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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01037-02

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01037-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01037-02 (4422-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

Tema: acción de lesividad. Subtema 1: reconocimiento de pensión de vejez – régimen
de transición – artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Subtema 2: presunción de buena
fe. Subtema 3: devolución de dineros.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, el 19 de mayo de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

1. Síntesis del caso

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones demandó la nulidad de
la Resolución GNR 025398 del 6 de marzo de 2013, mediante la cual reconoció a la
señora Blanca Elena Reyes Ordóñez una pensión de vejez con fundamento en el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó la devolución de las diferencias pagadas con
ocasión de dicho reconocimiento.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B declaró
la nulidad del acto acusado y ordenó reliquidar la pensión conforme a la Ley 100 de
1993, a partir de la ejecutoria de la sentencia. Sin embargo, negó la devolución de las
sumas pagadas, al considerar que no se acreditó que la demandada hubiera actuado
de mala fe o inducido en error a la administración.

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01037-02 (4422-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la decisión
en el aspecto apelado, al concluir que Colpensiones no desvirtuó la presunción de
buena fe que ampara la actuación de la demandada. Precisará que el conocimiento
posterior de la irregularidad, la falta de consentimiento para revocar el acto y la
continuidad en el pago de la prestación no acreditan una conducta deshonesta o
fraudulenta anterior o concomitante al reconocimiento. Además, señalará que la
demandada sí reunía los requisitos para acceder a la pensión y que la irregularidad
obedeció al régimen aplicado por Colpensiones.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones),
mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, el 11 de mayo de 2018
contra Blanca Elena Reyes Ordóñez, con las siguientes pretensiones1:

2. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 025398 del 6 de marzo de
2013, mediante la cual reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de
la demandada, en cuantía de $4.473.796, efectiva a partir del 1º de enero de 2013,
con fundamento en 1.305 semanas cotizadas, un ingreso base de liquidación de
$4.970.884 y una tasa de reemplazo del 90%, de conformidad con el Decreto 758 de
1990.

3. A título de restablecimiento del derecho, pretendió que se ordenara a Blanca
Elena Reyes Ordóñez devolver a Colpensiones las diferencias pagadas con ocasión
del reconocimiento pensional efectuado mediante la Resolución GNR 025398 del 6 de
marzo de 2013, desde su inclusión en nómina y hasta que se suspendieran
provisionalmente los efectos del acto o se declarara su nulidad.

4. Asimismo, solicitó que las sumas reconocidas a favor de Colpensiones fueran
indexadas o que se reconocieran los intereses a que hubiera lugar, con el propósito
de preservar su poder adquisitivo y evitar un detrimento patrimonial a la entidad.

5. En esas condiciones, pidió como medida cautelar la suspensión provisional de
la Resolución GNR 025398 del 6 de marzo de 20132.

1 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “005_ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL”, pp. 11 a

25. Pretensiones visibles, pp. 16.
2 Mediante auto del 6 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la suspensión

provisional de la Resolución GNR 025398 del 6 de marzo de 2013, al considerar que para establecer si la
demandada conservaba el régimen de transición era necesario efectuar un análisis de fondo y valorar
integralmente el expediente pensional. Colpensiones apeló esta decisión y, mediante auto del 1º de febrero de
2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la confirmó, pues estimó que en esa etapa no era
posible determinar la ilegalidad del acto acusado y que dicho asunto debía definirse al resolver las pretensiones
de la demanda.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01037-02 (4422-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

2.1.1. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

7. La señora Blanca Elena Reyes Ordoñez nació el 30 de abril de 1957.

8. La demandada se trasladó del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

9. El 1º de junio de 2012, Blanca Elena Reyes Ordóñez solicitó el reconocimiento
y pago de una pensión mensual vitalicia de vejez, petición que fue radicada con el
número 20126800332704.

10. Mediante la Resolución GNR 025398 del 6 de marzo de 2013, Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de la demandada, en
cuantía de $4.473.796, efectiva a partir del 1º de enero de 2013, en aplicación del
Decreto 758 de 1990.

11. El 14 de mayo de 2013, la demandada solicitó, mediante petición radicada bajo
el número 2013_3214951, el reconocimiento y pago de un retroactivo de la pensión
de vejez.

12. Por medio de la Resolución GNR 36937 del 10 de febrero de 2014,
Colpensiones negó el reconocimiento y pago del retroactivo pensional solicitado, por
considerar que no se encontraba ajustado a derecho.

13. La entidad sostuvo que, al revisar el expediente pensional, advirtió que la
demandada se había trasladado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y que, posteriormente, regresó al
primero. Añadió que, al 1º de abril de 1994, no acreditaba 15 años de servicios o
cotizaciones, por lo que consideró que el traslado al régimen de ahorro individual
implicó la pérdida del régimen de transición y que su posterior retorno al de prima
media no le permitía recuperarlo.

14. Con fundamento en lo anterior, Colpensiones concluyó que la demandada no
tenía derecho a que su pensión de vejez fuera reconocida conforme al Decreto 758
de 1990 y sostuvo que la prestación debía estudiarse bajo las disposiciones de la Ley
100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

15. En la demanda se invocaron como normas vulneradas la Constitución Política,
la Ley 100 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 758 de 1990.

16. Al explicar el concepto de violación, Colpensiones sostuvo que la Resolución

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

GNR 025398 del 6 de marzo de 2013 desconoció las normas aplicables, porque
reconoció a la demandada una pensión de vejez con fundamento en el Decreto 758
de 1990, pese a que no cumplía los requisitos para conservar el régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

17. Señaló que, para conservar el régimen de transición al trasladarse del Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, la demandada debía acreditar 15 años o más de servicios o cotizaciones al
1º de abril de 1994, además de cumplir las demás condiciones previstas por la ley
para el traslado.

18. En ese sentido, afirmó que Blanca Elena Reyes Ordóñez no acreditaba los 15
años de servicios o cotizaciones requeridos al momento de la entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones, razón por la cual su prestación debía ser estudiada
conforme a la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, y no con
fundamento en el Decreto 758 de 1990.

19. La entidad también invocó los artículos 93 y 97 del CPACA y explicó que, al
tratarse de un acto administrativo particular que reconoció un derecho, no podía
revocarlo sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular. Por ello, sostuvo
que correspondía acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
obtener su nulidad.

20. Finalmente, Colpensiones afirmó que mantener el pago de una prestación
reconocida sin el cumplimiento de los requisitos legales afectaba los recursos del
Sistema General de Pensiones y desconocía el principio de sostenibilidad financiera,
por lo que solicitó la nulidad del acto acusado y el consecuente restablecimiento del
derecho.

2.2. Contestación de la demanda

21. Blanca Elena Reyes Ordóñez, por conducto de apoderado, contestó la
demanda y se opuso a la totalidad de las pretensiones formuladas por Colpensiones3.

22. Precisó que la Resolución GNR 025398 del 6 de marzo de 2013 gozaba de
presunción de legalidad y que el reconocimiento de la pensión no obedeció a
actuaciones irregulares de su parte, pues la documentación obrante en el expediente
pensional era auténtica. Agregó que correspondía a Colpensiones verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para conceder la prestación, de manera que
no podía trasladarle las consecuencias de un eventual error en la interpretación de la
normativa pensional.

23. Explicó que estuvo afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y

3
Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “005_ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL”, pp. 306 a
315.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01037-02 (4422-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

que regresó al Instituto de Seguros Sociales a partir del 1º de enero de 2004, al
acogerse a la posibilidad prevista, según afirmó, en la Ley 797 de 2003 para que los
afiliados que se encontraran a 10 años o menos de cumplir la edad de pensión
pudieran trasladarse por una única vez. Asimismo, precisó que la pensión de vejez le
fue reconocida a partir del 1º de enero de 2013, con fundamento en el Acuerdo 049
de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por haber cumplido 55 años de
edad y acreditar 1.305 semanas cotizadas.

24. De otra parte, refirió que, aun en el evento de declararse la nulidad del acto
acusado, no procedía la devolución de las mesadas pensionales, su indexación ni el
pago de intereses, porque las sumas fueron recibidas de buena fe. En ese sentido,
indicó que no obtuvo la prestación mediante fraude ni indujo en error a la
administración, por lo que invocó la protección prevista en el artículo 164 del CPACA
y la jurisprudencia relacionada con la imposibilidad de recuperar prestaciones
periódicas pagadas a particulares de buena fe.

25. Finalmente, consideró que, si se determinaba que no reunía el requisito de 15
años de cotizaciones al 1º de abril de 1994 para conservar el régimen de transición,
su situación pensional debía analizarse conforme a la Ley 797 de 2003. Como
excepciones propuso las denominadas «cobro de lo no debido» y «toda excepción
que resulte probada».

2.3. Sentencia de primera instancia

26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 19 de mayo de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, sin condena en costas4, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la No. GNR 025398 del 6 de marzo de 2013, a
través de la cual COLPENSIONES ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez en favor de la señora BLANCA ELENA REYES ORDÓÑEZ en virtud del régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SE ORDENA a COLPENSIONES que, deberá reliquidar la pensión de
vejez reconocida en favor de la señora REYES ORDÓÑEZ, teniendo en cuenta para
ello la norma que le resulte aplicable, esto es, las disposiciones previstas en la Ley 100
de 1993, procedimiento que debe aplicarse a partir de la ejecutoria de la presente
decisión y de ninguna manera en forma retroactiva, en tanto el reconocimiento bajo el
régimen de transición obedeció a un error de la administración el cual no puede ser
trasladado a la demandada, conforme se indicó en la parte considerativa de esta
sentencia.

4
Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “005_ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL”, pp. 371 a
389.

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TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
señalado en la parte considerativa de esta decisión.

CUARTO: Sin condena en costas, en esta instancia.

27. Para el tribunal, el problema jurídico consistía en determinar si la Resolución
GNR 025398 del 6 de marzo de 2013 se encontraba viciada de nulidad, debido a que
la demandada se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y, por ello,
debía establecerse si conservó el régimen de transición al regresar al Régimen de
Prima Media con Prestación Definida. Asimismo, debía analizar si tenía derecho al
reconocimiento pensional bajo otro régimen y si procedía la devolución de las sumas
pagadas.

28. Como fundamento de su decisión, señaló que quienes eran beneficiarios del
régimen de transición únicamente por cumplir el requisito de edad perdían dicho
beneficio al trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Precisó que
solo quienes acreditaban 15 años o más de servicios cotizados al 1º de abril de 1994
podían regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y conservar la
transición.

29. Al analizar la situación de la demandada, encontró probado que se trasladó del
Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual y posteriormente retornó al
primero. Asimismo, estableció que, al 1º de abril de 1994, había cotizado 11 años y 7
meses, por lo que no acreditaba los 15 años de servicios exigidos para conservar el
régimen de transición.

30. A partir del material probatorio, el fallador de la primera instancia encontró
demostrado que la demandante laboró al servicio de la Secretaría de Educación
Departamental de Norte de Santander por un tiempo equivalente a 157 semanas y,
posteriormente, en la Universidad de Pamplona, periodo por el cual cotizó 882,86
semanas al ISS.

31. En consecuencia, concluyó que Colpensiones incurrió en error al reconocer la
pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 del mismo año, pues dicho régimen no le resultaba aplicable. Por ello, declaró la
nulidad de la Resolución GNR 025398 del 6 de marzo de 2013.

32. No obstante, consideró que, para la fecha del reconocimiento pensional, la
demandada cumplía los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993, pues tenía 55
años de edad y más de 1.300 semanas cotizadas. Por esa razón, ordenó a
Colpensiones reliquidar la prestación con fundamento en esa normativa, a partir de la
ejecutoria de la sentencia y sin efectos retroactivos, al estimar que el error en la
aplicación del régimen pensional era atribuible a la administración y no podía
trasladarse a la demandada.

33. Finalmente, negó la devolución de las sumas percibidas por concepto de

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
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pensión, porque Colpensiones no acreditó que la demandada hubiera actuado de
mala fe, utilizado maniobras engañosas o aportado documentos falsos para obtener
el reconocimiento. En ese sentido, consideró que la presunción de buena fe no fue
desvirtuada y que, conforme al artículo 164 del CPACA, no procedía recuperar las
prestaciones periódicas pagadas.

2.4. Recurso de apelación

34. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, únicamente respecto del numeral tercero, que negó «las demás
pretensiones de la demanda», al encontrarse conforme con la decisión de declarar la
nulidad de la Resolución GNR 025398 del 6 de marzo de 20135.

35. La entidad controvirtió la negativa a ordenar la devolución de las sumas
pagadas en exceso a la demandada. Sostuvo que esta actuó de mala fe, pues, a partir
de la Resolución GNR 36937 del 10 de febrero de 2014, mediante la cual se le solicitó
autorización para revocar el acto de reconocimiento, conocía que percibía una
prestación a la que, según Colpensiones, no tenía derecho y, pese a ello, continuó
recibiéndola.

36. Agregó que el desconocimiento de la ley no podía justificar la conducta de la
demandada y que mantener en su patrimonio las sumas recibidas constituiría un
enriquecimiento sin causa. Asimismo, afirmó que la falta de devolución afectaría la
estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, cuyos recursos son limitados
y deben destinarse al reconocimiento de prestaciones a quienes cumplen los
requisitos legales.

37. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar el numeral tercero de la
sentencia y ordenar el reintegro de las diferencias de las mesadas pensionales
percibidas desde la inclusión de la demandada en nómina o, subsidiariamente, desde
el momento en que se le solicitó autorización para revocar el acto administrativo.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

38. Mediante auto del 23 de noviembre de 20236, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en
el numeral 3° del artículo 247 del CPACA, modificado por numeral 3º del artículo 67
de la Ley 2080 de 2021.

39. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio frente al recurso
de apelación.

5 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “005_ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL”, pp. 395 a

397.
6 Samai, índice 4.

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

3. Consideraciones

3.1. Competencia

40. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

41. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:

42. ¿La negativa de la demandada a consentir la revocatoria directa del acto
administrativo que reconoció su pensión de vejez desvirtúa la presunción de buena fe
y permite ordenar la devolución de las sumas pagadas con fundamento en dicho acto?

43. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala precisará, en primer lugar,
las reglas aplicables a la presunción de buena fe cuando se pretende la devolución de
prestaciones periódicas. Posteriormente, establecerá los hechos acreditados en el
proceso y, con fundamento en esos elementos, analizará los reparos formulados en
el recurso de apelación y resolverá el interrogante propuesto.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

44. El artículo 83 de la Constitución Política dispone que las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena
fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. En
materia de prestaciones periódicas, el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del
CPACA establece que los actos mediante los cuales estas se reconozcan pueden
demandarse en cualquier tiempo, sin que haya lugar a recuperar las sumas pagadas
a particulares de buena fe.

45. En consecuencia, la declaratoria de nulidad del acto de reconocimiento no
produce automáticamente la obligación de devolver las sumas pagadas; para que
proceda su recuperación, la entidad debe desvirtuar la presunción de buena fe y
demostrar que el beneficiario desplegó una conducta deshonesta o fraudulenta,
anterior o concomitante al reconocimiento, encaminada a obtener una prestación a la
que sabía que no tenía derecho. La valoración de esa conducta debe realizarse de
manera concreta y subjetiva, a partir de las actuaciones del interesado durante el
trámite administrativo, sin que baste demostrar que el acto fue expedido con
desconocimiento de los requisitos legales, pues la ilegalidad del reconocimiento puede
provenir exclusivamente de un error de valoración o gestión atribuible a la propia

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01037-02 (4422-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

administración7.

3.4. Hechos probados relevantes

46. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

47. La señora Blanca Elena Reyes Ordóñez nació el 30 de abril de 19578.

48. El Instituto de Seguros Sociales, mediante comunicación del 28 de marzo de
2004, informó a la señora Blanca Elena Reyes Ordóñez que su traslado al Régimen
de Prima Media con Prestación Definida se hizo efectivo a partir del 1° de enero de
2004 y que, desde ese mes, sus cotizaciones debían pagarse al ISS9.

49. La demandada solicitó a Colpensiones, el 1º de junio de 2012, el
reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de vejez, petición radicada
bajo el número 2012680033270410.

50. Colpensiones, mediante la Resolución GNR 025398 del 6 de marzo de 2013,
reconoció a la señora Reyes Ordóñez una pensión de vejez con fundamento en el
artículo 12 del Decreto 758 de 1990, por remisión al régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La entidad fijó un ingreso base de liquidación de
$4.970.884, aplicó una tasa de reemplazo del 90% y estableció una mesada de
$4.473.796, efectiva a partir del 1º de enero de 201311.

51. La señora Blanca Elena Reyes Ordóñez interpuso, el 14 de mayo de 2013,
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución GNR 025398
del 6 de marzo de 2013. Solicitó el reajuste del ingreso base de liquidación y el pago
del retroactivo pensional desde el 30 de abril de 2012, fecha en la que afirmó haber
cumplido los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez12.

52. Mediante la Resolución GNR 36937 del 10 de febrero de 2014, Colpensiones
consideró extemporáneo el recurso de reposición presentado por la señora Blanca
Elena Reyes Ordóñez el 14 de mayo de 2013, debido a que la Resolución GNR
025398 del 6 de marzo de 2013 le había sido notificada el 21 de marzo siguiente. No
obstante, la entidad estudió la solicitud como una petición nueva13.

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2026, radicado: 76001-33-

33-006-2017-00169-01 (0285-2023). En similar sentido, sentencias del 22 de junio de 2026, radicación 15001-23-
33-000-2014-00372-01 (5873-2022), del 20 de febrero de 2025, radicación 73001-23-33-000-2021-00062-01
(5678-2023), y del 27 de junio de 2024, radicación 25000-23-42-000-2019-01286-01 (4646-2022).
8 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “005_ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL”, pp. 298 a

299.
9 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “005_ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL”, pp. 316.
10 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “005_ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL”, pp. 164 a

168.
11 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “005_ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL”, pp. 164 a

168.
12
Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “005_ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL”, pp. 317.
13 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “GRF-AAT-RP-2014_1654080-20140227033914”.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01037-02 (4422-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

53. En el mismo acto administrativo, Colpensiones advirtió que la señora Reyes
Ordóñez se había trasladado a Porvenir S.A. y que, al 1º de abril de 1994, no
acreditaba 15 años de servicios o cotizaciones. Por ello, concluyó que no conservaba
el régimen de transición, negó la reliquidación solicitada y requirió su consentimiento
expreso para revocar la Resolución GNR 025398 del 6 de marzo de 2013. Además,
dispuso remitir el asunto a la oficina jurídica para iniciar las acciones
correspondientes14.

54. Colpensiones, por medio de comunicación del 10 de febrero de 2014, citó a la
señora Blanca Elena Reyes Ordóñez para que compareciera a un Punto de Atención
al Ciudadano, con el fin de notificarse personalmente del acto administrativo mediante
el cual se resolvió su solicitud relacionada con la pensión de vejez15.

3.5. Caso concreto

55. En el presente asunto, Colpensiones solicitó revocar el numeral tercero de la
sentencia de primera instancia y ordenar a la señora Blanca Elena Reyes Ordóñez
devolver las diferencias pagadas con ocasión del reconocimiento pensional efectuado
mediante la Resolución GNR 025398 del 6 de marzo de 2013. Sostiene que la
demandada actuó de mala fe porque, a partir de la Resolución GNR 36937 del 10 de
febrero de 2014, conocía que la prestación había sido reconocida con fundamento en
un régimen que no le resultaba aplicable y, pese a ello, continuó percibiendo las
mesadas pensionales. Agregó que el desconocimiento de la ley no justifica esa
conducta, que mantener las sumas recibidas constituiría un enriquecimiento sin causa
y que la falta de devolución afectaría la estabilidad financiera del Sistema General de
Pensiones.

56. Como los demás aspectos de la sentencia de primera instancia no fueron objeto
del recurso de apelación, la Sala limitará su pronunciamiento a determinar si se
desvirtuó la presunción de buena fe que ampara la actuación de la demandada y, en
consecuencia, si procede ordenar la devolución de las sumas reclamadas.

57. Para resolver la controversia, se examinarán las actuaciones desplegadas por
la señora Blanca Elena Reyes Ordóñez durante el trámite administrativo que culminó
con el reconocimiento de la pensión, el alcance de la Resolución GNR 36937 del 10
de febrero de 2014 y la continuidad en el pago de la prestación, con el fin de establecer
si tales circunstancias permiten desvirtuar la presunción de buena fe y ordenar la
devolución pretendida.

58. Según se expuso en el marco normativo, el literal c) del numeral 1º del artículo
164 del CPACA dispone que no habrá lugar a recuperar las prestaciones periódicas
pagadas a particulares de buena fe. Entonces, para que proceda su recuperación,
debe desvirtuarse esa presunción mediante la acreditación de una conducta concreta,

14
Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “GRF-AAT-RP-2014_1654080-20140227033914”.
15 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “GRF-CLD-EM-2014_1116741-20140211120503”.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01037-02 (4422-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

deshonesta o fraudulenta del beneficiario, anterior o concomitante al reconocimiento
y determinante para su obtención.

59. En el caso concreto, del material probatorio no se advierte que la demandada
hubiera suministrado información falsa o inexacta, ocultado datos relevantes o
aportado documentos fraudulentos con el propósito de obtener el reconocimiento
pensional. Por el contrario, fue la propia Colpensiones quien, luego de verificar el
expediente prestacional, reconoció la pensión con fundamento en el régimen de
transición y solo al estudiar posteriormente la solicitud de reliquidación advirtió que
este no resultaba aplicable. La irregularidad, por tanto, tuvo origen en un error de
valoración atribuible exclusivamente a la administración.

60. Frente al argumento central del recurso, relativo a que la demandada conocía
desde la expedición de la Resolución GNR 36937 del 10 de febrero de 2014 la
irregularidad del reconocimiento y pese a ello continuó percibiendo la prestación, la
Sala advierte que esa circunstancia es posterior a la expedición del acto de
reconocimiento y, por tanto, no pudo incidir en su obtención. En efecto, esta
Subsección ha explicado que solo pueden emplearse conductas anteriores o
concomitantes al reconocimiento para desvirtuar la buena fe, pues los
comportamientos posteriores no son suficientes para inferir que la solicitud inicial
estuvo precedida de mala fe16.

61. A lo anterior se suma que la resolución del 10 de febrero de 2014 no declaró la
ilegalidad del reconocimiento ni lo dejó sin efectos. Lo que hizo fue advertir la
irregularidad en la aplicación del régimen pensional y solicitar el consentimiento de la
demandada para revocar el acto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del
CPACA, que exige autorización previa, expresa y escrita del titular para revocar un
acto particular que haya reconocido un derecho. En ese orden, la demandada no tenía
obligación jurídica de consentir la revocatoria, y el ejercicio legítimo de esa facultad
no puede interpretarse como una conducta contraria a la buena fe. Mientras el acto
de reconocimiento continuaba produciendo efectos, la recepción de las mesadas
tampoco evidenciaba una conducta fraudulenta o desleal.

62. De otro lado, sobre el reparo del enriquecimiento sin causa, se observa que
este no puede prosperar de manera autónoma cuando el ordenamiento jurídico ha
previsto expresamente una regla de protección al particular de buena fe. El literal c)
del numeral 1º del artículo 164 del CPACA es precisamente la disposición que
resuelve esa tensión. El legislador optó por proteger al beneficiario de buena fe aun
cuando ello implique que la administración no recupere lo pagado indebidamente,
como consecuencia de su propio error. Trasladar al particular esa carga bajo el
argumento del enriquecimiento sin causa equivaldría a inaplicar esa regla.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2026, radicado: 76001-33-

33-006-2017-01694-01 (0285-2023). «La conducta mediante la cual se pretenda desvirtuar la buena fe debe ser
anterior a la expedición del acto que reconoció la prestación y tener incidencia en la decisión administrativa.
Además, debe derivarse de un hecho concreto que permita establecer que el beneficiario actuó deshonestamente
con el propósito de acceder al derecho. Por ello, no pueden emplearse comportamientos posteriores al
reconocimiento para inferir, por sí solos, que la solicitud inicial estuvo precedida de mala fe».

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01037-02 (4422-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

63. En cuanto a la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, la Sala
reconoce que la adecuada administración de sus recursos constituye una finalidad
constitucionalmente relevante. Este principio busca preservar una relación razonable
entre los recursos disponibles y las obligaciones asumidas por el sistema, así como
evitar reconocimientos que desconozcan las reglas legales aplicables17. Sin embargo,
su invocación no releva a Colpensiones de acreditar los presupuestos exigidos para
recuperar las prestaciones periódicas pagadas ni suple la ausencia de prueba de una
conducta contraria a la buena fe.

64. Esta conclusión se refuerza si se tiene en cuenta que la señora Blanca Elena
Reyes Ordóñez sí reunía los requisitos para acceder a una pensión de vejez conforme
a la Ley 100 de 1993. En el plenario se estableció que, para la fecha del
reconocimiento, tenía 55 años y acreditaba más de 1.300 semanas cotizadas. Dicha
circunstancia evidencia que acudió a la administración para obtener una prestación a
la que tenía derecho, aunque bajo un régimen pensional distinto. En todo caso, aun si
no hubiera reunido aquellos requisitos, ello no habría bastado para desvirtuar la buena
fe, pues como se viene exponiendo, era necesario acreditar una conducta deshonesta
o fraudulenta encaminada a obtener la prestación.

65. Con base en estas consideraciones, Colpensiones no desvirtuó la presunción
de buena fe que ampara la actuación de la demandada ni acreditó los presupuestos
necesarios para ordenar la devolución de las sumas reclamadas. Por tanto, se
confirmará en este aspecto la sentencia de primera instancia.

3.6. Conclusión

66. La Subsección concluye que la negativa de la demandada a consentir la
revocatoria directa del acto administrativo que reconoció su pensión de vejez no
desvirtúa la presunción de buena fe ni permite ordenar la devolución de las sumas
pagadas. La conducta que podría comprometer la buena fe debe ser anterior o
concomitante al reconocimiento y determinante para su obtención, condiciones que
no se acreditan cuando el único reproche formulado consiste en que el beneficiario
ejerció el derecho que el artículo 97 del CPACA le reconoce expresamente: negarse
a consentir la revocatoria. A lo anterior se suma que la irregularidad del reconocimiento
obedeció a un error de valoración atribuible exclusivamente a la administración y no a
una actuación deshonesta o fraudulenta de la demandada.

67.Por tal razón, no prosperan los argumentos del recurso de apelación y se
confirmará la sentencia de primera instancia en el aspecto impugnado.

17 Corte Constitucional, sentencia C-110 del 13 de marzo de 2019. En esta providencia, la Corte examinó la

sostenibilidad financiera del sistema pensional a partir del artículo 48 de la Constitución y destacó, entre otros
aspectos, la necesidad de preservar la correspondencia entre los recursos que ingresan al sistema y aquellos
destinados al reconocimiento de prestaciones, así como de evitar desequilibrios derivados de reconocimientos que
desconozcan el régimen legal aplicable.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01037-02 (4422-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

68.Como tesis de la Sala, para que proceda la devolución de prestaciones periódicas
reconocidas mediante acto administrativo, no basta con acreditar la ilegalidad del
reconocimiento ni la negativa del beneficiario a consentir su revocatoria. Es necesario
desvirtuar la presunción constitucional de buena fe mediante la demostración de una
conducta concreta, deshonesta o fraudulenta, anterior o concomitante al
reconocimiento y determinante para su obtención.

3.7. Costas

69.La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 18 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 19 de mayo de 2023, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

18 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01037-02 (4422-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Blanca Elena Reyes Ordóñez

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

14

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