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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00062-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00062-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal tercero de la sentencia del 13 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de oralidad y, en su lugar: «TERCERO. Negar la condena en costas». Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia del 13 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de oralidad. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 16 Radicado: 73001-23-33-000-2021-00062-01 (5678-2023) Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00062-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00062-01 (5678-2023)
Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón
Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones

Temas: Competencia para ordenar la devolución de sumas de dinero

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Juan Cesar Mojocoa Alarcón presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad parcial de las resoluciones SUB 168363 del 6 de agosto,
SUB 204086 del 23 de septiembre y DPE 13110 del 25 de septiembre de 2020
mediante las cuales la Administradora Colombiana de Pensiones2 ordenó el
reintegro de la suma de $165’976.377 por concepto de la mesada pagada desde el
5 de noviembre de 2012 hasta el 30 de julio de 2020.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,

1 En adelante CPACA.
2 En adelante Colpensiones.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 73001-23-33-000-2021-00062-01 (5678-2023)
Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

solicitó: i) se abstenga de ordenar el reintegro de monto alguno por concepto del
pago de la prestación y ii) se condene en costas a la entidad demandada y agencias
en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. JuanCesar Mojocoa Alarcón solicitó al Instituto de Seguros Sociales3 el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, la cual fue negada con
fundamento en que solo contaba con 1.192 semanas cotizadas de las 1.200
requeridas por la normativa.

3.2. Colpensiones, mediante la Resolución GNR 303413 del 14 de noviembre de
2013, con el que resolvió el recurso de reposición presentado contra la anterior
decisión, revocó la Resolución 18802 del 23 de mayo de 2012 y accedió al
reconocimiento pensional en cuantía del $2’043.956 con una tasa de reemplazo del
75%, la cual fue efectiva desde el 21 de octubre de 2007. Sin embargo, en el ordinal
séptimo se concedió el recurso de apelación ante el superior jerárquico, el cual fue
presentado de manera subsidiaria.

3.3. Mediante la Resolución VPB 7680 del 9 de diciembre de 2013, 2 años después
de la notificación de la decisión que concedió el reconocimiento y con ocasión de
un fallo de tutela y un incidente de desacato, Colpensiones confirmó la Resolución
1880 del 23 de mayo de 2012, al encontrar incorrecta la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio en concordancia con la
sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional.

3.4. No obstante, al no incluir en el cómputo del valor de la mesada «el sueldo básico»,
la bonificación por los servicios prestados, las doceavas de las primas de servicios
de junio y diciembre, las primas de vacaciones, de navidad, los viáticos, la
bonificación por recreación y el 100% del subsidio de alimentación, percibidos
durante el último año de servicio [2003 al 2004]fue presentada la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.

3.5. Dentro del referido medio de control, el Tribunal Administrativo del Tolima profirió
sentencia el 4 de agosto de 2016, en la que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y ordenó liquidar la prestación con el 75% del promedio de todos los
factores salariales y prestacionales devengados en el último año de servicio. No
obstante, en la segunda instancia a través de la sentencia del 6 de diciembre de

3 En adelante ISS.

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Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

2018, el Consejo de Estado modificó la decisión en el sentido de incluir solo los
factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se
hubieran realizado aportes durante los últimos 10 años de servicio, sin que ordenara
el reintegro de alguna mesada pagada al pensionado.

3.6. El6 de agosto de 2020, Colpensiones profirió la Resolución SUB 168363
mediante la cual ordenó el reintegro de $165’976.377 por concepto del mayor valor
de la mesada pagada desde el 5 de noviembre de 2012 hasta el 30 de julio de 2020.

3.7. En contra de la anterior decisión fueron presentados los recursos de reposición,
en subsidio apelación; no obstante, la entidad confirmó la decisión del 6 de agosto
de 2020, mediante las resoluciones SUB 204086 del 23 de septiembre y DPE 13110
del 25 de septiembre de 2020.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 13, 29, 48 y 53 de la Constitución
Política y la Ley 1437 de 2011.

4.1. En cuanto al concepto de violación, sostuvo que acceder al reembolso del monto
previsto por Colpensiones vulneraría presupuestos constitucionales como la buena
fe y la presunción de inocencia, puesto que el pensionado actuó convencido de lo
concedido por la entidad previsional. Además, no fueron probados comportamientos
que comprometieran su lealtad, rectitud y honestidad, tendientes a acceder al
reconocimiento de la prestación.

1.2. Contestaciones de la demanda

5. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda4 al afirmar que según los
antecedentes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en cuanto a la
liquidación de las pensiones reconocidas en virtud de los dispuesto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 e incluso de regímenes especiales como el de la Ley 33 de
1985, el IBL se computará con base en los lineamientos previstos en el artículo 21
ibidem y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

5.1. En virtud de lo dispuesto por el Consejo de Estado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, fue evidenciado que la prestación reconocida por la
entidad era superior a la correspondiente, de manera que el rubro percibido
irregularmente debió ser reintegrado por el pensionado, de lo contrario causaría un
agravio injustificado a la entidad previsional, por el enriquecimiento sin causa y el

4 Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 61 actuación
30ED_Expediente_20210006200zip(.zip) NroActua 61.

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Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

consecuente empobrecimiento para el sistema pensional.

5.2. Propuso las excepciones que denominó: i) procedencia del cobro por parte de
Colpensiones; ii) buena fe; iii) prescripción y iv) innominada o genérica.

1.3. La sentencia apelada

6. El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de oralidad, en sentencia proferida el
13 de julio de 2023 accedió a lo pretendido en la demanda5, en ese sentido declaró
la nulidad de la Resolución SUB 168363 del 6 de agosto de 2020 mediante la cual
Colpensiones ordenó el reintegro de $165’976.377 y de las resoluciones SUB
204086 del 23 de septiembre y DPE 13110 del 25 de septiembre de 2020 a través
de las cuales fue confirmada la anterior decisión. A título de restablecimiento del
derecho, el no cobro por parte de la demandada. Finalmente, condenó en costas a
Colpensiones.

6.1. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:

6.2. Colpensiones reconoció, en principio, la pensión de jubilación con el 75% del
promedio de todo lo devengado el año anterior a la adquisición del estatus; sin
embargo, el Consejo de Estado corrigió en el sentido de conceder el 75% del
promedio mensual de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
cuales se hubieran realizado aportes durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la prestación.

6.3. Por lo anterior, Colpensiones ordenó el reintegro del dinero percibido antes del
cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado. No obstante, tal
decisión no era viable, comoquiera que la buena fe del pensionado no fue
desvirtuada, puesto que no se evidenciaron conductas reprochables encaminadas
a defraudar a la administración, con el fin de obtener el reconocimiento de la
mesada.

1.4. El recurso de apelación

7. Colpensiones solicitó se revocara la sentencia proferida en el trámite de primera
instancia6, por cuanto la entidad incurrió en el pago en exceso por concepto de la
mesada del demandante, de manera que la obligación de este último es restituir el

5
Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 61 actuación
30ED_Expediente_20210006200zip(.zip) NroActua 61
6
Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 61 actuación
30ED_Expediente_20210006200zip(.zip) NroActua 61

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Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

valor que percibió de manera irregular con el fin de no incurrir en enriquecimiento
sin causa y, a su vez, generar empobrecimiento para aquella.

8. Asimismo, le asiste facultad a la entidad para realizar el cobro coactivo en contra
del demandado por percibir mesadas liquidadas con el IBL sin fundamento legal.

1.5. Trámite en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.

1.6. Concepto Ministerio Público

10. En esta oportunidad, el Ministerio Público no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación 7, el
problema jurídico se circunscribe a determinar: ¿si hay lugar a la devolución del
monto de $165’976.377 percibido por Juan César Mojocoa Alarcón por concepto de
la pensión de jubilación reconocida antes de la emisión del fallo de segunda
instancia por el Consejo de Estado?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para
devolución de prestaciones periódicas

12. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando
había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al estar
ligado a su propia declaración8.

7 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
8 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.

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13. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos9, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes
interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio de
probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española10, como honradez.

14. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199511, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».

15. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.

En todos los otros, la mala fe deberá probarse»12.

16. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.

17. A su turno, el Código Contencioso Administrativo13 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». (Negrilla del
texto original).

9Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
10 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
11 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
12 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23

de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
13 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.

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18. El desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro ordenamiento
jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, el cual
dispuso:

«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».

19. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional14 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

20. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados
legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos
ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas
ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las
circunstancias jurídicas y fácticas del caso». (Resalta la Sala).

21. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que se
espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.

22. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200415, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:

14 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
15 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.

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«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha
producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las
facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico». (Se resalta).

23. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que
tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional,
tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros16.
24. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.

25. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»17, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
en que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento

16 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
17 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre

de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.

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colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.

26. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la expedición
del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto en que el
beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de acceder al
derecho.

27. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200818, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:

«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya
que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para
obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue
pagado por este concepto19».

20
28. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 , la corporación
indicó:

«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir21 la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el
recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).

18 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo

Gómez Aranguren.
19 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita Olaya

Forero.
20 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).

Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
21 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar

Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F. 309)».

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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00062-01 (5678-2023)
Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)22

Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba
en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos (…)

(…)

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las prestaciones
que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del CPACA».

29. En pronunciamiento del 18 de marzo de 2021 23, sostuvo:

«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos
probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la
administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no
puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

30. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.

31. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

32. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,

22 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
23 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia

de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).

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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00062-01 (5678-2023)
Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación24.

33. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.

34. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les ha
reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones
tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta protección no
acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas con la finalidad
de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace necesario que se
demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas o fraudulentas que
llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda la devolución de
esas sumas de dinero pagadas.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

35. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

36. Mediante la Resolución GNR 303413 del 14 de noviembre de 2013, por medio
de la cual Colpensiones resolvió el recurso de reposición presentado y, en ese
sentido, revocó la Resolución 18802 del 23 de mayo de 2012 y, en su lugar,
reconoció la pensión de jubilación en cuantía del $2’600.924 para el 2013 y remitió

24 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».

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Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

el recurso de apelación al superior jerárquico para que fuera dirimido25.

37. Juan César Mojocoa Alarcón presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Resolución VPB 7680 del 9 de diciembre de 2013,
mediante la cual Colpensiones resolvió el recurso de apelación en el sentido de
confirmar la decisión GNR 18802 del 23 de mayo de 2012 en la que el ISS le negó
el reconocimiento de la prestación. Para tal efecto, el Consejo de Estado profirió
sentencia de segunda instancia el 6 de diciembre de 2018 y modificó la decisión de
primera instancia que accedió a las pretensiones, en cuanto a la liquidación del IBL,
toda vez que los factores salariales serían los previstos en el Decreto 1158 de 1994,
sobre los cuales se hubiera cotizado, percibidos dentro de los 10 años anteriores al
reconocimiento pensional.

38. A través de la Resolución SUB 151378 del 15 de julio de 2020, Colpensiones
cumplió con lo dispuesto por el Consejo de Estado el 6 de diciembre de 2018 y
reconoció $1’299.643 por concepto de la pensión de jubilación.

39. Mediante la Resolución SUB 168363 del 6 de agosto de 2020, Colpensiones
ordenó el pago $165’976.377 «por el mayor valor de la mesada pensional desde el 5 de
noviembre de 2012 a 30 de julio de 2020», toda vez que al cumplir la orden judicial fue
advertido que el monto correspondiente de la mesada era de $1’299.643, en lugar
de los $3’459.514 que había percibido previamente.

40. En contra de la anterior decisión, se interpusieron los recursos de reposición y
apelación; sin embargo, Colpensiones confirmó su postura mediante las
resoluciones SUB 204086 del 23 de septiembre y DPE 13110 del 25 de septiembre
de 2020.

2.4.2. Análisis sustancial

41. El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de oralidad, en sentencia proferida el
13 de julio de 2023 accedió a lo pretendido en la demanda , al encontrar inviable la
decisión de Colpensiones, comoquiera que la buena fe del pensionado no fue
desvirtuada, puesto que no se evidenciaron conductas reprochables encaminadas
a defraudar a la administración, con el fin de obtener el reconocimiento de la
prestación.

42. Colpensiones apeló la anterior decisión al considerar que el pago de la mesada
fue percibido de manera irregular por parte del beneficiario, por cuanto el IBL fue

25 Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 61 actuación
30ED_Expediente_20210006200zip(.zip) NroActua 61.

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Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

calculado sin fundamento legal, lo cual generó un enriquecimiento sin causa. Lo
anterior, le otorgó la facultad de exigir el reintegro y adelantar el cobro coactivo.

43. Al respecto, se advierte que a través de la Resolución SUB 168363 del 6 de
agosto de 2020, Colpensiones ordenó al demandante el reintegro correspondiente
al «mayor valor de la mesada pensional desde el 05 de noviembre de 2012 a 30 de
julio de 2020, a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones», para lo cual tuvo en cuenta, entre otras, las siguientes
consideraciones:

«Que es legalmente procedente dar estricto cumplimiento al fallo judicial proferido por el
tribunal administrativo del Tolima confirmado con modificación por el consejo de estado
sala de lo contencioso administrativo sección segunda – subsección b, tal y como lo
establece la Circular BZ_2014_3076927 del 22 de abril de 2014 expedida por la
Vicepresidencia y Secretaría General de la Gerencia Nacional de Defensa Judicial de
esta entidad. Cuando señala:

“…Es importante el acatamiento estricto de las órdenes judiciales con base en lo
dispuesto por la Corte Constitucional…” y “…es preciso cumplir las sentencias de los
órganos judiciales en los términos que estas señalen, dado que todos los funcionarios
estatales tienen el deber de acatar los fallos judiciales…”.

[…]

Que con la resolución No. GNR 303413 del 14 de noviembre de 2013, se han efectuado
pagos por concepto de mesadas pensionales a favor del (la) asegurado (a) que no fueron
tenidas en cuenta por el juez al momento de realizar el reconocimiento de la prestación,
por tanto, se generó un pago de lo no debido por concepto de mayor valor de la mesada
pensional reconocida, ahora, el juez de conocimiento en segunda instancia determinó lo
siguiente:

“«TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la Administradora
Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, a RECONOCER y PAGAR la pensión de
jubilación al señor Juan César Mojocoa Alarcón, a partir de la fecha en que alcanzó el
estatus pensional, esta es, el 24 de junio de 2006, en monto del 75% del promedio de
los factores salariales contenidos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales
efectivamente hubiere cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
pensional, entendidos éstos como aquellos relacionados con los servicios prestados al
Estado, prestación que tendrá efectos fiscales a partir del 5 de noviembre de 2012 por
prescripción trienal, y será indexada, en las condiciones anotadas en la parte
considerativa de esta providencia.»

Que al darse estricto cumplimiento al fallo judicial proferido por el tribunal administrativo
del Tolima confirmado con modificación por el consejo de estado sala de lo contencioso
administrativo sección segunda – subsección b trae como consecuencia necesaria que
deba ser disminuida la mesada al (la) señor(a) MOJOCOA ALARCÓN JUAN CÉSAR ya
identificado.

Por lo tanto, al ser claro que con la resolución No. GNR 303413 de 14 de noviembre de

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Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

2013 la cuantía reconocida para 2012 era del valor de $2.538.973, M/cte, suma que para
el 2020 ascendía al valor de $3.459.514.00, sin embargo, por conducto del cumplimiento
al fallo el juez y luego de realizar la liquidación de la mesada, se observa que la mesada
pensional fue reducida a la suma de $953.822.00 en atención al cumplimiento del fallo
Ordinario Laboral del Tribunal Administrativo del Tolima confirmado con modificación por
el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B. Razón por la que se ha efectuado un PAGO DE LO NO DEBIDO. […]»

44. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la motivación del acto objeto de
reproche en el presunto asunto, fue el cumplimiento de la sentencia proferida por
esta Corporación dentro del expediente con radicado 73001-23-33-000-2015-
00660-01, sin embargo, revisada dicha providencia no se encuentra que en esta se
hubiese impuesto una orden tendiente a la devolución de las sumas periódicas
pagadas al demandante en exceso, sino que, esta se limitó a confirmar la sentencia
de primera instancia en la que se declaró la nulidad de los actos de reconocimiento
pensional demandados en aquella oportunidad y se modificó el restablecimiento del
derecho, en el sentido de que para la liquidación de la prestación se debería tener
en cuenta el promedio de los «factores salariales contenidos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los cuales efectivamente hubiere cotizado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento pensional».

45. Así las cosas, se encuentra que los actos demandados incurrieron en falsa
motivación, puesto que, en estos se señaló que la decisión adoptada por la
administración se efectuaba en estricto cumplimiento de una orden judicial, sin
embargo, de la lectura de la referida sentencia no se encuentra orden ni expresa ni
tácita en ese sentido.

46. Al respecto, se precisa que es el juez de lo contencioso-administrativo el único
que puede examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde
su nacimiento y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, y como
consecuencia ordenar el reembolso de las sumas pagadas en virtud de aquel, en
razón a que durante su vigencia produjo efectos jurídicos. Sin embargo, esto se
debe efectuar a través de una orden expresa, toda vez que, de conformidad con el
artículo 164 del CPACA no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe.

47. Es así porque fue la voluntad del legislador disponer únicamente en la parte
segunda del CPACA [organización de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva] que «no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», lo cual supone que solo
la autoridad judicial podrá determinar si el beneficiario del acto revocado acudió a
maniobras fraudulentas para obtener el derecho, no la entidad en el curso de la
actuación administrativa. Lo contrario, sería tanto como aceptar que la

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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00062-01 (5678-2023)
Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

administración puede asumir la posición de juez y parte en el procedimiento, por
cuanto decidiría la suerte de un derecho particular y establecería el monto de los
perjuicios que causó la expedición del acto.

48. Adicionalmente, la Sala encuentra que no obra prueba alguna que permita
concluir que Juan César Mojocoa Alarcón ejerció maniobras fraudulentas que
indujeran en error a la entidad previsional, con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de la prestación por un monto mayor al que le correspondía.

49. En este sentido, es pertinente recordar, que para que resulte procedente ordenar
el reintegro de los valores recibidos por aquellas personas a las que se les haya
reconocido una prestación social sin tener derecho a ella, deberá estar acreditada
la mala fe con que pudieron actuar para obtener el pago de los beneficios
pensionales otorgados, en atención a que la buena fe es una presunción que
requiere ser desvirtuada.

50. Por lo tanto, al considerar esta Sala que no le asiste razón a la entidad
previsional en relación con la restitución de la diferencia prevista entre la suma por
concepto de la prestación percibida antes del fallo emitido en segunda instancia por
el Consejo de Estado y la computada según los parámetros de esa providencia, por
lo que se confirmará la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, Sala de oralidad que declaró la nulidad de las
resoluciones demandadas.

2.5. Costas

51. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

52. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

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Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

53. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma26.

54. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

55. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandada y revocará la condena impuesta en la primera instancia.

3. Conclusión

56. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no fue desvirtuada la
presunción de buena fe de la conducta realizada por Ana Silvia Beltrán y, en
consecuencia, no resulta procedente el reintegro de los montos percibidos por
concepto de la pensión gracia.

57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal tercero de la sentencia del 13 de julio de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de oralidad y, en su lugar:

«TERCERO. Negar la condena en costas».

Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia del 13 de julio de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de oralidad.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

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Demandante: Juan César Mojocoa Alarcón

Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

VMT

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