Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00419-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00419-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00419-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 17 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Marciana Isabel de la Hoz Maldonado presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 051841 del 4 de
diciembre de 2015 y RDP 012060 del 16 de marzo de 2016, a través de las cuales
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
1
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
Parafiscales de la Protección Social2 le negó el reconocimiento de una pensión
gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada a partir del 26 de
noviembre de 2008, correspondiente al 75% de lo devengado en el último año previo
a adquirir el estatus; ii) el reajuste de las sumas adeudadas de conformidad con los
índices de precios al consumidor; iv) el pago de los intereses de mora; v)
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del
CPACA; y vi) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3.Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Marciana Isabel de la Hoz Maldonado nació el 25 de noviembre de 1958.
3.2. Se vinculó como docente territorial o nacionalizada desde el 27 de febrero de
1978 hasta el 30 de noviembre de 1982 y desde el 15 de abril de 1992 hasta el 27
de julio de 2007 fecha en la cual cumplió 20 años de servicio. De manera que,
adquirió el estatus el 25 de noviembre de 2008 cuando contaba con 50 años de
edad.
3.3. El 14 de agosto de 2015 solicitó a la Ugpp el reconocimiento de una pensión
gracia, la cual fue negada a través de la Resolución RDP-051841 del 4 de diciembre
de 2015 y el 16 de marzo de 2016 fue confirmada esa decisión mediante el acto
administrativo 012060.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 2, 5, 11, 16, 23, 29, 53 de la Constitución,
2, 5, 11, 13, 16, 23, 29, 53 de la Ley 114 de 1913; 1, 4 y 5 de la Ley 116 de 1928;
las leyes 37 de 1933, 91 de 1989 y 33 de 1985.
5. En cuanto al concepto de violación expuso que la Ugpp desconoció que cumplió
con la totalidad de los requisitos previstos para el reconocimiento de la pensión
gracia, puesto que acreditó una vinculación como docente territorial anterior al 31
de diciembre de 1980, ejerció como profesora con igual tipo de vinculación durante
más de 20 años en diferentes planteles territoriales, cuenta con más de 50 años de
edad y ejerció la profesión con buena conducta.
2
En adelante Ugpp.
2
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación3:
6.1. La demandante no acreditó 20 años de servicio como docente con vinculación
territorial o nacionalizada, puesto que, según las normas que regulan el
reconocimiento de la prestación pretendida no es posible computar el periodo
durante el cual contó con una vinculación del orden nacional, toda vez que
constituye requisito indispensable que no reciba retribución alguna de la nación.
Máxime si el nombramiento provino del Ministerio de Educación Nacional, toda vez
que en el Decreto 0112 del 15 de abril de 1992 esa entidad certificó la disponibilidad
presupuestal para financiar el cargo que ejerció la demandante.
6.2. Según el material probatorio aportado, no existe certeza respecto de las
vinculaciones ostentadas por la demandante, puesto que no fueron aportados los
actos administrativos, ni que en efecto hubiera ingresado como docente oficial
territorial, distrital o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.
6.3. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) cobro de lo no debido; ii)
buena fe y iii) prescripción.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia proferida el 17 de junio de
2022 accedió a las pretensiones de la demanda4 y para tal efecto, declaró la nulidad
de las resoluciones RDP 051841 del 4 de diciembre de 2015 y RDP 012060 del 16
de marzo de 2016, a título de restablecimiento del derecho ordenó a la Ugpp
reconocer y pagar la pensión gracia a favor de Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
en cuantía del 75% del promedio de todos los factores percibidos el año anterior a
la consolidación del estatus, a partir del 26 de noviembre de 2008, en ese sentido
concluyó lo siguiente:
7.1. Marciana Isabel de la Hoz Maldonado prestó su servicio como docente territorial
en el departamento del Atlántico entre el 27 de febrero de 1978 y el 30 de noviembre
de 1982 [4 años, 9 meses, 3 días] y entre el 30 de abril de 1992 y la fecha de
presentación de la demanda [31 de julio de 2015] [23 años, 3 meses], es decir
durante 28 años y 3 días, cuyo financiamiento fue con recursos provenientes del
sistema general de participaciones. Cumplió 50 años de edad el 26 de noviembre
de 2008 y ejerció su profesión con honestidad y honradez.
3
Índice 2 del aplicativo Samai actuación denominada ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2.
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Índice 2 del aplicativo Samai actuación denominada ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
7.2. Encuanto a la prescripción, la demandante adquirió el estatus el 26 de
noviembre de 2008, solicitó el reconocimiento pensional el 14 de agosto de 2015;
sin embargo, la demanda fue interpuesta el 2 de mayo 2016, por lo tanto operó el
fenómeno de la prescripción para las mesadas causadas antes del 14 de agosto de
2012.
7.3. Finalmente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365.8 del Código
General del Proceso negó la condena en costas.
1.4. El recurso de apelación
8. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar
se negaran las pretensiones de la demanda5. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos:
8.1. El tribunal no analizó correctamente los elementos probatorios, toda vez que los
actos administrativos de nombramiento y las certificaciones laborales dieron cuenta
de las vinculaciones de carácter nacional ostentadas por la demandante, al prestar
su servicio en instituciones o planteles de orden nacional con financiamiento
proveniente de recursos nacionales. Lo anterior, en virtud del Decreto 0112 del 15
de abril de 1992, la Resolución 02502 de 2014 y el certificado de historia laboral del
31 de julio de 2015, proferido por la Secretaría de Educación de Barranquilla.
8.2. Además, la información de la historia laboral no fue allegada en el documento
idóneo, puesto que no correspondió al expedido por el Sistema de Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL). En este sentido, la existencia de las
interrupciones no resultó clara, ni el origen de los recursos que financiaron el pago
del servicio prestado.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
9.Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado no emitió concepto.
5
Índice 2 del aplicativo Samai actuación denominada ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
11. Se circunscribe a resolver ¿si Marciana Isabel de la Hoz Maldonado acreditó el
cumplimiento de los 20 años de servicio en ejercicio de una vinculación del orden
territorial, municipal, distrital o nacionalizado para el reconocimiento de la pensión
gracia?
2.2. Marco normativo
12.La Ley 114 de 19136 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años
de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no
recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años
de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con
honradez, consagración y que observara buena conducta.
13.En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación7 señaló que
«el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los
profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».
14.Posteriormente, las leyes 116 de 19288 y 37 de 19339, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
15.Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena
de esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así10:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe
6
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
8
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
9
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado No. S-699.
5
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales».
16.Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la
Ley 43 de 197511 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198912,
en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
17.Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200013 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
18.Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala14 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
11
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
12
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
13
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
14
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
6
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198915 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).
19.Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta
Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201816, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
15
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
16
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -
situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas
fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».
20.En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202217, explicó lo siguiente:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».18
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
18
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
8
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
21.En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia como docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución
educativa territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza
territorial o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como
docente. No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse
vinculado en la fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados los
tiempos laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea
continuo.
2.3. Caso concreto
22. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
22.1. Marciana Isabel de la Hoz Maldonado nació el 26 de noviembre de 1958.
22.2. El gobernador del Atlántico la nombró en calidad de profesora por 80 horas
cátedras mensuales de clases en el Colegio de Comercio de Palmar de Varela,
mediante el Decreto 0197 del 15 de febrero de 1978. Documento suscrito además
por el secretario de educación y el subsecretario departamental.
22.3. Ante el gobernador del Atlántico, el secretario de gobierno y el jefe de personal
se posesionó en el cargo de «profesora por 80 horas cátedras mensuales en el Colegio
de Comercio de Palmar de Varela» el 27 de febrero de 1978, según el acta 196, en
virtud del nombramiento realizado mediante el Decreto 0197 del 15 de febrero de
1978.
22.4. El alcalde de Barranquilla (Atlántico), en ejercicio de las facultades conferidas
por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y los decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989,
profirió el Decreto 0112 de 1992, «[p]or el cual se nombra en propiedad a un docente de
primaria en la Escuela Nacionalizada No. 18 para varones», la nombró en calidad de
maestra de primaria.
9
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
22.5. Ante el alcalde y el secretario de educación de Barranquilla (Atlántico) se
posesionó en el cargo de «docente de primaria» de la Escuela Nacionalizada 18 para
Varones, el 30 de abril de 1992, según el acta 123, en virtud del nombramiento
realizado mediante el Decreto 0112 del 15 de abril 1992.
22.6. Según consta en los formatos 1 para la expedición de la historia laboral,
proferidos el 11 y el 31 de julio de 2015 por el secretario de educación de
Barranquilla (Atlántico), prestó su servicio en calidad de docente de prescolar con
vinculación de orden nacional, en los siguientes periodos:
Acto Novedad Desde Hasta Duración
administrativo/Plantel
Dcto 0197 del 15/03/1978 Nombramiento 27/02/1978 30/11/1982 4 años, 9
/ Colegio de Comercio profesora 80 meses, 3
Palmar de Varela horas días
(Atlántico) mensuales
Dcto 0263 del 30/11/1982 Renuncia 30/11/1982 30/11/1982
Dcto 0112 del 15/04/1992 Nombramiento 30/04/1992 31/07/2015 23 años, 3
/ Escuela Nacionalizada profesora en meses
para varones de propiedad
Barranquilla
22.7. Mediante Resolución RDP 051841 del 4 de diciembre de 2015, la Ugpp negó el
reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto no acreditó la prestación del
servicio como docente oficial por 20 años, en virtud de una vinculación de orden
territorial, municipal o distrital. Decisión que fue confirmada mediante la Resolución
RDP 012060 del 16 de marzo de 2016.
22.8. El 11 de abril de 2016, la Procuraduría General de la Nación certificó que a su
nombre no existe registro de sanciones ni inhabilidades.
2.4. Análisis sustancial
23.El Tribunal Administrativo de Atlántico accedió a las pretensiones de la demanda
al considerar que la demandante prestó su servicio como docente territorial en el
departamento del Atlántico entre el 27 de febrero de 1978 y el 30 de noviembre de
1982 [4 años, 9 meses, 3 días] y entre el 30 de abril de 1992 y la fecha de
presentación de la demanda19 [23 años, 3 meses], es decir durante 28 años y 3
días, cuyo financiamiento fue con recursos provenientes del sistema general de
participaciones. Cumplió 50 años de edad el 26 de noviembre de 2008 y ejerció su
profesión con honestidad y honradez.
19
El 31 de julio de 2015.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
24. La Ugpp presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión
adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que, contrario a lo
concluido en dicho proveído, el tribunal no analizó correctamente los elementos
probatorios, toda vez que los actos administrativos de nombramiento y las
certificaciones laborales dieron cuenta de las vinculaciones de carácter nacional
ostentadas por la demandante, al prestar su servicio en instituciones o planteles de
ese orden, con financiamiento proveniente de recursos nacionales. Lo anterior, en
virtud del Decreto 0112 del 15 de abril de 1992, la Resolución 02502 de 2014 y el
certificado de historia laboral del 31 de julio de 2015, proferido por la Secretaría de
Educación de Barranquilla.
25. Asimismo, la información de la historia laboral no fue allegada en el documento
idóneo, puesto que no correspondió al expedido por el Sistema de Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL). En este sentido, el único tiempo
certificado por esa entidad previsional fue el laborado desde el 1º de febrero de 1993
y el 3 de diciembre de 2008, es decir por 15 años, 5 meses y 1 día, lo cual resultó
insuficiente para el reconocimiento de la pensión
26. En virtud de lo anterior, la sala deberá verificar si como lo afirma el apelante, no
fueron acreditados los 20 años de servicio en ejercicio de vinculaciones de orden
municipal, territorial, distrital o nacionalizado.
27. Al respecto, se advierte que, en el expediente obran i) el Decreto 0197 del 15 de
febrero de 1978, mediante el cual el alcalde de Barranquilla (Atlántico) la nombró en
calidad de «profesora por 80 horas cátedras mensuales en el Colegio de Comercio de
Palmar de Varela»; ii) el acta de posesión 196 del 27 de febrero de 1978; iii) el Decreto
0112 de 1992, mediante el cual el alcalde de de Barranquilla (Atlántico) la nombró
en calidad de maestra de primaria en la Escuela Nacionalizada 18 de varones; iv)
el acta de posesión 123 del 30 de abril de 1992 y v) las certificaciones del formato
1 proferidas el 11 y el 31 de julio de 2015, por el secretario de educación de
Barranquilla (Atlántico), en la cual se indicó que Marciana Isabel de la Hoz
Maldonado prestó su servicio entre el 27 de febrero de 1978 y el 31 de noviembre
de 1982 y entre el 30 de abril de 1992 y el 31 de julio de 2015.
28. Por consiguiente, se concluye que la docente ostentó una vinculación antes del
31 de diciembre de 1980 y prestó su servicio por más de 20 años como profesora
de orden territorial o nacionalizada según los actos administrativos de
nombramiento y posesión los cuales dan cuenta que las autoridades territoriales
como el gobernador del Atlántico y el alcalde de Barranquilla realizaron sus
nombramientos en plazas territoriales, en ese sentido ingresó desde el 27 de febrero
de 1978 hasta el 31 de noviembre de 1982 y desde el 30 de abril de 1992 hasta el
31 de julio de 2015, esto es por 28 años.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
29. En ese orden de ideas, concluye la Sala que la docente prestó su servicio en
ejercicio de vinculaciones de orden municipal durante 28 años, motivo por el cual
no le asiste razón a lo argumentado por la Ugpp, comoquiera que en el expediente
fue plenamente acreditado el cumplimiento de los requisitos cuestionados, como la
existencia de la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 y los 20 años de
servicio.
30. Ahora, en cuanto a lo manifestado respecto de la certificación idónea para la
acreditación del tipo de vinculación que ostentó la demandante se advierte que esta
Corporación mediante la sentencia de unificación del 21 de junio de 201820 fijó unas
reglas para determinar la vinculación del docente, con el fin de resultar beneficiario
de la pensión gracia, entre las cuales se encuentra la siguiente: «(iv) para acreditar la
calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que
dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial» (se resalta), de este modo se desvirtúa lo
manifestado por el recurrente, en relación con la prueba para determinar el tipo de
vinculación de los docentes correspondiente al certificado emitido por el Sistema de
Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), comoquiera que vía
jurisprudencial, en ejercicio de su función unificadora, ya se encuentran demarcados
los derroteros para este aspecto.
31. Finalmente, en cuanto a la información de la vinculación de orden nacional de
los certificados del formato único para la expedición de la historia laboral de la
maestra si bien muestra una cierta contradicción, lo cierto es que los actos
administrativos de nombramiento y las actas de posesión prueban el carácter
nacionalizado y territorial de las vinculaciones tanto del 27 de febrero de 1978 como
del 30 de abril de 1992, respecto de lo cual se hizo claridad en los párrafos
anteriores.
32. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia proferida el 17 de junio de 2022,
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, puesto que Marciana Isabel de la Hoz
Maldonado acreditó los requisitos para el reconocimiento de la prestación
pretendida, por cuanto: i) acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre de
1980; ii) cuenta con más de 50 años de edad (nació el 26 de noviembre de 1958);
iii) prestó sus servicios como docente oficial del orden nacionalizado y territorial por
más de 20 años y iv) ejerció la docencia con buena conducta.
20
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
2.5. Costas
33. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
34. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
35. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma21.
36. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
37. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá condenar en costas en esta instancia.
3. Conclusión
38.Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Marciana Isabel de la Hoz
Maldonado prestó su servicio por 20 años en virtud de vinculaciones de orden
municipal o nacionalizado. En esas condiciones, se confirmará la sentencia
proferida el 17 de junio de 2022, por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
accedió a las pretensiones de la demanda.
21
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023)
Demandante: Marciana Isabel de la Hoz Maldonado
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de junio de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Marciana Isabel de la Hoz Maldonado contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (Ugpp).
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
(VMT)
14
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