Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01292-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01292-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01292-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Gloria Estela Gómez Tabares
Temas: Confirma decisión que accede parcialmente a las súplicas de
la demanda. Revoca condena en costas de primera
instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por las partes en contra de
la sentencia del 23 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad1, mediante la cual se accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2.1.1. Las pretensiones
2. La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de la Resolución 412 del 24 de
agosto de 2005 que ordenó pagarle a la señora Gloria Estela Gómez Tabares
«[…] temporalmente el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de
Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y no reconoce el Seguro Social. […] hasta que el Seguro Social lo reconozca bien
motu proprio o por orden judicial, […]».
1 Con ponencia de la magistrada Liliana Patricia Navarro Giraldo.
2Índice 2 del Expediente digitalizado. Segunda instancia Archivo «01Demanda.pdf».
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3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al señor Gloria
Estela Gómez Tabares a restituir las sumas pagadas con base en la resolución
demandada, desde el 9 de diciembre de 2003 y hasta el 31 de mayo de 2021,
por valor de $251´435.182, más los valores que se generen con posterioridad y
hasta que la sentencia se encuentre en firme, esto es debidamente indexados.
4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la accionada.
2.1.2. Hechos.
5. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la Universidad de
Antioquia reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo lo
devengado, sin efectuar deducción alguna, con base en las Leyes 6ª de 1945 y
4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969.
6. Al entrar en vigor el sistema general de pensiones la Universidad de Antioquia
afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales y realizó los aportes
correspondientes ante esa entidad. En virtud del Decreto 2337 de 1996, la
Universidad perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones.
7. La señora Gloria Estela Gómez Tabares, estuvo vinculada con la Universidad
de Antioquia desde el 11 de agosto de 1975 hasta el 8 de diciembre de 2003,
fecha en que le fue aceptada su renuncia.
8. El Instituto de Seguros Sociales reconoció a la señora Gloria Estela Gómez
Tabares su pensión de jubilación mediante Resolución 08426 del 12 de mayo de
2005, en cuantía de $3´143.030, con efectividad desde el 9 de diciembre de 2003,
sin la inclusión de las primas de navidad, servicios y vacaciones.
9. Con el objeto de participar en la financiación de la pensión a cargo del Instituto
de Seguros Sociales, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago
del bono pensional a su nombre, mediante la Resolución 484 (no indicó fecha)
por la suma de $392´712.000, de los cuales le correspondió a la Universidad
$307´067.000, que consignó el ISS.
10. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución 12094 de 1999 en la que
se «subroga» la parte de la obligación no reconocida por el Seguro Social con
los servidores de la Universidad.
11. Atendiendo a lo anterior, la Universidad emitió la Resolución 412 del 24 de
agosto de 2005, donde dispuso pagar temporalmente el valor que resulta de la
aplicación del ingreso base de liquidación que consagra el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoció el Seguro Social, a la señora
Gloria Estela Gómez Tabares, por valor de $664.537 a partir del 9 de diciembre
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de 2003; luego por la suma de $707.666 a partir del 1.° de enero de 2004 y por
valor de $746.587, a partir del 1.° de enero de 2005, hasta que el Seguro Social
lo reconociera motu proprio o por orden judicial.
12. La Universidad de Antioquia ha adelantado trámites ante el Seguro Social, y
posteriormente a Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones
incluyera las primas de navidad, servicios y vacaciones para liquidar la pensión
de los docentes universitarios, con resultado desfavorable.
13. Mediante Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, fue derogada
la Resolución 12094 de 1999, ordenando a la Vicerrectoría resolver las
situaciones de carácter individual y concreto, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigente en la materia.
14. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 fue demandada por
la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, proceso que fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en sentencia del 17 de
octubre de 2013 negó las pretensiones de la demanda, esto con base en que el
ente universitario actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no estaba obligado a mantener en el tiempo el acto
administrativo derogado.
15. La Universidad de Antioquia interpuso diversas demandas contra los actos
administrativos que reconocieron el pago temporal que consagró la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, las cuales han generado que el Consejo de Estado se
pronuncie en el sentido de reconocer que el ente educativo no era la autoridad
competente para pronunciarse acerca de la adjudicación del derecho pensional,
por cuanto era obligación del ISS como entidad previsional.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
16. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 10 de
la Ley 4ª de 1992, 1.° del Decreto 1158 de 1994, 18 inciso 3.°, 131 y 151 de la
Ley 100 de 1993, el artículo 5.° del Decreto 1068 de 1995 y 4.° del Decreto 2337
de 1996.
17. En el concepto de violación explicó, en síntesis, que, si bien a la demandada
le asiste el derecho a obtener la liquidación de su pensión de vejez, «con inclusión
de la totalidad de los factores devengados», la Universidad no es la autoridad
competente para ello.
18. Según lo indicó, si bien al momento de expedirse la Resolución Rectoral
12094 de 1999 y su reglamentaria 16628 de 1999, no se encontraba vigente el
Acto Legislativo 01 de 2005, éstas adolecen de inconstitucionalidad sobreviniente
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por transgredir el contenido del artículo 1.° inciso 6.° de tal reforma constitucional
que dispone que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones.
19. Debe tenerse en cuenta el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, según la cual
todo régimen salarial y prestacional que se establezca en contravención de dicha
norma o los Decretos que dicte el Gobierno Nacional carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos. Además, el Decreto 1158 de 1994 en su artículo
1.°, señala taxativamente los factores salariales que deben tenerse en cuenta
dentro del IBL, sin que se incluyan primas de navidad, servicios y vacaciones.
20. Asimismo, en sentencia del 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado
rectificó la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
indicar que el IBL no es un asunto sometido a transición, razón por la que sostiene
que el acto administrativo enjuiciado partió de una premisa equivocada cual era
el derecho a que los empleados de la Universidad adquirieran su derecho
pensional tomando como base todos los factores devengados en servicio.
21. Finalmente insistió en que, en caso de considerarse que los beneficiarios del
régimen de transición sí tienen derecho a que su liquidación pensional incluya
todos los factores, la competencia para su reconocimiento recae en la
administradora de pensiones a que se haya afiliado el empleado.
2.2. Contestación de la demanda
22. La señora Gloria Estela Gómez Tabares3, se opuso a las pretensiones de
la demanda, a través de apoderado judicial.
23. Según lo indicó, en la demanda formulada por la Universidad de Antioquia no
se mencionaron las causales de nulidad, en que presuntamente incurrió el acto
demandado, presentándose un «vacío argumentativo»; además que el acto
acusado se basó en la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, y la
Resolución Administrativa 16628 de 1999, reglamentaria de ésta, que gozan de
presunción de legalidad, fueron expedidas por las autoridades competentes, en
ejercicio de sus atribuciones legales y normativas, con suficiente y sólida
motivación jurídica, respetando todos los derechos, y sin usurpar funciones
públicas.
24. Igualmente no se incurrió en ninguna causal de anulación, sino que al
contrario, lo que pretendió realizar la Universidad fue garantizar los derechos
adquiridos en materia pensional, a quienes hubiesen cumplido requisitos o
causado su derecho en relación con cualquier tipo de prestación prevista en la
legislación anterior o criterio jurídico precedente; en este caso la demandada
nació el 27 de marzo de 1948 y se vinculó laboralmente a la Universidad de
3 Expediente digitalizado. Archivo «35ContestacionDemanda.pdf».
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Antioquia desde el 11 de agosto de 1975 hasta el 8 de diciembre de 2003, como
empleada pública docente. Por tanto, para el 1.° de julio de 1995, cuando
empezó la vigencia la Ley 100 de 1993 en la Universidad de Antioquia, por ser
una entidad del orden departamental, ella tenía poco más de 47 años de edad, y
acumulaba más de 19 años de trabajo. Por tanto, le faltaban menos de diez años
para adquirir el derecho a la pensión de vejez. Es decir, debía esperar la edad de
55 años, que se cumplieron el 27 de marzo de 2003, por tanto, gozaba de un
derecho adquirido que debía ser respetado.
25. Propuso las excepciones de: «conformación del litisconsorcio», «derecho
adquirido», «legalidad del acto impugnado», «falta de causa para pedir», «falta
de tipificación de las causales de nulidad», «inexistencia de la causa invocada»,
«falta de interés», «buena fe del demandado», «mala fe del demandante»,
«violación al principio de progresividad en materia laboral», «violación al derecho
fundamental a la seguridad social» y «prescripción».
2.3. Medida cautelar
26. La entidad demandante solicitó como medida cautelar la suspensión de la
Resolución demandada 412 del 24 de agosto de 2005, que fue decretada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia a través de providencia de 1.° de septiembre
de 20214.
27. Al resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandada, esta
Subsección, a través de proveído de 3 de octubre de 20225 resolvió confirmar el
auto de 1.° de septiembre de 2021.
2.4. Sentencia de primera instancia6
28. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad en sentencia
proferida el 23 de marzo de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
29. Para ello, se refirió al Decreto 1068 del 23 de junio de 1995, la Ley 30 de
1992 artículo 77, la Ley 4ª de 1992, el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, la
sentencia C- 032 de 2008, el Decreto 2337 de 1996, así como las pruebas
allegadas.
30. A partir de ello, el Tribunal precisó que la competencia radicada en las
universidades para efectuar los mencionados reconocimientos pensionales, cesó
con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que creó el sistema general de
4 Ibidem Archivo «29DecretaMedidaCautelar 2021-01292.pdf».
5 Índice 4, radicado 05001233300020210129201..
6 Índice 2 Expediente digitalizado Segunda instancia Archivo «52SentenciaAcogeParcialmente 2021-
01292.pdf».
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pensiones con el fin de unificar los diferentes regímenes pensionales existentes
y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 151 de la referida Ley 100 de 1993,
el Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel
departamental, municipal y distrital, entró a regir a más tardar, el 30 de junio de
1995.
31. Así mismo, el artículo 4.° del Decreto No 2337 de 1996 determinó las únicas
obligaciones de reconocimiento pensional que quedaban a cargo de los entes
universitarios oficiales, a partir del 30 de junio de 1995 y para el cual se creó un
fondo de pasivo pensional, que solo estará a cargo de reconocer y pagar las
pensiones en favor de los empleados de las universidades, en los siguientes
eventos: i) en favor de los pensionados a su cargo o quienes hubieren cumplido
requisitos para obtener el derecho a pensión con anterioridad al 23 de diciembre
de 1993; ii) en favor de quienes cumplieren requisitos pensionales entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996 y
finalmente; iii) en favor de quienes al 31 de diciembre de 1996 hubieren cumplido
el requisito de tiempo de servicio pero no hubieren alcanzado la edad necesaria
para obtener el reconocimiento pensional, siempre que no se hubieren afiliado al
sistema general de pensiones bien en el régimen de prima media con prestación
definida o bien en el régimen de ahorro individual.
32. Entonces, a partir de la afiliación de la demandada al Sistema General de
Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, realizada a partir del 1.° de julio de
1995, la Universidad quedó subrogada en su obligación de efectuar el
reconocimiento pensional por la entidad a la cual aquel quedó afiliado, en este
caso el ISS, prestación a la cual solo debía contribuir mediante la emisión del
correspondiente bono pensional, a través del cual se efectúa el reconocimiento
de los tiempos servidos con anterioridad a la existencia de aquel régimen.
33. Bajo tal consideración estimó que dada la constitución del Fondo de Pasivo
Pensional señalado en el artículo 4.° del Decreto 2337 del 24 de diciembre de
1996, a cargo de la Universidad, solo se encontraban aquellas pensiones de los
servidores que al 31 de diciembre de 1996, hubieran cumplido con los requisitos
para gozar de la pensión de vejez, por lo que, Gloria Estela Gómez Tabares, no
se encontraba bajo alguno de los supuestos señalados en el artículo 4 .° del
Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 para considerarse que le asistía a la
Universidad de Antioquia una obligación, comoquiera que la señora Gloria Estela
Gómez Tabares nació el 27 de marzo de 1948 y laboró para la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia entre 9 de febrero de 1970 y el 10 de agosto de
1975 y para la Universidad de Antioquia entre el 11 de agosto de 1975 y el 8 de
agosto de 2003, pues así se desprende del contenido del acto de reconocimiento
de la pensión de vejez que fuera emitido por el extinto Instituto de Seguro Social
Resolución 08426 del 12 de mayo de 2005.
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34. Además, que su afiliación al Sistema General de Pensiones creado con la
Ley 100 de 1993, ocurrió el 30 de junio de 1995, por lo que no se encontraba
dentro de los requisitos para que el fondo de pasivos de la Universidad de
Antioquia le reconociera pensión alguna.
35. En consecuencia, al disponer a su cargo una «subrogación» pensional con
base en una interpretación sobre la forma en que correspondía reconocer las
pensiones a su personal, constituía sin duda una actuación que excedía su
competencia, de tal forma que se logró acreditar que el acto administrativo
demandado adolecía de nulidad, por resultar contrario a las normas superiores
relativas a la determinación de la competencia para el reconocimiento de la
pensión sobre la que versa la subrogación dispuesta por la resolución
demandada.
36. Esa Corporación concluyó entonces que, con la decisión contenida en el acto
administrativo enjuiciado, la entidad lo que hizo fue asumir un pago que no
resultaban de su competencia, disponiendo una interpretación respecto del
régimen pensional a que tenía derecho la docente que no le correspondía por no
tener a su cargo el reconocimiento pensional, por lo que no era dable mantener
dicho reconocimiento.
37. Finalmente estableció que como los dineros de más pagados a la demandada
producto del pago de la parte de la pensión que correspondía a la inclusión de
las primas de servicios, navidad y vacaciones en la base de liquidación de su
pensión de vejez, asumido por la Universidad de Antioquia sin que esta contara
con competencia para decidir sobre el cálculo de la prestación, y que dichos
pagos no fueron con fundamento en una conducta fraudulenta o engañosa
ejecutada por la demandada, no procede la devolución de sumas de dinero
pagadas que pretende la demandante.
2.5. Recurso de apelación.
2.5.1. El apoderado de la demandada Gloria Estela Gómez Tabares7 señaló,
en síntesis, que tanto en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, por la cual la
Universidad de Antioquia asumió en forma temporal el pago de una obligación
pensional del Instituto de Seguros Sociales como en la Resolución 591 del 23 de
agosto de 2001, la universidad no alegó que tiene competencia para pagar las
pensiones a las personas, después del 1.º de enero de 1997, ni tampoco creó un
sistema pensional en la Institución, sino, lo que sucedió es que ante una situación
coyuntural por la negativa del ISS de liquidar correctamente las pensiones del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, asumió en forma temporal la cuota
parte faltante que tiene que ver con la inclusión de las primas en la liquidación de
la pensión de vejez.
7 Ibidem Archivo «55RecursoApelacionDdo.pdf»
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38. Para el abogado, la Universidad de Antioquia estaba cumpliendo la ley que
le autorizaba pagar por un tercero, para garantizar el respeto de los derechos de
quienes fueron sus empleados, esto porque el tercero se había negado a recibir
las cotizaciones por las primas.
39. Según lo indicó, el ISS le desconoció a la pensionada sus derechos para
liquidarle correctamente su pensión de vejez, y por eso, la Universidad de
Antioquia, asumió el pago de la cuota restante, en forma temporal y por la figura
de la subrogación, que se lo permite, jurídicamente. Además, la sentencia de
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018
ratificó que la jurisprudencia sobre el régimen de transición, que, en este caso,
beneficia a Gloria Estela Gómez Tabares, a quien le faltaban menos de diez años
para adquirir su derecho pensional el 1.° de julio de 1995, cuando empezó la
vigencia de la Ley 100 de 1993 en la Universidad de Antioquia, y que dice así,
pero que no se tuvo en cuenta en esta sentencia.
40. Sostuvo que la subrogación permite a quien tenga razones, el pago de la
obligación de un tercero y por ello pese a que la Universidad de Antioquia no
tiene la competencia para pagar pensiones después del 1.º de enero de 1997, el
pago no es una mera liberalidad, cuando en tal circunstancia estaría violando el
artículo 355 de la Constitución Política y posiblemente, incurriendo en una
conducta punible.
41. Precisó que la Ley 33 de 1985, para los servidores públicos inscritos en el
orden nacional mantuvo los factores salariales válidos de cotización del Decreto
691 de 1994. Luego, la Ley 100 de 1993, en su inciso tercero del artículo 36,
estableció el régimen de transición, aplicable a los profesores y empleados de la
Universidad de Antioquia. Por eso, la Universidad de Antioquia, antes de la Ley
100 de 1993, jubilaba a sus empleados con todos los factores salariales
devengados el último año de trabajo.
42. Según lo expuso, en un contrato interadministrativo de concurrencia, firmado
por la universidad el 12 de julio de 2002 se pueden apreciar los deberes que ha
cumplido la Universidad de Antioquia para el pago de la pensión de vejez
completa, mediante la figura de la subrogación pero que, a partir del citado
contrato interadministrativo de concurrencia, la cuota parte pensional por las
primas, está a cargo del Fondo del pasivo pensional establecido en la Ley 100
de 1993.
2.5.2. El apoderado de la Universidad de Antioquia8 presentó apelación en los
siguientes términos:
8 Ibidem Archivo«59RecursoApelacionDte.pdf».
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43. Pese a que se accedió a la pretensión principal de anulación del acto
administrativo atacado en nulidad, el a quo denegó la pretensión subsidiaria de
restablecimiento de derecho consistente en el reintegro de parte de la
demandada de las sumas de dinero percibidas; lo anterior por falta de pruebas
acerca de la mala fe, carga que le correspondía a la entidad.
44. Sin embargo, contrario a lo decidido en la sentencia de primera instancia
sobre la pretensión consecuencial de reintegro de sumas pagadas a partir de un
acto administrativo declarado ilegal, denegándola, dicha restitución es
procedente comoquiera que la resolución anulada era clara en establecer que el
reconocimiento que a través de la misma se efectuaba era temporal y, en
consecuencia, quedaba sujeto a que el antiguo Instituto del Seguro Social lo
reconociera por voluntad propia o así lo decidiera una sentencia judicial.
45. Téngase en cuenta que la actuación del particular frente a la administración
tratándose de prestaciones periódicas, específicamente su buena fe, no debe ser
valorada únicamente al momento de la expedición del acto administrativo,
máxime si se tiene en cuenta que en este caso, sui generis, se requería la
realización de diferentes actuaciones de la demandada, para dar continuidad o
no, al referido pago, por lo cual, su conducta debe ser valorada durante todo el
tiempo en que el acto ha surtido sus efectos.
46. Es así como por tratarse el reconocido de un indebido derecho pensional,
estaba bajo la responsabilidad de la demandada el trámite ante el fondo
pensional, pues en virtud de la naturaleza del derecho, era a ella quien
correspondía realizarlo. En este orden de ideas, incumplió con esta carga y se
limitó a permanecer en el tiempo recibiendo unas sumas que claramente sabía
que no le correspondían.
2.6. Alegatos en segunda instancia.
47. Dentro de esta etapa procesal las partes guardaron silencio.
2.7. Concepto del Ministerio Público9.
48. El señor procurador tercero delegado ante esta Corporación presentó
concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera, comoquiera que la
Universidad de Antioquia no logró demostrar la supuesta mala fe con la que actuó
la señora Gloria Estela Gómez Tabares.
49. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.
9 Índice 9 segunda instancia.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Aclaración previa.
50. El consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta10
encontrarse impedido para conocer del presente asunto, por estar incurso en la
causal prevista en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso,
pues le asiste interés indirecto en las resultas del proceso, toda vez que ha
suscrito y celebrado contratos con la parte demandante, esto es, la Universidad
de Antioquia, «para dictar cátedra en la Especialización de Derecho
Administrativo en las materias Derecho Procesal Administrativo, Sujeto Jurídico
Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»
51. Al respecto, el numeral 3.° del artículo 131 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece:
«3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el
artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a
quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se
fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o
subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra
fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva
sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de
conformidad con el reglamento interno.
52. A su turno, el artículo 141 numeral 1.° del Código General del Proceso
consagra como causal de recusación:
«Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.»
53. Es de resaltar que, dada la taxatividad y el carácter restrictivo de dichas
causales, nada excusa al juez para abstenerse de cumplir los deberes que la ley
le asigna. Por la misma razón, la motivación o los hechos que llevan al funcionario
judicial a declarar el impedimento deben enmarcarse con toda precisión en
alguna de ellas, lo cual obedece, además, a la especificidad con que se
encuentran definidas en la norma.
54. Ahora bien, analizada la causal esgrimida y los argumentos del impedimento
manifestado, esta Sala de decisión lo encuentra fundado, por cuanto se estima
que le asiste un interés indirecto en el resultado del proceso, comoquiera que la
explicación planteada frente a la relación de índole contractual que existe con la
parte demandante es razón suficiente para entender que el objeto del presente
litigio compromete su independencia y/o imparcialidad al momento de resolver el
asunto.
10 Índice 16, aplicativo SAMAI, segunda instancia.
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55. Así las cosas, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto de la
referencia
3.2. Competencia.
56. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación
interpuesto por las partes en contra de la sentencia de 23 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad,
dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 15011
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
3.3. Problemas Jurídicos.
57. Debe determinar esta Sala de Subsección si ¿en este caso, frente al
reconocimiento de la pensión otorgada por el ISS a la señora Gloria Estela
Gómez Tabares, servidora de la Universidad de Antioquia, ésta última era
competente para pagar la diferencia por los factores no incorporados por el ente
de previsión al determinar el IBL pensional respectivo?
58. Si la respuesta al anterior interrogante es negativa, deberá analizarse si ¿es
procedente acceder al reembolso de las sumas pagadas a la señora Gómez
Tabares en virtud del acto administrativo demandado?
3.3.1 Primer problema jurídico. ¿En este caso, frente al reconocimiento de
la pensión otorgada por el ISS a la señora Gloria Estela Gómez Tabares,
servidora de la Universidad de Antioquia, ésta última era competente para
pagar la diferencia por los factores no incorporados por el ente de previsión
al determinar el IBL pensional respectivo?
3.3.1.1. Del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los
servidores públicos bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993.
59. De conformidad con lo señalado por el artículo 7512 del Decreto 1848 de
196913, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 quien tenía la obligación de
11
«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
12 «Artículo 75º.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y
pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el
tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la
edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces
cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión…».
13 Mediante el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
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reconocer y de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos era la
entidad de previsión a la que estaba afiliado el servidor o en su defecto, la última
entidad pública empleadora.
60. A través de la expedición de la Ley 100 de 199314 se creó el Sistema General
de Seguridad Social, estableciéndose en la misma la obligatoriedad de afiliar al
sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos15.
61. Para la incorporación de los servidores públicos al sistema general de
pensiones, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 691 de marzo 29 de 1994 16,
mediante el cual se integró al referido sistema a los siguientes servidores: a) Los
servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o Distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y b) Los
servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la
Contraloría General de la República17.
62. A su vez el Decreto 692 del 29 de marzo de 199418 al reglamentar los temas
relacionados con afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones del
Sistema General de Pensiones, definió la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones o demás prestaciones a que hubiere
lugar al señalar lo siguiente:
«Artículo 14. Efectos de la afiliación. La afiliación surtirá efectos a partir del
primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento
del respectivo formulario.
Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que
haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el
monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que
da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente».
63. Luego, con la expedición del Decreto 1068 del 23 de junio de 1995 19 se
estableció el límite temporal para que los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliaran
para los efectos de cotizaciones en pensión, señalando el parágrafo 2.º de su
14 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
15 «Artículo 15.- Serán afiliados al sistema general de pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que
por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a
través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales…»
16 Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras
disposiciones.
17 Ver artículo 1 del decreto citado.
18 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
19 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles
departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la
declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel
territorial.
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artículo 2.º, que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la
Ley 100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995. Señaló la
referida norma lo que sigue:
«Artículo 2º.- Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema
general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los
servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima
media con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros
Sociales, ISS, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado
por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP, autorizadas
por la Superintendencia Bancaria.
Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse al Instituto de Seguros
Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de este Decreto.
Parágrafo 1º.- Los servidores públicos que ingresen al servicio con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el régimen
solidario de prima media con prestación definida, deben afiliarse al Instituto de
Seguros Sociales.
Parágrafo 2º.- Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio de
1995».
64. Ahora bien, es de recodar que el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 estableció
la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial. Esto en los siguientes términos:
«ARTICULO 131.Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales
y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada
una de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial,
departamental, distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo
pensional contraído a la fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un
monto igual al valor de dicho pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas
de previsión, o fondos autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras
cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar
según lo previsto en la presente Ley, en aquella parte que corresponda a
funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la
vigencia de la presente Ley.
Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución.
Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que
aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la
respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el
promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años (sic) de iniciación
de la vigencia de la presente Ley.
Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que
se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales
de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de
conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno
Nacional.
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Dentro del años siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las
universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo,
elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio
de Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que
representen los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los
2 primeros años de la vigencia de la presente Ley.
[…]».
65. Posteriormente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 199620 que tuvo por
objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación
superior de naturaleza territorial, fue específico en atender lo dispuesto en el
Decreto 1068 de 1995, ya citado, respecto del marco temporal con que contaban
los servidores públicos en afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
contemplados en la Ley 100 de 1993, al consagrar lo siguiente en el parágrafo
1.º del artículo 2.º del referido decreto:
«Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que
reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los dos
regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más
tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995». (Negrillas fuera de
texto).
66. El citado decreto estableció en su artículo 4.° algunos eventos en que los
fondos de pasivo pensional, constituidos como una cuenta especial de las
universidades oficiales e instituciones de educación superior de carácter
oficial y naturaleza territorial, debían asumir el pago de las prestaciones allí
descritas. Estos son:
« 1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.
2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva
institución, según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de
1996.
3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía
rigiendo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones.
20 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1299 de 1994.
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4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con
los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994
y sus decretos reglamentarios.
La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación
para el efecto.
5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en
los Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.
6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993,
así como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con
el ISS cuando a ella haya lugar.
[…]». (Negrilla de la Sala).
67. En este orden de ideas, después de la entrada en vigencia de los regímenes
pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de
carácter oficial perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de
sus servidores y, por virtud de la afiliación obligatoria de los servidores públicos
al Sistema General de Pensiones y de acuerdo con lo consagrado en el artículo
14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, quien debe efectuar el
reconocimiento respectivo es la administradora de pensiones que hubiere
recibido o le correspondiese recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurriere el siniestro o hecho que diera lugar al pago de la prestación
correspondiente, esto es, sin perjuicio de los escenarios descritos en el artículo
4.° del Decreto 2337 de 24 de diciembre de 1996, norma que sólo en los casos
allí descritos impone la obligación a cargo del fondo pensional.
3.3.1.2. Caso concreto
68. En el sub lite se encuentra demostrado lo siguiente:
• A través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la
Universidad de Antioquia decidió «[s]ubrogarse en la parte de la
obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con
los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al
momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años
para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al
inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de
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Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la
misma». En su artículo segundo el citado acto dispuso:
«En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha reconocido el Instituto
de Seguros Sociales a los servidores referidos y a los que a partir de la fecha
les reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha Entidad no cancela
conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, sobre
el derecho que tienen, con base en las primas de navidad, de vacaciones y
semestral, que constituyen factor salarial.»21.
• Por medio de la Resolución Administrativa 16628 del 11 de julio de 1999,
se reglamentó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo del mismo
año22.
• Según certificado notarial aportado23 de la señora Gloria Estela Gómez
Tabares nació el 27 de marzo de 1948, por lo que cumplió los 55 años de
edad el 27 de marzo de 2003.
• Laboró como enfermera en el Dirección Seccional de Salud de Antioquia,
desde el 9 de febrero de 1970 y hasta el 10 de agosto de 1975, como se
indica en la Resolución 08426 de 12 de mayo de 200524.
• Según acta de posesión aportada25, la señora Gómez Tabares se
posesionó como docente de enfermería la Universidad de Antioquia el 8
de septiembre de 1975 y presentó su renuncia26 a la entidad a partir del
9 de diciembre de 2003.
• A la señora Gloria Estela Gómez Tabares le fue reconocida la pensión de
jubilación por parte del ISS mediante Resolución 08426 de 12 de mayo
de 200527, por ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, con efectividad a partir del 9 de diciembre de 2003, en cuantía de
$3´143.030, con base en 1713 semanas y con un 85% sobre el ingreso
base de liquidación. No se indicaron los factores salariales incluidos en la
liquidación pensional.
• De igual manera se advierte que la Universidad de Antioquia mediante la
Resolución 412 del 24 de agosto de 200528 ordenó pagarle temporalmente
a la señora Gómez Tabares el valor que resulta de la aplicación del ingreso
base de liquidación del inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
que dijo, no reconoció el ISS, por la no inclusión de las primas de navidad,
vacaciones y servicios:
Esto en cumplimiento de la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999,
proferida por el ente educativo, a través de la cual se subrogó en parte de
dicha obligación (sic para toda la cita):
21 Índice 2 de la segunda instancia, archivo onedrive, carpeta 5 pruebas. Archivo «4. RESOLUCIÓN
RECTORAL 12094 DE 1999 (5).pdf».
22 Ibidem. Archivo «5. RESOLUCIÓN RECTORAL 16628 DE 1999 (5).pdf».
23 Ibidem. Archivo «3. Apartes de la hoja de vida - Gloria Gómez.pdf». Folio 1
24 Folio 18, ibidem.
25 Folio 2 ibidem.
26 Folio 3 ibidem.
27 Folio 18, ibidem.
28 Ibidem. folios 22 y s.s.
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«ARTÍCULO PRIMERO: Pagar temporalmente el valor que resulta de la aplicación del
Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y no reconoce el Seguro Social. a la señora GLORIA ESTELLA GOMEZ
TABARES identificada con cédula de ciudadanía 32 433 291, a partir del 09 de diciembre
de 2003, por valor de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA
Y SIETE PESOS ($664 537), a partir del 01 de enero de 2004 un valor de SETECIENTOS
SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($707 666) y a partir del 01 de
enero de 2005 la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS ($746.587) mensuales, hasta que el Seguro Social lo
reconozca bien motu proprio o por orden judicial, suma que se incrementara anualmente
según lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 ARTICULO SEGUNDO: El
beneficiario deberá diligenciar y presentar la petición de reliquidación del monto de la
pensión ante el Instituto de Seguros Sociales y acreditar copia de dicha presentación y
de los recursos ante la Universidad como condición para hacer efectivo el reconocimiento.
[…]».
• Finalmente, a través de la Resolución Rectoral 35823 de 17 de octubre de
201229, la Universidad de Antioquia decidió derogar la Resolución 12094
de 4 de mayo de 1999 y ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver
las situaciones jurídicas de carácter individual y concreto creadas a partir
de la expedición de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999.
69. Las pruebas allegadas demuestran que la señora Gloria Estela Gómez
Tabares cumplió la edad pensional el (55 años exigidos en la Ley 33 de 1985) el
27 de marzo de 2003 y para el 31 de diciembre de 1996 contaba con 48 años.
70. Ahora bien, el numeral 3.° del artículo 4.° del Decreto 2337 del 24 de
diciembre de 1996 señala que el fondo de pasivo pensional cuenta con la
obligación de reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados
públicos, trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el
tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad
señalada para adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que
los venía rigiendo, escenario en el cual se encontraría la señora Gómez Tabares
pues cumplió 20 años de servicios en el año 1990, pero aún no había cumplido
la edad exigida en la Ley 33 de 1985.
71. Sin embargo, la norma exige al docente no estar afiliado a alguna de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones, evento que no se cumple en
el sub lite comoquiera que fue afiliada al Instituto de Seguros Sociales desde julio
de 1995, como se aprecia en el siguiente aparte de la planilla aportada a folio 830,
fecha desde que empezó a realizar sus aportes pensionales:
29 Índice 2 de la segunda instancia, archivo one drive,«Archivo 6. RESOLUCION RECTORAL 35823 DE
2012 (5).pdf».
30 Índice 2 de la segunda instancia, archivo one drive, Archivo «3. Apartes de la hoja de vida - Gloria
Gómez.pdf». Folio 8.
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72. Es decir, no se encontraba dentro de los requisitos para que el fondo de
pasivos de la Universidad de Antioquia le reconociera pensión alguna y por tanto,
la Universidad de Antioquia no tenía competencia para reconocer a favor de la
señora Gómez Tabares un mayor valor en su ingreso base de liquidación, como
lo hizo a través de la Resolución 412 del 24 de agosto de 2005, al ser obligación
del ISS asumir dicho reconocimiento, como entidad administradora de las
cotizaciones realizadas por la demandada y en atención a lo dispuesto en el
parágrafo 2.° del artículo 2.º del Decreto 1068 de 1995, norma que exigía que la
docente, en su condición de servidora pública de la Universidad de Antioquia,
fuese afiliado al Sistema General de Seguridad Social en junio de 1995.
73. En este sentido a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación era el ISS, que finalmente,
reconoció la pensión de jubilación a través de la Resolución 08426 de 12 de mayo
de 2005, por lo que, era dicha entidad ante quien debió la pensionada reclamar
eventuales reajustes pensionales conforme al régimen pensional aplicable, por lo
que no era plausible que la Universidad de Antioquia asumiera los pagos
señalados, ante el erróneo convencimiento de que asumía una obligación del
ISS.
74. Así entonces advierte la Sala que le asistió razón al Tribunal Administrativo
de Antioquia al declarar la nulidad de la Resolución demandada.
3.3.2. Segundo problema jurídico. ¿Es procedente acceder al reembolso de
las sumas pagadas a la señora Gómez Tabares en virtud del acto
administrativo demandado?
75. Dado que en la apelación la Universidad de Antioquia pidió la devolución de
las mesadas pagadas a la demandada, es necesario analizar la normativa
relativa a esta pretensión.
76. En el literal c, del numeral 1, del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se estableció lo siguiente:
«[…]
c) (…) Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe; […]».
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77.En relación con el principio de buena fe, es preciso tener en cuenta que fue
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes
términos:
«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
78. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:
79. El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo
que implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden
abusar del ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce, y
además, sirve de barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.
80. El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la
actuación de los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:
«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia
ha sido sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta
concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático
colombiano, el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal
intencionado de los particulares, se ha convertido en una fortaleza
inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones privadas,
enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan
por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están
obligadas a proteger»31.
81. En relación con este principio la Corte Constitucional ha señalado:
«[…] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el
Constituyente que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo
mismo, mientras no obre prueba en contrario, la presunción de la buena fe
que protege las actuaciones de los particulares se mantiene incólume. En
cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la
mala fe. Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece a los
particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad
que nutre la producción de los actos administrativos. Por consiguiente,
podría decirse entonces que la presunción de buena fe que milita a favor de
los particulares, en la balanza Estado-administración hace las veces de
contrapeso institucional de cara a los principios de constitucionalidad y
legalidad que amparan en su orden a la ley y a los actos administrativos»32.
31Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe.
Autores: Álvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11
de 1991. p. 3.
32 Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo
Rentería.
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82. Esta Subsección considera que el argumento de la entidad apelante no goza
de vocación de prosperidad ya que, se entiende que, para los efectos de la
devolución de prestaciones pagadas de buena fe, no basta con que el particular
haya recibido unas sumas que no encuentran fundamento en una norma jurídica,
pues es necesario que haya acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta
con la cual se haya inducido en error a la administración33.
83. Significa lo anterior, conforme al desarrollo del principio de buena fe, que no
basta con que el pago no sea acorde con el ordenamiento jurídico, sino que es
necesario que medie una maniobra deshonesta o con falta de lealtad respecto
del Estado.
84. Dado que en este caso no se discute que la señora Gómez Tabares actuó en
los citados términos, sino la falta de competencia de la Universidad para asumir
una obligación que no le correspondía, se estima que la señora Gómez Tabares
no debe hacer devolución de las sumas percibidas en virtud del acto demandado,
como bien lo estimó el Tribunal.
3.4. Otras decisiones. Sobre la condena en costas en primera instancia.
85. En el recurso de apelación el apoderado de la señora Gómez Tabares solicitó
revocar en su integridad la sentencia de primera instancia, pero sin explicar, en
particular, su disenso frente a la condena en costas impuesta por el Tribunal.
86. Advierte la Sala que se encuentra habilitada para pronunciarse al respecto
dado el escenario de apelación donde ambas partes formularon recurso, esto en
virtud de lo establecido por el artículo 328 del Código General del Proceso.
87. Sobre el tema esta Sección había sostenido la tesis de que el concepto de
las costas del proceso estaba relacionado con todos los gastos necesarios o
útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprendía los denominados
gastos o expensas del proceso llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación,
pólizas, copias, etc.
88. A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo
que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
«automática» u «objetiva», frente a aquel que resultara vencido en el litigio. Ello,
en consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
33 En este sentido véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 14 de febrero de 2019, expediente 3096-16, magistrado ponente: William Hernández Gómez;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de marzo de
2000, expediente 12.971, magistrado ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.
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costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo
en el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla o no.
89. Posteriormente, esta subsección en providencia de 7 de abril de 201634, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo -valorativo al concluir que no se debe
evaluar la conducta de las partes – temeridad o mala fe–, sino los aspectos
previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva
de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio
lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior,
la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse
de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al
respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada
uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por
separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos
de desistimiento o transacción. »
90. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación
jurídica para imponerlas.
91. En el presente caso, se advierte que en efecto la demandada acudió a través
de apoderado ante la jurisdicción en procura de ejercer su defensa en el proceso
del epígrafe, esgrimiendo los argumentos que consideró suficientes y válidos
para lograr mantener la legalidad del acto administrativo cuestionando en
lesividad por la Universidad de Antioquia, es decir, con una intervención
34 sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492 -2013, demandante: María del Rosario Mendoza
Parra y 1291 -2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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debidamente fundamentada en salvaguarda de sus intereses por lo que no era
procedente la condena en costas dada la superación del criterio objetivo en virtud
de la modificación introducida al artículo 188 del CPACA por la Ley 2080 de 2021
que imponía examinar si se presenta la carencia de fundamentación jurídica,
como lo indica la norma.
92. De acuerdo con lo anterior se advierte que no le asistió razón al Tribunal,
simplemente bajo la óptica del criterio objetivo como en efecto hizo cuando
señaló:
« El artículo 365 del Código General del Proceso, es el que resulta aplicable a
efectos de liquidar y establecer las costas, el cual en su numeral primero
prescribe que “Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto…”, por lo tanto, se condenará
en costas a la parte demandada.»
93. Atendiendo a las anteriores consideraciones es que se revocará el numeral
quinto de la providencia apelada, en cuanto impuso la condena en costas en
primera instancia a cargo de la señora Gómez Tabares.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia
94. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio para verificar si se presenta carencia
de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por las partes no puede observarse dicha situación, contrario a ello, se observa
que se sustentaron las razones jurídicas que fundamentan sus intereses y, por
ende, no se condenará en costas.
95. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: Universidad de Antioquia
SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 23 de marzo de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Oralidad, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
promovida por la Universidad de Antioquia en contra de la señora Gloria Estela
Gómez Tabares, SALVO EL NUMERAL QUINTO QUE SE REVOCA, con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En
su lugar quedará así:
«QUINTO.- ABSTENERSE de imponer condena en costas de primera
instancia, de conformidad con lo señalado»:
TERCERO: Sin condena en costas de segunda instancia, según las
consideraciones expresadas en este fallo.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Impedido
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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