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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00263-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-00263-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros1
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992. Subtema:
condena en costas.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia proferida
el 28 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Transitoria, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Síntesis del caso

Los accionantes solicitaron la nulidad de los actos administrativos expedidos por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca,
mediante los cuales se les negó el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios, equivalente al 30 % adicional al salario, por cuanto los pagos de salarios y
demás prestaciones se han efectuado conforme a los lineamientos fijados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En lo que respecta al señor Alexander Montoya Gómez, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró que las pretensiones ya habían sido decididas a su favor en
la sentencia de segunda instancia proferida el 15 de julio de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, dentro del proceso con radicado
76001-33-31-000-2011-00248-03. En consecuencia, declaró la existencia de cosa
juzgada respecto de estas y, a pesar de ello, se abstuvo de imponer condena en
costas en contra del referido demandante.

1 César Augusto Saveedra y Alexander Montoya Gómez.

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La anterior decisión fue apelada por la parte demandada, quien sostuvo que había
lugar a condenar en costas al señor Alexander Montoya Gómez, puesto que promovió
nuevamente una demanda relacionada con el mismo asunto, actuación que, a su
juicio, podía inducir a error a la entidad y generar un desgaste innecesario para la
administración de justicia.

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que no se acreditó que
los dos procesos promovidos por el señor Alexander Montoya Gómez, relacionados
con la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992,
hubiesen sido formulados con identidad de hechos y pretensiones, ni que su actuación
hubiese estado encaminada a inducir en error a la entidad o generar un desgaste
injustificado a la administración de justicia. En consecuencia, no se configuró una
conducta temeraria o de mala fe que justifique la imposición de condena en costas.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Los señores César Augusto Saavedra Madrid, Alexander Montoya Gómez y
Nohra Romero Ortiz, por conducto de apoderada, presentaron demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de acuerdo con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan 2.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitaron que se declare la nulidad de las resoluciones 2612 del 20 de
noviembre de 2014 y 4521 del 27 de julio de 2015 expedidas por la parte demandada.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitaron que se ordene a la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el pago de: a) el 30%
del salario mensual dejado de percibir, correspondiente al 100% del salario mensual
fijado anualmente por la ley; b) los intereses moratorios, liquidados a la tasa máxima
establecida por la Superintendencia Financiera; c) la indexación de los reajustes y de
las sumas adeudadas, desde la fecha de su causación hasta su pago efectivo; y d)
las costas y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

4. Los accionantes indicaron que, desde 1993, el Gobierno nacional ha fijado
anualmente la remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial. Señalaron
que los decretos3 contemplan cual será la remuneración mensual de los empleos de

2 Samai Tribunal, expediente digital, índice 43, documento «7_ED_20160026300(.pdf) NroActua 43», folios 63 al

75.
3 Señala la parte demandante en el pie de página 1: «decretos 57 del 7 de enero de 1993, 0106 del 13 de enero

de 1994, 43 del 10 de enero de 1995, 36 del 5 de enero de 1996, 76 del 10 de enero de 1997, 64 del 10 de enero

2

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

la Rama Judicial a partir del 1 de enero de cada año.

5. Manifestaron que el artículo 1 del Convenio 95 de la OIT define el salario como
la remuneración o ganancia, cualquiera sea su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en dinero, fijada por acuerdo o por la legislación
nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo,
escrito o verbal, por la labor que este haya realizado o deba realizar. Añadieron que,
conforme al artículo 2.1 del mismo Convenio, dicha disposición resulta aplicable a los
funcionarios de la Rama Judicial.

6. Sostuvieron que el Consejo de Estado ha definido el salario como «todo lo que
se paga directamente por la retribución o contraprestación del trabajo realizado»4, así
como «todo lo que recibe el servidor público como retribución por sus servicios de
manera habitual y periódica, sea cualquiera la denominación que se le dé»5. Por ello,
«todo pago recibido del empleador que además de tener un propósito retributivo
constituya un ingreso personal del funcionario y sea habitual, tiene naturaleza
salarial»6.

7. Señalaron que, desde 1993, el Gobierno nacional al fijar la remuneración
mensual de los empleos de la Rama Judicial, dispuso en los correspondientes
decretos que: «[e]n cumplimiento del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se considerará
como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30 %) del salario básico
mensual».

8. Expresaron que la prima constituye una prestación social y, en tal condición, no
tiene naturaleza salarial. Añadieron que el Consejo de Estado ha indicado que las
prestaciones sociales tienen por finalidad «cubrir los riesgos o necesidades del
trabajador que se originan durante la relación de trabajo. Estas pueden estar
representadas por dinero, servicios u otros beneficios con los cuales se busca amparar
las contingencias a que suele verse sometida la persona que labora al servicio de un
empleador»7.

9. Afirmaron que del 100 % de la remuneración mensual fijada anualmente por el
Gobierno nacional para los empleos de la Rama Judicial, se sustrae el 30 % para
asignarlo como prima de servicios. En consecuencia, sostuvieron que, desde 1993,

de 1998, 44 del 8 de enero de 1999, 2740 del 27 de diciembre de 2000, 2720 del 17 de diciembre de 2001, 673
del 10 de abril de 2002, 3569 del 11 de diciembre de 2003, 4172 del 10 de diciembre de 2004, 936 del 30 de marzo
de 2005, 389 del 8 de febrero de 2006, 618 del 2 de marzo de 2007, 658 del 4 de marzo de 2008, 723 del 6 de
marzo de 2009, 1388 del 26 de abril de 2010, 1039 del 4 de abril de 2011, 848 del 25 de abril de 2012, 1034 del
21 de mayo de 2013, 194 del 7 de febrero de 2014, como los que en lo sucesivo se han expedido».
4 Señala la parte demandante: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 5 de agosto del 2020, exp.

05001-23-31-000-1998-00307- 01(4935-05), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
5 Señala la parte demandante: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consulta 1760 del 10 de

agosto de 2006, M.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
6 Señala la parte demandante: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de marzo de 2004,

exp.1665-03.
7 Señala la parte demandante en el pie de página 4: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 5 de

agosto de 2010, exp. 05001-23-31-000-1998-00307- 01(4935-05), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

3

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

se ha dejado de pagar el anterior porcentaje del salario mensual, al destinarse a la
mencionada prestación.

10. Resaltaron que tienen derecho a percibir el 100 % de la remuneración mensual
fijada por las disposiciones expedidas cada año, en atención a su función, dignidad y
jerarquía, y no únicamente el 70 % que se les ha reconocido desde su vinculación.

11. Agregaron que la omisión en el pago del 30 % del salario mensual configura
una disminución prohibida por el artículo 152.7 de la Ley 270 de 1996, el cual dispone:
«Art. 152. DERECHOS. Además de los que le corresponden como servidor público,
todo funcionario o empleado de la Rama Judicial tiene derecho, de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias a: … 7. Percibir una remuneración acorde con
su función, dignidad y jerarquía la que no puede ser disminuida de manera alguna».

12. Indicaron que solicitaron el reconocimiento y pago de los valores que estiman
adeudados; sin embargo, la entidad demandada, mediante la Resolución 2612 del 20
de noviembre de 2014, notificada el 27 de noviembre de 2014, negó la petición,
decisión contra la cual interpusieron recurso de apelación el 2 de diciembre de 2014,
el cual fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución 4521 del 27 de julio de
2015, notificada el 24 de agosto de 2015.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. Identificaron como normas desconocidas las siguientes:

• Constitución Política de 1991.
• Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.
• Ley 270 de 1996.

14. Sostuvieron que los trabajadores tienen derecho a percibir íntegramente su
salario. Indicaron que, desde 1993, el Gobierno nacional ha fijado anualmente la
remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial, y que la remuneración
constituye una de las acepciones de salario en los términos del Convenio 95 de la
OIT, aplicable a dichos funcionarios conforme a su artículo 2.1.

15. Señalaron que el Gobierno nacional, a partir de ese mismo año, al momento de
fijar la remuneración mensual destinó el 30 % a la denominada prima especial, sin
carácter salarial, lo que, a su juicio, implica que no se reconozca el 100 % del salario
establecido.

16. Finalmente, afirmaron que tal situación configura una disminución de la
remuneración, prohibida por el artículo 152.7 de la Ley 270 de 1996, el cual dispone
que esta no puede ser reducida en manera alguna.

4

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.2. Contestación de la demanda

17. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a
través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
siguientes excepciones de mérito8:

18. En primer lugar, «imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos
reclamados por el actor al encontrarse en servicio activo», al considerar que
tratándose de jueces de la República en servicio activo, ya sea en el ejercicio del cargo
o en situación administrativa de licencia no remunerada, no procede la presentación
de fórmula conciliatoria, en razón a la imposibilidad presupuestal de reconocer los
derechos reclamados.

19. Explicó que, además de pagar el retroactivo (que puede ir por el rubro de
sentencias y conciliaciones), el eventual reconocimiento implicaría el mayor valor
mensual en su nómina, el cual debe efectuarse con el rubro de gastos de personal.
Sin embargo, precisó que el Ministerio de Hacienda no ha asignado los recursos que
permitan cubrir dichas acreencias laborales adicionales de manera inmediata.

20. En ese sentido, afirmó que ninguna autoridad puede contraer obligaciones
atribuibles al presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes, por lo que
resulta inviable asumir obligaciones sin respaldo presupuestal. Añadió que, a la fecha,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos de presupuesto
para cancelar los mayores valores derivados de la conciliación de la prima especial
del 30 %, sin carácter salarial, conforme a la sentencia de unificación del 2 de
septiembre de 2019 y del Decreto 272 de 2021.

21. En segundo lugar, «integración del litisconsorcio necesario», al señalar que la
potestad de fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos
corresponde de manera exclusiva al Gobierno nacional, en virtud de la Constitución y
la ley. En ese sentido, afirmó que la Rama Judicial no interviene en la determinación
de dichas asignaciones ni tiene injerencia en su expedición; por el contrario, se limita
a cumplir su función ejecutora, de acatamiento y de aplicación de los actos
administrativos que fijan, de manera anual, los pagos de salarios y prestaciones
sociales de los servidores judiciales.

22. Precisó que ninguna autoridad puede contraer obligaciones imputables al
presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes, por lo que, en caso de
acceder a las pretensiones, la vinculación de entidades como el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, permitiría impartir órdenes dirigidas a garantizar la
apropiación de los recursos necesarios para el pago de la eventual condena, evitando
así la iniciación de procesos ejecutivos derivados de la falta de giro de los recursos
correspondientes. Por lo anterior, deben integrarse al litisconsorcio necesario a la
Nación – Presidencia de la República, Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito

8 Samai Tribunal, expediente digital, índice 55, documento
«17_CONTESTACIONDEDEMANDA_181022CONTESTA_RA(.zip) NroActua 55».
5

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública.

23. En tercer lugar, «prescripción», al indicar que para el reconocimiento de la
reliquidación de prestaciones y de la prima especial adicional prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992, resulta aplicable la prescripción trienal, cuyo término debe
contarse desde la exigibilidad del derecho, esto es, desde la vinculación al cargo de
juez. Indicó que dicha prescripción se interrumpe con la solicitud presentada ante la
administración, por lo que únicamente habría lugar a reconocer los valores
correspondientes a los 3 años anteriores a la petición.

24. Añadió que en principio y conforme a lo establecido en la sentencia de
unificación SUJ-016-CE-S2-2019, podría proceder el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de la reliquidación de las prestaciones sociales y
laborales con base en el 100 % de la asignación básica mensual, así como del 30 %
adicional sobre el sueldo básico por concepto de prima especial. No obstante, precisó
que tales diferencias se encuentran afectadas por el fenómeno jurídico de la
prescripción.

25. Finalmente, «innominada», relativa a cualquier otra que el fallador encuentre
probada, conforme al inciso segundo del artículo 187 del CPACA.

2.3. Sentencia de primera instancia

26. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 28 de marzo
de 2025, mediante la cual:

a) inaplicó, por inconstitucionales, los artículos 8 del Decreto 1024 de 2013 y 8
del Decreto 194 de 2014. En su lugar, aplicó el artículo 53 de la Constitución
Política;
b) se acogió a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, en sentencia del 10 de septiembre de 2024, expediente 11001-03-
25-000-2012-000328-00;
c) declaró la nulidad de las resoluciones 2612 del 20 de noviembre de 2014 y
4521 del 27 de julio de 2015;
d) declaró que las pretensiones a resolver en el caso del señor Alexander
Montoya Gómez fueron resueltas a su favor en la sentencia del 15 de julio de
2024, radicado 7600013331000 201100248-03, proferida por el mismo Tribunal.
En consecuencia, declaró la cosa juzgada respecto de las peticiones de dicho
accionante;
e) declaró no probada la excepción de cosa juzgada frente a la situación de la
señora Nohra Romero Ortiz;
f) condenó a la Nación – Rama Judicial a reliquidar y pagar al señor César
Augusto Saavedra Madrid y a la señora Nohra Romero Ortiz la prima especial
del 30 %, entendida como emolumento adicional al salario, a partir del 11 de
noviembre de 2011 y hasta la fecha de su retiro o hasta el momento en que se
haya normalizado el pago conforme al Decreto 272 de 2021;

6

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

g) declaró parcialmente probada la excepción de prescripción trienal y, en
consecuencia, limitó el reconocimiento de derechos a partir del 11 de noviembre
de 2011 hasta la fecha en que se haya normalizado el pago;
h) condenó a la Nación – Rama Judicial a pagar los aportes a pensión dejados
de consignar a los señores César Augusto Saavedra Madrid, Alexander Montoya
Gómez y a la señora Nohra Romero Ortiz, desde el momento que los actores
empezaron a desempeñarse como jueces y magistrados de Tribunal, hasta la
fecha definitiva de su retiro o hasta que se haya normalizado el pago al tenor del
Decreto 272 de 2021, «teniéndose como base de liquidación el 100 % del salario,
es decir, incluyendo el 30% del salario que fue cancelado a título de la prima
especial de servicios»;
i) negó las demás pretensiones;
j) se abstuvo de condenar en costas.

27. En virtud de los actos administrativos aportados a la demanda, estableció que
los demandantes se vincularon a la Rama Judicial en diferentes cargos y períodos,
así:

• César Augusto Saavedra

Cargo Estado Despacho Fecha de Fecha de Seccional
servidor inicio finalización
Juez de Propiedad Juzgado 002 01/06/2006 31/12/2020 Cali
circuito – Administrativo de
grado 00 Cali
Magistrado Provisionali Despacho 3 04/09/2015 01/01/2020 Cali
de tribunal o dad Tribunal
consejo Contencioso
seccional – Administrativo
grado 00 Valle
Magistrado Provisionali Despacho 8 09/03/2017 01/01/2020 Cali
de tribunal o dad Tribunal
consejo Contencioso
seccional – Administrativo del
grado 00 Valle
Juez de Propiedad Juzgado 002 01/01/2021 31/12/2021 Cali
circuito – Administrativo de
grado 00 Cali
Juez de Propiedad Juzgado 002 01/01/2022 A la fecha Cali
circuito – Administrativo de
grado 00 Cali
Tabla 1: Extremos laborales, demandante César Augusto Saavedra. Fallo de primera instancia.

• Alexander Montoya Gómez

Cargo Estado Despacho Fecha de Fecha de Seccional
servidor inicio finalización
Juez de Propiedad Juzgado 008 01/08/1998 14/03/2010 Cali
circuito – Laboral de Cali
grado 00
Juez de Provisionali Juzgado 015 15/03/2010 11/08/2010 Cali
circuito – dad Laboral de Cali

7

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

grado 00

Juez de Propiedad Juzgado 015 12/08/2010 30/06/2013 Cali
circuito – Laboral de Cali
grado 00
Tabla 2: Extremos laborales, demandante Alexander Montoya Gómez. Fallo de primera instancia.

• Nohra Romero Ortiz

Cargo Estado Despacho Fecha de Fecha de Seccional
servidor inicio finalización

Juez Provisionali Juzgado Civil 23/09/1977 31/08/1979 Cali
municipal – dad Municipal Roldanillo
grado 00

Juez Hist Juzgado 002 Civil 01/09/1979 09/12/2014 Cali
municipal – vacante del Circuito de
grado 00 Tuluá
Tabla 3: Extremos laborales, demandante Nohra Romero Ortiz. Fallo de primera instancia.

28. Señaló que los demandantes, mediante reclamación presentada el 11 de
noviembre de 2014, solicitaron el restablecimiento de sus derechos laborales, al
considerar que estos fueron afectados por el reconocimiento de la prima especial del
30 % prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 como parte de la asignación
básica y no como un emolumento adicional. Sin embargo, indicó que dicha solicitud
fue resuelta de manera desfavorable.

29. Respecto del señor César Augusto Saavedra Madrid, indicó que se vinculó en
propiedad como juez administrativo el 1 de junio de 2005 (sic9) y que a partir del 4 de
septiembre de 2015 empezó a desempeñarse como magistrado de tribunal
administrativo hasta el 1 de enero de 2020, fecha en la que retomó su condición de
juez en propiedad, hasta la fecha.

30. En relación con el señor Alexander Montoya Gómez, refirió que se vinculó a la
Rama Judicial como juez del circuito desde el 1 de agosto de 1998 y culminó con su
retiro el día 30 de junio de 2013. Añadió que, tras la consulta de la plataforma Samai,
evidenció que esa misma Sala, con ponencia de la magistrada María Eugenia Clavijo,
mediante sentencia del 15 de julio de 2024, radicado 760013331000201100248-03,
resolvió en segunda instancia de manera favorable sus pretensiones relacionadas con
el reconocimiento del 30 % de la prima especial, conforme al criterio jurisprudencial
unificado.

31. En ese contexto, añadió que en el anterior proceso se tuvo en cuenta que elevó
reclamación administrativa el 17 de febrero de 2011, por lo que, en aplicación de la
prescripción, los derechos fueron reconocidos a partir del 17 de febrero de 2008. Por
lo tanto, precisó que esa decisión resulta más favorable a sus intereses puesto que
contiene un término de prescripción menor al que se analiza en el presente asunto;

9 El mismo Tribunal en los cuadros de los extremos temporales, señaló como fecha de inicio el 1 de junio de 2006.

8

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

además de que dicha providencia se encuentra debidamente ejecutoriada según la
constancia secretarial del 24 de agosto de 2024.

32. En consecuencia, consideró que, al haberse reconocido previamente las
pretensiones del actor Alexander Montoya Gómez por esta misma vía, se configuró la
cosa juzgada, la cual declaró de oficio en el presente caso.

33. Frente a la señora Nohra Romero Ortiz, señaló que se vinculó a la Rama
Judicial como juez municipal el 23 de septiembre de 1977. Posteriormente, a partir del
año 1979, se desempeñó como juez del circuito y su retiro tuvo lugar el 9 de diciembre
de 2014.

34. Indicó que, en relación con su situación, la Sala advirtió la existencia de una
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ponencia
del conjuez José Eusebio Moreno, dentro del radicado 76001-33-31-710-2011-00326-
02, la cual fue aportada al expediente en los alegatos de conclusión y verificada en el
sistema Samai. Señaló que, en dicho proceso, la señora Nohra Romero Ortiz,
representada por la misma apoderada judicial, promovió en el año 2016 un nuevo
medio de control relacionado con la prima especial.

35. Explicó que, en ese trámite, las pretensiones se orientaron a la reliquidación y
pago de las prestaciones sociales con inclusión del treinta por ciento (30 %) de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992. Precisó que la decisión
adoptada se limitó a ordenar la reliquidación de las prestaciones con base en el 100
% del salario, sin pronunciarse sobre el reconocimiento del referido porcentaje como
emolumento adicional. Añadió que, mediante sentencia de segunda instancia del 9 de
noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca modificó la decisión
y declaró parcialmente probada la prescripción respecto de los períodos anteriores al
31 de mayo de 2008.

36. Con fundamento en lo anterior, concluyó que el conflicto planteado no ha sido
resuelto de forma definitiva, por lo que no se configura la señalada excepción a pesar
de que ambos asuntos están relacionados con la forma de pago de la prima especial
del 30 % como un agregado del salario y no como parte de este.

37. Respecto de la prescripción estableció que, al haberse presentado la
reclamación administrativa el día 11 de noviembre de 2014, se declara probada la
excepción de prescripción de los derechos causados con anterioridad al 11 de
noviembre de 2011. Adicionalmente, aclaró que la señora Nohra Romero Ortiz finalizó
su labor como juez de la República el día 9 de diciembre de 2014, por lo tanto, el
derecho que reclama le será concedido a partir del 11 de noviembre de 2011, en las
mismas condiciones que a los demás demandantes.

38. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada en razón
a que no se apreció la carencia de fundamentos legales en la oposición ejercida, por
el contrario, los argumentos de defensa resultaron ser razonables desde el punto de

9

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

vista normativo y jurisprudencial. De igual manera, tampoco se aportaron pruebas que
hubiesen demostrado su causación, conforme al artículo 365-8 del CGP.

2.4. Recurso de apelación

39. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita, con el fin de que se revoque10. Fundamentó su inconformidad en las
siguientes razones:

40. Sostuvo que el Tribunal debió condenar en costas al señor Alexander Montoya
Gómez, en la medida en que este promovió nuevamente una demanda contra la
entidad con pretensiones sustancialmente similares a las discutidas en un proceso
anterior. Indicó que esta circunstancia generó un desgaste administrativo y judicial
innecesario, al reabrir una controversia que, a su juicio, ya había sido objeto de
pronunciamiento.

41. Manifestó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cali – Valle del Cauca ha reconocido y pagado al demandante los salarios y
prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente, así como al régimen
aplicable a los funcionarios judiciales.

42. En relación con la prima especial, señaló que, tratándose de los jueces de la
República, su reconocimiento se ha efectuado en los términos previstos en el Decreto
272 de 2021, «por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de
la Ley 4.ª de 1992», con efectos fiscales a partir del 1.º de enero de 2021. En ese
contexto, indicó que la entidad se encuentra evaluando la viabilidad de desistir del
recurso interpuesto, previa realización de un nuevo estudio del caso y a la obtención
de respuesta por parte de las autorizaciones institucionales requeridas para adoptar
un mecanismo alternativo de terminación del proceso.

43. Advirtió que el reconocimiento de las sumas reclamadas se encuentra
condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestal, en tanto que toda
obligación que afecte el presupuesto público debe contar con el correspondiente
certificado de disponibilidad y registro presupuestal. En ese sentido, afirmó que
ninguna autoridad puede contraer obligaciones con cargo al presupuesto sin la
respectiva apropiación, pues ello implicaría la generación de responsabilidad personal
y pecuniaria para el funcionario que las asuma.

44. Agregó que ha sido intención de la entidad promover la terminación de
procesos judiciales de esta naturaleza, razón por la cual, mediante el oficio DEAJO22-
528 del 8 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó a
la Procuraduría General de la Nación la convocatoria de una mesa interinstitucional,
con el fin de gestionar ante el Gobierno nacional la asignación de los recursos

10
Samai Tribunal, expediente digital, índice 103, documento «50Apelaciondese__220425APELADSAJDTEN(.pdf)
NroActua 103».

10

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

presupuestales necesarios para el reconocimiento y pago de las acreencias derivadas
de la reliquidación de prestaciones sociales y de la prima especial del 30 %.

45. Finalmente, solicitó que, antes de decidir el recurso, se conceda a la entidad un
término prudencial para evaluar la posibilidad de presentar desistimiento de este, en
caso de no obtener la autorización correspondiente, pidió que se continúe con el
trámite del recurso toda vez que se presentó dentro de la oportunidad legal.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

46. Por medio de auto del 11 de septiembre de 202511, se declaró parcialmente
inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se admitió
únicamente respecto del cargo relacionado con la condena en costas al señor
Alexander Montoya Gómez. Además, se ordenó notificar personalmente al procurador
delegado ante esta corporación de acuerdo con el artículo 198 del CPACA, y a las
partes de conformidad con el artículo 205 ibidem, modificado por el artículo 52 de la
Ley 2080 de 2021.

47. El despacho señaló que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, manifestó que: a) pagó a los demandantes todos los salarios
y prestaciones conforme a la ley; b) debió haberse condenado en costas al señor
Alexander Montoya Gómez; c) desde enero de 2021, en aplicación del Decreto 272
de 2021, ha reconocido lo pretendido en la demanda; d) solicitó evaluar la viabilidad
de un eventual desistimiento del recurso; e) carece de apropiación presupuestal para
pagar lo pretendido por los demandantes; y f) la indisponibilidad presupuestal que
impide la suscripción de un acuerdo conciliatorio. No obstante, advirtió que gran parte
del recurso de apelación no satisface la carga argumentativa requerida, por las
siguientes razones:

48. En cuanto a las afirmaciones relacionadas con el pago de salarios y
prestaciones, así como la expedición del Decreto 272 de 2021, precisó que tales
aspectos fueron abordados integralmente en la providencia recurrida, por lo que no
constituyen argumentos que permitan generar una duda mínima sobre la decisión
adoptada en primera instancia.

49. Respecto de la improcedencia de suscribir un acuerdo conciliatorio o de la
posibilidad de estudiar una eventual solicitud de desistimiento del recurso de
apelación, indicó que tales planteamientos resultan incongruentes con lo debatido en
el proceso, en la medida en que no guardan relación con los argumentos expuestos
por el juez de primera instancia.

50. En relación con la solicitud de condena en costas al señor Alexander Montoya
Gómez, consideró que este cargo sí cumple con la carga argumentativa mínima
exigida, razón por la cual fue admitido.

11
Samai, expediente digital, índice 5, documento «5Autoqueadmite_215242025Autoadmitey(.pdf) NroActua 5».

11

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

51. Finalmente, refirió que la naturaleza del recurso de apelación exige su
sustentación en razones jurídicas concretas y pertinentes, orientadas a cuestionar las
consideraciones de la providencia recurrida, utilizarlo con fines meramente dilatorios
o especulativos desvirtúa su función, desconoce el deber de las partes de obrar con
lealtad procesal, y atenta contra los principios de economía y celeridad que rigen el
proceso contencioso–administrativo.

2.5.1. Pronunciamiento del señor Alexander Montoya Gómez respecto de la
solicitud de la condena en costas

52. El demandante, mediante escrito del 16 de septiembre de 202512, indicó que el
proceso con radicado 76001-33-31-000-2011-00248-03 tuvo por pretensión
«(c)ondenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial a
liquidar y pagar, todas las prestaciones sociales devengadas durante el tiempo de su
vinculación como funcionario judicial, con inclusión para dicho reajuste y pago del
TREINTA (30) POR CIENTO de la prima especial mensual que prevé el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios»; mientras que, en el proceso con
radicado 76001-23-33-007-2016-00263-02, se solicitó «(l)iquidar y pagar el CIEN POR
CIENTO (100%) del salario mensual de mis mandantes incluyendo el 30 % de la prima
especial».

53. Con fundamento en lo anterior, explicó que las pretensiones formuladas en
ambos procesos eran diferentes, puesto que la demanda presentada en el año 2011
tenía por objeto la reliquidación de prestaciones sociales con inclusión de la prima
especial; mientras que la instaurada en el año 2016 buscaba el pago del 100 % del
salario mensual, incluyendo el 30 % que, según afirmó, había sido sustraído para ser
reconocido como prima especial. Agregó que dichas reclamaciones obedecieron a las
distintas líneas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado, en distintos
momentos, respecto de la interpretación de dicha prestación.

54. Asimismo, señaló que fue en el trámite del proceso con radicado 76001-33-31-
000-2011-00248-03 donde la magistrada ponente María Eugenia Clavijo, mediante
sentencia de segunda instancia proferida el 15 de julio de 2024, accedió a las
pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago del 30 % de la prima especial,
con fundamento en el criterio jurisprudencial de unificación vigente sobre la materia.

55. En ese sentido, sostuvo que no debía prosperar la solicitud de condena en
costas formulada por la entidad demandada en el recurso de apelación, toda vez que
no se encontraba acreditada una actuación temeraria o de mala fe de su parte.

56. Finalmente, informó al despacho que no se le había reconocido ni pagado suma
alguna por concepto de reliquidación salarial o prestacional con inclusión de la prima
especial. Por ello, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y negar la
condena en costas pedida por la Rama Judicial.

12 Samai, expediente digital, índice 9, documento «7_MemorialWeb_Alegatos-08notificacion(.pdf) NroActua 9».

12

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

3. Consideraciones

3.1. Competencia

57. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. Problema jurídico

58. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de primera instancia, mediante el cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, y debido a la competencia del juez
de segunda instancia, según el artículo 32813 del Código General del Proceso,
corresponde a la Sala definir si:

59. ¿Hay lugar a condenar en costas al demandante por haber promovido dos
procesos relacionados con el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios
de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992?

60. Antes de resolver el interrogante planteado se realizarán algunas
consideraciones en torno a la condena en costas.

3.3. Marco normativo

3.3.1. De la condena en costas

61. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso». En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.» 14.

13 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero
de 2025, rad. núm. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
13

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

62. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente: «Artículo 188. Condena en costas. Salvo
en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil [hoy CGP].»

63. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

3.3.1.1. Del «criterio subjetivo» en la condena en costas

64. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 15 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»16.

65. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso17, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»18.

66. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes19. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o
mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección20 ha precisado lo siguiente:

15 https://dle.rae.es/disponer.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

noviembre de 2024, rad. núm. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición

de la Ley 2080 de 2021: (a) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, rad. núm. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, rad. núm. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (c) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, rad. núm. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; y (d) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, rad. núm. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P.
Jorge Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
14

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o
incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines
claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por
acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente
inexactas (artículo 79 CGP) .21.

3.3.1.2. Del «criterio objetivo valorativo» en la condena en costas

67. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.

68. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los
que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un
inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».

69. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o
adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo22 para su imposición (adoptado
desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo
365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual

21 Ibidem.
22 En sentencia de 23 de julio de 2020, Rad. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández

Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
[…]». Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Radicado 13001-23-33-000-2013-
00022 01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
15

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

se impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento23.

70. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»24.

3.3.1.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado

71. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente 25),
el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.

3.4. Caso concreto

72. La demandada, mediante el recurso de apelación, solicitó condenar en costas al
señor Alexander Montoya Gómez, en razón a que «por segunda vez demanda a la
entidad cuya pretensión versa sobre el mismo asunto», situación que, a su juicio, podría
generar un error y un desgaste para la administración.

73. En ese sentido, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a condenar en

23 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: a) Sección Primera,

sentencia del 29 de agosto de 2024 rad. núm. 05001-23-33-000-2014-01093-01; b) Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 13 de agosto de 2024, rad. núm. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988); y c) Sección Cuarta,
sentencia del 3 de agosto de 2023, rad. núm. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de

diciembre de 2021, rad. núm. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
25 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un

criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
16

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

costas al señor Alexander Montoya Gómez por haber promovido dos procesos
relacionados con el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios de que
trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992. Para tal efecto, se analizarán las pretensiones
formuladas por el demandante en ambos trámites, así como las decisiones adoptadas
en cada uno de ellos.

3.4.1. Del proceso previo: radicado 76001-33-31-003-2011-00248-03

A. Demanda

74. El 22 de julio de 2011, el señor Alexander Montoya Gómez, por conducto de
apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección
Seccional de Administración Judicial26.

75. En dicho escrito, indicó que desde el 1 de agosto de 1990 se desempeñó como
juez de circuito en el Distrito Judicial de Santiago de Cali y actualmente (para la
presentación de la demanda) como juez 15 laboral del circuito de Cali.

76. Manifestó que, en aplicación del artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, su
remuneración para el 2009 debía corresponder al 43 % y para el 2010 el 43,2 %, del
70 % de lo que por todo concepto percibieran anualmente los magistrados de altas
cortes.

77. Señaló que la entidad omitió incluir el auxilio de cesantías que devengan los
magistrados de altas cortes dentro de su remuneración, pese a que, según afirmó, el
Consejo de Estado había reconocido dicho emolumento como factor prestacional.

78. De otra parte, expuso las razones por las cuales considera que la calificación
de la prima especial como una prestación sin carácter salarial, no se acompasa con
el ordenamiento jurídico superior.

79. Con fundamento en lo anterior, indicó que el 17 de febrero de 2011 solicitó a la
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la reliquidación de su
salario y prestaciones sociales, con inclusión de las cesantías correspondientes a los
años 2009 y siguientes, sobre la base del 70 % referido, así como el pago de la
indexación y la sanción moratoria. Asimismo, señaló que pidió la reliquidación de las
prestaciones sociales percibidas desde su vinculación a la Rama Judicial, con
inclusión del 30 % de la prima especial como factor salarial. No obstante, precisó que
la petición fue negada mediante las resoluciones 0951 del 9 de marzo de 2011, 2952
del 27 de abril de 2011 y 1307 del 28 de marzo de 2011.

80. Con fundamento en los hechos enunciados, el demandante solicitó la nulidad
de los anteriores actos administrativos. A título de restablecimiento del derecho, pidió
ordenar a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a

26 Samai, juzgado, expediente digital, índice 44, «7ED_20110024800Expedient(.pdf) NroActua 44», folios 59 al 75.

17

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
Demandante: Nohra Romero Ortiz y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

reliquidar y pagar las prestaciones sociales devengadas durante su vinculación como
funcionario judicial, con inclusión del 30 % de la prima especial mensual prevista en
el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 como factor salarial, para lo cual solicitó la
inaplicación de las expresiones «sin carácter salarial» contenidas en los decretos
reglamentarios expedidos entre los años 1993 y 2011.

81. Igualmente, solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales correspondientes a los años 2009 y siguientes, con inclusión, en la
base del 70 %, del auxilio de cesantías devengado por los magistrados de las altas
cortes.

B. Fallo de primera instancia

82. El conjuez ad hoc27 Rodrigo Javier Rozo Montoya, profirió sentencia el 30 de
septiembre de 201428, mediante la cual: (a) denegó las pretensiones de la demanda;
(b) declaró no probada la excepción de prescripción trienal de los derechos laborales;
y (c) declaró probada la excepción de inexistencia de causa para demandar, por las
siguientes razones:

83. Indicó que no resultaba procedente liquidar las prestaciones sociales del actor
con inclusión del reajuste de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª
de 1992, mediante la inaplicación de la expresión «sin carácter salarial», puesto que,
si bien el demandante se encontraba comprendido dentro de los funcionarios
judiciales de que tratan los artículos 14 y 15 de la Ley 4.ª de 1992 y en el artículo 1 de
la Ley 332 de 1996, ello no significaba que pudiera desconocerse el carácter adjetivo
y de obligatorio cumplimiento de la expresión «sin carácter salarial», contenida en el
mencionado artículo 14.

84. En ese sentido, sostuvo que acceder a la pretensión de inaplicar la referida
expresión implicaría desconocer las reglas de hermenéutica previstas en el artículo
27 del Código Civil, incorporado por el artículo 3 de la Ley 153 de 1887, según las
cuales, cuando el sentido de la ley es claro, no puede desatenderse su tenor literal
bajo el pretexto de consultar su espíritu. Asimismo, indicó que el artículo 1 de la Ley
332 de 1996 desarrolló el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, únicamente para efectos
de determinar el monto de la mesada pensional de los funcionarios allí previstos, sin
modificar la naturaleza no salarial de la prima especial. En consecuencia, concluyó
que no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

C. Apelación

85. Por lo anterior, el 7 de noviembre de 2014, la parte demandante interpuso
recurso de apelación contra la sentencia antes descrita, con el fin de que se revoque

27 Es decir, un juez que fue nombrado para resolver el caso concreto, en razón a que los nombrados en propiedad

se declararon impedidos y fueron separados del conocimiento del asunto, en vista a que podrían tener interés en
el asunto, comoquiera que versa sobre prestaciones propias de los funcionarios judiciales, como ellos.
28 Samai, juzgado, expediente digital, índice 44, «7ED_20110024800Expedient(.pdf) NroActua 44», folios 339 al

348.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
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y, en su lugar, en virtud del principio y derecho fundamental a la igualdad, se aplique
los precedentes del Consejo de Estado en las siguientes circunstancias29:

86. Respecto de la inclusión de las cesantías de los magistrados de alta corte en
la base del 70 % con que se liquida el salario de los jueces, desde el año 2009, citó la
providencia del 4 de mayo de 2009, proferida por la Sección Segunda, Sala de
Conjueces del Consejo de Estado, radicado 25000-23-25-000-2004-05209-02, M.P.
Luis Fernando Velandia Rodríguez.

87. Acerca de la reliquidación de todos los factores con inclusión del 30 % del
salario como factor salarial, desde la fecha de la vinculación al cargo, hizo referencia
a los siguientes pronunciamientos del Consejo de Estado: (a) Sección Segunda,
Subsección B, radicado 25000-23-25-000-2005-01134-01, M.P. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; (b) Sala de Conjueces, radicado 25000-23-31-000-2001-02923-01, M.P.
Ernesto Forero Vargas; (c) Sala de Conjueces, radicado 25000-23-31-000-2001-
01118-01, M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz; y (d) Sección Segunda, Subsección
B, radicado 05001-23-31-000-1999-01847-01, M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.

D. Sentencia

88. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sala Transitoria, profirió
sentencia el 15 de julio de 202430, mediante la cual:

(a) revocó la sentencia de primera instancia del 30 de septiembre de 2014 y, en
su lugar, se estuvo a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces,
sentencia CE-SUJ-016-S2-1 del 2 de septiembre de 201931;
(b) inaplicó los decretos 658 del 4 de marzo de 2008, 723 del 6 de marzo de
2009, 1388 del 26 de abril de 2010, 1039 del 4 de abril de 2011, 0874 del 27 de
abril de 2012, 1024 del 21 de marzo de 2013, 194 del 7 de febrero de 2014, 1105
del 26 de mayo de 2015 y 234 de 2016;
(c) declaró la nulidad de las resoluciones 0951 del 09 de marzo de 2011, 5918
del 31 de diciembre de 2010, 1307 del 28 de marzo de 2011 de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, que negaron el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios;
(d) a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Nación – Rama Judicial
– Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la reliquidación del salario y pago de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, como adicional a la remuneración
mensual, a favor del señor Alexander Montoya Gómez, conforme a la sentencia
CE-SUJ-016-S2-1 del 2 de septiembre de 2019 de la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado;
(e) ordenó a la Oficina de Nómina de la Dirección Ejecutiva de Administración

29 Samai, juzgado, expediente digital, índice 44, «7ED_20110024800Expedient(.pdf) NroActua 44», folios 349 al

356.
30 Samai, tribunal, expediente digital, índice 81, documento «26Sentencia revoc_220110024803ALEXANDE(.pdf)

NroActua 81».
31 C.P. Carmen Anaya Castellanos, expediente 2016-0041-02 (2204-2018).

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Judicial el pago del 30 % como prima especial.
(f) ordenó a la demandada la reliquidación y el pago de las diferencias salariales
y prestacionales correspondientes a los años 2009, con inclusión para dicho
reajuste y pago, en la base del 70 % el auxilio de cesantías que devengan los
magistrados de Tribunal;
y (g) fijó por concepto de agencias en derecho 1 salario mínimo legal mensual
vigente.

89. El Tribunal indicó que, según el demandante, los valores devengados por
concepto de «prima especial 2» realmente fueron el 30 % del sueldo, lo que hizo que
no le aumentara sus ingresos, sino que, por el contrario, disminuyeran, razón por la
que sus prestaciones sociales quedaron indebidamente liquidadas, conforme con el
contenido de los certificados de factores salariales de la Dirección Seccional de Cali
incorporados en el expediente.

90. Al respecto, señaló que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4.ª de 1992 y en los Decretos 43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 debe
ser un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores
señalados en los mismos, entre ellos, los magistrados de Tribunal de Distrito Judicial.
En ese sentido, estableció que al señor Alexander Montoya Gómez le asiste el
derecho a que se le pague el 30 % de la prima especial de servicios, por el tiempo en
que se ha desempeñado como juez 15 laboral del circuito.

91. Añadió que como su salario se redujo en ese porcentaje, afectando la
liquidación de sus prestaciones sociales, estas deben reliquidarse con el 100% del
salario básico, incluyendo el 30 % que había sido excluido, erróneamente, a título de
prima especial.

92. Finalmente, aclaró que en ningún momento se está reconociendo que la prima
especial del 30 % que debía cancelar la Rama Judicial como una adición al salario,
sea factor salarial para la liquidación de todas las demás prestaciones sociales, puesto
que esta solo tiene incidencia para efectos de cotizar al fondo pensional. Sin embargo,
insistió en que, si al funcionario público se le redujo su salario en este porcentaje para
reconocerlo como prima especial, la demandada debe cancelarle al demandante el
valor que redujo y sobre este reliquidar sus prestaciones sociales, esto es, en un 100
%.

3.4.2. Del presente proceso: radicado 76001-23-33-000-2016-00263-02

93. El señor Alexander Montoya Gómez solicitó el reconocimiento y pago del 30 %
del salario mensual dejado de percibir, el cual corresponde al 100 % del salario
mensual que anualmente la ley fija, aduciendo que fue cancelado porque
incorrectamente se consideró que la prima especial del 30 % hacía parte de la
asignación básica. El Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, en sentencia de
primera instancia, indicó que las pretensiones relacionadas con el pago de la prima
especial, equivalente al 30 %, fueron concedidas – mediante decisión con la misma

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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
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magistrada ponente, la dra. María Eugenia Clavijo– en el proceso previo (76001-33-
31-003-2011-00248-03), providencia que se encuentra debidamente ejecutoriada,
conforme a la constancia secretarial del 24 de agosto de 2024.

94. No se ahonda nuevamente en los detalles del trámite de la referencia,
comoquiera que fueron descritos en el acápite de antecedentes de esta decisión.

3.4.3. De la valoración de la conducta del actor, para la imposición de la condena
en costas

95. De lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra que, si bien ambos procesos
fueron promovidos por el señor Alexander Montoya, a través de la misma apoderada
y en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, no existe identidad plena entre las pretensiones. En efecto, en el proceso con
radicado 76001-33-31-003-2011-00248-00 el demandante solicitó la reliquidación y
pago de las prestaciones sociales con inclusión del 30 % de la prima especial como
factor salarial, así como el pago de las diferencias salariales y prestacionales
derivadas de la inclusión del auxilio de cesantías en la base del 70 % de lo percibido
por magistrados de alta corte, que tiene incidencia en el cálculo salarial y prestacional
de los jueces; mientras que, en el presente asunto, reclamó el pago del 30 % del
salario mensual dejado de percibir por ser reconocido como prima especial de
servicios.

96. Así las cosas, aunque ambos asuntos guardan relación con la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, lo cierto es que fueron estructurados
sobre fundamentos fácticos y jurídicos diferentes. En el primer proceso, en cuanto la
anterior prestación se refiere, la demanda se fundamentó principalmente en discutir la
naturaleza salarial de la prima especial y su incidencia en la reliquidación prestacional;
por su parte, en el presente trámite se cuestionó la disminución del salario de la
demandante derivada del reconocimiento y pago de la prima especial de servicios
como parte de la asignación básica.

97. No obstante, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante sentencia del 15 de julio de 2024 proferida dentro del proceso previo,
reconoció a favor del señor Alexander Montoya Gómez el pago de la prima especial
de servicios equivalente al 30 % adicional al salario (con lo cual garantizó el pago de
este en el 100 %) y ordenó la reliquidación de las diferencias salariales y
prestacionales con inclusión del auxilio de cesantías en la base del 70 % de lo
percibido por los magistrados de alta corte.

98. En consecuencia, la decisión adoptada en dicho asunto comprendió
materialmente las pretensiones debatidas en el presente proceso, toda vez que se
terminó reconociendo el pago de lo dejado de percibir a título de asignación básica,
por la incorrecta comprensión de la prima especial como parte de este, aunque dicho
asunto no fue expresamente incluido en las pretensiones de la primera demanda, que
se itera, sobre el particular hizo énfasis en argumentar que la prima especial era factor

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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
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salarial para la reliquidación de las demás prestaciones sociales, perspectiva que en
el primer proceso el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no consideró relevante
(a diferencia del juez ad hoc de primera instancia), pues decidió centrar su análisis en
la naturaleza de la prima como emolumento adicional al salario, no como parte de él.

99. En ese orden de ideas, que en el primer proceso –que valga la pena destacar,
no es susceptible de revisión en esta oportunidad, a efectos de calificar la validez o
no de lo decidido en él,– se haya decidido lo pedido por el señor Alexander Montoya
Gómez en el trámite de la referencia, obedece a la forma en la que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca decidió resolver la primera demanda, más no a una
actitud desleal por parte del demandante en la formulación de sus pretensiones, en la
medida que le asiste razón al considerar que cada proceso lo promovió con
fundamento en circunstancias de hecho y derecho diferentes, aunque estuvieran
relacionados con la misma prestación, la prima especial de servicios.

100. Ahora bien, aunque la sentencia del primer proceso quedó ejecutoriada el 24
de agosto de 2024 y, por ende, el demandante tuvo la oportunidad de informar de lo
decidido en ella antes de que se dictara la sentencia de primera instancia (del 28 de
marzo de 2025) en el proceso de la referencia, a juicio de la Sala tal omisión no resulta
suficiente para concluir que actuó con temeridad o mala fe. Ello, por cuanto no se
evidencia que hubiera promovido los dos procesos con el propósito de inducir en error
a la entidad o generar un desgaste innecesario a la administración de justicia, como
también lo pretendió aclarar el señor Montoya Gómez después de admitido el recurso
de apelación.

3.4.4. Conclusión

101. Por lo tanto, no hay lugar a condenar en costas al señor Alexander Montoya
Gómez, toda vez que, aunque promovió dos procesos relacionados con la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, estos fueron
formulados con fundamentos fácticos y pretensiones diferentes, sin que se acreditara
una actuación temeraria o de mala fe que justifique la imposición de dicha condena.

102. Asimismo, tampoco se evidencia alguna conducta durante el trámite de la
segunda instancia que amerite la imposición de condena en costas, bajo la perspectiva
subjetiva que de forma mayoritaria sostiene esta Subsección32.

103. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

32 Se reitera que la magistrada ponente en materia de costas, por las razones expuestas en la nota al pie 24,

considera que rige el criterio objetivo-valorativo, no el subjetivo.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00263-02 (1524-2025)
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Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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