allegada nueva documentación, la UGPP expidió la Resolución RDP
013750 del 30 de marzo de 201634, mediante la cual reliquidó la pensión de vejez. Para
ello, registró los servicios prestados al departamento de Risaralda entre el 13 de
febrero de 1973 y el 3 de febrero de 1981 y a la DIAN entre el 23 de enero de 1981 y
el 30 de enero de 2015, y determinó un total de 15.098 días laborados, equivalentes a
2.156 semanas.
75. Para efectuar dicha reliquidación, la UGPP estableció como periodo del ingreso
base de liquidación el comprendido entre el 1 de febrero de 2005 y el 30 de enero de
2015. La liquidación incorporó exclusivamente valores correspondientes a asignación
básica mensual y bonificación por servicios prestados. El acto estableció una tasa de
reemplazo del 77 %, con los cuales determinó una mesada de $2.974.014, efectiva a
partir del 1 de febrero de 2015.
76. En la misma resolución, la UGPP dejó constancia de que la demandante había
sido retirada del servicio mediante la Resolución 009624 del 10 de noviembre de 2014,
con efectos a partir del 1 de febrero de 2015. Igualmente, señaló que para la
reliquidación tuvo en cuenta el certificado de factores salariales obrante en la actuación
administrativa.
77. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, el de apelación35. En particular, solicitó que la pensión fuera reliquidada con
la inclusión de los demás emolumentos devengados, entre ellos el incentivo por
desempeño grupal, prima de productividad nacional, bonificación por servicios, prima
de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, factor nacional, prima de
antigüedad, prima técnica y asignación básica.
78. Mediante la Resolución RDP 019491 del 19 de mayo de 201636, la UGPP
2», carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 16.
33
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2», carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 19.
34
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2», carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 23.
35
Se extrae de los antecedentes de la Resolución RDP 019491 del 19 de mayo de 2016. Ver Samai, índice 2,
actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua 2», carpeta
«13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 29.
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Radicación: 13001-23-33-000-2016-01139-01 (2409-2023)
Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: UGPP
resolvió el recurso de reposición y confirmó en todas sus partes la Resolución RDP
013750. Consideró que, aunque la demandante era beneficiaria del régimen de
transición, el ingreso base de liquidación debía establecerse conforme a las reglas de
la Ley 100 de 1993 y únicamente con los factores previstos en el Decreto 1158 de
1994 sobre los cuales se hubieran efectuado aportes al sistema pensional. En
consecuencia, mantuvo la liquidación efectuada con el promedio de los diez últimos
años de servicio.
79. Finalmente, mediante la Resolución RDP 024759 del 30 de junio de 201637, la
UGPP resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución RDP 013750 del 30
de marzo de 2016. Reiteró que la prestación se había liquidado con una tasa del 77 %
sobre el promedio de los salarios o rentas respecto de los cuales se efectuaron aportes
entre el 1.º de febrero de 2005 y el 30 de enero de 2015 y que los factores computables
eran los previstos en el Decreto 1158 de 1994.
80. Asimismo, se allegó liquidación —sin fecha—38, efectuada por el señor
Dagoberto Alvarado Polo, a través de la cual se efectuaron cálculos de la reliquidación
de mesadas pensionales con aplicación del 77 % sobre el salario promedio indexado
del último año de servicio, pago del retroactivo correspondiente e intereses moratorios
a la tasa máxima legal permitida.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De la bonificación por servicios
81. La demandante pretendió la reliquidación de su pensión de vejez conforme a la
Ley 33 de 1985, con la inclusión de los factores salariales devengados durante los
últimos años de servicios, en particular, la asignación básica, el incentivo por
desempeño grupal, la prima de productividad nacional, la bonificación por servicios,
las primas de servicios, navidad y vacaciones, el factor nacional y la prima de
antigüedad.
82. Al respecto, se advierte que en la sentencia de primera instancia se negaron las
pretensiones de la demanda, al considerar que no procedía la reliquidación de la
pensión de Bertha Torres Hurtado con la inclusión de los factores salariales
reclamados. Ello, porque se estimó que, aunque era beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de
liquidación debía determinarse conforme a esa ley y a los factores taxativamente
previstos en el Decreto 1158 de 1994, siempre que hubieran servido de base para
efectuar aportes al sistema pensional. En particular, el Tribunal verificó que la
bonificación por servicios prestados sí fue incluida en la liquidación, que la prima de
antigüedad no fue devengada ni constituyó base de cotización y que los demás
conceptos reclamados no correspondían a factores computables.
83. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de
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Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: UGPP
apelación, al considerar que el Tribunal valoró de manera equivocada la liquidación
pensional, pues, aunque reconoció que la bonificación por servicios constituía factor
salarial para determinar el ingreso base de liquidación y que fue incluida en la
Resolución RDP 013750 del 30 de marzo de 2016, advirtió que «no se reliquidó
correctamente, como se demuestra con el trabajo realizado por el contador público
Dagoberto [Alvarado] Polo, que se anex[ó] como prueba con la demanda». Asimismo,
solicitó revocar la condena en costas, al estimar que su imposición no obedecía a un
criterio exclusivamente objetivo y que debía considerarse que la demanda fue
presentada en 2016, antes de que el Consejo de Estado unificara su jurisprudencia
sobre la materia.
84. Así, del examen integral del recurso de apelación se advierte que, en materia
pensional, la inconformidad de la demandante se concretó en que, pese a que la
bonificación por servicios fue incluida en la liquidación, la prestación debía reliquidarse
conforme a los cálculos aportados con la demanda y elaborados por un contador
público.
85. Es decir, el reparo de la alzada se circunscribió a que, si bien la bonificación por
servicios fue incluida en la liquidación de la prestación pensional, esta no se calculó
en los términos señalados por el contador público en el documento aportado con la
demanda. En consecuencia, dado que la inconformidad parte de la valoración de dicha
prueba, la Sala examinará su contenido.
86. Pues bien, como lo anuncia la apelación, junto a la demanda se aportó
documento suscrito por el contador Dagoberto Alvarado Polo, que fue catalogado
como: «Asunto. Cálculo de: 1. Retroactivos de mesadas con base al 77% del salario
promedio indexado que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio (1-feb-14 a 31-ene-15) menos valores mensuales de mesadas pagadas con
un valor inferior. (Documentos y normas, soportes: “Formato N.º 3 (B)-
CERTIFICACIÓN DE SALARIOS MES A MES-Para liquidar Pensiones del Régimen
de Prima Media; cupones de pagos FOPEP años 2014-2015; Art. 36 de Ley 100/93;
Arts. 1.ºs de las leyes 33 y 62 de 1985); y de 2. Intereses moratorios con tasa límite
legal permitida».
87. El referido documento elaborado por el contador público Dagoberto Alvarado
Polo tuvo por objeto calcular las diferencias pensionales que, a su juicio, correspondían
a Bertha Torres Hurtado. Para ello, partió de que era beneficiaria del régimen de
transición y aplicó las leyes 33 y 62 de 1985. Tomó como periodo de liquidación el
comprendido entre el 1.º de febrero de 2014 y el 31 de enero de 2015 —último año de
servicios— y, con fundamento en la certificación de salarios mes a mes, incluyó la
asignación básica, la bonificación por servicios y otros conceptos que consideró
factores salariales, entre ellos, vacaciones, bonificación por recreación, incentivo por
desempeño de gestión y el denominado como «factor nacional». Posteriormente,
actualizó los valores mensuales con el IPC certificado por el DANE a enero de 2015 y
obtuvo una suma anual indexada de $72.443.998, equivalente a un promedio mensual
o IBL de $6.037.000. Sobre este valor aplicó una tasa de reemplazo del 77 %, con lo
cual determinó una mesada para 2015 de $4.648.490.
88. A partir de esa cuantía, comparó las mesadas que estimó debidas con las
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Demandada: UGPP
efectivamente pagadas y calculó las respectivas diferencias. Para 2016 actualizó la
mesada con el IPC de 2015 y fijó su valor en $4.963.193, frente a los $2.570.112 que,
según el documento, se venían pagando. Con base en las diferencias mensuales
acumuladas, estableció retroactivos por $53.068.252 a 30 de septiembre de 2016 y
computó intereses moratorios por $12.811.750, mediante la aplicación de las tasas
límite legales utilizadas en su hoja de cálculo. En consecuencia, concluyó que a esa
fecha existía un saldo total a favor de la pensionada de $65.880.002. El cálculo se vio
reflejado en la siguiente tabla:
IPC act-
Subtotal valores Históricos Inc.Fact.sala ene-
Inc.Fact.salar
rial 15
ial
Total
Total Actualiz
Ince.desem Histórico 118,91
Asignac.Bás. Fac.salar.va Bonif.Recre Bonif.x Ince.desemp. Fact.Nacion
p.
Mes caciones ación servic Gestión al por mes
Grupal por mes IPC-
AÑO Mes Históricos
2014 Feb 4.364.484 218.224 4.582.708 115,26 4.727.831
mar 4.749.432 75.560 8.554 44.911 237.472 5.115.929 115,71 5.257.412
Abr 4.492.800 224.640 4.717.440 116,24 4.825.798
May 4.492.800 224.640 4.717.440 116,81 4.802.250
Jun 7.637.760 226.590 299.520 381.888 8.545.758 116,91 8.691.952
Jul 4.492.800 67.392 8.985.600 13.545.792 117,09 13.768.342
Ago 1.797.120 224.640 2.021.760 117,33 2.048.986
Sep 4.492.800 224.640 4.717.440 117,49 4.774.458
Oct 4.492.800 224.640 4.717.440 117,68 4.768.747
Nov 2.545.920 224.640 2.770.560 117,84 2.795.717
Dic 4.492.800 224.640 4.717.440 118,15 4.747.785
2015 Ene 4.492.800 224.640 6.531.283 11.248.723 118,91 11.248.723
Total Actualizado por año, incluyendo fact.salarial 72.443.998
Promedio mensual (IBL), último año de servicio 6.037.000
77% (arts. 1.ºs de las leyes 4.648.490
33/85 y 62/85)
Tabla 1. Liquidación contenida en el documento citado.
89. Así, del referido documento no da cuenta ni contiene elementos demostrativos
que permitan concluir que la bonificación por servicios fue liquidada erróneamente. Su
sustentación aritmética se limita a la liquidación de la acreencia pensional de la
accionante, para lo cual tuvo en cuenta la totalidad de los factores salariales —distintos
de los previstos en el Decreto 1158 de 1994— y devengados durante el último año de
servicios.
90. En particular, no identifica cuál habría sido el error concreto en la determinación,
cuantificación o incorporación de la bonificación por servicios, ni contrasta su cálculo
con el efectuado por la entidad. Por el contrario, parte de una metodología de
liquidación distinta, sustentada en la inclusión de factores salariales diferentes a los
previstos en el Decreto 1158 de 1994.
91. A partir de lo anterior, se advierte que el cálculo en comento reprodujo
sustancialmente los argumentos que sustentaron la demanda, pero no aportó
elementos que permitieran formular reparos concretos frente a la liquidación efectuada
por la entidad demandada respecto de la bonificación por servicios. Por consiguiente,
tales planteamientos carecen de entidad suficiente para desvirtuar los fundamentos de
la sentencia de primera instancia.
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92. En todo caso, del comparativo entre la certificación de salarios expedida por la
DIAN y la liquidación incorporada en la Resolución RDP 013750 del 30 de marzo de
2016, se advierte que la bonificación por servicios prestados fue incluida conforme a
los valores efectivamente certificados por la entidad empleadora, pues la UGPP
acumuló, para cada anualidad, las sumas registradas bajo dicho concepto y trasladó
ese resultado al cálculo del ingreso base de liquidación. Así, por ejemplo, para 2005 la
certificación registró pagos por $622.369 y $34.23039, cuya suma corresponde a los
$656.599 incluidos en la resolución40; para 2006, $656.600 y $32.830, equivalentes a
$689.430; para 2007, $793.258 y $35.697, que arrojan $828.955; y para 2008,
$828.955 y $47.168, para un total de $876.123.
93. La misma correspondencia se observa, a modo explicativo, en las anualidades
posteriores certificadas, entre ellas 2012, 2013 y 2014, en las que los valores
acumulados por bonificación ascendieron a $1.170.417, $1.527.569 y $1.572.480,
respectivamente. En esas condiciones, no se evidencia que la UGPP hubiera omitido,
reducido o alterado las sumas certificadas por este factor salarial, sino que reprodujo
su valor acumulado y posteriormente lo actualizó con el IPC correspondiente para
incorporarlo al IBL, de manera que, frente a la información suministrada por la DIAN,
la liquidación de la bonificación por servicios prestados resulta concordante con lo
efectivamente certificado.
94. Por estas razones, no son de recibo los argumentos expuestos por la apelante,
pues la liquidación aportada con la demanda se sustentó en presupuestos distintos de
los acogidos en la sentencia de primera instancia, al incluir factores salariales
diferentes de los previstos en el Decreto 1158 de 1994. Además, la bonificación por
servicios prestados fue incorporada en la Resolución RDP 013750 del 30 de marzo de
2016 conforme a los valores certificados por la DIAN, sin que el cálculo elaborado por
el contador demostrara un error concreto en su inclusión o cuantificación. En
consecuencia, este reparo no desvirtúa los fundamentos de la sentencia apelada.
95. En efecto, debe destacarse que desde el acto administrativo de reconocimiento,
Resolución UGM 020517 del 14 de diciembre de 2011, Cajanal determinó el ingreso
base de liquidación con el promedio de los salarios sobre los cuales se efectuaron
cotizaciones durante diez años e incluyó la asignación básica y la bonificación por
servicios. Posteriormente, mediante el acto de reliquidación, Resolución RDP 013750
del 30 de marzo de 2016, la UGPP actualizó la prestación con el promedio de los
últimos diez años de aportes, comprendidos entre el 1 de febrero de 2005 y el 30 de
enero de 2015, metodología que se ajusta al criterio unificado por el Consejo de Estado
sobre la determinación del IBL de los beneficiarios del régimen de transición.
96. En contraste, el contador público calculó la prestación exclusivamente con lo
devengado durante el último año de servicios —del 1 de febrero de 2014 al 31 de enero
de 2015— e incluyó la bonificación por servicios y otros factores. Por tanto, dicho
cálculo parte de una lectura distinta de la jurídicamente aplicable y, en realidad, reitera
el criterio planteado en la demanda, por lo que no resulta idóneo para demostrar un
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Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2», carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 62.
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Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_13001233300020160113(.zip) NroActua
2», carpeta «13001233300020160113900», archivo «01ExpedienteDigitalizado», imagen 24.
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error en la reliquidación efectuada por la UGPP.
97. Asimismo, la Sala destaca que, como argumento final de la apelación, se solicitó
«tener en cuenta [que] la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se
present[ó] en el año 2016, fecha en que no se había unificado la jurisprudencia por
parte del Consejo de Estado». Este planteamiento se entiende —dada su falta de
precisión— dirigido a cuestionar la aplicación al caso de la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, por considerar que los hechos y la presentación de la demanda
fueron anteriores a su expedición. Sobre este aspecto, el Tribunal señaló
expresamente que dicha providencia tenía efectos retrospectivos y que, por tanto,
resultaba aplicable para definir el régimen jurídico del IBL de la demandante:
Dicho todo lo anterior, como corolario resta simplemente manifestar que el régimen que
regula el IBL de la demandante es la Ley General de Pensiones (Ley 100 de 1993) y
sus decretos reglamentarios (Decreto 1158 de 1994), no así la ley 33 de 1985; decisión
que se apoya en la línea jurisprudencial ampliamente analizada en el acápite
respectivo, de la que hace parte la sentencia de unificación de nuestro Tribunal de
Cierre, proferida el 28 de agosto del 2018 con efectos retrospectivos, y por medio de
la cual se rectificó la postura asumida en el precedente que se invoca en la demanda
como el aplicable.
98. En suma, basta reiterar que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
fijó una regla con efectos retrospectivos, de manera que resulta aplicable a las
controversias que, como la presente, no se encontraban consolidadas mediante
sentencia ejecutoriada al momento de su expedición. Por ello, el hecho de que la
demanda se hubiera presentado en 2016 no impedía al Tribunal resolver el asunto
conforme al criterio unificado vigente al momento de dictar sentencia. Además, el
recurso no desarrolla con claridad este reparo ni explica las razones jurídicas por las
cuales, pese a los efectos atribuidos a la decisión de unificación, dicho precedente no
debía aplicarse al caso concreto.
3.5.2. De la condena en costas en primera instancia
99. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Bolívar decidió condenar en
costas a la parte demandante —Bertha Torres Hurtado—, que fue la vencida en el
proceso. La referida autoridad judicial fundamentó su decisión así:
En virtud de lo establecido en el artículo 188 del CPACA, procede la Sala de Decisión
a disponer sobre la condena en costas, bajo los términos de liquidación y ejecución
previstos en el Código General del Proceso, que en el numeral 1º del artículo 365
dispone que estarán a cargo de la parte vencida en el proceso, cuando objetivamente
se cumpla con la regla de no haber salido avante en sus pretensiones.
Así las cosas, se condenará a la parte demandante al pago de las costas que
efectivamente se hayan causado, ordenando a la Secretaría General de esta
Corporación su liquidación conforme lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.,
incluyéndose en la mismas las agencias en derecho, de conformidad con el acuerdo
del Consejo Superior de la Judicatura que haya de regir.
100. De la lectura del apartado referido, la Sala advierte que la mencionada autoridad
judicial aplicó un criterio objetivo-valorativo en la imposición de la condena en costas,
en la medida en que la decretó contra la parte vencida en juicio, tal y como lo dispone
el numeral 1 del artículo 365 del CGP.
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101. Inconforme con esa decisión, la demandante solicitó que se revocara las costas,
con especial énfasis en que el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los
artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, no establecía un criterio
exclusivamente objetivo para su imposición, pues correspondía valorar las
circunstancias de la actuación, en particular la conducta de las partes.
102. Pues bien, tal y como se explicó, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria el criterio subjetivo, razón por la cual considera que para decretar la
condena en costas en primera instancia, el Tribunal debía analizar la conducta de la
parte vencida para verificar si actuó de forma temeraria o de mala fe. Así, la respuesta
al problema jurídico es positiva.
103. En ese orden de ideas, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y
de las actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte que integra el extremo
activo del proceso hubiese obrado de mala fe o con temeridad, pues no se observa
conducta alguna o circunstancia irregular que hubiese afectado el trámite procesal. Por
el contrario, advierte que la demandante actuó en ejercicio de su derecho de acción,
sin evidenciarse acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el curso del
proceso.
104. Por lo tanto, no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que
demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe. Así, la Subsección considera
que no había lugar a condenar en costas en primera instancia, razón por la cual se
confirmará parcialmente la decisión apelada, salvo la referida condena, que será
revocada.
3.5.3. Costas en segunda instancia
105. En consideración a los argumentos expuestos, tampoco hay lugar a que en el
caso bajo estudio se imponga condena en costas en segunda instancia, en atención a
que no se advierte que el apelante haya actuado de forma temeraria o con mala fe.
3.6. Conclusión de la decisión
106. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no procede la reliquidación
pensional pretendida por la señora Bertha Torres Hurtado con fundamento en el
cálculo elaborado por el contador público, toda vez que dicho documento no demostró
un error concreto en la determinación o cuantificación de la bonificación por servicios
prestados. Por el contrario, se acreditó que la UGPP incorporó este factor conforme a
los valores certificados por la DIAN, mientras que la liquidación aportada con la
demanda partió de una metodología distinta e incluyó factores diferentes de los
previstos en el Decreto 1158 de 1994; además, el ejercicio matemático elaborado por
el contador no se ajusta al criterio establecido en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, aplicable al presente asunto por sus efectos retrospectivos, aun
cuando la demanda se hubiera presentado en el 2016.
107. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en cuanto negó las pretensiones de la demanda. Sin
embargo, revocará la condena en costas de primera instancia, porque no se acreditó
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que la demandante hubiera actuado con temeridad o mala fe, y se abstendrá de
imponerlas en segunda instancia.
4. Otras decisiones
108. Se reconocerá personería a la sociedad Lexius Consultores de Colombia
S.A.S., como apoderada de la de UGPP, legalmente representada por el señor Edgar
José Polanco Pereira41. Asimismo, se reconocerá personería al abogado Carlos
Santiago Valencia Vera como apoderado de la demandada, en los términos del poder
de sustitución conferido.
109. En todo caso se dejará constancia de la posterior renuncia presentada por el
doctor Edgar José Polanco Pereira, representante legal de la sociedad Lexius
Consultores de Colombia S.A.S42.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda,
salvo la condena en costas a la parte accionante, que se revoca, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. Sin condena en costas en las dos instancias.
Tercero. Reconocer personería jurídica a la sociedad Lexius Consultores de Colombia
S.A.S. en calidad de apoderada de UGPP, legalmente representada por el abogado
Edgar José Polanco Pereira, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta
providencia.
Cuarto. Reconocer personería al abogado Carlos Santiago Valencia Vera como
apoderado de la parte demandada, UGPP, en los términos del poder de sustitución
conferido por el doctor Edgar José Polanco Pereira.
Quinto. Dejar constancia de la posterior renuncia presentada por el doctor Polanco
Pereira, representante legal de la sociedad Lexius Consultores de Colombia S.A.S.
Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Samai, índice 15.
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Samai, índice 18.
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Demandante: Bertha Torres Hurtado
Demandada: UGPP
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
23
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