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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-33-33-006-2017-01694-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-33-33-006-2017-01694-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-33-33-006-2017-01694-01 (0285-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Jairo Mina Ortiz

Tema: acción de lesividad. Subtema 1: reconocimiento de pensión de invalidez.
Subtema 2: presunción de buena fe. Subtema 3: devolución de dineros. Subtema 4:
condena en costas.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, el 6 de
octubre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

Colpensiones solicitó la nulidad de las resoluciones GNR 46495 del 19 de febrero de
2014 y GNR 449321 del 30 de diciembre de 2014, mediante las cuales reconoció y
reliquidó la pensión de invalidez del señor Jairo Mina Ortiz. A título de restablecimiento
del derecho, pidió la devolución de las mesadas pensionales, el retroactivo y los
aportes en salud pagados, al considerar que la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez había fijado su pérdida de capacidad laboral en un 44,27%, porcentaje
inferior al exigido para acceder a la prestación.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos
acusados, pero negó el restablecimiento del derecho, porque Colpensiones no
acreditó que el demandado hubiera actuado de mala fe para obtener la pensión.
Asimismo, precisó que la nueva calificación del 50,01% y el reconocimiento pensional

Radicación: 76001-33-33-006-2017-01694-01 (0285-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Jairo Mina Ortiz

efectuado en 2020 correspondían a actuaciones posteriores e independientes, que no
desvirtuaban la ilegalidad de las resoluciones demandadas ni impedían su anulación.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la decisión
de primera instancia, al concluir que Colpensiones no desvirtuó la presunción de
buena fe del señor Jairo Mina Ortiz. Asimismo, mantendrá la decisión de no
condenarlo en costas en primera instancia y tampoco las impondrá en segunda,
porque no se acreditó una conducta procesal temeraria o contraria a la buena fe.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones),
mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho el 8 de noviembre de 2017, contra el señor Jairo Mina
Ortiz, con las siguientes pretensiones1:

2. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 46495 del 19 de febrero de
2014, mediante la cual Colpensiones reconoció una pensión de invalidez a favor del
señor Jairo Mina Ortiz, con efectos a partir del 1 de marzo de 2014.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 449231 del 30 de diciembre
de 2014, a través de la cual Colpensiones reliquidó la pensión de invalidez del
demandado, con efectos a partir del 17 de abril de 2012, y ordenó el pago del
correspondiente retroactivo.

4. A título de restablecimiento del derecho, la entidad demandante solicitó: i) que
se ordenara al demandado devolver las sumas pagadas por concepto de pensión de
invalidez, desde su inclusión en la nómina de pensionados y hasta la suspensión de
la prestación o la declaratoria de nulidad del acto que la reconoció; ii) que reintegrara
los valores pagados con ocasión de la reliquidación de la pensión y del retroactivo
reconocido; iii) que la entidad promotora de salud devolviera los valores girados por
concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tanto con
fundamento en el reconocimiento inicial como en la posterior reliquidación de la
pensión; y iv) que las sumas reconocidas en la sentencia se indexaran o generaran
los intereses a que hubiera lugar.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. El señor Jairo Mina Ortiz nació el 30 de julio de 1956 y el 31 de enero de 2013,
solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez.

1 Cuaderno principal, pp. 9 a 12 – pretensiones visibles, pp. 10.

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Radicación: 76001-33-33-006-2017-01694-01 (0285-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Jairo Mina Ortiz

7. Mediante la Resolución GNR 038416 del 15 de marzo de 2013, Colpensiones
negó esa solicitud, por considerar que el interesado no acreditaba los requisitos de
edad o semanas cotizadas. La decisión fue confirmada mediante la Resolución VPB
7732 del 10 de diciembre de 2013, al resolverse el recurso de apelación interpuesto
por el señor Mina Ortiz.

8. A su vez, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca,
mediante el dictamen 26910713 del 31 de julio de 2013, determinó que el demandado
presentaba una pérdida de capacidad laboral del 51,27%, estructurada el 17 de abril
de 2012. Contra esa decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación.

9. Con fundamento en dicha calificación, el 3 de septiembre de 2013, el señor
Mina Ortiz solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez. Mediante la
Resolución GNR 46495 del 19 de febrero de 2014, Colpensiones reconoció la
prestación en cuantía de $616.000, con efectos a partir del 1 de marzo de 2014.

10. El 26 de mayo de 2014, el señor Mina Ortiz solicitó la reliquidación de la pensión
de invalidez y el pago del retroactivo correspondiente.

11. Entretanto, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez resolvió, mediante
dictamen del 2 de diciembre de 2014, el recurso de apelación interpuesto contra el
dictamen de la Junta Regional y determinó que la pérdida de capacidad laboral del
demandado correspondía al 44,27%, de origen común y estructurada el 17 de abril de
2012.

12. No obstante lo anterior, mediante la Resolución GNR 449321 del 30 de
diciembre de 2014, Colpensiones reliquidó la pensión de invalidez, fijó la mesada en
$566.700, con efectos a partir del 17 de abril de 2012, y reconoció un retroactivo de
$12.687.773, liquidado hasta el 30 de diciembre de 2014.

13. Debido a que el porcentaje establecido por la Junta Nacional era inferior al 50%,
Colpensiones solicitó al demandado su consentimiento para revocar las resoluciones
mediante las cuales reconoció y reliquidó la pensión de invalidez. El requerimiento fue
entregado el 28 de mayo de 2016.

14. El señor Jairo Mina Ortiz, por conducto de apoderada, negó el consentimiento
para la revocatoria directa de los actos administrativos. En consecuencia, mediante la
Resolución SUB 133774 del 24 de julio de 2017, Colpensiones dispuso remitir el
expediente al área de defensa judicial para que se adelantaran las acciones
correspondientes.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

15. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas: i) la Constitución
Política; ii) la Ley 100 de 1993; iii) la Ley 797 de 2003; iv) la Ley 860 de 2003; y v) la
Circular interna 01 de 2012.

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Radicación: 76001-33-33-006-2017-01694-01 (0285-2023)
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Demandado: Jairo Mina Ortiz

16. Como vicio de nulidad, Colpensiones invocó la violación directa de la ley y el
quebrantamiento de las normas en las que debían fundarse los actos acusados.
Explicó que la administración puede demandar sus propios actos cuando considere
que son contrarios al ordenamiento jurídico y lesivos para sus intereses. Agregó que,
ante la negativa del titular del derecho a autorizar su revocatoria directa, debía acudir
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 97
del CPACA.

17. La entidad sostuvo que la seguridad social es un servicio público obligatorio y
un derecho irrenunciable, cuya prestación exige la administración eficiente de los
recursos destinados al sistema. En ese sentido, afirmó que el reconocimiento y pago
de prestaciones sin el cumplimiento de los requisitos legales compromete la
estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones y afecta el acceso progresivo
de los afiliados a las prestaciones que les corresponden.

18. Señaló que, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se considera
inválida la persona que haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Además,
indicó que el artículo 39 de la misma ley, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de
2003, establece los requisitos de cotización exigidos para acceder a la pensión de
invalidez.

19. En el caso concreto, manifestó que la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez determinó que el señor Jairo Mina Ortiz presentaba una pérdida de
capacidad laboral del 44,27%, porcentaje inferior al exigido legalmente para ser
considerado inválido. Pese a ello, mediante los actos acusados se reconoció y
reliquidó la pensión de invalidez a su favor.

20. En consecuencia, Colpensiones concluyó que las resoluciones demandadas
fueron expedidas con desconocimiento de los requisitos previstos en la Ley 100 de
1993 y resultaban lesivas para el erario, pues permitían el pago de una prestación
pensional a una persona que no acreditaba una pérdida de capacidad laboral igual o
superior al 50%.

2.2. Contestación de la demanda

21. El señor Jairo Mina Ortiz, por conducto de apoderada, se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó que se mantuviera el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez2.

22. Refirió que la pensión de invalidez constituía la fuente de sustento económico
tanto suya como de su núcleo familiar, integrado por su compañera permanente y tres
menores de edad que se encontraban bajo su cuidado. Por ello, afirmó que la
suspensión de la prestación afectaría su mínimo vital y el de su familia.

23. Afirmó que su estado de salud se había deteriorado desde la fecha en que fue
2 Cuaderno principal, pp. 36 a 40.

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Demandado: Jairo Mina Ortiz

calificado y que padecía diversas enfermedades osteomusculares, cardiacas,
digestivas y psiquiátricas, además de encontrarse pendiente de varios procedimientos
quirúrgicos. En consecuencia, manifestó que no estaba en condiciones de
desempeñar una actividad laboral.

24. Indicó que Colpensiones omitió revisar periódicamente su estado de invalidez,
pese a que había solicitado una nueva valoración. A su juicio, la entidad no podía
fundamentar la revocatoria de la prestación únicamente en el dictamen de la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, sin verificar su condición actual de salud.

25. También adujo que desconocía que Colpensiones hubiera interpuesto recurso
de apelación contra el dictamen de la Junta Regional y solicitó verificar si este fue
presentado oportunamente. Agregó que solo tuvo conocimiento de dicha actuación
después de que se reconoció y reliquidó la pensión.

26. Finalmente, dijo que ante el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali
cursaba un proceso contra Colpensiones y la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez, en el que pretendía obtener una nueva calificación de su pérdida de
capacidad laboral. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se negara la suspensión
de los actos demandados y que se continuara pagando la mesada pensional.

2.3. Sentencia de primera instancia

27. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, mediante
sentencia del 6 de octubre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada3, en los
siguientes términos:

PRIMERO: ACCEDER a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, se
declara la nulidad de las resoluciones GNR 46495 del 19 de febrero de 2014 y GNR
449321 del 30 de diciembre de 2014, expedidas por Colpensiones, mediante las cuales
se reconoció una pensión de invalidez y se dispuso su reliquidación, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el restablecimiento del derecho, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin lugar a condena en costas.

CUARTO: A costa de la parte interesada, expídanse las copias que sean solicitadas.

28. Para resolver el asunto, el Tribunal precisó que debía determinarse si los actos
demandados desconocieron los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, al reconocer
y reliquidar la pensión de invalidez del demandado, pese a que la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez fijó su pérdida de capacidad laboral en un 44,27%, porcentaje
inferior al exigido legalmente.

3 Samai, índice 70 (de primera instancia).

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29. En esa línea, explicó que el dictamen emitido por la Junta Nacional constituía
la prueba técnica idónea para establecer las condiciones psicofísicas del demandado,
pues fue proferido en segunda instancia por el órgano superior de calificación. En
consecuencia, consideró que, para ese momento, el señor Jairo Mina Ortiz no
acreditaba una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% y, por tanto, no
tenía derecho al reconocimiento ni a la reliquidación de la pensión.

30. No obstante, durante el trámite del proceso, el demandado aportó el dictamen
3384291 del 5 de febrero de 2019, mediante el cual Colpensiones determinó que
presentaba una pérdida de capacidad laboral del 50,01%, estructurada el 17 de abril
de 2012. Con fundamento en esa nueva valoración, la entidad expidió la Resolución
SUB 39842 del 12 de febrero de 2020, por medio de la cual reconoció la pensión de
invalidez mediante un acto distinto de los demandados.

31. El fallador de primera instancia explicó que ese reconocimiento posterior no
modificaba la ilegalidad de las resoluciones acusadas, pues, para el momento en que
fueron expedidas, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez había establecido una
pérdida de capacidad laboral del 44,27%, inferior al porcentaje exigido legalmente.
Por tanto, declaró su nulidad y precisó que esa decisión no afectaba la Resolución
SUB 39842 de 2020, que no había sido demandada y se sustentaba en una nueva
calificación. De esta manera, evitó que coexistieran dos reconocimientos pensionales
derivados de actos administrativos diferentes.

32. En cuanto al restablecimiento del derecho, negó la devolución de las mesadas,
porque Colpensiones no demostró que el señor Mina Ortiz hubiera actuado de mala
fe al solicitar o recibir la prestación. En consecuencia, aplicó el literal c) del numeral 1
del artículo 164 del CPACA, según el cual no procede recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe. Tampoco ordenó el reintegro de los aportes en
salud, pues Famisanar no era la entidad promotora de salud a la que se encontraba
afiliado el demandado y, en todo caso, no se acreditó la ausencia de buena fe,
necesaria para disponer su devolución.

33. Finalmente, no dispuso condena en costas, por considerar que, en las
demandas de lesividad, no puede entenderse que el beneficiario del acto sea la parte
vencida, aun cuando resulte afectado por la decisión.

2.4. Recurso de apelación

34. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con el fin de que se revocaran sus numerales segundo y tercero, en los
siguientes términos4:

35. La entidad aseveró que compartía la declaratoria de nulidad de los actos
demandados. Sin embargo, consideró que esa decisión debía conducir al reintegro de

4 Samai, índice 74 (de primera instancia)

6

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las mesadas y del retroactivo pagados desde la inclusión del demandado en la nómina
de pensionados, pues, de lo contrario, carecería de un título judicial para recuperar
los valores reconocidos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

36. Destacó que el pago de una prestación pensional a quien no acredita los
requisitos para obtenerla afectaba la sostenibilidad financiera del Sistema General de
Pensiones, comprometía los recursos destinados a quienes sí tenían derecho a las
prestaciones y generaba un enriquecimiento sin causa a favor del demandado. En esa
línea, agregó que únicamente son objeto de protección los derechos adquiridos con
arreglo al ordenamiento jurídico.

37. Asimismo, precisó que la buena fe del señor Mina Ortiz quedó desvirtuada
cuando se negó a autorizar la revocatoria directa de los actos, pese a conocer el error
que dio lugar al reconocimiento pensional. Por ello, consideró procedente ordenar la
devolución de las sumas pagadas en exceso y de los aportes efectuados al sistema
de salud.

38. Por último, solicitó revocar la decisión de no imponer costas, por estimar que el
demandado debía asumirlas como parte vencida en el proceso.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

39. Mediante auto del 22 de junio de 20235, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en el numeral
3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

40. La parte demandada y el Ministerio Público se abstuvieron de pronunciarse
frente al recurso de apelación.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

41. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

42. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:

43. ¿La negativa del demandado a consentir la revocatoria directa de los actos
5 Samai, índice 6.

7

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administrativos que reconocieron y reliquidaron su pensión de invalidez desvirtúa la
presunción de buena fe y permite ordenar la devolución de las mesadas pensionales
y del retroactivo pagados con fundamento en dichos actos?

44. ¿Procede revocar la decisión de no condenar en costas a la parte demandada?

45. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) del principio de la buena fe y la devolución de prestaciones periódicas;
(ii) de la condena en costas; (iii) hechos probados; y (iv) en el análisis del caso
concreto se resolverán los problemas jurídicos formulados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Del principio de la buena fe y la devolución de prestaciones periódicas

46. El artículo 83 de la Constitución Política dispone que las actuaciones de los
particulares y de las autoridades deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presume en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Se trata de un
principio general del derecho que exige honestidad, lealtad y rectitud en las relaciones
entre la administración y los ciudadanos, y que protege la confianza legítima que las
actuaciones de cada parte generan frente a la otra6.

47. La Corte Constitucional ha explicado que, en las gestiones adelantadas ante la
administración, la buena fe se presume respecto del particular y constituye el
parámetro a partir del cual la autoridad debe valorar su actuación. En esa medida, la
administración no puede atribuir intenciones deshonestas a los ciudadanos a partir de
simples apreciaciones subjetivas; la infracción de este principio debe establecerse, en
cambio, con fundamento en las circunstancias jurídicas y fácticas de cada caso
concreto7.

48. Lo anterior no significa que la buena fe constituya un principio absoluto. Su
protección encuentra límites en otros mandatos constitucionales, como la legalidad, la
moralidad administrativa, la prevalencia del interés general y la adecuada destinación
de los recursos públicos. Sin embargo, la concurrencia de esos principios no elimina

6 Al respecto, Corte Constitucional, sentencia C-131 del 19 de febrero de 2004. «El mencionado principio es

entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que
otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual
manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio
de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento
de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel
y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma.»
7 Corte Constitucional, sentencia T-457 del 29 de julio de 1992. « En las gestiones ante la administración, la buena

fe se presume del particular y constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por
su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe
mencionar la negación de los propios actos (venire contra factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso
del poder y el exceso de requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados legalmente. De ahí que la
aplicación de este principio suponga incorporar elementos ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real
significado, suscitando en muchas ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las
circunstancias jurídicas y fácticas del caso».

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la presunción que ampara al particular ni releva a quien alega la mala fe de la carga
de demostrarla.

49. En materia de prestaciones periódicas, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA establece que los actos mediante los cuales estas se reconozcan
pueden demandarse en cualquier tiempo, sin que haya lugar, sin embargo, a
recuperar las sumas pagadas a particulares de buena fe. La disposición protege a
quienes recibieron una prestación con fundamento en una decisión administrativa
amparada por la presunción de legalidad, incluso cuando posteriormente se
establezca que el reconocimiento obedeció a una interpretación equivocada o a un
error de la propia entidad.

50. Por consiguiente, la declaratoria de nulidad del acto de reconocimiento no
produce automáticamente la obligación de devolver las sumas pagadas. Para que
proceda su recuperación, la entidad debe desvirtuar la presunción de buena fe y
demostrar que el beneficiario desplegó una conducta deshonesta o fraudulenta
encaminada a obtener una prestación a la que sabía que no tenía derecho 8.

51. La valoración de la conducta debe realizarse de manera concreta y subjetiva, a
partir de las actuaciones desplegadas por el interesado durante el trámite
administrativo. No basta, entonces, con demostrar que el acto fue expedido con
desconocimiento de los requisitos legales, pues la ilegalidad del reconocimiento puede
provenir exclusivamente de un error de valoración, interpretación o gestión atribuible
a la administración.

52. La conducta mediante la cual se pretenda desvirtuar la buena fe debe ser
anterior a la expedición del acto que reconoció la prestación y tener incidencia en la
decisión administrativa. Además, debe derivarse de un hecho concreto que permita
establecer que el beneficiario actuó deshonestamente con el propósito de acceder al
derecho. Por ello, no pueden emplearse comportamientos posteriores al
reconocimiento para inferir, por sí solos, que la solicitud inicial estuvo precedida de
mala fe9.

53. La jurisprudencia de esta Sección ha considerado que la presunción puede
desvirtuarse, entre otros eventos, cuando el interesado presenta documentos falsos,
apócrifos o que contienen información contraria a la realidad, oculta deliberadamente
hechos relevantes o emplea maniobras engañosas que resultan determinantes para

8 Al respecto, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de junio de

2026, radicado 15001-23-33-000-2014-00372-01 (5873-2022); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de febrero 2025, radicado: 73001-23-33-000-2021-00062-01 (5678-2023); Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 27 de junio de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2019-01286-01 (4646-2022); Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 24 de mayo de 2024, radicado: 54001-23-33-000-2018-00054-01 (4949-2022).
9 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, expediente: 1783-01. «Así mismo se

confirmará la orden de reintegro de los dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión
de jubilación, dada la mala fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada
presentó unas certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la buena fe de la
administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por tal virtud, merece el condigno
castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas, debidamente actualizadas, como bien lo ordenó
el a quo.».

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obtener el reconocimiento. En esos supuestos, la conducta temeraria e intencional del
beneficiario permite ordenar el reintegro de las sumas recibidas indebidamente10.

54. En contraste, cuando el particular suministra la información que le es requerida
y el reconocimiento irregular proviene de una equivocación de la entidad, no resulta
procedente trasladarle las consecuencias económicas de ese error. Al respecto, esta
Corporación ha precisado que la administración no puede invocar en su favor su
propia actuación irregular para recuperar dineros recibidos por una persona amparada
por la presunción de buena fe11.

55. De igual manera, el conocimiento posterior de la irregularidad, la recepción de
una solicitud de revocatoria directa o la negativa del titular a consentirla no demuestran
necesariamente que la prestación se hubiera obtenido de manera deshonesta. Como
se explicó, tales circunstancias son posteriores al acto de reconocimiento y, por sí
mismas, no permiten concluir que el beneficiario indujo en error a la administración al
formular la solicitud pensional.

56. En suma, para ordenar la devolución de prestaciones periódicas deben
concurrir los siguientes presupuestos: i) que la entidad desvirtúe la presunción
constitucional de buena fe; ii) que identifique y pruebe una conducta concreta,
deshonesta o fraudulenta del beneficiario; iii) que dicha actuación sea anterior o
concomitante al reconocimiento; y iv) que haya sido determinante para la expedición
del acto. Si estos elementos no se acreditan, la nulidad del reconocimiento no autoriza
la recuperación de las sumas pagadas.

3.3.2. De la condena en costas

57. Las costas procesales comprenden los gastos necesarios o útiles generados
durante el proceso, incluidas las expensas y las agencias en derecho. Su
reconocimiento busca compensar a la parte que debió asumir tales erogaciones para
intervenir en la actuación judicial12.

58. El artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe pronunciarse sobre la condena en costas, salvo
en los procesos en los que se ventile un interés público. Asimismo, prevé que, aun en
estos asuntos, deberá disponerse sobre ellas cuando la demanda se haya presentado
con manifiesta carencia de fundamento legal.

59. La expresión «dispondrá» no significa que la condena deba imponerse
automáticamente a quien resulte vencido. La decisión exige valorar las circunstancias
del proceso y exponer las razones que justifican su procedencia, sin que la sola

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2024, radicado: 25000-23-

42-000-2019-01286-01 (4646-2022).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de marzo de 2021, radicación 19001-23-33-000-2015-00204-01 (5834-2019).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, radicación 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014); Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de febrero de 2025, radicación 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022).

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Radicación: 76001-33-33-006-2017-01694-01 (0285-2023)
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Demandado: Jairo Mina Ortiz

prosperidad o improsperidad de las pretensiones resulte suficiente para decretarla 13.

60. Aunque en la jurisprudencia se han desarrollado los criterios objetivo-valorativo
y subjetivo, la posición mayoritaria de esta Subsección14 ha acogido este último. De
acuerdo con esa postura, antes de condenar en costas, el juez debe examinar la
conducta procesal de la parte vencida y establecer si actuó con temeridad o mala fe15.

61. El juicio sobre la conducta procesal comprende la verificación de actuaciones
temerarias, dilatorias o fraudulentas, como formular pretensiones o recursos con
manifiesta carencia de fundamento legal, alegar deliberadamente hechos contrarios a
la realidad, utilizar el proceso con fines ilegales, obstruir la práctica de pruebas,
entorpecer el trámite o efectuar citas intencionalmente inexactas16.

62. Por consiguiente, la condena en costas no procede por la sola condición de
parte vencida ni por el hecho de haber ejercido el derecho de defensa. Es necesario
que en el expediente existan elementos que permitan reprochar la conducta procesal
de la parte y concluir que actuó de manera temeraria o contraria a la buena fe.

3.4. Hechos probados relevantes

63. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

64. El señor Jairo Mina Ortiz presentó ante Colpensiones, el 10 de febrero de 2013,
una petición para que se fijaran fecha y hora para la práctica de la calificación de su
pérdida de capacidad laboral por enfermedad de origen común. El interesado
promovió acción de tutela contra esa entidad y el Instituto de Seguros Sociales en
Liquidación, debido a la falta de respuesta. El Juzgado Sexto Administrativo del

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1º

de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014); Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, radicación 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
14 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de

febrero de 2025, radicación 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023); Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, radicación 15001-
23-33-000-2017-00604-01 (0552-2021); entre otras.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2024, radicación 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023).

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Circuito de Cali, mediante la sentencia 40 del 10 de abril de 2013, amparó su derecho
fundamental de petición y ordenó resolver la solicitud dentro de las 48 horas
siguientes17.

65. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca expidió el
dictamen 26910713 del 31 de julio de 2013, mediante el cual determinó que el señor
Jairo Mina Ortiz presentaba una pérdida de capacidad laboral del 51,27%, de origen
común y estructurada el 17 de abril de 201218. Esta decisión fue apelada por
Colpensiones.

66. Mientras se resolvía la impugnación sobre la valoración efectuada por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, Colpensiones expidió la
Resolución GNR 46495 del 19 de febrero de 2014, a través de la cual reconoció al
señor Jairo Mina Ortiz una pensión de invalidez, al establecer que presentaba una
pérdida de capacidad laboral del 51,27%, estructurada el 17 de abril de 2012, y
acreditaba 911 semanas cotizadas. La prestación se fijó en $616.000, con efectos a
partir del 1 de marzo de 201419.

67. El señor Jairo Mina Ortiz solicitó, el 26 de mayo de 2014, la reliquidación de la
pensión de invalidez y el pago del retroactivo correspondiente.

68. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez resolvió el recurso de apelación
mediante el dictamen del 2 de diciembre de 2014. La Junta modificó la calificación del
señor Jairo Mina Ortiz y fijó su pérdida de capacidad laboral en un 44,27%, de origen
común y estructurada el 17 de abril de 201220.

69. Colpensiones, pese a la modificación efectuada por la Junta Nacional, expidió
la Resolución GNR 449321 del 30 de diciembre de 2014, mediante la cual reliquidó la
pensión de invalidez del demandante. En dicho acto administrativo fijó la mesada
pensional en $566.700, con efectos fiscales a partir del 17 de abril de 2012, y
reconoció un retroactivo por valor de $12.687.773. Esta reliquidación implicó una
disminución de la mesada previamente reconocida en $616.000, al ajustarla al salario
mínimo legal mensual vigente para la fecha de efectividad de la prestación (año
2012)21.

70. Colpensiones solicitó al señor Jairo Mina Ortiz, mediante el oficio
BZ2016_3613987-0910010 del 14 de abril de 2016, autorización expresa para revocar
las resoluciones GNR 46495 del 19 de febrero de 2014 y GNR 449321 del 30 de
diciembre de 2014. La entidad consideró que el interesado no cumplía el porcentaje
mínimo exigido para acceder a la pensión de invalidez, pues la Junta Nacional había

17 Samai, índice 50 (de primera instancia), expediente administrativo, archivo “{8B225868-BE80-4008-B8E0-
61FD3A8AFC19}”.
18 Samai, índice 50 (de primera instancia), expediente administrativo, archivo “{D9FAC88A-39EC-47C2-882F-

723B62F34D3D}”.
19 Samai, índice 50 (de primera instancia), expediente administrativo, archivo “GNR 46495 DEL 19 FEB 2014”.
20 Samai, índice 50 (de primera instancia), expediente administrativo, archivo “{ED01538A-4C6C-4731-BBDF-

DBD599EBC796}”.
21 Samai, índice 50 (de primera instancia), expediente administrativo, archivo “GNR 449321 DEL 30 DIC 2014”.

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fijado su pérdida de capacidad laboral en un 44,27%. Colpensiones también le informó
que acudiría ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo si no otorgaba el
consentimiento dentro del mes siguiente22.

71. El señor Jairo Mina Ortiz, por conducto de apoderada, negó el consentimiento
para revocar los actos administrativos el 18 de julio de 2016.

72. En cumplimiento de un fallo de tutela y al resolver la petición presentada por el
señor Jairo Mina Ortiz el 11 de junio de 2019, Colpensiones expidió la Resolución SUB
39842 del 12 de febrero de 2020, mediante la cual reconoció nuevamente la pensión
de invalidez, con fundamento en el dictamen 3384291 del 5 de febrero de 2019, que
fijó su pérdida de capacidad laboral en un 50,01%, estructurada el 17 de abril de 2012.
La entidad estableció la mesada en $877.803, con efectos en nómina a partir del 1 de
marzo de 2020, y negó el retroactivo porque el interesado había recibido la prestación
sin interrupción desde la fecha de estructuración23.

3.5. Caso concreto

73. En el asunto bajo análisis, Colpensiones solicitó la nulidad de las resoluciones
GNR 46495 del 19 de febrero de 2014 y GNR 449321 del 30 de diciembre de 2014,
mediante las cuales reconoció y reliquidó la pensión de invalidez del señor Jairo Mina
Ortiz. A título de restablecimiento del derecho, pidió la devolución de las mesadas
pensionales, el retroactivo y los aportes en salud pagados con fundamento en dichos
actos.

74. El Tribunal declaró la nulidad de las resoluciones acusadas, porque la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez había fijado la pérdida de capacidad laboral del
demandado en un 44,27%, porcentaje inferior al exigido para acceder a la prestación.
Precisó que la nueva calificación del 50,01% y el reconocimiento pensional efectuado
en 2020 correspondían a actuaciones posteriores e independientes que no
desvirtuaban la ilegalidad de los actos acusados ni impedían su anulación. No
obstante, negó el restablecimiento del derecho, al no acreditarse la mala fe del señor
Jairo Mina Ortiz, y se abstuvo de imponer condena en costas.

75. Colpensiones controvirtió exclusivamente la negativa a ordenar el reintegro de
las sumas pagadas y la decisión de no condenar en costas. La entidad sostuvo que la
negación del demandado a consentir la revocatoria directa desvirtuó su buena fe, pues
para ese momento conocía que la Junta Nacional había reducido su pérdida de
capacidad laboral al 44,27%. También afirmó que la conservación de esos recursos
generaba un enriquecimiento sin causa y afectaba la sostenibilidad financiera del
sistema pensional.

76. La Sala precisa que la declaratoria de nulidad de los actos acusados no fue

22 Samai, índice 50 (de primera instancia), expediente administrativo, archivo “{85BCD8EB-FF7F-4A09-B6BF-

940E27EBD361}.
23
Samai, índice 50 (de primera instancia), expediente administrativo, archivo “{76DD2C01-3E1C-4F92-9C51-
A63830443343}”.

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Demandado: Jairo Mina Ortiz

controvertida en la apelación. Por tanto, el análisis se limitará a determinar si la
conducta atribuida al señor Jairo Mina Ortiz permite ordenar la devolución de las
mesadas pensionales y del retroactivo pagados con fundamento en las resoluciones
anuladas. Asimismo, deberá establecerse si procede revocar la decisión de no
condenarlo en costas.

77. Bajo estas consideraciones, se recuerda que el literal c) del numeral 1º del
artículo 164 del CPACA dispone expresamente que no habrá lugar a recuperar las
prestaciones periódicas pagadas a particulares de buena fe, regla que guarda
correspondencia con la presunción prescrita en el artículo 83 de la Constitución
Política.

78. En esas condiciones, la declaratoria de nulidad de los actos que reconocieron
y reliquidaron la prestación no genera automáticamente la obligación de devolver las
sumas pagadas. Para que proceda su recuperación, el juez debe examinar
concretamente las actuaciones desplegadas por el beneficiario durante el trámite
administrativo y establecer si estas desvirtúan la presunción de buena fe.

79. En el caso concreto, se advierte que el señor Jairo Mina Ortiz solicitó
inicialmente la calificación de su pérdida de capacidad laboral y, con fundamento en
el dictamen expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, pidió el
reconocimiento de la pensión de invalidez. Colpensiones accedió a esta última
solicitud, pese a que había interpuesto recurso de apelación contra dicho dictamen.
Posteriormente, la Junta Nacional redujo el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral al 44,27% y, aun después de emitida esa decisión, Colpensiones reliquidó la
prestación con fundamento en la calificación inicial. Finalmente, el demandado solicitó
la revisión de su estado de invalidez y la entidad expidió un nuevo dictamen que fijó
dicho porcentaje en un 50,01%, con base en el cual reconoció nuevamente la
prestación.

80. En esa misma línea, de las pruebas allegadas al plenario se conoce, además,
que el demandado presentó sus solicitudes a través de los mecanismos previstos en
el ordenamiento jurídico, mediante peticiones y acciones de tutela dirigidas a obtener
una respuesta y la práctica de las valoraciones correspondientes. Los jueces
constitucionales no reconocieron directamente la prestación ni determinaron el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino que ordenaron a las autoridades
competentes resolver las solicitudes formuladas. En el expediente tampoco existen
elementos para concluir que dichas órdenes judiciales hubieran sido obtenidas
mediante información falsa, incompleta o engañosa. Por tanto, el ejercicio de tales
mecanismos no permite inferir, por sí solo, una actuación contraria a la buena fe24.

81. Colpensiones tampoco acreditó que el señor Jairo Mina Ortiz hubiera aportado
documentos falsos, alterado la información médica, ocultado circunstancias relevantes
o desplegado alguna conducta encaminada a inducir en error a la administración. Por

24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2026, radicado: 15001-23-
33-000-2014-00372-01 (5873-2022).

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Demandado: Jairo Mina Ortiz

el contrario, se reitera que los reconocimientos pensionales estuvieron sustentados
en dictámenes expedidos por las autoridades encargadas de calificar su pérdida de
capacidad laboral, respecto de cuya autenticidad no existe cuestionamiento. La
modificación posterior de una de esas valoraciones no permite atribuirle al demandado
la irregularidad en la expedición de los actos.

82. De otro lado, la entidad demandante sostiene que la negativa del demandado
a consentir la revocatoria directa de las resoluciones desvirtúa la presunción de buena
fe, porque para ese momento conocía el dictamen que había reducido su pérdida de
capacidad laboral al 44,27%. La Sala no comparte este argumento. El señor Jairo
Mina Ortiz manifestó su negativa en 2016, esto es, después de la expedición de los
actos que reconocieron y reliquidaron la pensión, por lo que esa conducta no fue
determinante para obtener la prestación.

83. En este punto, conviene anotar que el artículo 97 del CPACA exige el
consentimiento previo, expreso y escrito del titular para revocar un acto particular que
haya reconocido un derecho y dispone que, ante su negativa, la administración deberá
demandarlo ante esta jurisdicción. En consecuencia, la decisión de no autorizar la
revocatoria constituye el ejercicio de una garantía legal y no demuestra, por sí misma,
una intención fraudulenta o desleal. La defensa de una situación jurídica favorable, al
igual que la presentación de solicitudes o recursos, no permite inferir automáticamente
que el interesado actuó de mala fe para obtenerla.

84. La nueva valoración practicada en 2019 refuerza esta conclusión, pues
Colpensiones fijó la pérdida de capacidad laboral del demandado en un 50,01% y
reconoció nuevamente la pensión de invalidez. Aunque dicha actuación posterior no
subsana los vicios de los actos acusados, sí demuestra que el demandado acudió a
los procedimientos establecidos y que su pretensión estaba respaldada por una
controversia médica objetivamente sustentada, resuelta finalmente por la autoridad
competente. Por tanto, Colpensiones no desvirtuó la presunción de buena fe ni
acreditó los presupuestos necesarios para ordenar la devolución de las sumas
pagadas.

85. Aunado a lo anterior, la Sala observa que la valoración practicada en 2019 no
solo culminó con un nuevo reconocimiento de la pensión de invalidez, sino que
confirmó que el señor Jairo Mina Ortiz reunía las condiciones sustanciales para
acceder a dicha prestación desde la fecha de estructuración de la invalidez, fijada el
17 de abril de 2012. En efecto, el nuevo dictamen reafirmó que el demandado
presentaba una pérdida de capacidad laboral superior al 50}%, estructurada desde
esa fecha.

86. En ese contexto, se advierte que la controversia que dio lugar a la nulidad de
los actos acusados se derivó de las variaciones presentadas en las calificaciones
médicas efectuadas por los organismos encargados de determinar la pérdida de
capacidad laboral, y no de una actuación irregular atribuible al demandado. Por ello,
las sumas percibidas no corresponden al pago de una prestación respecto de la cual
se hubiera demostrado la inexistencia material del derecho, sino a un reconocimiento

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cuyo monto y condiciones dependieron de las valoraciones técnicas realizadas por las
autoridades competentes.

3.6. Costas

87. Ahora bien, el fallador de primera instancia se abstuvo de condenar en costas
al señor Jairo Mina Ortiz, decisión que Colpensiones controvirtió al considerar que
dicha condena procedía porque las pretensiones de nulidad formuladas en la
demanda prosperaron.

88. Al respecto, se reitera que esta Subsección acoge mayoritariamente el criterio
subjetivo para interpretar el artículo 188 del CPACA. En consecuencia, la sola
circunstancia de que una parte resulte vencida no basta para imponerle costas, pues
también debe verificarse que su conducta procesal haya sido temeraria o contraria a
la buena fe.

89. Las pruebas y las actuaciones procesales no demuestran que el señor Jairo
Mina Ortiz hubiera actuado de manera temeraria o de mala fe. El demandado ejerció
su derecho de defensa sin desplegar actuaciones dilatorias, irregulares o
encaminadas a obstruir el trámite del proceso. Por tanto, la Sala confirmará la decisión
de no condenarlo en costas en primera instancia.

90. Por las mismas razones, tampoco procede imponer condena en costas por la
actuación adelantada en segunda instancia.

3.7. Conclusión

91. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Colpensiones no
desvirtuó la presunción de buena fe que ampara al señor Jairo Mina Ortiz, pues no
acreditó que hubiera desplegado conductas fraudulentas o desleales para obtener el
reconocimiento y la reliquidación de la pensión de invalidez. En particular, el ejercicio
de las acciones de tutela y la negativa a consentir la revocatoria directa de los actos
no permiten, por sí solos, ordenar la devolución de las sumas pagadas.

92. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
negó el restablecimiento del derecho solicitado por Colpensiones y se abstuvo de
condenar en costas al demandado. Asimismo, no impondrá dicha condena por la
actuación adelantada en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandado: Jairo Mina Ortiz

Falla:

Primero: Confirmar los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, el 6 de octubre de 2022,
que negó el restablecimiento del derecho y se abstuvo de condenar en costas, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

17

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